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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2012-00001-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2012-00001-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR los ordinales cuarto, quinto y séptimo de la sentencia de 18 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así: “[…] CUARTO: DECLÁRESE que los derechos colectivos i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; y, ii) a la realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes, en especial de la población en situación de discapacidad visual, han sido vulnerados por el Municipio de Bucaramanga y por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión. A su vez, que el derecho iii) al acceso a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad ha sido amenazado por el Municipio de Bucaramanga y por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN, según lo considerado en esta providencia. QUINTO: ORDÉNESE al Alcalde del Municipio de Bucaramanga y al representante legal del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN que, en caso de que a la fecha no lo hayan efectuado, realicen las adecuaciones en los andenes ubicados en el tramo 10, sector Palenque - La Salle, en la vía que comunica al Municipio de Bucaramanga con el Municipio de Girón, para lo cual deberán incorporar losetas texturizadas que sirven de guía para las personas en situación de discapacidad visual. Lo anterior, previa coordinación con la Secretaria de Planeación y la Secretaria de Infraestructura de los Municipios de Bucaramanga y Girón. Para efectos de lo anterior, se otorga un plazo de doce (12) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […] SÉPTIMO: INTÉGRESE un comité de verificación de cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, y en esta providencia, en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2012-00001-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción Popular
Número único de radicación: 680012333000201200001-01
Actor: Jaime Orlando Martínez García
Demandados: Municipio de Bucaramanga, Municipio de Girón y Nación – Ministerio
de Transporte
Entidades vinculadas: Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Autopistas de
Santander S.A. e Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN

Tema: Vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público - amenaza del
derecho al acceso a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad -
vulneración del derecho a la realización de las construcciones, edificaciones, y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes - orden de
adecuación de andenes con losas texturizadas - protección a favor de la población
con discapacidad visual

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Financiero para
el Desarrollo de Santander –en adelante, IDESAN o el Instituto– contra la sentencia
de 18 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander1.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Jaime Orlando Martínez García presentó2 demanda en ejercicio de
la acción popular contra los Municipios de Bucaramanga y Girón –Santander– y

1 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
7ED_07CDNOPPALFLS389A436(.PDF) NroActua 2, folios 14 a 30.
2 La demanda fue presentada el 29 de junio de 2012.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Nación – Ministerio de Transporte, con el objeto de lograr la protección de los
derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa
de los bienes de uso público; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; a los derechos de los consumidores y usuarios. Y
al derecho a la libertad de locomoción como un derecho colectivo en el marco de la
Declaración de los Derechos de los Impedidos, así como de los demás derechos e
intereses que se consideren amenazados por las entidades accionadas.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones3:

“[…] Se ordene a las accionadas de manera inmediata o al que corresponda,
realizar las obras necesarias y urgentes para dar cumplimiento a la Ley 361 de
1997, el Decreto 1538 de 2005 artículo 7, literal A numeral 4, como el artículo 14,
y a las Normas Técnicas Colombianas ICONTEC concordantes, al no haberse
cumplido con este requerimiento hasta la fecha de la radicación de la presente
demanda; dar la orden de construir el sendero peatonal dentro de los andenes
referidos, sendero que es para guiar en su movilidad a la población vulnerable con
discapacidad visual, de modo que se garantice el disfrute confiable, seguro,
autónomo y digno de los andenes para la comunidad en general, en especial a
las personas con discapacidad física y/o visual, la población infantil, los adultos
mayores, los turistas nacionales, extranjeros y la población en general.

2- Se ordene a la accionada y/o accionadas de manera inmediata, realizar las
obras necesarias y urgentes para construir el sendero central en los andenes
sobre la vía que comunica los municipios de Bucaramanga y Girón desde los
barrios la Salle y/o La Victoria hasta al barrio del Poblado del municipio de Girón,
con enchapes tipo LOSETAS TEXTURIZADAS (Guía y tipo alerta) con la finalidad
de orientar y alertar el desplazamiento de las personas ciegas o de baja visión
para con ello permitir el uso, disfrute y autónomo de la población con
discapacidad visual v no como fueron construidos en la actualidad, siendo una
forma EXCLUYENTE del uso y disfrute del ESPACIO PÚBLICO; enchapes
reglamentarios que son para garantizar la movilidad ideal y garantizar el principio
de igualdad (Art.13) Consagrado [sic] en la constitución [sic] Política de Colombia,
la Ley 361 de 1997, el Decreto reglamentario 1538 de 2005; aplicar si fuere posible
la ficha FF-40, franjas funcionales del MANUAL PARA EL DISENO Y
CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DE BUCARAMANGA MEPB detalles
constructivos ficha UC-L.20, la Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC 5610
y demás normas concordantes.

3- Se ordene la instalación de las LOSETAS TEXTURIZADAS de ORIENTACION
[sic] y de PATRON [sic] DE ALERTA y/o dar cumplimiento al Decreto No. 1538
del 17 de mayo de 2005, sus artículos 1, 2, artículo 7, numeral 4, como su
ARTÍCULO 14, para con ello facilitar el uso de los SENDEROS PEATONALES y/o
ANDENES a la población con discapacidad visual de forma INTEGRAL e
INSEPARABLE con los VADOS y RAMPAS construidas en el área metropolitana,

3 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1ED_01CDNOPPALFLS1AL110(.PDF) NroActua 2, folios 1 al 5.

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disfrute digno, AUTÓNOMO y con seguridad, cumplir con la Norma Técnica
Colombiana ICONTEC NTC 4279 numeral 3.1, la NTC 4695 numerales, 2.1.2,
2.1.22, 2.1.32. sus artículos 1, 2, 3, el artículo 43 de la Ley 261 de 1997, en
especial su PARAGRAFO [sic], como también la Ley 762 de 2002 en especial
REAFIRMANDO, el artículo 1 numeral 2. literal a) de esta ley.

4- Se aplique la Ley 472 DE [sic] 1998, por la violación del Título I capítulo Il
artículo 4; capítulo III artículos 5, 6, 7; Título II capítulo IV artículo 17; si es el caso.

5- Se condene en costas y agencias en derecho al demandado de acuerdo a los
artículos 292 y 392 del C. de P. C. por remisión expresa del Art.38 de la Ley 472
de 1998, en armonía con los artículos 1005 y 2360 del Código Civil y teniendo en
cuenta el acuerdo [sic] 1887 de 2003 del consejo [sic] Superior de la Judicatura
artículos 2 y 3; en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMV).

6- Se dé cumplimiento a los artículos 1005 y 2360 del Código Civil vigente estando
vigente con todo rigor y fuerza para el momento de radicación de la presente
demanda, en conexidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, ya que por ser
una obra de interés público y por su valor económico, pido se cumpla con lo
estipulado en el artículo 1005 del código [sic] civil [sic] a favor del actor popular
[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones4 que
las entidades demandadas construyeron andenes a los dos costados de la vía que
comunica el Municipio de Bucaramanga con el Municipio de Girón (tramo 10 La
Salle - Palenque) entre los años 2011 y 2012, sin tener en cuenta las disposiciones5
que exigen el uso de enchapes o losetas texturizadas que sirven para guiar y alertar,
en especial, a la población con discapacidad visual, así como al resto de la
colectividad.

Actuaciones en primera instancia

4. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander profirió
auto de 12 de julio de 20126 en el que resolvió, entre otros: i) admitir la demanda; ii)
notificar personalmente a las partes y al defensor del pueblo por reparto; iii) informar
a los miembros de Bucaramanga y Girón a través de medios masivos de
comunicación; y, iv) comunicar a la Procuraduría Judicial para Asuntos
Administrativos a fin de intervenir si lo consideraba pertinente.

4 Ibidem.
5 Señaló que las accionadas desconocieron lo establecido en la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005, las

normas técnicas colombianas ICONTEC para el diseño y construcción de los elementos del espacio público
NTC 4279, 4695, 4774 y 5610, con lo cual incurrieron en la vulneración de los derechos e intereses colectivos
cuya protección se pretende.
6 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1ED_01CDNOPPALFLS1AL110(.PDF) NroActua 2, folios 15 a 17.

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5. El despacho ponente concedió amparo de pobreza 7 a favor del accionante
mediante auto8 de 22 de noviembre de 2013.

6. La audiencia de pacto de cumplimiento se celebró el 9 de julio de 2014 9. No
obstante, la diligencia se declaró fallida debido a la ausencia de ánimo conciliatorio
de la parte accionada.

7. El Magistrado Sustanciador profirió auto de 1.° de septiembre de 201410 por
medio del cual abrió el proceso a pruebas y decretó su práctica. A su vez, mediante
providencia de 6 de julio de 201511 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para presentar alegatos de conclusiones y rendir el concepto correspondiente. Sin
embargo, mediante decisión del 19 de noviembre del mismo año12, dejó sin efectos
el auto de 6 de julio, para en su lugar, ordenar la vinculación de Autopistas de
Santander S.A. y la Agencia Nacional de Infraestructura. De nuevo, a través de
providencia del 11 de julio de 201613 corrió traslado para presentar alegatos de
conclusión y rendir concepto por parte del Ministerio Público.

8. El Magistrado Sustanciador en auto de 21 de junio de 2017 14, previo a
resolver en primera instancia la acción popular, requirió al secretario de
infraestructura del Municipio de Girón y al representante legal de Autopistas de
Santander S.A. para que informaran el estado actual de la construcción de los
andenes con losetas texturizadas en la vía objeto de esta acción constitucional. Con
el mismo propósito requirió al IDESAN en providencia de 11 de octubre del mismo
año15. Además, mediante auto de 16 de noviembre de 201816 ordenó la vinculación

7 Se concedió el amparo de pobreza en los términos de lo establecido en los artículos 160, 161 y 163 del Código

de Procedimiento Civil. Este último artículo dispone lo siguiente: “[…] a quien se le otorgue el amparo de pobreza
no estará obligada a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia
u otros gastos de la actuación, y no será condenado en costas, beneficios estos de los que gozará desde la
presentación de la solicitud […]”.
8 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1ED_01CDNOPPALFLS1AL110(.PDF) NroActua 2, folios 108 al 111.
9 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1ED_01CDNOPPALFLS1AL110(.PDF) NroActua 2, folios 126 y 127.
10 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2ED_02CDNOPPALFLS111A181(.PDF) NroActua 2, folios 25 a 29.
11 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2ED_02CDNOPPALFLS111A181(.PDF) NroActua 2, folio 181.
12 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
3ED_03CDNOPPALFLS182A287(.PDF) NroActua 2, folio 103.
13
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
3ED_03CDNOPPALFLS182A287(.PDF) NroActua 2, folio 165.
14 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 24 a 28.
15 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 57 y 58.
16 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 84 y 85.

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del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, como parte demandada,
quien allegó la contestación17 de la demanda el 18 de marzo de 2019.

9. El demandante y el Municipio de Bucaramanga presentaron alegatos de
conclusión; las demás partes guardaron silencio. De otro lado, el Ministerio Público
se abstuvo de rendir concepto en este asunto.

Sentencia proferida, en primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia18 el 18 de
septiembre de 2019, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DESVINCÚLESE a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA del presente proceso.

SEGUNDO: DECLÁRESE probada la excepción de inexistencia de causa presentada
por el MUNICIPIO DE GIRÓN, la excepción falta de legitimación por pasiva expuesta
por AUTOPISTAS DE SANTANDER y falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, de conformidad con lo dispuesto
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLÁRESE no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y el IDESAN.

CUARTO: DECLÁRESE que los derechos colectivos i) goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; ii) la seguridad y la salubridad
públicas; iii) el acceso de la infraestructura de servicios que garantice la seguridad
pública; iv) el acceso a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; v) la realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de calidad de vida de los habitantes han sido vulnerados por el MUNICIPIO
BUCARAMANGA y el IDESAN de conformidad con las consideraciones expuestas
en esta providencia.

QUINTO: ORDÉNESE al señor ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y
al representante legal del IDESAN que en forma conjunta, hacer las respectivas
adecuaciones en los andenes ubicados en la vía que comunica el Municipio de
Bucaramanga desde el Colegio La Salle hasta los límites con el Municipio de Girón
colocando las losetas texturizadas que sirven de guía para las personas con
discapacidad visual que circulan por allí, conforme lo establece el Decreto 1538 de
2005. Lo anterior, previa coordinación con la Secretaria Asesora de Planeación y la
Secretaria de Infraestructura del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Lo anterior, deberá cumplirse en el término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia.

SEXTO: CONDÉNESE en costas a la parte demandada MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA y el IDESAN por ser la parte vencida en el proceso, en favor del
actor popular una vez se encuentre ejecutoriada la sentencia, dando aplicación a lo
dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso. La liquidación se
realizará por conducto de la Secretaría de esta Corporación.

17 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
5ED_05CDNOPPALFLS356A366(.PDF) NroActua 2, folios 8 a 29; 6ED_06CDNOPPALFLS367A388(.PDF)
NroActua 2, folios 1 a 11.
18 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
7ED_07CDNOPPALFLS389A436(.PDF) NroActua 2, folios 14 a 30.

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Las agencias en derecho serán fijadas en auto separado.

SÉPTIMO: INTÉGRESE un comité permanente de verificación conformado por el
actor popular, el Personero (a) de Bucaramanga, el Alcalde del mismo Municipio y un
representante de la Defensoría del Pueblo para garantizar que las anteriores órdenes
sean cumplidas.

OCTAVO: DENIÉGUESE el incentivo económico conforme lo expuesto en la parte
motiva.

NOVENO: NOTIFÍQUESE la presente decisión conforme lo dispuesto en los artículos
203 del CACA o 295 del C. G del P., teniendo en cuenta los parámetros del caso.

DÉCIMO: ORDÉNESE enviar copia de la sentencia en los términos del artículo 80 de
la ley 472 de 1998 a la Defensoría del Pueblo

DÉCIMO PRIMERO: Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas
las anotaciones en el Sistema Justicia XXI […]”.

Consideraciones del Tribunal

11. El Tribunal declaró probada la excepción de inexistencia de causa a favor del
Municipio de Girón, por no haberse acreditado la responsabilidad de la entidad. Lo
anterior, debido a que el municipio entregó al departamento los tramos intervenidos
para que continuara con la ejecución de los trabajos inconclusos.

12. Asimismo, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de Autopistas de Santander S.A., teniendo en cuenta que dejó de ser
parte contractual con ocasión del acuerdo de terminación anticipada del contrato de
concesión. Aunado a que no se probó su responsabilidad.

13. De igual manera, declaró probada esta excepción respecto de la Nación –
Ministerio de Transporte, toda vez que esta entidad no es quien generó la
vulneración de los derechos colectivos. Adicionalmente, fundamentó su decisión en
que la vía pública –objeto de protección mediante este medio constitucional– no
tiene el carácter de nacional.

14. A su vez, ordenó la desvinculación de la Agencia Nacional de Infraestructura
luego de considerar que no tenía incidencia en la vulneración de los derechos
colectivos señalados en la demanda.

15. Concluyó que el Municipio de Bucaramanga y el IDESAN son las entidades
sobre quienes recae la obligación de instalar las losetas texturizadas en los andenes
ubicados en la vía que comunica el Municipio de Bucaramanga desde el Colegio La
Salle hasta los límites con el Municipio de Girón.

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16. En punto a las demás excepciones propuestas por el IDESAN, el a quo indicó
que “[…] son consideradas medios de defensa […]” por lo que, precisó que serían
objeto de pronunciamiento al resolver el fondo del asunto.

17. Al respecto, en el análisis del caso concreto, señaló que la Agencia Nacional
de Infraestructura adjudicó el contrato de concesión Núm. 002 a Autopistas de
Santander S.A., quien, en el marco de dicho contrato, se encargó de la construcción
y rehabilitación de senderos peatonales en la vía que comprende desde el Colegio
La Salle hasta los límites con el Municipio de Girón. Obra en la que no se
incorporaron losas texturizadas.

18. Encontró probado que la Agencia Nacional de Infraestructura y Autopistas de
Santander dieron por terminado el contrato de concesión en mención, de forma
anticipada por mutuo acuerdo.

19. Asimismo, estableció que, con el propósito de culminar las obras, se suscribió
el Convenio Interadministrativo 1113 de 2016 entre el Instituto Nacional de Vías, la
Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica
Civil AEROCIVIL, el Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga y
el IDESAN.

20. Advirtió, que al IDESAN se le entregó la administración e intervención de las
de los tramos 10A y 10B. En tal sentido, consideró que es el responsable de
culminar los trabajos que involucran la adecuación de los andenes y la incorporación
de losetas texturizadas en el tramo vial del sector Palenque - La Salle.

21. De igual modo, concluyó que el Municipio de Bucaramanga tiene
responsabilidad en la vulneración advertida, en consideración a la especial
protección de garante que tiene el alcalde en el disfrute del espacio público; ello,
por cuanto la “[…] suscripción de un contrato de concesión no modifica la
destinación de los bienes de uso público […]”.

22. En ese orden de ideas, declaró que el Municipio de Bucaramanga y el
IDESAN vulneran los derechos colectivos: i) al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; ii) a la seguridad y salubridad
públicas; iii) al acceso de la infraestructura de servicios que garantice la seguridad
pública; iv) al acceso a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; y, v) a la realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes.

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23. En tal sentido, les ordenó efectuar las adecuaciones de los andenes ubicados
en la vía que comunica el Municipio de Bucaramanga desde el Colegio La Salle
hasta los límites con el Municipio de Girón con la incorporación de losetas
texturizadas, que sirvan de guía para las personas con discapacidad visual, de
conformidad con el Decreto 1538 de 2005.

24. Lo anterior, previa coordinación con la Secretaria Asesora de Planeación y la
Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. Para, su cumplimiento
concedió un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia.

25. Condenó en costas al Municipio de Bucaramanga y al IDESAN. Por último,
negó el reconocimiento del incentivo económico con sustento en la derogatoria de
los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 6 de agosto de 199819.

Recurso de apelación

Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN

26. El IDESAN20 recurrió la sentencia de primera instancia mediante escrito de
24 de septiembre de 201921. Solicitó revocar el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 18 de septiembre del mismo año, por cuanto no le
asiste responsabilidad en la vulneración de los derechos e intereses colectivos.

27. Argumentó que el a quo, pese a señalar que haría un pronunciamiento sobre
las excepciones propuestas22 por el Instituto, no efectuó el análisis correspondiente
comoquiera que se limitó a expresar que las excepciones no prosperaban, pero no
presentó las razones de su determinación. Por ello, alegó que se incurrió en
ausencia de carga argumentativa y en falsa motivación por falta de congruencia.

28. Indicó que la sentencia de primera instancia no señaló en que consiste la
vulneración de los derechos colectivos. Además, que, tampoco efectuó un análisis
de responsabilidad del que se pueda deducir el nexo causal entre el derecho
vulnerado y la falla del IDESAN.

19 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio

de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
20 Mediante apoderado judicial.
21 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
7ED_07CDNOPPALFLS389A436(.PDF) NroActua 2, folios 44 a 53.
22 Las excepciones propuestas por el IDESAN fueron las siguientes: falta de legitimación en la causa por pasiva,

falta de requisito de procedencia de la acción popular, el hecho de un tercero y la falta de competencia para
hacer las obras, la improcedencia del requisito adjetivo de subsidiariedad y una excepción genérica de la que
sustenta su ausencia de responsabilidad en la vulneración de los derechos e intereses colectivos.

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29. A su vez, adujo que para la época de construcción de los andenes (año 2011)
no tenía ninguna relación contractual, ni legal con el proyecto vial, por lo que no le
es atribuible la vulneración de los derechos colectivos, en particular, del espacio
público.

30. Ante tal situación, advirtió que los responsables de las obras eran el Municipio
de Bucaramanga, Autopistas de Santander S.A. y la Agencia Nacional de
Infraestructura. Por ser quienes construyeron la doble calzada y recibieron a
satisfacción las obras entregadas. Al respecto, aclaró que al IDESAN –de
conformidad con el Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016– solo se le
atribuyó la construcción de las obras de las vías que faltaban por hacer, ya que los
tramos finalizados y entregados estaban fuera del marco del convenio.

31. Con fundamento en lo anterior, refirió que, en virtud del Convenio
Interadministrativo, al IDESAN le correspondió adelantar las obras de los tramos no
intervenidos, así como la rehabilitación, mantenimiento y operación. Por tal razón,
alegó que no es dable inferir que al Instituto se le asignó la obligación de adecuar
los andenes con las losetas texturizadas en la vía objeto de la demanda de acción
popular, puesto que dichas obras fueron recibidas a satisfacción por la Agencia
Nacional de Infraestructura.

32. En tal sentido, expresó que el Juez de primera instancia nunca solicitó una
explicación de cómo funciona el convenio, ni solicitó las actas del comité directivo
para que, con fundamento en tales pruebas, concluyera que el IDESAN no tiene
responsabilidad en la vulneración de los derechos precitados.

33. De otro lado, se opuso a la valoración de las fotografías por no reunir los
requisitos de georreferencia que ha determinado el Consejo de Estado en su
jurisprudencia.

34. Cuestionó que el fallo recurrido tiene efectos que van más allá de la
naturaleza de la acción popular, como si se tratara de una acción de cumplimiento,
por cuanto conmina cumplir unas normas bajo el pretexto de la violación de unos
derechos e intereses colectivos no estudiados.

35. De otro lado, alegó la improcedencia de la acción popular. Al respecto, indicó
que no se agotó el requisito de procedibilidad en relación con el IDESAN. De igual
modo, adujo la imposibilidad de cumplir la orden proferida, comoquiera que el
Instituto no cuenta con patrimonio propio para realizar las obras ordenadas y no es

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autónomo en el cumplimiento del fallo, dado que, para tal efecto, depende de lo que
decida el Comité Directivo, conformado por el Municipio de Bucaramanga, la
Agencia Nacional de Infraestructura, el INVÍAS y la Gobernación de Santander.

36. Aunado a esto, resaltó que el Juez Constitucional, en el marco de esta acción,
no puede imponer la ejecución de una obra sin tener en cuenta la realización de los
estudios técnicos, la disponibilidad presupuestal y la prioridad de las inversiones de
las entidades. Al respecto, expresó su inconformidad con el término de tres (3)
meses concedidos para el cumplimiento de la orden, con sustento en que es
insuficiente para hacer la contratación de los estudios, para adelantar el proceso
contractual con miras a elegir al contratista y para la ejecución del contrato. Lo
anterior, fundamentado en que el adelantamiento de las obras improvisadas puede
acarrear el detrimento del patrimonio público.

37. Concluyó que, si bien, la Agencia Nacional de Infraestructura era la
responsable de haber exigido a su contratista Autopistas Santander S.A. el uso de
losas texturizadas en la construcción de los andenes del tramo 10 de la vía en
cuestión, resulta cierto que, en la actualidad, el cumplimiento de la orden del fallo
de primera instancia le compete al municipio de Bucaramanga por ser quien tiene
la función pública de ordenamiento del territorio, según lo dispuesto por el artículo
5.° de la Ley 388 de 18 de julio de 199723.

38. Por último, se opuso a la condena en costas, con sustento en que no se
demostró la responsabilidad del Instituto en la vulneración de los derechos e
intereses colectivos.

Municipio de Bucaramanga

39. El Municipio de Bucaramanga presentó recurso de apelación el 25 de
septiembre de 201924. No obstante, el Despacho ponente de la sentencia de primera
instancia lo rechazó por extemporáneo mediante auto de 22 de febrero de 2021 25.

Concesión del recurso de apelación

40. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander
concedió el recurso de apelación interpuesto por el IDESAN contra la sentencia de

23 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
24 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
7ED_07CDNOPPALFLS389A436(.PDF) NroActua 2, folios 54 a 56.
25 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
8ED_2012000100DECIDERECURSODEAPELACION(.PDF) NroActua 2.

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18 de septiembre de 2019, en el efecto suspensivo, mediante auto proferido el 22
de febrero de 202126.

Actuaciones en segunda instancia

41. El Despacho sustanciador ajustó el efecto del recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia, de suspensivo a devolutivo
mediante auto de 14 de mayo de 202127. Esto, en virtud de lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 472 y en los artículos 323 y 325 del Código General del Proceso
CGP. A su vez, admitió el recurso de apelación interpuesto por el IDESAN contra la
sentencia proferida el 18 de septiembre de 2019, en la providencia de 17 de junio
de la misma anualidad28.

42. De igual modo, mediante auto de 30 de julio de 202129, corrió traslado a las
partes e intervinientes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emita concepto. El actor30, la Concesión Autopistas de Santander S.A.31 y
el Municipio de Bucaramanga32 allegaron alegatos de conclusión. Por su parte, el
Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

43. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de: iii) la acción popular; iv) el derecho colectivo al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; v) el derecho colectivo
a la seguridad pública; vi) el derecho colectivo al acceso a la infraestructura pública
vial en condiciones de seguridad; vii) el derecho colectivo al acceso a servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; viii) el derecho colectivo a
la realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de calidad de vida de los habitantes; ix) los derechos colectivos de las

26 Ibidem.
27 Cfr. Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
15AUTOQUEORDENA_AJUSTAEFECTO(.PDF) NroActua 4.
28 Cfr. Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
22_AUTOADMITIENDORECURSO_AUTO(.PDF) NroActua 10.
29
Cfr. Índice 17 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
30_AUTODETRASLADO_ALEGATOS(.PDF) NroActua 17.
30 Cfr. Índice 22 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 34 a
39_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_1ALEGATOSCONCLUSIO(.PDF) NroActua 22.
31 Cfr. Índice 24 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 42 a
46_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CERTIFDEEXYRLEGA(.PDF) NroActua 24.
32 Cfr. Índice 25 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 47 y
48_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_201200001(.PDF) NroActua 25.

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personas en situación de discapacidad visual; x) las facultades del juez popular; y,
xi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

44. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201933, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; iii) el 129 del Código Contencioso Administrativo 34 CCA, sobre
la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia; y, iv) el 308 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201135, sobre el régimen de transición y vigencia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenten
contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales
Administrativos en el trámite de las acciones populares.

45. Vistos los artículos 32036 y 32837 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201238,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por el IDESAN.

46. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

47. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

33 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
34 La demanda fue presentada el 29 de junio de 2012. La Ley 1437 de 2011 entró en vigencia el 2 de julio del

mismo año.
El artículo 308 de esta normativa prevé lo siguiente: “[…] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y
las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”.
De acuerdo con lo anterior, el asunto objeto de análisis se rige por la Ley 472 de 1998, por el Código Contencioso
Administrativo en lo no previsto en dicha normativa, así como por el Código General del Proceso según lo
establecido en los artículos 5 y 37 de la Ley 472 de 1998.
Tales consideraciones fueron tenidas en cuenta por el a quo, en el auto de 6 de noviembre de 2012, al disponer
el reparto del expediente entre los Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, sistema escritural.
35 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
36 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
37 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
38 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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47.1. Si la sentencia proferida, en primera instancia, resolvió sobre las excepciones
propuestas por el IDESAN y si hay lugar a que se configure alguna de ellas, según
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 472.

47.2. Si los andenes ubicados a ambos costados de la vía que comunica el
Municipio de Bucaramanga con el Municipio de Girón (tramo Colegio La Salle -
Palenque) carecen de losas texturizadas, cuya función –de manera especial– es
guiar a la población con discapacidad visual o disminución de la visión. En caso
afirmativo, se analizará si se incurre en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos: al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público; a la seguridad y salubridad públicas; al acceso a la infraestructura
pública vial en condiciones de seguridad; al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna; y, a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.

47.3. Si el IDESAN es la entidad competente para readecuar los andenes ubicados
en la vía que comunica los Municipios de Bucaramanga y Girón, en el tramo Colegio
La Salle - Palenque, de conformidad con las disposiciones que determinan el uso
de losetas texturizadas en su construcción, con miras a guiar a la población con
discapacidad visual.

47.4. Por último, se analizará si hay lugar a condenar en costas al IDESAN y al
pago de las agencias en derecho a favor del demandante.

47.5. En este orden de ideas, la Sala determinará si se debe confirmar, modificar
o revocar la sentencia de 18 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

48. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

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49. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

50. Adicionalmente, esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o
jurídica” pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los
derechos e intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en
el trámite del proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

51. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

52. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”39.

53. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

54. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198940 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200241; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199842 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 200543, sobre el uso y goce del espacio
público.

55. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.

56. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:

“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa
o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento

40 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes

y se dictan otras disposiciones […]”.
41 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
42 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
43 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.

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urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público
y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la
conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la
ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]".

57. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional44 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).

58. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.

59. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.

60. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.

60.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.

44 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda

Espinosa.

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61. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar
la circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea
que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación45 […]”.

62. En lo que respecta al andén como un elemento puntual del espacio público,
el artículo 2.° de la Ley 769, lo define como la “[…] franja longitudinal de la vía
urbana, destinada exclusivamente a la circulación de peatones, ubicada a los
costados de ésta […]”.

63. Sobre el particular, la Sala ha considerado que los municipios deben
garantizar la circulación de los peatones al transitar por los andenes, dado que son
zonas de uso público. Así, ha precisado que: “[…] Es claro que los andenes son
zonas de uso público destinadas al tráfico peatonal, cuyo uso y goce adecuado
están garantizados por el Estado y a nivel territorial le[s] corresponde a los
municipios garantizar la libre y segura circulación peatonal por la respectiva zona,
por lo cual forman parte del derecho colectivo al espacio público […]46”.

64. De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que, a los alcaldes, como
primera autoridad de policía de sus municipios, les corresponde proteger el uso y
goce del espacio público, que incluye la utilización de andenes, en el marco de las
normas constitucionales de los artículos 82 y 315 numeral 1.°, legales –entre otras,
el artículo 5.° de la Ley 9 de 1989– y reglamentarias –como el artículo 5.° del Decreto
1504 de 1998 y el Decreto 1538 de 2005–.

65. De igual manera, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de
convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones
de igualdad.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García

González, providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont

Pianeta, providencia de 25 de marzo de 2010, núm. único de radicación 68001-23-15-000-2003-01471-01(AP).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho colectivo a la
seguridad pública

66. Visto el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública.

67. El Preámbulo de la Constitución Política señala que la Asamblea
Constituyente, en ejercicio de su poder soberano, asegura la vida, la convivencia y
la paz.

68. El artículo 2.° ibidem establece como fines esenciales del Estado “[…]
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

69. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional47 ha considerado que
tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.

70. En lo que respecta a su connotación de derecho colectivo, la Corte
Constitucional ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma
general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por
circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes
para el conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la
seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

71. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado48 […]”.

47 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-

000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).

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Núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2012-00001-01

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad49

72. Vistos: i) los artículos 2.°, 24, 82 y 366 de la Constitución Política sobre el
deber del Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como, la protección del espacio público; ii) los artículos
43 y 44 de la Ley 361 de 7 de febrero de 199750, atinentes a la supresión y
eliminación de las barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios
públicos para la protección de los derechos de las personas en situación de
discapacidad; iii) los artículos 2.° y 4.° de la Ley 1682 de 22 de noviembre 201351
relativos a la infraestructura de transporte; y, iv) el artículo 7.° del Decreto 1538 de
17 de mayo de 200552, sobre el derecho de accesibilidad en andenes como elemento
del espacio público.

73. De tiempo atrás, la Sala ha venido desarrollando una particularidad del
derecho colectivo al acceso a la infraestructura53, en el contexto de la libre
circulación de los distintos actores en la vía.

74. El artículo 2.° de la Constitución Política señala que “[…] [l]as autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”.

75. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos los colombianos de
circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 82 constitucional prevé que

49 El derecho colectivo amparado por el Tribunal Administrativo de Santander fue el que denominó “acceso de

la infraestructura de servicios que garantice la seguridad pública”. No obstante, revisada la demanda se observa
que el derecho pretendido es el enunciado en el literal h del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998 que se refiere al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
Es sabido que los derechos e intereses colectivos son todos aquellos definidos en la Constitución, las leyes
ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia. El derecho a la seguridad es
reconocido como uno de ellos, por ello, la Sala entiende que -en esta oportunidad, teniendo en cuenta el
contexto fáctico y las pretensiones relacionadas en la demanda- el derecho del cual se debe examinar su marco
normativo y jurisprudencial corresponde al acceso de la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad,
que involucra los literales g y h del artículo 4.° de la Ley 472, que fueron objeto de pretensión de amparo por el
accionante.
50 “[…] Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas <en situación de

discapacidad> y se dictan otras disposiciones […]”.
51 “[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se

conceden facultades extraordinarias […]”.
52
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
53 Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 25 de abril de 2019, radicación número: 85001-23-33-000-

2018-00117-01, y sentencias de 5 de julio de 2019, radicado número: 15001-23-33-000-2017-00192-01; de 24
de octubre de 2019, radicado número: 17001-23-33-000-2017-00823-01; de 26 de junio de 2020, radicado
número: 85001-23-33-000-2018-00091-01; de 6 de agosto de 2020, radicado número: 85001-23-33-000-2016-
00235-01; de 24 de septiembre de 2020, radicado número: 63001-33-33-004-2017-00369-01; 21 de enero de
2021, radicado número: 85001-23-33-000-2018-00145-01; y, 2 de diciembre de 2021, radicado número: 68001-
23-33-000-2017-01460-01.

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Núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2012-00001-01

el Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común.

76. El artículo 366 de la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado […]”.

77. El artículo 2.° de la Ley 1682 define el concepto de infraestructura de
transporte como “[…] un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual
está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para
permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la
integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos […]”.

78. Por su parte, el numeral 10 del artículo 4.° de la misma legislación prevé que
la infraestructura de transporte esta integrada por “[…] el espacio público que lo
conforman andenes, separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas
de parqueo ocasional, así como ciclorrutas, paraderos, terminales, estaciones y
plataformas tecnológicas […]”.

79. El artículo 43 de la Ley 361 impone la obligación de suprimir y evitar toda
clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y
del mobiliario urbano en favor de la población en situación de discapacidad.

80. El artículo 44 de la misma norma define que por accesibilidad se entiende
“[…] la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el
fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable
y segura de los servicios instalados en estos ambientes […]”; y, por barreras físicas
se entienden “[…] todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que
limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas […]”.

81. El artículo 7.° del Decreto 1538 de 2005 relativo a la accesibilidad del espacio
público, incorpora los andenes en la categoría de vías de circulación peatonal.

82. La Sección Primera, en sentencia de 31 de enero de 200854, destacó que la
falta de señalización de las vías y la ausencia del mobiliario correspondiente son
factores que contribuyen con la maximización del riesgo de accidentalidad y, por

54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2008, radicación número: 19001-23-31-

000-2004-02748-01(AP).

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consiguiente, afectan los derechos colectivos relacionados con la seguridad pública.
Al respecto, la Sala indicó:

“[…] [E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que
ponen sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el
cual se realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario
urbano que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de
la vía, como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.

Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los peatones
que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por no estar
plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los transeúntes, teniendo
en cuenta además que quienes a diario circulan por el sector, en su mayoría son niños
y jóvenes estudiantes […]. [Destacado fuera del texto original].

83. Asimismo, en sentencia de 17 de julio de 200855, consideró que la acción
popular es procedente para prevenir el daño, siempre y cuando se acredite la situación
causante de la amenaza. No obstante, precisó que no resulta necesario demostrar
la ocurrencia de accidentes en la zona. Al respecto indicó lo siguiente:

“[…] En anteriores oportunidades, la Sala ha puesto de presente que tratándose de
una acción de naturaleza preventiva, procede amparar los derechos colectivos
cuando se demuestra la situación causante de amenaza. En sentencia de 27 de
septiembre de 2007[56], precisó:

Es evidente el riesgo que corren los usuarios de la vía La Donjuana-Durania debido a
la falta de señalización y demarcación; por tanto, acertó el Tribunal al conceder el
amparo a los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres
previsibles técnicamente, y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y al
afirmar que para darles protección no es necesario acreditar la ocurrencia de
accidentes».

[…] Se reitera que las autoridades de tránsito, en todo caso, deben «velar por la
seguridad de las personas y las cosas en la vía pública» y encaminar sus acciones a la
«prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías» (artículo 7º de la
Ley 769 de 2002) […].

[…] [S]e declarará que existe amenaza para los derechos colectivos a la seguridad
pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente […] pues quedó
demostrado el riesgo para la seguridad […]”. [Destacado fuera del texto original].

84. En la sentencia de 18 de marzo de 201057, efectuó un análisis sobre las
obligaciones que le corresponden al INVIAS en materia de señalización de vías del
orden nacional con el objeto de reducir los índices de accidentalidad y salvaguardar
el derecho colectivo a la seguridad pública, así:

55 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2008, radicación número: 68001-23-15-000-

2002-01460-01(AP).
56 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de septiembre de 2007, radicado número: 54001-23-

31-000-2005-00075-01(AP).
57 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, radicación número: 41001-23-31-

000-2004-001364-01(AP).

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“[…] Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es
responsabilidad de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las
obras de señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices de
accidentalidad en las vías del orden nacional […].

Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber legal
de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin lugar a duda
alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad pública, pues no es
necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir que la falta de
señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los usuarios de la misma,
por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar la negligencia de la
autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir que tal conducta
omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]”. [Destacado fuera del texto original].

85. Posteriormente, la Sala en sentencia de 2 de diciembre de 2021 amparó el
acceso a la infraestructura pública vial o de transporte terrestre en condiciones de
seguridad, luego de considerar que este derecho es aquel que mejor se amolda a
la situación analizada, dada la amenaza de accidentalidad en la vía que de San Gil
conduce a Aratoca debido a la ausencia de un cruce peatonal. Al respecto, señaló:

“[…] la Sala considera pertinente amparar no solo el derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, sino también
el derecho colectivo de acceso a la infraestructura pública vial o de transporte
terrestre en condiciones de seguridad, debido a que, como se observó en el
apartado X.4., su contenido es el que mejor se ajusta a la connotación de la
controversia suscitada en la demanda. Esta determinación encuentra fundamento
en la reiterada jurisprudencia de esta Sala en materia de infraestructura vial y espacio
público, en la enunciación de carácter abierto de los derechos colectivos contenida
en el artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 y en la atribución que le asiste al juez de la
acción popular para amparar los derechos colectivos cuya perturbación se evidencie,
aun cuando no hayan sido expresamente invocados como vulnerados […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna

86. Vistos los artículos 365 y 366 de la Constitución Política sobre el derecho
colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.

87. De conformidad con el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber asegurar la
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le corresponde
proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por
particulares; en todo caso, el Estado es quien regula, el control y la vigilancia de
dichos servicios.

88. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades

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Núm. único de radicación: 68001-23-33-000-2012-00001-01

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

89. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”58 (Destacado fuera
de texto).

90. La Sección Primera recientemente59 consideró que la vulneración del
derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna implica acciones u omisiones concretas de la demandada que pongan en
evidencia la falta de oportunidad en la prestación del servicio o la falta de eficiencia
en la administración de los recursos destinados a garantizar el servicio público.

Contexto normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los
marcos legales, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida
de los habitantes

91. Visto el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472 sobre el derecho a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.

92. En relación con el alcance de este derecho, la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada
utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades
competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de

58 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
59 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número: 17001-23-33-

000-2018-00493-01.

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ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que
estén fuera de su marco normativo […]”60.

93. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de 201161,
determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales,
de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función
social y ecológica de la propiedad62; ii) protección del espacio público procurando
adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio
público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii)
respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho propio63; y iv) atención de
los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando
su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le
es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible64.

94. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho en mención
comprende el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven de
guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente,
de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
contenidas en los mismos. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos
sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros65.

95. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo
4.º de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de

2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril

de dos mil once (2011), Radicación número: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP).
62 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
63 Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
64 Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
65Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2007, radicación número: 63001-23-31-

000-2004-00243-01(AP). Reiterada por la Sección Primera, en la sentencia de 15 de noviembre de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2015-00323-03(AP) y en la sentencia de 19 de junio de 2020, radicación
número: 05001-23-33-000-2017-01929-01(AP).

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asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

La protección de los derechos colectivos de las personas en situación de
discapacidad visual

96. Vistos el artículo 24 de la Constitución Política sobre la libertad de
locomoción. Y, las Leyes 361, 1618 de 27 de febrero de 201366 y 2297 de 28 de
junio de 202367 relativas a la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las
personas en situación de discapacidad.

97. La Constitución Política de 1991 protege de forma especial a las personas en
situación de discapacidad, principalmente con el objeto de garantizar el goce y
ejercicio pleno de sus derechos.

98. El artículo 24 ibidem establece el derecho a la libertad de locomoción como
una garantía fundamental. La Corte Constitucional ha considerado que, en
tratándose de personas en situación de discapacidad, el derecho a la libertad de
locomoción se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la accesibilidad
física, en tanto facilita el goce y ejercicio efectivo de otras garantías68.

99. La Corte Constitucional, en la sentencia C-804 de 2009 señaló que el Estado
tiene la obligación de brindar una protección calificada a la población en situación
de discapacidad, para lo cual debe: “[…] “(i) procurar su igualdad de derechos y
oportunidades frente a los demás miembros de la sociedad, (ii) adelantar las
políticas pertinentes para lograr su rehabilitación e integración social de acuerdo a
sus condiciones y (iii) otorgarles un trato especial, pues la no aplicación de la
diferenciación positiva contribuye a perpetuar la marginación o la discriminación
[…]”.

100. Asimismo, distintos instrumentos internacionales han reconocido una
protección especial y reforzada a las personas en situación de discapacidad. La
Declaración de los Derechos de los Impedidos69, de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, reconoció el respeto por la dignidad de esta población y la
garantía de sus derechos civiles y políticos.

66 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de

las personas con discapacidad […]”.
67 “[…] Por medio de la cual se establecen medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las

personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos,
biopsicosocial, se incentiva su formación, acceso al empleo, emprendimiento, generación de ingresos y atención
en salud y se dictan otras disposiciones […]”.
68 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Reiterado en sentencia T-

321 de 2020 M.P Cristina Pardo Schlesinger.
69 Resolución No. 3447 del 9 de diciembre de 1975.

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101. El Protocolo de San Salvador70, de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos, establece como obligación de los Estados Parte en el
inciso c) del artículo 18 “[…] [i]ncluir de manera prioritaria en sus planes de
desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos
generados por las necesidades de este grupo […]”.

102. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad71 adoptada por la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, establece en su
artículo III la obligación de los Estados parte de adecuar los espacios
arquitectónicos en favor de la población con situación de discapacidad e incorpora
otras obligaciones para evitar y eliminar formas de discriminación contra esta
población.

103. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad72
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene por objeto “[…]
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente […]”.

104. La Ley 361, en su capítulo II, establece la eliminación de las barreras
arquitectónicas en beneficio de las personas en situación de discapacidad.

105. La Ley Estatutaria 1618 tiene por finalidad asegurar el ejercicio efectivo de
los derechos de un grupo social vulnerable mediante la adopción de medidas de
inclusión social, acciones afirmativas, ajustes razonables y eliminación de toda
forma de discriminación por razón de discapacidad. En su artículo 14 numeral 5. °,
dispone como deber de las “entidades del orden nacional, departamental, distrital y
local” dar “[…] efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la
construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y
privado, que presten servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados
[…]”.

70
Adoptada el 17 de noviembre de 1988, aprobada por el Congreso mediante la Ley 319 de 1996 y declarada
exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-251 de 1997, en vigor para Colombia desde el 24 de
septiembre de 1996.
71 Adoptada el 7 de junio de 1999, aprobada por el Congreso mediante la Ley 762 de 2002 y declarada exequible

por la Corte Constitucional en la sentencia C-401 de 2003, en vigor para Colombia desde el 5 de agosto de
2002.
72 Adoptada el 13 de diciembre de 2006, aprobada por el Congreso mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada

exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-293 de 2010.

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106. En la recién sancionada Ley 2297 de 202373 se consolida una garantía
progresiva en materia de protección de las personas en situación de discapacidad,
en tanto establece medidas efectivas para el acceso al servicio de cuidador o
asistencia personal de quienes lo requieran.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

107. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

108. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 74, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

109. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]75”.

73 “[…] Por medio de la cual se establecen medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de las

personas con discapacidad y los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos,
biopsicosocial, se incentiva su formación, acceso al empleo, emprendimiento, generación de ingresos y atención
en salud y se dictan otras disposiciones […]”.
74 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
75 Ibidem.

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Análisis del caso concreto

110. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio; para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico,
concluir el caso concreto.

111. El Tribunal Administrativo de Santander consideró que se encontraban
vulnerados los derechos colectivos: i) al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público; ii) a la seguridad y salubridad públicas; iii) al
acceso de la infraestructura de servicios que garantice la seguridad pública; iv) al
acceso a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y, v) a la
realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de
calidad de vida de los habitantes, con ocasión de la ausencia de losas texturizadas
en los andenes a ambos costados de la vía que comunica el Municipio de
Bucaramanga desde el Colegio La Salle hasta los límites con el Municipio de Girón.

112. El a quo encontró probado que estas obras se habían efectuado por la
Concesionaria Autopistas de Santander S.A. y fueron recibidas a satisfacción por la
Agencia Nacional de Infraestructura. No obstante, determinó que el contrato de
concesión terminó de forma anticipada por mutuo acuerdo. Dado lo anterior,
evidenció que, con miras a darle viabilidad a la culminación de las obras, se
suscribió el Convenio Interadministrativo 1113 de 2016 entre el Instituto Nacional de
Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, el Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga y
el IDESAN. A su vez, comprobó que a este Instituto se le entregó la administración
e intervención de los tramos 10A y 10B de la vía en cuestión. Y, en tal sentido
consideró que era el responsable de culminar los trabajos que involucran la
adecuación de los andenes y la incorporación de losetas texturizadas en el tramo
vial del sector Palenque - La Salle.

113. En similares términos, decidió que el Municipio de Bucaramanga tenía
responsabilidad en la vulneración de los derechos colectivos, dada su posición de
garante en el disfrute del espacio público. Por ello, les ordenó de manera conjunta
que efectuaran las adecuaciones de los andenes en la vía referida, con la
incorporación de losetas texturizadas, que sirven de guía para las personas con
discapacidad visual. Esto, en coordinación con la Secretaria Asesora de Planeación

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y la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga. Para lo cual
concedió un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del fallo.

114. El IDESAN interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior.
Manifestó su inconformidad por cuanto –a su juicio–: i) no se hizo un
pronunciamiento sobre las excepciones que propuso en la contestación de la
demanda; ii) no le asiste responsabilidad en la vulneración de los derechos e
intereses colectivos; iii) no es el competente para adecuar los andenes que fueron
recibidos a satisfacción por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura; iv) no
hay lugar a valorar las fotografías aportadas al proceso; v) el término para el
cumplimiento de la orden del fallo de primera instancia resulta insuficiente para
efectuar los estudios previos, adelantar el proceso contractual con miras a elegir al
contratista y para la ejecución del contrato; y, vi) se opuso a la condena en costas,
dado que no es el responsable de la vulneración.

115. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida, en
primera instancia, el 18 de septiembre de 2019.

Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente

116. Obra en el expediente copia del oficio número 2903 de 17 de agosto de
201176 suscrito por el Secretario de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga
dirigido a la Concesión Autopistas de Santander S.A. en el cual advierte que la
construcción de los andenes se adelantó sin el cumplimiento de la normativa para
el diseño y construcción del espacio público. Esta comunicación, reitera un
requerimiento de 17 de junio de 2011, como se observa a continuación:

“[…] En el pasado comunicado de fecha junio 17 de 2011, sobre el cual están
presentando objeción, se fue muy claro en manifestarles que el inconveniente que se
está dando es con respecto a la construcción de andenes en zona urbana del
Municipio de Bucaramanga, sin cumplimiento de la normatividad del manual pava el
diseño y construcción del espacio público, más no se objetaba el ancho del andén;
motivo por el cual no es comprensible los comentarios señalados en el comunicado
del asunto.

En la misiva del 17 de junio de 201 i, se les manifestaba que debían asesorarse de la
Secretaria de Planeación del Municipio de Bucaramanga, para construir senderos

76 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1ED_01CDNOPPALFLS1AL110(.PDF) NroActua 2, folio 49.

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peatonales con el cumplimiento de normas vigentes, evitando realizar inversiones
millonarias en andenes que no estarían cumpliendo la normatividad estipulada para
la zona urbana del Municipio de Bucaramanga, lo cual conlleva a que se interpongan
demandas de Acción Popular, las cuales podrían fallar a favor de los denunciantes,
obligando a la reconstrucción de los senderos peatonales y al pago de incentivos;
situación que se está poniendo de antemano para que en lo posible no se llegue a
presentar.

Es de anotar que con el precedente y si la Concesión insiste en incumplir con la
aplicabilidad de las normas urbanísticas, quedan como responsables en atender las
demandas de acción popular que se llegaren a presentar […]”.

117. Copia del oficio número 2014 de 17 de junio de 201177 suscrito por el
Secretario de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga dirigido a la Concesión
Autopistas de Santander S.A., en el que le manifiesta que los andenes construidos
en las obras de ampliación de la autopista de Bucaramanga – Girón no cumplen con
la normativa del manual para el diseño y construcción del espacio público.

118. Copia del memorando número 2014-500-009134-3 de 2 de octubre de 201478
del Vicepresidente Ejecutivo (E) dirigido al Gerente de Defensa Judicial de la
Agencia Nacional de Infraestructura en el que manifiesta que firmó el Contrato de
Concesión Núm. 002 de 2006, cuyo objeto consistía en realizar los estudios y
diseños definitivos, gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación,
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto
de concesión vial “Zona Metropolitana de Bucaramanga - ZMB", con el
Concesionario Autopistas de Santander S.A, mediante Resolución Núm. 752 de
2006.

118.1. A su vez, expresa que no es posible certificar la entrega de las obras de los
senderos peatonales del tramo 10 del proyecto porque este se encuentra en etapa
de construcción.

119. Copia del oficio de la Alcaldía de Bucaramanga de 17 de octubre de 2014 79
dirigido al Tribunal Administrativo de Santander, en el que manifiesta que no
encontró requerimientos sobre losetas y andenes relacionados con la vía “autopista
Bucaramanga - Girón desde los barrios La Salle y la Victoria del Municipio de
Bucaramanga sector conocido como La Salle Palenque Tramo 10”.

77 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1ED_01CDNOPPALFLS1AL110(.PDF) NroActua 2, folio 50.
78 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2ED_02CDNOPPALFLS111A181(.PDF) NroActua 2, folios 48 y 49.
79 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2ED_02CDNOPPALFLS111A181(.PDF) NroActua 2, folio 50.

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120. Copia del informe de visita técnica con número de consecutivo GDT-2134 de
4 de junio de 201580 suscrito por el Secretario de Planeación del Municipio de
Bucaramanga en el que señala que, luego del examen a los predios de jurisdicción
del municipio, “[…] se pudo establecer que los senderos peatonales están
construidos en concreto con dilataciones y acabado rugoso "escobiado", NO
presentan losetas texturizadas ni guías de orientación o patrón de alerta como indica
el Manual del Espacio Público del año 2008, por otro lado los senderos peatonales
son Espacio Público, es una Tenencia No un Uso y la tenencia es de todos […].

120.1. Asimismo, consta en el informe que la distancia desde el Colegio La Salle
hasta los límites con el Municipio de Girón son aproximadamente cuatro mil
ochocientos cincuenta (4.850) metros.

Mapa Núm. 1. Límites del Municipio de Bucaramanga con el Municipio de San
Juan de Girón

121. Copia del acuerdo de conciliación para la terminación anticipada por mutuo
acuerdo del Contrato de Concesión Núm. 002 de 2006, de 17 de noviembre de
201581 que en sus consideraciones señala, que entre el Instituto Nacional de
Concesiones INCO, actualmente Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad
Autopistas de Santander S.A. se suscribió el Contrato de Concesión Núm. 002 el 29
de diciembre de 2006, cuyo objeto consistía en el “[…] otorgamiento al
CONCESIONARIO de una concesión para que de conformidad con lo previsto en el
artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 de 1993 y en la Ley 105 del mismo año, realice
por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, gestión predial, gestión

80 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2ED_02CDNOPPALFLS111A181(.PDF) NroActua 2, folios 71 a 74.
81 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
3ED_03CDNOPPALFLS182A287(.PDF) NroActua 2, folios 127 a 133.

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social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento,
operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial "Zona Metropolitana de
Bucaramanga – ZMB […]".

121.1. Evidencia que la cláusula quinta del contrato de concesión comprendía tres
etapas: 1) pre-construcción; 2) construcción; y, operación y mantenimiento.

121.2. Del mismo modo, da cuenta que las partes de común acuerdo dieron por
terminado el contrato de concesión a partir del momento en el que el Tribunal de
Arbitramento emita su aprobación. A su vez, señala que las partes pactaron
suspender las obligaciones de construcción y de rehabilitación previstas en el
contrato como en los otrosíes, desde la suscripción del documento.

122. Copia del oficio de la Alcaldía de Girón de 26 de julio de 2017 82 suscrito por
la Secretaria de Infraestructura dirigido al Tribunal Administrativo de Santander, en
el que expone que “[…] el tramo sobre el cual recae la inspección de verificación de
las construcción de andenes con losetas texturizadas, correspondía a un tramo vial
incluido dentro del contrato de concesión No. 002 del 2006 suscrito entre el Instituto
Nacional de Concesiones INCO (hoy ANI) y Autopistas de Santander S.A, cuyo
objeto correspondía al otorgamiento de una concesión para que de conformidad con
lo previsto en el artículo 32, numeral 4, de la Ley 80 de 1993, y en la Ley 105 del
mismo año, realice por su cuenta y riesgo los estudios y diseños definitivos, gestión
predial , gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial "Zona
Metropolitana de Bucaramanga -ZMB […]".

122.1. Demuestra que las partes acordaron su terminación el 17 de noviembre de
2015, el cual fue aprobado por el Tribunal de Arbitramento mediante Auto Núm. 77
de 18 de febrero de 2016.

122.2. Asimismo, refiere que la ejecución del Contrato de Concesión Núm. 002 del
2006 se desarrolló desde el 10 de abril de 2007, hasta el 19 de abril de 2016.

122.3. Informa que el tramo 10 comprende Palenque- (PR71+000 RUTA 8801) - La
Salle (PR75+200 RUTA 8801) y tiene cuatro punto dos (4.2) kilómetros. Precisa
que, en su momento, el INCO hoy Agencia Nacional de Infraestructura entregó al
concesionario el tramo “PR72+690 y el PR 73+690 Ruta 6601 sector Palenque – La

82 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 33 a 37.

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Salle", el 28 de diciembre de 2007 para que fuera incluido en el Contrato de
Concesión Núm. 002 de 2006.

122.4. Señala que en virtud de la terminación anticipada del Contrato de Concesión
Núm. 002 de 2006, el Municipio de Girón y la Agencia Nacional de Infraestructura
suscribieron el acta de reversión el 19 de abril de 2016.

122.5. Precisa que el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de
Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, el
Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga y el Instituto Financiero
para el Desarrollo de Santander suscribieron el Convenio Interadministrativo Núm.
1113 de 2016, el 19 de agosto de 2016, con el propósito de “[…] adelantar las
actividades necesarias relacionadas con los estudios, diseños y la ejecución de las
obras requeridas de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el
recaudo de peajes, así como la operación total de los siguientes tramos viales, que
fueron objeto del contrato de concesión Núm. 002 de 2006 incluyendo las nuevas
obras que se identifiquen como prioritarias en el comité directivo […]".

122.6. Refiere que en desarrollo del Convenio Interadministrativo 1113 de 2016 se
acordó la obligación de entregar la infraestructura vial relacionada –de manera
temporal– al Departamento de Santander con destino al IDESAN. Que, de acuerdo
con lo pactado, se llevó a cabo la entrega el 30 de enero de 2017 para “[…] la
terminación de las obras no ejecutadas en virtud del contrato de concesión No. 002
de 2006, correspondiente al proyecto denominado "ZONA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA -ZMB".

122.7. Indica que, de conformidad con los sub-numerales 4, 5, 8, 10 y 11 del numeral
2.3 del Convenio 1113 de 2016, es el IDESAN el responsable de asumir la
administración y las intervenciones derivadas del objeto del convenio, como pasa a
verse:

“[…] [E]s responsabilidad del IDESAN asumir la administración y las
intervenciones que se deriven del objeto del convenio sobre la infraestructura
vial, con cargo a los recursos que ingresen durante la vigencia del mismo al encargo
fiduciario, así como adelantar por su cuenta y riesgo la operación total de la
infraestructura vial, garantizando de manera continua e ininterrumpida la
transitabilidad por los corredores viales afectos al desarrollo del convenio y gestionar
los trámites pertinentes para asumir la administración y las intervenciones sobre los
corredores viales que sean necesarios para la ejecución de las obras.

13. Por lo tanto, acorde a lo expresado en los apartes anteriores, el presente informe
acerca del estado actual de la construcción del andén con losetas texturizadas
de la vía que comunica al Municipio de Bucaramanga localizada en la autopista Girón-
Bucaramanga desde los barrios la Salle y la Victoria en el sector conocido como la
salle palenque tramo 10 hasta el barrio el poblado, recaerá solo sobre el tramo

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PR72+690 y el PR 73+690 Ruta 6601 sector Palenque - La Salle , ya que es el
tramo que en la actualidad tiene el IDESAN entregado por el ente territorial y
que integra el tramo 10”. [Destacado fuera del texto original]

122.8. Además, menciona como resultado de la visita ocular realizada a la vía que
conduce desde el Municipio de Girón hasta el Municipio de Bucaramanga, sentido
Girón-Bucaramanga, en el tramo comprendido entre PR72+690 y el PR73+690 ruta
6601 sector Palenque - La Salle que los andenes se encuentran en concreto y en
buen estado y “NO se observan dentro de sus acabados losetas Texturizadas”.

123. Copia del acta de reversión y entrega de la Agencia Nacional de
Infraestructura al Municipio de Girón de la infraestructura vial afecta al Contrato de
Concesión Núm. 002 de 2006, suscrita el 19 de abril de 201683.

124. Copia del acta de entrega del Municipio de Girón al Departamento de
Santander y de éste al IDESAN, en el marco del Convenio Interadministrativo Núm.
1113 de 2016, suscrito el 30 de enero de 201784.

125. Copia del Informe Técnico elaborado por el ingeniero civil contratista de la
Secretaria de Infraestructura del Municipio de Girón el 26 de julio de 201785 que
señala:

“[…] El día 26 de julio del año 2017 se realiza visita ocular en la vía que conduce
desde el Municipio de Girón hasta el Municipio de Bucaramanga, sentido Girón-
Bucaramanga, entre el tramo comprendido entre PR72+690 y el PR73+690 ruta
6601 sector Palenque - La Salle. Los andenes que se encuentran en el sector
mencionado son en terminado en concreto y se encuentran en buen estado' No
presentan grietas ni fracturas o daños de tipo estructural que atenten contra el
normal desplazamiento de los peatones. Además NO se observan dentro de sus
acabados losetas Texturizadas […].

126. Copia del oficio número GI-0460-201 de 7 de noviembre de 201786 suscrita
por el Gerente del IDESAN, dirigido al Tribunal Administrativo de Santander, en el
que informa que con ocasión de la terminación por mutuo acuerdo del Contrato de
Concesión Núm. 002 del 2006, se llevó a cabo la reversión el 19 de abril de 2016,
de la siguiente forma:

“[…] El 19 de abril de 2016 se revertió al Municipio de Bucaramanga el TRAMO 10B:
Entre el PR73+690, ruta 6602 hasta la carrera 27 con calle 65 en Bucaramanga,
(Colegio La Salle) sin incluir el puente; conforme al Acuerdo Conciliatorio antes
mencionado. También se revertió al Municipio de Girón el TRAMO 10A: Sector

83
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 45 a 49.
84 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 38 a 44.
85 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 50 a 54.
86 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
4ED_04CDNOPPALFLS288A355(.PDF) NroActua 2, folios 65 y 66.

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comprendido entre el PR72+690 hasta el PR73+690 ruta 6602. Asimismo, se revertió
al INVIAS el TRAMO 10A: Sector comprendido entre la Intersección Palenque (PR
71+301) hasta el PR72+690 ruta 6602 y el TRAMO 1: Sector comprendido entre la
Intersección Palenque (PR 71+310 Ruta 6602) y la Intersección T del Aeropuerto (PR
63+800 Ruta 6602) […]”.

126.1. Señala que el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de
Infraestructura, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el
Departamento de Santander, el Municipio de Bucaramanga y el IDESAN
suscribieron el Convenio 1113 de 2016, que tiene por objeto “[…] [a]unar esfuerzos
técnicos, jurídicos y financieros entre [estas entidades], para adelantar las
actividades necesarias relacionadas con los estudios, diseños y ejecución de las
obras requeridas de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el
recaudo de peajes, así como operación total de los tramos viales antes
mencionados, que fueron objeto del contrato de Concesión No. 002 de 2006,
incluyendo las nuevas obras que se identifiquen como prioritarias por el Comité
Directivo […]”.

126.2. Indica que, en cumplimiento de las obligaciones del convenio, el Municipio de
Bucaramanga, el Municipio de Girón y el INVIAS entregaron al IDESAN los tramos
1, 10A y 10B, para su operación y administración, el 30 de enero de 2017.

126.3. De igual modo, informa que el 2 de marzo de 2017 contrató con la
Cooperativa de Trabajo Asociado La Paz, las actividades de mantenimiento rutinario
del tramo 10A y 10B y con la Cooperativa de Trabajo Asociado Carreteranos de
Girón el mantenimiento rutinario del Tramo 1, quienes desarrollan las siguientes
funciones:

“[…] Mano de obra para parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y
bacheo en carreteras destapadas.
• Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales,
obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas,
lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de
sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre
curso de las aguas.
• Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y
mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de
reposición IDESAN suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará
cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio).
Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
• Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
• Atención de Emergencias y vigilancia del Tramo Rocería y desmonte manual.
• Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
• Jardinería realizada con mano de obra directa.
• Empradización manual con semilla o cespedones [sic].
• Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa […]”.

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127. Copia del Convenio Interadministrativo de Cooperación Núm. 1113 de 201687
celebrado entre el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura,
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el Departamento de
Santander, el Municipio de Bucaramanga y el IDESAN el 29 de agosto de 2016, que
tiene por objeto, según lo establecido en su cláusula primera, “aunar esfuerzos
técnicos, jurídicos y financieros [entre las partes] para adelantar las actividades
necesarias relacionadas con los estudios, diseños y la ejecución de las obras
requeridas de construcción rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el
recaudo de peajes, así como la operación total de los siguientes tramos viales, que
fueron objeto del Contrato de Concesión No. 002 de 2006. incluyendo las nuevas
obras que se identifiquen como prioritarias".

127.1. Los tramos involucrados con ocasión de este Convenio Interadministrativo
son los siguientes:

“TRAMO 1: Sector comprendido entre la Intersección Palenque (PR 71+310 Ruta
6602) y la Intersección T del Aeropuerto (PR 63+800 Ruta 6602).
TRAMO 2: Sector comprendido entre la Intersección T del Aeropuerto (PR 63+800
Ruta 6602) y el municipio de Lebrija (PR 60+000 Ruta 6602).
TRAMO 3: Sector comprendido entre la intersección T del Aeropuerto (PR 63+800
Ruta 6602) y el Aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga.
TRAMO 4: Sector comprendido entre la Intersección de Palenque comprendida la
totalidad de la Intersección (PR 71+310 de la Ruta 6602 o PR 10+100 de la Ruta 45
A ST 08) hasta Café Madrid (PR 19+300 de la Ruta 45 AST 08).
TRAMO 5: Sector comprendido entre Café Madrid (PR19+300 de la Ruta 45 AST
08) y la Intersección La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08), incluyendo toda la
intersección.
TRAMO 6A: Sector comprendido entre el Puente La Cemento (PR 0+000 de la ruta
45A 08) y la intersección La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08).
TRAMO 6B: Sector comprendido entre el CAI La Virgen (Bucaramanga cruce
Carrera 15 Calle 3) y la intersección La Cemento (PR0+300 Ruta 45A08).
TRAMO 7: Sector comprendido entre la intersección La Cemento (PR 0+300 Ruta
45A08) y El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08).
TRAMO 9: Sector comprendido entre El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08) y el
municipio de Rionegro (PR 18+000 Ruta 45A08).
TRAMO 10A: Sector comprendido entre la Intersección Palenque (PR 71+301)
hasta el PR73+690 ruta 6602.

87 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
5ED_05CDNOPPALFLS356A366(.PDF) NroActua 2, folios 8 a 29; 6ED_06CDNOPPALFLS367A388(.PDF)
NroActua 2, folios 25 a 31.

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TRAMO 10B: Entre el PR73+690, ruta 6602 hasta la carrera 27 con calle 65 en
Bucaramanga, (Colegio La Salle) sin incluir el puente”88.

127.2. Las obligaciones del IDESAN establecidas en la cláusula segunda del
Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 201689 son las que se trascriben a
continuación:

“[…] 1. Actualizar, corregir, ajustar y/o elaborar, según corresponda, los estudios y
diseños de las obras que fueren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto a
que se refiere la Cláusula Primera del presente convenio, sin perjuicio de las
obligaciones, competencias y atribuciones propias de cada una de las partes
intervinientes.

2. Asumir la administración y las intervenciones que se deriven del objeto del
Convenio sobre la infraestructura vial, con cargo a los recursos que ingresen durante
la vigencia del mismo al encargo fiduciario a que antes se hace referencia.

3. Adelantar por su cuenta y riesgo la operación total de la infraestructura vial,
garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad [sic] por los
corredores viales afectos al desarrollo del convenio.

4. Adelantar bajo el régimen contemplado en la ley 80 de 1993 y demás normas
reglamentarias, la contratación de las obras y la interventoría de las mismas, de
conformidad con los documentos y requisitos técnicos, jurídicos y financieros
utilizados por El INVIAS en sus procesos de contratación, incluyendo los modelos
de pliego de condiciones utilizados para tal efecto, así mismo remitir al INVIAS para
visto bueno, los pliegos de condiciones con todos sus anexos, antes de la respectiva
publicación para la contratación de las obras.

5. Gestionar los trámites pertinentes para asumir la administración y las
intervenciones sobre los corredores viales que sean necesarios para la ejecución
de las obras.

6. Suscribir los acuerdos de transparencia que sean requeridos para adelantar los
procesos de contratación que se vayan a llevar a cabo […]90”.

128. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:

128.1. El Instituto Nacional de Concesiones INCO91 y la Sociedad Autopistas de
Santander S.A. suscribieron el Contrato de Concesión Núm. 002 de 2006, el 29 de
diciembre de esa anualidad. El contrato tenía por objeto que el concesionario
realizara “[…] por su cuenta y riesgo, los estudios y diseños definitivos, gestión
predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, rehabilitación,

88 Información tomada de la página web del IDESAN, https://idesan.gov.co/convenio-1113-de-2016-peajes/ ,

recuperada el 9 de noviembre de 2023.
89 Las obligaciones 4 y 8 fueron relacionadas en el fallo de primera instancia de 18 de septiembre de 2019.
90 Ibidem.
91 Mediante el Decreto Núm. 4165 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de

Concesiones INCO, organizado como un establecimiento público de la Rama Ejecutiva del orden nacional, a
una Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica,
denominada Agencia Nacional de Infraestructura, adscrita al Ministerio de Transporte.

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mejoramiento, operación y mantenimiento del proyecto de concesión vial ‘Zona
Metropolitana de Bucaramanga – ZMB’ […]".

128.2. De conformidad con la cláusula quinta del Contrato de Concesión, la
ejecución del Proyecto Zona Metropolitana de Bucaramanga comprendía tres
etapas: 1) pre-construcción; 2) construcción y rehabilitación; y, 3) operación y
mantenimiento.

128.3. El INCO le entregó a la concesionaria Sociedad Autopistas de Santander S.A.
el tramo “PR72+690 y el PR 73+690 Ruta 6601 sector Palenque – La Salle" el 28
de diciembre de 2007 para que lo incluyera dentro de las obras en el marco del
Contrato de Concesión Núm. 002 de 2006.

128.4. El Secretario de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga en
comunicaciones de 17 de junio y 17 de agosto de 2011 expresó a la Concesión
Autopistas de Santander S.A. que la construcción de los andenes en la “zona
urbana” del municipio, específicamente, en las obras de ampliación de la autopista
de Bucaramanga – Girón, se adelantó sin el “[…] cumplimiento de la normatividad
del manual para el diseño y construcción del espacio público […]”.

128.5. El Contrato de Concesión Núm. 002 del 2006 se ejecutó desde el 10 de abril
de 2007 hasta el 19 de abril de 2016, dado que las partes acordaron la terminación
anticipada del contrato el 17 de noviembre de 2015, y este fue aprobado por el
Tribunal de Arbitramento mediante auto de 18 de febrero de 2016.

128.6. En virtud del acuerdo de terminación del contrato referido, el Municipio de
Girón, el Municipio de Bucaramanga y la Agencia Nacional de Infraestructura
suscribieron el acta de reversión el 19 de abril de 2016, según el cual: “[…] se
revertió al Municipio de Bucaramanga el TRAMO 10B: Entre el PR73+690, ruta 6602
hasta la carrera 27 con calle 65 en Bucaramanga, (Colegio La Salle) sin incluir el
puente (…). También se revertió al Municipio de Girón el TRAMO 10A: Sector
comprendido entre el PR72+690 hasta el PR73+690 ruta 6602. Asimismo, se
revertió al Instituto Nacional de Vías el TRAMO 10A: Sector comprendido entre la
Intersección Palenque (PR 71+301) hasta el PR72+690 ruta 6602 y el TRAMO 1:
Sector comprendido entre la Intersección Palenque (PR 71+310 Ruta 6602) y la
Intersección T del Aeropuerto (PR 63+800 Ruta 6602) […]”.

128.7. El Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, el Departamento de
Santander, el Municipio de Bucaramanga y el Instituto Financiero para el Desarrollo

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de Santander suscribieron el Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016, el
19 de agosto de 2016, con el propósito de “[…] adelantar las actividades necesarias
relacionadas con los estudios, diseños y la ejecución de las obras requeridas de
construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el recaudo de peajes,
así como la operación total de los siguientes tramos viales, que fueron objeto del
contrato de concesión No. 002 de 2006 incluyendo las nuevas obras que se
identifiquen como prioritarias en el comité directivo […]".

128.8. Las partes que suscribieron el Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de
2016 acordaron que le entregarían la infraestructura vial al IDESAN para que
cumpliera, entre otras, las siguientes obligaciones: “[…] 1. Actualizar, corregir,
ajustar y/o elaborar, según corresponda, los estudios y diseños de las obras que
fueren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto [del] convenio, sin perjuicio
de las obligaciones, competencias y atribuciones propias de cada una de las partes
intervinientes. 2. Asumir la administración y las intervenciones que se deriven del
objeto del Convenio sobre la infraestructura vial (…). 3. Adelantar por su cuenta y
riesgo la operación total de la infraestructura vial (…). 4. Adelantar bajo el régimen
contemplado en la ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias, la contratación
de las obras y la interventoría de [estas] (…). 5. Gestionar los trámites pertinentes
para asumir la administración y las intervenciones sobre los corredores viales que
sean necesarios para la ejecución de las obras.

128.9. El Municipio de Bucaramanga, el Municipio de Girón y el Instituto Nacional
de Vías entregaron al IDESAN los tramos 1, 10A y 10B, para su operación y
administración, el 30 de enero de 2017, en cumplimiento de las obligaciones del
convenio.

128.10. El tramo 1 es aquel comprendido entre la Intersección Palenque (PR
71+310 Ruta 6602) y la Intersección T del Aeropuerto (PR 63+800 Ruta 6602). El
tramo 10A corresponde al sector entre la Intersección Palenque (PR 71+301) hasta
el PR73+690 ruta 6602. Y, el tramo 10B es aquel entre el PR73+690, ruta 6602
hasta la carrera 27 con calle 65 en Bucaramanga, (Colegio La Salle) sin incluir el
puente.

128.11. De acuerdo con el informe de visita técnica suscrito por el Secretario
de Planeación del Municipio de Bucaramanga el 4 de junio de 2015 y según el
Informe Técnico elaborado por el ingeniero contratista de la Secretaria de
Infraestructura del Municipio de Girón el 26 de julio de 2017 está probado que los
andenes ubicados en el tramo comprendido entre PR72+690 y el PR73+690 ruta

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6601 sector Palenque - La Salle, se encuentran en buen estado, pero no cuentan
con losas texturizadas, ni guías de orientación o patrones de alerta.

Solución a los problemas jurídicos

129. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.

Respecto de las excepciones propuestas por el IDESAN

130. En el escrito de contestación de la demanda, el IDESAN propuso las
excepciones que denominó de la siguiente forma: i) falta de legitimación en la causa
por pasiva; ii) falta del requisito de procedencia de la acción popular; iii) el hecho de
un tercero y falta de competencia para hacer las obras; iv) la improcedencia de la
acción popular por incumplir el requisito adjetivo de la subsidiariedad; y, v) la
excepción genérica, tendiente a que el Juez declare las excepciones que se
encuentren probadas y que favorezcan los intereses del Instituto.

131. El IDESAN argumentó cada una de las excepciones, en el sentido de señalar
–en su orden–: i) que no tiene relación directa con los hechos objeto de estudio en
el presente asunto, debido a que solo ejecuta las obras que indique el Comité
Directivo del Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016; ii) que nunca se
presentó al Instituto un requerimiento por parte del actor de acuerdo con lo exigido
por la Ley; iii) que fue un tercero el que incumplió con la normativa sobre la
protección especial de las personas con discapacidad, en tanto fue la Concesionaria
Autopistas de Santander S.A. quien ejecutó las obras; iv) refiere que se incumple
con el presupuesto de la subsidiariedad, dado que el demandante podía haber
acudido a la acción de cumplimiento, toda vez que lo pretendido por el actor es el
acatamiento de las normas de adecuación de andenes; v) por último, sin mayor
sustentación, pidió declarar probada cualquier otra excepción a favor de sus
intereses.

132. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander
se pronunció sobre la legitimación en la causa por pasiva del IDESAN. Al respecto,
indicó que tiene legitimación por tratarse de una de las entidades sobre las cuales
recae la obligación de instalar losas texturizadas en los andenes de la vía que
comunica el Municipio de Bucaramanga –desde el Colegio La Salle– hasta los
límites con el Municipio de Girón. En este aspecto el a quo indicó:

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“[…] [Q]uedó establecido que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y el IDESAN son
las entidades sobre quienes recae la obligación de instalar losetas texturizadas en los
andenes ubicados en la vía que comunica el Municipio de Bucaramanga desde el
Colegio La Salle hasta los límites con el Municipio de Girón, por tanto es claro que se
encuentran legitimados por pasiva en el presente asunto tanto comparecer como
partes como [sic] para responder por las pretensiones de la demanda y cumplir las
órdenes impartidas en esta providencia […]”.

133. En lo demás, consideró que las excepciones propuestas –por tener el
carácter de argumentos de defensa– serían resueltas en el fondo de la decisión92.
El IDESAN cuestionó en su recurso de apelación que se incurrió en falsa motivación
y en transgresión al principio de congruencia, comoquiera que el juez se limitó a
señalar que no prosperaban sus excepciones, sin exponer las razones de su
determinación.

134. Al respecto, la Sala considera que en virtud de lo establecido en el artículo
23 de la Ley 472, con la contestación de la demanda solo pueden proponerse las
excepciones de mérito y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, las
cuales deben ser resueltas por el juez en la sentencia.

135. La Sala observa que las excepciones denominadas “falta del requisito de
procedencia de la acción popular”, “improcedencia por incumplimiento del requisito
adjetivo de subsidiariedad” y “excepción genérica” no tienen vocación de prosperar.
Esto, en la medida que, en primer lugar, el requerimiento previo de la acción popular
constituye un argumento que podía alegar el IDESAN al momento de la notificación
del auto de vinculación a este proceso. Al no hacerlo dentro de la oportunidad
definida, se entiende saneada la situación; de ahí que, no sea posible declarar esta
excepción en la sentencia.

136. En segundo lugar, no prospera la excepción relativa al incumplimiento del
requisito de subsidiariedad fundada en la existencia de otro medio de defensa
judicial, como lo es la acción de cumplimiento. Esta determinación encuentra
fundamento en el carácter principal de la acción popular, lo cual significa que, a
diferencia de otras acciones constitucionales como la acción de tutela, el habeas
corpus e incluso la acción de cumplimiento, la popular sí puede interponerse pese
a la existencia de otros mecanismos idóneos para obtener la protección del derecho
o del interés que se reclama.

92Respecto de las demás excepciones propuestas por el IDESAN, el Tribunal expresó que se trataban de “[…]

medios de defensa, los cuales se resolverán de fondo en la (…) providencia”.

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137. En tercer lugar, se advierte que la excepción genérica no prospera, en tanto
no se ajusta a los presupuestos del artículo 23 de la Ley 472. Además, no se
advierte ninguna excepción procedente.

138. Se acompañan los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de
Santander que conllevaron a considerar que el IDESAN sí se encuentra legitimado
por pasiva en este asunto, comoquiera que se trata de quien se encargó “[…] de
adelantar las actividades necesarias relacionadas con los estudios, diseños y la
ejecución de las obras requeridas de construcción, rehabilitación, mejoramiento y
mantenimiento, el recaudo de peajes, así como la operación total de aquellos tramos
que hacían parte del contrato de concesión Núm. 002 de 2006 […]”.

139. Por su parte, en lo que corresponde a la excepción denominada el “hecho de
un tercero y la falta de competencia para hacer las obras” la Sala estima que,
corresponden justamente al eje central de discusión, de allí que, el a quo haya
puesto de presente que lo abordaría en el fondo, en tanto –se infiere– le dio trámite
de excepción de mérito.

140. Según lo expuesto, la Sala concluye que no había lugar a declarar probada
ninguna de las excepciones alegadas por el IDESAN.

Sobre la ausencia de losas texturizadas en la vía que comunica el Municipio
de Bucaramanga con el Municipio de Girón, sector Palenque – Colegio La
Salle

141. La Sala encuentra acreditada la ausencia de losas texturizadas en los
andenes ubicados a ambos lados del tramo 10 de la vía que comunica el Municipio
de Bucaramanga con el Municipio de Girón, en el sector “PR72+690 y el PR 73+690
Ruta 6601 Palenque – La Salle".

142. Además, resalta que el IDESAN no formuló reparo respecto de la conclusión
del a quo según la cual los “[…] andenes ubicados en el tramo que inicia en el
Colegio La Salle hasta los límites con el Municipio de Girón, no cuentan con losas
texturizadas pese a haber sido intervenido[s] arquitectónicamente en virtud del
contrato de concesión […]”.

143. Por lo anterior, la Sala considera que no existe discusión acerca de la
ausencia de losas –con las características exigidas para guiar a la población en
situación de discapacidad– en los andenes a ambos costados de la vía que

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comunica el Municipio de Bucaramanga con el Municipio de Girón, en el sector
Palenque – La Salle.

144. En este orden de ideas, en lo que atañe a resolver el problema jurídico
relacionado con la existencia o no de la trasgresión de los derechos colectivos, la
Sala concluye que en el presente caso se configura la vulneración de los derechos:
i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
y, iii) a la realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de calidad de vida de los habitantes, en especial de la población en
situación de discapacidad visual. Al mismo tiempo, considera amenazado el
derecho al acceso a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad.

145. Para arribar a tal determinación, resulta preciso traer a colación algunas
consideraciones puntuales que se efectuaron en los marcos normativos y
jurisprudenciales de estos derechos e intereses colectivos.

146. La vulneración del derecho al goce del espacio público y a la utilización y
defensa de los bienes de uso público se concreta comoquiera que los andenes
constituyen un elemento del espacio público, según se establece en el artículo 2.°
de la Ley 769.

147. En reiteradas oportunidades, la Sala ha señalado que “[…] los andenes son
zonas de uso público destinados al tráfico peatonal cuyo uso y goce adecuado están
garantizados por el Estado […]93”. A nivel territorial, les corresponde a los municipios
garantizar la libre y segura circulación peatonal por la respectiva zona. Bajo tal
consideración, los alcaldes ostentan el deber de proteger el uso y goce del espacio
público, en el marco de las normas constitucionales de los artículos 82 y 315
numeral 1.°, legales –según el artículo 5.° de la Ley 9.° de 1989, entre otras
disposiciones– y reglamentarias –como el artículo 5° del Decreto 1504 de 1998 y el
Decreto 1538 de 2005–.

148. De manera relevante, para este caso puntual, se destacan algunos tratados
e instrumentos internacionales94, que propenden por la protección de los derechos
de las personas en situación de discapacidad y obligan al Estado a la adopción de
medidas afirmativas tendientes a eliminar cualquier tipo de barrera que impida el
ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos, el goce al espacio público.

93 Ibidem cita número 4.
94 La Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), el Protocolo de San Salvador (1988), la Convención

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad (1999), y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

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149. En el sub examine, quedó demostrado que los andenes no fueron
readecuados, en el tramo de la vía Palenque – La Salle, que comunica
Bucaramanga con Girón, pese a las comunicaciones enviadas por el Secretario de
Infraestructura del Municipio de Bucaramanga a la Concesionaria Autopistas de
Santander S.A., en las que advertía sobre el adelantamiento de las obras de
construcción de los andenes sin el cumplimiento de la normativa del manual para el
diseño y construcción del espacio público. Todo lo expuesto, permite acreditar la
vulneración del derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público.

150. En lo relativo al derecho colectivo al acceso a la infraestructura pública vial
en condiciones de seguridad, la Sala considera que se encuentra amenazado, ello,
por cuanto la ausencia de elementos de guía a favor de la población en situación de
discapacidad limita el goce a su libre circulación y la expone a un riesgo en su
seguridad al transitar como peatones por andenes sin las adecuaciones técnicas.

151. Se recuerda al recurrente que, de conformidad, con la posición pacífica de la
Sala, no es necesario probar el grado de accidentalidad para inferir que la ausencia
de un mobiliario adecuado en los andenes conlleva a la protección del derecho a la
seguridad en la infraestructura pública vial. Lo anterior, en la medida que basta con
demostrar la negligencia de la autoridad o de la entidad encargada, para “[…]
concluir que tal conducta omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]95”.

152. Ahora, la Sala considera que se concreta la vulneración del derecho a la
realización de las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de
calidad de vida de los habitantes. Lo anterior, en razón a que, en el caso puntual, la
causa que origina la situación objeto de análisis consiste –justamente– en la omisión
de seguir las normas establecidas para la construcción de andenes en la vía que
comunica de Bucaramanga con Girón.

153. Lo anterior, desconoce el deber establecido en favor de la población en
situación de discapacidad, establecida en la Ley 1618, relativa al “[…] efectivo
cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o adecuación de
las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten servicios
al público debiendo cumplir con los plazos señalados […]”.

95 Ibidem referencia 6.

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154. En la actualidad, la progresividad de los derechos colectivos de las personas
en situación de discapacidad ha conllevado a que –incluso– se plantee a través de
órdenes judiciales y exhortos la necesidad de revisar políticas públicas en materia
de accesibilidad de los espacios públicos en favor de esta población.

155. Por último, de acuerdo con los supuestos fácticos, las pretensiones y lo
probado en el proceso, la Sala no encuentra vulnerados los derechos a la seguridad
y la salubridad públicas; así como, al acceso a servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna. En los dos escenarios, considera que son
protegidos de una forma más específica a través del amparo del derecho al acceso
a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad.

El IDESAN es competente para readecuar los andenes ubicados en el tramo
Palenque – La Salle de la vía que comunica el Municipio de Bucaramanga con
el Municipio de Girón

156. Contrario a lo expresado por el recurrente, la Sala considera que el IDESAN
es competente para readecuar los andenes conforme a la normativa que exige el
uso de losas texturizadas, como patrones de guía a favor de la población con
discapacidad visual en la vía que se ha venido refiriendo.

157. La Sala arriba a tal conclusión, luego de comprobar que en el marco del
Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016, al IDESAN se le asignó la
responsabilidad de “[…] asumir la administración y las intervenciones que se
deriven del objeto del convenio sobre la infraestructura vial, con cargo a los
recursos que ingresen durante la vigencia [de este] al encargo fiduciario, así como
adelantar por su cuenta y riesgo la operación total de la infraestructura vial
(…) por los corredores viales [destinados] al desarrollo del convenio […]”96.

158. Esta probado que el tramo “PR72+690 y el PR 73+690 Ruta 6601 sector
Palenque – La Salle" como parte del trayecto 10 fue entregado el 28 de diciembre
de 2007 por INCO al concesionario para que fuera incluido en el Contrato de
Concesión Núm. 002 de 2006. Tramo respecto del cual, se acreditó –a través de
prueba directa– la ausencia de losas texturizadas en los andenes a ambos costados
de la vía.

159. Asimismo, consta que, en cumplimiento de las obligaciones pactada en el
Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016, el IDESAN recibió del Municipio

96 Obligaciones del IDESAN establecidas en el Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016.

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de Bucaramanga, del Municipio de Girón y del Instituto Nacional de Vías los tramos
1, 10A y 10B, el 30 de enero de 2017.

160. Según lo acreditado en el proceso, el tramo 1 comprende entre la
Intersección Palenque (PR 71+310 Ruta 6602) y la Intersección T del Aeropuerto
(PR 63+800 Ruta 6602). El tramo 10A corresponde al sector entre la Intersección
Palenque (PR 71+301) hasta el PR73+690 ruta 6602. Y, el tramo 10B es aquel entre
el PR73+690, ruta 6602 hasta la carrera 27 con calle 65 en Bucaramanga, (Colegio
La Salle) sin incluir el puente.

161. Así las cosas, teniendo en cuenta las obligaciones asignadas al IDESAN en
el marco del Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016, en particular, aquella
relativa a “[…] [a]delantar por su cuenta y riesgo la operación total de la
infraestructura vial, garantizando de manera continua e ininterrumpida la
transitabilidad por los corredores viales afectos al desarrollo del convenio […]” y
considerando que el tramo 10 objeto de reclamo de esta acción popular fue
entregado a dicho Instituto para su intervención y operación97, no queda duda que
el IDESAN es responsable de cumplir con la orden de readecuación por tratarse de
quien se encuentra designado para adelantar la operación íntegra de infraestructura
de conformidad con lo pactado en el Convenio referido.

162. Lo anterior, desvirtúa la afirmación del recurrente, cuando aduce que es el
Municipio de Bucaramanga quien debe adelantar las obras de readecuación, por
ser quien tiene la función pública de ordenamiento del territorio, según lo dispuesto
por el artículo 5.° de la Ley 388. Esto, por cuanto al IDESAN sí le asiste competencia
en la readecuación de los andenes, en el marco del Convenio Interadministrativo
suscrito en 2016, con distintas entidades, entre ellas, el municipio de Bucaramanga,
quien, en cumplimiento de sus obligaciones, le hizo entrega al IDESAN del tramo
de la vía que pertenece a su jurisdicción -que hacía parte del Contrato de
Concesión- para su mejoramiento, construcción, administración, operación, etc. Lo
anterior no implica, como lo pretende hacer ver el IDESAN, que el Municipio de
Bucaramanga haya sido excluido de responsabilidad en este caso concreto porque,
se reitera, los ordinales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada
no solo declararon la responsabilidad del Municipio y del IDESAN, sino que
impartieron órdenes para que la superación de la amenaza y vulneración de los
derechos e intereses colectivos sea conjunta y coordinada.

97 Esto quedó probado en el proceso, comoquiera que el IDESAN suscribió contratos para adelantar actividades

de mantenimiento en los tramos 10A y 10B en 2017.

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163. Respecto del argumento alegado por el IDESAN, en el que aduce no tiene
potestad para cumplir la orden de la sentencia de primera instancia, en la medida
que el Comité Directivo es quien define las obras que se deben ejecutar, la Sala
considera que no es de recibo, en tanto según lo establecido en el Convenio
Interadministrativo Núm. 1113 de 2016, el IDESAN es quien “[…] adelanta las
actividades necesarias relacionadas con los estudios, diseños y ejecución de las
obras requeridas de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento, el
recaudo de peajes, así como la operación total de los siguientes tramos viales, que
fueron objeto del contrato de Concesión No. 002 de 2006, incluyendo las nuevas
obras que se identifiquen como prioritarias por el Comité Directivo […]”
[destacado fuera del texto original].

164. Así, como los tramos 10A y 10B sí fueron entregados al IDESAN por hacer
parte del Contrato de Concesión No. 002 de 2006, la Sala concluye que el Instituto
Financiero para el Desarrollo de Santander debe ejecutar las obras ordenadas por
el a quo, toda vez que en el marco de sus competencias le corresponde adelantar
las obras nuevas que identifique el Comité Directivo. Esta obligación desvirtúa su
señalamiento, y de allí que no se constituye en una razón válida para escudar su
competencia.

Sobre la atribución de responsabilidad por la vulneración y amenaza de los
derechos e intereses colectivos

165. Acreditada la trasgresión de los derechos colectivos referidos en el acápite
supra, a título de vulneración y amenaza, la Sala considera que con motivo de la
omisión del IDESAN y dada la posición que ostenta para superar la situación
vulneradora, se encuentran satisfechos los presupuestos que permiten atribuir la
responsabilidad al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, con el objeto
de que haga cesar la amenaza y la vulneración de los derechos colectivos
señalados. Por lo tanto, se confirmará la orden proferida en el ordinal quinto de la
sentencia de primera instancia, salvo el término conferido para su cumplimiento
como se desarrollará más adelante.

166. No se desconoce que el IDESAN no fue quien adelantó las obras de
construcción de los andenes del tramo Palenque – La Salle, comoquiera que, ha
quedado probado que fueron realizadas por la Concesionaria Autopistas de
Santander S.A. No obstante, atendiendo que es quien –en la actualidad– ostenta
las atribuciones para llevar a cabo las adecuaciones de los andenes en la vía
precitada, de conformidad con las potestades que le fueron conferidas en el marco

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del Convenio Interadministrativo –que no sólo le asignan la responsabilidad de
culminar las obras inconclusas, como lo postula en su escrito de apelación– sino
que, en realidad, le atribuyen un amplio margen de acción con miras a dar viabilidad
al proyecto, para la Sala resulta irrefutable que es quien cuenta con la posibilidad
material de superar la amenaza y hacer cesar la vulneración.

167. Adicionalmente, se observa que, aunque el Convenio Interadministrativo se
suscribió en el año 2016, a la fecha el IDESAN no ha aportado prueba de la
adecuación de los andenes con las losas texturizadas a favor de la población en
situación de discapacidad, lo cual confirma su omisión.

El valor probatorio de las fotografías

168. El recurrente se opuso a otorgar valor probatorio a las fotografías aportadas
al proceso, para ello sustentó que estas no reúnen los requisitos de georreferencia
que ha determinado el Consejo de Estado en su jurisprudencia.

169. Sobre el particular, la Sala observa que, en el fallo de primera instancia, el a
quo hizo mención de que en el informe adelantado con ocasión de la inspección
ocular efectuada el 26 de julio de 2017 se adjuntó material fotográfico.

170. De modo semejante, se advierte que, en la parte considerativa, el Tribunal
indicó “[…] es evidente que la institución es la responsable de culminar los trabajos
consistentes en la adecuación de los andenes y la incorporación de las losetas
texturizadas, actuaciones que hasta el momento no se han llevado a cabo puesto
que por medio de las imágenes aportadas visibles a folios 314 a 316 se demuestra
la ausencia de las losetas texturizadas dentro del tramo vial del sector Palenque -
La Salle […]”.

171. Visto lo anterior, le corresponde a la Sala señalar que, sobre el valor
probatorio de las fotografías, esta Corporación ha indicado que, “[…] para que estas
tengan connotación probatoria y puedan ser valoradas conforme a las reglas de la
sana crítica, se debe tener certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que fueron tomadas, lo que normalmente se devela a través de otros medios de
prueba complementarios […]”98.

172. Al respecto, la Sala constata que la conclusión efectuada por el a quo permite
evidenciar el valor asignado a las fotografías aportadas con el informe allegado por
el Municipio de Girón el 26 de julio de 2017, suscrito por la Secretaria de

98 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2020, radicado número: 68001-23-33-000-

2018-00913-01.

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Infraestructura. De lo cual, se logra conocer que estas imágenes fueron registradas
el mismo día, con motivo de la visita ocular en la vía que conduce desde el Municipio
de Girón hasta el Municipio de Bucaramanga, sentido Girón-Bucaramanga, en el
tramo comprendido entre PR72+690 y el PR73+690 ruta 6601 sector Palenque - La
Salle.

173. No obstante, se considera que, para llegar a tal conclusión, de manera similar
fueron tenidas en cuenta por el a quo el resto de pruebas existentes en el proceso.
Incluso, el resultado del informe donde se encuentran las fotografías que dan cuenta
que los andenes no tienen en sus acabados losetas texturizadas.

174. Por todo lo expuesto, la Sala descarta que la valoración de las fotografías por
la primera instancia exceda la potestad del juez popular en la ponderación
probatoria de la sana crítica.

La orden que se debe impartir para hacer cesar la amenaza y la vulneración
de los derechos e intereses colectivos

175. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander
ordenó que en el término de tres (3) meses –contados a partir de la ejecutoria de la
decisión– el IDESAN y el Municipio de Bucaramanga, de forma conjunta, deben
realizar las adecuaciones de los andenes ubicados en la vía que comunica el
Municipio de Bucaramanga desde el Colegio La Salle hasta los límites con el
Municipio de Girón, para lo cual deberán incorporar losetas texturizadas que sirvan
de guía para las personas con discapacidad visual.

176. El IDESAN en su recurso de apelación manifestó su inconformidad con el
término otorgado para el cumplimiento de la orden y señaló que es insuficiente
debido a los trámites administrativos necesarios con el objeto de adelantar las
gestiones presupuestales correspondientes, efectuar los estudios previos,
seleccionar al contratista y ejecutar la obra.

177. Atendiendo a los argumentos señalados por el recurrente, la Sala encuentra
que el término concedido para el cumplimiento de la orden puede resultar muy
ajustado, en caso de que a la fecha no se hayan efectuado las obras
correspondientes a la adecuación de los andenes con las losas texturizadas. Lo
anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia de la Sala, que en asuntos
precedentes en los cuales ha realizado consideraciones sobre el particular, ha
concedido un lapso superior, como pasa a verse:

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178. En sentencia del 5 de octubre del año en curso99 la Sala confirmó las órdenes
proferidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar, orientadas a la protección de
los derechos e intereses colectivos con ocasión del deterioro en que se encuentra
el Parque de la Villa Olímpica en el Distrito de Cartagena, a causa del deterioro de
la infraestructura de ese espacio público, la falta de alumbrado público, la
inseguridad en la zona y la disposición de residuos que generan contaminación. En
esta decisión, entre otras órdenes, la Sala confirmó el término de dos (2) meses
para que el Distrito de Cartagena realice las actuaciones administrativas y
presupuestales necesarias para asegurar la restauración del parque Villa
Olímpica.

179. En el fallo de 3 de junio de 2022100 la Sala en protección de los derechos e
intereses colectivos vulnerados y amenazados por el abandono de la pista aérea
ubicada en el Municipio de Barbosa, le ordenó al ente territorial que en el término
de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la providencia, efectúe
todas las acciones administrativas, contractuales, presupuestales y jurídicas
que sean necesarias101 para garantizar la seguridad en la operación área del
aeródromo La Esperanza.

180. De lo anterior se desprende que, la Sala ha considerado un término superior
a tres (3) meses para que la entidad responsable del cumplimiento de la orden
adelante las gestiones administrativas, presupuestales, contractuales pertinentes a
fin de adelantar las obras correspondientes para salvaguardar los derechos e
intereses colectivos.

181. Expuesta la situación del caso y considerados los antecedentes
jurisprudenciales de la Sección Primera supra, la Sala -en el sub examine- accederá
a la ampliación del plazo conferido y para ello modificará la orden, en el sentido de
conceder un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, para que el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN
y el Municipio de Bucaramanga efectúen las adecuaciones necesarias de los

99 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 13001-23-33-

000-2017-01043-01(AP).
100 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, radicación número 25000-23-41-000-

2015-00582-01(AP).
101 Las gestiones del Municipio de Barbosa están encaminadas a: a-. garantizar la franja de pista de por lo

menos 30 metros a cada lado del eje, realizar obras de nivelación, acondicionamiento de la franja, poda y
mantenimiento. Controlar el ingreso de personas y animales en las áreas de maniobra. b.- Realizar
mantenimiento y repavimentación de pista, calle de rodaje y plataforma, obras que se requieren con urgencia
para garantizar la seguridad en las operaciones del aeródromo. c.-Efectuar la señalización horizontal de la pista,
rodaje y plataforma, pues no cuenta con ningún tipo de señalización. d.-Emplazar las mangaveletas en las dos
cabeceras de la pista y las balizas de umbral (triángulos) cumpliendo con la norma en cuanto a distancias y
características. e.-Realizar el mantenimiento cerramiento perimetral en los tramos donde se encuentra rota la
misma, para garantizar que terceras personas y/o animales penetren áreas restringidas. f.- Remover los
obstáculos ubicados en las zonas de seguridad.

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andenes ubicados en la vía que comunica el Municipio de Bucaramanga desde el
Colegio La Salle hasta los límites con el Municipio de Girón, para lo cual deberán
incorporar losas texturizadas que tienen como función servir de guía para las
personas en situación de discapacidad visual.

182. Lo anterior, previa coordinación con la Secretaria de Planeación y la
Secretaria de Infraestructura de los Municipios de Bucaramanga y Girón.

183. Dentro del término de doce (12) meses, el Instituto Financiero para el
Desarrollo de Santander IDESAN y el Municipio de Bucaramanga llevarán a cabo
las gestiones administrativas y presupuestales en un máximo de cuatro (4) meses
y en los ocho (8) meses restantes se adelantará el trámite contractual y la ejecución
de las obras.

La condena en costas y las agencias en derecho a favor del demandante

184. El Tribunal, en el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida,
en primera instancia, condenó en costas de la siguiente forma: “[…] CONDÉNESE
en costas a la parte demandada MUNICIPIO DE BUCARAMANGA y el IDESAN
por ser la parte vencida en el proceso, en favor del actor popular una vez se
encuentre ejecutoriada la sentencia, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo
366 del Código General del Proceso. La liquidación se realizará por conducto de la
Secretaría de esta Corporación. Las agencias en derecho serán fijadas en auto
separado. […]”

185. El IDESAN se opuso a la condena en costas y al pago de las agencias en
derecho, argumentando que no es la entidad responsable de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos.

186. De acuerdo con lo establecido en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la
Ley 1564102, esta Corporación103 ha señalado el criterio objetivo-valorativo de la
condena en costas que implica, por una parte, que no se tenga en cuenta el obrar
temerario o de mala fe, o si quiera culpable de la parte demandada, sino su derrota
en el proceso o en recurso que haya propuesto104; y, por la otra, la prueba de su

102 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, de 12 de

julio de 2012 […]”.
103 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia

de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado número 11001-03-24-000-2016-00162-01;
ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, radicado número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de diciembre de
2018, C.P. Milton Chaves García, radicado número 25000-23-37-000-2014-01115-01.
104 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

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causación por el pago de gastos ordinarios del proceso, así como de agencias en
derecho105.

187. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación profirió sentencia de 6 de agosto de 2019106, en la que unificó lo
relacionado con el reconocimiento, la condena y la liquidación de costas en el
trámite del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
de la siguiente manera:

“[…] [U]nificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el
alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su armonización
con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas, así:

2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibidem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la condena
en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias en
derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al
proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena
se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del
Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo
previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso.

Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o

105 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

providencia de 7 de febrero de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado número 05001-23-33-000-
2016-00713-01(AP)A.
106 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, C.P.

Rocío Araújo Oñate, sentencia de 6 de agosto de 2019, núm. único de radicación 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

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este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración
de la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas […]”. (Destacado fuera del texto).

188. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta, por un lado, que el IDESAN
sí tiene responsabilidad en la vulneración y amenaza de los derechos e intereses
colectivos mencionados; por el otro, que no se presentaron argumentos o
fundamentos adicionales contra la decisión de condena en costas; y, por último, que
la Sala observa que el actor popular aportó al proceso algunas constancias de
gastos107: la Sala confirmará el ordinal sexto de la sentencia proferida, en primera
instancia, que condenó en costas al Municipio de Bucaramanga y al Instituto
Financiero para el Desarrollo de Santander IDESAN, por ser la parte vencida del
proceso, y en favor del actor popular. La liquidación se realizará en los términos
ordenados por el Tribunal Administrativo de Santander y, para el efecto, se deberá
tener en cuenta el amparo de pobreza concedido al actor, en sede de primera
instancia, y las pruebas que sobre los gastos se aporten al proceso, en los términos
de la ley y de la jurisprudencia.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

189. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal séptimo, lo siguiente:

“[…] SÉPTIMO: INTÉGRESE un comité permanente de verificación conformado por
el actor popular, el Personero (a) de Bucaramanga, el Alcalde del mismo Municipio y
un representante de la Defensoría del Pueblo para garantizar que las anteriores
órdenes sean cumplidas. […]”.

190. La Sala considera que debe modificarse la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 18 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander
en lo relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento
en el sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá
presidir el comité de verificación, tal como se precisará en la parte resolutiva de la
sentencia.

191. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar

107 Es importante resaltar que el actor popular, a lo largo del proceso, aportó copia de recibos de caja menor

por concepto de pago de copias, como puede verse en el Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
Archivo denominado: 3ED_03CDNOPPALFLS182A287(.PDF) NroActua 2, folios 10 y 100.

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su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones

192. La Sala concluye que no hay lugar a declarar probada ninguna de las
excepciones alegadas por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander
IDESAN, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 472.

193. La Sala considera que está probado que los andenes ubicados en el tramo
comprendido entre PR72+690 y el PR73+690 ruta 6601 sector Palenque - La Salle,
en la vía que comunica al Municipio de Bucaramanga con el Municipio de Girón, se
encuentran en buen estado, pero no cuentan con losas texturizadas, ni guías de
orientación o patrones de alerta. En tal sentido, la Sala concluye que en el presente
caso se configura la vulneración de los derechos: i) al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; y, ii) a la realización de las
construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida
de los habitantes, en especial de la población en situación de discapacidad visual.
A su vez, está acreditada la amenaza del derecho al acceso a la infraestructura
pública vial en condiciones de seguridad.

194. La Sala considera que el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander
IDESAN es competente para readecuar los andenes conforme a la normativa que
exige el uso de losas texturizadas, en favor de la población en situación de
discapacidad visual. Ello, por cuanto, en el marco del Convenio Interadministrativo
Núm. 1113 de 2016, se le asignó la responsabilidad de “[…] asumir la
administración y las intervenciones que se deriven del objeto del convenio
sobre la infraestructura vial, con cargo a los recursos que ingresen durante la
vigencia [de este] al encargo fiduciario, así como adelantar por su cuenta y riesgo
la operación total de la infraestructura vial (…) por los corredores viales
[destinados] al desarrollo del convenio […]”108.

195. La Sala considera que en el caso concreto se confirmará la orden sobre la
condena en costas y el pago de las agencias en derecho a favor del demandante.
No obstante, se advierte que, para su tasación, se deberá tener en cuenta el amparo
de pobreza concedido al actor en primera instancia.

108 Obligaciones del IDESAN establecidas en el Convenio Interadministrativo Núm. 1113 de 2016.

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196. La Sala considera que modificará la conformación del Comité de Verificación,
en el sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo
de Santander debe presidirlo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales cuarto, quinto y séptimo de la sentencia de
18 de septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva, los cuales quedarán así:

“[…] CUARTO: DECLÁRESE que los derechos colectivos i) al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; y, ii) a la realización de
las construcciones, edificaciones, y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida de
los habitantes, en especial de la población en situación de discapacidad visual, han
sido vulnerados por el Municipio de Bucaramanga y por el Instituto Financiero para el
Desarrollo de Santander IDESAN de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta decisión. A su vez, que el derecho iii) al acceso a la
infraestructura pública vial en condiciones de seguridad ha sido amenazado por el
Municipio de Bucaramanga y por el Instituto Financiero para el Desarrollo de
Santander IDESAN, según lo considerado en esta providencia.

QUINTO: ORDÉNESE al Alcalde del Municipio de Bucaramanga y al representante
legal del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN que, en caso
de que a la fecha no lo hayan efectuado, realicen las adecuaciones en los andenes
ubicados en el tramo 10, sector Palenque - La Salle, en la vía que comunica al
Municipio de Bucaramanga con el Municipio de Girón, para lo cual deberán incorporar
losetas texturizadas que sirven de guía para las personas en situación de
discapacidad visual. Lo anterior, previa coordinación con la Secretaria de Planeación
y la Secretaria de Infraestructura de los Municipios de Bucaramanga y Girón.

Para efectos de lo anterior, se otorga un plazo de doce (12) meses, contado a partir
de la ejecutoria de la presente providencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

[…]

SÉPTIMO: INTÉGRESE un comité de verificación de cumplimiento de las órdenes
impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, y en esta providencia, en
el cual participarán, el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien lo presidirá, las
partes y el Agente del Ministerio Público […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 18 de septiembre de 2019
por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.

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CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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