Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00084-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00084-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2019-00084-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
26 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
Demandados: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Departamento de Casanare.
Coadyuvantes: Personerías municipales de Nunchía y de Támara
Tema: Facultades del juez en materia de restablecimiento de los derechos
colectivos. Proporcionalidad de las órdenes de amparo.
Competencias del Ministerio de Transporte y del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en el caso concreto.
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio
de Transporte y por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en contra
de la sentencia de 7 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare.
I. Antecedentes
I.1. La demanda
1. El ciudadano Norberto Martínez, en ejercicio de la acción popular establecida
en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 19981
y 1437 de 20112, demandó al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y al departamento de Casanare, con miras a obtener la protección de
los derechos colectivos previstos en los literales d), f) y l) del artículo 4° de la Ley
472, presuntamente vulnerados por la obra vial inconclusa que comunica a los
municipios de Nunchía y Támara.
2. Las siguientes fueron las pretensiones de la demanda:
[…] PRIMERO Ordenar a las accionadas, terminar la obra inconclusa de la vía
que comunica a Nunchía con Támara Casanare, concerniente a dar
continuidad a la vía que quedó inconclusa desde el lado de Támara hasta el rio
1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Demandantes: Norberto Martínez
pauto sector aposentos, y desde el lado de Nunchia hasta el rio pauto sector
aposentos, sitio donde se encuentra la otra obra inconclusa que consta de un
puente vehicular sobre el rio pauto.
SEGUNDO Ordenar a las accionadas terminar la obra inconclusa concerniente
a la construcción del puente vehicular sobre el rio pauto sector aposentos,
donde ya están construidos hace más de 10 años los muros y muertos en las
dos orillas del rio.
TERCERO Ordenar a las accionadas reconstruir la alcantarilla que colapso por
falta de mantenimiento por más de 14 años, ubicada en el caño Sarama.
CUARTO Ordenar a las accionadas a construir el puente vehicular sobre el rio
Nunchia paso la Vega.
QUINTO: Ordenar a las accionadas a pavimentar este anillo o circuito turístico
del Departamento de Casanare.
SEXTO: Ordenar a las accionadas realizar mínimo dos veces cada año, un
mantenimiento con material granular y compactación, a esta importante vía que
beneficia a campesinos, agricultores, ganaderos, comerciantes y turistas de los
municipios de Nunchia y Támara Casanare.
SEPTIMO: Ordenar a las accionadas ejecutar dichas obras con recursos de la
ley 1916 de 2018, con recurso de OCAD nacional y/o OCAD departamental y
demás autorizados por la ley. […] (sic en toda la cita)
3. Como fundamento de la demanda, el accionante explicó que los municipios de
Nunchía y Támara del departamento de Casanare fueron declarados patrimonio
cultural de la Nación por ser parte de la ruta libertadora, a través de la Ley 1916 de
2018.
4.Adujo que, a finales de los años 90, el Gobierno Nacional inició la construcción
de la vía terrestre que comunica a ambos municipios. Además, en el año 2000,
empezó a construir un puente sobre el rio Pauto en el sector “aposentos”. Sin
embargo, el Ejecutivo no culminó ese proyecto vial pues quedó pendiente por
construir aproximadamente 10 kilómetros de tramo vial; adicionalmente, las obras
del puente fueron abandonadas y actualmente se encuentran deterioradas.
5. Manifestó que la falta de mantenimiento vial contribuyó al menoscabo de una
alcantarilla ubicada sobre el caño de Sarama (jurisdicción vereda Tamuría de
Nunchía).
6. Puso de presente que aquella vía beneficiaría a más de 15.000 usuarios e
informó que, durante el mandato del actual gobernador de Casanare, algunos
funcionarios del departamento socializaron en la escuela de Tamuría un proceso
contractual cuyo objeto consistió en realizar unos estudios y diseños para culminar
las obras y construir dos puentes, todo ello con dineros provenientes del proyecto
denominado El Bicentenario.
7. Finalmente, indicó que ese proceso contractual jamás inició, a pesar de las
solicitudes verbales y escritas presentadas por la comunidad sobre el particular, y
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Demandantes: Norberto Martínez
desconociendo que el artículo 10 de la Ley 1916 de 2018 creó la comisión especial
de la ruta libertadora, integrada por el Presidente de la República y por el
gobernador de Casanare, la cual estaba encargada de «incluir dentro de las
próximas apropiaciones presupuestales recursos para la promoción empresarial del
sector y la pavimentación de los anillos o circuitos turísticos de cada
departamento».
I.2. Actuación procesal en primera instancia
8. El magistrado sustanciador del proceso del Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante auto de 27 de junio de 2019, admitió la demanda y ordenó la notificación
y el traslado correspondiente a las autoridades accionadas para que contestaran,
propusieran excepciones y aportaran y solicitaran la práctica de pruebas.
Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, dispuso comunicar el
proceso a los miembros de la comunidad.
9. A través de auto de 24 de julio de 20193, el a quo negó la medida cautelar
solicitada por el demandante por cuanto no existía prueba de un peligro inminente.
10. Mediante auto de 3 de septiembre de 20194, el Tribunal negó la solicitud de
vinculación del INVIAS y de los municipios de Nunchía y Támara, debido a que: (i)
el objeto del proceso versa sobre una carretera de segundo orden; (ii) el
mantenimiento de esa carretera corresponde al departamento de Casanare, y (iii) la
Ley 1916 de 2018 no otorgó a dichas entidades competencias en la materia.
11. A través de auto de 10 de noviembre de 2021, el Tribunal a quo tuvo como
coadyuvantes a los personeros municipales de Nunchía y Támara5.
I.3. Contestaciones de la demanda e intervenciones
I.3.1. El apoderado judicial del Ministerio de Transporte, mediante escrito de 10
de julio de 20196, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva.
12. Con tal propósito, diferenció las competencias legales y reglamentarias del
Ministerio de Transporte, de los entes departamentales, del Fondo Nacional Vial y
del Instituto Nacional de Vías, y respecto de la aplicabilidad de la Ley 1918 al caso
concreto, explicó lo siguiente:
[…] De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 8 de la ley
1916 de 2018, los planes y programas contenidos en los numerales a) al k) del
artículo deberán ser definidos en la reglamentación correspondiente con base
3 Página 174 y ss, cuaderno 1 del expediente judicial.
4 Página 189 y ss, cuaderno 1 del expediente judicial.
5 Código de verificación:
6c0ac632e06cdc484d13b7a828ab9359dc010c678234b816fa4dc9f8b560e259
6 Página 35, cuaderno 1 del expediente judicial.
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Demandantes: Norberto Martínez
en propuestas que para el efecto elaborarán y presentarán al Gobierno nacional
las secretarías de planeación de cada departamento donde están ubicados los
municipios descritos en el artículo 2 de la mencionada ley dentro de los tres
meses siguientes a su expedición.
Los planes y programas contenidos en los numerales a) al k) del artículo 8 de
la ley 1916 de 2018, no corresponden a la construcción, mantenimiento,
adecuación de las vías del orden nacional, departamental o municipal.
La solicitud trata, posiblemente del mejoramiento, adecuación, mantenimiento
de vías terciarias para los municipios de Támara y Nunchía en el departamento
del Casanare, por lo que es responsabilidad de la Entidades Territoriales tanto
la formulación de los proyectos, como la consecución de las fuentes de
financiación, en las vías de su competencia de acuerdo con lo consagrado en
la Ley 105 de 1993. […]
13. También manifestó que: «el actor soporta su solicitud en la ley 1916 de 12 de
julio de 2018 (…) que si bien incluye los municipios de Támara y Nunchía como
beneficiarios de los planes programas y obras de desarrollo definidos en la ley 1916
de 2018, (…) (lo cierto es que) la mencionada Ley 1916 de 2018, en su artículo 4
establece (…) que para ejecutar las disposiciones contenidas en la Ley 1916 de
2018, se requiere que las Secretarías de Planeación de los departamentos los
fundamenten técnicamente, para que guarden coherencia con los planes
departamentales de Desarrollo, de conformidad con el parágrafo del artículo 8 de la
ley 1916 de 2018».
I.3.2. El apoderado judicial del departamento de Casanare solicitó desestimar la
acción de la referencia debido a que el demandante no cumplió con los
presupuestos previstos para su procedencia, no especificó el derecho colectivo
vulnerado y tampoco demostró la existencia de un daño contingente, peligro o
amenaza7.
14. Recordó que los habitantes Nunchia y Támara tienen acceso a otros corredores
viales habilitados para interconectarse, por lo que no es cierto que estén
incomunicados o que la construcción de la megaobra sea una necesidad urgente.
15. Resaltó que el departamento de Casanare está adelantando gestiones para
solucionar dicha problemática desde antes de la presentación de la acción popular,
pues desplegó el proceso de contratación concurso de méritos No. CAS-OAJ-CMA-
0027-2016, que dio origen al contrato de consultoría No. 2101- 2016 cuyo objeto
fue la elaboración de «los estudios y diseños de la vía entre el casco urbano del
municipio de Nunchía y el casco urbano del municipio de Támara departamento de
Casanare».
16. Mencionó que el departamento cuenta con un diseño integral de 28.774 km de
vía secundaria. Sin embargo, llevará a cabo «la construcción de esta vía por etapas
ya que se trata de una obra que requiere de muchos recursos con los que no cuenta
(…) ya que también debe ocuparse de otras necesidades de la población».
7 Página 54 y ss, cuaderno 1 del expediente judicial.
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Demandantes: Norberto Martínez
Adicionalmente, «la única fuente de recursos para la ejecución de dicha obra son
las regalías petroleras, toda vez que la entidad carece de recursos propios y, los del
Sistema General de Participaciones están limitados en la Ley».
17. Explicó que la administración está estructurando un proyecto para ser presentado
al OCAD regional, que tiene por objeto «el mejoramiento a nivel de pavimento del
tramo vial que conduce desde el caso urbano del municipio de Nunchía al sector y
vereda buenos aires del municipio de Nunchía, departamento de Casanare».
Además, el departamento gestionará recursos con el Gobierno Nacional por cuenta
de la Ley 1916 de 2018.
I.3.3. La apoderada judicial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
mediante escrito de 15 de julio de 20198, solicitó la exoneración de esa cartera
ministerial debido a que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva.
18. En tal orden, indicó que carecía de facultades legales en materia de
infraestructura, y que tampoco era responsable de financiar obras viales del
departamento de Casanare.
19. Respecto de la aplicabilidad de la Ley 1918 al caso, anotó lo siguiente:
[…] El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MINCIT- a través de su
Viceministerio de Turismo adelanta procesos relacionados con el cumplimiento
de la Ley 1916 de 2018 (POR MEDIO DEL CUAL LA NACIÓN SE VINCULA A
LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA CAMPAÑA LIBERTADORA
DE 1819, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES), en sus acciones
específicas por competencia relacionadas con el fortalecimiento del Sector
Turismo.
A. De acuerdo a estas acciones el pasado 27 de junio de 2019; es decir, hace
3 días hábiles, se firmó el Pacto Bicentenario (Adjunto) entre las entidades,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE
TRANSPORTE, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y
LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, BOYACÃ, CASANARE,
CUNDINAMARCA Y SANTANDER.
El Objetivo del Pacto Bicentenario es articular entre la Nación y tos
departamentos afines a la conmemoración del Bicentenario, las políticas,
planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de los
proyectos, conforme a las necesidades de los territorios, con el fin de promover
la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y económico
de la región. (…)
Para la Línea Temática 2. Fortalecimiento de la competitividad turística de los
departamentos de la Campaña Libertadora, se registran 56 proyectos por
valor total de $ 220.966.528.173 el cual corresponde a la Nación $
65.4261.397.198 (29,60%). Es importante resaltar que los proyectos
priorizados en este Pacto serán cofinanciados entre este Ministerio y las
Gobernaciones que hacen parte del mismo.
8 Página 70 y ss, cuaderno 1 del expediente judicial.
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Sumado a lo anterior se registran acciones complementarias del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de la Línea Temática 2. Fortalecimiento de la
competitividad turística de los departamentos de la Campaña Libertadora, por
intermedio de doce (12) proyectos por valor de $ 2.1561.734.141, que busca
mejorar las condiciones para la competitividad regional en torno al turismo.
1.1. Específicamente para los municipios de Támara y Nunchia en relación con
acciones para el fortalecimiento turístico se registran los siguientes proyectos:
Las "acciones complementarias" lideradas por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo tienen acciones que responderán también a necesidades
de los municipios en referencia.
(…) B. En la comunicación enviada el 13 de junio de 2019 en respuesta a la
comunicación de fecha 20 de mayo de 2019, se reiteran las acciones
concernientes a la articulación institucional departamental para fortalecer el
ecosistema de competitividad e innovación por intermedio de la Comisión
Regional de Competitividad e Innovación ~CRCI- de Casanare liderada por la
Gobernación de Casanare, Cámara de Comercio de Casanare, Alcaldía de
Yopal, Universidad Unisangil, Agrosavia, entre otros actores e instancias del
nivel regional.
Lo anterior, por la razón de ser de la CRCI en el territorio para gestionar los
procesos competitivos del territorio, el cual responde a un espacio para la
cooperación público-privada y académica a nivel departamental, orientada a la
implementación de las Agendas Departamentales de Competitividad e
Innovación, y su objetivo que se representa en ejercer la coordinación y
articulación de las distintas instancias a nivel departamental y subregional para
que se desarrollen actividades dirigidas a fortalecer la competitividad
innovación en los departamentos en et marco del Sistema Nacional de
Competitividad e Innovación-SNCI, consideramos pertinente que empresarios,
asociaciones, gremios, alcaldías, entre otros actores de los municipios, ejerzan
acciones y propuestas para que las acciones de fortalecimiento turístico, entre
otros, puedan hacer parte de la Agenda Departamental de Competitividad e
Innovación de Casanare.
La construcción de la Agenda (ANEXA) se desarrollo desde finales de 2018 y
se hizo el lanzamiento el 26 de febrero de 2019 con la aprobación de los actores
regionales, esto sin embargo no es sinónimo de rechazo para la vinculación de
nuevas propuestas que vinculen la realidad territorial y den respuesta a las
necesidades. […]
I.4. Audiencia de pacto de cumplimiento
20. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 12 de
diciembre de 20199, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27
de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a la falta de ánimo conciliatorio por
parte de las entidades accionadas.
9 Página 210 y ss, cuaderno 1 del expediente judicial.
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Demandantes: Norberto Martínez
II. LA SENTENCIA APELADA
21. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 7 de julio de
202210, amparó los derechos colectivos a la seguridad pública y prevención de
desastres previsibles técnicamente, al goce del espacio público, a la utilización y
defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público y al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
22. Para arribar a esa determinación, el Tribunal explicó cuál era el alcance de los
derechos colectivos objeto de amparo, recapituló el material probatorio, y aclaró
cuáles fueron los objetivos de la Ley 1916 de 2018.
23. A partir de lo anterior, destacó que el proyecto vial del debate es de orden
secundario y su desarrollo corresponde al departamento de Casanare, «pues (…)
aún no está totalmente comunicado por falta de obras importantes como la
terminación de la construcción del Puente vehicular sobre el río Pauto».
Adicionalmente, «los municipios de Támara y Nunchía presentan deficiencia en
apertura, mantenimiento y sostenibilidad de su red vial donde actualmente existen
solo caminos de herradura como único medio teniendo que sacar sus productos a
lomo de mula, (aun cuando) (…) dichos municipios geográficamente colindan entre
sí y están limitados por el río Pauto por lo que su única comunicación entre sus
cascos urbanos se hace utilizando la Marginal de la Selva teniendo que recorrer
distancias mayores».
24. Posteriormente, aclaró que: «en la Ley 1916 de 2018, “por medio del cual la
Nación se vincula a la celebración del bicentenario de la Campaña Libertadora de
1819, y se dictan otras disposiciones”, los municipios de Nunchía y Támara fueron
declarados beneficiarios (…) de planes, programas y obras de desarrollo para
exaltar su valor patriótico y aporte histórico, advirtiendo que el Gobierno Nacional
tiene autorización para incluir en próximas vigencias presupuestales tales planes y
proyectos los cuales deben fundamentarse técnicamente en las Secretarías de
Planeación de los departamentos para que guarden coherencia con los planes de
desarrollo».
25. Consideró que, según lo dispuesto en los literales e) y g) del artículo 8 de la Ley
1916 «los ministerios de Comercio Exterior, Industria y Turismo y de
Transporte coordinarán la pavimentación de los anillos o circuitos turísticos de cada
departamento, y el parágrafo del citado artículo señala que los planes y programas
contenidos en los literales “a al k”, deberán ser definidos por las secretarías de
Planeación de cada departamento donde están ubicados los municipios
beneficiarios».
26. Aunado a ello, mencionó que: «el 26 de junio de 2019 en el marco del desarrollo
de la Conmemoración de la Campaña Libertadora de 1819, se suscribió el pacto
10 Código de verificación:
faa8daba6a313367b4fed33f73d7689b772b1e7ca1fb454e770a64bf2c36c8c1
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Demandantes: Norberto Martínez
territorial – pacto bicentenario por el Departamento Nacional de Planeación,
Ministerio de Transporte, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los
departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander, en el
cual se indicó que los programas y proyectos incluidos en el Pacto Bicentenario
tenían como objeto estimular la competitividad y conectividad de la región, exaltar
el patrimonio histórico y cultural, fomentar el turismo y mejorar las condiciones
sociales y económicas con miras a la promoción de su desarrollo, resaltando la
articulación entre la Nación y los departamentos afines a la Conmemoración del
Bicentenario de las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y
financiera de los proyectos, conforme a las necesidades de los territorios».
27. Igualmente, tuvo en cuenta que: «si bien los ministerios de Transporte y de
Comercio, Industria y Turismo deben contribuir para el desarrollo y ejecución de los
proyectos, esto necesariamente va precedido de la formulación y gestión del plan,
programa o proyecto por parte de la entidad territorial para la viabilidad y asignación
de los recursos que se requieran, trámite que fue iniciado por el departamento de
Casanare, según se acredita en el plenario, sin que se hasta el momento se haya
logrado consolidar el proyecto de construcción de la vía ni del puente que según los
estudios técnicos elaborados por el contratista son necesarios para conectar a los
dos municipios».
28. Anotó que el Departamento Administrativo de Planeación de Casanare no
demostró si ya subsanó las falencias del proyecto vial del litigio que presentó ante
el Ministerio de Transporte, y agregó que obtuvo concepto no favorable el 14 de
octubre de 2021.
29. En este contexto, dedujo que: «si bien, (…) las obras aducidas por el actor
popular están a cargo del departamento de Casanare ya que son de carácter
secundario y hacen parte de su territorio, lo cierto es que el Ministerio de Transporte
es el ente encargado de la ejecución de planes, programas y proyectos en materia
de infraestructura en dicha materia y por ende dentro de sus competencias se
encuentra la de prestar apoyo, asesoría y asistencia a las entidades territoriales
para el desarrollo de los proyectos de interés para el país y que propendan por el
bienestar de la comunidad logrando que se tenga un acceso seguro y de calidad a
los medios y modos de transporte, respecto de lo cual claramente influye la
construcción de vías y puentes que son necesarios para una eficiente y adecuada
prestación del servicio».
30. Precisó que: «la Ley 1916 de 2018 “por medio de la cual la Nación se vincula a
la celebración del bicentenario de la campaña libertadora de 1819, y se dictan otras
disposiciones”, establece que los municipios de Nunchía y Támara son beneficiarios
de los planes, programas y obras de desarrollo definidos en dicha norma, algunos
de los cuales están a cargo del Ministerio de Transporte en lo concerniente al
mejoramiento de infraestructura vial y fortalecimiento turístico».
31. En cuanto a la responsabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
recordó que esa entidad «tiene la función de apoyar, asesorar y prestar colaboración
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técnica a los organismos estatales en los planes y programas que requieran en aras
de contribuir con el desarrollo económico y cultural del sector turismo la cual debe
coordinar con las entidades territoriales».
32. A partir de lo anterior, concluyó que la pavimentación del circuito turístico entre
Nunchía, Támara y el paso La Vega del departamento de Casanare, guarda relación
con las competencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo porque esa
obra fomentará el desarrollo turístico de ese territorio, de conformidad con lo
previsto en la Ley 1916 de 2018.
33. En consecuencia, declaró «no probada la excepción de falta de legitimación en
la causa material por pasiva, propuesta por los Ministerios de Transporte y de
Comercio, Industria y Turismo, por cuanto que dichas carteras cumplen una función
de coordinación, asesoría y apoyo para el departamento de Casanare y los
municipios de Nunchía y Támara, además que estos han sido designados
expresamente en la Ley 1916 de 2018 como responsables de los planes y proyectos
que se ejecuten para el mejoramiento de la infraestructura vial y el fortalecimiento
turístico de dichos municipios que han sido declarados beneficiarios de tales
programas al ser parte de la ruta libertadora».
34. Finalmente, el Tribunal a quo impartió las siguientes órdenes de amparo:
[…] PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuesta por la Nación – Ministerio de Transporte y Nación-
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, por las razones señaladas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Amparar los derechos colectivos a la seguridad pública y
prevención de desastres previsibles técnicamente, el goce del espacio público
y la utilización y defensa de los bienes de uso público y la defensa del
patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, imponer al departamento de Casanare y a los
ministerios de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo, las siguientes
medidas definitivas:
MEDIDAS DEFINITIVAS PLAZO RESPONSABL
ES
FASE DE DIAGNÓSTICO
Elaborar un diagnóstico a partir de la revisión Tres (3) meses a Departamento
de los informes y estudios técnicos partir de la de Casanare, a
desarrollados en virtud del Contrato de ejecutoria de la través de su
Consultoría No. 2101 de 2016, la visita al sentencia Secretaría de
lugar de la vía que conduce del casco urbano Planeación.
del municipio de Nunchía y al casco urbano
del municipio de Támara, para identificar los
tramos afectados y que deben intervenirse.
FASE FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
Formular y estructurar el proyecto de Tres (3) meses, Departamento
inversión para la construcción y terminación una vez se haya de Casanare en
de la vía que conecta el municipio de Nunchía efectuado el coordinación
con el municipio de Támara y de la obra del diagnóstico con con el
puente vehicular sobre el Río Pauto, teniendo base en los Ministerio de
en cuenta los resultados que se obtengan en estudios Transporte y
la fase de diagnóstico, las conclusiones y analizados y Ministerio de
requerimientos derivadas del estudio técnico elaborados. Comercio,
entregado en desarrollo del contrato de Industria y
consultoría No. 2101 de 2016 y las Turismo.
observaciones y recomendaciones que ya
fueron efectuadas en diciembre de 2019 y
octubre de 2021 por parte de la Subdirección
de Proyectos de la Dirección de Vigilancia de
las Regalías.
En esta etapa debe evaluar las necesidades
advertidas en el diagnóstico, presupuesto,
logística y demás criterios que se requieran
para dar viabilidad al proyecto y los
parámetros señalados en la Ley 1916 de
2018.
Durante esta fase, los ministerios de
Transporte y de Comercio, Industria y
Turismo deben prestar su apoyo y asistencia
técnica para que el proyecto formulado pueda
tener viabilidad y asignación de recursos en lo
que requiera y solicite el departamento de
Casanare, dentro de los parámetros
establecidos en la Ley 1916 de 2018.
FASE DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Presentado el proyecto, se realizará la Tres (3) meses, Ministerio de
correspondiente revisión con prioridad, contados a partir Transporte y
emitiendo de ser necesarias, las de la presentación Ministerio de
observaciones y requerimientos pertinentes, del proyecto. Comercio,
dando curso al mismo sin dilaciones, Industria y
prestando la asistencia técnica que Turismo.
requiera la entidad, hasta que se logre el
buen curso y aprobación del proyecto.
FASE PLANIFICACIÓN
Aprobado el proyecto, el departamento de Cinco (5) meses, Departamento
Casanare, teniendo definidos los recursos y/o contados a partir de Casanare,
apoyos de financiación, debe realizar los de la aprobación en coordinación
estudios previos para el diseño y construcción del proyecto. con el
de la vía entre el casco urbano del municipio Ministerio de
de Nunchía y el casco urbano del municipio Transporte y
de Támara y la obra del puente vehicular Ministerio
sobre el río Pauto, incluyendo los estudios de de Comercio,
factibilidad, presupuesto, de riesgos, Industria y
ambientales y los demás que se requieran. Turismo.
FASE DE CONTRATACIÓN
Cumplida la etapa anterior, se adelantarán los Cinco (5) meses, Departamento
trámites de contratación y ejecución, con contados a partir de Casanare,
miras a materializar la construcción de la obra del vencimiento en coordinación
establecida en el proyecto y en los estudios del plazo del Ministerio
previos, actuación que estará a cargo del establecido en el de Transporte y
departamento de Casanare previo numeral anterior. Ministerio de
cumplimiento de los requisitos y permisos a Comercio,
que haya lugar. Industria y
Turismo.
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
FASE DE EJECUCIÓN
Ejecutar el contrato y recibo de obra. Se Quince (15) Departamento
advierte que respecto de tales obras se meses, a partir del de Casanare.
deberá realizar mantenimiento cada año o vencimiento del
antes si es que se requiere para su plazo establecido
conservación. en el numeral
anterior.
CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo que, en ejercicio de la función de coordinar la ejecución de
sus planes y programas establecidos en los literales e y g del artículo 8 de la
Ley 1916 de 2018 y en los compromisos suscritos en el pacto territorial
Bicentenario de 26 de junio de 2018, brinden la asesoría, cooperación y
financiación del proyecto que requiera el departamento de Casanare para el
mejoramiento de infraestructura vial y el fortalecimiento del turismo en los
municipios de Nunchía y Támara. El departamento de Casanare solicitará si
se requiere la asistencia, y/o acompañamiento de las citadas carteras, cuando
se advierta la insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las órdenes
dispuestas en esta providencia, en los términos expuestos en la parte motiva
de esta providencia.
QUINTO: Negar las pretensiones de la demanda relacionadas con el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
SEXTO: Conformar un Comité de Verificación, que será integrado por el
gobernador del departamento de Casanare o su delegado, quien lo presidirá,
el ministro de Transporte o su delegado, el ministro de Comercio, Industria y
Turismo o su delegado, los personeros municipales de Nunchía y Támara y el
actor popular, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte
motiva de esta providencia y deberá rendir informes periódicos cada tres (3)
meses; o cuando ocurran novedades que requieran intervención judicial más
temprana.
SÉPTIMO: Sin costas en esta instancia.
OCTAVO: Remítase copia de esta providencia, así como de la demanda y del
auto admisorio a la Defensoría del Pueblo – Registro Público de Acciones
Populares y de Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la
Ley 472 de 1998. […]
III. Fundamentos del recurso de apelación
35. El apoderado judicial del Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
mediante escrito de 29 de junio de 202211, solicitó la revocatoria parcial del fallo de
primera instancia para que, en su lugar, el juez popular declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva de esa entidad.
36.Insistió en que: «el Ministerio de Comercio Industria y Turismo solo puede actuar
(…) conforme a lo estrictamente facultado por la Constitución, la ley y los decretos
11Ibid., documento denominado “ED_56RECURSOAPELACIONDE(.pdf) NroActua 2”, suscrito por Efraín
Cardona Castaño.
12
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
que establecen su objeto y competencias, esto es el Decreto 210 de 2003 y el
Decreto 2785 de 2006».
37. En su criterio, «la justificación dada por el Tribunal Administrativo de Casanare
referente a que la construcción y terminación de la vía involucra asuntos de
naturaleza turística y de desarrollo social y cultural pues pretende pavimentación
del circuito turístico entre Nunchía, Támara y el paso La Vega del Departamento de
Casanare le atañe a esa entidad (…) no cuenta con ningún soporte normativo o
jurisprudencial». Por ello, la sentencia cuestionada encomendó «obligaciones
inexistentes (…) pues obliga efectuar actividades de formulación, seguimiento,
planificación y contratación del tramo vial afectado entre el casco urbano del
Municipio de Nunchía y el casco urbano del Municipio de Támara, sin que la entidad
tenga esa obligación, y haciendo que las competencias establecidas sean
desbordadas».
38. En lo que atañe al objeto de la Ley 1916 de 2018, precisó lo siguiente:
[…] La obligación de coordinar programas de fortalecimiento turístico
establecida en esa ley, NUNCA obligó a que el Ministerio deba efectuar
actividades en contratación pública y menos en obras viales, por la mera y floja
consideración de que aquellas tienen efectos turísticos, sociales y culturales.
Solo con leer la ley se puede entender que aquella estableció un programa de
fortalecimiento turístico (literal g), la cual autorizó al Gobierno Nacional a incluir
en las apropiaciones presupuestales para promoción empresarial del sector y
la pavimentación de los anillos o circuitos turísticos de cada departamento. Ese
programa estaría coordinado por el Ministerio de Transporte.
(…) La asesoría, cooperación y financiación del proyecto que requiera el
departamento de Casanare, genera una obligación ilimitada e irracional de
dineros en contra del Ministerio, en situaciones que son total y absolutamente
ajenas a las competencias de la entidad (construcción de vías).
Se tergiverso el contenido material de la Ley 1916 de 2018, pues interpretó
obligaciones inexistentes y dejó por fuera las que sí contiene aquellas respecto
de la entidad. […]
39. Finalmente, concluyó que, según lo dispuesto los artículos 42 y 43 de la Ley
300 de 1996, el artículo 40 de la Ley 1450 de 2011 y el artículo 21 de la Ley 1558
de 2012, «los recursos que hacen parte del sector turístico, tienen una destinación
específica, la cual se encuentra alejada del tema de asignación de presupuesto vial.
Así mismo los recursos del sector deben sujetarse a lo dispuesto en la normatividad
especial de turismo y a las asignaciones y posibilidades de financiación que
demanda el Manual de Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos de
Fontur, el cual dispone la posibilidad de inversión de recursos por las líneas de
competitividad y promoción turística, pero nunca a la construcción de obras
públicas, obligación que compete a otras entidades».
40. El apoderado judicial del Ministerio de Transporte, mediante oficio de 14 de
julio de 2022, solicitó la revocatoria de las siguientes órdenes de la sentencia de
primera instancia:
13
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
[…] TERCERO: En consecuencia, imponer al departamento de Casanare y a
los ministerios de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo, las siguientes
medidas definitivas:
MEDIDAS DEFINITIVAS PLAZO RESPONSABLES
(…)
FASE DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Presentado el proyecto, se realizará la Tres (3) Ministerio de
correspondiente revisión con prioridad, meses, Transporte y
emitiendo de ser necesarias, las contados a Ministerio de
observaciones y requerimientos pertinentes, partir de la Comercio,
dando curso al mismo sin dilaciones, presentación Industria y
prestando la asistencia técnica que requiera del proyecto. Turismo.
la entidad, hasta que se logre el buen curso y
aprobación del proyecto.
(…)
CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo que, en ejercicio de la función de coordinar la ejecución de
sus planes y programas establecidos en los literales e y g del artículo 8 de la
Ley 1916 de 2018 y en los compromisos suscritos en el pacto territorial
Bicentenario de 26 de junio de 2018, brinden la asesoría, cooperación y
financiación del proyecto que requiera el departamento de Casanare para el
mejoramiento de infraestructura vial y el fortalecimiento del turismo en los
municipios de Nunchía y Támara. El departamento de Casanare solicitará si
se requiere la asistencia, y/o acompañamiento de las citadas carteras, cuando
se advierta la insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las órdenes
dispuestas en esta providencia, en los términos expuestos en la parte motiva
de esta providencia. […]
41. Afirmó que esa entidad no incurrió en ninguna acción u omisión transgresora de
los derechos colectivos porque «corresponde a la Gobernación de Casanare
formular y estructurar el proyecto de inversión para lo cual debe adelantar la
actualización de los estudios y diseños de los puentes propuestos y presentar el
proyecto ante la autoridad competente de su financiación».
42. También precisó que el Departamento de Casanare incumplió los deberes
previstos en la Ley 1916 de 2018 en materia de formulación de proyectos y, por ello,
esa cartera no es responsable de cumplir con el apartado denominado “FASE DE
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO” del ordinal tercero de la sentencia de primera, ni
con en el ordinal 4° de ese proveído, debido a que:
[…] el 26 de junio del 2019, el Gobierno Nacional y los departamentos de
Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander, firmaron el Pacto
Territorial Bicentenario, como un acuerdo marco de voluntades que busca la
consolidación de inversiones en corredores viales estratégicos y en la
competitividad turística de la región, con un Plan Estratégico de Inversiones
actualizado a la fecha de este informe que supera los 3,7 billones de pesos.
Este ejercicio contó además con el liderazgo de la comisión de expertos del
Bicentenario, que emitieron lineamientos con base en los que se definieron las
líneas temáticas priorizadas del Pacto, así como las inversiones priorizadas,
que fueron revisa das y validadas en diferentes mesas de trabajo conjuntas
.
14
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
En cumplimiento de sus compromisos el Departamento de Planeación Nacional
DNP, elaboró la ficha Trimestral Pacto Funcional Casanare, con corte a 31 de
marzo de 2022, copia del cual se anexa para conocimiento del despacho, se
puede observar que:
El Plan Estratégico de inversiones – PEI fue aprobado en la sesión No. 1
del Consejo Directivo del Pacto Casanare, realizado el 29 de julio de
2021. En este PEl se priorizaron un total de 21 iniciativas estratégicas
para ser implementadas en el marco del Pacto con un valor indicativo de
$654.359.521.678, de los cuales $396.046.352.425 son aportes de la
Nación y $258,313.169.253 aportes del territorio.
Dentro de esas estrategias se encuentra el proyecto denominado: "..
Estudios y diseños para el mejoramiento a nivel de pavimento del tramo
vial Tamara - Nunchia (ruta del café), incluyendo el diseño del puente
sobre el Río Pauto sector Aposentos..." con anotación: "... EN GESTION.
Se resalta, que como bien lo dice el Tribunal Administrativo de Casanare, en
cumplimiento de sus funciones los Ministerios de Transporte y Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, deben prestar su apoyo y asistencia técnica
para que el proyecto formulado pueda tener viabilidad y asignación de
recursos,( ...) sin embargo, como también lo dice el Tribunal Administrativo de
Casanare, lo cierto es que los planes y proyectos deben formularse y
gestionarse por la entidad territorial con la articulación y coordinación de los
entes ministeriales.
Es decir que corresponde al Departamento de Casanare "... Formular y
estructurar el proyecto de inversión para la construcción y terminación de la vía
que conecta el municipio de Nunchia con el municipio de Támara y de la obra
del puente vehicular sobre el Río Pauto, teniendo en cuenta los resultados que
se obtengan en la fase de diagnóstico, las conclusiones y requerimientos
derivadas del estudio técnico entregado en desarrollo del contrato de
consultoría No. 2101 de 2016 y las observaciones y recomendaciones que ya
fueron efectuadas en diciembre de 2019 y octubre de 2021 por el Ministerio de
Transporte en el cumplimiento de sus funciones y en el marco de los principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (….)
Al establecer como responsables de la Fase de Seguimiento al Ministerio de
Transporte y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la obligación de
realizar la correspondiente revisión con prioridad, emitiendo de ser necesarias,
las observaciones y requerimientos pertinentes, dando curso al mismo sin
dilaciones, para el cumplimiento de las órdenes impartidas, en la sentencia
objeto del recurso de Apelación, se está condenando a los entes
Ministeriales desde ya al incumplimiento de la orden impartida por el
Tribunal, dado que ante estas carteras Ministeriales no se presentan los
proyectos, tampoco los analiza y mucho menos hace requerimientos. […]
43. En consecuencia, alegó que: «es responsabilidad del Departamento de
Casanare, adelantar las gestiones requeridas para formular y estructurar el proyecto
para ser presentado ante las entidades que tienen la competencia para la
financiación de los proyectos de inversión- INVIAS - ANI - SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS - y solicitar la asignación de los recursos, de conformidad con las
normas establecidas en esta orbita (Ley General del Presupuesto), por lo que no
podría financiar el proyecto, como lo ordena el Tribunal Administrativo de Casanare,
en el numeral cuarto de la sentencia».
15
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
44. Adujo que, conforme al artículo 209 de la Constitución, «la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Si bien, Colombia es una República unitaria, es
descentralizada, y al ser descentralizada los entes territoriales municipios,
departamentos, cabildos, tienen responsabilidades, tareas y obligaciones, que no
pueden ser desplazadas por el orden nacional». De manera que el operador judicial
no puede desconocer el marco de competencias a que alude la Ley 715 de 2001
respecto del Sistema General de Participaciones.
45. Afirmó que la sentencia recurrida viola «el régimen económico y de la hacienda
pública» porque: (i) «implica una asignación presupuestal distinta a la inicialmente
estructurada y que deviene en obligaciones extraordinarias y por fuera de su marco
funcional»; (ii) «impacta de forma directa el ámbito de distribución de los recursos
públicos y ello implica una intromisión en la planeación económica de las entidades
del ejecutivo como ejecutores del gasto que actúan»; y (iii) «coloca en cabeza de la
rama judicial una redistribución presupuestal que extralimita su ámbito de
competencias e implica una intromisión improcedente en la separación de las ramas
del poder».
46. En su criterio, el juez de la primera instancia transgredió el principio de
separación de poderes, «teniendo en cuenta que la Corte ha considerado que se
sustituye la Constitución, en lo que tiene que ver con el principio de separación de
poderes cuando (…) se suplanta una de las ramas del poder, a través de la
asignación de sus competencias a otros órganos; lo que sucede en este caso al
ordenarle al Ministerio de Transporte la consecución de los recursos
correspondientes para el cumplimiento del fallo, obviando la responsabilidad que
tiene el ente departamental de cumplir la ley y solicitar los recursos de acuerdo a la
normatividad, autonomía e independencia».
47. En suma, evidenció un exceso en la potestad judicial y un quebrantamiento del
principio de legalidad porque la sentencia apelada contiene una orden de ejecución
presupuestal que excede el margen funcional de esa cartera ministerial.
IV. Trámite en segunda instancia
48. Mediante auto de 3 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Casanare12, concedió los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y por el Ministerio de Transporte.
49.El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda instancia,
mediante auto de 6 de septiembre de 2022 y conforme al artículo 322 del CGP,
admitió los aludidos recursos. Y, al tenor de lo dispuesto en el artículo 247 del
CPACA, advirtió a los sujetos procesales que no había lugar a dar traslado para
12 1_850012333000201900084011EXPEDIENTEDIGI20220816145251.pdf
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
alegar de conclusión, e informó al Ministerio Público que se encontraba habilitado para
emitir concepto en la presente causa hasta antes de que el proceso ingresara al
despacho para emitir sentencia.
50. Una vez cobró ejecutoria la referida providencia, las partes se abstuvieron de
emitir algún pronunciamiento13. Igualmente, a la fecha de ingreso del proceso al
despacho, el agente del Ministerio Público guardó silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
51. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 199814, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA15 y con el artículo
13 del Acuerdo N.° 080 de 201916, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento del problema jurídico
52. El ciudadano Norberto Martínez atribuyó al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y al departamento de Casanare, la transgresión
de los derechos colectivos a la seguridad pública y prevención de desastres
previsibles técnicamente, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de
los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público y al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, debido a la obra
vial inconclusa que comunica a los municipios de Nunchía y Támara.
53. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 7 de julio de
2022, amparó los citados derechos colectivos tras concluir que el grave estado de
la malla vial impide la locomoción y el desarrollo adecuado de las comunidades, y
agregó que el departamento de Casanare, el Ministerio de Transporte y el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, eran responsables de esa omisión teniendo en
cuenta lo ordenado en la Ley 1916 de 2018 en materia de infraestructura vial para
el fomento del turismo y del desarrollo.
13 Ibid., anotación 12.
14 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Disposición referente a la procedencia de
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas primera instancia en acciones populares.
15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
Disposición relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
16 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
54. Inconforme con la determinación de primera instancia, el Ministerio de
Transporte y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitaron la revocatoria
parcial de esa decisión judicial. En primer lugar, ambas carteras manifestaron que
carecen de legitimación en la causa por pasiva en tanto las órdenes de amparo
exceden su marco funcional de acción. En segundo lugar, sostuvieron que el juez
de la primera instancia interpretó de forma errada el objeto y las competencias
dispuestas en la Ley 1916 de 2018. Y, en tercer lugar, concluyeron que las medidas
de amparo quebrantan los principios de la función pública, «el régimen económico
y de la hacienda pública», el principio de separación de poderes y el principio de
legalidad porque la orden de ejecución presupuestal excede sus responsabilidades,
y desconocen las prioridades y decisiones económicas adoptadas en la materia de
forma justificada.
55. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si: ¿los ministerios apelantes son
o no responsables de transgredir los derechos colectivos previstos en los literales
d), f) y l) del artículo 4° de la Ley 472, por cuenta del estado de la malla vial que
comunica a los municipios de Nunchía y Támara?; y si ¿las órdenes de amparo
cuestionadas son desproporcionales, ilegales o implican una asignación
presupuestal distinta a la inicialmente estructurada?
56. A fin de resolver estos interrogantes, la Sala estudiará: (i) el propósito, los límites
y las características de las órdenes de amparo de los derechos colectivos, y (ii) la
situación fáctica acreditada en el plenario en materia vial. Posteriormente, esta
autoridad determinará, a partir de ese contexto, (iii) si el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo carece de legitimación en la causa por pasiva, y (iv) cuáles son
las responsabilidades del Ministerio de Transporte en el caso.
V.2.1. El propósito, los límites y las características de las órdenes de amparo
de los derechos colectivos del asunto sub examine
57. Los demandantes fundamentan su apelación en que el Tribunal Administrativo
de Casanare impartió órdenes de amparo que exceden sus competencias legales,
y quebrantan los principios que rigen la función y la hacienda pública.
58. Para efectos de clarificar este punto, es necesario recordar que la acción popular
prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de
1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos,
cuando estos resultan amenazados o vulnerados por la acción u omisión de los
particulares y de las autoridades públicas.
59. En este escenario judicial se debaten problemas sociales que afectan a todos los
habitantes del territorio nacional y, por eso, en el evento de emitir una sentencia
condenatoria, el juzgador debe determinar las instrucciones idóneas, suficientes y
conducentes que permitirán prevenir la amenaza o corregir el daño colectivo.
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
60. En esa medida, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 señala las responsabilidades
que tiene la autoridad judicial al momento de garantizar la materialización del
amparo, así:
[…] ARTICULO 34. SENTENCIA. (…) La sentencia que acoja las
pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una
orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se
haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la
entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando
fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de
manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el
interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir
en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las
pretensiones del demandante. (…)
En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el
alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el
cumplimiento de la providencia y posteriormente culminar su ejecución. En
dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las
normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá
conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad
pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio
Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del
fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para
que, en lo que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el
cumplimiento del fallo […]. (Negrilla fuera del texto).
61. Como se puede observar, las medidas judiciales de los fallos condenatorios de
las acciones populares deben ser precisas e identificar un término prudencial para
efectos de su cumplimiento. Además, su objeto es prevenir y corregir las acciones
u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante.
Significa lo anterior que el juez no solo debe determinar, a través de un lenguaje
claro y preciso, los elementos de tiempo, modo y lugar de la condena, sino que la
medida debe impactar directamente el nexo de causalidad que fundamentó la
decisión de responsabilidad.
62. Por ello, esta Sección en la sentencia de 20 de noviembre de 202017 explicó que
«las órdenes judiciales respetarán las competencias de las entidades condenadas,
así como los deberes de los particulares que integren el extremo pasivo. Sin
embargo, el juez podrá promover la colaboración armónica de otras autoridades en
el cumplimiento del fallo, si estas cuentan con funciones coligadas o afines al
amparo del derecho conculcado o amenazado, para lo cual, incluso, podrá utilizar
el mecanismo del exhorto».
17 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA,
CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, RADICADO63001-23-33-000-2019-
00024-01, ACTORES: Procurador 34 Judicial I para asuntos Ambientales y Agrarios, la Defensora del Pueblo -
Regional Quindío, y la Personera Municipal de Armenia.
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
63. Todo ello se traduce en que a los apelantes les asiste la razón cuando señalan
que la condena debe respetar el margen funcional de la entidad encargada de su
cumplimiento.
64. En tal sentido se tiene que, como el propósito de la orden no es otro distinto al
de salvaguardar los derechos colectivos amparados, la jurisprudencia también ha
recordado que el juez es responsable de impartir medidas racionales que permitan
la transformación y corrección paulatina de la problemática social, sin que la
ausencia de recursos justifique la inacción estatal.
65. Así las cosas, se pone de relieve que: «los trámites presupuestales y de
planeación, la falta de disponibilidad presupuestal o de recursos económicos, no es
de ninguna manera un argumento válido para desvirtuar la afectación de los
derechos colectivos y mucho menos para cohibir al juez de la acción popular de
adoptar las medidas de amparo que las circunstancias ameriten en aras de la
protección de tales derechos. [En consecuencia] [e]s obligación […] [de la entidad
condenada] desplegar, dentro del marco jurídico establecido, todas las gestiones
técnicas y administrativas pertinentes en materia de planeación y programación
presupuestal, a fin de ejecutar las obras, proyectos o actividades necesarias para
salvaguardar los derechos colectivos afectados»18.
66. Sin embargo, ello tampoco significa que la decisión judicial pueda desconocer el
orden de prioridades del Ejecutivo, los procesos de planeación estatal, o los plazos
necesarios para acatar los procedimientos de ejecución presupuestal. En este justo
medio, la Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia de 12 de octubre de
200619, explicó lo siguiente:
[…] Una descontrolada proliferación de sentencias judiciales que impongan
obligaciones de hacer a las entidades públicas, en períodos de tiempo
extremadamente cortos y con cargo a sus correspondientes presupuestos, en
medio de la inocultable situación de escasez de recursos propia de una
economía subdesarrollada como la colombiana, podría conducir a una
disfuncionalidad de tal magnitud, que acabaría incluso por producir el efecto
perverso de convertir a las acciones constitucionales en improvisados y
antitécnicos mecanismos de planificación económica, urbanística,
ambiental, etcétera.
Lo anterior, además, muy factiblemente conduciría, por contera, a la previsible
ineficacia de los remedios procesales mismos, pues de incurrirse, en uso de
ellos, en el seguramente bien intencionado proceder de ordenar la ejecución de
obras públicas más allá de las posibilidades materiales de las entidades
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de octubre de
2001. Rad. N.º 2000-0512-01(AP), C. P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de septiembre de 2002, Rad. N.°
2001-00303-01, C. P: Camilo Arciniegas Andrade; 10 de abril de 2008, Rad. N.° 2001-01961-01, C. P: María
Claudia Rojas Lasso; 15 de septiembre de 2011, Rad. N.° 2004-01241-01 y 22 de enero de 2015 Rad. N.° 2011-
00256-01, C. P: Guillermo Vargas Ayala; 15 de diciembre de 2016, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés (E);
11 de mayo de 2020, Rad. N.° 2010-01363-01, C. P: Oswaldo Giraldo López; 26 de junio de 2020, Rad. N.°
2018-00091-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés; 3 de junio de 2021, Rad. N.° 2010-01320-01(AP),
C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de octubre de 2006. Exp. 630012331
00020050070801.
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Demandantes: Norberto Martínez
responsables -aun cuando para ello el juez encuentre respaldo en el
ordenamiento constitucional y legal-, puede dejar privados de toda eficacia
práctica a los institutos procesales que la Carta de 1991, en buena hora,
introdujo para procurar la protección de derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales, y colectivos.
b. Lo anterior no quiere significar que, ante toda circunstancia en la cual la
salvaguarda de un derecho colectivo suponga la necesidad, para la entidad
pública responsable de su protección, de llevar a cabo inversiones económicas
con cargo a su presupuesto, sus omisiones o abstenciones contarán con el aval
de un juez popular que observa, indiferente, cómo se desatienden los
imperativos constitucionales y legales. Si, de acuerdo con lo hasta ahora
expuesto, el límite a la tarea fiscalizadora del juez viene determinado por la
autorestricción que le impone el no reemplazar a la administración en la
definición de órdenes de prioridades para la atención de necesidades de
la colectividad -como se ha dicho ya, en una sociedad como la nuestra,
las más de las veces, todas ellas, acuciantes-, lo mínimo que
razonablemente resulta exigible de la autoridad administrativa, es que
acredite la existencia de ése orden de prioridades, que el mismo se avenga
a los preceptos constitucionales y legales aplicables y que, de
conformidad con éstos, el destino previsto para los recursos públicos se
corresponda con la satisfacción de necesidades o la salvaguarda o
materialización de derechos de la misma o superior entidad constitucional
o legal, que aquellos cuya protección se reclama a través del ejercicio de
la acción popular. […]
[…] Dicho en otros términos, el juez popular, en principio, no debe
incursionar en ámbitos en los cuales la administración ejerce su
discrecionalidad planificadora, salvo en los casos en los cuales el órgano
administrativo actuante incurra en manifiestas arbitrariedades,
irrazonabilidad, desproporcionalidad o desatención de preceptos que
orientan la distribución del gasto como, señaladamente, lo hace el inciso
segundo del artículo 366 constitucional. Sin embargo, mal puede la
administración pretender que el juez encargado de la protección de los
derechos colectivos, no sobrepase un límite que no existe en el caso
concreto, o que no se le ha puesto de presente en el proceso.
(…) Pero si la entidad pública responsable no cumple con el antedicho
onus probandi, no puede perderse de vista que el juez siempre se enfrenta
a la prohibición del non liquet, más aún cuando le ha sido encomendada,
como al juez popular, la tarea de velar por la efectividad de derechos de
especial relevancia constitucional. Si la administración no demuestra,
entonces, que ha ejercitado, ajustándose a Derecho, su discrecionalidad
planificadora y que ha determinado los referidos órdenes de prioridades
observando los parámetros que le impone el ordenamiento, no se advierten
para el juez, en el caso concreto, más límites que los derivados de su
prudencia y del propio Derecho, de manera tal que se ve abocado a
procurar la protección, con las mayores eficacia y prontitud, de los
derechos colectivos cuya vulneración o amenaza le haya sido acreditada
dentro del respectivo proceso judicial. […] (Negrilla fuera del texto).
67. En ese sentido, el Consejo de Estado enlistó algunos de los parámetros que debe
tener en cuenta el juez popular, al momento de decidir si ordena o no la realización
de una obra pública que implique el desembolso de grandes montos del
presupuesto público, por encontrar una actividad administrativa desproporcionada.
La providencia en comento señaló lo siguiente:
21
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
[…] En conclusión, pueden formularse los siguientes parámetros en punto
a los alcances del control judicial de la actividad administrativa,
valiéndose, tanto aquel como ésta, del método de la ponderación:
a. En los casos en los que el tribunal concluya que la decisión administrativa
no es ponderada, debe proceder a declarar su invalidez.
a.1. Si, adicionalmente, como resultado de la actividad probatoria
desplegada a lo largo del proceso y de las normas y/o principios jurídicos
aplicables al caso, el juez puede también concluir que existe solamente
una alternativa de solución conforme con el ordenamiento jurídico y con
las exigencias de la “ley de la ponderación”20, puede -y debe- esa única
decisión ponderada.
a.2. Si, en cambio, tras concluir que la solución por la que ha optado la
administración no es ponderada, igualmente advierte que existen varías
posibles soluciones satisfactorias de acuerdo con los postulados de la
ponderación, no puede el juez sustituir con una de ellas la determinación
previa, comoquiera que la formulación del criterio de decisión
correspondiente es del resorte de la administración.
b. Si la decisión administrativa enjuiciada respeta las exigencias de la
ponderación, aunque pudieran identificarse en el proceso judicial otras
soluciones ponderadas, tampoco corresponde al juez sustituir la opción
elegida por la administración.
c. El control judicial que apunta a establecer si la administración ha elegido o
no una alternativa ponderada, cuando ejercita facultades discrecionales,
parte de la previa atribución de valor o peso a los diferentes valores,
derechos o intereses contrapuestas en el caso concreto. El quid de la
cuestión, radica en que no siempre -de hecho son escasas las ocasiones
que así ocurre- el ordenamiento se ocupa de prefijar esos criterios de
jerarquización, con lo cual el establecimiento de los mismos queda deferido
a la instancia aplicativa, esto es, a la administración que ejerce las
facultades discrecionales, eligiendo los criterios objetivos con base en los
cuales optará entre las diferentes alternativas de que dispone […]21.
(destacado de la Sala)
68. En este mismo sentido, esta Alta Corporación22 ha expuesto lo siguiente:
[…] Ahora bien, Ia circunstancia de que el juez popular, aun habiéndose puesto
de presente -dentro del curso del expediente- Ia amenaza o vulneración a un
derecho colectivo, se abstenga de proferir órdenes de ejecutar obras públicas
para no invadir Ia órbita de la discrecionalidad planificadora de la administración
y atendida la “relatividad” 'de las obligaciones a cargo del Estado con respecto
a la materialización de derechos de prestación, no debe entenderse como una
patente de corso para que la entidad pública responsable continúe
desatendiendo indefinidamente su obligación de proteger los derechos
colectivos conculcados o bajo riesgo. En tales supuestos, el juez popular
debe impartir la orden de llevar a cabo Ias obras o actividades que sean
20 Cuanto mayor sea el grado de detrimento del principio que debe retroceder, mayor ha de ser la importancia
del cumplimiento o satisfacción del principio que prevalece.
21 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de octubre
de 2006, exp. No. 63001-23-31-000-2005-00708-01(AP), C.P. Alier E. Hernández Enríquez. Actores: Héctor
Buitrago Ospina y otros. Demandados: Municipio de Armenia y Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia
(EDUA).
22 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de octubre
de 2006, exp. No. 2005-00708-01(AP), C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
22
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
del caso, tan pronto como las posibilidades presupuestales lo permitan,
es decir, en cuanto haya de establecerse un nuevo orden de prioridades
para la ejecución del gasto, en Ia vigencia fiscal que corresponda. El juez
puede garantizar el cumplimiento de dicha determinación, valiéndose de
los mecanismos previstos por los artículos 34 y 41 y siguientes de la ley
472 de 1998 […]”. (negrillas y subrayas de la Sala de Decisión)
69. De conformidad con lo expuesto en la citada jurisprudencia, es evidente que al
juzgador de una acción popular Ie corresponde dilucidar si las actividades
administrativas realizadas por la administración pública han sido proporcionales a
los intereses en conflicto.
70. Este criterio orientador se traduce en que el juez está atado a lo probado en el
acervo probatorio, y no puede separarse de los márgenes de racionabilidad
exigibles a su función de impartir justicia. Aun así, ello no significa que le este
vedado imponer acciones correctivas al advertir la vulneración de los derechos
colectivos; sino que debe hacerlo respetando un margen de libertad y maniobra
mínimo que permita al Estado cumplir de forma racional con sus deberes
constitucionales y legales.
V.2.2. El estado de la malla vial acreditado en el plenario
71. Para efectos de determinar si les asiste o no la razón a los apelantes, es
necesario tener en cuenta que el secretario de infraestructura del Departamento de
Casanare23, mediante oficio de 11 de abril de 2021, certificó lo siguiente:
[…] Que una vez revisado el PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE 2021 - 2030 el cual fue aprobado por el Ministerio de Transporte
según radicado MT No.:20215000909181 del 05-09-2021, y la RESOLUCION
No 5054 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 expedida por el Ministerio de
Transporte, se determina que la vía denominada LA MARGINAL (YOPALOSA)
• NUNCHIA - TAMARA de código 65CA05, es una vía de segundo orden, y
por lo tanto es competencia del Departamento su mantenimiento y
mejoramiento. […]24 (negrilla fuera del texto).
72. Respecto de las características de esa malla vial, en el plenario se demostró que
el 13 de junio de 2016, el entonces director técnico del Banco de Programas y
Proyectos del Departamento25 y el funcionario de esa Gobernación César Rojas
Alarcón, practicaron una visita a la vía que transcurre entre «el casco urbano del
municipio de Támara - río Pauto sitio de ponteadero puente vehicular vereda
aposentos municipio de Tamara (vía del Café)», observando lo siguiente:
[…] Por solicitud del Departamento Administrativo de Planeación, se realizó
visita técnica a la vía existente que va del casco urbano del municipio de
Nunchia al Rio pauto límites con el municipio de Tamara vereda Aposentos.
Este tramo de vía hace parte de un corredor vial que podemos denominarlo
como una vía de segundo orden y que une las cabeceras municipales de
Nunchia y Tamara y que se conoce como vía del café. Cabe decir que este
23 Oscar Eduardo Garcia.
24 Anotación 2 expediente digital Samai. Cuaderno 1 página 85.
25 Edwin Guillermo Cubides Vásquez
23
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
corredor vial aún no está totalmente comunicado por falta de obras
importantes como es la terminación de la construcción del puente
vehicular sobre el Rio pauto Vereda aposentos del municipio de Tamara,
donde actualmente existen obras de la Subestructura o Infraestructura del
puente, compuesta por estribos que son los apoyos extremos del puente,
que transfieren la carga de éste al terreno y que sirven además para
sostener el relleno de los accesos al puente, no tiene material de relleno
en los accesos, se encuentra en zona boscosa y virgen sin apertura de vía
por ningún costado. Igualmente falta la apertura de un tramo de vía
aproximadamente de 5-6 kilómetros donde actualmente hay un camino de
herradura. […]26 (Negrilla fuera del texto).
73. El 21 de septiembre de 2016, los mismos funcionarios llevaron a cabo una
segunda visita técnica en la que detallaron las condiciones de la vía, así:
[…] El presente informe de visita técnica detalla el estado actual de la vía que
conduce de la cabecera municipal de Támara Casanare hasta el río Pauto
(puente aposentos en las coordenadas LATITUD 5°43'45.83"N LONGITUD
72°12'4.45"O), pasando por la vereda de CRUZ VERDE, LA VICTORIA y
APOSENTOS. Con en una longitud de 15,90 kilómetros entre estos dos
puntos.
En general los 9,3 kilómetros iniciales mantienen su misma geometría con un
ancho aproximado de 3,5 a 4 metros, sus pendientes longitudinales varían del
5 al 13% debido a que es un terreno montañoso pero estable. La vía en este
tramo carece de diseño geométrico y los drenajes laterales son suficientes, en
este tramo de vía se observa material granular discontinuo producto de
mantenimientos viales, la escorrentía superficial está afectando la banca
existente segregando el poco material instalado en la capa de rodadura. Las
alcantarillas se encuentran construidas a nivel de subrasante en tubería de
36% y en un 30% en mal estado y de baja capacidad hidráulica.
A partir del k9+300 hasta el rio pauto no hay vía que permita el acceso de
ningún tipo de vehículos, el 80 % de este tramo presenta apertura de vía echa
en años anteriores con buldócer, actualmente se encuentra en muy mal estado
con desprendimiento de material perdida de bancada, socavones,
desprendimiento de material, aislamiento de vía, taponamiento, en su mayor
parte solo da paso a caballo o a pie, se observa una franja de acceso sobre
terreno natural que atraviesa 5 caños que carecen de obras hidráulicas, sobre
el trazado actual se atraviesan potreros, senderos de gran humedad y zonas
inestables que requieren de obras de protección y contención. Este tramo de
vía va paralelo al rio pauto pero alejado sobre terreno quebrado.
Dada la necesidad de aportar al bienestar socio económico de los municipios
de Tamara y Nunchia e incluso del mismo Departamento, en impulsar
proyectos que generen desarrollo a su economía en especial al sector
cafetero. El Departamento de Casanare en ejecución del Plan de Desarrollo
Departamental "Casanare con paso firme 2016-2019", pretende realizar los
estudios y diseños de la vía comprendida entre el casco urbano del Municipio
de Nunchia y el casco urbano del Municipio de Tamara. Con el trazado de
diseño de esta via se pretende unir las cabeceras municipales de Tamara y
Nunchia, pasando por un punto obligado que es el puente Aposentos sobre el
rio pauto. […] (Negrilla fuera del texto).
26 Anotación 2 expediente digital Samai. Documento con certificado 5B5C0D964476D9F2 CEA9F4B65124B53A
680B5E5B7364F6BA C071E9E01F2E7B2B, página 1 a la 21.
24
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
74. En el contexto de esos resultados, mediante Memorandos de 29 de septiembre
de 2016, el director técnico del Banco de Programas y Proyectos del Departamento
requirió a la Secretaría de Obras Publicas con el propósito de consultar si esa
dependencia contaba con un estudio o diseño de aquellos tramos viales.
75. Ante la respuesta negativa de esa dependencia27, mediante Resolución 0178 de
29 de noviembre de 2016, la Gobernación de Casanare ordenó la apertura de un
proceso contractual, con el objeto de elaborar los «ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA
VÍA ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA Y EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMARA. DEPARTAMENTO DE CASANARE»28.
76. Por medio de Resolución No. 0241 de 21 de diciembre de 2016, el departamento
de Casanare adjudicó al oferente Consorcio Diseños Viales 2016 el proceso de
concurso de méritos abierto CAS-OAJ-CMA-0027-2016.
77. En línea con lo anterior, mediante oficio de 6 de marzo de 2019, el departamento
de Casanare informó al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Tamuría que, para efectos de solucionar la citada problemática, contrató la
realización de los estudios de diseños de la vía de la referencia. Así mismo señaló
que el departamento estaba estructurando un proyecto para adelantar la primera
etapa de las obras, partiendo del casco urbano, con el fin de obtener recursos del
OCAD departamental29.
78. Sobre este mismo punto, en el acta de la visita de 18 de diciembre de 2019, el
ingeniero de la Gobernación de Casanare, Jonathan Camargo explicó a los
concejales Fredy Barrera León y Carlon Julio Camelo y al hoy accionante, señor
Norberto Martínez, lo siguiente:
[…] Dentro de los proyectos mencionados por el ingeniero Jonathan Camargo
como representante de la gobernación de El departamento de Casanare en
cumplimiento del plan de desarrollo "Casanare con paso firme2015-2019"
adelanto proceso de contratación No. CAS-OAJ-CMA-0027-2016 el cual dio
origen al concurso de méritos del contrato de consultoría Número 2101-2016
con objeto "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VIA ENTRE EL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
TAMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE*, como producto resulto el
diseño integran de 28,774 kilómetros de vía secundaria y dentro de los
productos más relevantes tenemos: Diseño de estructura del pavimento, obras
de drenaje menores y mayores (10 puentes), obras de protección y
contención, obras de señalización, gestión y documentación predial, catastral
y ambiental y todos los diseños en general para una posterior etapa de
construcción.
3. El ingeniero Jonathan Camargo como representante de la gobernación de
Casanare menciona que respecto a la asignación de recursos para iniciar con
la construcción de la vía en cuestión, se informa que la Administración
27 Memorial SPOP de 5 de octubre de 2016 suscrito por el secretarío de Obras Publicas Diego Orlando González
Roa.
28 Anotación 2 expediente digital Samai. Documento con certificado 9ACFF84F7282B46E
2E7AE72C2E49C7FD 348870D49B08C18E 75125AB9A302EE01
29 Anotación 2 expediente digital Samai. Cuaderno 1 página 102.
25
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
Departamental viene estructurando un proyecto para una primera etapa a nivel
de pavimento y ser presentado por OCAD regional con objeto
"MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL TRAMO VIAL QUE
CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE MUNICIPIO DE NUNCHIA AL
SECTOR LA Y VEREDA BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA,
DEPARTAMENTO DE CASANARE", y código BPIN2019000070016, dicho
proyecto ha sido enviado a revisión al DNP y Ministerio de Transporte siendo
revisado y presentando algunas observaciones las cuales están siendo
subsanadas por la entidad formuladora.
4. Se realiza parada en el rio Nunchia donde el ingeniero Jonathan Camargo,
menciona que dentro de los estudios y diseños realizados por la gobernación
de Casanare están los diseños del puente sobre el rio Nunchia y que su
ejecución costa cerca de 14 mil millones y su diseño esta con estructura
metálica y luz de aproximadamente 100 metros por la misma hidráulica del rio.
5. Se continua la visita entre el casco urbano del municipio de Nunchia y la
quebrada sarama, pasando por el mismo rio Nunchia (K3+200) donde
actualmente existe un puente peatonal colgante, quebrada la dominguera
(K3+700) donde actualmente hay una batea en concreto reforzado, quebrada
tamuria (K8+250) donde actualmente está construido un puente peatonal
colgante y quebrada sarama (K10+300) donde se observa la ausencia de obra
de drenaje y obras para paso peatonal y vehicular.
(…) 7. El ingeniero Jonathan Camargo como representante de la gobernación
de Casanare aclara que las longitudes mencionadas el abscisas y luces de
obras de drenaje son aproximadas, que en los diseños realizados los cuales se
reposan en la gobernación de Casanare aparecen los datos precisos en caso
de requerirlos, así como el valor de cada una de estas obras de drenaje.
8. El ingeniero Jonathan Camargo como representante de la gobernación de
Casanare menciona que queda pendiente realizar gestión ante entes
nacionales y departamentales para la consecución de recursos para la
construcción. […]30 (Negrilla fuera del texto).
79. Más recientemente, el documento de 8 de abril de 2021 titulado “informe
actividades realizadas en el año 2019 – 2021 en el corredor vial secundario en
afirmado Nunchia - Tamara – Ruta del Café”31, explica que el departamento realizó
las siguientes labores de mantenimiento en las vigencias 2020 y 2021:
[…] INTERVENCION AÑO 2020
vía secundaria Tamara – rio Pauto sector vereda Aposentos - ruta del café
Periodo de Intervención Mes de Mayo a Julio 20 del año 2020. Kms intervenidos 8,3
Km (…)
INTERVENCION AÑO 2021
ENERO A LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME Km intervenidos 5 Km
Municipio de Tamara y a las comunidades de las veredas la Zuquia en el tablón de
Tamara, San Pedro, Cruz Verde, Aposentos que utilizan el corredor vial terciario de más
de 22 Kms por donde transita el camino de herradura a lomo de mula, solicitaron el
apoyo a la administración departamental para que apoyaran con algunas máquinas para
realizar el mantenimiento vial con la asignación de 1 excavadora y 1 Bulldozer, para que
se continue con la adecuación de la vía que interconecta con la vía secundaria conocida
como ruta del café que comunica los municipios de Tamara – Nunchia conocida como
ruta del café por toda la cordillera oriental atravesando las montañas en las que se
30 Ibidem, pagina 256 y ss.
31 El citado informe fue elaborado por el Coordinador Técnico del banco de maquinaria de la Gobernación de
Casanare José Vidal Avendaño, y por el ingeniero Octavio López Barrera.
26
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
cultiva el café a gran escala, siendo un renglón de la economía casanareña muy
importante.
MUNICIPIO: TAMARA: MANTENIMIENTO DE VIA SECUNDARIA TROCHA CON
BULLDOZER Y EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (CORTES DE CURVAS
VERTICALES Y AMPLAICIONES CURVAS HORIZONTALES) TAMARA –
APOSENTOS RIO PAUTO RUTA DEL CAFÉ. […]32 (Negrilla fuera del texto).
80. Según el mismo documento, el tramo vial del litigio presenta las siguientes
características técnicas:
[…] Complementando y teniendo como referencia la visita realizada los días 17 y 19 de
abril de 2021. Se estructura el informe correspondiente del estado en que se encuentran
los sectores antes mencionados. (…)
TRAMO 1. DE LA VIA DESDE EL LADO DE TAMARA HASTA RIO PAUTO SECTOR
APOSENTOS (INCLUIDO ESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUENTE SOBRE RIO
PAUTO)
TRAMO 2. DE LA VIA DEL LADO DE NUNCHIA DESDE EL RIO PAUTO AL CASCO
URBANO DE NUNCHIA (INCLUIDO ESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUENTE
SOBRE RIO PAUTO)
La vía es de segundo orden y la dividimos en dos sectores
a. Sector casco urbano Municipio de Tamara – La Victoria – Aposentos – Rio. Se
toma como K0+000.
La salida del casco urbano de Tamara a la derecha se observan viviendas continuas y
el cementerio, a la izquierda se encuentra el talud inferior de la banca de la vía con
cercas de alambre de púas, árboles nativos y potreros empradizados.
El ancho de la vía es de 5,5 aproximadamente en condiciones de transitabilidad segura
por la capa granular de rodadura hasta el K0+300. Y de ahí en adelante la vía tiene un
ancho promedio de 6,5 m con viviendas distanciadas entre 40 a 50 m a lado y lado, las
condiciones de transitabilidad son buenas en ambos sentidos para motocicletas,
vehículos livianos y de carga hasta 10 Toneladas sin dejar ahuellamiento por carga
debido a la carpeta granular de soporte, la velocidad promedio de recorrido no
sobrepasa los 20 km/h, el sector crítico son los últimos 4,5 kilómetros desde el
carreteable en afirmado transporte vehicular. Se debe hacer en caballo o a pie
debido a las condiciones de humedad, estabilidad y deterioro de la capa de
rodadura. Requiere la construcción rápidamente de varias obras de arte menor ya
que el agua está destruyendo.
En la actualidad la vía es transitable, pero depende de las condiciones climáticas
del día. En este 2021 el invierno ha sido leve en comparación al invierno del año
2020.
b. Sector Rio Pauto – Altos de Tamuria – casco Urbano de Nunchia.
El tramo o sector Rio Pauto – Casco Urbano de Nunchia, se toma K0 el rio pauto y se
avanza hasta la quebrada la sarama, hasta el sitio donde termina el vía de acceso e
ingresa al casco urbano de nunchia como por una circunvalar y sale a la vía a la
Yopalosa.
En época de pleno invierno, el nivel del agua sobrepasa el cauce o rivera aguas
arriba parte derecha (aprox. 300 m) y esto se debe a que el área hidráulica se ha
reducido o perdido por la cantidad de árboles, troncos, ramas y el arrastre de
material vegetal que se ha acumulado aguas arriba y aguas abajo del paso el cual
tapona y represa el curso normal del agua, aumentando el nivel, la cual busca la
parte más baja del terreno donde se desborda pero allí se construyó una
alcantarilla la cual no es una obra capacitada o construida técnicamente y puede
fallar presentándose el desbordamiento dejando incomunicado el paso durante
toda la época del año.
32 Anotación 2 expediente digital Samai. Documento con certificado C9346CD31D916C9C
763AB04388DD939A 5471E91AA6114BAD ADCA50E430F6B569
27
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
(…) La vía en su totalidad tiene su trazado, en un porcentaje en trocha en camino de
herradura en de piedemonte en la cordillera oriental y se encuentra construida en
un gran porcentaje con maquinaria con cortes curvas verticales y horizontales y
ampliaciones en las curvas; en su totalidad la delimita cerca en alambre de púas
por sus costados. Existen broches en alambre y madera como seguridad en pasos de
ganado entre las fincas. No requiere permisos de servidumbre.
5. ANEXO FOTOGRAFICO
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km 0+000 Coordenadas 5°49’44.67954N-72°9’53.94863”W
Fin del casco Urbano salida de casco urbano de Tamara, lado izquierdo existen
viviendas y al lado
derecho el talud se encuentra potreros con pendientes pronunciadas. (…)
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km 2+500 Coordenadas 5°48’3.03372N-72°10’3.32965”W -
5°47’50.09608N-72°10’36.09743”W
Se evidencia cultivos de plátano y de café.
En las imágenes se observan cultivos de café, banano, plátano, cítricos en grandes
extensiones al igual que fincas con crías de ganado extensivo doble propósito. las
condiciones del carreteable con placas huellas en los tramos críticos y material granular
como capa de rodadura siendo estos tramos seguros de transitabilidad de carga y
personal.
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km 7+400 Coordenadas 5°47’21.6366N-72°11’16.3666”W
Escuela la victoria, se evidencia que la vía secundaria en afirmado se encuentra
transitable (…)
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara
Km 8+800 Coordenadas 5°46’53.30226N-72°11’45.5932”W
Parte de la vía cerca a la Casa del sr Hugo González presenta condiciones del estado
de la vía
secundaria en afirmado en buenas condiciones de transpirabilidad.
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km 9+300 Coordenadas 5.77718637N-72.19998603W
casa de polo existe un (y) que parte para la via aposentos y otra vereda , en este sector
ya las condiciones del terreno cambian de aqui en adelante el carreteable es material
natural, no hay material de recebo. (…)
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km 9+500 Coordenadas 5.77298508N-72.20258455W
Las condiciones de transitibilidad segura disminuye, no es muy transitable el ancho se
reduce a 4,50m se presenta rocas en la capa de rodadura. (…)
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km 13+500 Coordenadas 5.76334127N 72.20086566W
Punto para la Proyección de la Construcción de un Box Culvert doble 2,50 mx 2,50 con
condiciones de estabilidad optimas, quebrada la Volcana 13+500 antes esta la casa de
doña marina punto clave donde se debe proyectar un puente vereda aposentos.(…)
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km 10+500 Coordenadas 5.76691914N – 72.2010247W
hasta este punto existen condiciones de la vía con un ancho aproximado de 5 mts se
presenta bastante vegetación por ambos costados talud izquierdo, talud de la vía talud
superior costado derecho es el talud inferior de la banca de la vía se encuentra terreno
natural con sobre tamaños en la capa de rodadura, aunque el terreno es firme las
condiciones de acceso cambian para el ingreso de un vehículo y se hace muy difícil el
acceso se evidencia que pudo haber trabajo de un bulldozer, para la apertura pero se
evidencia bastante restricción. (…)
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
28
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
Municipio: Tamara Km 13+500 Coordenadas 5.76333861N- 72.200866691W
5.76810230 N- 72.20283584 W
Punto para la Proyección de la Construcción de un Box Culvert doble 2,50 mx 2,50 con
condiciones de estabilidad optimas, quebrada la Volcana 13+500 antes esta la casa de
doña marina punto clave donde se debe proyectar un puente vereda aposentos.
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km Coordenadas 5.75984927N -72.19835037W - 5.76188003N-
72.19964671W
Vereda san pedro como se evidencia el ancho de la trocha no supera 2,50 m a 3,0
donde el ingreso vehicular es nulo, siendo inasequible para motos en adelante, solo
transporte de tracción animal con presencia de vegetación y condiciones inundables
con nacimientos de aguas.
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Municipio: Tamara Km Coordenadas 5.76147496N-72.19919504W - 5.75874797N-
72.19643304W
Vía san pedro quebrada el santuario drenaje natural caño (drenaje) 2 se debe proyectar
la construcción de un Pontón de unos 10 a 12 mts aproximadamente y hacer cortes
verticales para la ampliación de curvas horizontales.
29
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
Sector: Tramo de vía Tamara- Cruz Verde - Rio Pauto
Terreno inestable con nacimientos de aguas, vegetación espesa con árboles de gran
tamaño y cruces de drenaje naturales.
(…) Punteadero del rio pauto donde se cuenta con los estribos y muertos de anclajes
como parte de la estructura, entre estribo y estribo existe una luz 75m información dada
por la comunidad; del lecho del rio se encuentra a 35 m. todo este terreno su formación
es arcillosa y se encuentra saturado debido a los a los nacederos, vertientes de agua
en la zona y existen tramos que se deben hacer cortes para reducir las pendientes
debido a la formación geográfica del sitio. (…)
En las imágenes se observa el carreteble adecuado con bulldozer por la gobernación
de Casanare en años anteriores. Arboles de diámetros de más de 10 Cms, en los
taludes superiores de la banca de la vía, erosiones producidas por los cortes de
secciones transversales.
Imágenes del carreteable empradizados con capa vegetal y arbustos nativos de
diámetros y alturas considerables, estabilidad de los suelos limo arcillosos (…)
En el paso de una cárcava natural de más de 3,5m se observa en el área hidráulica
arrastre de material metamórfico y sedimentario de grandes tamaños al igual la erosión
en la franja del cruce de la vía.
Durante el recorrido se evidencia el tipo de terreno limo arcilloso, con trazas de arena
de fácil remoción, por la falta de transitabilidad se encuentra empradizadas por los
lugareños para los criaderos de ganado doble propósito, y de cultivos de pan coger. (…)
30
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
La alcantarilla sobre el caño la Sarama colapso debido al sistema constructivo de la
instalación de los tubos y de los volúmenes de agua de escorrentía en época de
máximas precipitaciones y por las condiciones de cambios de nivel. La topografía es
variable de quebrada a ondulada donde se encuentran restricciones de cercas de
potreros de ganado existentes por los lugareños (…)
Existen tramos donde el ancho del camino en trocha de mula es necesario
desmontar por las condiciones de inestabilidad del terreno.
En las imágenes correspondientes al tramo de la vereda altos de Tamuria alta se
realizó recorrido en lomo de mula debido a las distancias entre el rio pauto y
Nunchia, se observan zonas naturales con empradización de pastos
silvopastoriles para ganado vacuno y caballar, algunas erosiones o escarpes por
los cambios climáticos de piedemonte llanero cordillera oriental. […]33 (Negrilla
fuera del texto).
81.En consideración al referido acervo probatorio, la Sala concluye que la vía
denominada LA MARGINAL (YOPALOSA) - NUNCHIA - TAMARA con código
65CA05, es una vía de segundo orden y, por lo tanto, su mantenimiento y
mejoramiento compete al departamento de Casanare.
82. Este corredor vial no está totalmente comunicado y carece de obras importantes
como lo son el puente vehicular sobre el rio Pauto, en donde actualmente se ubican
los cimientos de la subestructura. Igualmente, es necesario construir un tramo de
vía aproximadamente de 5-6 kilómetros.
83. En general, los 9,3 kilómetros iniciales tienen una geometría con un ancho
aproximado de 3,5 a 4 metros. Allí las pendientes longitudinales varían del 5 al 13%
debido a que es un terreno montañoso pero estable. La vía en este tramo carece de
diseño geométrico, pero los drenajes laterales son suficientes.
84. A partir del k9+300 hasta el rio pauto el camino no permite el acceso de ningún
tipo de vehículos. Ese sector, para el año 2016, se encontraba en muy mal estado
y con desprendimiento de material perdida de bancada, socavones,
desprendimiento de material, aislamiento de vía, taponamiento y, en su mayor parte,
era transitable a caballo o a pie.
85. En el plenario también se demostró que la Gobernación de Casanare celebró el
contrato de consultoría Número 2101-2016 con el objeto de elaborar "ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE LA VIA ENTRE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA
Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMARA DEPARTAMENTO DE
CASANARE”.
33 Ibidem.
31
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
86. Como producto de ese contrato el departamento cuenta con un diseño de
28,774 kilómetros de vía secundaria junto con sus obras anexas. Ahora bien, para
materializar esa iniciativa, desde el año 2019 la administración departamental
estructuró el proyecto con código BPIN2019000070016, el cual se encuentra en
etapa de correcciones.
87. Finalmente, la Gobernación demostró que realizó labores de mantenimiento
durante las vigencias 2020 y 2021. Además, a 2021 el sector crítico de la vía eran
los últimos 4,5 kilómetros del primer tramo, y gran parte del segundo tramo, pues
en ese lugar el transporte se debe hacer en caballo o a pie debido a las condiciones
de humedad, estabilidad y deterioro de la capa de rodadura.
V.2.3. La presunta responsabilidad del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo en el caso concreto
88. En el asunto sub examine, el Tribunal de la primera instancia concluyó que la
pavimentación del circuito vial que conecta Nunchía, Támara y el paso La Vega del
departamento de Casanare, compete al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
teniendo en cuenta que tales obras fomentaran el desarrollo turístico de la región,
de conformidad con lo previsto en la Ley 1916 de 2018.
89. Ante dicha premisa, cabe recordar que el artículo 4° de la Ley 790 de 2002 creó
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como la entidad encargada de
formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo
económico y social del país, relacionadas con la competitividad, integración y
desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana
empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la
inversión extranjera, el comercio interno y el turismo.
90. Concretamente, el artículo 2° del Decreto 210 de 2003 enlistó 39 funciones
ministeriales, sin que las mismas estén relacionadas directamente con el sector
transporte o con el mejoramiento de la malla vial del país34.
34 ARTÍCULO 2o. FUNCIONES GENERALES. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tendrá las
siguientes funciones generales:
1. Participar en la formulación de la política, los planes y programas de desarrollo económico y social.
2. Formular la política en materia de desarrollo económico y social del país relacionada con la competitividad,
integración y desarrollo de los sectores productivos de bienes, servicios entre ellos el turismo y tecnología para
la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio interno y el comercio exterior.
3. Formular la política y liderar el movimiento por el aumento de la productividad y mejora de la competitividad
de las empresas colombianas.
4. Formular las políticas para la regulación del mercado, la normalización, evaluación de la conformidad, calidad,
promoción de la competencia, protección del consumidor y propiedad industrial.
5. Formular y ejecutar la política turística, así como los planes y programas que la conformen, con el fin de
fortalecer la competitividad y sostenibilidad de los productos y destinos turísticos colombianos.
6. Colaborar con los ministerios y demás entidades competentes en la formulación de las políticas económicas
que afectan la actividad empresarial y su inserción en el mercado internacional.
7. Definir la política en materia de promoción de la competencia, propiedad industrial, protección al consumidor,
estímulo al desarrollo empresarial, la iniciativa privada y la libre actividad económica, productividad y
competitividad y fomento a la actividad exportadora.
8. Dirigir, coordinar, formular y evaluar la política de desarrollo empresarial y de comercio exterior de bienes,
servicios y tecnología, para lo cual podrá convocar al Consejo Superior de Comercio Exterior cuando lo
considere pertinente.
32
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
9. Formular la política de incentivos a la inversión nacional y extranjera, en coordinación con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; coordinar las estrategias gubernamentales dirigidas a incrementar la competitividad
del país como receptor de inversión extranjera, y adelantar las negociaciones internacionales en materia de
inversión extranjera. La política general de inversión extranjera se formulará con base en las decisiones que
adopte el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES. 10. Formular la política de promoción de exportaciones teniendo en cuenta las recomendaciones que para el
efecto señalen el Consejo Superior de Comercio Exterior, la Junta Directiva del Banco de Comercio Exterior
S.A., Bancoldex y la Junta Asesora de Proexport. 11. Formular dentro del marco de su competencia las políticas relacionadas con la existencia y funcionamiento
de los sistemas especiales de importación y exportación de las zonas francas, las sociedades de
comercialización internacional, las zonas especiales económicas de exportación, así como los demás
instrumentos que promuevan el comercio exterior y velar por la adecuada aplicación de las normas que regulan
estas materias. 12. Dirigir, coordinar, formular y evaluar la política de desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, para
lo cual podrá convocar al Consejo Superior de Micro, Pequeña y Mediana Empresa cuando lo considere
pertinente. 13. Ejercer la coordinación para definir la posición del país en las diferentes negociaciones internacionales y
velar por el cabal cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mismas. 14. Determinar el alcance de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por Colombia, sin perjuicio de
las funciones asignadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. 15. Velar por la pertinencia, estabilidad y debida aplicación de los incentivos a la productividad y competitividad
y a las exportaciones, así como por la expedición de regulaciones y procedimientos dirigidos a fortalecer la
competitividad de la oferta exportable colombiana en el mercado externo. 16. Representar al país en los foros y organismos internacionales sobre política, normas y demás aspectos del
comercio internacional, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, y
servir de órgano nacional de enlace del Gobierno Nacional con las entidades internacionales responsables de
los temas de integración y comercio internacional. 17. Promover las relaciones comerciales del país en el exterior y presidir las delegaciones de Colombia en las
negociaciones internacionales de comercio que adelante el país. 18. Evaluar, formular y ejecutar la política del Gobierno Nacional en materia de prevención y corrección de las
prácticas desleales, restrictivas y lesivas del comercio exterior, que directa o indirectamente afecten la
producción nacional. 19. Formular con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
las políticas arancelaria, aduanera, de valoración, los nuevos regímenes aduaneros y los procedimientos de
importaciones y exportaciones y definir conjuntamente con dicha entidad los convenios aduaneros
internacionales de los que Colombia deba hacer parte. 20. Establecer los trámites, requisitos y registros ordinarios aplicables a las importaciones y exportaciones de
bienes, servicios y tecnología, y aquellos que con carácter excepcional y temporal se adopten para superar
coyunturas adversas al interés comercial del país. Todo requisito a la importación o exportación en tanto es una
regulación de comercio exterior, deberá establecerse mediante decreto suscrito por el Ministro de Comercio,
Industria y Turismo y el Ministro del ramo correspondiente. 21. Promover, coordinar y desarrollar con las entidades competentes, sistemas de información económica y
comercial nacional e internacional, para apoyar la gestión de los empresarios y el desarrollo del comercio
exterior. 22.
Actuar como Secretaría Técnica del Consejo Superior de Comercio Exterior y del Consejo Superior de Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, así como de los comités asesores, sectoriales y técnicos. 23. Preparar en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y someter a consideración del
Consejo Superior de Comercio Exterior y del Consejo Superior de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los
aspectos de desarrollo empresarial y de comercio exterior que deba contener el Plan Nacional de Desarrollo. 24. Efectuar la coordinación del Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo. 25. <Ver Notas de Vigencia> <Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto 4269 de 2005. El nuevo texto
es el siguiente:> Llevar el registro de producción nacional, de la declaración escrita sobre los contratos de
exportación de servicios, de contratos de importación de tecnología, de turismo y expedir las certificaciones
pertinentes. 26. Certificar la calidad de maquinaria pesada no producida en el país con destino a la industria básica, para
obtener la exclusión del Impuesto al Valor Agregado IVA. 27. Coordinar la ejecución de la política de comercio exterior con las distintas entidades de la administración
pública que tienen asignadas competencias en esta materia. 28. Formular y adoptar la política, los planes, programas y reglamentos de normalización. 29. Presentar al Congreso de la República los proyectos de ley relacionados con las materias de su
competencia. 30. Preparar o revisar los proyectos de decreto y expedir resoluciones, circulares y demás actos administrativos
de carácter general o particular necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 31. Preparar los anteproyectos de planes y programas de inversión y otros desembolsos públicos
correspondientes al Ministerio y sus entidades adscritas o vinculadas y los Planes de Desarrollo Administrativo
de los mismos. 32. Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades territoriales y prestarles asesoría,
cooperación y asistencia técnica en lo de su competencia. 33. Orientar, coordinar y controlar en la forma contemplada por la ley, a sus entidades adscritas y vinculadas.
33
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
91. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Casanare fundó el nexo causal de la
responsabilidad de esa cartera en el caso concreto, a partir de dos factores. De un
lado, hizo referencia a la declaratoria -efectuada por la Ley 1916 de 2018- de los
municipios de Nunchía y Támara como beneficiarios de los programas de desarrollo
del «Bicentenario». Y, de otra parte, aludió al hecho consistente en que el Ministerio
de Comercio, Industria y Comercio suscribió -el día 26 de junio del 2019- con el
Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con los
departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Santander, el Pacto
Territorial Bicentenario.
92. Con fundamento en ambos presupuestos, el Tribunal concluyó que al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo le asistía el deber de financiar las obras del litigio
por cuanto el mejoramiento de la malla vial era una medida tendiente a promover el
desarrollo turístico de Nunchía y Támara, de conformidad con lo regulado por la Ley
1916 de 2018.
93. Sin embargo, al revisar el objeto y los procedimientos previstos en la Ley 1916
la Sala encuentra que el juez de la primera instancia desconoció el alcance material
de dicha regulación frente al caso concreto. Para la Sala, el Tribunal olvidó que la
Ley 1916 de 2018 reguló la forma en que el Estado priorizaría la selección de los
proyectos de desarrollo del bicentenario de la independencia, con miras a garantizar
el derecho a la igualdad y la planificación responsable de las actividades más
urgentes, teniendo en cuenta la amplia gama de programas pasibles de ejecución y
las necesidades de los 59 municipios beneficiarios.
94. Nótese que el objeto de la Ley 1916 de 2018, según lo previsto en su artículo 1°,
es el de «vincular a la Nación en la celebración del bicentenario de la campaña
libertadora de 1819, a su vez, se rinde homenaje y declara patrimonio cultural de la
Nación a los municipios que hicieron parte de la ruta libertadora».
95. Para tal efecto, el legislador declaró que los municipios de Nunchía y Támara
eran 2 de los 59 municipios que hicieron parte de la ruta libertadora y que, por ello,
serían beneficiarios de los planes, programas y obras de desarrollo definidos en esa
ley debido a su valor patriótico y aporte histórico.
96. Esa norma también determinó las características de los planes y programas que
el Estado desarrollaría para celebrar el Bicentenario, frente a los cuales el Gobierno
Nacional tenía una autorización para incluir aquellas inversiones en las próximas
vigencias presupuestales.
34. Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las actividades y funciones en
el Sector Administrativo de Comercio, Industria y Turismo.
35. Llevar el Registro Nacional de Turismo en el cual deben inscribirse los prestadores de servicios turísticos.
36. Iniciar investigaciones de oficio contra los prestadores de servicios turísticos (…)
37. Llevar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información Turística.
38. Certificar sobre la prestación de servicios hoteleros (…)
39 Las demás que le determine la ley.
34
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Demandantes: Norberto Martínez
97. Concretamente, el artículo 4° precisó que las Secretarías de Planeación de los
departamentos consolidarían el fundamento técnico de esos planes y programas,
mientras que el artículo 8 enlistó el objeto de los mismos, en los siguientes términos:
[…] Artículo 8°. Planes y programas. El Gobierno nacional está autorizado
para incluir dentro de las próximas apropiaciones presupuestales los siguientes
planes y programas para la protección especial del paisaje, las fuentes de
agua, ríos, bosques y páramos, la flora y fauna silvestre, en todos los
municipios beneficiarios de la presente ley. Se establecerán en sus planes
de desarrollo una política pública ambiental para la gestión integral de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la política forestal.
a) Plan piloto de tecnología, ciencia e innovación. (…)
b) Plan piloto para la aplicación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones a la educación. (…)
c) Programa de infraestructura en educación. (…)
d) Programa de incentivos. El Gobierno nacional está autorizado para incluir
dentro de las próximas apropiaciones presupuestales recursos para crear
programas de incentivos para el desarrollo del sector agropecuario que incluya
vivienda digna para el campesino, facilidad de acceso a la educación superior
por parte de los bachilleres que residan y laboren en el campo, crédito de
fomento y promoción de la agroindustria. Los Ministerios de Agricultura y
Desarrollo Rural y Educación coordinarán este programa;
e) Programa de ampliación y mejoramiento de la estructura vial. El
Gobierno nacional está autorizado para incluir dentro de las próximas
apropiaciones presupuestales recursos para la construcción del ferrocarril
que intercomunique a los departamentos de la zona centro-oriental del
país. El Ministerio de Transporte coordinará este programa, para lo cual deberá
interactuar con la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) de
la zona central del país y el Ministerio de Minas y Energía;
f) Plan integral de mejoramiento social en los municipios descritos en el
artículo 2° de la presente ley. El Gobierno nacional está autorizado para
incluir dentro de las próximas apropiaciones presupuestales recursos para la
construcción de vivienda urbana y rural, sanea miento básico en lo urbano y
rural y mejoramiento de las condiciones de infraestructura y dotación biomédica
de las instituciones integrantes de la red de salud. Los Ministerios de Vivienda,
Ciudad y Territorio; Agricultura y Desarrollo Rural y Salud coordinarán este
programa.
La construcción de vivienda urbana y rural que se realice en este plan deberá
guardar relación con los lineamientos de la política pública de vivienda;
g) Programa de fortalecimiento turístico. El Gobierno nacional está
autorizado para incluir dentro de las próximas apropiaciones presupuestales
recursos para la promoción empresarial del sector y la pavimentación de los
anillos o circuitos turísticos de cada departamento. Los Ministerios de
Comercio Exterior, Industria y Turismo y Transporte coordinarán este
programa;
h) Programa de protección ambiental. (…)
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
i) Programa de capacitación y asistencia técnica y apoyo a la pequeña minería.
(…)
j) Plan de apoyo a docentes. (…)
k) Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Bien de Interés Cultural
(BIC) Capilla San Lázaro, Piedra de Bolívar, Loma de Los Ahorcados y su zona
de influencia, ubicado en la ciudad de Tunja;
l) Plan de producción de documentación histórica. (…)
m) Plan Conmemorativo. (…)
n) Plan de difusión conmemorativa. (…)
Parágrafo. Los planes y programas contenidos en los numerales del a) al k)
del artículo anterior deberán ser definidos en la reglamentación
correspondiente con base en propuestas que para el efecto elaborarán y
presentarán al Gobierno nacional las Secretarías de Planeación de cada
departamento donde están ubicados los municipios descritos en el
artículo 2° de la presente ley dentro de los tres meses siguientes a la
expedición de la presente ley. […]
98. También la Ley 1916 de 2018 creó una Comisión Especial encargada de apoyar
al Gobierno Nacional en el estudio y la ejecución de esos planes y programas, la
cual se conformó así:
[…] Artículo 9°. Comisión Especial Ruta Libertadora. Créase una Comisión
Especial encargada de apoyar al Gobierno nacional en el estudio y proceso de
ejecución de los planes y programas, proyectos y acciones para la
conmemoración del Bicentenario de la Campaña Libertadora que habrá de
celebrarse en el año 2019.
Esta Comisión, además de lo establecido en el inciso anterior, realizará un
acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para
el Fondo Cultural que se establece en el artículo 13 de la presente ley.
Artículo 10. Integración de la Comisión Especial Ruta Libertadora. La
Comisión estará integrada por:
a) El Presidente de la República o su delegado, quien la presidirá;
b) Los ministros de Cultura, Educación, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Defensa; o sus
delegados;
c) Un Senador y un Representante a la Cámara, designados por las mesas
directivas de cada corporación;
d) Los gobernadores de los seis departamentos o su delegado;
e) El Alcalde de Bogotá;
f) Y el Presidente de la Academia Colombiana de Historia. […]
99. Finalmente, en materia presupuestal, el artículo 13 de la Ley 1916 dispuso lo
siguiente:
[…] Artículo 13. Para efectos de la conmemoración del Bicentenario de la
Campaña Libertadora de 1819 en todo el territorio nacional y sin perjuicio
de las asignaciones que definan las entidades territoriales comprendidas
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
en esta Ley u otros sujetos de derecho público o privado, se crea un fondo
cuenta sin personería jurídica denominado Fondo del Bicentenario.
Este Fondo estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República - Vicepresidencia de la República y se integra con los siguientes
recursos:
1. Recursos que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos que se le asignen del Presupuesto de las entidades
territoriales.
3. Recursos que el Ministerio de Cultura designe para la finalidad
señalada.
4. Recursos que otras entidades nacionales destinen para la con-
memoración del Bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819 a través
de los convenios interadministrativos con el Ministerio de Cultura
mediante los cuales podrán transferirse los recursos indicados.
5. Aportes de Cooperación Internacional.
6. Donaciones, transferencias o aportes en dinero que reciba.
7. Los recursos derivados de las operaciones que se realicen con los
recursos del Fondo.
Para la vigencia de 2019 se harán las asignaciones presupuestales necesarias
para el funcionamiento del fondo cuenta sin menoscabo de las apropiaciones
existentes en entidades nacionales que se transfieran al mismo.
Parágrafo 1°. Como conmemoración del Bicentenario de la Independencia de
Colombia el Banco de la República emitirá, por una sola vez, monedas
conmemorativas de dichas efemérides.
Parágrafo 2°. Los recursos del fondo cuenta establecidos en este artículo
podrán manejarse en un patrimonio autónomo.
Parágrafo 3°. El fondo cuenta establecido en el presente artículo tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. […]
100. De la lectura de los anteriores preceptos normativos la Sala destaca que la Ley
1916 de 2018 ordenó la realización de planes y programas de desarrollo en el
interior de los 59 municipios que participaron en la campaña libertadora, como una
medida conmemorativa del bicentenario.
101. La ley 1916 también reguló cuáles eran los asuntos que las Secretarías de
Planeación de los departamentos podían fundamentar técnicamente, a efectos de
obtener recursos para la ejecución de planes y programas que fueran coherentes
con sus planes departamentales de Desarrollo.
102. En materia financiera, cabe destacar que la Ley 1916 de 2018 creó un fondo
cuenta sin personería jurídica denominado Fondo del Bicentenario cuya vigencia se
extendió hasta el 31 de diciembre de 2022.
103. Ahora bien, en el acervo también se acreditó que el 26 de junio del 2019, el
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare,
Cundinamarca y Santander, firmaron el Pacto Territorial Bicentenario.
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Demandantes: Norberto Martínez
104. Este acuerdo marco de voluntades35, en su parte considerativa, expresamente
mencionó que los signatarios serían quienes priorizarían las iniciativas beneficiarias
del pacto, tal y como se puede apreciar a continuación:
[…] Los programas y proyectos incluidos en el *Pacto Bicentenario" buscarán
estimular la competitividad y conectividad de la región, exaltar el patrimonio
histórico y cultural, fomentar el turismo y mejorar las condiciones sociales y
económicas con miras a la promoción de su desarrollo.
Los signatarios han priorizado los aspectos más relevantes a ser atendidos
a través del Pacto Bicentenario", articulando las políticas, planes y programas
orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos de impacto regional, a
través de la concurrencia de fuentes de financiación provenientes de entidades
públicas del orden nacional, territorial, del sector privado y/o de la cooperación
internacional, a fin de promover el desarrollo de los buscó la consolidación
de inversiones en corredores viales estratégicos y en la competitividad
turística de la región. […]
105. Aunado a ello, el mismo acuerdo destaca que ese proceso de articulación se
rige por las siguientes determinantes:
[…]Cláusula Primera. Objeto: Articular entre la Nación y los departamentos
afines a la conmemoración del Bicentenario,
las políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de
los proyectos, conforme a las necesidades de los territorios, con el fin de
promover la competitividad, el fortalecimiento institucional y desarrollo social y
económico de la región.
Cláusula Segunda, Ámbito de Aplicación: El Pacto Bicentenario se suscribe en
el marco del desarrollo de la conmemoración de la Campaña Libertadora de
1819 por la Nación y los departamentos detallados en la focalización territorial.
Cláusula Tercera. Focalización Territorial: El área geográfica de intervención
del Pacto Bicentenario comprende cinco (5) departamentos afines a la
conmemoración del Bicentenario, los cuales son: Arauca, Boyacá,
Casanare,
Cundinamarca y Santander.
Cláusula Cuarta. Duración. La duración del Pacto Bicentenario será de diez
(10) años contados a partir de su suscripción.
Parágrafo: El plazo de los contratos que se deriven del Pacto Bicentenario no
podrán superar el término de duración de este. […]
106. El pacto también reguló el proceso de priorización de inversiones de la siguiente
manera:
[…] Cláusula Séptima. Programas y Proyectos de inversión priorizados: La
relación indicativa de los programas y proyectos de inversión que se
gestionarán en el Pacto Bicentenario, de conformidad con el objeto del presente
35 Cuaderno 1 expediente judicial página 79 y siguientes.
También se encuentra publicado en la página web del DNP:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Pactos%20Territoriales/Minutas%20Pactos%20Territ
oriales/Minuta%20Pacto%20Bicentenario%20firmad1.pdf
38
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
acuerdo, se encuentran incorporados en el anexo denominado esquema
operativo de inversiones.
Con el propósito de gestionar los programas y proyectos incorporados en el
esquema operativo de inversiones el Consejo Directivo aprobará un Plan de
Acción anual, que podrá ser ajustado cuando las necesidades de este así lo
exijan, previa justificación técnica, jurídica y financiera.
Parágrafo; El esquema operativo de inversiones podrá identificar: i) los
programas y proyectos de inversión priorizados, il) fuente de financiación, ili)
cronograma para su ejecución.
Clausula octava: Fuentes indicativas de financiación:
Parágrafo: Otras Fuentes: Las partes que suscriben el presente Pacto
Bicentenario podrán gestionar recursos teniendo como posibles fuentes de
financiación: i) el Presupuesto General de la Nación, i) el Sistema General de
Participaciones, l) el Sistema General de Regalías, i) recursos propios de las
entidades territoriales, v) recursos del sector privado, vi) organizaciones
multilaterales, vi) recursos de cooperación internacional, entre otros.
Cláusula Novena. Consistencia Fiscal: Durante la ejecución del Pacto
Bicentenario, las partes observarán en la formulación de los planes de gasto
que se deriven de este, el principio de consistencia fiscal previsto en el artículo
9 de la Ley 1473 de 2011.
Cláusula Décima. Complementariedad. Además de las estrategias y acciones
contempladas en el presente Pacto Bicentenario, se podrán articular otros
programas, proyectos e iniciativas que se desarrollen en los departamentos
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Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
suscriptores, que quarden relación con el Pacto Bicentenario y que puedan
contribuir al cumplimiento del objeto de este acuerdo, tales como* i)
mejoramiento de capacidades institucionales, ii) Asociaciones Público-Privadas
apertura de nuevas fuentes de financiación y de cooperación internacional […]
107.Así las cosas, el mismo pacto determinó una ruta indicativa de proyectos, y
explicó que las fuentes de financiamiento serían diferentes para las actividades de
fortalecimiento de la competitividad turística y para la línea de fortalecimiento de la
conectividad vial.
108. En materia de compromisos, el pacto también diferenció las labores que
desarrollarían las partes, en el marco de sus competencias específicas, así:
[…] Cláusula Décima Primera. Compromisos. En virtud de la suscripción del
presente pacto, las partes se comprometen:
Compromisos comunes
1. Gestionar, en el marco de sus competencias, la formulación y
estructuración de los proyectos estratégicos priorizados por las partes, de
acuerdo con los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros que en cada
caso sean necesarios para su viabilidad.
2. Gestionar recursos para la financiación de los programas y proyectos, de
acuerdo con los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros que
corresponda, en el marco de sus competencias.
3. Gestionar las autorizaciones, permisos, licencias y trámites que sean
necesarios para Implementar el Pacto Bicentenario, en el marco de sus
competencias. (…)
Compromisos de las entidades territoriales
1. Formular y estructurar los proyectos de inversión en el marco de sus
competencias.
2. Articular las líneas temáticas del Pacto B centenario con los planes de
desarrollo departamentales y municipales a los que haya lugar.
3. Poner a disposición de los ejecutores de los proyectos, los bienes, aportes,
infraestructura o elementos que serán objeto de intervención, o mediante los
cuales se va a ejecutar uno o varios de los proyectos que se proponen en el
Pacto Bicentenario, los cuales deben encontrarse saneados de cualquier vicio
o libres de cualquier gravamen que dificulte la ejecución del Pacto Bicentenario.
4. Asumir, en virtud de sus competencias, los gastos relacionados con la
gestión de los compromisos que asuma en el Pacto Bicentenario y proveer los
recursos humanos y logísticos necesarios para la Implementación del Pacto
Bicentenario en el territorio,
5. Una vez se cuente con los estudios y proyectos avalados por los
respectivos sectores y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el
marco de gasto de mediano plazo, adelantar las gestiones para incorporar en
los presupuestos anuales, con o sin situación de fondos, las partidas
presupuestales concertadas para la ejecución de estos.
6. De ser necesario para la ejecución de los proyectos comprometer vigencias
futuras, adelantar el trámite que corresponda de conformidad con la normativa
vigente y aplicable.
7. Suscribir los convenios específicos con el Instituto Nacional de Vías,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo u otra entidad del nivel nacional,
que se deriven del Pacto Bicentenario cuando concurran en la financiación de
los proyectos que sean priorizados. (…)
Compromisos del Ministerio de Transporte y Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
40
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
1. Apoyar y prestar colaboración técnica, directamente o a través de sus
entidades adscritas o vinculadas, a las entidades del orden nacional y
territoriales que hacen parte del presente Pacto de conformidad con las
competencias de cada una de las partes.
2. Suscribir los convenios específicos con las entidades territoriales u otra
entidad del nivel nacional, que se deriven del Pacto Bicentenario cuando
concurran en la financiación de los proyectos de inversión que sean
priorizados.
3. Suscribir los contratos específicos y verificar el cumplimiento de las metas
fijadas en dichos contratos, así como el desarrollo de cada proyecto derivado
del Pacto Bicentenario y rendir el informe correspondiente al Comité técnico y
al Consejo Directivo del Pacto Bicentenario. […]
109. En este orden de ideas, en el plenario está demostrado que el pacto de 26 de
junio del 2019 diferenció claramente cuál sería el rol que desempañaría cada una
de las entidades adherentes en virtud de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias. También el acuerdo insiste en que las partes, de forma conjunta,
priorizaran los proyectos beneficiarios, como una acción de planeación que también
garantiza el principio de igualdad y la satisfacción de las necesidades más urgentes
en materia de conectividad vial y competitividad turística.
110. Cabe agregar que, como acertadamente lo señaló el apoderado del Ministerio
de Transporte en su recurso de apelación, lo cierto es que en la página web del
DNP obran los informes trimestrales sobre el avance en la materialización de ese
compromiso y de los informes de la vigencia 2022 se puede concluir que el proyecto
del debate judicial no ha sido priorizado, y que las partes ya están ejecutando la ruta
de acción que acordaron en conjunto.
111. Precisamente, la ficha trimestral de Pacto Funcional Casanare, con corte a 31
de marzo de 2022, explica que, para ese momento, 18 proyectos se encontraban
en fase de gestión y/o ejecución y, respecto del proyecto materia de controversia,
indica lo siguiente:
[…]
(…)
41
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
[…]36
112. Posteriormente, la ficha trimestral de Pacto Funcional Casanare, con corte a 30
de junio de 2022, únicamente detalla el estado de avance de los 8 proyectos
efectivamente priorizados, sin incluir la ficha BPIN 201900007001637.
113. Así las cosas, en el plenario no se demostró que el proyecto del litigio sea de
aquellos cobijados por la Ley 1916 de 2018, pues si bien es cierto que el
departamento de Casanare estructuró el proyecto con código BPIN
2019000070016, el mismo todavía no ha sido aprobado en el proceso de
priorización de recursos, debido a que los diseños propuestos no se encuentran
actualizados.
114. Por ello, mal haría la Sala si avalará la tesis del Tribunal a quo relacionada con
la responsabilidad del apelante en la materia, cuando el proyecto del debate judicial
ni siquiera ha superado la etapa de priorización. Además, los recursos previstos
para esa conmemoración histórica hacen parte de un fondo cuya vigencia se
extendió hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que las órdenes judiciales podrían
llegar a afectar el desarrollo de los demás programas que si fueron seleccionados y
que actualmente se encuentran en estado de ejecución.
115. Sin lugar a dudas, en virtud de los principios de legalidad e igualdad, el juez
popular en este caso no debe impartir una orden que desconozca el ámbito
funcional y de competencias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o los
procedimientos que fijó la Ley 1916 para definir la forma en que se ejecutarían los
recursos destinados para conmemorar el Bicentenario.
116. De manera que será el departamento de Casanare el responsable de solventar
la problemática transgresora de los derechos colectivos, motivo por el que este ente
territorial deberá agotar todas las estrategias que contempla el ordenamiento
jurídico para la consecución de los recursos necesarios para acatar las órdenes de
amparo, previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios previstos
para tal efecto, incluyendo la corrección del proyecto que presentó en virtud de lo
previsto en el Pacto Bicentenario.
V.2.4. La presunta responsabilidad del Ministerio de Transporte en el caso
concreto
117. Para efectos de emitir pronunciamiento respecto de los argumentos contenidos
en el escrito de apelación presentado por el Ministerio de Transporte, es pertinente
recordar que los departamentos son responsables de garantizar que la red
36 Ver en:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Pactos%20Territoriales/Fichas%20Trimes
trales%202022/Fichas%20Trimestrales%20a%2031-03-2022/-F-CA-08%20-%20Ficha%20trimestral%20
Casanare %20corte%20marzo%202022.pdf
37 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Pactos%20Territoriales/Fichas%20Trimestrales
%202022/Fichas%20Trimestrales%20a%2030-06-2022/-F-CA-08%20-%20Ficha%20trimestral%20Casanare
%20corte%20junio%202022.pdf
42
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
secundaria de la infraestructura del transporte cumpla con los principios de calidad
y eficiencia que caracterizan a ese sector, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 105 de 1993 y 1682 de 2013.
118. Tal tesis reproduce el contenido del artículo 11 de la Ley 10538, norma según la
cual «b. El perímetro del transporte Departamental comprende el territorio del
Departamento. El servicio departamental está constituido consecuentemente por el
conjunto de rutas cuyo origen y destino estén contenidos dentro del perímetro
Departamental». [Resalta la Sala].
119. También se soporta en el artículo 16 de la misma regulación, en tanto esa norma
indica que: «hacen parte de la infraestructura Departamental de Transporte, las vías
que hoy son de propiedad de los Departamentos».
120. Además, se apalanca en el artículo 1° de la Ley 1228 de 16 de julio de 200839,
norma que establece que: «las vías que conforman el Sistema Nacional de
Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden,
intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas
categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los
departamentos, los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte
será la autoridad que mediante criterios técnicos, determine a qué categoría
pertenecen».
121. Este criterio ha sido reiterado pacíficamente por la Sección Primera del Consejo
de Estado en las sentencias de 17 de noviembre de 200540, de 31 de agosto de
201641, de 9 de mayo de 201942, de 11 de julio de 201943 y de 21 de enero de
202144, a efectos de determinar la legitimación en la causa por pasiva de los sujetos
procesales.
38 De igual forma, el artículo 14 dispuso que El Ministerio de Transporte, de acuerdo con los Departamentos,
establecería el cronograma y las condiciones técnicas y presupuestales para la entrega de las vías veredales
que se encontraban dentro del inventario vial del Fondo Nacional de Caminos Vecinales y para la liquidación
de las oficinas regionales que finalicen sus funciones, de acuerdo con el artículo 124 del Decreto 2171 de 1992.
39 “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras
disposiciones”.
40 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de noviembre
de 2005, Exp. No. 54001-23-31-000-2003-00873-01(AP), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
41 H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto
de 2016, Exp. No. 52001-23-31-000-2012-00127-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
42 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO
VALDÉS, Radicación número: 85001-23-33-000-2018-00117-01(AP)A, ACTOR: LUIS ALEJANDRO LÓPEZ,
CÉSAR AUGUSTO ORTÍZ ZORRO, MIGUEL HUMBERTO OCHOA FERNÁNDEZ, EDUARDO FERNÁNDEZ
MÉNDEZ Y JHON FELIPE PAN VELANDIA
43 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO
VALDÉS, Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00068-01(AP), Actor: DEFENSORÍA PÚBLICA DEL
PUEBLO – REGIONAL QUINDÍO
44 CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN,
Radicación número: 85001-23-33-000-2018-00145-01(AP)Actor: CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA
Y JOSÉ ISMAEL CÓRDOBA ROMERODemandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS
43
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
122. Sin embargo, es necesario mencionar que las providencias de 9 de mayo de
2019, de 11 de julio de 2019 y de 21 de enero de 2021, precisaron que, cuando los
entes departamentales no cuentan recursos suficientes para financiar estas obras,
el Ministerio de Transporte debe ejercer sus competencias subsidiarias y
complementarias en materia de asesoría técnica, así como brindar
acompañamiento en la consecución de los recursos.
123. Esta atribución no solo desarrolla el contenido del artículo 233 de la Constitución
Política, sino que responde a los deberes de esa cartera ministerial como rectora de
la política pública del sector transporte, y asesora de las entidades territoriales en el
cumplimiento de sus deberes.
124. En efecto, el Ministerio de Transporte, al tenor de lo reglado en el Decreto No.
087 de 17 de enero de 201145, tiene a su cargo -según sus artículos 1º y 2º-, las
siguientes obligaciones:
[…] CAPÍTULO I.
OBJETIVO, FUNCIONES E INTEGRACIÓN DEL SECTOR TRANSPORTE.
ARTÍCULO 1o. OBJETIVO. El Ministerio de Transporte tiene como objetivo
primordial la formulación y adopción de las políticas, planes, programas,
proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e
infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y
aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos
carretero, marítimo, fluvial y férreo.
ARTÍCULO 2o. FUNCIONES. Corresponde al Ministerio de Transporte cumplir,
además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998,
las siguientes:
2.1. Participar en la formulación de la política, planes y programas de
desarrollo económico y social del país. (…)
2.7. Fijar y adoptar la política, planes y programas en materia de seguridad
en los diferentes modos de transporte y de construcción y conservación
de su infraestructura.
2.8. Establecer las políticas para el desarrollo de la infraestructura
mediante sistemas como concesiones u otras modalidades de
participación de capital privado o mixto.
2.9. Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales en
los planes y programas que requieran asistencia técnica en el área de la
construcción de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir
a la creación y mantenimiento de condiciones que propicien el bienestar
y desarrollo comunitario. (…)
2.11. Elaborar los planes modales de transporte y su infraestructura con el
apoyo de las entidades ejecutoras, las entidades territoriales y la Dirección
General Marítima, DIMAR.
45 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus
dependencias”.
44
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
2.12. Coordinar, promover, vigilar y evaluar las políticas del Gobierno
Nacional en materia de tránsito, transporte e infraestructura de los modos
de su competencia.
2.13. Diseñar, coordinar y participar en programas de investigación y
desarrollo científico, tecnológico y administrativo en las áreas de su
competencia. (…)
2.15. Orientar y coordinar conforme a lo establecido en el presente
decreto y en las disposiciones vigentes, a las entidades adscritas y
ejercer el control de tutela sobre las mismas. […]”. (Negrillas y subrayas por
fuera del texto)
125. De otra parte, el artículo 20 de la Ley 105 dispone que el Ministerio de
Transporte, las entidades del orden nacional (con responsabilidad en la
infraestructura de transporte) y las entidades territoriales, deben planear su
respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su
conservación y construcción. Todo lo anterior, en los siguientes términos:
[…] Artículo 19º.- Construcción y conservación. Corresponde a la Nación
y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos
y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos
establecidos en la presente Ley.
Artículo 20º.- Planeación e identificación de propiedades de la
infraestructura de transporte. Corresponde al Ministerio de Transporte, a
las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la
infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación
de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las
prioridades para su conservación y construcción. Para estos efectos, la
Nación y las Entidades Territoriales harán las apropiaciones
presupuestales con recursos propios y con aquellos que determine esta
Ley […]. (Negrillas y subrayas de la Sala)
126. En el marco de tales competencias, esta corporación judicial explicó en la
sentencia de 11 de julio de 201946, lo siguiente:
[…] la Sala estima que no es posible dejar a un lado las carreteras
secundarias (como la aquí tratada); cuando se sabe que el llamado a
responder en primera medida (el Departamento) no cuenta con la forma
ni los recursos para hacerlo, además de la imperiosa asesoría y ayuda
que requiere para tal efecto. Asesoría y apoyo que, en criterio de la Sala, por
la circunstancia anunciada (de no poder el Departamento responder por la
recuperación de la vía), debe ir más allá de la simple retórica de
acompañamiento; para materializar en su lugar, el mandato constitucional ya
mencionado de coordinación y especialmente de subsidiariedad. Principio éste
último que implica entrar a realizar, en subsidio de aquel que no lo puede hacer,
aquellas tareas que le compete al ente territorial.
Corolario de lo anterior, es preciso instar a la autoridad del orden central, esto
es, al Ministerio de Transporte, para que auxilie y asista a las autoridades
territoriales en el proceso de obtención de recursos (conforme lo expresó
en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación); por cuanto
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de
2019. Rad: 63001-23-33-000-2018-00068-01(AP)
45
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
dicho ente adujo que el Gobierno cuenta con programas y fuentes de
financiación, para apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura vial del
orden departamental y municipal, como lo es el Sistema de Regalías (SGR),
la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) y el Grupo de Apoyo a
las Regiones (GAR); al tenor de lo normado en los artículos 19 y 20 de la
Ley 105 del 30 de diciembre de 199347. Todo ello, de conformidad con las
amplias potestades legítimas que recaen sobre el Juez popular en
Colombia. […]
127. Visto lo anterior, a juicio de la Sala, en el caso que nos ocupa efectivamente se
configuró una transgresión de los derechos e intereses colectivos a la seguridad
pública y prevención de desastres previsibles técnicamente, al goce del espacio
público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del
patrimonio público y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, atribuible principalmente al departamento de Casanare, de
conformidad con el material probatorio recapitulado en el acápite V.2.2. de este
proveído.
128. Sin embargo, ello no es óbice para que el departamento de Casanare y el
Ministerio de Transporte, como medida de protección de los derechos colectivos
antes citados, instalen una mesa de trabajo, en la que el ministerio asesorara
técnicamente al departamento y prestara su acompañamiento continuo hasta que
dicha entidad territorial cumpla con las instrucciones de amparo impartidas en esta
providencia, todo ello en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.
129. En el contexto de lo anterior, es necesario modificar la parte resolutiva de la
sentencia de 7 de julio de 2022 para que las órdenes de amparo se adecuen al
margen de competencias de las entidades condenadas, y respeten el criterio de
proporcionalidad a que alude el acápite V.2.1. de este proveído48.
130. Nótese que el departamento de Casanare cuenta con la posibilidad de sufragar
las obras a través de diferentes mecanismos de financiación, adicionalmente, la Ley
80 prevé una serie de fases y requisitos que deberán acatar las entidades condenadas
en materia de contratación.
131. Por ello, es necesario detallar las etapas que guiaran el restablecimiento
progresivo de los derechos colectivos previstos en los literales d), f) y l) del artículo
4° de la Ley 472, reconociendo un margen de maniobra proporcional a la
administración que le permita cumplir con las órdenes, «tan pronto como las
posibilidades presupuestales lo permitan, es decir, en cuanto haya de establecerse
un nuevo orden de prioridades para la ejecución del gasto, en Ia vigencia fiscal que
47 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos
entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.
48 Ello teniendo en cuenta que el proyecto vial del litigio no ha sido priorizado en el contexto de la Ley 1916 de
2018, y que el departamento cuenta con otros mecanismos para financiar esas obras como lo son los recursos
propios, el Sistema de Regalías (SGR), la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) y el Grupo de Apoyo
a las Regiones (GAR); al tenor de lo normado en los artículos 19 y 20 de la Ley 105 del 30 de diciembre de
1993.
46
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
corresponda», y en todo caso cumpliendo con los procedimientos y normas
aplicables en materia de planeación y contratación.
132. De otro lado, la Sala modificará el ordinal sexto de la sentencia impugnada en
el sentido de integrar el comité para la verificación de su cumplimiento conforme a
los lineamientos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
133. Además, de conformidad con el deber previsto en el artículo 60 de la Ley 2195
de 2022 que adicionó el artículo 34A a la Ley 472 de 1998, la Sala advierte que en
el plenario no están acreditados los supuestos fácticos y legales exigibles a efectos
de sancionar los eventos de corrupción que afecten el patrimonio público, razón por
la cual tampoco se impondrá una sanción pecuniaria por tal concepto.
134. Finalmente, según lo previsto en los artículos 3849 de la Ley 472 de 1998 y
36550del Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión No. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019, a través del
cual se unificó la jurisprudencia de la Corporación respecto de la condena en costas
procesales en acciones populares, no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en esta providencia, los
ordinales primero al cuarto de la sentencia de 7 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, los cuales quedaran así:
[…] PRIMERO Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Amparar los derechos colectivos a la seguridad pública, a la
prevención de desastres previsibles técnicamente, al goce del espacio público,
a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del
patrimonio público y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
49 “Artículo 38.- Costas.
50 Código General del Proceso: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe. […].
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. […]”.
47
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
TERCERO: En consecuencia, imponer las siguientes medidas de amparo
definitivas:
MEDIDAS DEFINITIVAS PLAZO RESPONSABLES
FASE DE DIAGNÓSTICO
Elaborar una ruta de intervención vial a Tres (3) meses a Departamento
partir de la revisión de los informes partir de la ejecutoria de Casanare.
obrantes en el plenario, de los estudios de la sentencia
técnicos desarrollados en virtud del
Contrato de Consultoría No. 2101 de 2016,
y de las observaciones realizadas a los
resultados de esa consultoría.
En esta etapa el departamento definirá si
subdivide la obra para su construcción por
etapas o si intervendrá todo el tramo vial
en una sola intervención.
Además, evaluará las necesidades,
condiciones y demás criterios necesarios
para viabilizar el proyecto.
FASE FORMULACIÓN DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE
FINANCIACIÓN
El departamento deberá formular y Ocho (8) meses Departamento
estructurar el proyecto de inversión para la contados a partir del de Casanare en
construcción y terminación de la vía que anterior plazo coordinación
conecta el municipio de Nunchía con el con el
municipio de Támara y de las obras Ministerio de
conexas a la misma. Transporte.
Para tal efecto, el ente territorial podrá
subdividir el tramo vial para efectuar
intervenciones progresivas; o ejecutar un
proyecto integral que cobije un solo
contrato.
En esta etapa, el Ministerio de Transporte
prestará su apoyo y asistencia técnica
para que el proyecto sea viable técnica y
presupuestalmente.
El Ministerio asesorara al departamento en
la consecución de los recursos, a través de
distintos mecanismos de financiación. Una
vez identifiquen las posibles fuentes de
financiación, el departamento de
Casanare deberá cumplir con todos los
requerimientos exigidos para acceder a las
mismas.
FASE DE PLANEACION, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN
Cumplida la etapa anterior, se adelantarán Si el departamento Departamento
los trámites de contratación y ejecución, decide ejecutar el de Casanare,
con miras a materializar la construcción de proyecto por fases en coordinación
las obras del debate judicial deberá presentar del Ministerio
ante el Tribunal a quo de Transporte.
un cronograma de
actividades. Los
términos de ese
cronograma serán
objeto de
seguimiento en el
48
Radicación: 85001-2333-000-2019-00084-01
Demandantes: Norberto Martínez
cumplimiento de esta
sentencia.
Sin embargo, el plazo
global de
cumplimiento de la
orden no podrá ser
mayor a tres (3) años.
CUARTO: ORDENAR la conformación de una mesa de trabajo integrada por
la Gobernación del Departamento de Casanare y el Ministerio de Transporte,
en la que el ministerio prestará asesoría técnica al departamento y brindará un
acompañamiento continuo administrativo, técnico y presupuestal, en el marco
de sus competencias legales y reglamentarias, hasta que dicha entidad
territorial cumpla con las instrucciones de amparo impartidas en esta
providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en esta providencia, el ordinal
sexto de la sentencia de 7 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Casanare, el cual quedará así:
[…]. QUINTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de
esta providencia, el cual estará integrado por la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de Casanare a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá,
por la parte demandante, por los coadyuvantes y por los delegados del
Departamento de Casanare, del Ministerio de Transporte y del Ministerio Público
(Defensoría del Pueblo y/o Procuraduría General de la Nación), quienes de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, deberán
hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión y rendir informes
trimestrales sobre las decisiones y acciones que se adopten y ejecuten para el
cabal cumplimiento de la sentencia. […].
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este
proveído.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P:(22)
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