Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-00582-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-00582-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-41-000-2015-00582-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-00582-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
TESIS: LA FALTA DE DILIGENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE
BARBOSA COMO EXPLOTADOR DEL AERÓDROMO LA ESPERANZA,
GENERÓ LA SUSPENSIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓN DEL
MISMO, PUES SUS INSTALACIONES SE ENCONTRABAN EN
CONDICIONES QUE AFECTABAN LA SEGURIDAD AÉREA Y EN ESA
MEDIDA DERECHOS COLECTIVOS DE LA COMUNIDAD. LA
AEROCIVIL ACTUÓ EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, RAZÓN POR
LA QUE NO LE RESULTA ATRIBUIBLE LA VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS, NO OBSTANTE, ELLO NO INDICA QUE NO
SE LE PUEDAN IMPARTIR ÓRDENES QUE RESULTAN NECESARIAS
PARA EL AMPARO EFECTIVO DE LOS POSTULADOS CONCULCADOS.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS:
MORALIDAD ADMINISTRATIVA, UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS
BIENES DE USO PÚBLICO, DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO,
ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA
EFICIENTE Y OPORTUNA, Y A LA REALIZACIÓN DE
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DE MANERA
ORDENADA Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS HABITANTES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
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Número único de radicación: 25000-23-41-000-2015-00582-01
Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL1 contra
la sentencia de 22 de mayo de 2020 proferida por la Sección
Primera -Subsección “A”- del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca2, que declaró probada la vulneración de los derechos
colectivos invocados.
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
Las señoras HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ, LUZ MARY
HERNÁNDEZ CHAVARRO y FLOR ELVIA ALZA MORALES3,
actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 1º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19914, presentaron demanda ante el Tribunal contra el
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO5, la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA6, la AEROCIVIL, el
1 En adelante AEROCIVIL.
2 En adelante el Tribunal.
3 La acción inicialmente presentada fue la acción de tutela, no obstante, el Tribunal adecuó
la demanda a la acción popular, como se expondrá en el acápite respectivo.
4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
5 En adelante el Ministerio.
6 En adelante la Contraloría.
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Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
MUNICIPIO DE BARBOSA7, el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA
• FONVIVIENDA8, la FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL - FINDETER9, el CONCEJO MUNICIPAL DE
BÁRBOSA10 y la FIDUFICIARIA BOGOTÁ S.A.11-12, tendiente a que
se protegieran los derechos fundamentales al debido proceso,
vivienda digna e igualdad.
I.2. Hechos
Indicaron que en el MUNICIPIO había un número considerable de
personas que se encontraban en condiciones de pobreza y debilidad
manifiesta, organizaciones de madres de escasos recursos que no
contaban con vivienda y personas afectadas por desastres naturales
y en situación de desplazamiento forzado.
Aseguraron que, en reconocimiento de la referida situación, el
Gobierno Nacional implementó el proyecto de vivienda “100.000
viviendas gratis”, para reivindicar la población menos favorecida y en
situación de debilidad manifiesta.
7 En adelante el Municipio.
8 En adelante FONVIVIENDA.
9 En adelante FINDETER.
10 En adelante el Concejo.
11 En adelante la Fiduciaria.
12El Municipio, FINDETER, FONVIVIENDA, el Concejo y la Fiduciaria fueron vinculados al
proceso por tener interés directo en el mismo a través de auto de 14 de mayo de 2014.
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Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
Manifestaron que, de acuerdo con comunicación de fecha 15 de
marzo de 2013, el MINISTERIO dispuso de 210 soluciones de
vivienda gratuita para el MUNICIPIO, debido al puntaje favorable
recibido por el predio postulado para tal fin.
Afirmaron que para materializar la construcción de las viviendas se
suscribió el Convenio Interadministrativo 076 de 2013, entre
FONVIVIENDA y el MUNICIPIO, en el que se indicó que el predio
ofrecido por el ente territorial para el proyecto Villa Rocío cumplía
con los requisitos jurídicos y técnicos necesarios para adelantar un
proyecto de interés prioritario, conforme lo certificado por
FINDETER.
Pusieron de presente que se realizó una convocatoria pública para
personas en situación de desplazamiento forzado, víctimas de
desastres naturales, hogares de red unidos y en general, en situación
de debilidad manifiesta, para obtener uno de los 210 cupos de
vivienda.
Señalaron que la Contraloría remitió a la Alcaldía del MUNICIPIO un
escrito en el que prevenía a la administración de reconsiderar o de
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Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
adelantar el proyecto de vivienda gratuita “Villa Rocío”, por prever
un posible y futuro daño fiscal, pues en el sector donde se
desarrollaría, el Estado había realizado una inversión previa en la
pista del aeródromo y, además, por la no existencia de recursos para
garantizar el “servicio público esencial de aeronavegabilidad”.
Indicaron que, con base en lo anterior, se suspendió el proyecto de
vivienda gratuita para 210 familias, circunstancia que, a su juicio,
generaba el riesgo de que no se desarrollara la construcción, debido
a que el MINISTERIO afirmó que si no se hacía en ese predio no se
podía presentar otro proyecto.
Sostuvieron que el predio que fue ofertado para la construcción del
proyecto y que fue viabilizado técnica y jurídicamente funcionó como
el aeródromo “La Esperanza” hasta que el Concejo Municipal lo
declaró zona expansiva de vivienda.
Afirmaron que el aeródromo recibía un escaso número de vuelos y
que no llegaban vuelos de tipo comercial debido a deficiencias
técnicas, que no hacía presencia ni la AEROCIVIL ni el MUNICIPIO
y que no existía torre de control.
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Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
“[…] 1. Que se tutelen los derechos al DEBIDO PROCESO y VIVIENDA
DIGNA de mis poderdantes.
2. Que se declare la excepción de inconstitucionalidad respecto de la
norma en la cual se fundamenta la expedición de la función de
advertencia emitida por el Contralor General de la República (en
situación de encargo) NELSON IZACIGA LEÓN por ser contraria a la
Constitución Política de Colombia artículo 267. Y como consecuencia de
ello se deje sin efecto la función de advertencia.
3. Que se ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio levantar
la suspensión del proyecto de vivienda de 210 viviendas denominado
VILLA ROCIO en el Municipio de Barbosa y como consecuencia de ello
implementar su ejecución inmediatamente.
4. Que subsidiariamente, en el evento de no considerarse como
mecanismo idóneo principal, se acceda a decretar el amparo
constitucional como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio
irremediable, como es la pérdida de la expectativa de derecho de
acceder a una vivienda digna de mis poderdantes, debido a la
inmediatez de la protección y que ante la existencia de recurso legal
idóneo, este se presenta como tardío en su solución […]”.
I.4. Adecuación de la acción de tutela a acción popular
Una vez surtido el trámite de la acción de tutela, en sentencia de
segunda instancia de 5 de noviembre de 2014, la Sección Primera
del Consejo de Estado ordenó al Tribunal que tramitara la acción de
tutela como acción popular, para que, en virtud del principio iura
novit curia, se determinara si de las conductas expuestas por la parte
demandante era posible advertir la vulneración de derechos
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colectivos; asimismo, instó al a quo para que vinculara formalmente
a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN13.
Para el efecto, la Sección Primera advirtió lo siguiente:
-. Que el proyecto de vivienda objeto de la presente acción no superó
la etapa preliminar establecida legalmente para su aprobación, pues,
a juicio de FINDETER, el predio postulado no era apto para la
ejecución del mismo, lo que generó su terminación.
-. Que el hecho de que las accionantes hubiesen sido censadas y se
encontraran en la población objeto de priorización, no generaba a su
favor ninguna situación jurídica, derecho o expectativa que pudiera
ser objeto de protección a través de la acción de tutela.
-. Que no obstante lo anterior, no podía hacerse caso omiso a las
graves irregularidades ventiladas en relación con el lote de terreno
en el que estaba ubicado el aeródromo La Esperanza, pues estaba en
estado de abandono por el MUNICIPIO, quien no había efectuado
las adecuaciones sugeridas por la AEROCIVIL y, por el contrario,
13 En adelante la Procuraduría.
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construyó un parque al interior de la pista, lo que impedía la
utilización de la misma.
-. Que la falta de cooperación de las autoridades territoriales para el
sostenimiento del aeródromo podría devenir en la vulneración de
derechos colectivos.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado, el
Tribunal profirió auto el 13 de abril de 2015, por medio del cual
dispuso darle trámite a la acción popular por la presunta vulneración
de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la
utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del
patrimonio público, al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
I.5. Defensa
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I.5.1.- FINDETER solicitó ser desvinculada en atención a que no era
la entidad llamada a atender la petición elevada por los accionantes,
pues no vulneró ninguno de los derechos colectivos invocados.
Se refirió a las funciones que le fueron asignadas en la Ley 57 de 4
de noviembre de 198914, el Decreto 4167 de 3 de noviembre de 201115
y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Explicó que de acuerdo con la Ley 1537 de 20 de junio de 201216, los
convenios suscritos y las circulares expedidas sobre el programa de
vivienda gratuita de interés prioritario denominado “cien mil
viviendas gratis”, realizó la evaluación del lote denominado “Villa
Rocío” postulado por el MUNICIPIO, quien aportó el Acuerdo por
medio del cual se incorporó el predio al perímetro urbano para la
construcción de viviendas de interés social y prioritario, se modificó
el Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT en cuanto al uso del
suelo del área y se declaró de utilidad pública la zona en las veredas
La Palma y Pozo Negro donde la AEROCIVIL otorgó concepto
14 Por la cual se autoriza la creación de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A., Findeter,
y se dictan otras disposiciones.
15 Por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A.
(Findeter) y se dictan otras disposiciones
16 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.
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positivo para la construcción de la pista de aeronavegabilidad y
destinar el uso del suelo para zona de aislamiento e infraestructura.
Adujo que, en atención a lo anterior, estimó que el predio cumplía
con los requisitos exigidos y, por tanto, expidió el certificado de
cumplimiento núm. FCSC 00000199 de 29 de agosto de 2012.
Señaló que la CONTRALORÍA no le presentó la función de
advertencia que dio origen a la controversia, de la cual tuvo
conocimiento con ocasión del Oficio 7 de octubre de 2013 en el que
MINISTERIO le requirió para que indicara si el predio continuaba
siendo apto para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés
prioritario. Posteriormente, el ente de control expidió un segundo
control de advertencia el 11 de octubre de 2013, acerca del posible
detrimento patrimonial.
Enfatizó que al momento de expedición del certificado de
cumplimiento de 29 de agosto de 2012 no existía pronunciamiento
preventivo por ningún órgano de control.
Sostuvo que debido a la advertencia de la CONTRALORÍA expidió el
alcance al certificado de cumplimiento sobre el predio “Villa Rocío”,
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en el que concluyó que no era viable para construir el proyecto, toda
vez que no se cumplía con el requisito condicional relativo al concepto
positivo de la AEROCIVIL, como se desprendía de oficios del 10 de
octubre de 2012 y 8 de enero de 2013, proferidos por esa entidad,
de modo que expidió el certificado núm. FCNC-0450.
Señaló que mediante Oficio de 31 de enero de 2014 le reiteró a
FONVIVIENDA y a la AEROCIVIL el carácter del aeropuerto como
bien de utilidad pública, el cual prestaba el servicio público de
transporte aéreo, motivo por el que el 24 de octubre de 2013 profirió
el certificado de no cumplimiento.
Se refirió a su naturaleza jurídica y a los actos que profiere para
indicar que estos tenían naturaleza netamente contractual, derivada
de los convenios núm. 07 y 08 de 2011, y que el informe de
cumplimiento que expidió en su momento era tan solo un requisito
más que debía cumplir el predio postulado para que fuera priorizado
y tenido en cuenta por el fideicomiso del programa de vivienda
gratuita.
Argumentó que no ha vulnerado los derechos colectivos por acción u
omisión, por cuanto el predio objeto de discusión fue puesto en su
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conocimiento en su calidad de evaluador en virtud de los convenios
interadministrativos suscritos con FONVIVIENDA, cuya obligación
cumplió a cabalidad y con base en las normas contractuales que lo
regían.
Manifestó que resultaba jurídicamente improcedente exigirle algún
tipo de responsabilidad, pues era un mero evaluador de unas
condiciones técnicas determinadas, las cuales eran proporcionadas
por un tercero que le impartía las reglas.
I.5.2.- El CONCEJO adujo que la AEROCIVIL era la obligada a
atender el sostenimiento y operación del aeródromo La Esperanza,
pues es la máxima autoridad en el ejercicio de funciones relativas al
transporte aéreo.
Afirmó que aun cuando la AEROCIVIL hubiese descentralizado la
función aeroportuaria, en virtud de lo cual el MUNICIPIO fuere el
administrador del aeródromo la Esperanza, esta entidad también
estaría obligada a atender el sostenimiento y operación del
aeropuerto, en cuyo evento destacó que en el transcurso de la
vigencia 2012-2015 no recibió por parte de la administración
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Municipal ninguna iniciativa o proyecto de Acuerdo relacionado con
el sostenimiento del terminal aéreo.
Arguyó que las acciones u omisiones aquí discutidas no podían
atribuírsele por cuanto no tenía a su cargo la administración, uso,
mantenimiento y operación del aeródromo; sumado a que la
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE, por medio
de la Resolución 01618 de 2007, ordenó a la AEROCIVIL y al Grupo
Aéreo de la Superintendencia Delegada de Concesiones e
Infraestructura descargar del sistema el aeródromo La Esperanza
porque no se efectuaban operaciones de transporte aeroportuario.
Señaló que expidió el Acuerdo 012 de 2012, por medio del cual
declaró al aeródromo como zona expansiva de vivienda, con base en:
i) el concepto técnico expedido por la Universidad Nacional que
afirmó que el aeropuerto constituía una zona subutilizada y
obstructiva del desarrollo urbanístico; ii) en el hecho de que el
MUNICIPIO debía acogerse a la construcción de 100.000 viviendas
de interés prioritario en el País y el cumplimiento de los objetivos
trazados por la Ley 1537; y iii) el plan de desarrollo del ente
territorial.
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Sostuvo que en el Acuerdo en mención declaró como de utilidad
pública la zona rural de las veredas La Palma y Pozo Negro y destinó
el uso del suelo para zona de aislamiento, con el fin de reubicar el
aeródromo, previo concepto de la AEROCIVIL y, en consecuencia,
construir la pista de aeronavegabilidad de operatividad comercial.
Con fundamento en lo expuesto, propuso la excepción que denominó
“INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS ENUNCIADOS EN EL AUTO ADMISORIO DE LA
ACCIÓN, PORQUE EL CONCEJO MUNICIPAL NO OSTENTA
COMPETENCIA PARA EJERCER FUNCIONES RELACIONADAS
CON LA ACTIVIDAD AERONÁUTICA”, la cual fundamentó en que
de acuerdo con la ley, el sostenimiento y/o mantenimiento del
aeródromo La Esperanza era una obligación, en principio, de la
AEROCIVIL, lo que significaba que cualquier responsabilidad por
omisión funcional le sería atribuible a dicha entidad; y, en el evento
de que la citada función hubiese sido descentralizada en el
MUNICIPIO, sería al ente territorial a quien debería hacérsele la
exigencia de mantenimiento y operación.
Señaló que, pese a lo anterior, la AEROCIVIL estaba en el deber de
ejercer la función de reglamentación, control, supervisión y sanción
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sobre quienes prestaban servicios aeroportuarios, razón por la que
de todas maneras habría lugar a imputarle responsabilidad por
omisión en su deber de intervenir y asumir la prestación
directamente del servicio del aeródromo del Municipio.
I.5.3.- La FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. manifestó que, atendiendo
a la naturaleza jurídica de las fiducias, especialmente a lo señalado
en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -EOSF,
le estaba prohibido definir, formular, adoptar, ejecutar y/o financiar
la ejecución de proyectos de vivienda de interés prioritario, razón por
la que no calificaba las postulaciones ni asignaba los subsidios de
interés social.
Señaló que suscribió con FONVIVIENDA, en calidad de
fideicomitente, el contrato de fiducia mercantil núm.302 de 6 de julio
de 2012, en virtud del cual constituyó el patrimonio autónomo
denominado “fideicomiso de vivienda gratis o fideicomiso matriz”,
cuyo objeto era la administración de dineros provenientes de los
subsidios de vivienda, entre otros bienes.
Se refirió al marco normativo que reguló los contratos de fiducia para
indicar que el contrato de fiducia mercantil suscrito con
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FONVIVIENDA era de aquellos denominados de administración y
pagos, de modo que estaba sujeta a lo que contractualmente se le
hubiese indicado.
Respecto del patrimonio autónomo que se conformó, afirmó que
contaba con un máximo órgano directivo llamado “Comité
Fiduciario”, dentro del cual no tenía ninguna injerencia, ya que se
limitaba a llevar la secretaria de las reuniones, por lo que aquel
órgano era el que impartía y tomaba las decisiones atinentes al
desarrollo, ejecución y construcción del proyecto, siguiendo las
directrices señaladas en el manual operativo.
Expuso que, por lo anterior, no participó ni en la decisión del
MUNICIPIO de cambiar el uso del suelo del predio en que se
desarrollaría el proyecto “Villa Rocío”, ni en la determinación de
FINDETER de expedir el certificado de cumplimiento de los
requisitos jurídicos y técnicos que hacían viable el proyecto, así como
tampoco intervino en la decisión del comité fiduciario de terminar la
construcción del proyecto.
Propuso como excepciones, las siguientes:
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• «INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SUSTANCIALES DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR EN EL CASO
CONCREO». Argumentó que no se probó ninguno de los elementos
esenciales para atribuirle alguna responsabilidad, pues lo que se
cuestionó son las actuaciones desplegadas por la CONTRALORÍA, el
MINISTERIO, FONVIVIENDA y el MUNICIPIO, razón por la que
no era posible que se le endilgara violación de derecho colectivo
alguno.
• «PACTA SUNT SERVANDA (EL CONTRATO ES LEY PARA LAS
PARTES)». Indicó que sus gestiones se debían encaminar a cumplir
lo pactado en el contrato de fiducia, motivo por el que las actuaciones
que desplegó se hicieron en el marco del mismo y, por lo tanto,
estaban cobijadas por el principio de buena fe.
• «INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE FIDUCIARIA
BOGOTÁ S.A. Y LAS DEMANDADAS FRENTE A TERCEROS».
Sostuvo que el contrato suscrito con FONVIVIENDA estaba
“plagado” de eximentes de responsabilidad para la fiduciaria, como
se evidenciaba del capítulo III numeral 3.5., numeral 7.2.4. del
capítulo VII, parágrafo 4º numeral 7.4, con lo que, en su criterio,
quedó liberada de cualquier responsabilidad.
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• «INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE FIDUCIARIA
BOGOTÁ S.A. EN SUS OBLIGACIONES CONTRATUALES FRENTE
A LOS FIDEICOMITENTES». Afirmó que ha desplegado toda su
gestión para cumplir con el objeto y finalidad de lo pactado en el
contrato de fiducia y nunca realizó actividades que llevaran a
determinar que por acción u omisión el proyecto “Villa Rocío” se
suspendió; además, los dineros administrados en desarrollo del
contrato han sido administrados conforme lo acordado en el contrato
y las directrices impartidas por el Comité Fiduciario, lo que
demostraba que el negocio jurídico fue cumplido de conformidad con
el objeto y finalidad del mismo.
• «EL DEMANDNTE NO ACREDITÓ EL DAÑO COLECTIVO
FRENTE A LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.». Indicó que los
derechos colectivos presuntamente vulnerados: i) no se relacionaban
con los factores de responsabilidad en lo que le respecta; ii) se
hicieron a manera de enunciado, pues no mostraban la causa
eficiente de su vulneración; y iii) no aguantaban el mínimo control
de juridicidad al no tener los elementos necesarios para que se
declare su afectación.
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En su criterio, las demandantes no probaron nada y mucho menos
una vulneración o amenaza a derechos colectivos que le resulte
atribuible.
• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
RESPECTO DE LA FIDUCIAIRA BOGOTÁ S.A.». Arguyó que nunca
actuó como guardián y custodio de las actividades de construcción
del proyecto “Villa Rocío”, motivo por el que tampoco tomó
decisiones sobre la no ejecución de las obras del mencionado
proyecto.
Adujo que aun cuando compareció a suscribir contratos de obra,
urbanismo, interventoría, entre otros, lo cierto era que lo hizo como
vocera del patrimonio autónomo y no como sociedad fiduciaria
independientemente determinada.
• «LOS CONTROLES O FUNCIONES DE ADVERTENCIA NO
SIRVEN COMO MECANISMO PARA COADMINISTRAR
CONTRATOS». Precisó que el proyecto de interés prioritario “Villa
Rocío” se frustró por una indebida utilización de la función de
advertencia por parte de la CONTRALORÍA, pues ésta no tenía
ninguna consecuencia adicional a la de señalarle o ponerle de
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presente a la administración los posibles riesgos que genera una
operación en curso y que, en criterio del ente de control, podía
generar inconvenientes en el manejo de los recursos públicos.
I.5.4.- La AEROVICIL manifestó que desconocía las acciones y los
hechos que se habían adelantado frente a la construcción de 210
viviendas gratuitas que harían parte del proyecto de interés
prioritario del Gobierno Nacional en terrenos del aeródromo La
Esperanza del MUNICIPIO, pues hasta ese momento no se había
radicado ningún proyecto o estudios para un nuevo aeropuerto, tan
solo la intención de trasladarlo a una nueva zona.
Afirmó que la propiedad del terreno en el que estaba ubicado el
aeródromo era del MUNICIPIO, tal y como constaba en las
respectivas escrituras públicas; además, indicó que en aplicación de
las directrices de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC
y de la Organización Internacional de Aviación Civil – OACI del
Convenio de Chicago, realizó una visita el 20 y 21 de junio de 2013,
con el fin de efectuar una inspección técnica al aeródromo La
Esperanza para dar cumplimiento a lo enunciado y establecer las
condiciones, necesidades y ajustes de tipo técnico al área de
movimiento.
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Señaló que en la referida visita efectuó una serie de recomendaciones
que debían ser tenidas en cuenta de forma oportuna para no poner
riesgo la operación aérea; además, puso de presente que como el
aeropuerto era de propiedad del MUNICIPIO, era su deber
mantener el terminal aéreo en condiciones mínimas óptimas para su
operación y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas,
asimismo, que la calificación clave de referencia pasó de 2A a 1A, lo
que implicaba que el tipo de aeronaves que podían operar eran
diferentes.
Advirtió que debido a las deficiencias encontradas en la visita decidió
suspender las operaciones aéreas por un término de dos meses para
que la administración Municipal subsanara las irregularidades,
tiempo que fue prorrogado hasta febrero de 2014 y que al momento
del escrito de contestación permanecía así.
Afirmó que ni el MUNICIPIO ni terceros le habían solicitado algún
tipo de permiso, autorización o radicado proyectos para adelantar
obras dentro del aeródromo o sus inmediaciones, para lo cual se
debía contar con su respectivo concepto conforme lo ordenan los
reglamentos aeronáuticos Colombianos.
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Aseguró que no conocía las manifestaciones, pronunciamientos o
actos administrativos que la administración municipal adelantó
respecto de la destinación que se le quería dar a los terrenos del
aeródromo.
Se refirió a los Acuerdos núms. 012 de 21 de agosto de 2012 y 006
de 28 de abril de 2013, en los que el CONCEJO modificó el uso del
suelo del inmueble donde funcionaba el aeropuerto y lo destinó para
la construcción de 210 viviendas de interés prioritario y dispuso el
traslado del aeródromo a zona rural de la vereda “Pozo Negro”,
respecto de los cuales aseveró que fueron anteriores a la inspección
técnica que realizó y que dichas decisiones se tomaron
unilateralmente y no le fueron consultadas, lo que, a su juicio,
menoscabó el servicio de transporte de la región.
Manifestó que desconocía las acciones y hechos para la construcción
de 210 viviendas gratuitas como parte del proyecto de vivienda de
interés prioritario desarrollado por el Gobierno Nacional en el terreno
donde está el aeródromo La Esperanza, pues a la fecha, no había
sido presentado ningún proyecto para un nuevo aeropuerto.
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Arguyó que la entidad no había vulnerado ninguno de los derechos
invocados por la parte actora, pues su deber era mantener la aviación
civil en condiciones de eficiencia y de seguridad.
Propuso la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA PARTE DE LA AERONÁUTICA”, la cual fundamentó
en que el propietario y explotador del aeródromo era el MUNICIPIO,
por lo que era su responsabilidad mantenerlo en condiciones óptimas
para su operación y garantizar la seguridad aérea.
Precisó que su vinculación no tenía relación con el hecho que el
MUNICIPIO hubiese decidido unilateralmente disponer que los
terrenos del aeródromo fueran destinados para el proyecto de interés
social.
I.5.5.- La CONTRALORÍA afirmó que su función de advertencia
tuvo como soporte: i) Las escrituras públicas que daban cuenta que
los terrenos donde funcionaba el aeropuerto La Esperanza eran de
propiedad del ente territorial; ii) El Acuerdo 0012 de 2012, por medio
del cual se incorporó al perímetro urbano ese terreno y se modificó
el EOT en cuanto al uso del suelo; iii) Los oficios a través de los cuales
la AEROCIVIL le informó al MUNICIPIO que el aeropuerto contaba
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con permiso de operación y que para su traslado se debía contar con
terrenos adquiridos y cumplir con las exigencias señaladas en los
reglamentos aeronáuticos de Colombia; iv) el Oficio de 28 de
diciembre de 2012 en el que los Concejales y ciudadanos le
manifestaron a la AEROCIVIL que el aeropuerto había sido objeto
de inversión por parte de la Nación y que formaba parte de los activos
que generaban valor agregado al MUNICIPIO y a la región, razón
por la que solicitaron no autorizar el cierre de operaciones; v) el
Oficio de 8 de marzo de 2013, mediante el cual los Concejales y la
comunidad solicitaron ayuda a ASOPROVEL para liderar una defensa
cívica que protegiera el aeródromo; y vi) el Oficio de 19 de marzo de
2013, en el que los Concejales y ciudadanos le manifestaron al
MINISTERIO que el aeropuerto operaba desde los años 60 y que
era fundamental para la seguridad de 200.000 habitantes.
Argumentó que la frustración del proyecto de vivienda no obedeció
al oficio denominado “función de advertencia”, sino a la falta de
aptitud legal del terreno dispuesto para tal fin, circunstancia que fue
advertida en su momento y por la cual no podía endilgársele
responsabilidad.
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Se remitió in extenso a los argumentos expuestos por la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia de tutela que dio
origen al proceso de la referencia.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa, porque, a
su juicio, no le asistía responsabilidad en los hechos objeto de la
presente acción, debido a que las obligaciones derivadas de la
necesidad de adecuación, remodelación, traslado o disposición de
nuevos terrenos para el funcionamiento del aeropuerto del
MUNICIPIO, el cambio a través del EOT y la gestión para la
viabilidad del proyecto de vivienda, no eran de su competencia, por
lo que no vulneró ningún derecho colectivo.
I.5.6.- El MINISTERIO afirmó que por medio de la Ley 1537, se
dictaron normas para facilitar y promover el desarrollo urbano y el
acceso a la vivienda y se establecieron una serie de disposiciones
sobre la financiación de viviendas, focalización de recursos en
viviendas de interés social prioritario y habilitación de suelo para
desarrollo de proyectos de vivienda.
Adujo que en desarrollo del programa de vivienda gratuita y
conforme lo señalado en la citada Ley, previa realización de un
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proceso de selección, FONVIVIENDA escogió a la FIDUCIARIA DE
BOGOTÁ S.A. y suscribió el contrato de fiducia mercantil núm. 302
de 2012, en virtud del cual constituyó el patrimonio autónomo
“fideicomiso – programa de vivienda gratuita”, para la administración
de recursos para la ejecución de actividades en materia de vivienda
de interés prioritario.
Sostuvo que la adquisición o construcción de las viviendas de interés
prioritario, entregadas en el marco del programa de vivienda
gratuita, era contratada por FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A., como
vocera del patrimonio autónomo; de modo que, para la obtención de
las soluciones de vivienda se implementaron unos esquemas de
ejecución, en el marco de los cuales se desarrolló el programa de
vivienda gratuita.
Precisó que el MUNICIPIO postuló el predio denominado “Villa
Rocío” al programa de vivienda gratuita, el cual inicialmente fue
declarado viable por FINDETER a través del certificado de
cumplimiento de los requisitos de postulación de precios para el
programa de subsidio familiar 100% de vivienda de 29 de agosto de
2012, motivo por el que el Comité Fiduciario “fideicomiso – programa
de vivienda gratuita” lo priorizó para que se diera apertura a la
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convocatoria de selección del constructor y, en consecuencia, se
abrió la convocatoria núm.158.
Aseguró que con ocasión de la advertencia emitida por parte de la
CONTRALORÍA, FINDETER expidió el alcance del certificado de
cumplimiento de los requisitos para la postulación del predio, en el
que señaló que se estimaba no apto para el desarrollo del proyecto
de vivienda de interés prioritario, conforme los hechos ocurridos con
posterioridad a la emisión del certificado inicial y que afectaban de
manera directa el programa de vivienda gratuita, motivo por el que
dejó sin efectos la declaración de aptitud del predio.
Manifestó que el Comité Fiduciario levantó la priorización del predio
“Villa Rocío” del MUNICIPIO y, por consiguiente, el Comité Técnico
Esquema Público – Programa De Vivienda dio la instrucción a la
FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A. de terminar la convocatoria
núm.157 en lo que respectaba al MUNICIPIO.
Propuso las siguientes excepciones:
• «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO».
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Argumentó que el levantamiento de priorización del proyecto “Villa
Rocío” del MUNICIPIO fue ordenado por el Comité Técnico Esquema
Público – Programa De Vivienda Gratuita, en calidad de vocero del
patrimonio autónomo que fue constituido a la FIDUCIARIA DE
BOGOTÁ S.A., con fundamento en el alcance del concepto emitido
por FINDETER, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba su
ausencia de responsabilidad.
• «RESPONSABILIDAD DE OTRAS ENTIDADES CON RELACIÓN
AL SISTEMA NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL».
Afirmó que la responsabilidad en el presente caso estaba en cabeza
de las entidades relacionadas con el Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, pues sus funciones son formular, dirigir y coordinar
las políticas públicas en materia de vivienda y no asignar subsidios
de vivienda de interés social, motivo por el que no existió vulneración
de derechos colectivos.
I.5.7.- FONVIVIENDA se refirió a la naturaleza jurídica de la acción
popular y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
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Para el efecto, indicó que el MUNICIPIO era el competente de
brindar una solución de vivienda a sus habitantes, lo cual, por demás,
no se encontraba en sus funciones.
Hizo referencia a la Ley 1537 y al programa de vivienda gratuita
adelantado por el Gobierno Nacional y se refirió al proceso por medio
del cual se escogió inicialmente al predio “Villa Rocío” del
MUNICIPIO y a los hechos que ocasionaron que FINDETER lo
declarara no apto para el desarrollo del proyecto de vivienda de
interés prioritario, para concluir que no se evidenciaba ningún tipo
de responsabilidad de su parte en el asunto.
Se refirió a las competencias del MUNICIPIO de acuerdo con la
Constitución y a la responsabilidad de otras entidades del Sistema
Nacional de Vivienda de Interés Social, para poner de presente qué
entidades públicas o privadas tenían por objeto el otorgamiento de
subsidios de vivienda, motivo por el que carecía de legitimación en
la causa por pasiva en el presente caso, pues era función del ente
territorial dar solución de vivienda a sus habitantes y aportar predios
aptos para el desarrollo o ejecución de los proyectos de vivienda en
su territorio.
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I.5.8.- La PROCURADURÍA afirmó que ha cumplido con los
parámetros señalados por la Ley y que regulan la materia objeto de
controversia, razón por la que, a su juicio, no vulneró o amenazó los
derechos e intereses colectivos de la parte accionante.
Explicó que si bien tiene el deber de garantizar y proteger los
derechos de la sociedad en procesos judiciales, éstos se encuentran
protegidos y son defendidos por el agente del Ministerio Público
asignado ante el Tribunal.
Estimó que no vulneró los derechos colectivos de la parte
demandante, pues la obra objeto de controversia no era de su
competencia y no tenía ninguna vinculación con la misma.
Se refirió a la noción de acción popular para manifestar que no ha
debido ser vinculada al presente proceso, ya que ninguno de los
fundamentos fácticos o jurídicos presentados en la acción daban
lugar a ello, por lo tanto, era procedente la declaratoria de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Finalmente, hizo referencia al proceso de responsabilidad
disciplinaria que adelantaba con ocasión de las presuntas
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irregularidades relacionadas con el lote de terreno en el que se
encuentra ubicado el aeródromo La Esperanza, e informó que en
atención al proceso de la referencia tramitaría la acción preventiva
para determinar si existían responsabilidades disciplinarias.
I.6. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 13 de
octubre de 2015, la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio de las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal en sentencia de 22 de mayo de 2020 declaró: i) la
ocurrencia del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con la construcción de un proyecto de vivienda
en espacio público; ii) no probada la vulneración del derecho
colectivo a la moralidad administrativa y patrimonio público y; iii)
probada la violación de los derechos colectivos a la utilización y
defensa de los bienes de uso público, acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
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disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de calidad de vida de los habitantes, para lo cual adujo lo
siguiente:
Consideró que, de acuerdo con las funciones del MINISTERIO,
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y FONVIVIENDA y la relación de la
CONTRALORÍA con los hechos planteados por las demandantes,
dichas entidades se encontraban legitimadas en la causa por pasiva.
Para el efecto, indicó lo siguiente:
“[…] en tanto es claro que las mismas tienen relación con los
hechos señalados por los actores populares, esto es, el
adelantamiento de un proyecto de vivienda en un predio donde
funcionaba el Aeródromo “La Esperanza”, predio sobre el cual la
Contraloría General de la República emitió función de advertencia
en el sentido de señalar un posible detrimento al patrimonio del
Estado por el valor de los recursos invertidos en dicha obra al
proyectarse destruir la infraestructura sin contar con los recursos
necesarios para la simultanea puesta en servicio en otra parte, por
lo que se suspendió el proyecto planeado para el mencionado
municipio […]”.
Adujo que a la AEROCIVIL le correspondía vigilar, evaluar y
controlar el cumplimiento de las normas aeronáuticas y
aeroportuarias en los terminales aéreos, y como las demandantes
señalaron que no hacía presencia en el aeródromo La Esperanza,
concluyó que se encontraba legitimada en la causa por pasiva para
comparecer al presente proceso.
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Puso de manifiesto que la vinculación de la PROCURADURÍA
obedeció a lo indicado por el Consejo de Estado en la sentencia de
tutela de 6 de noviembre de 2014, en la que se le instó para el efecto.
Afirmó que la AEROCIVIL y la PROCURADURÍA debieron asumir
los controles necesarios para que el hecho no se produjera, razón por
la que su responsabilidad seria determinada en el análisis del caso
concreto.
Delimitó el objeto de la presente acción teniendo en cuenta lo
ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado en la
sentencia de tutela de 6 de noviembre de 2014, en el sentido de
indicar que el problema jurídico se encaminaba a determinar si con
ocasión del uso que se le había dado al lote de terreno donde opera
el Aeródromo La Esperanza y las condiciones en que el mismo se
encontraba se habían vulnerado los derechos colectivos invocados.
Adujo que se configuraba la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto del proyecto de vivienda “Villa Rocío”, para lo cual
explicó lo siguiente:
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-. Que el Gobierno Nacional creó el programa de vivienda gratuita
para la población más vulnerable del País, cuya meta era la
construcción de 100.000 viviendas gratuitas a título de subsidio
familiar de vivienda en especie, conforme lo previsto en la Ley 1537.
-. Que en desarrollo de dicho programa se suscribió el contrato núm.
302 de 6 de julio de 2012, entre la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. y
FONVIVIENDA, el cual tenía por objeto la constitución de un
patrimonio autónomo denominado “fideicomiso – programa de
vivienda gratuita”, por medio del cual se realizaría la administración
de los recursos y otros bienes para la ejecución de las actividades en
materia de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de
los hogares a los que se refiere la Ley 1537.
-. Que en virtud de lo pactado en el citado contrato FONVIVIENDA
y el MUNICIPIO suscribieron el convenio interadministrativo núm.
076 de 2013, el cual tenía por objeto el desarrollo de un proyecto de
vivienda de interés prioritario en el predio identificado con la
matricula inmobiliaria núm. 324-59598, para entregar viviendas a
título de subsidio a la población vulnerable del ente territorial.
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-. Que dentro las obligaciones contraídas por el MUNICIPIO en el
mencionado convenio se encontraban la transferencia y entrega de
un predio al patrimonio autónomo que estuviese libre de toda
afectación, so pena de ser devuelto.
-. Que en cumplimiento de su obligación el MUNICIPIO entregó el
lote denominado “Villa Rocío”, respecto del cual FINDETER,
inicialmente, emitió el certificado de cumplimiento núm. FSCSC-0199
de 29 de agosto de 2012, pues el lote cumplía con los requisitos
establecidos en las circulares emitidas por el MINISTERIO para el
efecto.
-. Que, posteriormente, el 4 de junio de 2013 la CONTRALORÍA
emitió función de advertencia a la Alcaldesa del MUNICIPIO, por
estimar que la construcción de las viviendas de interés social en el
mencionado lote alteraba la normal prestación del servicio público de
transporte aéreo, pues no contaba con los planes de contingencia
para garantizar su continuidad.
-. Que por lo anterior, FINDETER emitió un nuevo comunicado el 24
de octubre de 2013 en el que informaba que el predio postulado por
el MUNICIPIO no cumplía con los requisitos para el programa de
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subsidio familiar 100% de vivienda en especie, no sólo por lo dicho
por el ente fiscal sino también con base en lo acreditado en otras
pruebas como el contenido del Acuerdo Municipal 012, razón la que
dio por terminado el proceso 158 respecto del ente territorial.
-. Respecto del predio objeto de la controversia, encontró probado lo
siguiente: i.- Es propiedad del MUNICIPIO, el cual era el explotador
del aeródromo La Esperanza; ii.- Previo a la celebración del convenio
interadministrativo 076 de 2013, el ente territorial adelantó
gestiones frente al cierre del aeródromo; y iii.- El estado de la
terminal aérea fue puesto de presente por la AEROCIVIL, a través
del informe de visita técnica de 23 de julio de 2013, en el que realizó
recomendaciones que de no ser tenidas en cuenta pondrían en riesgo
la operación aérea, además, se refirió a la solicitud del MUNICIPIO
de construir un nuevo aeropuerto en la vereda Pozo Negro e indicó
que el existente no tenía las condiciones mínimas de operación, por
lo que varió su clasificación clave de referencia de 2A a 1A e incluso
se acreditó la construcción de una zona lúdica infantil dentro de la
franja de la pista y zonas de seguridad.
-. Que mediante Acuerdo núm. 0012 de 2012 el CONCEJO autorizó
la construcción del macroproyecto de vivienda, incorporó el lote del
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aeródromo al perímetro urbano para la construcción de las viviendas
de interés prioritario, modificó el EOT para declarar la zona como
área intensiva de vivienda y declaró de utilidad pública la zona en el
área rural de las veredas La Palma y Pozo Negro para en esta última
construir un nuevo aeropuerto.
-. Que, a través del Acuerdo núm.006 de 2013, el CONCEJO facultó
a la administración Municipal para entregar el predio de la pista como
aporte para el programa nacional “100 mil viviendas gratis”, acto
administrativo que fue demandado a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la
CONTRALORÍA, en el que se declaró la excepción previa de pleito
pendiente, lo que dio lugar a la terminación del proceso.
-. Que el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco de un
medio de control de nulidad, profirió sentencia de 26 de febrero de
2018 en la que confirmó la decisión del Juzgado 751 Administrativo
de San Gil de declarar la nulidad del Acuerdo Municipal núm. 0012
de 21 de agosto de 2012
-. Que a través de la Resolución núm.00986 de 13 de abril de 2016
la AEROCIVIL levantó la suspensión del permiso de operación del
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aeródromo La Esperanza debido a que en inspección técnica
practicada el 4 de marzo de ese año, se encontró que estaba en
buenas condiciones de operación.
Con fundamento en lo anterior, concluyó que aun cuando a la
presentación del proyecto de vivienda se encontraba vigente el
Acuerdo 012 de 2012, lo que, a su juicio, vulneró el derecho colectivo
al patrimonio público, lo cierto era que, en la actualidad, con la
declaratoria de nulidad de dicho acto se superó tal transgresión y,
por ende, el predio Villa Rocío no es apto para la realización de
proyectos de vivienda y su destinación desde sus inicios obedeció a
la construcción de un aeródromo.
Argumentó que tampoco ha habido diligencia frente a las actividades
de mantenimiento del Aeródromo La Esperanza ya que su operación
duró suspendida desde el año 2013 hasta el año 2016, lo que
también da cuenta de la vulneración del referido derecho; sin
embargo, con la expedición de la Resolución 0986 de 2016, que
levantó la suspensión del Aeródromo ordenada en su momento por
el Director de Servicios a la Navegación Aérea mediante NOTA de 21
de agosto de 2013 por la falta de condiciones mínimas de operación,
consideró que tal vulneración se superó.
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Explicó que para declarar probada la violación del derecho colectivo
al patrimonio público se requería que el inmueble hubiese pasado en
forma irregular del dominio del Estado a los particulares, lo que en
el presente caso no ocurrió al no haber construido allí el mencionado
proyecto de vivienda, ni tampoco se destinó a un fin diferente, esto
es, el funcionamiento de un aeródromo.
Sostuvo, respecto del derecho a la moralidad administrativa, que no
se encontró demostrada su vulneración, habida cuenta que las
actuaciones de las entidades demandadas no fueron deliberadas y
con el propósito de quebrantar la ley y procurar para sí o para un
tercero un provecho indebido.
A su juicio, el derecho colectivo a la protección y uso del espacio
público se vio amenazado, debido al abandono del aeródromo,
circunstancia que motivó al Consejo de Estado a adecuar la acción
de tutela en acción popular.
Con relación al derecho colectivo a la utilización y defensa de bienes
de uso público, afirmó que la AEROCIVIL advirtió la construcción de
un parque gimnasio sobre la franja de pista y zona de seguridad, la
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presencia de pastoreo de animales y el uso de la zona como
parqueadero de vehículos automotores en la calle de rodaje y en la
plataforma y como patio de almacenamiento de materiales, cuyas
circunstancias impedían la utilización del aeródromo.
Puso de manifiesto que, pese a que la AEROCIVIL levantó la
suspensión de la operación, no se allegó prueba que permitiera
establecer sí se removió el parque, que se realizaron las
adecuaciones señaladas por dicha entidad y/o que se hubiesen
efectuado las obras de mantenimiento.
Respecto del derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna afirmó que, de acuerdo
con la jurisprudencia y la Ley, el transporte aéreo es un servicio
público esencial, de modo que, en el presente caso, pudo establecer
que el transporte de pasajeros se prestó hasta la suspensión de la
operación del aeródromo en el año 2013, y de mercancía hasta el
año 2010.
Sostuvo que la prestación del servicio público en mención pudo ser
restablecida con el levantamiento de la suspensión de operación
realizada en el año 2016 por la AEROCIVIL, pese a ello, no encontró
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que la misma correspondiera a las condiciones óptimas requeridas,
sumado a que en el año 2013 la clasificación del aeródromo cambió
de 2A a 1A, lo que modificó el tipo de aeronaves que podían operar.
En cuanto al derecho colectivo de realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de
calidad de los habitantes, reiteró el hecho de que la AEROCIVIL
encontró en buenas condiciones de operación al aeródromo, por lo
que levantó la suspensión que se había realizado, pero que pese a
ello, no advirtió que se hubiesen realizado inversiones en su
adecuación y que las mismas correspondieran a las señaladas por las
normas RAC.
Precisó que no se había allegado ninguna prueba que permitiera
determinar que para las construcciones aledañas al aeródromo se
hubiese adelantado el trámite de evaluación de obstáculos por altura,
interferencias radioeléctricas y usos de suelos emitido por la
autoridad aeronáutica, teniendo en cuenta que las mismas estaban
en su zona de influencia, motivo por el que las autoridades públicas
y/o particulares no podían desconocer la normativa en materia
urbanística ni los RAC, razón por la que consideró necesario instar al
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MUNICIPIO y a la AEROCIVIL para que adelantaran las acciones
tendientes a determinar si las construcciones aledañas al aeródromo
La Esperanza cumplían con las disposiciones legales aplicables.
En conclusión, señaló lo siguiente:
“[…] 1º Carencia actual de objeto por la declaración de nulidad del
acto Municipal por el cual se modificó el uso el suelo de un
aeropuerto para ser usado en la construcción de vivienda.
La nulidad del acto administrativo por el cual se autorizó el uso de
un aeródromo para la construcción de un plan de vivienda, acredita
que la violación del derecho colectivo de utilización y defensa de
los bienes de uso público; (sic) se probó pero que ha sido superada
por decisión judicial.
En cuanto al pretendido plan de vivienda, resulta claro que en el
caso en particular las actuaciones adelantadas por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, así como por FINDETER,
FIDUPREVISORA y la Fiduciaria Bogotá S.A. dentro de la ejecución
del programa de vivienda no contravinieron en forma alguna los
derechos conculcados puesto que, no era viable la construcción de
viviendas en un predio en el cual se encuentra construido y está
destinado a un fin distinto, esto es, un aeródromo. Tampoco se
advierte la vulneración de los derechos colectivos en las
actuaciones desplegadas por la Contraloría General de la República
ni la Procuraduría General de la Nación.
2º Protección de los derechos colectivos a la utilización y defensa
de los bienes de uso público, acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna; y, la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
a beneficio de la calidad de los habitantes, originados en el estado
de abandono de la pista aérea del Municipio de Barbosa Santander.
Por el contrario, se encuentran llamados a adoptar los medios
necesarios con el fin de poner en marcha el aeródromo La
Esperanza en el Municipio de Barbosa – Santander en calidad de
explotador del mismo, así como la UAE Aeronáutica Civil como
entidad encargada de velar por la infraestructura aeroportuaria,
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entidades que guardan relación con las adecuaciones necesarias
para el buen funcionamiento del aeródromo; el control sobre las
construcciones al aeródromo; la destrucción o remoción del parque
gimnasio ubicado al interior de la pista, ya sea en verificar que ello
se cumpla o ejecutar dicha instrucción; así como en la inversión de
recursos para su sostenimiento, todas ellas irregularidades que
dieron lugar al presente medio de control y/o que se advirtieron de
las pruebas aportadas al mismo.
3º En cuanto a los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y al patrimonio público, no se ha probado su
vulneración […]”.
En virtud de lo anterior, el Tribunal profirió las siguientes órdenes:
“[…] PRIMERO. - DECLÁRASE no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la Fiduciaria
Bogotá S.A., Aeronáutica Civil, Contraloría General de la República,
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fondo Nacional de
Vivienda – FONVIVIENDA y la Procuraduría General de la Nación,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO. - DECLÁRASE la ocurrencia del fenómeno de carencia
actual de objeto por hecho superado, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia, en relación
con la construcción de un proyecto de vivienda en espacio público,
originado en la declaración de nulidad del acto administrativo local
que autorizó la modificación del uso del inmueble.
TERCERO. - DECLÁRASE no probada la vulneración del derecho
colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio público.
CUARTO.- DECLÁRASE probada la violación a los derechos
colectivos a la utilización y defensa de los bienes de uso público,
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna; y, la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia a beneficio de la calidad de
los habitantes, imputable al Municipio de Barbosa y a la
Aeronáutica Civil, originados en el abandono de la pista aérea
ubicada en el Municipio de Barbosa, la cual no podrá tener destino
distinto a su uso como pista aérea, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
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QUINTO. - En consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE al Alcalde
del Municipio de Barbosa y al Director de la Aeronáutica Civil, la
ejecución de las siguientes actividades, en aras de superar la
violación de los derechos colectivos amparados:
1) Para que en el término de tres (3) meses, contados a partir de
la notificación de esta providencia, en el lote de terreno donde se
encuentra ubicado el Aeródromo La Esperanza, de propiedad del
Municipio de Barbosa – Santander (Escritura Pública No.43 del
Distrito Municipal de Puente Nacional – Provincia de Vélez y
Certificado de Tradición No.324-595598 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Vélez y Escritura Pública No.320 de
12 de septiembre de 1951, 153 de 26 de abril de 1951, 152 de 25
de abril de 1951 en donde se encuentra la transferencia a título de
venta de lote a favor del municipio de Barbosa con destino
exclusivo a la construcción del campo aéreo), ejecuten y lleven a
terminación las actividades descritas por la Aeronáutica Civil en el
oficio 4401-085.250.1-2012031704 de 23 de julio de 2013 y que
se relacionan a continuación:
1. Garantizar la franja de pista de por lo menos 30 metros a cada
lado del eje, realizar obras de nivelación, acondicionamiento de
la franja, poda y mantenimiento. Controlar el ingreso de
personas y animales en las áreas de maniobra.
2. Realizar mantenimiento y repavimentación de pista, calle de
rodaje y plataforma, obras que se requieren con urgencia para
garantizar la seguridad en las operaciones del aeródromo.
3. Efectuar la señalización horizontal de la pista, rodaje y
plataforma, pues no cuenta con ningún tipo de señalización.
4. Emplazar las mangaveletas en las dos cabeceras de la pista y
las balizas de umbral (triángulos) cumpliendo con la norma en
cuanto a distancias y características.
5. Efectuar limpieza de canales y revestirlos en concreto.
6. En la franja extremo de pista, zona de seguridad de la cabecera
03 se presenta erosión y desprendimiento del talud, se deben
realizar obras de estabilización del mismo construyendo un
muro de contención en concreto o en gaviones escalonados
dejando drenajes controlados.
7. Existe una sola edificación dentro del aeródromo junto a la
plataforma en regular estado, es una caseta que requiere
mantenimiento.
8. Realizar el mantenimiento cerramiento perimetral en los tramos
donde se encuentra rota la misma, para garantizar que terceras
personas y/o animales penetren áreas restringidas.
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2) Para efectos de controlar el desarrollo urbanístico en las áreas
de influencia del aeródromo, deberán adelantarse las actuaciones
tendientes a determinar si las construcciones aledañas al
aeródromo La Esperanza cumplen con lo previsto en los artículos
1823, 1824, 1825 y 1826 del Capítulo V del Código de Comercio y
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC en su parte
14.3.4 Restricción y eliminación de obstáculos.
SEXTO. - CONFÓRMASE el Comité de Verificación el cual estará
integrado por el Personero Municipal de Barbosa – Santander, un
representante del Municipio de Barbosa – Santander, un
representante de la UAE Aeronáutica Civil y el Agente del Ministerio
Público el cual será presidido por el Magistrado ponente.
SÉPTIMO.- SIN CONDENA en costas en esta instancia […]”.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La AEROCIVIL manifestó que la sentencia de primera instancia no
delimitó qué tipo de responsabilidades y obligaciones
específicamente le correspondían al MUNICIPIO, como propietario
y explotador del aeródromo La Esperanza, y tampoco se refirió a su
apoyo técnico respecto de la vigilancia y control de la seguridad
aérea, que involucra la infraestructura aeroportuaria y no un aporte
presupuestal o de inversión para la ejecución de las obras requeridas
por el aeropuerto, las cuales le corresponden el ente territorial,
conforme lo establecido en el RAC 14.
Argumentó que el explotador del aeródromo es el que debe realizar
y ejecutar todas las obras necesarias para su mantenimiento, razón
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por la que, en el caso concreto, el MUNICIPIO debería llevar a cabo
las obras de infraestructura pero bajo su vigilancia, control y
supervisión, tal y como ocurrió en los aeropuertos de los Municipios
de Palestina y Manizales, los cuales le pertenecen a los entes
territoriales.
Precisó que el aeródromo de Barbosa está catalogado como no
controlado, por lo que no hay servicios AIS-COM-MET, los cuales se
encuentran a su cargo, de ahí la necesidad de determinar bajo qué
condiciones se debe ejecutar la orden del Tribunal.
Afirmó que era necesaria la delimitación de responsabilidades y
obligaciones para cada entidad, para que existiera claridad en cuanto
a cómo deben ejecutarse las órdenes, las apropiaciones
presupuestales que se asignarán para tal fin y quién debe ejercer la
supervisión y control de la infraestructura, por lo cual, afirmó que
tres meses no eran suficientes, pues se requeriría un tiempo mayor,
más aún, si se tenía en cuenta el estado de emergencia económica
en que se encuentra el País y el déficit presupuestal de la Nación.
Solicitó que se incluyera en el comité de verificación a los
MINISTERIOS DE TRANSPORTE y de HACIENDA Y CRÉDITO
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PÚBLICO, pues son los encargados de apropiar y delegar el
presupuesto de inversión para este tipo de obras.
Puso de presente que, en atención a las directrices de los RAC y de
la Organización Internacional de Aviación – OACI del Convenio de
Chicago, era necesario establecer un sistema de reglamentación para
la certificación de aeropuertos de Colombia, para garantizar que las
instalaciones y equipos del aeródromo La Esperanza estuvieran
cumpliendo con lo allí establecido.
Señaló que lo anterior implicaba realizar una inspección técnica al
aeródromo, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
reglamento en mención y así establecer las condiciones, necesidades
y ajustes de tipo técnico al área de movimiento del terminal.
Indicó que en la inspección técnica al aeródromo La Esperanza del
día 23 de julio 2013 se encontraron deficiencias en varios ítems, por
lo que efectuó una serie de recomendaciones que se plasmaron en el
informe entregado al MUNICIPIO, las cuales debían ser acatadas de
forma oportuna, pues se ponía en riesgo la operación aérea.
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Transcribió in extenso las características de la pista y las
recomendaciones efectuadas.
Reiteró que el propietario y explotador del aeródromo es el
MUNICIPIO, por lo que es su responsabilidad mantenerlo en
condiciones mínimas óptimas para su operación y garantizar la
seguridad en las operaciones aéreas.
Afirmó que se debía contar con su concepto para adelantar cualquier
tipo de construcción o emplazamiento dentro del aeródromo o sus
áreas de influencia, conforme lo ordenan los RAC en la parte
decimocuarta y el libro quinto parte II capítulo IV del Código de
Comercio.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
IV.1. La AEROCIVIL reiteró todos y cada uno de los argumentos
expuestos en el recurso de apelación relacionados con la delimitación
de sus responsabilidades y las del MUNICIPIO en el cumplimiento
de la orden de primera instancia.
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IV.2. El MINISTERIO afirmó que la AEROCIVIL en su recurso de
apelación cuestionó la declaratoria de responsabilidad que le fue
atribuida y no expuso ningún argumento en su contra.
Indicó que el a quo adujo que no vulneró los derechos colectivos,
pues pudo constatar con el acervo probatorio que su actuación
obedeció al trámite normativo vigente, sin que de allí se evidenciara
afectación alguna.
IV.3. La CONTRALORÍA aseveró que la frustración del proyecto de
vivienda que la parte actora le endilgó en sede de tutela, no fue
producto de su actuar, sino que, por el contrario, se fundamentó en
la falta de aptitud legal del terreno dispuesto para el efecto, situación
que fue puesta en conocimiento en su momento y que fue ratificada
con las pruebas allegadas al presente proceso.
Se refirió a los argumentos expuestos por el Tribunal en su decisión,
para indicar que las compartía en su totalidad y, en consecuencia,
solicitó confirmar su exoneración de responsabilidad.
V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
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El Ministerio Público solicitó que se confirme parcialmente la
sentencia de 22 de mayo de 2020, excepto en lo que respecta al
numeral quinto de la parte resolutiva, el cual debía ser ajustado en
el sentido de especificar las actividades concretas que debe ejecutar
la AEROCIVIL conforme sus competencias.
Para sustentar su posición se refirió al principio de congruencia de
las sentencias y a los derechos colectivos a la utilización y defensa
de los bienes de uso público y acceso a servicios públicos y señaló
que, de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente,
la AEROCIVIL realizó diversas acciones tendientes a velar por la
seguridad aeroportuaria al punto de suspender el permiso de
operación del aeródromo La Esperanza por cerca de tres años,
además, le indicó al ente territorial las medidas a adoptar para
contrarrestar las deficiencias de seguridad en las áreas críticas
detectadas, pese a certificar en el año 2016 que el aeródromo se
encontraba en buenas condiciones de operación.
Aseguró que si bien no existían en el recurso de apelación
argumentos suficientes de los que se pudiera inferir que no procedía
la imputación de la vulneración de los derechos colectivos, sí se
debían delimitar las obligaciones de la AEROCIVIL para
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acompasarlas con sus competencias técnicas, en el sentido de hacer
un acompañamiento de las acciones que adelante el MUNICIPIO.
Señaló que el MUNICIPIO es el llamado a efectuar las erogaciones
presupuestales para la reparación y ejecución de obras en el
aeródromo, en atención a que el lote donde se encuentra el terminal
aéreo es de su propiedad, conforme se advierte de las escrituras
públicas aportadas y referenciadas por el Tribunal, cuya
circunstancia debe analizarse a la luz del artículo 1º del Decreto 823
de 16 de mayo de 201717, que modificó el artículo 2º del Decreto 260
de 28 de enero de 200418.
Precisó que era posible diferenciar el grado de responsabilidad o de
omisión del MUNICIPIO respecto de la AEROCIVIL, pues:
“[…] no de otra forma puede tenerse como sustento de
demostración de vulneración de los derechos colectivos los
distintos informes rendidos por la Aeronáutica Civil y a su vez
imputarle, con ese mismo informe como soporte, responsabilidad
por el cumplimiento de las recomendaciones realizadas
directamente al ente territorial […]”.
17 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil (Aerocivil) y se dictan otras disposiciones.
18 Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil - AEROCIVIL y se dictan otras disposiciones.
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A su juicio, con la omisión en el acatamiento de las recomendaciones
efectuadas por parte del MUNICIPIO y la ocupación del predio para
fines diferentes, se desconoció el deber del Estado de defensa de los
bienes de uso público, al acceso al servicio público de transporte
aéreo, a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, dando prevalencia al
beneficio de calidad de vida de los habitantes del Municipio y a los
usuarios del servicio de transporte.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199819, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
19 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Conforme se advirtió en precedencia, los hechos que dieron origen a
la presente acción tuvieron su génesis en la acción de tutela
presentada por las demandantes con ocasión de la suspensión del
proyecto de 210 soluciones de vivienda gratuita para el MUNICIPIO,
debido a que en el predio “Villa Rocío”, en el que se iba a efectuar la
construcción, operaba el aeródromo La Esperanza, circunstancia que
fue advertida en su momento por la CONTRALORÍA al ante
territorial y a las entidades encargadas del proceso de adjudicación
del plan del Gobierno Nacional de “100.000 viviendas gratis”, quienes
determinaron que el lote ofertado no cumplía con las condiciones
técnicas y jurídicas requeridas, motivo por el que fue suspendido.
Una vez surtido el respectivo trámite la acción de tutela en mención,
esta Corporación emitió sentencia de segunda instancia el 5 de
noviembre de 2014, en la que encontró probado que FINDETER
declaró la terminación del proyecto de vivienda porque el predio no
era apto y que el hecho que las accionantes hubiesen sido censadas
y se encontraran en la población objeto de priorización, no generaba
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ninguna situación jurídica, derecho o expectativa que pudiera ser
objeto de protección a través de la acción de tutela.
Sostuvo que, no obstante lo anterior, no podía hacerse caso omiso a
las graves irregularidades ventiladas en relación con el lote de
terreno en el que estaba ubicado el aeródromo La Esperanza,
consistentes en el estado de abandono por el MUNICIPIO, quien no
efectuó las adecuaciones sugeridas por la AEROCIVIL y, por el
contrario, construyó un parque al interior de la pista, lo que impedía
la utilización de la misma, y por la falta de cooperación de las
entidades territoriales para su sostenimiento.
Por lo anterior, consideró que en virtud del principio iura novit curia,
debía determinarse sí de las conductas expuestas era posible advertir
la vulneración de derechos colectivos.
Una vez adecuada la acción por parte del Tribunal, profirió
sentencia el 22 de mayo de 2020 en la que consideró que estaba
acreditaba la violación al derecho colectivo de utilización y defensa
de los bienes de uso público respecto del proyecto de vivienda “Villa
Rocío”, pero que se superó por la declaratoria de nulidad del Acuerdo
núm. 012 de 2012, por medio del cual se acordó incorporar el lote
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donde estaba ubicado el aeródromo La Esperanza al perímetro
urbano para la construcción de viviendas de interés social y
prioritario.
Asimismo, estimó que existió vulneración de los derechos colectivos
a la utilización y defensa de los bienes de uso público, acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a
la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes, debido
al estado de abandono en el que se encontraba la pista aérea del
aeródromo del MUNICIPIO, pese a que la AEROCIVIL puso en
conocimiento del ente territorial las dificultades que presentaba y
efectuó unas recomendaciones, las cuales no fueron acatadas.
Por lo tanto, señaló que era necesario que el MUNICIPIO adoptara
los medios para poner en funcionamiento el aeródromo, pues era el
explotador del mismo, y que la AEROCIVIL era la responsable de
velar por la infraestructura aeroportuaria.
Inconforme con la anterior decisión, la AEROCIVIL interpuso
recurso de apelación, en el que solicitó que se delimitaran las
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responsabilidades y obligaciones que le corresponderían al
MUNICIPIO, como propietario y explotador del aeródromo La
Esperanza, y aquellas que le correspondían como autoridad
aeronáutica, en cuanto a la vigilancia y control de la seguridad aérea,
teniendo de presente que no debía realizar aporte presupuestal o de
inversión que implicara la ejecución de obras en el terminal.
Argumentó que el plazo de tres meses señalado por el Tribunal para
dar cumplimiento a las órdenes impartidas era insuficiente, por lo
que solicitó que fuera ampliado.
Explicó que era al explotador del aeródromo a quien le correspondía
realizar y ejecutar todas las obras necesarias para su mantenimiento,
en este caso al MUNICIPIO, quien debía adelantar las obras de
infraestructura bajo su vigilancia, control y supervisión.
Finalmente, solicitó que se incluyera en el comité de verificación a
los MINISTERIOS DE TRANSPORTE y de HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, como encargados de apropiar y delegar el presupuesto
de inversión para este tipo de obras.
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Problema jurídico
Previo a determinar las competencias de la AERONAUTICA y del
MUNICIPIO en la ejecución de las órdenes de amparo proferidas
por el Tribunal, la Sala deberá establecer, sí en efecto, la autoridad
aeronáutica vulneró los derechos colectivos a la utilización y defensa
de los bienes de uso público, acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna y, a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes amparados por el Tribunal, o si,
por el contrario, actuó en el marco de las funciones que legalmente
le han sido asignadas y, por lo tanto, no le resulta atribuible el
presunto estado de abandono del terminal aéreo.
Caso concreto
Para efecto de resolver el problema jurídico planteado en
precedencia, la Sala hará referencia al material probatorio obrante
en el expediente:
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Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
-. Por medio de escritura pública núm.43 de 16 de febrero de 1951
de la Notaría Principal del Circuito de Puente Nacional (Santander),
registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Vélez el 15 de
julio de 1953, con matrícula inmobiliaria 324-59598, se acreditó que
el predio donde se encuentra ubicado el aeródromo La Esperanza es
de propiedad del MUNICIPIO.
-. Mediante la Resolución núm. 306 de 7 de noviembre de 1958, se
dispuso que el MUNICIPIO tiene la administración aeroportuaria del
Aeródromo La Esperanza de manera indefinida.
-. Ahora bien, por medio de la Resolución núm.01618 de 20 de marzo
de 2007, la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE
ordenó a la AEROCIVIL y al Grupo Aéreo de la Superintendencia
Delegada de Concesiones e Infraestructura, descargar de la base
de datos el aeropuerto del MUNICIPIO, toda vez que no se
efectuaban operaciones en él.
-. Ante la situación que se presentaba en el aeródromo la Esperanza,
la AEROCIVIL practicó una visita técnica el 23 de julio de 2013, de
la cual efectuó un informe del que se destaca lo siguiente:
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“[…] DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES
[…] Para cumplir con la norma de franja extremo de pista, se
requiere de 60 metros por el ancho de la franja de pista, por lo que
los umbrales de las cabeceras de pista deben desplazarse
quedando disponibles para operación solo 960 metros […]
La capa superior de la pista es de pavimento flexible
(asfalto), presenta fracturas, erosión y desprendimiento de
material granular, debido a la falta de mantenimiento, los
esfuerzos por el uso, las condiciones de la naturaleza y las
heces de ganado vacuno que pastorea por todo el
aeródromo; cuenta con plataforma de viraje de 3.50 X 19.00
metros de ancho, pero la de la cabecera 21 se construyó
contrario al sentido para la operación de las aeronaves. En
algunos sectores de la pista no se tienen los 16 metros de ancho,
la maleza y vegetación penetran la pista. Respecto a las ayudas
visuales, no cuenta con señalización o demarcación horizontal ni
balizas de umbral (triángulos), tampoco existen mangaveletas en
las cabeceras de pista.
Calle de rodaje
Calle de rodaje en pavimento flexible, asfaltada en mal estado,
presenta las mismas características y condiciones de la pista, con
un ancho de 7.50 metros que conduce a plataforma.
[…] Rampa o plataforma
Plataforma asfaltada de 48x20 metros, en pésimo estado presenta
desprendimiento de material y contaminación con material vegetal
y heces de animales; requiere mantenimiento y señalización
horizontal.
[…] Zonas de seguridad
La franja de pista en algunas zonas tiene 80 metros pero en otros
sectores como la cabecera sur es de solo 60 metros y no están
conformadas, niveladas ni podadas en su totalidad, se deben
realizar obras de adecuación para conformarlas y así garantizar una
franja mínima de 60 metros. Cuenta con canales de drenaje en
tierra, algunas obras de arte hidráulicas en concreto y cerramiento
perimetral completo en postes de concreto y alambre de púas
requiere mantenimiento y lo más preocupante es la cantidad de
ganado vacuno que pastorea en el aeródromo sin control alguno,
lo que no permite garantizar las operaciones aéreas.
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El aeropuerto se encuentra dentro del casco urbano del Municipio.
Al momento de la inspección comprobatoria, se observó la
existencia de algunas pequeñas viviendas sin ningún diseño
urbanístico al sur, unas edificaciones nuevas al oriente, en ambas
zonas por debajo de la cota de la pista y al occidente donde se
encuentra el ingreso principal al aeródromo, un lote donde funciona
una estación de combustible con una infraestructura grande, bien
desarrollada donde se prestan diferentes servicios, lote que está a
tan solo 80 metros de la cabecera 03.
RECOMENDACIONES
1. Garantizar la franja de pista de por lo menos 30 metros a cada
lado del eje, realizar obras de nivelación, acondicionamiento de
la franja, poda y mantenimiento. Controlar el ingreso de
personas y animales en las áreas de maniobra.
2. Realizar mantenimiento y repavimentación de pista, calle de
rodaje y plataforma, obras que se requieren con urgencia para
garantizar la seguridad en las operaciones del aeródromo.
3. Efectuar la señalización horizontal de la pista, rodaje y
plataforma, pues no cuenta con ningún tipo de señalización.
4. Emplazar las mangaveletas en las dos cabeceras de la pista y las
balizas de umbral (triángulos) cumpliendo con la norma en
cuanto a distancias y características.
5. Efectuar limpieza de canales y revestirlos en concreto.
6. En la franja extremo de pista, zona de seguridad de la cabecera
03 se presenta erosión y desprendimiento del talud, se deben
realizar obras de estabilización del mismo construyendo un muro
de contención en concreto o en gaviones escalonados dejando
drenajes controlados.
7. Existe una sola edificación dentro del aeródromo junto a la
plataforma en regular estado, es una caseta que requiere
mantenimiento.
8. Realizar el mantenimiento cerramiento perimetral en los tramos
donde se encuentra rota la misma, para garantizar que terceras
personas y/o animales penetren áreas restringidas y operativas.
9. Controlar el desarrollo urbanístico en las áreas de influencia del
aeródromo. Las autoridades administrativas y políticas del
Municipio deben tomar medidas y decisiones respecto al
desarrollo controlado del entorno […]” (Resaltado de la Sala).
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-. Mediante Oficio núm. 4404.198.1-201400624 de 7 de enero de
2014 la AEROCIVIL le informó al Alcalde del MUNICIPIO lo
siguiente:
“[…] Como el propietario y explotador es el Municipio de
Barbosa, es su responsabilidad mantener el aeródromo en
condiciones mínimas óptimas para su operación y
garantizar la seguridad en las operaciones aéreas como lo
determina la norma.
[…] Recomendaciones de las cuales no se ha recibido
pronunciamiento de su ejecución por parte de la Alcaldía de
Barbosa en su condición de dueña del aeródromo y que nos
permitiera levantar la medida de suspensión.
2. La entidad suspendió las operaciones aéreas inicialmente
por un término de dos meses, mediante NOTAM publicado a
partir del 21-sep-13 hasta el 22-Nov-13, para que la
administración municipal subsanara las deficiencias
encontradas y notificadas. Suspensión que se prorroga
mediante publicación de NOTAM a partir del 22-Nov-13 hasta el
21-Feb-14, en consideración de nuestra competencia como
autoridad aeronáutica.
3. Mediante oficio fechado septiembre 02 de 2013 y dirigido al
Director de la Aeronáutica Civil, la Alcaldesa de Barbosa señala que
mediante Acuerdos Municipales No. 012 de agosto 21 de 2012 y
No. 006 de 28 de abril de 2013, se modificó el uso del suelo del
inmueble donde funciona el aeródromo “La Esperanza” y se destinó
éste para la construcción de 210 viviendas de interés prioritario, ya
que fueron beneficiados por parte del Ministerio de Vivienda dentro
del programa del orden nacional; adicionalmente en dichos
acuerdos se dispuso el traslado del aeródromo a una zona rural en
la Vereda “Pozo Negro” […]” (Resaltado de la Sala).
-. La AEROCIVIL informó que luego de inspección técnica
comprobatoria realizada al aeródromo La Esperanza, el 15 de mayo
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de 2014, se pudo constatar la presencia de un gimnasio al aire libre
ubicado en ese predio sobre la franja de la pista.
-. Asimismo, la AEROCIVIL certificó en el año 2014 que, para ese
momento, el aeródromo la Esperanza no cumplía con los requisitos
técnicos mínimos que garantizara la seguridad de las operaciones
aéreas por falta de mantenimiento de las instalaciones
aeroportuarias, las cuales debían ser ejecutadas por el MUNICIPIO
como propietario y explotador del aeropuerto, motivo por el que,
como medida preventiva, se mantenía suspendido el permiso de
operación.
-. La PROCURADURÍA realizó una visita técnica al aeródromo La
Esperanza los días 25, 26 y 27 de marzo de 2015, como consta en la
respectiva acta, en la que se consignó lo siguiente:
“[…] el Municipio no ha adelantado ningún estudio para el
mejoramiento donde se encuentra el aeródromo que se encuentra
cerrado. […] Técnicamente, para adecuar el aeródromo se debe
generar un proyecto donde se proponga la construcción de una
torre de control, la cual no existe y su dotación integra como son
radio ayudas, antenas de radar, rehabilitar la pista haciendo un
cambio en la base y subbase y las capas de rodadura de la pista;
lo que implica hacerlo nuevo, y adicional a eso en el Acuerdo 06
de 2012, se modifica la construcción en altura en Barbosa, por tal
razón, se han aprobado unos proyectos de edificaciones
aledañas al sector del aeródromo que restringirían el
aterrizaje de la aeronave. Por los anteriores motivos no podría
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ser viable la rehabilitación del aeródromo […]” (Resaltado de
la Sala).
-. La AEROCIVIL practicó nuevamente una visita técnica al
aeródromo La Esperanza, los días 21 y 22 de septiembre de 2015,
para determinar las condiciones técnicas y operativas que presentaba
en ese momento, de la cual se destaca lo siguiente:
“[…] El aeródromo La Esperanza es propiedad y explotado por el
municipio de Barbosa, es de uso público y a la fecha la Aeronáutica
Civil tiene suspendidas las operaciones aéreas mediante NOTAM,
dado que el aeropuerto presenta algunas deficiencias técnicas
reportadas en el informe presentado por el Grupo Inspección de
Aeropuertos en la más reciente visita realizada en junio de 2013;
consideraciones y recomendaciones que deberían ser acatadas por
parte del municipio, para garantizar las condiciones mínimas de
seguridad en las operaciones aéreas.
La administración municipal de Barbosa, no ha realizado
ningún tipo de mantenimiento al aeropuerto y al parecer
expidió licencias de construcción sin el debido concepto
técnico que emite la autoridad aeronáutica.
Recomendaciones
1. Mantener la NOTAM de suspensión del aeródromo hasta
tanto no se acaten las observaciones y consideraciones del
presente informe y se realice una nueva visita de inspección
técnica comprobatoria.
2. Garantizar la franja de pista de por lo menos 30 metros a cada
lado del eje, retirar los obstáculos mencionados, realizar obras de
nivelación, acondicionamiento de la franja, poda y mantenimiento,
controlar el ingreso de personas y animales en las áreas de
maniobra.
3. Realizar mantenimiento de pista, calle de rodaje y plataforma,
obras que se requieren con urgencia para garantizar la seguridad
en las operaciones del aeródromo la seguridad en las operaciones
del aeródromo.
4. Efectuar la señalización horizontal de la pista, rodaje y
plataforma.
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5. Emplazar las mangavaletas en las dos cabeceras de la pista y
las balizas de umbral (triángulos) cumpliendo con la norma en
cuanto a distancias y características.
6. Efectuar limpieza y mantenimiento de canales y obras
hidráulicas.
7. En la franja extremo de pista, zona de seguridad de la cabecera
03 se presenta erosión y desprendimiento del talud, se deben
realizar obras de estabilización del mismo construyendo un muro
de contención en concreto o en gaviones escalonados dejando
drenajes controlados.
8. Existe una caseta dentro del aeródromo, contiguo a la
plataforma, la cual requiere mantenimiento.
9. Realizar el mantenimiento del cerramiento perimetral en los
tramos donde se encuentra rota la misma, para garantizar que
terceras personas y/o animales penetren en áreas restringidas y
operativas.
10. Controlar el desarrollo urbanístico en las áreas de
influencia del aeródromo, las autoridades administrativas y
políticas del Municipio deben tomar medidas y decisiones
respecto al desarrollo controlado del aeródromo […]”
(Negrilla de la Sala).
-. Ahora bien, por medio de la Resolución núm. 00986 de 13 de abril
de 2016, la AEROCIVIL levantó la suspensión de permiso de
operación del aeródromo La Esperanza, pues encontró que luego de
la inspección técnica realizada el 4 de marzo de ese año, el
aeródromo estaba en buenas condiciones de operación, de acuerdo
con el reporte de inspección técnica núm.2002-2016006232 de 15
de marzo de 2016; asimismo, se dispuso que el permiso de operación
sería ilimitado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 14.2.3.6
de los RAC, y que su explotación estaría a cargo del MUNICIPIO.
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-. El Despacho sustanciador, mediante auto para mejor proveer de
1º de abril de 2022, solicitó a la AEROCIVIL efectuar una visita
técnica al aeródromo La Esperanza, para verificar si se habían llevado
a cabo las recomendaciones impartidas en las diferentes visitas
técnicas previamente practicadas; el estado actual y; si era apto para
prestar el servicio para el que fue dispuesto.
En respuesta, la AEROCIVIL allegó los siguientes documentos:
i.- Informe ejecutivo de visita de inspección, vigilancia y control al
Aeródromo La Esperanza del MUNICIPIO de 22 de septiembre de
2021, en el que indicó que su operación era Nacional y, por ende, no
le correspondía controlarlo y, además, manifestó lo siguiente:
“[…] 17. Aspectos positivos para resaltar hoy: No hay, se
recomienda la suspensión del permiso de operación, por no
cumplir con las condiciones mínimas de seguridad
operacional.
NO CONFORMIDAD
18. DESCRIPCIÓN 19. NORMA (S) QUE
APLICA (N)
Superficie de la pista en mal estado y 14.3.2.6
sin señalización horizontal, presencia
de maleza en la superficie
Cerramiento perimetral en mal 14.3.9.10.1
estado, permite el paso de animales y
personal sin control
Las franjas de seguridad no están 14.3.3.4.
conformadas ni niveladas, además
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existen obstáculos y residuos sobre
las mismas
No cuenta con las ayudas visuales 4.5.1.1.
mínimas como los indicadores de
dirección de viento ni las señales de
umbral de pista
Presencia de obstáculos dentro de las 14.3.4.1 […]”.
zonas de seguridad
ii-. Oficio núm. 5201-2021035449 de 26 de octubre de 2021, por
medio del cual la AEROCIVIL le informó al MUNICIPIO que
suspendió el permiso de operación del aeródromo La Esperanza, en
el que argumentó:
“[…] De acuerdo con la visita de vigilancia y control efectuada
aeródromo del asunto el 22 de septiembre de 2021, en la cual se
pudo evidenciar que el aeródromo la Esperanza del Municipio de
Barbosa Santander, actualmente no cumple con las condiciones
mínimas de Seguridad Operacional, teniendo en cuenta el mal
estado del cerramiento perimetral, el mal estado de la superficie
de la pista, la falta de nivelación y conformación de las franjas de
seguridad las cuales están con varios obstáculos y que no cuenta
con las ayudas visuales mínimas como son los indicadores de
dirección de viento y los triángulos de señal de umbral, me permito
informarle que la Autoridad Aeronáutica ha decidido suspender el
permiso de operación con el fin de evitar futuros incidentes y/o
accidentes que se puedan ocasionar por este incumplimiento
normativo […]”.
-. En el informe de rendición de cuentas del año 2021 de la
AEROCIVIL, publicado en su página web20, advirtió que en el año 2019
20Información tomada de la página web de la AEROCIVIL, conforme lo autoriza el
inciso 5° del artículo 177 del CGP, la cual puede ser consultada en el siguiente
enlace:
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion/Rendicin%20de%20cuentas/
INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021%20AEROCIVIL.pdf.
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suscribió con ENTerritorio el convenio interadministrativo núm.
19000985 H321 que tenía por objeto “[…] brindar asistencia técnica
en asuntos aeronáuticos, aeroportuarios y en estructuración de
proyectos, para el fortalecimiento de la infraestructura del transporte
aéreo […]”, por un valor de alrededor de $5.000 millones. Dentro de
los Municipios favorecidos se encuentra el de Barbosa por el
aeródromo La Esperanza. Respecto de dicho contrato, la autoridad
aeronáutica aseguró que:
“[…] El objeto del Convenio es brindar asistencia técnica en
asuntos aeronáuticos, aeroportuarios y en estructuración de
proyectos, para el fortalecimiento de la infraestructura del
transporte aéreo. Adicionalmente, se adelanta la formulación de
Terminal Aeroportuaria como Proyecto Tipo, con metodología del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), que le permitirá a las
Entidades Territoriales acceder a este proyecto cuando requieran
la construcción o mejoramiento de sus terminales aeroportuarias.
Para la ejecución del convenio, se contrató a ENTerritorio, por un
valor de alrededor de $5.000 millones. Este Contrato concluyó el
30 de septiembre de 2021 y el Convenio con las Entidades
Territoriales el 30 de octubre de 2021. Se destacan los siguientes
productos:
21Esta información fue corroborada con el SECOP, en el que se advirtió un contrato
de consultoría suscrito por ENTerritorio que tiene la siguiente descripción: “[…]
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2020625
SUSCRITO CON LA UNIÓN TEMPORAL AERODROMOS PARA EL DESARROLLO DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III, Y FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AERÓDROMOS DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 219142
(ENTERRITORIO), 19001605 H3 (AEROCIVIL), INCLUYENDO EL DESARROLLO
DE UN PROYECTO TIPO DE TERMINAL AÉREO, PARA UN VOLUMEN DE HASTA
50000 PASAJEROS/ AÑO […]” (Resaltado de la Sala). La información respecto del
contrato de consultoría puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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• Inventario y diagnóstico: Informe de Inventario y Diagnóstico de
cada uno de los aeródromos, lado Aire y lado Tierra.
• Planificación: Documento de Planificación Aeroportuaria para
cada uno de los aeródromos
• Estudios y diseños a Fase III:
• Diseños Lado Aire y Lado Tierra
• Informe de estudio de suelos y diseño
• Documentación de estudios ambientales: - Documentación
contractual – Perfilamientos
• Entidad contratante -Consultas efectuadas a Entidades - Estudios
efectuados en etapa de diagnóstico - Registro fotográfico - Análisis
de área de influencia del proyecto - Consultas plataformas
ambientales - Diseños Propuestos por la Consultoría - Gestión
Proveedores de Material - Investigación de ZODMES Autorizadas -
Listado de gestores RESPEL - Hojas de seguridad - Control de
fauna, Insumos de trámite de aprovechamiento forestal - Insumos
trámite ocupación de Cauce -Plan de Gestión RCD.
• Informe de Geotecnia y Pavimentos, Diagnóstico y Levantamiento
de Campo.
• Formulación de proyecto de inversión MGA: Informe de proyecto
arquitectónico de los seis (6) aeródromos – Proyecto
Arquitectónico. Informe predial y estudio de títulos
• Gestión financiera y presupuestal: Formulación de un proyecto
de Inversión. Análisis Financiero y presentación de ajustes a
consulta fuentes de financiamiento; e inclusión en el modelo de
escenario considerando que la inversión la realiza en su totalidad
el sector público.
• Capacitaciones: Se entregó cartilla de capacitación aeroportuaria
que sirvió como soporte para el desarrollo de las capacitaciones en
los municipios objetos del Convenio Interadministrativo, donde se
dictaron ochenta (80) horas distribuidas en jornadas pedagógicas
diarias de ocho (8) horas, dictando veinte (20) horas por tema de
acuerdo con los siguientes temas: i) Gestión en seguridad
operacional, ii) Administración Aeroportuaria, iii) Apoyo Técnico en
Trámites Operacionales y iv) Gestión del Riesgo […]”.
De lo expuesto, la Sala destaca que en el año 2013 la AEROCIVIL
realizó una visita técnica a las instalaciones del aeródromo en
comento, en la que encontró que el terminal aéreo estaba en
precarias condiciones por la falta de mantenimiento de parte del
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MUNICIPIO, lo que impedía su normal funcionamiento, razón por la
que realizó una serie de recomendaciones que no fueron acatadas.
Asimismo, se pudo evidenciar que para el año 2014 las malas
condiciones del terminal aéreo seguían sin ser corregidas, lo que
motivó a la AEROCIVIL a suspender las operaciones áreas para que
las deficiencias fueran subsanadas, sin que existiera respuesta
positiva al respecto; por el contrario, lo que advirtió la autoridad
aeronáutica fue la construcción de un gimnasio al aire libre sobre la
franja de la pista.
Ahora bien, para el año 2015, todavía no se habían adelantado las
acciones necesarias para lograr el mejoramiento de las instalaciones
del aeródromo La Esperanza, el cual se encontraba cerrado debido a
la suspensión de operaciones realizada por la AEROCIVIL.
Aunado a lo anterior, conforme se advierte de lo informado por la
PROCURADURÍA y la AERONAÚTICA, al parecer, el MUNICIPIO
expidió licencias de construcción sin el debido concepto técnico
emitido por parte de la autoridad aeronáutica, que es la encargada
de controlar que las construcciones aledañas a los aeródromos o
aeropuertos no obstaculicen las operaciones áreas.
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Con base en lo precedente, la AEROCIVIL recomendó, en ese
momento, que se mantuviera la suspensión del permiso de operación
del aeródromo hasta tanto no se acogieran las observaciones
efectuadas desde el año 2013.
Ya para el año 2016, la AEROCIVIL encontró en la inspección técnica
al aeródromo que aparentemente estaba en buenas condiciones de
operación, razón por la que decidió levantar la suspensión al permiso
de operación y dispuso que sería ilimitado.
No obstante, en una nueva visita técnica realizada en el año 2021
por parte de la autoridad aeronáutica al aeródromo, pudo evidenciar
que la terminal aérea no cumplía con los requisitos mínimos
de seguridad operacional, motivo por el que decidió suspender el
permiso de operación con el fin de evitar incidentes y accidentes.
En consecuencia, la Sala advierte que desde el año 2013 la
AEROCIVIL ha puesto de presente la necesidad de adecuar el
aeródromo La Esperanza para que cumpla con los requisitos mínimos
de seguridad, sin que a la fecha de la presente providencia, año
2022, hayan sido acatados en debida forma, pues de la visita
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efectuada en el 2021 se observa que las mismas deficiencias han
persistido a lo largo de los años.
Determinado el mal estado en que se encuentra el aeródromo, es
preciso establecer quién es el responsable de su operación y
mantenimiento, pues sólo así es posible determinar si,
efectivamente, la AEROCIVIL participó en la vulneración de los
derechos colectivos declarada por el Tribunal.
De conformidad con el material probatorio analizado en precedencia,
la Sala advierte que el aeródromo La Esperanza es de propiedad del
MUNICIPIO, no solo porque está en un predio que le pertenece,
sino porque, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución núm. 306
de 7 de noviembre de 1958, el ente territorial tiene la administración
aeroportuaria del aeródromo de manera indefinida y, además, cuenta
con el permiso de operación del terminal aéreo según lo informó la
AEROCIVIL, razón por la que aquél es el encargado de su
explotación y mantenimiento.
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En efecto, respecto del mantenimiento de los aeródromos22, el
numeral 14.3.10.1 de los RAC 1423, reglamento adoptado por la
AEROCIVIL mediante Resolución núm. 01092 de 13 de marzo de
200724, prevé lo siguiente:
“[…] 14.3.10. MANTENIMIENTO DE AERÓDROMOS
14.3.10.1. Generalidades. El explotador de un aeropuerto abierto
a la operación pública debe establecer un plan de
mantenimiento, incluyendo cuando sea apropiado un programa
de mantenimiento preventivo, para asegurar que las
instalaciones, los sistemas de iluminación, las ayudas
visuales, el área de maniobras, las zonas de seguridad se
conserven en condiciones tales que no afecten
desfavorablemente a la seguridad, regularidad o eficiencia
de la navegación aérea […]” (Destacado de la Sala).
Ahora bien, el artículo 1813 del Código de Comercio dispone que
ningún aeródromo puede ser utilizado sin permiso de operación
otorgado por la AEROCIVIIL, lo que implica que ésta es la que
22Los aeródromos fueron definidos por el artículo 14.1 de los RAC 14 como el “Área
definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y
equipos) destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en
superficie de aeronaves”. Asimismo, dicha norma también trae las siguientes
definiciones:
“[…] Aeródromo certificado. Aeródromo que ha sido objeto de inspección y en
consecuencia, se le ha emitido a su explotador la correspondiente certificación,
previa comprobación de los requisitos técnicos establecidos en esta parte de los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
Aeropuerto. Todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para
pasajeros y/o carga y que a juicio de la UAEAC, posee instalaciones y servicios de
infraestructura aeronáutica suficientes para ser operado en la aviación civil […]”.
23 Información disponible en la siguiente página web:
https://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/reglamentacion/rac
24 “Por la cual se adoptan unas normas sobre Aeródromos, Aeropuertos y
Helipuertos y se adicionan como Parte Décimo Cuarta a los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia”.
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autoriza las operaciones de las terminales aéreas en el País; lo cual
también puede advertirse de lo ordenado en el artículo 2° del Decreto
1294 de 14 de octubre de 202125, en el que se dispuso que a dicha
entidad le compete, entre otras funciones,: i) “[…] regular,
certificar, vigilar y controlar, en materia aeronáutica a los
proveedores de servicios a la aviación civil, el uso del espacio aéreo
colombiano y la infraestructura dispuesta para ello […]”26; y ii)
“[…] prestar los servicios a la navegación aérea y operar las ayudas
requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se
efectúe con seguridad […]”.
Asimismo, la Sala pone de manifiesto que el artículo 1822 del Código
de Comercio prevé los eventos en los que procede la cancelación o
suspensión del permiso de operación en los siguientes términos:
“[…] ARTÍCULO 1822. <CASOS DE CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN
DEL PERMISO DE OPERACIÓN DE AERODROMO>. El permiso de
operaciones de un aeródromo podrá suspenderse o cancelarse en
los siguientes casos:
1) Cuando desde el aeródromo se atente contra la seguridad del
Estado;
2) Cuando no se cumpla lo dispuesto en el artículo 1812, o en
cualquier otra forma se abuse del aeródromo;
3) Cuando se autorice, a solicitud del propietario. Si el explotador
fuere persona distinta, se requerirá su asentimiento;
25 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil (Aerocivil)”.
26 Resaltado de la Sala.
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4) Cuando se deteriore en forma peligrosa para las maniobras, y
5) Cuando no se lleve el registro de aeronaves que toquen en el
aeródromo o no se cumplan las órdenes y los reglamentos de la
autoridad.
PARÁGRAFO. Si el permiso de operación expira o es suspendido o
cancelado la autoridad aeronáutica impedirá la explotación […]”.
Aunado a lo anterior, la Sala resalta que a la AEROCIVIL, como
máxima autoridad aeronáutica, se le otorgó la facultad de sancionar
administrativamente a los particulares, personas naturales o
jurídicas relacionadas con el sector, por la violación de los
reglamentos aeronáuticos y las demás normas que regulan las
actividades del sector aeronáutico27.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que la desidia y falta
de compromiso del MUNICIPIO, como operador del aeródromo, ha
afectado los derechos colectivos aquí debatidos, pues han sido 9 años
en los que de manera constante la AEROCIVIL ha evidenciado que
el terminal aéreo no cumple con las condiciones mínimas de
seguridad operacional lo que ha dado lugar a la suspensión del
permiso de operación, sin que, a la fecha, el ente territorial haya
adoptado acciones eficaces que permitan el mejoramiento de ese
bien de uso público.
27 Artículo 55 de la Ley 105 de 1993.
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La Sala advierte que aun cuando en el año 2016 se levantó la
suspensión del permiso de operación, porque supuestamente se
adoptaron las recomendaciones realizadas por la autoridad
aeronáutica, lo cierto es que en la actualidad el mal estado del bien
es evidente y, por ende, fue necesario, nuevamente, que la
AEROCIVIL tomara la decisión de suspender las operaciones en el
aeródromo La Esperanza al no cumplir con las condiciones mínimas
de seguridad, lo que evidencia la existencia de una afectación a un
bien de propiedad del Estado, todo lo cual, indefectiblemente, ha
redundado en la vulneración de los derechos colectivos aquí
debatidos.
Así las cosas, el único responsable de la afectación de los derechos
ha sido el MUNICIPIO, pues la AEROCIVIL cumplió con las
obligaciones y deberes que le asistían, esto es, regular, certificar,
vigilar y controlar el aeródromo La Esperanza, habida cuenta que
realizó diferentes visitas técnicas, expidió las respectivas
recomendaciones y tomó, en su momento, las decisiones pertinentes
en cuanto al permiso de operación, lo que evidencia el ejercicio de
sus competencias como máxima autoridad aérea, sin que le sea
posible ejecutar acciones diferentes a éstas, dado que, como se vio,
la operación y mantenimiento no son de su resorte.
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En consecuencia, al MUNICIPIO es a quien le compete adelantar
todas aquellas gestiones necesarias de mantenimiento para asegurar
que las instalaciones, los sistemas de iluminación, las ayudas
visuales, el área de maniobras y las zonas de seguridad se conserven
en condiciones tales que no afecten desfavorablemente la seguridad,
regularidad o eficiencia de la navegación aérea, aspectos que no
fueron atendidos en debida forma por parte del ente territorial
demandado.
Todo lo anterior, conduce a modificar los numerales 4° y 5° de la
parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de excluir a la
AEROCIVIL como responsable de la vulneración de los derechos
colectivos deprecados y de la ejecución de las medidas de
mantenimiento del aeródromo.
Lo expuesto no obsta para que la Sala inste a la AEROCIVIL para
que continúe, en el marco de sus funciones, ejerciendo las labores
de verificación para que el aeródromo La Esperanza se encuentre en
perfectas condiciones de funcionamiento e inicie las investigaciones
a que haya lugar si el MUNICIPIO no atiende las recomendaciones
que se le impartan.
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Ahora, la Sala observa que las órdenes contenidas en el ordinal 1 del
numeral 5º de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, fueron adoptadas con fundamento en las recomendaciones
de la AEROCIVIL en el oficio 4401-085.250.1-2012031704 de 23 de
julio de 2013, las cuales, en su mayoría, siguen vigentes como se
advierte de la visita efectuada el 22 de septiembre de 2021 por la
autoridad aeronáutica.
En efecto, el siguiente cuadro comparativo da cuenta de lo expuesto:
Órdenes impartidas por el Resultados de la visita
Tribunal con fundamento en el efectuada por la AEROCIVIL el
oficio 4401-085.250.1- 22 de septiembre de 2021
2012031704 de 23 de julio de
2013
Garantizar la franja de pista de por “[…] Las franjas de seguridad no
lo menos 30 metros a cada lado del están conformadas ni niveladas,
eje, realizar obras de nivelación, además existen obstáculos y
acondicionamiento de la franja, residuos sobre las mismas […]”
poda y mantenimiento. Controlar el
ingreso de personas y animales en
las áreas de maniobra.
Realizar mantenimiento y “[…] Superficie de la pista en mal
repavimentación de pista, calle de estado y sin señalización
rodaje y plataforma, obras que se horizontal, presencia de maleza en
requieren con urgencia para la superficie […]”
garantizar la seguridad en las
operaciones del aeródromo.
Efectuar la señalización horizontal “[…] Superficie de la pista en mal
de la pista, rodaje y plataforma, estado y sin señalización
pues no cuenta con ningún tipo de horizontal, presencia de maleza en
señalización. la superficie […]”
Emplazar las mangaveletas en las “[…] No cuenta con las ayudas
dos cabeceras de la pista y las visuales mínimas como los
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balizas de umbral (triángulos) indicadores de dirección de viento
cumpliendo con la norma en cuanto ni las señales de umbral de pista
a distancias y características. […]”.
Realizar el mantenimiento “[…] Cerramiento perimetral en mal
cerramiento perimetral en los estado, permite el paso de
tramos donde se encuentra rota la animales y personas sin control
misma, para garantizar que […]”
terceras personas y/o animales
penetren áreas restringidas.
Además de lo anterior, se observa que la AEROCIVIL en su última
visita no se refirió a: i) la limpieza de canales y a la necesidad de
revestirlos en concreto; ii) las obras de estabilización para el control
de la erosión y desprendimiento del talud de la franja extremo de la
pista, zona de seguridad de la cabecera; y iii) el mantenimiento de
la caseta ubicada en el aeródromo, cuyas medidas fueron ordenadas
por el Tribunal.
Asimismo, la Sala destaca que en la visita de 22 de septiembre de
2021 la AEROCIVIL dio cuenta de la presencia de obstáculos en la
zona de seguridad, respecto de los cuales no se hizo mención alguna
en las órdenes de amparo impartidas por el Tribunal.
Con fundamento en lo anterior, la Sala modificará el ordinal 1 del
numeral 5º de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, en el sentido de excluir las órdenes de amparo a las que
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no se hizo referencia en la última visita técnica e incluirá la
relacionada con la presencia de obstáculos en la zona de seguridad
para ordenar su remoción.
En relación con el ordinal 2 del numeral 5° de la parte resolutiva de la
sentencia, que hace referencia al control del desarrollo urbanístico en las
áreas de influencia del aeródromo, la Sala advierte lo siguiente:
El artículo 1823 del Código de Comercio define la superficie de despeje
como “[...] las áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, que se
extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones28, en las cuales
está limitada la altura de los obstáculos a la circulación aérea […]”, y le
asigna la competencia a la AEROCIVIL de determinar dicha superficie y
la altura máxima de las construcciones y de las plantaciones29.
28 Resaltado de la Sala.
29 Código de Comercio, artículo 1823: “<DEFINICIÓN DE SUPERFICIE DE DESPEJE>.
Denomínanse superficies de despegue las áreas imaginarias, oblicuas y horizontales, que se
extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, en las cuales está limitada la altura
de los obstáculos a la circulación aérea.
La autoridad aeronáutica determinará las superficies de despeje y la altura máxima de las
construcciones y plantaciones bajo dichas superficies”.
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Asimismo, del artículo 1824 ibidem se advierte que las
construcciones o plantaciones que irrumpan en el área de despeje
deben ser autorizadas por la AEROCIVIL30.
Por su parte, los artículos 1825 y 1826 prevén lo siguiente:
“ARTÍCULO 1825. <OBLIGACIÓN DEL PROPIETARIO A PERMITIR
SEÑALAMIENTO DE OBSTACULOS>. Todo propietario de un
inmueble está en la obligación de permitir el señalamiento de los
obstáculos que podrían constituir un peligro para la circulación
aérea a juicio de la autoridad aeronáutica. La instalación y
funcionamiento de las marcas, señales o luces correrán a cargo del
explotador del aeropuerto, salvo respecto de los obstáculos
levantados con posterioridad al permiso de operación del
aeródromo, que correrán a cargo de propietario del obstáculo”.
“ARTÍCULO 1826. <REMOCIÓN DE OBSTACULOS QUE PERTURBEN
LIBRE TRANSITO DE LAS PISTAS>. Es obligación del explotador de
una aeronave, máquina o equipo que perturbe el libre tránsito de
las pistas, rampas o zonas de rodamiento de un aeródromo de
removerlo tan pronto la autoridad aeronáutica así lo ordene. De no
hacerlo dentro de un plazo prudencial, dicha autoridad podrá
disponer lo pertinente para su remoción, a expensas del
explotador, dentro de lo que las circunstancias inmediatas
aconsejen, y sin que a dicha autoridad le quepa responsabilidad
por los daños que puedan causarse a la aeronave, máquina o
equipo”.
De igual forma, sobre dicho asunto, los RAC 1431 tiene como obstáculo
o impedimento para la aviación “[…] toda construcción, plantación,
instalación o actividad, ubicada en las inmediaciones de los
30 Código de Comercio, artículo 1824 “<PERMISO DE AUTORIDAD AERONÁUTICA PARA
LEVANTAR CONSTRUCCIONES O PLANTACIONES>. Dentro de las áreas a que se refiere el
inciso 2o. del artículo anterior, no se podrán levantar construcciones o plantaciones sin
permiso de la autoridad aeronáutica”.
31 Adoptado mediante Resolución núm. 01092 del 13 de marzo de 2007.
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aeropuertos, dentro de un radio de 13 km a la redonda, contados a
partir del punto de referencia de aeródromo – ARP que aún sin
constituir un obstáculo físico permanente, impidan el vuelo seguro
de las aeronaves en inmediaciones de los aeropuertos y durante su
aproximación y salida de los mismos y particularmente, cuando
dichas instalaciones o actividades, puedan ocasionar la presencia de
aves en las áreas descritas (peligro aviario) con el consecuente riesgo
de colisión contra las aeronaves, poniendo en peligro la seguridad del
vuelo y la vida y bienes de personas a bordo o en la superficie”32.
Por su parte, el artículo 14.3.4 de los RAC 1433 prevé que la
AEROCIVIL debe emitir un concepto sobre la altura de las
construcciones en las áreas de influencia de los aeródromos,
incluyendo “edificios, bodegas, hangares sencillos, línea de hangares,
líneas de alta tensión, terminales de carga, fábricas, bodegas, silos y
construcciones en áreas de servidumbre Aeroportuaria y Aeronáutica
y las que por su actividad puedan llegar a constituirse en un
obstáculo, o generar la presencia de aves. Así mismo, para el caso
de mástiles de antenas, emisoras, líneas de alta tensión o estructuras
que se desarrollen en el territorio nacional y que puedan constituir
32 RAC 14, Artículo 14.3.4.2.7.1.
33 Adoptado mediante Resolución núm. 01092 del 13 de marzo de 2007
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peligro para las operaciones aéreas y sean superiores a 15 metros
sobre el nivel del terreno […]”.
La norma en comento también dispuso que dicho concepto no
constituía un permiso de construcción, el cual debía ser emitido
por las autoridades correspondientes.
En efecto, al MUNICIPIO, en su calidad de ordenador del territorio,
le corresponde ejercer la función pública del urbanismo, la cual, en
los términos del artículo 3° de la Ley 388 de 18 de julio de 199734,
tiene como uno de sus fines el de posibilitar a sus habitantes el
acceso a las infraestructuras de transporte y atender los procesos de
cambio en el uso del suelo y adecuarlo para el interés común.
El MUNICIPIO en ejercicio de su función pública de ordenamiento
del territorio, la cual se ejerce a través de la acción urbanística
contenida en los planes de ordenamiento territorial, debe “[…]
localizar y señalar las características de la infraestructura
para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y
34 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.
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peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y
social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos35 […]”36.
Asimismo, el artículo 10° ibidem dispuso como determinante para la
elaboración de los planes de ordenamiento territorial el señalamiento
y localización de los aeropuertos y las directrices de ordenamiento
para su área de influencia37; y el artículo 15 idem previó como norma
urbanística general las especificaciones de alturas para los procesos
de edificación38.
35 Resaltado fuera del texto.
36 Ley 388 de 1997, Artículo 8°.
37 Ley 388 de 1997, artículo 10°: “DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen
normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la
Constitución y las leyes:
[…]
3. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial
nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua,
saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para
sus áreas de influencia […]” (Resaltado fuera del texto)
38 Ley 388 de 1997, artículo 15: “NORMAS URBANISTICAS. Las normas urbanísticas regulan
el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las
consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de
estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo con los criterios de
prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán establecidos los procedimientos
para su revisión, ajuste o modificación, en congruencia con lo que a continuación se señala.
[…]
2. Normas urbanísticas generales
Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así como
actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e
incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro
urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan derechos e imponen obligaciones
urbanísticas a los propietarios de terrenos y a sus constructores, conjuntamente con la
especificación de los instrumentos que se emplearán para que contribuyan eficazmente a
los objetivos del desarrollo urbano y a sufragar los costos que implica tal definición de
derechos y obligaciones.
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Todo lo anterior, permite a la Sala concluir que es al MUNICIPIO al
que le corresponde ejercer el control sobre las edificaciones que se
construyan en las inmediaciones de los aeródromos, en atención a
sus funciones de ordenamiento del territorio y la acción urbanística
que ostenta, cuyas competencias deben ejercerse en colaboración
con la AEROCIVIL, pues a dicha entidad le corresponde conceptuar
sobre la altura de las construcciones en las áreas de influencia del
terminal aéreo.
En consecuencia, debido a que la PROCURADURÍA y la AEROCIVIL
dieron cuenta que, al parecer, el MUNICIPIO expidió licencias de
construcción sin el debido concepto técnico emitido por parte de la
autoridad aeronáutica respecto de las alturas y demás asuntos que
puedan influir desfavorablemente en la operación aérea, resulta
necesaria la orden impartida por el Tribunal en el ordinal 2 del
numeral 5° de la parte resolutiva de la providencia apelada, en
atención a la naturaleza preventiva que ostenta la acción popular.
En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en ellas también
debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e igualmente, los motivos
generales que a iniciativa del alcalde permitirán su revisión parcial. En consecuencia,
además de las regulaciones que por su propia naturaleza quedan contenidas en esta
definición, hacen parte de las normas urbanísticas:
2.1 Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los procesos de
edificación […]”.
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Sin embargo, a juicio de la Sala, dicha orden debe ser modificada en
el sentido de incluir a la AEROCIVIL por ser la encargada de emitir
el correspondiente concepto técnico, razón por la que el ente
territorial debe actuar en colaboración con aquélla, y, además, se les
ordenará que realicen las actuaciones que, en el marco de sus
competencias, les corresponda en el caso de hallar edificaciones o
actividades que representen un riesgo para la operación aérea.
Además, la Sala adicionará un tercer ordinal en el que se le ordenará
al MUNICIPIO que se abstenga de otorgar licencias de construcción
o autorizar actividades en el área de influencia del aeródromo La
Esperanza que representen un riesgo para la operación aérea.
La Sala aclara que la intervención de la AEROCIVIL en la orden de
amparo del ordinal 2, de ninguna manera implica una declaratoria de
responsabilidad en la amenaza de los derechos colectivos
amparados, -la cual solamente le es atribuible al MUNICIPIO por su
omisión en el adecuado ejercicio de sus funciones relacionadas con
el ordenamiento del territorio-, sino que obedece a la obligación del
juez popular de exigir la realización de conductas necesarias para
proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado,
conforme lo ordena el artículo 34 de la Ley 472.
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Con fundamento en lo expuesto en precedencia, el numeral quinto
de la parte resolutiva de la sentencia apelada, contentivo de las
órdenes de amparo de los derechos colectivos amenazados y
vulnerados, quedará en los siguientes términos:
“QUINTO. - En consecuencia de lo anterior, ORDENAR al MUNICIPIO
de BARBOSA la ejecución de las siguientes actividades, en aras de
superar la violación de los derechos colectivos amparados, para lo cual se
le concederá un término de seis (6) meses, contados a partir de la
notificación de esta providencia:
1) Efectuar todas las acciones administrativas, contractuales,
presupuestales y jurídicas que sean necesarias para garantizar la
seguridad en la operación área del aeródromo La Esperanza, para lo cual
deberá llevar a cabo las actividades descritas por la AEROCIVIL en el
oficio 4401-085.250.1-2012031704 de 23 de julio de 2013 y en la
inspección técnica de 22 de septiembre de 2021 que se relacionan a
continuación:
a-. Garantizar la franja de pista de por lo menos 30 metros a cada lado
del eje, realizar obras de nivelación, acondicionamiento de la franja, poda
y mantenimiento. Controlar el ingreso de personas y animales en las
áreas de maniobra.
b.- Realizar mantenimiento y repavimentación de pista, calle de rodaje y
plataforma, obras que se requieren con urgencia para garantizar la
seguridad en las operaciones del aeródromo.
c.- Efectuar la señalización horizontal de la pista, rodaje y plataforma,
pues no cuenta con ningún tipo de señalización.
d.- Emplazar las mangaveletas en las dos cabeceras de la pista y las
balizas de umbral (triángulos) cumpliendo con la norma en cuanto a
distancias y características.
e.- Realizar el mantenimiento cerramiento perimetral en los tramos
donde se encuentra rota la misma, para garantizar que terceras personas
y/o animales penetren áreas restringidas.
f.- Remover los obstáculos ubicados en las zonas de seguridad.
2) Para efectos de controlar el desarrollo urbanístico en las áreas de
influencia del aeródromo, el MUNICIPIO de BARBOSA, con la
colaboración de la AEROCIVIL, deberá adelantar las actuaciones
tendientes a determinar si las construcciones aledañas al aeródromo La
Esperanza cumplen con lo previsto en los artículos 1823, 1824, 1825 y
1826 del Capítulo V del Código de Comercio y los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia – RAC en su parte 14.3.4 Restricción y
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eliminación de obstáculos y, en caso de hallar edificaciones o actividades
que representen un riesgo para la operación aérea deberán, en el marco
de sus competencias, realizar las actuaciones a que haya lugar para
controlar dicha situación.
3) ORDENAR al MUNICIPIO de BARBOSA que, de manera inmediata,
se abstenga otorgar licencias de construcción o autorizar actividades en
el área de influencia del aeródromo La Esperanza que representen un
riesgo para la operación aérea […]”.
Sin embargo, lo anterior no obsta para indicar que en el evento de
que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal,
en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones
que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, en
atención a lo ordenado en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
Ahora, en cuanto a la petición de la AEROCIVIL de que se incluya
en el comité de verificación a los MINISTERIOS DE TRANSPORTE
y de HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, como encargados de
apropiar y delegar el presupuesto de inversión para este tipo de
obras, no está llamada a prosperar, pues dicha entidades no hacen
parte de la presente acción popular.
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Por último, para la Sala no resulta ajeno el hecho de que el CONCEJO
o el MUNICIPIO, en el marco del EOT39, puedan considerar el cambio
del uso del suelo del sector donde está ubicado el aeródromo, en aras
del ordenamiento y desarrollo territorial, autonomía de que gozan las
entidades territoriales para la gestión de sus intereses40, evento en el
cual no habría lugar a dar cumplimiento a lo aquí ordenado, siempre
y cuando no se incurra en un detrimento patrimonial, como el
advertido por la CONTRALORÍA en otrora oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la parte
resolutiva de la sentencia de 22 de mayo de 2020, proferida por la
Sección Primera -Subsección “A”- del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, los cuales quedarán así:
39 De conformidad con el artículo 9° de la Ley 388 de 1997, el EOT es el instrumento básico
para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio municipal y fue definido como
“[…] el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio
y la utilización del suelo [...]”.
40 Artículo 287 de la Constitución Política.
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Actoras: HEIDY ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OTRAS
“[…] CUARTO.- DECLARAR probada la violación a los derechos
colectivos a la utilización y defensa de los bienes de uso público,
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna; y, la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia a beneficio de la calidad de
los habitantes, imputable al Municipio de Barbosa, originados en el
abandono de la pista aérea ubicada en el Municipio de Barbosa, la
cual no podrá tener destino distinto a su uso como pista aérea, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
QUINTO. - En consecuencia, ORDENAR al MUNICIPIO de
BARBOSA la ejecución de las siguientes actividades, en aras de
superar la violación de los derechos colectivos amparados, para lo
cual se le concederá un término de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de esta providencia:
1) Efectuar todas las acciones administrativas, contractuales,
presupuestales y jurídicas que sean necesarias para garantizar la
seguridad en la operación área del aeródromo La Esperanza, para
lo cual deberá llevar a cabo las actividades descritas por la
AEROCIVIL en el oficio 4401-085.250.1-2012031704 de 23 de
julio de 2013 y en la inspección técnica de 22 de septiembre de
2021 que se relacionan a continuación:
a-. Garantizar la franja de pista de por lo menos 30 metros a cada
lado del eje, realizar obras de nivelación, acondicionamiento de la
franja, poda y mantenimiento. Controlar el ingreso de personas y
animales en las áreas de maniobra.
b.- Realizar mantenimiento y repavimentación de pista, calle de
rodaje y plataforma, obras que se requieren con urgencia para
garantizar la seguridad en las operaciones del aeródromo.
c.-Efectuar la señalización horizontal de la pista, rodaje y
plataforma, pues no cuenta con ningún tipo de señalización.
d.-Emplazar las mangaveletas en las dos cabeceras de la pista y
las balizas de umbral (triángulos) cumpliendo con la norma en
cuanto a distancias y características.
e.-Realizar el mantenimiento cerramiento perimetral en los tramos
donde se encuentra rota la misma, para garantizar que terceras
personas y/o animales penetren áreas restringidas.
f.- Remover los obstáculos ubicados en las zonas de seguridad.
2) Para efectos de controlar el desarrollo urbanístico en las áreas
de influencia del aeródromo, el MUNICIPIO de BARBOSA, con la
colaboración de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
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AERONÁUTICA CIVIL, deberá adelantar las actuaciones
tendientes a determinar si las construcciones aledañas al
aeródromo La Esperanza cumplen con lo previsto en los artículos
1823, 1824, 1825 y 1826 del Capítulo V del Código de Comercio y
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC en su parte
14.3.4 Restricción y eliminación de obstáculos y, en caso de hallar
edificaciones o actividades que representen un riesgo para la
operación aérea deberán, en el marco de sus competencias,
realizar las actuaciones a que haya lugar para controlar dicha
situación.
3) ORDENAR al MUNICIPIO de BARBOSA que, de manera
inmediata, se abstenga otorgar licencias de construcción o
autorizar actividades en el área de influencia del aeródromo La
Esperanza que representen un riesgo para la operación aérea.
4) En el evento de que durante la ejecución de la sentencia se
observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo
adicional, el Tribunal, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, en atención a lo ordenado en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998.
5) En caso de que el CONCEJO o el MUNICIPIO de BARBOSA,
en el marco del EOT, puedan considerar el cambio del uso del suelo
del sector donde está ubicado el aeródromo, en aras del
ordenamiento y desarrollo territorial, autonomía de que gozan las
entidades territoriales para la gestión de sus intereses, no habría
lugar a dar cumplimiento a lo aquí ordenado, siempre y cuando no
se incurra en un detrimento patrimonial, como el advertido por la
CONTRALORÍA en otrora oportunidad.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 22 de mayo de 2020,
proferida por la Sección Primera -Subsección “A”- del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el sentido de INSTAR a la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA
CIVIL para que, en el marco de sus funciones, adelante todas las
gestiones que sean necesarias para verificar que el aeródromo La
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Esperanza se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento
y para que inicie las investigaciones a que haya lugar si el
MUNICIPIO de BARBOSA no atiende las recomendaciones que se
le impartan.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión del día 3 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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