Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2019-00270-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2019-00270-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2019-00270-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 760012333000201900270-01
Actor: Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos -
FUNDACOLECTIVOS
Demandado: Departamento del Valle del Cauca
Vinculados: Nación – Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de Vías – INVIAS;
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y Municipio de Dagua
Coadyuvantes de la parte actora: Juntas de Acción Comunal de Piedra Pintada,
del Km. 26 Dagua y del Queremal; Consejo Comunitario del Alto Anchicayá de la
Comunidad Negra del corregimiento del Danubio, Veeduría Ciudadana Nacional
para la Vigilancia de los Poderes Públicos y Defensoría del Pueblo - Regional Valle
Del Cauca1
Temas: Derecho e interés colectivo al acceso a la infraestructura pública vial en
condiciones de seguridad; Vía Simón Bolívar
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 3 de mayo de 20242, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos -
FUNDACOLECTIVOS presentó demanda3, en ejercicio del respectivo medio de
control el 2 de abril de 2019, contra la Gobernación del Valle del Cauca, con el objeto
1 Coadyuvantes reconocidos mediante auto de 27 de septiembre de 2019 por el Despacho sustanciador del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Expediente digital.
2 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“7ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2”.
3 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Expediente digital.
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de que se protejan los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público
y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la moralidad administrativa;
a la defensa del patrimonio público; a la seguridad pública; el derecho a la
prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] PRIMERA: ORDENAR a la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA, que en
el término máximo de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia
de acción popular que haga tránsito a cosa juzgada; término dentro del cual deberá
iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución:
Adelante por intermedio de su secretaría de Infraestructura y valorización
departamental, todas las diligencias administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y
presupuéstales que sean necesarias para realizar un pormenorizado y detallado
informe técnico donde se identifique y determine el estado actual de conservación de
la totalidad de la vía “Simón Bolívar”, con indicación y priorización clara de las obras
que se requieren para su total rehabilitación, pavimentación y mantenimiento. Y, una
vez se obtengan los resultados del informe técnico, por intermedio de su secretaría
de infraestructura y valorización, proceda a efectuar un cronograma de ejecución de
todas las acciones administrativas y presupuéstales que sean necesarias para que
en un término improrrogable de (2) dos años; término dentro del cual también deberá
iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución:
Se liciten, contraten y ejecuten todas las obras (sic) infraestructura vial tendientes a
obtener su adecuada intervención, reconstrucción, rehabilitación, pavimentación,
señalización, referenciación, conservación vial y todos los demás aspectos
relacionados con el mantenimiento de la carretera alterna al mar [sic] pacífico o vía
“SIMON (sic) BOLIVAR”.
SEGUNDA: En el caso de ser vinculados a la presente acción popular, ORDENAR
al MINISTERIO DE TRANSPORTE, al Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y la
Agencia Nacional de Infraestructura - “ANI”, que en el término máximo de dos (2)
años, contado a partir de (sic) ejecutoria de la sentencia de acción popular que haga
tránsito a cosa juzgada; término dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de
la providencia y posteriormente culminar su ejecución: Adelanten todas las
diligencias administrativas, técnicas y jurídicas que sean necesarias, para que
mediante Resolución Administrativa se adopte una nueva nomenclatura de la
carretera “Simón Bolívar”, a fin de que quede como vía nacional a cargo del Instituto
Nacional de Vías “INVIAS” y hacia el futuro sea esta entidad quien se haga cargo de
la financiación, estudios, diseños, priorización, licitación, contratación, intervención,
reconstrucción, rehabilitación, pavimentación, señalización, referenciación,
conservación vial y todos los demás aspectos relacionados con el mantenimiento de
la carretera alterna al mar pacífico o vía “SIMON (sic) BOLIVAR”: Considerando que
esta carretera alterna se construyó precisamente para cumplir la función básica de
integración de las principales zonas de producción y de consumo del país, y de éste
con los demás países del mundo desde el Puerto Marítimo de Buenaventura; y que
uno de los principales objetivos legales del Ministerio de Transporte y sus entidades
adscritas, es precisamente definir, orientar y vigilar la ejecución de la política nacional
en materia de tránsito, transporte y su infraestructura.
4 Ibidem.
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TERCERA: En subsidio de lo anterior y como quiera que el Ministerio de Transporte
mediante Resolución No 339 del año 2009, ordenó la transferencia de esta Carretera
a cargo de la Nación, hacia el Departamento del Valle del Cauca: Ordenar al
MINISTERIO DE TRANSPORTE, el Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y la Agencia
Nacional de Infraestructura - “ANI”, que en el término máximo de dos (2) años,
contado a partir de ejecutoria de la sentencia de acción popular que haga tránsito a
cosa juzgada; término dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminar su ejecución: De conformidad con la Ley 105
del año 1993, deberán adelantar todas las diligencias administrativas, técnicas y
jurídicas que sean necesarias, para que la futura financiación, estudios, diseños,
priorización, licitación, contratación, intervención, reconstrucción, rehabilitación,
pavimentación, señalización, referenciación, conservación vial y todos los demás
aspectos relacionados con el mantenimiento de la carretera alterna al mar pacífico o
vía “SIMON (sic) BOLIVAR”, se pueda adelantar por contrato de concesión o por
otras formas de Asociación Público Privada - APP-.
CUARTA: Ordenar la inaplicación, interpretación condicionada o suspensión de los
efectos de la Resolución No 339 del año 2009, por medio de la cual el MINISTERIO
DE TRANSPORTE, ordenó la transferencia de la Carretera Simón Bolívar a cargo de
la Nación, hacia el Departamento del Valle del Cauca, total o parcialmente, mientras
se supera la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos cuyo
amparo se invoca en esta acción popular. Por ser manifiestamente violatoria del
artículo 12 de la Ley 105 del año 1993, la cual ordena que cuando se promueva la
transferencia de las vías que están a cargo de la Nación hacia los Departamentos, el
Ministerio de Transporte debe adoptar los mecanismos necesarios para que la
administración, conservación y rehabilitación de esas vías, se pueda adelantar por
contratos. Lo anterior, con el fin de que el MINISTERIO DE TRANSPORTE, el
Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y la Agencia Nacional de Infraestructura - “ANI”,
puedan colaborar inmediatamente a la Gobernación del Valle del Cauca en todas las
diligencias administrativas, técnicas y jurídicas que sean necesarias para la
inmediata intervención, reconstrucción, rehabilitación, pavimentación, señalización,
referenciación, conservación vial y todos los demás aspectos relacionados con el
mantenimiento de la carretera alterna al mar [sic] pacífico o vía “SIMON (sic)
BOLIVAR”.
QUINTA: CONFORMASE (sic) un Comité de Verificación de cumplimiento, integrado
por el Magistrado Ponente, la Fundación accionante, un representante de la
Gobernación del Valle del Cauca, un representante del Ministerio de Transporte, un
representante del Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y un agente del Ministerio
Público.
SEXTA: De conformidad con el parágrafo único del artículo 19 de la ley 472 de 1998,
en el caso de que se haya concedido a la fundación accionante el “Amparo de
Pobreza” y se hayan decretado pruebas periciales a cargo del “Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos”. Ordenar a la Gobernación del
Valle del Cauca el reembolsar al Fondo el costo de las pruebas periciales en el
momento de satisfacer la liquidación de costas, siempre y cuando hubiese sido
condenada.
SÉPTIMA: En caso de oposición, condenar al pago de costas y agencias en derecho
[…]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones que
realizó una veeduría ciudadana a la carretera alterna al mar denominada vía “Simón
Bolívar”, de conformidad con la solicitud de una Veeduría Nacional, la Junta de
Acción Comunal del Corregimiento de Queremal y el Consejo Comunitario de
comunidades negras del alto Anchicayá, con fundamento en la cual pretende el
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amparo de los derechos e intereses colectivos referidos dado el deplorable estado
de la vía.
4. Señaló que la Gobernación del Valle del Cauca no ha querido tomar las
medidas urgentes, solidarias y preventivas para hacer cesar la violación de los
derechos e intereses colectivos de la población blanca, negra e indígena que habita
o que diariamente se moviliza por la vía “Simón Bolívar”, omitiendo realizar la
oportuna financiación, estudios, diseños, priorización, licitación, contratación,
intervención, reconstrucción, rehabilitación, pavimentación, señalización,
referenciación, conservación vial y todos los demás aspectos relacionados con el
mantenimiento de un extenso tramo de ochenta y cinco (85) kilómetros que en su
mayoría atraviesan el Municipio de Dagua Valle.
5. Informó que la Secretaría de Infraestructura y valorización del Departamento
del Valle del Cauca, nunca envió la maquinaria, los técnicos y los trabajadores
necesarios para la urgente reparación preventiva de los múltiples deslaves,
derrumbes y desbanques que existen actualmente en la vía; ni se priorizaron los
tramos de la carretera en los cuales se debían realizar urgentes obras de
infraestructura vial para garantizar la seguridad pública y la prevención de desastres
previsibles técnicamente; ni se realizó la correspondiente licitación pública para que
un contratista interviniera los tramos que se debían priorizar para realizar las
urgentes obras de infraestructura vial en la deteriorada vía.
6. Expresó que, si bien, la Gobernación del Valle del Cauca destinó recursos
financieros, por un monto de cuarenta y dos mil millones de pesos
($42.000.000.000), para mejorar la vía “Simón Bolívar”, en realidad, dicho monto
solo se destinó para contratar la “Fase de Estudios y Diseños” a fin de realizar la
Formulación del Proyecto de Infraestructura Vial de tan solo veinticuatro (24)
kilómetros desde la zona urbana del Municipio de Buenaventura en el corregimiento
del Pailón hasta el corregimiento de Agua Clara.
7. Precisó que la mayor parte de la vía Simón Bolívar, que tiene un trazado total
de ciento nueve (109) kilómetros, de los cuales ochenta y cinco (85) atraviesan
corregimientos y veredas del Municipio de Dagua, no ha sido objeto de financiación,
estudios, diseños, priorización, licitación, contratación, intervención, reconstrucción,
rehabilitación, pavimentación, señalización, referenciación, conservación vial y
demás aspectos relacionados con el mantenimiento de este extenso tramo de la
carretera, que se encuentra actualmente en lamentables e inseguras condiciones
de seguridad pública y transitabilidad.
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8. Argumentó que tal situación afecta la movilidad, la vida y la integridad física
de miles de habitantes de la zona de influencia de la carretera “Simón Bolívar”,
residentes o trabajadores del Municipio de Dagua, en especial destacó como
afectados los habitantes del corregimiento de “Borrero Ayerbe”, cuyas veredas son:
Km. 26, Ambichinte, Pueblo Nuevo, El Vergel, Km. 28, Agua Sucia, El Crucero, La
Zulla y El Descanso; el corregimiento “El Queremal”, cuyas veredas son: Las
Camelias, La Rosita, Machado, El Almorzadero, El Tigre, Sendo, Potrerillo y
Paragüitas; el Corregimiento “La Elsa”, cuyas veredas son: El Engaño, Río Blanco,
El Digua y Las Curvas; el corregimiento “La Cascada”, cuyas veredas son: El Placer,
La Mona y El Cauchal; y el corregimiento “El Danubio”, cuyas veredas son: Los
Monos y el Kilómetro 81.
9. Por último, destacó que la vía “Simón Bolívar” tiene una gran relevancia
desde la época prehispánica y colonial, entonces conocida como “Camino de los
Indios Tamemes”. Expuso que, en 1854 el Congreso le encargó al General Tomás
Cipriano de Mosquera la construcción y explotación comercial de esta vía, por un
lapso de ochenta (80) años, retribuyendo su inversión mediante el cobro de un peaje
por el tránsito de mercancías de importación y exportación desde el Puerto de
Buenaventura hacía el interior del país. Luego, indicó que, la vía “Simón Bolívar”
pasó a ser de responsabilidad exclusiva del Departamento del Valle del Cauca
mediante Resolución núm. 339 de 26 de febrero de 2009, expedida por el Ministerio
de Transporte.
10. Adujo que luego de más de cuatrocientos ochenta (480) años de haberse
ordenado el inicio de este proyecto vial no se ha terminado la construcción y
pavimentación total de esta carretera alterna al mar o vía “Simón Bolívar”, en tanto,
en la actualidad se trata en su gran mayoría de un camino empedrado, enlodado y
selvático, que desde hace años ha sido olvidado por las diferentes autoridades
Departamentales y Nacionales, permitiendo que se destruya totalmente su calzada
y se deterioren sus invaluables puentes, muros de contención, gaviones, cunetas,
drenajes, aceras, desarenadores y alcantarillados.
Contestaciones de la demanda
11. El Departamento del Valle del Cauca, mediante escrito presentado el 7 de
mayo de 20195, se opuso a la mayoría de los hechos expuestos en la demanda.
Expresó que ha cumplido con todas las etapas precontractuales y contractuales que
dieron lugar al proyecto de rehabilitación de la vía “Simón Bolívar” e indicó que
5Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Expediente digital.
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adicionó la Ordenanza núm. 503 de 2018, por medio de la cual “se autoriza a la
Gobernadora del Valle del Cauca, para la reprogramación de Vigencias Futuras de
importancia estratégica, reprogramación de vigencia futura, asunción de vigencias
futuras ordinarias, en ejecución de contratos, vigencia futura excepcional y
disposiciones varias” y que fueron necesarios dos otro sí del contrato para lograr su
ejecución. Posteriormente, allegó un nuevo escrito, pero se aportó de forma
extemporánea.
12. La Nación – Ministerio de Transporte, mediante escrito allegado el 9 de
mayo de 20196, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como
excepciones las que denominó: “inexistencia de responsabilidad por parte del
Ministerio de Transporte en la acción incoada”, “la falta de legitimación en la causa
por pasiva, la cual según concepto doctrinal y jurisprudencial no es una excepción
sino es una falta de presupuesto procesal” y la “excepción genérica”.
13. Manifestó que no es el ente idóneo, responsable de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos, comoquiera que, no se encuentra legitimado en la
causa por pasiva con ocasión a sus funciones, en tanto, como Ministerio le compete
la regulación y la planificación del sector transporte, pero ello no conlleva la
construcción, conservación y mantenimiento de vías.
14. El Municipio de Dagua contestó la demanda mediante escrito presentado el
8 de mayo de 20197. Expresó su inconformidad con las pretensiones de la demanda
y formuló las excepciones que denominó “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “falta del requisito de procedibilidad del artículo 144 de la Ley 1437 de 2011
para el ejercicio de la acción popular en contra del Municipio de Dagua” y “falta de
estudios y necesidad de la obra de la vía Simón Bolívar”.
15. Expuso que no está legitimado para realizar gestiones administrativas sobre
el estado y conservación de la vía “Simón Bolívar”, menos para efectuar su
reconstrucción, debido a que esto le corresponde al Departamento del Valle del
Cauca. Además, indicó que la Resolución núm. 339 de 2009 de la que se pretende
su inaplicación no fue expedida por el Municipio de Dagua.
16. Alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto
se trata de una vía de segundo orden, de conformidad con lo establecido en la
Resolución núm. 005951 de 31 de diciembre de 2015, expedida por el Director de
Infraestructura del Ministerio de Transporte. Asimismo, destacó que la vía “Simón
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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Bolívar” se encuentra relacionada en el Decreto núm. 1-3-0216 de 27 de febrero de
2018, mediante el cual, se adopta la Red Vial de Competencia Departamental del
Valle del Cauca. En tal sentido, adujo que la única entidad legitimada en este asunto
es el departamento.
17. En cuanto a la segunda excepción, argumentó que, no se efectuó
requerimiento por parte del actor al ente municipal. Por último, respecto de la tercera
excepción señaló que no se evidencian estudios que determinen la viabilidad de la
obra, así como, no se tiene en cuenta el presupuesto de las entidades públicas.
18. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Instituto Nacional de
Vías – INVIAS contestaron la demanda de forma extemporánea8.
Actuaciones en primera instancia
19. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de abril de 20199, admitió la
demanda, concedió amparo de pobreza a favor de la parte actora y ordenó vincular
al Municipio de Dagua, a la Nación – Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional
de Vías – INVIAS y a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.
20. Asimismo, mediante auto de 27 de septiembre de 201910, el Despacho
aceptó la coadyuvancia presentada por las Juntas de Acción Comunal de Piedra
Pintada, del Km. 26 Dagua y del Queremal; el Consejo Comunitario del Alto
Anchicayá de la Comunidad Negra del corregimiento del Danubio, la Veeduría
Ciudadana Nacional para la Vigilancia de los Poderes Públicos y la Defensoría del
Pueblo - Regional Valle del Cauca.
La audiencia de pacto de cumplimiento
21. El 16 de octubre de 2019 se adelantó la audiencia de pacto de cumplimiento11
pero se declaró fallida, dado que las partes no propusieron fórmulas de arreglo y
por cuanto, tampoco concurrieron todos los interesados.
Sentencia proferida, en primera instancia
22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia12 el 3 de
mayo de 2024, en la que resolvió lo siguiente:
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Cfr. Índice 93 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
expediente digital, archivo denominado: “31 - Audiencia de Pacto de Cumplimiento - Contrato 104 DE 2020 -
SASI-2020-09 (.pdf) NroActua 93”.
12 Ibidem pie de página núm. 1.
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“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones explicadas
en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR EN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: ORDENAR el envío de copia de esta sentencia a la Defensoría del
Pueblo, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: EJECUTORIADO el presente Fallo y previas las anotaciones de rigor en
los medios digitales dispuestos para el efecto, ARCHÍVESE el expediente […]”.
Consideraciones del Tribunal
23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca analizó si se encontraban
amenazados o vulnerados los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público; a la defensa del patrimonio público; a la seguridad; el derecho a la
prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, por parte del Municipio de Dagua, la Nación – Ministerio de
Transporte, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI, con ocasión de la posible omisión en la realización de
financiación, estudios, diseños, contratación, reconstrucción, entre otros, de la
carretera alterna al mar o vía “Simón Bolívar”.
24. El a quo consideró que la antigua vía al mar o vía “Simón Bolívar” está a
cargo del Departamento del Valle del Cauca y, en tal sentido, declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por el Municipio
de Dagua y el Ministerio de Transporte. Asimismo, de manera oficiosa declaró la
excepción respecto de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Instituto
Nacional de Vías – INVIAS. Además, negó las pretensiones de la demanda al
concluir que no se probó la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos aducidos.
25. Puntualmente, el Tribunal consideró que no había lugar a asignar valor
probatorio alguno a las fotografías aportadas con la demanda, comoquiera que las
mismas no dan certeza de que el lugar que allí se observa corresponde al señalado
en la demanda, aunado a que se desconoce la fecha en que fueron tomadas y la
situación que ilustran, en tanto no fueron reconocidas ni cotejadas con otros medios
de prueba en el proceso.
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26. En ese orden de ideas, destacó que el actor no logró probar los supuestos
de hecho que expuso en la demanda, por lo cual resolvió negar las pretensiones y
no condenar en costas.
Recurso de apelación
27. La parte actora13 solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca con sustento en que el a quo no valoró las
pruebas aportadas al proceso que demostraban la amenaza o vulneración de los
derechos e intereses colectivos, específicamente, al goce de una infraestructura
pública vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad.
28. Al respecto señaló que, si bien, los derechos colectivos referidos en la
demanda son: la defensa del patrimonio público; el goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; el derecho a la prevención de
desastres previsibles técnicamente; y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; estos se subsumen en el derecho al goce de una infraestructura pública
vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad para la comunidad, los
transeúntes y los vehículos, según lo considerado por la Sección Primera del
Consejo de Estado en la sentencia de 21 de enero de 2021, con número único de
radicación 85001-23-33-000-2018-00145-01(AP).
29. Expresó que el Tribunal debió valorar las fotografías aportadas con la
demanda, en tanto, existe certeza que fueron tomadas en el ejercicio de una
veeduría ciudadana efectuada con el objeto de presentar esta acción popular.
Adicionalmente, indicó que estos documentos se presumen auténticos de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código General del Proceso,
comoquiera que, no fueron tachados de falsos o desconocidos por ninguna de las
partes. Aunado a ello, argumentó que las fotografías dan certeza que lo allí
observado corresponde al lugar que señala la demanda como la vía “Simón Bolívar”
y de los daños en la infraestructura, los cuales se pueden cotejar con otros medios
de prueba aportados al proceso. De igual modo, advirtió que al menos las
fotografías han debido ser valoradas como prueba indiciaria, según lo dispuesto en
los artículos 240, 241 y 242 ibidem.
13 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“2ED_ApelacionMemorial(.docx) NroActua 2”.
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30. A su vez, manifestó que el a quo omitió valorar el informe técnico aportado
por Celsia de Colombia S.A. E.S.P., el cual, a su vez fue remitido por la alcaldesa
municipal de Dagua, que evidencia la existencia de graves daños estructurales de
la vía “Simón Bolívar”. Además, adujo que no se valoró el informe técnico aportado
por la Secretaría de Infraestructura vial del Departamento del Valle del Cauca.
31. De modo semejante, expresó que no se valoraron los videos aportados al
proceso que evidencian –como un hecho notorio y de público conocimiento– la situación
de la vía “Simón Bolívar” debido a la existencia de inundaciones, deslizamientos,
socavones, avalanchas, deslaves, aluviones y pérdidas de banca debido a distintas
olas invernales.
32. Con sustento en lo anterior, argumentó haber cumplido con la carga de la
prueba, según lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, al
lograr que las entidades allegaran al proceso los informes técnicos y fotográficos
con los cuales se demuestra la violación del derecho colectivo a gozar de una
infraestructura vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad.
33. Insistió en la necesidad de garantizar este derecho e interés colectivo a la
población indígena, campesina y afrodescendiente del Municipio de Dagua que
habitan en el área de influencia de la vía “Simón Bolívar”, con el objeto de prevenir
el inminente riesgo de incomunicación y falta de mantenimiento existente respecto
de las dos hidroeléctricas de “Anchicayá Alto” y “Anchicayá Bajo”.
34. A su vez, adujo que el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías
– INVIAS tienen la obligación de respaldar presupuestalmente al Departamento del
Valle del Cauca en la adecuación y recuperación total de la vía “Simón Bolívar”, en
el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, dado que
el Departamento se encuentra imposibilitado administrativa, técnica, operativa y
presupuestalmente para efectuar por su cuenta las obras requeridas y la
modernización de la vía objeto de esta acción popular.
35. En tal sentido, pidió que se estudie la posibilidad de ordenar al Ministerio de
Transporte, al Instituto Nacional de Vías – INVIAS y a la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI que adelanten junto con la Gobernación del Valle del Cauca
todas las diligencias administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y
presupuestales necesarias para contratar la fase de estudios y diseños para la
formulación del proyecto de infraestructura vial de ochenta y cinco (85) kilómetros
en la antigua carretera al mar o vía “Simón Bolívar”.
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36. Además, solicitó que se estudie la posibilidad de ordenar al Ministerio de
Transporte y a la Gobernación del Valle del Cauca que mediante Decreto y/o
Resolución Administrativa incorporen la vía “Simón Bolívar” como una vía nacional,
con el propósito de que hacía futuro, la Nación por intermedio del Instituto Nacional
de Vías – INVIAS se haga cargo de su planeación, diseño, mantenimiento y
modernización permanente.
37. Asimismo, cuestionó la sentencia de primera instancia en punto a la manera
como abordó el estudio del derecho e interés colectivo al “patrimonio público”, esto,
por cuanto, alude que se desconoce el derecho en consideración a la vía misma,
dado el inminente peligro de su total destrucción, por la falta de inversiones para su
mantenimiento, conservación y modernización.
38. Igualmente, se opuso a que el Tribunal Administrativo del Valle negara las
pretensiones de la demanda sin aplicar los precedentes del Consejo de Estado que
indican a los jueces el deber de hacer uso del poder discrecional en materia de
pruebas. Sobre el particular, argumentó que, si el a quo consideraba que las
pruebas allegadas al proceso no demostraban la vulneración del derecho a gozar
de una infraestructura vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad,
debió impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia con miras a obtener
las pruebas indispensables para acceder a las pretensiones.
39. Por último, expresó que el Tribunal se olvidó de garantizar la defensa y la
protección de los derechos e intereses colectivos de las comunidades campesinas,
indígenas y afrodescendientes del Municipio de Dagua, que coadyuvaron la acción
popular con el objeto de ver garantizado su derecho e interés colectivo a gozar de
una infraestructura vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad para
las comunidades que son sujetos de especial protección constitucional.
Actuaciones en segunda instancia
40. Mediante auto de 25 de junio de 202414, el Magistrado Sustanciador del
Tribunal Administrativo concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora, contra la sentencia proferida en primera instancia el 3 de mayo de este
mismo año y ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado, para los fines
previstos en el artículo 37 de la Ley 472.
14 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“3ED_AutoConcedeImpugnacion(.pdf) NroActua 2”.
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41. El 11 de julio de 2024 se repartió15 este asunto al Despacho Ponente.
Mediante auto del día siguiente16, el Despacho admitió17 el recurso de apelación
interpuesto por la Fundación para la defensa de los derechos e intereses colectivos
– FUNDACOLECTIVOS contra la sentencia proferida en primera instancia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
42. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo al acceso a la infraestructura pública vial; v) el marco normativo
sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; vi) el marco
normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en materia de gestión
del riesgo de desastres; y, vii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
43. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201918, sobre la distribución de los asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y iii) el artículo 15019 de la Ley 1437, sobre la competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer
del recurso de apelación que se presenta contra la sentencia proferida en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
44. La Sala procederá a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte actora en el recurso de apelación, contra la sentencia de 3 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los
15 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”.
16 Auto de 12 de julio de 2024.
17 Cfr. Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado: “9Auto que
admite_APa201927001FUNDACOL(.pdf) NroActua 4”.
18 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
19
Modificado por las leyes 1564 y 2080 de 25 de enero de 2021, “[...] Por medio de la cual se reforma el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]” y en
concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080.
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artículos 32020, 32221 y 32822 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201223, norma
aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
45. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación, si se
encuentra probada o no la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos aducidos en la demanda, los cuales –en criterio del recurrente– se
subsumen en el derecho al goce de una infraestructura pública vial o de transporte
terrestre en condiciones de seguridad.
46. De ser necesario emitir órdenes para proteger los derechos e intereses
colectivos, la Sala deberá determinar cuáles son las entidades competentes y las
acciones tendientes a fin de salvaguardar la seguridad pública.
47. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 3 de mayo de 2024, proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
48. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
49. En desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
20 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
21 “[…] Artículo 322. […] PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de
las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse
ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión
deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]”.
22 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
23 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
50. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
51. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
52. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”24.
53. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
54. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad
55. Vistos: i) los artículos 2.°, 24, 82 y 366 de la Constitución Política sobre el
deber del Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como, la protección del espacio público; ii) el numeral
2° del artículo 3° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199325, sobre el carácter del
servicio público del transporte; iii) el artículo 2.° de la Ley 1682 de 22 de noviembre
201326 relativo a la infraestructura de transporte.
56. El artículo 2.° de la Constitución Política prevé que “[…] [l]as autoridades de
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”.
57. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos los colombianos de
circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 82 constitucional señala
que el Estado debe velar por la protección de la integridad del espacio público y por
su destinación al uso común.
58. El artículo 366 de la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado […]”.
59. El numeral 2.° del artículo 3.° de la Ley 105 establece que la operación del
transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado.
60. El artículo 2.° de la Ley 1682 define el concepto de infraestructura de
transporte como “[…] un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
25 “[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones […]”.
26 “[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias […]”.
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tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual
está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para
permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la
integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos […]”.
61. La Sección Primera ha venido considerando que en materia de transporte
existe una relación entre los derechos establecidos en los literales d) relativo al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, j) el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y l) el
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente del
artículo 4° de la Ley 472, que dan lugar al denominado “derecho al acceso a la
infraestructura pública vial o de transporte terrestre”.
62. La Sala en las sentencias de 5 de julio de 201927, 24 de octubre de 201928,
26 de junio de 202029, 6 de agosto de 202030, 24 de septiembre de 202031, 21 de
enero de 202132, 23 de julio de 202133 y 22 de febrero de 202434, ha venido
considerando que los derechos colectivos relacionados con la libre circulación y
tránsito por el territorio nacional, el uso y goce de los bienes de uso público, el
desarrollo económico y el progreso social, el acceso al servicio de transporte
público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la prevención de
desastres previsibles técnicamente y la seguridad pública, convergen en el derecho
y el deber correlativo del Estado consistente en garantizar el acceso a una
infraestructura pública vial o de transporte terrestre en condiciones de seguridad.
63. En la sentencia de 23 de julio de 2021, la Sala resolvió un caso similar a este
asunto, en el sentido de considerar que el mal estado de un corredor veredal
conllevaba el amparo del derecho colectivo de acceso a la infraestructura pública
vial o de transporte terrestre. En consecuencia, les ordenó a las entidades
competentes la elaboración y ejecución de los estudios encaminados a adecuar el
referido tramo vial.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2019. Radicación núm.: 15001-23-33-000-
2017-00192-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
28 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de 2019. Radicación núm.: 17001-23-33-
000-2017-00823-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de junio de 2020. Radicación núm.: 85001-23-33-000-
2018-00091-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
30 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2020. Radicación núm.: 85001-23-33-000-
2016-00235-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020. Radicación núm.: 63001-33-
33-004-2017-00369-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
32 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de enero de 2021. Radicación núm.: 85001-23-33-000-
2018-00145-01. C.P: Nubia Margoth Peña Garzón.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de julio de 2021. Radicación núm.: 13001-23-33-000-
2018-00715-01. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.
34 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2024. Radicación núm. 17001-23-33-
000-2022-00071-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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64. En sentido similar, la Sala se pronunció en la sentencia de 22 de febrero de
2024, en la que se confirmó la decisión de primera instancia; consideró que el
Municipio de Herveo, Tolima, incurrió en la amenaza de los derechos e intereses
colectivos, entre ellos, al acceso a la infraestructura pública vial, en tanto, el
descuido de la vía La Libia – El Brasil, genera una situación de riesgo que atenta
contra la seguridad de los usuarios y de todas las personas que transitan por dicho
corredor.
65. Resulta importante destacar que esta Sección, de tiempo atrás, ha
considerado que la falta de señalización de las vías y la ausencia del mobiliario
correspondiente son factores que contribuyen con la maximización del riesgo de
accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos colectivos relacionados con
la seguridad pública. Al respecto, ha señalado:
“[…] [E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que
ponen sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el
cual se realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario
urbano que garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de
la vía, como por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el
riesgo de quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.
Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los peatones
que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por no estar
plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los transeúntes, teniendo
en cuenta además que quienes a diario circulan por el sector, en su mayoría son niños
y jóvenes estudiantes […]. [Destacado fuera del texto original] 35.
66. Aunado a ello, ha considerado que la acción popular es procedente para
prevenir el daño, siempre y cuando se acredite la situación causante de la amenaza.
No obstante, ha precisado que no resulta necesario demostrar la ocurrencia de
accidentes en la zona. Al respecto ha indicado lo siguiente:
“[…] En anteriores oportunidades, la Sala ha puesto de presente que tratándose de
una acción de naturaleza preventiva, procede amparar los derechos colectivos
cuando se demuestra la situación causante de amenaza. En sentencia de 27 de
septiembre de 2007[36], precisó:
Es evidente el riesgo que corren los usuarios de la vía La Donjuana-Durania debido a
la falta de señalización y demarcación; por tanto, acertó el Tribunal al conceder el
amparo a los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres
previsibles técnicamente, y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y al
afirmar que para darles protección no es necesario acreditar la ocurrencia de
accidentes».
[…] Se reitera que las autoridades de tránsito, en todo caso, deben «velar por la
seguridad de las personas y las cosas en la vía pública» y encaminar sus acciones a la
35 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de enero de 2008, radicación número: 19001-23-31-
000-2004-02748-01(AP).
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 27 de septiembre de 2007, radicado número: 54001-23-
31-000-2005-00075-01(AP).
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«prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías» (artículo 7º de la
Ley 769 de 2002)
[…] [S]e declarará que existe amenaza para los derechos colectivos a la seguridad
pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente […] pues quedó
demostrado el riesgo para la seguridad […]”. [Destacado fuera del texto original] 37.
67. Esta Sala en sentencia de 13 de diciembre de 202338, reiteró la tesis en
mención, en un asunto en el que –de manera unánime– se consideró amenazado el
derecho al acceso a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad, por
el Municipio de Bucaramanga y por el Instituto Financiero para el Desarrollo de
Santander IDESAN, en tanto los andenes ubicados en el tramo comprendido entre
PR72+690 y el PR73+690 ruta 6601 sector Palenque - La Salle, en la vía que
comunica al Municipio de Bucaramanga con el Municipio de Girón, no contaba con
losas texturizadas, ni guías de orientación o patrones de alerta, en favor de la
población en situación de discapacidad visual.
68. En virtud de ello, esta Sala ordenó al alcalde del Municipio de Bucaramanga
y al representante legal del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander -
IDESAN que, en caso de que aún no lo hayan efectuado, realicen las adecuaciones
en los andenes ubicados en el tramo referido, que impone la obligación de
incorporar losetas texturizadas para guía de las personas en situación de
discapacidad visual. Esto, previa coordinación con la Secretaria de Planeación y la
Secretaria de Infraestructura de los Municipios de Bucaramanga y Girón.
Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres
69. Vistos: i) los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 14, y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión
del riesgo de desastres, la responsabilidad de las autoridades y de los habitantes
en dicha gestión, las definiciones, el rol de los alcaldes y las Corporaciones
Autónomas Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4.° del Decreto 4147
de 3 de noviembre de 201139, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
37 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2008, número único de radicación: 68001-
23-15-000-2002-01460-01(AP).
38
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre de 2023, número único de radicación:
680012333000201200001-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
39 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y
estructura”.
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70. La Gestión del Riesgo de Desastres –según lo dispuesto en el artículo 1.º de la
Ley 152340– es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento
y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, medidas y acciones,
entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, para
mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.
71. El artículo 2.º de la Ley 1523 establece que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio nacional.
72. El artículo 4.º de la misma norma define riesgo de desastres como “[…] los
daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos
peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no
intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la
vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres
se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad […]”.
73. El artículo 5.° de la ley en cita establece que el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres es “el conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país”.
74. El artículo 8.° prevé como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres a: i) las entidades públicas –por su misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión–, ii) las entidades
privadas con ánimo y sin ánimo de lucro –por su intervención en el desarrollo a través
40 “Artículo 1.º DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante
la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.
Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha
denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias
y reducción de riesgos […]”.
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de sus actividades económicas, sociales y ambientales– y iii) la comunidad –por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales, ambientales,
culturales y participativas–.
75. El artículo 12 establece que los gobernadores y alcaldes son conductores del
Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.
76. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con el rol de los alcaldes
en el Sistema Nacional, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.
Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.
77. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:
“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.
Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.
Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.
Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.
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Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.
Marco normativo sobre la competencia de las entidades territoriales en
materia de ordenamiento del territorio
78. Vistos los artículos 1.°, 209, 286, 287 y 288 de la Constitución Política sobre
las entidades territoriales.
79. Según lo dispuesto en estas normas, Colombia es un Estado Social de
Derecho, organizado en forma de República unitaria, “[…] descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales […]” que tienen la potestad de gobernarse
por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan,
administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
80. El artículo 26 de la Ley 1454 de 28 de junio de 2011 41 definió la
“competencia”, como la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general
responsabilidades estatales.
81. El artículo 27 de la misma norma estableció los principios que rigen el
ejercicio de las competencias, entre ellos, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad, eficacia, equilibrio entre competencias y
recursos, gradualidad y responsabilidad; y, el artículo 28, estableció que los
departamentos y municipios tendrán autonomía para determinar su estructura
interna y organización administrativa central y descentralizada; así como el
establecimiento y distribución de sus funciones y recursos para el adecuado
cumplimiento de sus deberes constitucionales; clarificando en su parágrafo, por un
lado, que “[…] [l]os municipios son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación […]”; y, por el otro, que
“[…] [c]uando el respectivo municipio no esté en capacidad de asumir dicha
competencia solicitará la concurrencia del departamento y la Nación […]”.
82. En efecto, el artículo 29 de la Ley 1454, sobre distribución de competencias
en materia de ordenamiento del territorio, establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. Son competencias de la Nación y de las
entidades territoriales en materia de ordenamiento del territorio, las siguientes:
41 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones
[…]”.
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1. De la Nación
a) Establecer la política general de ordenamiento del territorio en los asuntos de
interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
b) Localización de grandes proyectos de infraestructura.
c) Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
d) Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades.
e) Los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los
servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones.
f) La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
g) Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir
los departamentos, los Distritos, los municipios, las áreas metropolitanas, y
cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o
delegaciones previstas en la presente ley.
PARÁGRAFO. Las competencias asignadas a la Nación en los literales anteriores
se adelantarán en coordinación con los entes territoriales.
2. Del Departamento
a) Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o
porciones específicas de su territorio, especialmente en áreas de conurbación con el
fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio, de acuerdo con el
potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de desarrollo,
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales.
b) Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, de tal
manera que facilite el desarrollo de su territorio.
c) Orientar la localización de la infraestructura física-social de manera que se
aprovechen las ventajas competitivas regionales y se promueva la equidad en el
desarrollo municipal.
d) Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales
departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas.
e) En desarrollo de sus competencias, los departamentos podrán articular sus
políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes,
programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio, mediante la adopción de
planes de ordenamiento para la totalidad o porciones específicas de su territorio.
f) La competencia para establecer las directrices y orientaciones específicas para el
ordenamiento del territorio en los municipios que hacen parte de un Área
Metropolitana correspondiente a estas, la cual será ejercida con observancia a los
principios para el ejercicio de las competencias establecidos en la presente ley.
g) Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar
programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio
ambiente.
3. De los Distritos Especiales
a) Dividir el territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales
de sus habitantes y atribuir competencias y funciones administrativas.
b) Organizarse como áreas metropolitanas, siempre que existan unas relaciones
físicas, sociales y económicas que den lugar al conjunto de dicha característica y
coordinar el desarrollo del espacio territorial integrado por medio de la racionalización
de la prestación de sus servicios y la ejecución de obras de interés metropolitano.
c) Dirigir las actividades que por su denominación y su carácter les corresponda.
4. Del Municipio
a) Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
b) Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de
expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
c) Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.
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PARÁGRAFO 1o. La distribución de competencias que se establece en este artículo
se adelantará bajo los principios de descentralización, concurrencia y
complementariedad de las acciones establecidas por las entidades territoriales y en
coordinación con lo dispuesto por sus autoridades respectivas en los instrumentos
locales y regionales de planificación […]”.
83. Las normas anteriores evidencian que la organización territorial y el ejercicio
de competencias administrativas se fundamenta, entre otros, en la
descentralización y en la autonomía de las entidades territoriales, con el objeto de
que estas gestionen sus propios asuntos, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
84. Además, en los términos del artículo 1.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199442
y de la normativa anteriormente citada, es dable señalar, por un lado, que “[…] [e]l
municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que
señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio […]”;
y, por el otro, en los eventos en que el respectivo municipio no esté en capacidad
de asumir una competencia, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de
la Nación, con el objeto de garantizar la finalidad de bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en especial, para este caso,
en materia de gestión del riesgo de desastres.
85. A su vez, el artículo 2.° de la Ley 1523 establece que “[…] [l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano […]” y, en cumplimiento de esa responsabilidad, las entidades públicas,
privadas y comunitarias, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo
relativos a: i) conocimiento del riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de
desastres.
Análisis del caso concreto
86. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda luego de considerar que no se probó la amenaza o vulneración de los
derechos aducidos por el actor.
87. La parte accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión
anterior, para lo cual, argumentó que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas
42“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios […]”.
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obrantes en el proceso que permiten demostrar la amenaza o vulneración del
derecho al goce de una infraestructura pública vial o de transporte terrestre en
condiciones de seguridad.
88. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio; para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
89. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas43 relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:
90. Copia del Decreto núm. 1-3-0216 de 2018 de 27 de febrero de 2018, “por
medio de la cual se adopta la red vial de competencia departamental a cargo del
Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras disposiciones”, en la cual se
incluye “Vía Simón Bolívar (Km. 21 - Km. 30 (Borrero Ayerbe) - Queremal- Danubio-
Agua Clara- Buenaventura (El Pailón)” como vía de segundo orden, con código
3201.
91. Copia de la Resolución núm. 0005951 de 31 de diciembre de 2015, “por la
cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de
Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento del Valle del
Cauca”, expedida por el Ministerio de Transporte, en la cual se resuelve asignar a
la vía “3201 Vía Simón Bolívar (Km21-Krn 30 (Borrero Ayerbe) - Queremal - Danubio
• Agua Clara - Buenaventura (El Pailón)) la categoría de segundo orden del
Departamento del Valle del Cauca.
92. Copia de la Resolución núm. 1.310.02-59.8-0649 de 12 de julio de 2018, “por
medio de la cual se adjudica el proceso de licitación pública LP-SIV-006-2018 cuyo
objeto es la ‘rehabilitación de la vía Simón Bolívar tramo El Pailón – Agua Clara,
Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca”, expedida por la
Secretaría de Infraestructura y Valorización del Departamento del Valle del Cauca,
por medio de la cual se resuelve:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar al proponente CONSORCIO
BUENAVENTURA 2018, cuyo representante legal es el señor LUIS ALEJANDRO
CRUZ RUIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.086.659 de Villavicencio,
el contrato resultante del Proceso de la Licitación Pública LP-SIV-006-2018,
cuyo objeto es ‘REHABILITACIÓN DE LA VÍA SIMON BOLIVAR TRAMO EL
PAILON-AGUA CLARA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA’, por la suma total presentada en su propuesta por
valor de TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS MILLONES
43 Cfr. Índice 93 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo
denominado: “Expediente Digital”.
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CUATROSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
M/CTE. ($ 39.062.409.687), valor que incluye todos los impuestos a que haya lugar.
PARÁGRAFO: El proponente seleccionado deberá sujetarse a los parámetros
contenidos en el pliego de condiciones y sus adendas para la ejecución del objeto
contractual.
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución se notifica al adjudicatario en
desarrollo de la presente audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y a
los demás proponentes que participaron en el proceso de selección se les comunicará
mediante
publicación de la presente decisión a través del SECOP.
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del
artículo 77 de la Ley 80 de 1993 contra el presente acto administrativo no procede
recurso alguno en la vía gubernativa.
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de
Contratación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 de Decreto
1082 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
[…]” (Destacado fuera del texto original).
93. Copia del oficio 1.310.02.15.1 de 13 de julio de 201844, remitido al
Secretario de Infraestructura y Valorización de la Oficina Asesora Jurídica de la
Gobernación del Valle del Cauca, que tiene por asunto “concepto jurídico minuta de
contrato”, que señala:
“[…] El objeto del precitado documento consiste en: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA
SIMÓN BOLÍVAR TRAMO EL PAILON-AGUA CLARA, MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.
El valor del contrato se estipula en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS M/CTE. ($39.062.409.687), distribuidos de la siguiente forma: para la
vigencia 2018 la suma de VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE. (S24.140.335.940,00) y para la vigencia fiscal 2019 la suma de CATORCE
MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA SIETE PESOS M/CTE. ($14.922.073.747), incluido IVA'
otros impuestos y costos tanto directos como indirectos en los que incurra el
contratista; El DEPARTAMENTO pagará al Contratista el valor del presente Contrato
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3600000938 del 05 de
marzo de 2018, por valor de VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE. ($24.140.335.940,00). RUBRO: 1-3000/1149/2-
3212100356/1720201010100000/P|17100356110108 RECURSOS DEL
CREDITO/SRIA INFRA Y VALORI/REHA. DE LA VIA SIMO./MOVIENDO NUESTRO
FUTURO:/REAL. OB REH SIM BOL. ELEMENTO PEP: P|17-100356/1/1/01/08 -
REALIZAR LA OBRA DE REHABILITACION DE LA VIA SIMON BOLIVAR TRAMO
AL PAILON-AGUA CLARA y el valor restante, es decir la suma de CATORCE MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($14.922.073.747) estarán asignados a la
autorización para comprometer vigencias futuras, aprobadas por la Asamblea
44 Ibidem.
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Departamental, mediante la Ordenanza No. 476 del 12 de febrero de 2018 […]”
(Destacado fuera del texto original).
94. Copia del Contrato de Obra Pública núm. 1.310.02-59.8-3633 de 17 de
julio de 201845, suscrito entre el Secretario de Infraestructura y Valorización, en
representación del Departamento del Valle del Cauca y el Consorcio Buenaventura
2018, como contratista, cuyo objeto es la “rehabilitación de la vía Simón Bolívar
tramo El Pailón – Agua Clara, Municipio de Buenaventura, Departamento del Valle
del Cauca”, por valor de treinta y nueve mil sesenta y dos millones cuatrocientos
nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos ($39.062.409.687).
95. Copia del Otrosí núm. 13633-1 de 28 de diciembre de 201846, al
Contrato de Obra Pública núm. 1.310.02-59.8-3633 de 17 de julio de 2018, suscrito
entre el Departamento del Valle del Cauca y el Consorcio Buenaventura 2018, por
medio del cual se adiciona lo dispuesto en la ordenanza núm. 503 de 14 de
diciembre de 2018 al Contrato de Obra No. 3633 del 17 de julio de 2018 que autoriza
a la gobernadora del Valle del Cauca a reprogramar las vigencias futuras:
“[…] Entre los suscritos a saber MIGUEL ANGEL MUÑOZ NARVAEZ, mayor de edad
y vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número
16.621.315 expedida en Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretario de
Infraestructura y Valorización, con nombramiento ordinario realizado por medio
del Decreto Departamental No. 010-24-0968 del 27 de junio de 2017, habiendo
tomado posesión el día 06 de julio 2017, facultado para celebrar este tipo de contratos
según Decreto Departamental No. 010-24-1335 del 29 de agosto de 2017, “Por el cual
se efectúan una delegaciones y se dictan otras disposiciones”, quien obra en
nombre y representación del Departamento del Valle del Cauca con NIT
890399029-5, quien para los efectos del presente Otrosi No. 1, se denomina EL
DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra el señor LUIS ALEJANDRO CRUZ
RUIZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 86.086.659 de Villavicencio (M),
quien obra en representación del CONSORCIO BUENAVENTURA 2018 que está
integrado por: INGVICO LTDA, con un porcentaje del 20%; CONSTRUCCIONES GMI
S.A.S., con un porcentaje del 60%, GRUPO C2 S.A.S., con un porcentaje del 19% y
ANA ELVIA CARRANZA, con un porcentaje del 1%; CONSORCIO BUENAVENTURA
2018 Identificado con el número de NIT. 901.196.596-7, quien para efectos del
presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente Otrosí No. 1 al contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-3633 de 17
de julio de 2018 que se especifica a continuación, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el Departamento del Valle del Cauca a través de la
Secretaría de Infraestructura y Valorización elaboró los Estudios Previos,
Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Proyecto de pliegos de condiciones
surtiendo las etapas de publicación con el objeto de adelantar la Licitación
Pública LP-SIV-006-2018, cuyo objeto es REHABILITACIÓN DE LA VÍA SIMÓN
BOLIVAR TRAMO EL PAILON-AGUA CLARA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" 2. Que el procedimiento de selección
del contratista se adelantó a través de la modalidad de Licitación Pública LP-SIV-006-
2018, regulada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015,
la Ley 1882 de 2018 y demás normas aplicables. 3. Que mediante Resolución Número
1.310.02-59.8-0378 del 04 de mayo de 2018, la Administración Departamental ordenó
la Apertura de la Licitación Pública LP-SIV-006-2018 y se publicaron los Pliegos de
Condiciones Definitivos en el Portal Único de Contratación. 4. Que el día 18 de Junio
45 Ibidem.
46Cfr. Índice 93 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
“Expediente Digital”. Archivo denominado: “Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 93”.
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Núm. único de radicación: 760012333000201900270-01
de 2018, fecha señalada dentro del cronograma, se llevó a cabo el cierre de la
Licitación Pública la cual tiene como objeto "REHABILITACIÓN DE LA VÍA SIMÓN
BOLÍVAR TRAMO EL PAILON-AGUA CLARA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA,
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA." se recibieron seis (06) ofertas por parte
de los siguientes proponentes para la LP-SIV-006-2018. 1) CONSORCIO M2. 2)
CONSORCIO BUENAVENTURA 2018. 3) CONSORCIO REHABILITACION VIAL SB. 4) CONSORCIO CRP. 5) CONSORCIO VIAL GRODCIVILES. 6) CONSORCIO
BUENAVENTURA I. 5. Que las propuestas recibidas fueron debidamente evaluadas
por el Comité designado, tomándose como factores de verificación de las propuestas
los establecidos en el Pliego de Condiciones Definitivos de la Licitación Pública LP-
SIV-006-2018, dando como resultado el "INFORME EVALUACIÓN OFERENTES
PROCESO: LP-S/V-006-2018" respecto a los requisitos habilitantes que los
proponentes CONSORCIO M2, CONSORCIO BUENAVENTURA 2018,
CONSORCIO REHABILITACION VIAL SB, CONSORCIO CRP, CONSORCIO VIAL
GRODCIVILES y CONSORCIO BUENAVENTURA 1, CUMPLEN con los requisitos
habilitantes, y que el proponente CONSORCIO BUENAVENTURA 2018, obtuvo el
mayor puntaje y por lo tanto obtuvo el primer puesto en el orden de elegibilidad, el No
1. 6. El día jueves 12 de julio de 2018 a las 10:30 a.m. se dio inicio a la Audiencia
Pública de Adjudicación de la LICITACION PUBLICA No. LP-SIV-006-2018; se
procedió a la puntuación de la oferta económica de las ofertas validas, de acuerdo a
lo estipulado en el "Método de evaluación de la oferta económica", "Media aritmética
alta "del pliego de condiciones de la Licitación LP-SIV-006-2018, y cuyo resultado fue
el siguiente: Adjudicar al proponente CONSORCIO BUENAVENTURA 2018, acumula
un total de 954.74 puntos, ocupando así el primer lugar en el orden de elegibilidad
definitivo. 7. Que mediante la resolución 1.310.02-59.8-0649 del 12 de julio de
2018, se adjudicó el contrato de obra pública de la Licitación Pública No. LP-
SIV-006-2018 al proponente CONSORCIO BUENAVENTURA 2018.8-. Que el 17
de julio de 2018 se firmó el Contrato de obra pública No. 1.310.02-59.8-3633, suscrito
entre el Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura y
Valorización y el Consorcio Buenaventura 2018. 9-. Que el 01 de agosto de 2018 se
suscribió el Acta de inicio de obra entre el Departamento del Valle del Cauca -
Secretaría de Infraestructura y Valorización, el Representante Legal del Consorcio
Buenaventura 2018 y el Representante Legal de la firma Interventora ECOVIAS SAS. 10-. Que a través de Ordenanza No. 503 del 14 de diciembre de 2018, la Honorable
Asamblea Departamental del Valle del Cauca, ordeno: "POR MEDIO DEL CUAL SE
AUTORIZA A LA GOBERNADORA DEL VALLE DEL CAUCA, PARA LA
REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIA FUTURA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA,
REPROGRAMACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS, ASUNCION DE VIGENCIA
FUTURA ORDINARIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA, VIGENCIAS FUTURAS
ORDINARIAS EN EJECUCIÓN DE CONTRATOS, VIGENCIA FUTURA
EXCEPCIONAL Y DISPOSICIONES VARIAS".11-. Que, en razón de la
reprogramación de compromisos de vigencias futuras, realizada por la Honorable
Asamblea Departamental del Valle del Cauca, el Departamento realizó las gestiones
necesarias para apropiar las partidas para su ejecución así: con cargo a la vigencia
2018 la suma de ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES
SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE
(11,718,722,906), con cargo a la vigencia 2019 la suma de VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE
PESOS M/CTE.($24.866.002.614) y con cargo a la vigencia 2020 la suma de DOS
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($2,477,684,167). 12-
. Que en virtud de la "cláusula 6" del contrato de Obra No. 3633 del 17 de julio de
2018, el Departamento y el Contratista de mutuo acuerdo han decidido incluir la
Ordenanza No.
503 del 14 de diciembre de 2018, de la Honorable Asamblea
Departamental del Valle de Cauca en el contrato de Obra No. 3633 del 17 de julio de
2018. 13. Que el presente Otrosi No. 1 al contrato de Obra No. 3633 del 17 de julio
de 2018, en nada modifica el valor ni as demás cláusulas por las cuales se rige el
contrato. 14. Que con base en las anteriores consideraciones las partes convienen
las siguientes:
CLAUSULAS:
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CLAUSULA 1: Adicionar la Ordenanza No. 503 del 14 de diciembre de 2018
al Contrato de Obra No. 3633 del 17 de julio de 2018, el cual en adelante quedará
así:
*Ordenanza No. 503 del 14 de diciembre de 2018, la Honorable Asamblea
Departamental del Valle del Cauca, ordenó "por medio del cual se autoriza a la
gobernadora del Valle del Cauca, para la reprogramación de vigencia futura de
importancia estratégica, reprogramación de vigencias futuras, asunción de vigencia
futura ordinaria de importancia estratégica, vigencias futuras ordinarias en ejecución
de contratos, vigencia futura excepcional y disposiciones varias".
Para la vigencia 2018 la suma de ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE
(11,718,722,906) y con cargo a la vigencia 2019 la suma de VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS
CATORCE PESOS ($24.866.002.614), y con cargo a la vigencia 2020 la suma de
DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
($2,477,684,167).
CLAUSULA 2: El objeto del contrato al igual que las demás cláusulas del
contrato de obra número 1.310.2.59.8-3633 del 17 de julio de 2018, que no hayan
sido modificadas por el presente otrosi No 1, no sufren modificación alguna y
conservan su plena obligatoriedad para las partes.
CLAUSULA 3: El presente otrosi No, 1 será publicado en el SECOP de
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015
dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición […]” (Destacado fuera del texto
original).
96. Copia del Otrosí núm. 23633-2 de 28 de diciembre de 201847, al
Contrato de Obra Pública núm. 1.310.02-59.8-3633 de 17 de julio de 2018, suscrito
entre el Departamento del Valle del Cauca y el Consorcio Buenaventura 2018,
según el cual, se modifica el plazo del contrato y el cronograma de obra en los
siguientes términos:
CLAUSULAS:
“[…] CLAUSULA 1: Modificar la CLÁUSULA 4 del Contrato de Obra No. 3633 del 17
de julio de 2018, el cual en adelante quedará así:
CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA.
El plazo de ejecución del contrato es de diecinueve (19) meses, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio del contrato de obra. El Cronograma
estimado de la etapa de construcción de obra para la ejecución del presente Contrato,
es el presentado con la propuesta y debe ser avalado por el interventor y forma parte
del presente Contrato.
CLAUSULA 2: El objeto del contrato al igual que las demás cláusulas del contrato de
obra número 1.310.2.59.8-3633 del 17 de julio de 2018, que no hayan sido
modificadas por el presente otrosi No 1 y otrosi No 2, no sufren modificación alguna
y conservan su plena
obligatoriedad para las partes.
CLAUSULA 3: El contratista se compromete a ajustar las garantías constituidas de
conformidad con el presente Otrosi
47Cfr. Índice 93 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
“Expediente Digital”. Archivo denominado: “Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 93”.
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CLAUSULA 4: El presente otrosí No,2 será publicado en el SECOP de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 dentro de los
tres (3) días siguientes a su expedición.
Para constancia, se firma en Santiago de Cali el 28 de diciembre de dos mil dieciocho
(2018) […] (Destacado fuera del texto original).
97. Copia del Informe Mensual de Interventoría48, correspondiente al periodo del
1.° al 31 de enero de 2019, elaborado por ECOVIAS S.A.S. para la Gobernación del
Valle del Cauca, en virtud del Contrato de Interventoría núm. 1.310.02-59.8 3739,
respecto el contrato de obra núm. 1.310.02-59.8 3633, que tiene como finalidad
“realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica para
el contrato de obra pública correspondiente a realizar la rehabilitación de la vía
Simón Bolívar tramo El Pailón – Agua Clara”, en el cual se destaca lo siguiente:
“[…] La vía El Pailón-Aguaclara es un tramo de la antigua vía al mar que
comunica al Municipio de Buenaventura con el municipio de Cali y funciona hoy
en día como medio de comunicación de la zona urbana de Buenaventura con
las poblaciones adyacentes a la carretera, entre las cuales se destacan las
poblaciones que delimitan los sub-tramos que componen la vía, como son
Zacarías, Sabaletas y Agua Clara, las cuales pertenecen al Corregimiento 8 de
Buenaventura, donde a su vez, se localizan las poblaciones de San Marcos,
Guamia, Limones y Llano bajo.
El presente informe corresponde al seguimiento que ejecuta la Interventoría al
contratista CONSORCIO BUENAVENTURA 2018, a quien le fue adjudicado el
contrato de obra CONTRATO DE OBRA N°: 1.310.02-59.8 3633.cuyo objeto es:
"REHABILITACIÓN DE LA VIA SIMÓN BOLIVAR en el TRAMO EL PAILON-
AGUACLARA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA.
Este documento corresponde al Informe Mensual No.6 de Interventoría y contiene el
desarrollo de la obra en el periodo del 01 al 31 de enero del 2019 en donde se
presentan las actividades adelantadas en los aspectos técnicos, económicos y
contractuales del proyecto […]”.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Dentro de las actividades a desarrollar en el proyecto tenemos las siguientes:
Localización y replanteo, demolición de edificaciones, demolición de cajas y
cabezales, demolición de alcantarillas, descapote a máquina más retiro, excavación
a máquina sin retiro, relleno con arena para apoyo de tuberías, relleno con material
de sitio compactado con rana, relleno con material pétreo compactado, pavimento en
concreto con módulo de rotura Mr=40, base granular clase A, acero de refuerzo,
andén en concreto de 3000 PSI, sardinel en concreto de 3000 PSI, cabezales para
las cajas de las alcantarillas en concreto de 2500 PSI, tubería en concreto reforzado
con unión de caucho, tubería en concreto reforzado, limpieza de alcantarillas, cunetas
en concreto de 3000 PSI, muro de contención en concreto de 3000 PSI, acero de
refuerzo flejado con módulo de elasticidad Fy 60000 y acarreo de materiales pétreos
tierra- varios.
En señalización se desarrollan las siguientes actividades: Señal vertical con lámina
retroflectiva, Línea de demarcación incluye microesferas y Marca vial. Programa de
adaptación a la guía ambiental.
48 Cfr. Índice 93 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo
denominado: “Expediente Digital”, archivo denominado: “Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip)
NroActua 93”.
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Para obras de estabilización y protección se tiene: Material granular filtrante, Tubería
PVC para sub-drenes, geotextil para sub-drenes y Revegetalización de taludes.
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El Distrito de Buenaventura se encuentra a orillas de la bahía de Buenaventura
en el océano Pacífico al occidente del Departamento del Valle del Cauca; este
Distrito es considerado el puerto más importante para la Nación. La cabecera
está localizada sobre los 3° 52' de latitud Norte y los 77° 01' de longitud al Oeste del
Meridiano de Greenwich, con una extensión total de territorio de 6078 Km2 a una
temperatura promedio de 30° C. Es considerada la ciudad más grande dentro de la
zona pacífica del país. Sus límites avecinan al norte con el Departamento del
Chocó, al sur con el Departamento del Cauca, al oriente con el Municipio de
Dagua, Cali y Jamundí, y al occidente limita con el Mar [sic] Pacífico. Su distancia
de referencia es a 121 Km de la Ciudad de Cali.
Dentro del Municipio de Buenaventura se encuentra el Corregimiento de Aguaclara a
33 Kilómetros al sur del Distrito; actualmente se llega mediante una vía en mal estado.
Este corregimiento es considerado un sitio para el ecoturismo por lo que anualmente
recibe una cifra considerable de turismo.
El proyecto consiste en mejorar y rehabilitar la vía existente entre el Distrito de
Buenaventura y el Corregimiento de Aguaclara.
[…]
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
El Departamento del Valle del Cauca, consciente de la necesidad de establecer una
política para recuperar la movilidad, mermar la accidentalidad en la red a su cargo y
mejorar los niveles de servicio para los usuarios de la carretera, ha decidido
implementar la aplicación de una estrategia de gestión vial que busca mejorar más
kilómetros de vías de primer orden llevando a cabo en estos corredores viales una
rehabilitación que adicionalmente permitan mejorar su capacidad, obteniendo un
menor tiempo de desplazamientos, confort y seguridad impulsando a su vez el
desarrollo económico de la región.
Por esta razón será mejorado el corredor actual El Pailón - Aguaclara mediante
la "REHABILITACIÓN DE LA VIA SIMÓN BOLIVAR en el TRAMO EL PAILON-
AGUACLARA MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA"
La estrategia consiste en mejorar el corredor existente entre El Pailón y Aguaclara,
mediante la rehabilitación de la vía con una estructura de pavimento rígido y
mejorando el diseño geométrico según el estudio que se realizó para mejorar la
movilidad del sector.
2.4 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
2.4.1 Alcance inicial
El alcance establecido consiste en rehabilitar 11,9 kilómetros de pavimento de la
red vial terciaria en el sector de la vía comprendido entre El Pailón y Aguaclara,
en el tramo establecido entre el K8+850 y el K20+755. Tomando como punto de
inicio o KM 0 frente al colegio Jesús Adolescente ubicado en la vía al aeropuerto
de Buenaventura.
1. Las actividades de obra para la rehabilitación, comprende entre otras:
✓ Localización y replanteo
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✓ Demoliciones
✓ Excavaciones terraplenes y rellenos
✓ Obras estructura de pavimento y andenes
✓ Obras de drenaje y estructuras
✓ Transportes
✓ Señalización y demarcación
✓ Programa de adaptación a la guía ambiental
✓ Obras de estabilización y protección
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Localización Tipo de estructura Características
Vía Simón Bolívar Estructura de Pavimento Longitud total: 11,900 km
tramo el Pailón Agua Localización y Replanteo: Topografía:
Clara 11905,00 ml
DEMOLICIONES
Demoliciones: Cajas y cabezales: 236,00
m3
Demolición de Alcantarillas: 963,00 ml
Descapote Maquina más Retiro: 54910,00
m2
Excavaciones Maquina sin Retiro:
86442,00 m2
OBRAS ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
Y ANDENES
•Pavimento y andenes: Pavimento MR=40
Mpa E= 30 cm
2. Cantidad 71430,00 m2
• Anden en Concreto 3000 psi E=10 cm:
3. Cantidad 3640,00 m2
•Sardinel en Concreto 3000 psi 45x15 cm
4. Cantidad 16160,00 ml
OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURA
• Cabezales - Cajas de Alcantarillas 2500
PSI 656 m3
Cunetas en Concreto 3000 PSI 607 m3
5.
OBRAS DE ESTABILIZACION Y
PROTECCION
Material Filtrante Granular Canto Rodado:
14634 m3
Revegetalización de Taludes
Tabla 1. Características técnicas del proyecto
2.6 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA
Se puede identificar a lo largo del proyecto que un tramo inicial de vía de
aproximadamente 8 kilómetros se encuentra pavimentado con la carpeta de rodadura
en buenas condiciones y un segundo tramo de 11,900 kilómetros se encuentra en
afirmado en malas condiciones. La sección transversal típica de la vía presenta un
ancho promedio de 4.00 m, con pendientes no mayores al 10%. La Foto 1 y la Foto 2
muestran la condición vial típica de este corredor.
Se logró identificar la existencia de 4 puentes a lo largo del proyecto:
PUENTE ZACARIAS SOBRE EL RIO DAGUA (Estructura Metálica), ubicado en la
abscisa K4 • 850
PUENTE POTEDO. (estructura en concreto y barandas Metálicas) ubicado en la
abscisa K9 + 580.
PUENTE EN KM 9+905 (Estructura en concreto).
PUENTE SOBRE EL RIO ZABALETAS (Estructura Metálica), ubicado en la abscisa
K17 • 130.
3 CONTRATO DE OBRA
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
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A continuación, se describen los aspectos contractuales del contrato de obra.
CONTRATO N°: 1.310.02-59.8 3633
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA SIMÓN BOLÍVAR TRAMO EL PAILON-
AGUA CLARA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
[Sic]
CONTRATISTA: CONSORCIO BUENAVENTURA 2018
FECHA DE LEGALIZACIÓN: 17 de julio de 2018
FECHA DE INICIACIÓN: 01 de agosto de 2018
VALOR INICIAL: $ 39.062.409.687 (Incluido IVA)
VALOR ACTUALIZADO: $ 39.062.409 687 (Incluido IVA)
PLAZO INICIAL 17 Meses
PLAZO ACTUALIZADO 17 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 01 de enero de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA 01 de enero de 2020
SUPERVISOR MIGUEL ANGEL MUÑOZ NARVAEZ
[…]
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. 1 CONCLUSIONES
✓ El contrato de obra lleva transcurridos 184 días lo que representa el (36.07%)
del plazo total del contrato, el cual vence el 01 de enero del 2020, a la fecha
no se han tramitado por parte del contratista solicitud de prórroga al plazo.
✓ La inversión programada acumulada es del 5,25%, contra una inversión
ejecutada del 3,70% lo que representa un desfase del 1,57% debido a que se
programó para el mes un enero del 2019 la terminación del muro de
contención del k11+320, el cual no se ejecutó, se solicitó al contratista plan de
acción para recuperar el atraso.
✓ En el periodo no se tramitaron actas de obra ni de interventoría.
✓ A la fecha se ha girado por concepto de anticipo $8.143.490. 375.00 con
un saldo de $3.575.232.531.00
✓ Se actualizaron las garantías del contrato de Interventoría del otrosí No. 3
prorrogando el plazo hasta febrero del 2020 y reprogramando vigencias así:
para la vigencia 2018 la suma de: NOVECIENTOS MILLONE SEISCIENTOS
TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE($900.613.580), para la
vigencia 2019 se apropiara la suma de MIL QUINIENTOSNOVENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILQUINIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS M/CTE. ($1.593.672.592) y para la vigencia 2020 la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTOSESENTA Y OCHO MIL
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($440.168.148)
✓ El contratista instaló planta de concreto en el k2+900 y está en pruebas
electromecánicas, no se realizaron pruebas de mezclas en el periodo, se
estima realizarlas la primera semana de febrero del 2019.
✓ A la fecha el documento PAGA no ha sido aprobado por la Interventora toda
vez que fue devuelto para correcciones, el contratista radico la versión
corregida el día 28 de enero del 2019.
✓ Se debe actualizar el permiso para la zona de disposición de sobrantes de
excavación el cual vence el 25 de febrero del 2019.
✓ El contratista presento [sic] ante la Agencia Nacional de Minería solicitud de
permiso temporal de aprovechamiento de material aluvial del Rio Dagua,
corregimiento de Zacarías k4+100.
✓ Se concilio [sic] con EMCALI el traslado de las cajas prefabricadas de la red
de fibra óptica en el tramo del k9+990 al k12+000, a la fecha no se han
presentado afectaciones a la red.
6.2 RECOMENDACIONES:
Se debe realizar intervenciones a nivel de filtros y cunetas en el sector del k8+870 a
k9+110 y del k9+250 al k9+596 donde actualmente existe estructura de pavimento
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flexible a fin de recuperar en su totalidad la funcionalidad de la vía, con señalización
horizontal y vertical.
Se debe revisar si legalmente se puede dejar exonerado en estos sectores de la póliza
de estabilidad y garantía, la estructura del pavimento existente.
98. Copia del reporte estado de avance de la obra del proyecto denominado
“Rehabilitación de la Vía Simón Bolívar tramo El Pailón – Agua Clara, Municipio de
Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca”, con corte a 8 de abril de 2019,
en el que se indica lo siguiente:
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99. Copia del Oficio núm. FAGM 05526/2019-00270-00 de 18 de noviembre de
201949, suscrito por el Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, en virtud del cual, se indica al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que “[…] no ha elaborado ningún estudio técnico de ingeniería y/o ambiental
para el diseño, construcción, reparación, adecuación, mejoramiento y
mantenimiento de la antigua carretera al mar denominada vía Simón Bolívar; ni
tampoco es parte, ni tercero interesado en el referido proyecto […]”.
100. Copia del Oficio núm. 2019-701-039703-1 de 18 de noviembre de 2019,
suscrito por el coordinador de Defensa Jurídica encargado de la Agencia Nacional
de Infraestructura, dirigido al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, por medio del cual
remite el oficio del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en consideración a
que la antigua carretera al mar “Simón Bolívar” está a cargo de esta entidad.
101. Copia del Oficio de 3 de diciembre de 2019, suscrito por la asesora jurídica
de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, mediante la cual, da respuesta
al requerimiento del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Informa que no
encontró información relacionada con el Proyecto de Infraestructura Vial de ochenta
y cinco (85) kilómetros “que arranque desde el kilómetro (20) de la vía al Mar, hasta
el corregimiento de ‘Agua Clara’, en la antigua carretera al mar [sic] pacífico
denominada vía ‘SIMÓN BOLIVAR’”.
102. Copia del Oficio del 2 de diciembre de 2019, suscrito por el secretario general
de la Asamblea Departamental.
49 Cfr. Índice 93 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Archivo
denominado: “Expediente Digital”, archivo denominado: “Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip)
NroActua 93”.
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103. Copia de las fotografías50 aportadas por la parte actora con la demanda.
50 Ibidem.
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104. Copia del Oficio SADE núm. 2022118669 de 11 de octubre de 2022, suscrito
por la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Valle del Cauca por medio
del cual da respuesta al requerimiento FAGM 05521 del Tribunal Administrativo del
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Núm. único de radicación: 760012333000201900270-01
Valle del Cauca, mediante el cual informa que “[…] en la actualidad no se tiene
conocimiento de la existencia o desarrollo de estudios técnicos y diseños del tramo
de la vía de (85K) de la antigua carretera al mar [sic] pacífico denominada ‘SIMÓN
BOLÍVAR’, DESDE EL KILÓMETRO (K20) de la vía al mar hasta el corregimiento
de ‘Agua Clara’[…]”.
105. Copia del Oficio SADE 2022113978 de 30 de septiembre de 2022, suscrito
por la jefe de la Oficina Asesora de Jurídica de la Secretaría de Infraestructura,
mediante el cual anexa un informe detallado de las obras realizadas dentro del
tramo kilómetro 21-Agua Clara de la vía Simón Bolívar. Indica que esta fue
intervenida “[…] con arreglo de baches, instalaciones carpa de rodadura a manera
de recarpeteo, rocería, demarcación horizontal, a la fecha la vía se encuentra con
una excelente señalización […]”. Asimismo, indica lo siguiente:
“[…] En la actualidad se adelanta la ejecución de obras para atender la pérdida
parcial de banca de la vía en el tramo San José del Salado - Queremal, sector
las camelias, allí se construirá un muro de contención y una solución Hidráulica
que permita estabilizar este tramo ya que la banca se encuentra parcialmente
colapsada.
• El tramo el Queremal - La Elsa - EL Danubio, este ha sido intervenido recientemente
con obras de mantenimiento rutinario, aprovechando convenios con el comité
Departamental de Cafeteros (programa Camineros) y La CELSIA, allí se han
adelantado actividades de rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción
de obra de arte.
• Se adelanta Estudios y Diseños por parte de la Empresa CELSIA del tramo
Agua Clara- Danubio- La Elsa - El Queremal - Borrero Ayerbe.
• Aparte de lo solicitado por el Tribunal, dentro del oficio se informa las intervenciones
del Tramo Agua Clara - Buenaventura, exhibiendo igualmente fotografías del estado
actual de la vía donde se observa la demarcación horizontal y su señalización y a la
cual se le realizaron obra de pavimento rígido en el tramo Potedó -Sabaletas -
Guaimia - San Marcos - Llano Bajo. Km 8 + 500 al km 23 + 150.
• El tramo Llano Bajo -Agua Clara, ya tiene definido los Estudios y Diseños y se
hacen gestiones muy Importantes por parte de la señora Gobernadora doctora
Clara Luz Roldán Gonzales y el Secretario de Infraestructura, para que la
Empresa CELSIA construya este tramo por la modalidad de proyectos "Obras
por Impuestos […]" (Destacado fuera del texto original).
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106. Copia del Oficio DT-VAL 56557 de 19 de septiembre de 2022, suscrito por el
Director Territorial Valle del Instituto Nacional de Vías – INVIAS dirigido al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, según el cual, indica que el corredor vial “Simón
Bolívar” rotulado técnicamente “Ruta 3201”, es una vía de segundo orden, de
conformidad con el Decreto 0216 de 27 de febrero de 2018, siendo así que el
Departamento del Valle del Cauca es el encargado de la administración,
conservación, mantenimiento y/o reparación de esta.
107. Copia del Informe allegado por el Municipio de Dagua el 3 de octubre de
2022, en respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante el cual informa que:
“[…] En atención al requerimiento efectuado el 31 de octubre de 2019 y reiterado el
12 de septiembre del presente año donde se solicita dos puntos en particular sobre
la vía Simón Bolívar, me permito precisar lo siguiente:
Frente al punto 1: donde se solicita que esta Alcaldía presente copia de los estudios
técnicos de ingeniería y demás que se hayan utilizado para adecuación,
rehabilitación, mejoramiento (…) y a su vez que se certifique el estado actual de la
misma.
Me permito indicar que esta vía es de segundo orden, por tanto, la Alcaldía no es
competente para intervenir tal como se ordena en la sentencia, al ser de segundo
orden, la competencia la ostenta la Gobernación […].
Sin embargo y al contar con esta categoría descrita en la norma, la Alcaldía ha
coordinado acciones con el ente departamental, así como con las empresas, y
comunidad en general, en búsqueda de mejorar las condiciones de esta vía. En
razón a ello, me permito compartir el informe elaborado por Celsia el cual detalla
los puntos críticos, los deslizamientos presentados en algunos tramos de la
Simón Bolívar y las posibles soluciones a intervenir.
A su vez la oficina de gestión del Riesgo municipal, presenta informe de
atención de emergencias en [la] vía Simón Bolívar Sector Corregimiento la Elsa,
La Cascada y el Danubio de fecha 29 de agosto de 2022. En el mismo se hace
un análisis del despeje de la vía por movimiento en masa y crecientes súbitas
en estos sectores, el presente informe se anexa para su estudio y comprende
el registro fotográfico de las actuaciones por parte del municipio de Dagua,
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Gerencia de Planeación y Proyectos de Inversión, en el tramo de vía Simón
Bolívar, desde el corregimiento El Queremal, hasta el corregimiento El Danubio,
en el periodo 2021 y 2022. Como puede observar en el informe Señor Juez, esta vía
presenta situaciones de riesgo debido a las condiciones climáticas que ostenta,
por lo que es necesario e indispensable atender en todo momento situaciones
como descritas en los informes que se anexan, lo anterior en colaboración de
las entidades citadas.
Frente al punto 2: donde se solicita certificar si la vía fue pavimentada en algunos
tramos, así como determinar si existen los estudios para la intervención de la misma
desde el K20 vía al mar hasta el corregimiento de Agua Clara.
En atención a ello Señor Juez reitero que el municipio no es competente para la
intervención de esta Vía, que estas gestiones le corresponden al ente departamental
en articulación con el Ministerio de Transporte y sus agencias adscritas (ANI); Sin
embargo la Gobernación del Valle del Cauca, nos remitió informe, el cual también fue
conocido por su Despacho, donde se constata lo siguiente:
“Tramo Km 21 – Agua Clara
• La Secretaria de Infraestructura gestionó recursos para atender emergencias en
todo el Departamento a raíz de las fuertes temporadas de altas precipitaciones en el
territorio, Se [sic] intervino el tramo Km 26 – Borrero Ayerbe con obras de
mantenimiento periódico (Arreglo de baches, instalación de una carpa de
rodadura a manera de recarpeteo, rocería, demarcación horizontal.) Ejecutadas
en la presente Administración.
• Actualmente se adelanta la ejecución de obras para atender la pérdida parcial
de banca de la vía, en el tramo San José del Salado – Queremal, sector las
Camelias, allí se construirá un muro de contención y una solución hidráulica
que permita estabilizar este tramo ya que la banca se encuentra parcialmente
colapsada.
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• El tramo el Queremal - La Elsa – El Danubio, este tramo ha sido intervenido
recientemente con obras de mantenimiento rutinario, aprovechando convenios con el
Comité Departamental de Cafeteros (Programa Camineros) y La CELSIA, se han
adelantado actividades de rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción
de obras de arte.
• Se adelantan estudios y diseños por parte de la Empresa CELSIA del Tramo Agua
Clara – Danubio – La Elsa- El Queremal , referente a los sitios críticos, fenómenos
geológicos, rehabilitar obras de Infraestructura existentes que servirá para planificar
y gestionar los recursos que posibilite estabilizar y construir un pavimento que cumpla
con las especificaciones norma INVIAS ya que esta vía es de primer orden”
(Gobernación 2022).
En atención a ello Señor Juez desde el municipio damos a conocer las actuaciones
coordinadas con la Gobernación del Valle del Cauca, así como las empresa [sic] que
interviene en el sector como es Celsia […]”.
108. Copia del Informe de atención de emergencias en vía Simón Bolívar, sector
corregimientos La Elsa, La Cascada y El Danubio, agosto 29 de 2022, “despeje de
vía por movimientos en masa y crecientes súbitas sector La Elsa, La Cascada y El
Danubio”, que indica lo siguiente:
“[…] En 2021 y 2022, la ola invernal recrudeció, causando graves deterioros a la red
vial del municipio, especialmente, a la vía Simón Bolívar desde el corregimiento El
Queremal hasta el corregimiento El Danubio; a partir de Marzo de 2021 hasta Abril de
2022, las lluvias torrenciales ocasionaron crecientes súbitas cuyos lodos dejaron
intransitables varios tramos de la vía, y movimientos en masa recurrentes en todo el
tramo mencionado, especialmente en la parte pavimentada jurisdicción del
corregimiento La Elsa y en la vía destapada o sin pavimento en jurisdicción del
corregimiento El Danubio. La vía Simón Bolívar es una vía secundaria, cuyo
mantenimiento está a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca, no obstante,
durante las emergencias por ola invernal, el municipio de Dagua ha realizado trabajos
de despeje de la vía y el mantenimiento de la misma, como también, gestiono trabajos
de descolmatación del rio Digua, en el sector de El Danubio, donde por efectos de la
ola invernal una creciente súbita destruyo la banca de la vía Simón Bolívar, tales
actividades se realizaron en el marco de la ley 1523 de 2012 […]
El siguiente es el registro fotográfico de las actuaciones por parte del municipio de
Dagua, área de vías de la Gerencia de Planeación y Proyectos de Inversión, en el
tramo de vía Simón Bolívar, desde el corregimiento El Queremal, hasta el
corregimiento El Danubio, en el periodo 2021 y 2022, por efectos de la ola invernal.
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109. Copia del certificado suscrito por la Gobernadora del Valle del Cauca en el
que consta que la vía Simón Bolívar - 3201 pertenece a la red vial de competencia
Departamental y “tiene prioridad estratégica en [el] Plan Vial Departamental 2021 al
2030” en el marco del proyecto denominado “Construcción de obras para
estabilización de sitios críticos en la vía Simón Bolívar en el tramo Queremal – El
Danubio, Dagua, bajo el mecanismo de financiamiento de obras por impuestos por
parte del contribuyente CELSIA S.A.”, expedida el 6 de julio de 2022.
110. Copia del Informe denominado “Descripción de sitios críticos vía Simón
Bolívar Sector Doña Dora – El Cauchal” elaborado por Celsia, aportado por el
Municipio de Dagua el 3 de octubre de 2022, según el cual se indica lo siguiente:
“[…] 1. DESLIZAMIENTO SECTOR DOÑA DORA
1.1. Localización: 3°32´8.8" N, 76°45´19.19" E
1.2. Descripción de la problemática en el sector Deslizamiento localizado en talud
derecho de la vía (sentido Cali – Buenaventura) de tipo rotacional, con
desprendimiento de suelo tipo limo (MH). Hay perdida de media banca de la vía en la
margen izquierda. La longitud del sector afectado se estima en 75 m, el escarpe
principal se observa a una altura aproximada de 25m desde nivel de la vía. No se
observan grietas en el pavimento.
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1.3. Registro fotográfico
1.4. Posibles obras para construir en la zona de observación
Se sugiere realizar inspección en la margen izquierda de la vía (sentido Cali -
Buenaventura) para identificar flanco del deslizamiento. En la margen derecha
(sentido Cali - Buenaventura) se sugiere la conformación del talud y revegetalización
del talud, teniendo en cuenta en el diseño el manejo de agua escorrentía.
En la margen izquierda de la vía se sugiere la construcción de muro longitudinal
cimentado sobre pilotes, teniendo en cuenta que la profundidad de desplante de los
pilotes sea tal que atraviesen el plano de falla del deslizamiento; adicional, realizar
movimiento de tierras para reconstrucción de la banca y garantizar el adecuado
manejo de aguas con cunetas y alcantarillas […].
2. OBRA EN QUEBRADA LA ELSA
2.1. Localización: 3°33´55.10" N, 76°45´29.19" E
2.2. Descripción de la problemática en el sector
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En el sector se encuentra localizada la Quebrada La Elsa, la cual genera un cauce de
ancho aproximado de 5m. Actualmente para el paso del agua se encuentra construida
una estructura con tubería de diámetro aproximado de 2m. Se observa que la sección
es insuficiente para evacuar el agua cuando aumenta el caudal.
2.3. Registro fotográfico
2.4. Posibles obras para construir
Se sugiere la construcción de una estructura tipo box culvert con mayor ancho al
existente actualmente, la dimensiones del mismo dependen del estudio hidráulico del
sector […].
3. ALCANTARILLA LOS CALEÑOS 2
3.1. Localización: 3°33´57.02" N, 76°45´31.85" E
3.2. Descripción de la problemática en el sector
Perdida [sic] de banca en la margen izquierda de la vía (sentido Cali –Buenaventura)
de longitud aproximada 15 m. Se observa encole y descole de alcantarilla en buen
estado. Este sector es cercano a la Quebrada la Elsa, se presume que en crecientes
de la quebrada el agua llega a este sector erosionando y ocasionado la perdida de la
banca.
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3.3. Registro fotográfico
3.4. Posibles obras para construir Se sugiere hacer énfasis en el manejo de aguas,
aguas arriba, encausando el agua escorrentía a las estructuras hidráulicas existentes.
En el sector de la perdida de banca y socavación se sugiere la construcción de muro
de contención […].
4. ACANTARILLA DAÑADA LOS CALEÑOS 1
4.1. Localización: 3°33´58.10" N, 76°45´38.00" E
4.2. Descripción de la problemática en el sector
Perdida de banca en la margen izquierda de la vía (sentido Cali –
Buenaventura) de longitud aproximada 12 m. Se observa encole de
alcantarilla en buen estado, el descole se encuentra destruido, el cual
estaba en donde se encuentra la perdida de banca de la vía, posiblemente
ocasionada causa del agua escorrentía.
4.3. Registro fotográfico
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4.4. Posibles obras para construir Se sugiere hacer énfasis en el manejo de aguas y
construcción de encole de alcantarilla destruida. En el sector de la perdida de banca
y socavación se sugiere la construcción de muro de contención. Se sugiere realizar
estudio de patología al muro de contención existente que se encuentra en el costado
derecho a la socavación […].
5. DESLIZAMIENTO, OBRA COLMATADA
5.1. Localización: 3°34´20.30" N, 76°45´46.19" E 5.2. Descripción de la problemática
en el sector En el sector se observa el paso constante de material arenoso, bolos de
gran tamaño y palizadas. Se observa encole de estructura hidráulica totalmente
colmatada, el material también se encuentra invadiendo la vía. 5.3. Registro
fotográfico
5.4. Posibles obras para construir
En el sector se sugiere el aprovechamiento del material, y realizar inspección aguas
arriba con el fin de identificar la causa de los deslizamientos […].
6. SOCAVACION, PERDIDA DE BANCA
6.1. Localización: 3°34´37.81" N, 76°46´36.49" E
6.2. Descripción de la problemática en el sector Perdida de banca en una longitud
aproximada de 23m a causa de socavación en la margen izquierda de la vía (sentido
Cali – Buenaventura). Estructura de descole destruida y la estructura de encole
requiere mantenimiento. A 200m aguas arriba del sector crítico, se observa
afloramiento de agua (margen derecha) el cual se encuentra descargando en el sitio
de la socavación, requiere encausar hacia obras hidráulicas.
6.3. Registro fotográfico
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6.4. Posibles obras para construir
Se sugiere la construcción de obras hidráulicas (alcantarillas, cunetas) para dar
manejo al agua escorrentía de la vía empezando desde el sector del afloramiento de
agua hasta el sitio de socavación. Se requiere la construcción de obra hidráulica de
descole y movimiento de tierras para conformación de banca […].
7. PERDIDA DE BANCA
7.1. Localización: 3°35´3.26" N, 76°47´37.48" E
7.2. Descripción de la problemática en el sector
Se observa socavación de aproximadamente 5m de longitud en la margen izquierda
(Sentido Cali – Buenaventura), el descole de la alcantarilla existente se encuentra
destruido. Se requiere encausar agua escorrentía por obras hidráulicas existentes y
realizar mantenimiento respectivo.
7.3. Registro fotográfico
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7.4. Posibles obras para construir Se requiere construcción de encole, localizado en
el sector de la socavación. Es necesario realizar mantenimiento a obras hidraulicas
existentes ( encole y descole) […].
8. CURVA CERRADA CON PERDIDA DE VIDAS. SOCAVACION
8.1. Localización: 3°35´27.87" N, 76°48´38.78" E
8.2. Descripción de la problemática en el sector Se observa socavación de
aproximadamente 9m de longitud en la margen izquierda (sentido Cali –
Buenaventura), el descole de la alcantarilla existente se encuentra destruido. Se
requiere encausar agua escorrentía por obras hidráulicas existentes y realizar
mantenimiento respectivo. A margen derecha se observa talud en roca con
afloramientos de agua, que posiblemente está generando deterioro del sector en
observación.
8.3. Registro fotográfico
8.4. Posibles obras para construir
Se requiere construcción de encole, localizado en el sector de la socavación. Es
necesario realizar mantenimiento a obras hidráulicas existentes (encole y descole) y
garantizar el manejo de aguas de escorrentía con descarga hacia las obras
hidráulicas […].
9. ESTRUCTURA EXITENTE CON VIGAS METALICAS, REEMPLAZAR.
9.1. Localización: 3°35´30.55" N, 76°49´5.6" E
9.2. Descripción de la problemática en el sector
Debido a la inestabilidad de la estructura existente, esta fue reforzada con
vigas de estructura metálica, sin embargo el refuerzo adicionado a la
estructura existente no garantiza su estabilidad.
9.3. Registro fotográfico
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9.4. Posibles obras para construir
Se sugiere la construcción de una estructura tipo box culvert, la dimensiones del
mismo dependen del estudio hidráulico del sector […].
10.SOCAVACION EN EL SECTOR EL CAUCHAL
10.1. Localización: 3°36´8.91" N, 76°51´19.83" E
10.2. Descripción de la problemática en el sector Se observa socavación a lo largo
del corredor vial en la margen izquierda (sentido Cali – Buenaventura), en una longitud
aproximada de 40m, ocasionada por el Rio Digua. En la margen derecha de la vía se
observa talud en roca, con afloramientos de agua en varios sectores. En el sector en
observación no se observan estructuras hidráulicas para manejo de agua.
10.3. Registro fotográfico
10.4. Posibles obras para construir
Se sugiere la construcción de muro longitudinal y de obras hidráulicas para manejo
del agua escorrentía que para por la vía […].
11.QUEBRADA DESCARGANDO A LA VIA
11.1. Localización: 3°35´23.35" N, 76°49´50.13" E
11.2. Descripción de la problemática en el sector Sector en donde se observa paso
de agua, con acumulación de materiales granulares en la vía. No se observa
presencia de estructuras hidráulicas existentes.
11.3. Registro fotográfico
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11.4. Posibles obras para construir
Se sugiere el manejo de agua superficial con la construcción de alcantarillas y cunetas
[…]”.
111. Copia de la respuesta de Celsia Colombia S.A. E.S.P. de 14 de octubre de
2022, al requerimiento del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual informa lo siguiente:
“[…] Si bien Celsia Colombia S.A. E.S.P. no es la entidad idónea para certificar con
suficiencia técnica las condiciones en la cuales se encuentra actualmente la vía
Simón Bolívar, informamos que:
• La vía Simón Bolívar en el tramo comprendido entre el corregimiento El
Queremal y la vereda Bellavista, tiene una longitud aproximada de tramo de 42,6
kilómetros, de los cuales, 12,8 kilómetros son pavimentados (en concreto asfaltico)
y los 29,8 restantes se encuentran en afirmado.
• El corredor vial se encuentra en inmediaciones de la Reserva Forestal
Protectora del Anchicayá y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali; esta
condición sumada a la alta humedad de la zona y la densa concentración de flora (con
árboles de gran porte), favorece los procesos de meteorización de la roca, generando
desestabilización constante de los taludes de la vía.
• Este tramo vial de 42,6 kilómetros concentra varios sitios críticos que, en caso
de perder la banca, terminaría obstaculizando la normal operación de las
centrales hidroeléctricas del Alto y Bajo Anchicayá. Debido a ese ciclo
constante de meteorización de las rocas adyacentes a la vía, se generan de
forma muy frecuente deslizamientos que obstruyen el corredor, parcial o
totalmente.
Cuando esto sucede, Celsia articula acciones con las alcaldías de Dagua y
Buenaventura, así como con la Gobernación del Valle del Cauca, el
departamento de gestión del Riesgo y las autoridades ambientales, con el fin de
atender contingencias de forma oportuna.
• En el marco de este relacionamiento interinstitucional y a través de un trabajo
articulado con las comunidades vecinas, Celsia ha realizado aportes para la
atención de contingencias en el corredor vial, sin embargo, durante los últimos
meses la falta de garantías de seguridad para movilizarse en la zona ha limitado
el desarrollo de estas actividades de apoyo. Es decir, que dicha realidad
regional, restringe la colaboración que hemos prestado, afectando tanto a las
comunidades de la zona como a la operativa de nuestras centrales.
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• Es de anotar que entre los años 2016 y 2018, se desarrollaron tres (3) convenios
con el Comité de Cafeteros del Valle del Cauca, los cuales tuvieron como
objetivo fundamental aunar esfuerzos y adherir recursos económicos por parte
de Celsia y de la Federación Nacional de Cafeteros (Comité Valle), para
desarrollar actividades de mantenimiento rutinario y periódico de la vía Simón
Bolívar en el tramo comprendido entre El Corregimiento La Elsa y El
Corregimiento El Danubio, tramo que corresponde a unos 34.6 Km de vía.
• Durante la vigencia de los convenios mencionados, además de dar alcance al
objetivo por el cual fue suscrito el mismo, se vincularon a la ejecución, entre doce (12)
y catorce (14) personas de las comunidades vecinas, generando así un ingreso
económico a las familias en el territorio.
• El aporte presupuestal de Celsia Colombia con los tres convenios oscilo en
un valor total de $ 461.658.887. Es importante mencionar que, por temas de
alteración del orden público el convenio suscrito a finales del año 2021 debió ser
cancelado.
• No obstante lo anterior, Celsia continúa apoyando iniciativas provenientes tanto de
las comunidades vecinas, como de las administraciones municipales y
gubernamental. A continuación, se referencian algunas de ellas:
• Apoyo con maquinaria para el restablecimiento del tránsito o mejoramiento de
tramos.
• Aporte de combustible para la maquinaria facilitada por las administraciones de la
alcaldía de Dagua o Buenaventura.
• Entrega de herramientas y alimentación para actividades de rocería solicitadas
mediante iniciativas de mingas comunitarias […]”.
112. La Sala pasará a considerar lo correspondiente respecto de los problemas
jurídicos planteados, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al proceso
y referenciado supra.
Sobre la prueba de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos
113. La parte actora cuestionó la sentencia proferida en primera instancia porque
–a su juicio– el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no valoró las pruebas
aportadas al proceso que permitían evidenciar la amenaza o vulneración de los
derechos aducidos en la demanda, los cuales, considera se subsumen en el
derecho al “goce de una infraestructura pública vial o de transporte terrestre en
condiciones de seguridad”.
114. Al respecto, la Sala considera que le asiste razón al recurrente en el sentido
de señalar que en el expediente se encuentran fotografías e informes que debieron
ser valorados en conjunto a partir de las reglas de la sana crítica con el propósito
de analizar si existe amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados
en la demanda con ocasión de la falta de mantenimiento de la vía Simón Bolívar.
115. De las pruebas aportadas al proceso es dable concluir lo siguiente:
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116. La “Vía Simón Bolívar (Km. 21 - Km. 30 (Borrero Ayerbe) - Queremal-
Danubio-Agua Clara- Buenaventura (El Pailón)”, con código 3201, es una vía de
segundo orden, a cargo del Departamento del Valle del Cauca, según lo dispuesto
en la Resolución núm. 0005951 de 31 de diciembre de 2015 y en el Decreto núm.
1-3-0216 de 2018 de 27 de febrero de 2018.
117. Se adjudicó al Consorcio Buenaventura 2018 el contrato resultante del
Proceso de la Licitación Pública LP-SIV-006-2018, cuyo objeto es la rehabilitación
de la vía Simón Bolívar - tramo el Pailón - Agua Clara, Municipio de Buenaventura,
Departamento del Valle del Cauca, por la suma de treinta y nueve mil sesenta y dos
millones cuatrocientos nueve mil seiscientos ochenta y siete pesos m/cte. ($
39.062.409.687).
118. El contrato de obra pública se suscribió entre el Secretario de Infraestructura
y Valorización, en representación del Departamento del Valle del Cauca y el
Consorcio Buenaventura 2018, como contratista, el 17 de julio de 2018. Se firmaron
dos otro si el 28 de diciembre de 2018; el primero, autorizó a la gobernadora del
Valle del Cauca a reprogramar las vigencias futuras y el segundo, modificó el plazo
del contrato y el cronograma de obra.
118.1. La fecha de inicio del contrato fue 1.° de agosto de 2018, por un plazo de 17
meses, se fijó como fecha de terminación el 1.° de enero de 2020.
119. En el informe de interventoría, correspondiente al periodo del 1.° al 31 de
enero de 2019, elaborado por ECOVIAS S.A.S. para la Gobernación del Valle del
Cauca, en virtud del Contrato de Interventoría núm. 1.310.02-59.8 3739, se indicó
que la “[…] vía El Pailón-Aguaclara es un tramo de la antigua vía al mar que
comunica al Municipio de Buenaventura con el municipio de Cali y funciona hoy en
día como medio de comunicación de la zona urbana de Buenaventura con las
poblaciones adyacentes a la carretera, entre las cuales se destacan las poblaciones
que delimitan los sub-tramos que componen la vía, como son Zacarías, Sabaletas
y Agua Clara, las cuales pertenecen al Corregimiento 8 de Buenaventura, donde a
su vez, se localizan las poblaciones de San Marcos, Guamia, Limones y Llano bajo
[…] sus límites avecinan al norte con el Departamento del Chocó, al sur con el
Departamento del Cauca, al oriente con el Municipio de Dagua, Cali y Jamundí, y al
occidente limita con el Mar [sic] Pacífico […]”. El alcance inicial de este proyecto de
obra consistía en rehabilitar 11,9 kilómetros de pavimento de la red vial terciaria
en el sector de la vía comprendido entre El Pailón y Aguaclara, en el tramo
establecido entre el K8+850 y el K20+755. Tomando como punto de inicio o
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KM 0 frente al colegio Jesús Adolescente ubicado en la vía al aeropuerto de
Buenaventura.
119.1. Las actividades de la obra para la rehabilitación de la vía comprendieron:
localización y replanteo, demoliciones, excavaciones, obras de estructura de
pavimento y andenes, obras de drenaje y estructuras, transportes, señalización y
demarcación, programas de adaptación a la guía ambiental y obras de estabilización
y protección.
119.2. En este informe de interventoría se indicó que “[…] un tramo inicial de vía de
aproximadamente 8 kilómetros se encuentra pavimentado con la carpeta de
rodadura en buenas condiciones y un segundo tramo de 11,900 kilómetros se
encuentra en afirmado en malas condiciones […]”.
120. La Gobernación del Valle del Cauca informó que varios sectores y tramos de
la vía Simón Bolívar presentan condiciones de inestabilidad y de irregularidades
para la movilidad de todos sus usuarios. Puntualmente, indicó: “[…] Tramo k, 21 –
Agua Clara. La Secretaría de Infraestructura gestionó recursos para atender
emergencias en todo el Departamento a raíz de las fuertes temporadas de altas
precipitaciones en el territorio […]”. “Se adelantan estudios y diseños por parte de
la Empresa CELSIA del Tramo Agua Clara – Danubio – La Elsa – El Queremal –
Borrero Ayerbe, referente a los sitios críticos, fenómenos geológicos, rehabilitar
obras de infraestructura existentes […]”.
121. La vía Simón Bolívar, según informe presentado por la Alcaldía de Dagua, el
3 de octubre de 2022, en respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en el Sector Corregimiento la Elsa, La Cascada y el Danubio, el 29
de agosto de 2022 requirió despeje por movimientos en masa y crecientes súbitas
en estos sectores y añadió “[…] esta vía presenta situaciones de riesgo debido a las
condiciones climáticas que ostenta, por lo que es necesario e indispensable atender
en todo momento situaciones como descritas en los informes que se anexan, lo
anterior en colaboración de las entidades citadas […]”.
122. De igual modo, quedó probado que en 2021 y 2022 la ola invernal recrudeció
lo que provocó graves “[…] deterioros a la red vial del municipio, especialmente, a
la vía Simón Bolívar desde el corregimiento El Queremal hasta el corregimiento El
Danubio […] las lluvias torrenciales ocasionaron crecientes súbitas cuyos lodos
dejaron intransitables varios tramos de la vía, y movimientos en masa recurrentes
en todo el tramo mencionado, especialmente en la parte pavimentada jurisdicción
del corregimiento La Elsa y en la vía destapada o sin pavimento en jurisdicción del
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corregimiento El Danubio. La vía Simón Bolívar es una vía secundaria, cuyo
mantenimiento está a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca, no obstante,
durante las emergencias por ola invernal, el municipio de Dagua ha realizado
trabajos de despeje de la vía y el mantenimiento de la misma, como también,
gestiono trabajos de descolmatación del rio Digua, en el sector de El Danubio […]”.
123. La vía Simón Bolívar, con código 3201, tiene prioridad estratégica en [el] Plan
Vial Departamental 2021 al 2030, en el marco del proyecto denominado
“Construcción de obras para estabilización de sitios críticos en la vía Simón Bolívar
en el tramo Queremal – El Danubio, Dagua”, bajo el mecanismo de financiamiento
de obras por impuestos por parte del contribuyente CELSIA S.A., según consta en
certificado suscrito por la Gobernadora del Valle del Cauca expedida el 6 de julio de
2022.
124. En el expediente obran fotografías aportadas por el actor, así como
fotografías incluidas en los distintos informes. El a quo no otorgó merito probatorio
a las incorporadas por la parte actora, comoquiera que, no existía certeza sobre las
circunstancias de tiempo modo y lugar en la que fueron tomadas.
125. Sobre el valor probatorio de las fotografías, la Sala ha venido considerando
que “[…] para que estas tengan connotación probatoria y puedan ser valoradas
conforme a las reglas de la sana crítica, se debe tener certeza de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas, lo que normalmente se devela a
través de otros medios de prueba complementarios […]”51. Al respecto, la Sala
considera que las fotografías aportadas por la parte actora bien pueden ser
cotejadas con los demás medios de prueba, de donde resulta evidente que la vía
Simón Bolívar viene presentando sectores críticos, agravados por temporadas de
olas invernales; por ejemplo, la valoración racional de las pruebas anteriormente
indicadas permite concluir que están probados deslizamientos en el Sector Doña
Dora, deslizamientos en obra colmatada, socavación y pérdida de banca -en
especial, en el sector El Cauchal-, entre otros.
126. Asimismo, está probado que vía Simón Bolívar en el tramo comprendido
entre el corregimiento El Queremal y la vereda Bellavista, tiene una longitud
aproximada de tramo de 42,6 kilómetros, de los cuales, 12,8 kilómetros son
pavimentados (en concreto asfaltico) y los 29,8 restantes se encuentran en
afirmado. El corredor vial se encuentra en inmediaciones de la Reserva Forestal
Protectora del Anchicayá y el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Según el
51 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de mayo de 2020, radicado número: 68001-23-33-000-
2018-00913-01.
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informe allegado por Celsia Colombia S.A. E.S.P. “[…] Este tramo vial de 42,6
kilómetros concentra varios sitios críticos que, en caso de perder la banca,
terminaría obstaculizando la normal operación de las centrales hidroeléctricas del
Alto y Bajo Anchicayá. Debido a ese ciclo constante de meteorización de las rocas
adyacentes a la vía, se generan de forma muy frecuente deslizamientos que
obstruyen el corredor, parcial o totalmente […] Celsia ha realizado aportes para la
atención de contingencias en el corredor vial, sin embargo, durante los últimos
meses la falta de garantías de seguridad para movilizarse en la zona ha limitado el
desarrollo de estas actividades de apoyo. Es decir, que dicha realidad regional,
restringe la colaboración que hemos prestado, afectando tanto a las comunidades
de la zona como a la operativa de nuestras centrales […]”.
127. La parte actora aduce en su recurso de apelación que el derecho e interés
colectivo al patrimonio público se desconoce en consideración al inminente riesgo
de destrucción total de la vía “Simón Bolívar” debido a la falta de inversiones para
su mantenimiento, conservación y modernización.
128. En tal sentido, se opuso a las consideraciones del a quo, que en lo pertinente
señaló: “[…] no media en el dossier prueba siquiera sumaria que dé cuenta del
manejo inadecuado de los recursos y bienes de carácter público por parte de la
Administración, los cuales ya por disposición de la ley tienen una destinación
específica, así como la posibilidad de inversión, que como es sabido son limitados,
por lo que deben ser asignados racional y proporcionalmente dentro de las
posibilidades reales, previa ponderación a las necesidades de la región, de manera
para que sea objeto de estudio y protección el derecho colectivo invocado, se
requiere estar probada la vulneración y/o amenaza del mismo, es decir, que efectiva
y materialmente se esté violando de manera grosera y evidente el interés colectivo
al patrimonio público […]”.
129. Al respecto, la Sala considera que el derecho e interés colectivo a la defensa
del patrimonio público, en efecto, alude a la gestión eficiente y responsable de los
bienes públicos, que resulta de los principios de la función administrativa 52.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación ha definido que ese “conjunto de
bienes, derechos y obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente
52 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de septiembre de 2021, número único de radicación:
25000-23-24-000-2011-00388-01(AP).
La jurisprudencia también ha resaltado el nexo que existe entre la moralidad administrativa y la protección del
patrimonio público. Al respecto, Consejo de Estado, sentencia de 17 de junio de 2001, expediente número AP-
166 y sentencia de 19 de febrero de 2004, número único de radicación: 52001-23-31-000-2002-00559-01(AP).
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destinados a la finalidad que se les ha establecido de conformidad con la
Constitución y la ley, de acuerdo con las normas presupuestales53.
130. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que: “[…] el
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado, de manera
exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación contraria a
derecho o cuando se evidencia su mengua sin que ello obedezca a una causa
justificada en el orden jurídico imperante, sino también cuando, como
consecuencia de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista
jurídico, los recursos económicos no se encuentran disponibles para ser
utilizados conforme el ordenamiento lo indica, es decir, para destinarlos al
cumplimiento de los deberes y obligaciones que le fueron atribuidas a las entidades
que se encuentran a cargo del cumplimiento de la función administrativa […] 54”
(Destacado fuera del texto original).
131. Adicionalmente, es importante señalar que esta Corporación, mediante
sentencia de unificación jurisprudencial del 1.° de febrero de 202255, proferida por
la Sala Décima Especial de Decisión, fijó el criterio sobre el concepto del derecho a
la defensa del patrimonio público en el siguiente sentido:
“[…] El patrimonio público es el conjunto de los bienes y recursos, cualquiera que
sea su naturaleza, que son propiedad del Estado y que le sirven para el
cumplimiento de sus cometidos, conforme a la legislación positiva. En ellos se
incluyen, además del territorio, los bienes de uso público y los fiscales, los
inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de apreciación
pecuniaria cuyo titular es toda la población, los valores tangibles e intangibles o no
fácilmente identificables, tales como el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio
arqueológico, los bienes que conforman la identidad nacional y el medio ambiente.
La garantía colectiva a la defensa del patrimonio público propugna por la
protección del patrimonio estatal, en orden a resguardar la totalidad de bienes,
derechos y obligaciones públicas y procura porque su administración sea
eficiente, proba y transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado
y diligencia propios de un buen servidor, de modo que se evite cualquier
detrimento […]” (Destacado fuera del texto original).
132. En esta providencia, la Sala Especial de Decisión consideró que en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la defensa del patrimonio público se ha
caracterizado por tener una doble naturaleza: “[…] [l]a primera [una] dimensión
subjetiva, la cual le otorga el calificativo de derecho, y la segunda, una objetiva o de
principio, que se convierte en la obligación de las entidades públicas de gestionarlo
53 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011, C.P. doctor Enrique Gil Botero,
número único de radicación: 41001233100020040054001.
54 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de 2019, número único de radicación:
25000-23-41-000-2012-00077-02(AP), C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés.
55 Consejo de Estado, Sala Décima Especial de Decisión, sentencia de unificación del 1.° de febrero de 2022,
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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de acuerdo a lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, de forma
eficiente y transparente y observando la legalidad presupuestal vigente”.
133. Además, precisó que la vulneración de la defensa del patrimonio público
requiere de la confluencia de dos elementos, a saber: “[…] i) subjetivo, referido al
análisis de la gestión de ese patrimonio a cargo del funcionario, de modo que si ésta
se hace de forma irresponsable, deshonesta o negligente, se transgrede el
interés colectivo protegido y, ii) objetivo, que se relaciona con el deber de las
entidades estatales de gestionar el patrimonio público, de acuerdo con los
postulados de eficiencia y transparencia contemplados en el artículo 209 de la
Constitución Política” (Destacado fuera del texto original)
134. En este orden de ideas, la Sala considera que la vía “Simón Bolívar” tiene un
fin esencial que consiste en servir a la comunidad para su traslado. Aunado a ello,
aunque es sabido que los departamentos son responsables de garantizar que la red
secundaria de la infraestructura del transporte cumpla con los principios de calidad
y eficiencia que caracterizan a ese sector, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 105 de 30 de diciembre de 199356 y 1682 de 22 de noviembre de 201357, así
como, que la falta de inversiones para la reconstrucción o reparación del tramo que
cruza el Municipio de Dagua puede incidir en un detrimento al patrimonio. Lo cierto
es que, en este caso, no se amenaza ni se vulnera el derecho a la defensa del
patrimonio público, comoquiera que, pese a estar probada la omisión de las
entidades respecto del cuidado y conservación de la vía en el sector específico
objeto de estudio en esta acción popular, que alude al elemento objetivo; para la
Sala resulta evidente que el elemento subjetivo –esto es: la forma irresponsable,
deshonesta o negligente del funcionario a cargo de dicho patrimonio– no está
probada y en este sentido, no es posible acceder a la pretensión de amparo de la
parte actora.
135. Ahora, contrario a lo anterior sí resulta evidente la existencia de una amenaza
al derecho colectivo al acceso a la infraestructura pública vial en condiciones de
seguridad, en tanto, a pesar de las obras que se han venido adelantando en algunos
tramos de la vía Simón Bolívar, la comunidad del Municipio de Dagua, en especial,
los habitantes de los corregimientos de “Borrero Ayerbe”, “El Queremal”, “La Elsa”,
“La Cascada”, y “El Danubio”, se ven sometidos a una situación de riesgo que atenta
contra su seguridad.
56 “[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones […]”.
57 “[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se
conceden facultades extraordinarias […]”.
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Núm. único de radicación: 760012333000201900270-01
136. Es importante resaltar en este asunto que el hecho de que el material
probatorio haya sido aportado por diferentes sujetos procesales en el marco de la
potestad oficiosa del juez de la acción popular y no directamente por el demandante
–salvo las fotografías allegadas con la demanda–, de ninguna manera invalida el
proceso o la sentencia impugnada. Ello, por cuanto las pruebas fueron debidamente
allegadas al proceso y no fueron tachadas por ninguna de las partes.
137. Así las cosas, probada la amenaza del derecho e interés colectivo al acceso
a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad se revocará el ordinal
primero de la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, se amparará.
138. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 105 de 30 de diciembre
de 1993, sobre la integración de la infraestructura de transporte a cargo de los
departamentos; el artículo 1.° de la Ley 1228 de 16 de julio de 2008 , relativo a la
manera como se conforma el sistema Nacional de Carreteras en primer, segundo y
tercer orden; así como, lo establecido en la Resolución 411 de 26 de febrero de
2020, que prevé los criterios técnicos para la categorización de las vías que
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional. Aunado a lo
resuelto en el Decreto núm. 1-3-0216 de 27 de febrero de 2018, por medio de la
cual se adopta la red vial de competencia departamental y la Resolución núm.
0005951 de 31 de diciembre de 2015, por la cual se expide la categorización de las
vías que integran el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional
correspondiente al Departamento del Valle del Cauca, la Sala considera que la
obligación respecto de la vía “Simón Bolívar”, sin duda, recae en el Departamento
del Valle del Cauca.
138.1. En ese orden de ideas y de conformidad con el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial indicado supra, la Sala considera que la competencia para la
adopción de medidas para la superación de la situación de amenaza del derecho e
interés colectivo se encuentra en el Departamento del Valle del Cauca.
139. Por lo anterior, se amparará el derecho al acceso a la infraestructura pública
vial en condiciones de seguridad y se ordenará al Departamento del Valle del
Cauca, que en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, adelante los estudios necesarios, orientados a establecer las medidas
adecuadas para garantizar la seguridad vial en el tramo de la vía “Simón Bolívar”
que atraviesa por el Municipio de Dagua, con el propósito de determinar la solución
definitiva al problema que aqueja a la comunidad que habita en inmediaciones y que
transita por allí.
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Núm. único de radicación: 760012333000201900270-01
140. En los estudios que se elaboren, el Departamento del Valle del Cauca deberá
determinar si requiere el apoyo del orden nacional, de acuerdo con los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para financiar las obras que resulten
necesarias y en caso de considerarlo realizará las gestiones administrativas del
caso.
141. Al respecto es necesario poner de presente que la Sala en oportunidades
anteriores ha considerado que “[…] cuando los entes departamentales no cuentan
con recursos suficientes para financiar estas obras, el Ministerio de Transporte debe
ejercer sus competencias subsidiarias y complementarias en materia de asesoría
técnica, así como brindar acompañamiento en la consecución de los recursos. Esta
atribución no solo desarrolla el contenido del artículo 233 de la Constitución Política,
sino que responde a los deberes de esa cartera ministerial como rectora de la
política pública del sector transporte, y asesora de las entidades territoriales en el
cumplimiento de sus deberes. […] [E]l artículo 20 de la Ley 105 dispone que el
Ministerio de Transporte, las entidades del orden nacional (con responsabilidad en
la infraestructura de transporte) y las entidades territoriales, deben planear su
respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su
conservación y construcción […]”58.
142. En caso de que en los estudios se determine que las obras a realizar se
enmarcan en una situación específica de riesgo de desastres, consecuencia de olas
invernales, el Departamento del Valle del Cauca precisará si es necesaria la
participación de orden técnico, administrativo y presupuestal de otros integrantes
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
143. Con sustento en estos estudios, dentro de los doce (12) meses siguientes, la
Gobernación elaborará un proyecto en el que definirá la alternativa idónea para
intervenir la vía “Simón Bolívar” en el tramo objeto de esta acción popular, con la
58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias del 11 de julio de 2019, número único de radicación: 63001-
23-33-000-2018-00068-01(AP) y de 26 de mayo de 2023, número único de radicación: 85001-2333-000-2019-
00084-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. La sentencia de 26 de mayo de 2023, reiteró el criterio
señalado en la sentencia de 11 de julio de 2019, según la cual: “[…] [L]a Sala estima que no es posible dejar a
un lado las carreteras secundarias (como la aquí tratada); cuando se sabe que el llamado a responder en
primera medida (el Departamento) no cuenta con la forma ni los recursos para hacerlo, además de la imperiosa
asesoría y ayuda que requiere para tal efecto. Asesoría y apoyo que, en criterio de la Sala, por la circunstancia
anunciada (de no poder el Departamento responder por la recuperación de la vía), debe ir más allá de la simple
retórica de acompañamiento; para materializar en su lugar, el mandato constitucional ya mencionado de
coordinación y especialmente de subsidiariedad. Principio éste último que implica entrar a realizar, en subsidio
de aquel que no lo puede hacer, aquellas tareas que le compete al ente territorial. Corolario de lo anterior, es
preciso instar a la autoridad del orden central, esto es, al Ministerio de Transporte, para que auxilie y asista a
las autoridades territoriales en el proceso de obtención de recursos (conforme lo expresó en la contestación de
la demanda y en el recurso de apelación); por cuanto dicho ente adujo que el Gobierno cuenta con programas
y fuentes de financiación, para apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura vial del orden departamental
y municipal, como lo es el Sistema de Regalías (SGR), la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) y el
Grupo de Apoyo a las Regiones (GAR); al tenor de lo normado en los artículos 19 y 20 de la Ley 105 del 30 de
diciembre de 199347. Todo ello, de conformidad con las amplias potestades legítimas que recaen sobre el Juez
popular en Colombia […]”.
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participación de los distintos actores, con miras a solucionar la problemática de
riesgo que aqueja a la comunidad en el acceso a la infraestructura pública vial en
condiciones de seguridad.
144. Ahora bien, la Sala no accederá a la solicitud del recurrente relativa a que se
estudie la posibilidad de ordenar al Ministerio de Transporte y a la Gobernación del
Valle del Cauca que mediante Decreto y/o Resolución Administrativa incorporen la
vía “Simón Bolívar” como una vía nacional, con el propósito de que, a futuro, el
Instituto Nacional de Vías – INVIAS se haga cargo de su planeación, diseño,
mantenimiento y modernización permanente, así como la solicitud de “[…] [o]rdenar
la inaplicación de la Resolución No 339 del año 2009 […] [que] ordenó la
transferencia de esta Carretera a cargo de la Nación, hacia el Departamento del
Valle del Cauca, […] [p]or ser manifiestamente violatoria del artículo 12 de la Ley
105 del año 1993 […]”; esto, por cuanto, no solo no se aportó al proceso la precitada
resolución, sino porque la solicitud excede el objeto de la acción popular que no es
otro diferente a la protección de los derechos e intereses colectivos.
145. En efecto, subyace a la precitada pretensión una controversia en torno a la
legalidad de un acto administrativo, situación en relación con la cual se debe
resaltar, por un lado, que de conformidad con el artículo 144 de la Ley 1437, “[…]
[c]uando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la
actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando
la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u
otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda
adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos […]” (Destacado fuera de texto).
146. Por el otro, se debe resaltar que la acción popular no tiene un carácter
supletivo o residual frente a otras acciones judiciales o procedimientos –como el
relativo al control de legalidad de actos administrativos– establecidos en la Constitución,
la ley o los reglamentos, sino que se caracteriza por ser autónoma y principal dado
que su objeto es la protección de los derechos e intereses colectivos.
147. La Sala reitera las consideraciones y conclusión expuestas por el Consejo de
Estado, en sentencia de 25 de mayo de 2006, en cuanto explicó “[…] que no es la
acción popular el instrumento procesal idóneo para cuestionar la constitucionalidad
de las leyes de la República, como tampoco para discutir los pronunciamientos que
sobre las mismas produzca la Corte Constitucional […]” o cualquier otra autoridad
judicial competente, para estudiar la legalidad de leyes, reglamentos o actos
administrativos y es que, se reitera, la acción popular se caracteriza porque es un
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medio de control que se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio cierto y probado sobre los derechos e
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible,
mediante órdenes y medidas impartidas por la autoridad judicial competente.
148. Es importante indicar que conformidad con lo establecido en el artículo 1.° de
la Ley 1228 de 16 de julio de 200859, la categoría de las carreteras se determina de
acuerdo con los criterios técnicos definidos por el Ministerio del Transporte mediante
resolución y que, en este caso, se expidió la Resolución núm. 339 de 2009 que
ordenó la transferencia de la vía objeto de esta acción popular al Departamento del
Valle del Cauca, sin que se haya argumentado o probado la razón por la cual, en
criterio del actor popular, dicho acto administrativo constituye la conducta que
origina la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivo.
149. Por ende, la Sala negará las demás pretensiones de la demanda.
150. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Del comité de verificación de cumplimiento
151. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió negar las pretensiones de la demanda, esta Sala de
decisión ordenará conformar el Comité de Verificación de Cumplimiento de las
órdenes impartidas en esta sentencia, que estará presidido por el Magistrado
Sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el actor, un delegado
del Departamento del Valle del Cauca, un delegado del Instituto Nacional de Vías -
INVIAS, un delegado del Municipio de Dagua y un delegado del Ministerio Público.
152. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
59 “[…] Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras
del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras
disposiciones […]”.
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Conclusiones
153. La Sala, por un lado, revocará la sentencia proferida en primera instancia por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de mayo de 2024 y, en su lugar
amparará el derecho e interés colectivo al acceso a la infraestructura pública vial en
condiciones de seguridad y consecuencialmente los demás derechos e intereses
colectivos invocados que resultan inmersos en este; y, por el otro, se impartirán
órdenes con el objeto de superar la situación de amenaza aludida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de 3
de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
las razones expuestas en la parte motiva. En su lugar, AMPARAR el derecho e
interés colectivo al acceso a la infraestructura pública vial en condiciones de
seguridad, con ocasión a la situación de riesgo que presenta la vía “Simón Bolívar”
en el tramo que atraviesa el Municipio de Dagua, Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Departamento del Valle del Cauca que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de los tres (3)
meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, adelante los estudios
necesarios, orientados a establecer las medidas adecuadas para garantizar la
seguridad vial en el tramo de la vía “Simón Bolívar” que pasa por el Municipio de
Dagua, con el propósito de determinar la solución definitiva al problema que aqueja
a la comunidad que habita en inmediaciones y que transita por esta vía que se
encuentra en condiciones de riesgo.
En los estudios correspondientes, el Departamento deberá determinar si requiere
de apoyo de alguna de las entidades del orden nacional y, en caso afirmativo,
deberá adelantar las gestiones administrativas respectivas con el fin de realizar las
obras que resulten necesarias para salvaguardar el derecho e interés colectivo al
acceso a la infraestructura pública vial en condiciones de seguridad.
En caso de que en los estudios se determine que las obras a realizar se enmarcan
en una situación específica de riesgo de desastres, consecuencia de olas
invernales, el Departamento del Valle del Cauca precisará si es necesaria la
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participación de orden técnico, administrativo y presupuestal de otros integrantes
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
TERCERO: ORDENAR al Departamento del Valle del Cauca que una vez
finalizados los estudios referidos en el ordinal anterior, dentro de los doce (12)
meses siguientes, elabore un proyecto en el que defina la alternativa idónea para
intervenir la vía “Simón Bolívar” en el tramo objeto de esta acción popular, con la
participación de los distintos actores, con miras a solucionar la problemática de
riesgo que aqueja a la comunidad en el acceso a la infraestructura pública vial en
condiciones de seguridad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento
de esta sentencia, que estará presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el actor, un delegado del Departamento del Valle
del Cauca, un delegado del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, un delegado del
Municipio de Dagua y un delegado del Ministerio Público.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, en virtud de las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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www.consejodeestado.gov.co
70
Núm. único de radicación: 760012333000201900270-01
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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