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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06294-01

Fecha
13 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06294-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 11 de noviembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06294-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06294-01
Accionante: EDILBERTO ROJAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: carencia actual de objeto por hecho superado – Ya se celebró la audiencia
de verificación de cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el
artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019, la Sala resuelve el
recurso de impugnación interpuesto por Edilberto Rojas contra la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 7 de octubre de 20251, el señor Edilberto Rojas, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander. A su juicio,
dicha autoridad judicial vulneró su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El 10 de abril de 2019, el señor Danil Román Velandia Rojas promovió una acción
popular contra el municipio de Málaga, el Ministerio de Transporte, el Instituto
Nacional de Vías, el Fondo de Adaptación, la Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil2, la Agencia Nacional de Infraestructura3 y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Indicó que la acción se dirigía a proteger derechos
colectivos presuntamente vulnerados por el abandono de la pista del Aeródromo
Jerónimo de Aguayo, ubicado en Málaga (Santander), el cual —según expuso— ha
permanecido en condiciones deficientes desde su construcción hace más de
cuarenta años, cuenta con una sola pista de aterrizaje y carece de medidas mínimas
de seguridad, iluminación y condiciones adecuadas para el arribo de pasajeros,

1
Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 7 de octubre de 2025 con secuencia: 10164 - Cuad.:1”
2
En adelante: Aerocivil.
3
En adelante: ANI.

1

Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

deficiencias que habrían ocasionado accidentes con resultado de muerte atribuibles
al abandono estatal.

3. Mediante sentencia del 23 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander4 accedió parcialmente a las pretensiones y ordenó al municipio de
Málaga adelantar las actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y
jurídicas necesarias para ejecutar arreglos, obras y adecuaciones que garantizaran
condiciones mínimas de seguridad y operatividad del servicio de transporte aéreo
del aeródromo, así como impulsar acciones policivas para el desalojo de ocupantes
del predio, implementar medidas de protección de derechos fundamentales durante
dicho trámite y realizar campañas de sensibilización comunitaria. Asimismo, ordenó
a la Aerocivil brindar apoyo técnico para determinar de manera detallada las obras
requeridas para permitir la operatividad y levantar la suspensión del permiso, instó
a la ANI y a los ministerios de Transporte y Hacienda a apoyar al municipio, dispuso
la conformación de un comité de verificación y condenó en costas al municipio.

4. Danil Román Velandia Rojas interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia y sostuvo que el Municipio de Málaga no cuenta con recursos
suficientes para cumplir la orden judicial, por lo que la responsabilidad en la
prestación del servicio aéreo corresponde principalmente a la Aerocivil, con apoyo
técnico y financiero del Ministerio de Transporte, al tratarse además de un municipio
de sexta categoría. En aplicación del principio de solidaridad, solicitó la vinculación
del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y la ANI para el cumplimiento
de las órdenes y la formulación de un proyecto que permita la prestación del servicio
aéreo en Málaga (Santander). También pidió la conformación de un comité de
verificación, la instalación de una valla informativa sobre el fallo y la presentación,
en el término de tres meses, de un cronograma con el proyecto definitivo del
aeródromo, un plan provisional para su habilitación y campañas preventivas.
Finalmente, solicitó la condena en costas y agencias en derecho.

5. Mediante fallo del 6 de marzo de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
modificó los numerales cuarto, quinto y octavo de la providencia de primera
instancia. En consecuencia, ordenó al Municipio de Málaga realizar, dentro de los
tres (3) meses siguientes a la ejecutoria, un estudio para determinar el estado del
aeródromo, identificar sus falencias, así como definir las medidas y gestiones
administrativas, contractuales y presupuestales necesarias para su superación,
además de adoptar acciones urgentes, rendir informe al comité y ejecutar las obras
según un cronograma estipulado con reportes trimestrales. Asimismo, ajustó a tres
(3) meses el término para que la Aerocivil brindara el apoyo técnico requerido. Por
último, ordenó conformar el Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia,
integrado por el magistrado ponente (quien lo presidirá), el actor popular, un
delegado del Municipio de Málaga, un delegado de la Aerocivil y el Procurador
Judicial, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, con el fin de hacer
seguimiento a lo dispuesto en la decisión.

4
Proceso identificado bajo el radicado: 68001233300020190028400/01.

2

Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

6. Finalmente, mediante auto del 15 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
de Santander dispuso continuar con el trámite de verificación de cumplimiento y
requirió al municipio de Málaga y a la Aeronáutica Civil para que informaran lo
ejecutado respecto de las órdenes impartidas en las providencias del 23 de agosto
de 2024 y 6 de marzo de 2025.

Pretensiones

7. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“1. Sírvase ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER MP.
DOCTOR IVÁN FERNANDO PRADA MACIAS MAGISTRADO PONENTE
radicados No. 2019-00284-00, REALIZAR LA AUDIENCIA DE
VERIFICACIÓN
2. Del mismo modo, resolver las solicitudes que se encuentren pendiente de
trámite.”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. El peticionario afirmó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. En particular, sostuvo que el
Tribunal Administrativo de Santander ha incurrido en mora judicial, en la medida en
que, pese al tiempo transcurrido, no ha señalado fecha para la audiencia de
verificación de cumplimiento del fallo proferido dentro de la acción popular.

9. Asimismo, adujo que la acción popular, de conformidad con el artículo 88 de la
Constitución Política y la Ley 472 de 1998, está sometida a un trámite preferente,
razón por la cual debe ser atendida con prioridad respecto de los demás asuntos a
cargo del despacho judicial competente.

Trámite en primera instancia

10. Mediante auto del 10 de octubre de 20256, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar a la parte accionada.

Intervenciones

11. El Tribunal Administrativo de Santander7 indicó que el señor Edilberto Rojas
presentó acción de tutela, en la cual alegó mora judicial en la etapa de verificación
del cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, esa autoridad judicial precisó que
en el proceso 68001-23-33-000-2019-00284-00 se profirió sentencia de primera
instancia el 23 de agosto de 2024, la cual fue apelada y modificada parcialmente
por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de marzo de 2025.

5
Índice electrónico 02 de SAMAI. 6ED_DemadnaTutela(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua.
6
Índice electrónico 04 de SAMAI. 5Autoqueadmite_11001031500020250629(.pdf) NroActua 4.
7
Índice electrónico 08 de SAMAI. 7_MemorialWeb_Respuesta-20250629400(.pdf) NroActua 8.

3

Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

12. Actualmente, el expediente se encuentra en trámite de ejecutoria del auto del
15 de octubre de 2025, que resolvió los recursos interpuestos contra la aprobación
de la liquidación de costas y, paralelamente, mediante auto de la misma fecha se
requirió al Municipio de Málaga y a la Aeronáutica Civil para rendir informe sobre las
acciones adelantadas para el cumplimiento de las órdenes impartidas, actuaciones
registradas en SAMAI.

13. En ese contexto, el Tribunal concluyó que no existe omisión negligente o
caprichosa, pues se ha impulsado el proceso dentro del orden legal y procesal, por
lo que la tutela no puede emplearse como mecanismo de presión para alterar el
curso normal del trámite. En consecuencia, solicitó negar el amparo, al no advertirse
vulneración de derechos fundamentales.

Sentencia de primera instancia

14. Mediante providencia del 11 de noviembre de 20258, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el accionante.
Señaló que, aunque no se ha realizado la audiencia de verificación del fallo, dicha
circunstancia no configura mora judicial atribuible a una omisión arbitraria,
caprichosa o negligente, pues del examen del expediente se constató que el
Tribunal ha adelantado las actuaciones necesarias para culminar el trámite y
promover el cumplimiento de lo ordenado en las providencias judiciales.

15. Explicó que la demora obedeció, entre otros aspectos, a la resolución del
recurso de reposición y, en subsidio, al trámite de la apelación formulada contra la
providencia que aprobó la liquidación de costas; así como a los requerimientos
dirigidos al Municipio de Málaga y a la Aeronáutica Civil para que informaran sobre
las actuaciones desplegadas en cumplimiento de las órdenes impartidas.
Adicionalmente, destacó factores estructurales como la congestión judicial y el
respeto al orden de turnos. En consecuencia, concluyó que la tardanza en la
programación de la audiencia no es imputable al Tribunal, pues este ha actuado de
manera diligente y juiciosa, conforme se evidencia en los registros y documentos
del proceso.

Impugnación9

16. El tutelante sostuvo que no existe prueba del cumplimiento de las órdenes
impartidas dentro de la acción popular, en los términos y plazos establecidos.
Señaló que, conforme a las reglas aplicables, la finalidad del Comité de Verificación
supone la realización de una audiencia, en la cual las partes exponen y sustentan
sus argumentos, con el fin de que el magistrado ponente adopte determinaciones y
disponga medidas urgentes orientadas a garantizar el cumplimiento del fallo. Sin
embargo, indicó que dicho escenario no se ha materializado, pues a la fecha no se
ha realizado la audiencia de verificación.

8
Índice electrónico 010 de SAMAI. 9Sentencia_20250629400paraSAMAI(.pdf) NroActua 10.
9
Índice electrónico 015 de SAMAI.14RECIBEMEMORIAL_RECURSODEIMPUGNACION(.pdf)
NroActua 15.

4

Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

CONSIDERACIONES

Competencia

17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201910.

Problema jurídico y metodología de la decisión

18. El peticionario sostuvo que en el trámite de la acción popular existen solicitudes
pendientes de resolución. Sin embargo, la Sala advierte que, dentro del proceso de
segunda instancia, identificado con el radicado 68001-23-33-000-2019-00284-01,
no obra ninguna solicitud interpuesta por el actor pendiente por decidir. Ahora bien,
al revisar el proceso de primera instancia, identificado con el radicado 68001-23-33-
000-2019-00284-00, se constata que el señor Edilberto Rojas presentó una solicitud
el 15 de enero de 202511, mediante la cual pidió que se concediera el recurso de
impugnación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, con el fin de que
el expediente fuese remitido al Consejo de Estado. Sobre el particular, la Sala
observa que dicho requerimiento fue formulado con anterioridad a la presentación
de la acción de tutela y, además, ya fue resuelto dentro del trámite respectivo. En
consecuencia, no hay lugar a emitir pronunciamiento alguno sobre este aspecto en
el marco del presente asunto.

19. Edilberto Rojas presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales. En sustento de
su solicitud, afirmó que no existe prueba del cumplimiento de las órdenes impartidas
dentro del proceso de acción popular, en los términos y plazos establecidos en las
providencias correspondientes. Señaló, además, que el cumplimiento de tales
órdenes no ha podido verificarse, en la medida en que —según indicó— no se había
realizado la audiencia de verificación. De ahí que, mediante memorial del 30 de
noviembre de 2025, el accionante insistió que se realizara la audiencia de
verificación.

20. No obstante, la Sala advierte que el 27 de enero de 2026 se llevó a cabo la
audiencia de verificación de cumplimiento, motivo por el cual corresponde
establecer ¿si, en el presente trámite constitucional, se configura la carencia actual
de objeto por hecho superado?

21. Para abordar y resolver el problema jurídico planteado, esta Subsección
desarrollará una metodología que incluye: (i) reiteración de la jurisprudencia

10
Artículo 13- “Distribución de los procesos entre las secciones”.
11
Índice electrónico 262 de SAMAI del Tribunal Administrativo de
Santander.201_MemorialWeb_PeticiOn-TUTELAEDILBERTOROJ(.pdf) NroActua 262.

5

Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

constitucional sobre la carencia actual de objeto por hecho superado y, (ii) estudio
del caso concreto.

La carencia actual de objeto por hecho superado

22. La Corte señala que la carencia actual de objeto se presenta cuando durante el
trámite de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que originaron la
presunta vulneración de derechos fundamentales, lo que hace innecesario un
pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del juez carecería
de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver12.

23. El Tribunal Constitucional13 ha identificado tres supuestos para la configuración
de la carencia actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado
o (iii) situación sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la
Subsección se detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado.

24. La figura del hecho superado se configura cuando la vulneración o amenaza del
derecho fundamental desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de
manera voluntaria y oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho
presuntamente vulnerado14. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya no
subsiste la situación lesiva que justifique una intervención del juez constitucional.

25. En suma, frente a la configuración de la carencia actual por hecho superado, el
juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo, toda
vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de amparo fueron
superados, o bien porque las pretensiones del actor fueron satisfechas por
mecanismos distintos a la acción de tutela15.

Análisis del caso concreto

26. Edilberto Rojas presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Santander, al considerar que dicha autoridad judicial vulneró su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. En sustento de su solicitud,
afirmó que aún no se ha realizado la audiencia de verificación de cumplimiento de
las órdenes impartidas en la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida en
segunda instancia dentro del proceso de acción popular.

27. La Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la causa y, en segundo
lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se configura la carencia
actual de objeto por hecho superado.

La legitimación en la causa por activa y pasiva

12
Corte Constitucional, Sentencia T-200 de 2022.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-109 de 2022.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-771 de 2014.

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Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

28. En primer lugar, Edilberto Rojas cuenta con legitimación en la causa por activa,
dado que ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya vulneración
invoca. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la
presunta mora judicial atribuida al Tribunal Administrativo de Santander.

29. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Santander, autoridad judicial a la que se atribuye la trasgresión de
los derechos fundamentales reclamados por el accionante.

Carencia actual de objeto por hecho superado

30. Mediante sentencia del 6 de marzo de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado ordenó la conformación de un Comité de Verificación, con el propósito de
realizar seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en dicha providencia. Frente a
lo anterior, el tutelante afirmó que, para la fecha de presentación de la presente
acción de amparo constitucional, aún no se había llevado a cabo la audiencia de
verificación de cumplimiento. Adicionalmente, sostuvo que dentro del trámite de la
acción popular existían solicitudes pendientes por resolver. En ese contexto, el 30
de noviembre de 202516, el actor solicitó la realización de la audiencia de verificación
de cumplimiento.

31. La Sala advierte que el 27 de enero de 2026 se celebró la audiencia de
verificación de cumplimiento17, con participación del Municipio de Málaga, la
Aerocivil y el Ministerio Público. En dicha diligencia, el municipio informó que la
ocupación ilegal del aeródromo corresponde únicamente al señor Nelson Fuentes
Oviedo, adulto mayor y sujeto de especial protección, por lo cual expidió el Acuerdo
Municipal número 035 del 17 de diciembre de 2025 (sancionado el 23 del mismo
mes), mediante el cual autorizó la desafectación y posterior donación de un área de
70 m² de un predio municipal, con el fin de garantizar sus derechos y posibilitar el
desalojo del señor Nelson Fuentes Oviedo, el cual se ejecutaría en un plazo máximo
de seis (6) meses.

32. Asimismo, reportó actuaciones orientadas al cumplimiento de las órdenes, entre
ellas la suscripción de los contratos 179-2025 (manuales y planes para el certificado
de operación), 205-2025 (estudio de suelos) y 119-2025 (rocería y limpieza), así
como la celebración del Convenio Interadministrativo número 25001438 H3 de 2025
entre Aerocivil, el Departamento de Santander y el municipio, por valor de
$4.308.949.435 de pesos y la gestión de permisos ambientales y levantamientos
técnicos.

33. Por su parte, la Aerocivil sostuvo que ha cumplido con sus obligaciones, al haber
identificado, junto con el ente territorial, las normas técnicas que deben observarse
para levantar la suspensión del funcionamiento del aeródromo. No obstante,

16
Índice electrónico 324 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.
258_MemorialWeb_PeticiOn-RECURSODEIMPUGNACI(.pdf) NroActua 324.
17
Índice electrónico 281 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Santander.
281Actadeaudienc_20190028400APactaver(.docx) NroActua 347.

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Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

enfatizó que previo al inicio de obras, se requiere contar con permiso o autorización
previa expedida por dicha entidad, el cual debe ser tramitado por el Municipio de
Málaga en calidad de propietario y explotador del servicio.

34. En ese contexto, el Tribunal consideró que, aunque persiste un retardo respecto
del desalojo a quien se encuentra ocupando el espacio público que compone el
Aeródromo de Málaga, se adelantan gestiones verificables para el cumplimiento del
fallo, fijó como fecha máxima para la recuperación del espacio público el 27 de julio
y ordenó informes trimestrales a partir del 27 de abril de 2026. Finalmente, requirió
al Departamento de Santander para que, en el término de tres (3) días contados a
partir de la notificación de esa providencia, informara el estado y cumplimiento de
los compromisos asumidos en el convenio interadministrativo.

35. Con fundamento en lo expuesto, la Sala constata que los hechos que dieron
lugar a la interposición de la presente acción de tutela cesaron, toda vez que el 27
de enero de 2026, se celebró la audiencia de verificación de cumplimiento. En
consecuencia, se configura el fenómeno del hecho superado, en tanto desapareció
la situación fáctica que motivó la solicitud de amparo, lo que torna improcedente un
pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional respecto de la presunta
vulneración alegada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 11 de
noviembre de 2025 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

8

Radicación: 11001031500020250629401
Accionante: Edilberto Rojas
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Acción de tutela (segunda instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

9

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