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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-00557-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2022-00557-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales 2.°) y 3.°) de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedaran así: “[…] 2.°) Declarar que existió vulneración de los derechos colectivos establecidos en los literales d) y m) del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998, por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura; y respecto de su protección, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3.°) Declarar que no existió vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. 62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. radicación núm. 68001-23-31-000-2012- 00569-01. C.P. Oswaldo Giraldo López. 63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. radicación núm. 05-001-23-33-000-2014- 01831-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. 64 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 65 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. 42 Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01 Demandante: Personería municipal de Chía QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2022-00557-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA
Demandados: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 13 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Personería municipal de Chía en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el Ministerio de
Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la sociedad Accesos
Norte de Bogotá S.A.S. - ACCENORTE S.A.S., con el propósito de obtener la
protección de los derechos colectivos establecidos en los literales d), j) y m) del
artículo 4.°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primera.- Que se declare que la Agencia Nacional de Infraestructura, el
Ministerio de Transporte y la sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S., al no
establecer una tarifa diferencial para los habitantes y transportadores del Municipio
de Chía frente al “Peaje de los Andes” y “Peaje de Torca y Fusca”, están vulnerando
los derechos colectivos (i) al goce y uso adecuado del espacio público, (ii) a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.

2

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Demandante: Personería municipal de Chía

disposiciones jurídicas y, (iii) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna.

Segunda.- Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Agencia Nacional
de Infraestructura, al Ministerio de Transporte y a la sociedad Accesos Norte de
Bogotá S.A.S., adoptar las medidas necesarias para que sean protegidos los
derechos colectivos violados con la falta de implementación de una tarifa diferencial
para los habitantes y transportadores del Municipio de Chía frente al “Peaje de Andes”
y “Peaje de Torca y Fusca”, las cuales incluyen, entre otras, pero sin limitarse, la
fijación e implementación de la misma.

Tercera.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la Agencia Nacional de
Infraestructura, el Ministerio de Transporte, y la sociedad Accesos Norte de Bogotá
S.A.S. […]”3.

3. La parte actora señaló que el numeral 4.2. del contrato de concesión núm. 001
de 10 de enero de 2017, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y
ACCENORTE S.A.S. bajo el esquema de Asociación Publico Privada - APP, definió
la estructura tarifaria aplicable a los peajes Andes y Fusca para el año 2016, sin
contemplar tarifas diferenciales en favor de los residentes y transportadores del
municipio de Chía.

4. Advirtió que ACCENORTE S.A.S. publicó en su página web las tarifas
correspondientes a los peajes del proyecto para el periodo comprendido entre el 16
de enero de 2022 y el 15 de enero de 2023. Dicha sociedad informó a la demandante
el 6 de julio de 2020 que el valor tarifario se soportaba en las Resoluciones 937 de
12 de abril de 19944, 5640 de 4 de septiembre de 19965 y 3084 de 25 de octubre de
20006.

5. Puso de presente que el 13 de julio de 2020, la ANI manifestó que, según los
resultados de los estudios de tránsito, era procedente implementar una tarifa
diferencial a los residentes de las veredas de Fusca y Torca del municipio de Chía.

6. Adujo que el 4 y el 24 de agosto de 2020, la personería municipal solicitó al
Ministerio de Transporte y a ACCENORTE S.A.S. la exoneración o, en su defecto,
la aplicación de una tarifa diferencial en los peajes Andes, Fusca y Unisabana.

7. Manifestó que, mediante comunicación ACNB-8832-20 de 31 de agosto de 2020,
la concesionaria remitió dicha solicitud al Ministerio de Transporte por considerarlo
la autoridad competente. No obstante, el referido ministerio informó a la personería
el 1 de diciembre de 2020 que la petición había sido trasladada a la ANI por tratarse
de un asunto de su competencia.

3
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia.
4
“[…] Por la cual se fijan tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión de los sectores de carretera: Santafé
de Bogotá (Calle 236) - La Caro - Briceño, de la ruta 55 y Santafé de Bogotá (Calle 236) - La Caro - Cajicá - Zipaquirá de la
ruta 45A: en el Departamento de Cundinamarca […]”.
5
“[…] Por la cual se adiciona la resolución 000937 del 12 de abril de 1994, mediante la cual se fijan las tarifas de peaje y
procedimientos de ajustes para la concesión “Desarrollo Vial del Norte de Bogotá […]”.
6
“[…] Por la cual se autoriza un sitio de cobro de peaje en el proyecto de concesión denominado Desarrollo Vial para el Norte
de Bogotá […]”.

3

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Demandante: Personería municipal de Chía

8. Añadió que, tras una nueva reiteración presentada el 30 de abril de 2021, la ANI
respondió mediante oficio de 1°. de junio de 2021 que los peajes que hacen parte
del contrato de concesión no contemplaban tarifas diferenciales. En consecuencia,
el 2 de noviembre de 2021, la parte demandante solicitó a la concesionaria y al
Ministerio de Transporte la adopción de medidas encaminadas a la protección de
los derechos e intereses colectivos presuntamente vulnerados.

9.Expresó que el 1.º de diciembre de 2021 la ANI señaló que la tarifa diferencial
sería aplicada una vez entrara en operación el Proyecto Accesos Norte Fase II. Por
su parte, el Ministerio de Transporte precisó mediante oficio de 15 de diciembre de
2021 que correspondía a la ANI solicitar el concepto vinculante necesario para
evaluar la procedencia de la tarifa diferencial.

10. Refirióque el 28 de diciembre de 2021, ACCENORTE S.A.S. señaló que el
Ministerio de Transporte es la entidad encargada de establecer las tarifas de peajes
y determinar los lugares en donde se realizaría el cobro por el uso de las vías a
cargo de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 101 de 2 de
febrero de 20007.

11. Sostuvo que las entidades demandadas vulneraron los derechos colectivos al
goce del espacio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, así como el principio de
equidad fiscal, porque no tuvieron en cuenta que la mayoría de los usuarios de los
peajes Andes, Fusca y Unisabana asumieron costos que afectaron su calidad de
vida y sus condiciones económicas y laborales.

12. Complementó que la no adopción de una tarifa diferencial impacta la prestación
del servicio público de transporte, debido a que los habitantes y transportadores del
municipio soportan un costo adicional por el uso de esos peajes.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

13. El magistrado ponente de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por auto de 20 de mayo de 20228, admitió la
demanda, ordenó la notificación a los sujetos procesales y dispuso comunicar la
acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

14. El 28 de septiembre de 20229, se declaró fallida la audiencia especial de que trata
el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló propuesta de pacto de
cumplimiento.

15. En auto de 18 de octubre de 202310, se decretaron las pruebas del proceso.

7
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
8
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 37 del expediente digital de primera instancia.

4

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

16. Mediante auto de 31 de enero de 202411 se ordenó a las partes la presentación
de los alegatos de conclusión y se le informó al Ministerio Público que podía emitir
concepto.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Agencia Nacional de Infraestructura12

17. La entidad indicó que los proyectos de cuarta generación de concesiones viales
en Colombia se estructuran en unidades funcionales, entendidas como tramos
específicos dotados de independencia operativa. Estas unidades son objeto de
análisis particularizado respecto de su incidencia en la población circundante, lo
cual permite habilitar progresivamente su entrada en operación, aun cuando el
proyecto en su conjunto se encuentre en fase de ejecución.

18. Adujo que el Ministerio de Transporte informó mediante oficio 20203060265991
de 10 de septiembre de 2020 que las tarifas de los peajes Andes, Unisabana y
Fusca se establecieron conforme a las Resoluciones 0937 de 1994, 5640 de 1996
y 00005 de 2000, sin tener en cuenta tarifas diferenciales para las categorías de
vehículos de la I a la VII.

19. Señaló que resolvió las solicitudes presentadas por la accionante así: i) en el
oficio 2018-306-0112751 de 16 de abril de 2018, informó sobre tarifas diferenciales
y construcción de pasos peatonales; ii) en el oficio 2019-200-0354531 de 16 de
octubre de 2019, informó sobre la estructuración del proyecto Accesos Norte II; iii)
en el oficio 2019-200-0384061 de 12 de noviembre de 2019, invitó al presidente de
la JAC a la socialización del proyecto APP fase II del Acceso Norte; y iv) en el oficio
2019-306-0210781 de 3 de julio de 2019, la ANI informó a la demandante sobre las
tarifas diferenciales y sobre la construcción de pasos peatonales que estaban
incluidos dentro del contrato de concesión 001 de 2017.

20. Advirtió que el 21 de enero de 2022 se llevó a cabo la audiencia de cierre del
proceso de selección correspondiente a la licitación pública núm. VJ-VE-APP-IPB-
001-2021 “Accesos Norte Fase II”, la cual fue adjudicada al consorcio Estructura
Plural Ruta Bogotá Norte.

21. Precisó que, en la sección 5.2 de la parte especial del pliego de condiciones, se
estableció la estructura tarifaria del proyecto. Dicha estructura incluye las tarifas
diferenciales IE2 aplicables a los vehículos pertenecientes a las comunidades de
Fusca y Torca y también la tarifa IIE2 para los vehículos autorizados por el Estado
destinados al servicio público de transporte de pasajeros. Estas tarifas aplican a
partir del 16 de enero de 2023.

11
Cfr. Índice 45 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia.

5

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

22. Señaló que no se demostró la vulneración del derecho colectivo al goce del
espacio público, en la medida en que no puede presumirse la existencia de una
obligación de establecer tarifas diferenciales en el marco del proyecto de
infraestructura vial, dado que ese esquema de remuneración contó con el
correspondiente sustento legal y contractual.

23. Manifestó que el contrato de concesión presenta particularidades relevantes en
materia de responsabilidad. La distribución de riesgos difiere sustancialmente de
otros tipos contractuales dado que el concesionario cuenta con un amplio margen
de autonomía en la ejecución y operación del proyecto, atendiendo a la naturaleza
de las concesiones. Sin embargo, ello no implica que tengan la obligación legal de
aplicar tarifas diferenciales en los peajes del proyecto vial.

24. Mencionó que el 1.º de abril de 2022 suscribió con la Concesionaria Ruta Bogotá
Norte S.A.S. el contrato de concesión APP 001 de 2022. El objeto de ese contrato
es “[…] la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión
ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor PROYECTO ACCESOS
NORTE FASE II […]”.

25. Añadió que la suscripción del contrato de concesión 001 de 2017 constituye, en
sí misma, una manifestación del cumplimiento del mandato constitucional de
protección del espacio público, en la medida en que, una vez vencido el término
contractual, los bienes afectados a la concesión serán revertidos y restituidos a la
Nación.

26. Adujo que la demandante no puede afirmar que el cobro de las tarifas de los
peajes resulte “[…] exagerado, desproporcionado y superior […]”, toda vez que
estas se encuentran debidamente sustentadas en la Ley 787 de 27 de diciembre de
200213. Esa normativa permite a la Nación cobrar por el uso de las vías para
garantizar su mantenimiento, operación y desarrollo.

27. Agregó que la demandante no acreditó la vulneración del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos limitándose a
afirmar que la no aplicación de tarifas diferenciales en los peajes afecta la calidad
de vida de los residentes y transportadores de la zona. Por el contrario, la entidad
ha desarrollado la infraestructura de transporte vial de manera ordenada, en
observancia del principio de prevalencia del interés general sobre el particular.

28. Reiteró que el proyecto Accesos Norte Fase I no contempló la aplicación de
tarifas diferenciales. Además, adujo que no se demostró una presunta vulneración
del principio de la función social y ecológica de la propiedad, ni el incumplimiento de
las disposiciones normativas relativas a los usos del suelo.

13
“[…] Por la cual se modifica parcialmente el artículo 21 de la Ley 105 de diciembre 30 de 1993 […]”.

6

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

I.3.2. Accesos Norte de Bogotá S.A.S.14

29. La concesionaria presentó las excepciones de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN
POR PASIVA […]” y “[…] COSA JUZGADA […]”.

30. Sostuvo que el Ministerio de Transporte definió la estructura tarifaria aplicable al
contrato de concesión APP 001 de 2017 en ejercicio de sus competencias legales,
sin contemplar tarifas diferenciales para los usuarios. Esas tarifas se actualizan
anualmente conforme a la fórmula contractual basada en el índice de precios al
consumidor.

31. Manifestó que informó a la Personería de Chía que la regulación tarifaria deriva
de actos administrativos del Ministerio de Transporte, sin incluir compensaciones de
riesgo ni tarifas diferenciales. Específicamente, mediante oficio ACNB-8831-2020
de 31 de agosto de 2020, explicó que carece de competencia legal, reglamentaria
y técnica para crear, modificar o exonerar tarifas de peaje, por tratarse de facultades
exclusivas del Ministerio de Transporte. Por ello, remitió las solicitudes de tarifa
diferencial a la autoridad competente, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437
de 18 de enero de 201115.

32. Adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva y que la acción no tiene
fundamento. La demandante no demostró acción u omisión imputable a la
concesionaria, daño o amenaza a los derechos colectivos invocados, ni nexo causal
entre la conducta atribuida y la supuesta afectación.

33. Expuso que existe cosa juzgada material, al haberse decidido previamente la
acción popular identificada con la radicación núm. 11001-33-31-041-2007-00018-
0016 la cual cuenta con identidad de objeto, causa y partes. En dicho proceso se
concluyó que la ausencia de tarifas diferenciales no vulnera los derechos colectivos
establecidos en los literales d), j) y m) del artículo 4.° de la Ley 472, por obedecer a
un cobro legítimo por un servicio prestado.

34. Argumentó que el cobro del peaje constituye una tasa derivada del uso de la
infraestructura vial, definida por la ley y fijada por la autoridad competente, destinada
a garantizar el mantenimiento y operación del servicio público de transporte.
Además, el tránsito por la vía concesionada no es obligatorio, al existir rutas alternas
de acceso, lo que descarta la imposición de cargas desproporcionadas a los
usuarios.

35. Expuso que, en todo caso, se configuró un hecho superado dado que el Ministerio
de Transporte expidió la Resolución 20213040025145 de 2021, mediante la cual
estableció tarifas diferenciales para determinadas categorías en los peajes Andes y

14
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia.
15
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
16
En el cual se profirió sentencia de 27 de agosto de 2008 por el Juzgado 41 Administrativo de Bogotá.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

Fusca. Dichas tarifas diferenciales están condicionadas a la ejecución del proyecto
Accesos Norte Fase II, de manera que no es necesaria la intervención judicial.

I.3.3. Ministerio de Transporte17

36. El
ministerio se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó las
excepciones de “[…] INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHO
COLECTIVO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE […]”, “[…]
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO […]”, “[…] LA CARGA
DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA PARTE DEMANDANTE […]”.

37. Adujo que se oponía a las pretensiones, al no configurarse vulneración de los
derechos colectivos establecidos en los literales d), j) y m) del artículo 4.° de la Ley
472, en tanto ya existían tarifas diferenciales para los habitantes y transportadores
de Chía en los peajes Andes, Fusca y Torca, establecidas mediante acto
administrativo vigente.

38. Precisó que la competencia para estructurar y proponer tarifas de peaje recae en
la Agencia Nacional de Infraestructura, mientras que el Ministerio de Transporte
tiene la facultad de fijarlas con base en estudios técnicos, económicos, financieros
y sociales conforme al marco normativo aplicable. La regulación de peajes se
fundamenta en la Ley 105 de 1993 y demás normas concordantes, que autorizan
su cobro para garantizar la financiación, operación y mantenimiento de la
infraestructura vial, así como la estructuración de proyectos mediante contratos de
concesión.

39. Indicó que el contrato deconcesión 001 de 2017, suscrito entre la ANI y la
concesionaria Accesos Norte de Bogotá S.A.S., contempló la estructuración de los
peajes y la implementación de tarifas conforme al modelo financiero del proyecto.

40. Agregó que el Ministerio expidió la Resolución 20213040025145 de 2021,
mediante la cual estableció incrementos tarifarios y tarifas diferenciales para
categorías específicas de usuarios. Ese beneficio incluye a los habitantes de Fusca
y Torca y transportadores de rutas Bogotá-Chía y Bogotá-Cajicá, con condiciones
particulares de aplicación, cupos y vigencia condicionada a la ejecución del
proyecto.

41. Argumentó que actuó conforme a sus competencias y con fundamento en
estudios técnicos elaborados por la ANI. En todo caso, la carga de la prueba
correspondía al demandante, quien no acreditó la existencia de una vulneración de
los derechos colectivos invocados ni la responsabilidad del Ministerio de Transporte
en los hechos alegados.

17
Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

42. LaSubsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la sentencia de 13 de febrero de 202618, resolvió:

“[…] 1.º) Deniéguense las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
y cosa juzgada formuladas por la sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S., por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2.°) Declárese que existió vulneración del derecho colectivo al goce del espacio
público, establecido en el literal d) del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998 y respecto
de su protección, declárese la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3.°) Declárese que no existió vulneración de los derechos colectivos el (sic) acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

4.°) Abstiénese de condenar en costas a la parte demandante.

5.º) En caso de no apelarse la presente sentencia, para los fines de que trata el
artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase copia integral de esta a la Defensoría del
Pueblo.

6.º) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor y desactívese el proceso en el aplicativo Samai. […]” (negrilla
del texto).

43. El tribunal negó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
cosa juzgada propuestas por la sociedad ACCENORTE S.A.S.

44. Frente a la primera excepción, explicó que la competencia legal para fijar las
tarifas de los peajes corresponde al Ministerio de Transporte. Sin embargo, la
legitimación en la causa también incluye a quienes intervienen materialmente en los
hechos que originan la presunta vulneración y, en este caso, la sociedad
ACCENORTE S.A.S. tiene calidad de concesionaria encargada de administrar,
operar y recaudar los peajes objeto de controversia.

45. Sobre la segunda excepción, planteó que la acción popular tramitada ante el
Juzgado 41 Administrativo de Bogotá con la radicación núm. 11001-33-31-041-
2007-00018-00, tuvo un objeto distinto al debatido en el presente asunto. En aquella
oportunidad se analizó una controversia relacionada con la tarifa diferencial de un
peaje en el marco del Contrato de Concesión núm. 664 de 2004, pero en este
proceso se cuestionó la falta de implementación de tarifas diferenciales en los
peajes vinculados al Contrato de Concesión núm. 001 de 2017. Además, tampoco
existía identidad entre los sujetos procesales ni entre los contratos de concesión
objeto de análisis.

18
Cfr. índice 61 del expediente digital de primera instancia.

9

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

46. Indicóque la libertad de locomoción y el espacio público se encuentran
intrínsecamente ligados a la infraestructura de transporte del país, razón por la cual
el Estado debe garantizar que esta cumpla con las condiciones técnicas necesarias
para su adecuado funcionamiento, incluida la obtención de recursos mediante el
cobro de peajes.

47. Señaló que, conforme al principio de equidad fiscal, resulta viable el
establecimiento de tarifas diferenciales con el propósito de garantizar la distribución
justa de la carga económica derivada del uso de dicha infraestructura, de acuerdo
con las condiciones reales de los usuarios.

48. Advirtió que las entidades demandadas vulneraron el derecho colectivo al goce
del espacio público, porque el contrato de concesión 001 de 2017 no previó un
esquema de tarifas diferenciales para los residentes de las zonas de influencia del
proyecto. Pese a las reiteradas solicitudes de la parte accionante, para el año 2020
la ANI no había formulado una propuesta formal dirigida a evaluar o visibilizar la
posible implementación de dichas tarifas.

49. Enfatizó que la existencia de vías alternas entre Chía y Bogotá no desvirtúa esa
vulneración, pues la autopista norte y la carrera séptima constituyen corredores
principales para la movilidad cotidiana de los habitantes del municipio. Por ello, la
posibilidad de utilizar otros trayectos no eliminaba el deber de garantizar un uso
efectivo, razonable y equitativo de la infraestructura vial concesionada.

50. Indicó que no se acreditó la vulneración del derecho colectivo al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, porque no se
demostró la interrupción o falta de acceso al servicio de transporte. Tampoco se
probó la transgresión del derecho colectivo a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos con observancia de las disposiciones jurídicas,
dado que no se acreditó el desconocimiento de normas urbanísticas o de
ordenamiento territorial.

51. Consideró que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,
porque el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20213040025145 del 17
de junio de 202119, mediante la cual fijó tarifas diferenciales para las categorías IE2,
IIE y IIE2 en los peajes Andes y Fusca. Dichas tarifas cobijan vehículos autorizados,
incluidos los de transporte público de pasajeros en la ruta Bogotá-Chía y viceversa.

52. Complementó que las mencionadas tarifas posteriormente fueron actualizadas
mediante la Resolución 20243040027265 de 18 de junio de 202420, con aumento
de cupos, nuevas categorías y acuerdos con la comunidad de Chía.

19
“[…] Por la cual se establece un incremento en las tarifas en los años 2023 y 2026 en las estaciones de peaje denominadas
‘Andes’, ‘Fusca’ y en la estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón, se establece la fórmula de
actualización y se establecen tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 en las estaciones de peaje ‘Andes’ y
‘Fusca’ […]”.
20
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2 y 3 y se adiciona un parágrafo al artículo 4 de la Resolución n° 20213040025145
de 17 de junio de 2021 ‘Por la cual se establece un incremento en las tarifas en los años 2023 y 2026 en las estaciones de

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III. RECURSO DE APELACIÓN21

53. El demandante argumentó que el tribunal de primera instancia no podía declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la vulneración del
derecho colectivo al goce del espacio público, con fundamento en unos actos
administrativos cuyo cumplimiento depende de una actuación futura que aún no se
materializa.

54. Adujo que el tribunal desconoció el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal porque las resoluciones que establecieron las tarifas
diferenciales para los peajes Andes y Fusca se encuentran supeditadas al
cumplimiento de dos condiciones futuras. Según la Resolución 20213040025145 de
17 de junio de 2021 la tarifa diferencial empezaría a aplicar cuando inicie el proyecto
Accesos Norte Fase II. La Resolución 20243040027265 de 18 de junio de 2024
aclara que la tarifa diferencial será aplicable cuando la Agencia Nacional de
Infraestructura defina los requisitos para acreditar la condición de beneficiario, el
procedimiento para acceder al beneficio y las causales de su pérdida.

55. Sostuvo que “[…] no se está ejecutando el contrato de concesión relacionado con
dicho proyecto; por el contrario, se sigue ejecutando el proyecto del concesionario
Accenorte, es decir, el Contrato de Concesión No. 001 de 2017. Incluso, vale la
pena señalar que, si se realiza la búsqueda respecto del Proyecto al cual se
encuentra condicionada la aplicación de tarifas diferenciales, lo único que se
encuentra en el sitio web de la Agencia Nacional de Infraestructura, son borradores
del eventual contrato […]”. Adicionalmente, “[…] la ANI no ha adoptado los requisitos
para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para tener el beneficio, ni
las formas de perder el mismo […]”.

56. Señaló que “[…] tener tarifas diferenciales para subgrupos de dos de las múltiples
categorías de vehículos no es suficiente para proteger el derecho colectivo
mencionado […]”. Indicó que “[…] la tarifa de los peajes en Colombia está dada
según el tipo de vehículo y número de ejes del mismo, para lo cual se han
establecido una serie de categorías para cada peaje. Concretamente, respecto de
los Peajes Andes y Fusca, el Contrato de Concesión No. 001 de 2017 estableció
ocho (8) categorías […]”. Por lo tanto, como la medida no cobija todos los vehículos
de dichas categorías, no es idónea.

57. Afirmó que el tribunal debió amparar el derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas porque “[…] la diferenciación tarifaria es un asunto constitucionalmente
obligatorio […]”. El literal “d” del artículo 21 de la Ley 105 de 30 de diciembre de
199322, señala que “[…] Las tasas de peajes serán diferenciales, es decir, se fijarán

peaje denominadas 'Andes' y 'Fusca' y en la estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón, se establece la
fórmula de actualización y se establecen tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 en las estaciones de peaje
'Andes' y 'Fusca'" y se dictan otras disposiciones’ […]”.
21
Cfr. índice 65 del expediente digital de primera instancia.
22
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.

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en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus
respectivos costos de operación […]”.

58. Añadió que la Corte Constitucional23 ha señalado que este tipo de esquemas
tarifarios encuentra sustento en el principio de igualdad, en la medida en que
permite atender las condiciones particulares de los usuarios según el beneficio o
provecho que obtienen.

59. Agregó que procedía la condena en costas a la parte demandada, en razón a que
resultó vencida en el proceso, toda vez que se declaró la vulneración del derecho
colectivo al goce del espacio público.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

60. Por medio de auto de 26 de marzo de 202624, el magistrado sustanciador del
proceso en primera instancia concedió ante el Consejo de Estado el recurso de
apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 13 de
febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

61. Mediante auto interlocutorio de 8 de mayo de 202625, se admitió el recurso de
apelación, se les informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en
relación con la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y se les advirtió que no
había lugar a dar traslado para alegar de conclusión. Igualmente, se le informó al
Ministerio Público que podía emitir concepto en la presente causa hasta que el
proceso ingresara al despacho para emitir sentencia.

62. El Ministerio Público emitió concepto en el sentido de solicitar la modificación de
la sentencia de primera instancia al considerar que la vulneración del derecho
colectivo al goce del espacio público permanece debido a que no se ha
implementado la tarifa diferencial en los peajes del proyecto. Agregó que no se
incurrió en vulneración del derecho colectivo establecido en el literal m) del artículo
4.° de la Ley 472, debido a que no se desconoció la normativa urbanística. Además,
la condena en costas es procedente en los términos del artículo 38 de la Ley 472 y
la sentencia de unificación del Consejo de Estado26.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

63. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201127 y en el artículo 13 del Acuerdo

23
Corte Constitucional, Sentencia C-482 de 26 de septiembre de 2006. Exp: D-1202.
24
Cfr. Índice 67 del expediente digital de primera instancia.
25
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión. Radicación núm. 15001-33-33-
007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
27
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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080 de 12 de marzo de 201928, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

64. En la sentencia de 13 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado, al considerar que la vulneración del derecho colectivo al goce
del espacio público cesó porque el Ministerio de Transporte estableció un esquema
de tarifas diferenciales en los peajes Andes y Fusca. Asimismo, concluyó que las
entidades demandadas no vulneraron los derechos colectivos al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, ni a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas.

65. La demandante afirmó en su recurso de apelación que no había operado la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la vulneración del
derecho al goce del espacio público porque: i) las tarifas diferenciales previstas en
las resoluciones invocadas no se encontraban materialmente implementadas, sino
condicionadas a actuaciones futuras; y ii) el beneficio de tarifa diferencial no cobija
a todas las tipologías de vehículos.

66. Sostuvo que el tribunal debió amparar el derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, dado que la diferenciación tarifaria es una exigencia derivada del artículo
21 de la Ley 105 de 1993.

67. Finalmente, solicitó que se condenara en costas a las entidades demandadas, al
estimar que resultaron vencidas en el proceso, en tanto se declaró la vulneración
del derecho colectivo al goce del espacio público.

V.3. Análisis del caso concreto

68. Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará: i) el marco normativo y
jurisprudencial relacionado con el cobro del peaje; ii) la prueba relacionada con la
configuración de un hecho superado; iii) la presunta transgresión del derecho
colectivo establecido en el literal m) del artículo 4.° de la Ley 472; y iv) la procedencia
de las costas procesales en el caso concreto.

28
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.

13

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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V.3.1. Marco normativo y jurisprudencial relacionado con el cobro del peaje

69. Los artículos 58 de la Ley 388 de 18 de julio de 199729, 19 de la Ley 1682 de 22
de noviembre de 201330 y 2.2.2.1.2.8.1 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 201531,
determinaron que los proyectos de infraestructura son de utilidad pública e interés
social.

70. La ejecución de estas obras genera un beneficio colectivo en materia de
desarrollo económico, competitividad e integración regional; y garantiza la
consolidación de una red vial nacional conectada, eficiente y continua. Para su
financiación, el artículo 21 de la Ley 105 de 30 de diciembre 199332, modificado por
el artículo 1.° de la Ley 787 de 27 de diciembre de 2002, señaló lo siguiente:

“[…] Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de
la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a
cargo de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto
Nacional y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte
a los usuarios, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y
desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de
la infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su
cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte,
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y
bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos
Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz
Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Seguridad y de
las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;

c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de
la prestación del servicio;

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a
las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos
costos de operación;

29
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
30
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.
31
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.
32
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.

14

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e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las
vías nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

[…] Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”. […]” (negrilla fuera
de texto).

71.El artículo 30 de la citada ley determinó que “[…] para la recuperación de la
inversión, la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios podrán
establecer peajes y/o valorización […]” y que “[…] la fórmula para la recuperación
de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio cumplimiento
para las partes. […] La variación de estas reglas sin el consentimiento del
concesionario, implicará responsabilidad civil para la entidad quien, a su vez, podrá
repetir contra el funcionario responsable […]”.

72. Como puede apreciarse, el “peaje” es “[…] la tasa o retribución que el usuario de
una vía pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la existencia y el
adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una infraestructura vial que
haga posible y eficiente el transporte terrestre […]”33. Dicha retribución responde a
un criterio de equidad fiscal que garantiza que los ciudadanos contribuyan al
financiamiento de los gastos públicos de acuerdo con los beneficios recibidos por
los servicios proporcionados. En las vías concesionadas, el pago del peaje cubre
los costos de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

73. La equidad fiscal en el sistema de transporte es un principio que busca que el
sistema tributario sea justo y proporcional, de acuerdo con la distancia recorrida, el
tipo de vehículo y los costos de operación, entre otros factores. El fundamento
constitucional de lo anterior obra en los artículos 95, 334, 365 y 363 de la
Constitución Política.

74. Las referidas normas determinaron que: i) los ciudadanos tienen el deber de “[…]
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad […]”; ii) el sistema tributario se funda en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad; iii) el Estado intervendrá los
servicios públicos con el fin de conseguir “[…] la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo […]”; y iv) el Estado mantendrá la
regulación, control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el
mejoramiento continuo en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del
interés social.

75. Se pone de presente que el Ministerio de Transporte es la entidad responsable
de fijar las tarifas de peajes en las carreteras nacionales administradas por el
Instituto Nacional de Vías - INVÍAS o por la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI34. El ejercicio de esa facultad, de forma excepcional, puede incluir la valoración

33
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-258 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
34
Cfr. Artículo 11 (numeral 8) del Decreto 2171 de 1992 “[…] Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Públicas y
Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama ejecutiva del orden

15

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

de la capacidad económica de los contribuyentes y las necesidades del Estado
siempre y cuando se garantice el sostenimiento de los costos de construcción,
operación y mantenimiento de la infraestructura.

76. Nótese entonces que el interés general en materia de transporte no implica la
negación de los intereses particulares, sino su armonización con un sistema de
contraprestaciones justas. Esta búsqueda del bien común se soporta en un modelo
de financiación en el que los usuarios de las vías contribuyen según los beneficios
recibidos y los costos generados.

77. El cobro de peajes en infraestructura vial nacional no constituye, por sí mismo, una
medida contraria a los derechos colectivos, sino un instrumento legalmente previsto
para financiar la construcción, operación, mantenimiento y desarrollo de las vías que
hacen parte de esquemas concesionados.

78. Bajoesa premisa, la jurisprudencia de la Sección Primera, al analizar las
controversias relacionadas con la equidad de los peajes, ha exigido que el actor
popular demuestre una afectación atribuible al esquema tarifario cuestionado, pues el
solo desacuerdo con la tarifa o con la ausencia de beneficios diferenciales no basta
para desvirtuar la proporcionalidad de las cargas tributarias.

79. En la sentencia de 30 de mayo de 202435 la Sección Primera negó el amparo de
los derechos colectivos previstos en los literales i) y j) del artículo 4.º de la Ley 472,
en un proceso relacionado con la no implementación de tarifas diferenciales, al
verificar que dicho peaje hacía parte de un esquema de concesión destinado a
financiar la infraestructura vial.

80. Enese caso la Sala comprobó que los demandantes no demostraron una
afectación real a la libre competencia económica ni al acceso a los servicios públicos
derivada del cobro del peaje, ni tampoco una relación causal entre ese sistema de
remuneración y las dificultades de acceso a los servicios alegadas por la
comunidad. Por el contrario, el esquema de financiamiento respondía al interés
general, al régimen jurídico aplicable y al clausulado contractual.

81. Ese criterio se reiteró en la sentencia de 29 de agosto de 2024 36.

82. Recientemente, en la sentencia de 14 de mayo de 202637, la Sala precisó que “[…]
las autoridades del sector transporte tienen el deber legal, de acuerdo con el

nacional […]”; artículo 3 (numerales 9 y 13), 6 (numeral 9) del Decreto 101 de 2 de febrero de 2000 "[…] Por el cual se modifica
la estructura del Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones […]"; artículos 2 (numerales 2.5 y 2.8), 5 (numeral
5.15) y 7 (numeral 7.8) del Decreto 2053 de 2003, "[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se
dictan otras disposiciones […]"; artículos 2 (numerales 2.5 y 2.8), 6 (numeral 6.15) y 9 (numeral 9.8) del Decreto 87 de 17 de
enero de 2011, “[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus
dependencias […]”.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicación núm. 13001-23-31-000-2012-00475-01.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número
único de radicación: 17001-23-33-000-2019-00163-01.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta, radicación
núm. 25000-23-41-000-2021-00418-01.

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artículo 21 de la Ley 105 de 1993 (modificado por la Ley 787 de 2002) y del numeral
6.15 del artículo 6.° del Decreto 087 de 201138, de adelantar los estudios técnicos
y socioeconómicos necesarios para definir la procedencia de tarifas diferenciales,
obligación que para la ANI se desprende además de los numerales 1 y 5 del artículo
4 del Decreto 4165 de 201139, y para el Ministerio de Transporte se sustenta
también en los artículos 2 literal b) y 20 de la Ley 105 de 199340, de gestionar y
resolver las solicitudes de la comunidad.[…]”.

83. En ese antecedente la Sección declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio
público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, porque se demostró que las
autoridades de transporte demandadas no habían adelantado los estudios
necesarios para verificar si era o no procedente la adopción de una tarifa diferencial.
Sin embargo, antes de que se profiriera la sentencia de primera instancia, el
Ministerio de Transporte expidió una resolución mediante la cual adoptó aquel
beneficio.

84. Nótese entonces que la Sección Primera del Consejo de Estado al resolver esta
clase de controversias ha diferenciado dos escenarios. En primer lugar, se ha
considerado que el amparo no resulta procedente cuando se acredita que el peaje
hace parte de un esquema contractual y financiero justificado para el desarrollo de
infraestructura vial, y que el demandante no demostró una afectación atribuible a
las entidades demandadas respecto de la libre competencia económica, el acceso
a los servicios públicos o los derechos colectivos relacionados con el goce del
espacio público y el desarrollo urbano conforme a derecho.

85. Por el contrario, si se demuestra la omisión de las autoridades competentes de
adelantar las actuaciones técnicas, jurídicas y socioeconómicas necesarias para
valorar si dicho mecanismo resulta o no procedente, el juez popular deberá amparar
los derechos colectivos vulnerados. En todo caso, el deber de las autoridades del
sector transporte no consiste en conceder siempre la tarifa diferencial, sino en
estudiar, gestionar y resolver las solicitudes ciudadanas conforme al marco
normativo aplicable.

38
El artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002, establece que las tasas de peaje
serán diferenciales y que para su determinación se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal. A su vez, el numeral 6.15
del artículo 6.° del Decreto 087 de 2011 atribuye al ministro de Transporte la función de “[establecer los peajes, tarifas, tasas
y derechos a cobrar por el uso de la infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo”, y el numeral 6.14 le asigna
la función de emitir concepto vinculante previo al establecimiento de los peajes.
39
Los numerales 1.° y 5.° del artículo 4.° del Decreto 4165 de 2011 —por el cual se creó la Agencia Nacional de
Infraestructura— le asignan a la ANI las funciones de “[i]dentificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas de concesión u
otras formas de Asociación Público - Privada”, así como “[e]laborar los estudios para definir los peajes, tasas, tarifas,
contribución de valorización y otras fuentes de financiación de la infraestructura de transporte”. De esta competencia se deriva
la obligación de la ANI de adelantar, a solicitud de las comunidades afectadas o de oficio, los estudios técnicos y
socioeconómicos necesarios para proponer al Ministerio de Transporte el establecimiento de tarifas diferenciales.
40
El artículo 2.° literal b) de la Ley 105 de 1993 establece como principio rector del sector transporte que “[c]orresponde al
Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas”. Asimismo, el
artículo 20 de la misma ley asigna al Ministerio de Transporte y a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la
infraestructura de transporte, la función de planear su respectiva infraestructura determinando las prioridades para su
conservación y construcción, lo que incluye la adecuación de las condiciones de acceso de las comunidades más vulnerables.

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86. Con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial supra, la Sala procederá
a analizar si en el proceso de la referencia persiste la vulneración de los derechos
colectivos previstos en los literales d) y m) del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, o
si las actuaciones adelantadas por las autoridades demandadas permiten concluir
que la problemática que motivó la acción popular fue superada durante el trámite
del proceso.

V.3.2. La prueba sobre la configuración de un hecho superado

87. El objeto de la acción popular es la protección de los derechos e intereses
colectivos a través de órdenes dirigidas a evitar el daño contingente y hacer cesar
el peligro, la amenaza o vulneración. Por esa razón, para que proceda el amparo,
corresponde al demandante acreditar una acción u omisión atribuible a la autoridad
o al particular demandado, la afectación real o amenaza del derecho colectivo
invocado y el nexo causal entre dicha conducta y la vulneración alegada.

88. En todo caso, si durante el trámite del proceso la parte demandada demuestra
que adoptó las medidas necesarias para superar la situación que originó la
problemática, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado41. En tal
escenario, la autoridad judicial tendrá que aplicar las reglas jurisprudenciales fijadas
por la Sala Plena de esta corporación en la sentencia de unificación de 4 de
septiembre de 2018, a saber:

“[…] la Sala unifica la jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en los
siguientes dos sentidos:

i. Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de
conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la
interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la
vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la
simple alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la
superación de la situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos
colectivos subsista no es procedente declarar el hecho superado, aun cuando
se verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de cesar la amenaza o
vulneración de los mismos.

ii. El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la
desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos,
no es óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance
de dichos derechos. […]”42 (negrilla fuera de texto).

89. Para verificar lo anterior, el artículo 30 dispone que la carga de la prueba recae,
en principio, sobre el demandante. Sin embargo, la misma norma prevé que el juez
podrá solicitar las pruebas indispensables para proferir una decisión de fondo,
cuando por razones económicas o técnicas el demandante no pueda cumplir dicha
carga.

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 1º de marzo de 2018, C.P.
Oswaldo Giraldo López, radicación núm. 66001-23-31-000-2010-00356-02(AP).
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación núm. 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU.

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90. Enel proceso de la referencia la demandante alegó que no se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho colectivo al goce
del espacio público, porque las tarifas diferenciales previstas en la Resolución
20213040025145 de 17 de junio de 2021 y en la Resolución 20243040027265 de
18 de junio de 2024 no se habían implementado materialmente.

91. Indicó que la tarifa diferencial, según el primer acto administrativo, empezaría a
aplicar con el inicio del proyecto Accesos Norte Fase II, mientras que el segundo
condicionó su aplicación a que la ANI definiera los requisitos para acreditar la
calidad de beneficiario, el procedimiento de acceso y las causales de pérdida del
beneficio. Además, señaló que la medida no cobijaba todas las tipologías o
categorías de vehículos presuntamente afectadas por el cobro de los peajes.

92. Para resolver, la Sala pone de presente que el cobro de los peajes cuestionados
en este proceso se fundamentó inicialmente en las Resoluciones 937 de 12 de abril
de 199443, 5640 de 4 de septiembre de 199644 y 3084 de 25 de octubre de 200045,
expedidas por el Ministerio de Transporte en desarrollo del contrato de concesión
664 de 199446.

93. En la Resolución 937 de 1994, esa cartera fijó las tarifas aplicables al peaje
Andes y estableció como fórmula de actualización el incremento conforme al IPC
certificado por el DANE. Posteriormente, dichas tarifas fueron extendidas al peaje
Fusca mediante la Resolución 5640 de 1996 y, más adelante, al punto de cobro
ubicado en el acceso al Puente Curvo de Teletón, a través de la Resolución 3084
de 2000, respecto de los vehículos de las categorías V, VI, y VII.

94. El 10 de enero de 2017, la ANI y la sociedad concesionaria Accesos Norte de
Bogotá S.A.S. suscribieron el contrato de concesión APP 001 de 2017, con el
siguiente objeto:

“[…] CAPÍTULO II Descripción del Proyecto

2.1 Descripción

(a) Las vías actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada
origen- destino de 59,19 kilómetros y en su recorrido se encuentra en el Departamento
de Cundinamarca.

(b) El propósito fundamental del corredor es desarrollar un corredor vial de altas
especificaciones que garantice la conexión entre Bogotá y los departamentos y
municipios que se encuentran al Norte de esta, con un nivel de servicio óptimo.

43
“[…] Por la cual se fijan tarifas de peaje y procedimientos de ajuste para la concesión de los sectores de carretera: Santafé
de Bogotá (Calle 236) - La Caro - Briceño, de la ruta 55 y Santafé de Bogotá (Calle 236) - La Caro - Cajicá - Zipaquirá de la
ruta 45A: en el Departamento de Cundinamarca […]”.
44
“[…] Por la cual se adiciona la resolución 000937 del 12 de abril de 1994, mediante la cual se fijan las tarifas de peaje y
procedimientos de ajustes para la concesión “Desarrollo Vial del Norte de Bogotá […]”.
45
“[…] Por la cual se autoriza un sitio de cobro de peaje en el proyecto de concesión denominado Desarrollo Vial para el Norte
de Bogotá […]”.
46
Contrato celebrado entre el INVIAS y la Unión Temporal DEVINORTE, cuyo objeto comprendía los estudios, diseños,
rehabilitación, construcción, operación, mantenimiento y administración del proyecto vial “Desarrollo Vial para el Norte de
Bogotá”, incluyendo los corredores Bogotá - La Caro - Briceño, Bogotá - La Caro - Cajicá y Cajicá - Zipaquirá.

19

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(c) Las obras objeto de esta APP incluyen el siguiente alcance:

i. La Ampliación de la Autopista Norte así: por la de la Calzada Occidental en dos (2)
carriles desde la calle 245 hasta la Caro (4.2 km); por la Calzada Oriental Ampliación
en dos (2) carriles desde la calle 245 hasta el peaje Andes (1.0 km) y en un (1) carril
desde el peaje Andes hasta la Caro (3.2 km), la Construcción de Anden y Ciclorruta
entre la calle 245 hasta la Caro (4.2 km).

ii. La construcción de la Segunda Calzada de la Carrera Séptima en la margen oriental
de la existente entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro, con una longitud aproximada de
4.91 kilómetros.

iii. La Ampliación de la Calzada Existente de la Carrera Séptima a Ley 105 entre la
Calle 245 (Bogotá) y La Caro en una longitud aproximada de 4.91 kilómetros.

iv. La reubicación del peaje Fusca, a la calzada oriental, ya que el recaudo se hace
solo en el sentido sur-norte.

v. La construcción de la doble calzada entre la Autopista Norte y La Variante a Cajicá,
a la altura de La Hacienda Presidencial Hatogrande, con una longitud de 1.98 km, que
contempla la construcción de un puente por calzada sobre el río Bogotá, la
intersección a desnivel en la Variante a Cajicá y la construcción de un cruce férreo a
nivel, o 2) Una variante a Chía que permita conectar la ruta 45A 04 con el municipio
de Chía o con la vía Chía-Cota.

La alternativa seleccionada por la ANI debe cumplir los parámetros de Unidad
Funcional establecidos en la Ley 1508 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La
alternativa seleccionada debe realizarse con los recursos establecidos en Sección
3.8(b)(ii) del Contrato Parte Especial.

El Concesionario realizará los estudios y diseños definitivos de la alternativa
seleccionada.

vi. La demolición de la caseta existente del peaje de Fusca, será a cuenta y riesgo del
Concesionario.

vii. La Operación vial, mantenimiento rutinario y periódico de los corredores
construidos y a partir de la reversión de la Concesión DEVINORTE a la Agencia
Nacional de Infraestructura, La Operación, Mantenimiento rutinario y periódico de la
ruta 55 que se ubica entre las poblaciones de Bogotá (a partir de la Calle 245) hasta
Briceño y la ruta 45A que va desde Bogotá (Calle 245) por la Carrera Séptima hasta
Zipaquirá. (Incluye las variantes de parque de Sopo, Lomitas, Sindamanoy, Briceño,
Cajicá y portachuelo).

2.2 Vías existentes y Estructuras comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se
encuentran incluidas dentro del Proyecto las vías existentes por las rutas 45A04 y
5501 que se describen a continuación.

[…] 2.4 Unidades Funcionales del Proyecto

El Proyecto corresponde a los accesos norte de la ciudad de Bogotá, por los
corredores de la Autopista Norte y la Carrera 7, además de la construcción de la
Conectante Hatogrande, el cual se divide en cuatro (4) Unidades Funcionales incluida
una Unidad Funcional de Operación y Mantenimiento […]”.

20

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

95. En cuanto a la modalidad de retribución, el literal b) del numeral 3.1 de la parte
general del contrato de concesión 001 de 2017 estableció como fuentes de
remuneración del concesionario el recaudo de peajes y los ingresos por explotación
comercial.

96. El numeral 3.4 de la misma parte general, relativo a los “[…] peajes, tráfico,
derecho de recaudo e ingresos por explotación comercial […]”, desarrolló de manera
detallada los parámetros bajo los cuales el concesionario debe operar las
estaciones de peaje y ejercer el derecho de recaudo como mecanismo de
retribución, así como otros aspectos relevantes para su administración, control y
destinación.

97. La sección 4.2 de la parte especial del contrato previó la posibilidad de modificar la
resolución de estructura tarifaria con el fin de establecer un incremento de tarifas de
peaje o la instalación de una nueva estación de peaje, en los siguientes términos:

“[…] 4.2 Estructura Tarifaria

Para efectos de lo dispuesto en la Sección 1.145 de la Parte General, y de acuerdo
con lo establecido por las Resoluciones Nos. 0937 del 12 de abril de 1994, 05640 del
4 de septiembre de 1996, 00005 del 5 de enero de 2000 y 003084 del 25 de octubre
de 2000, la estructura tarifaria que regirá el Proyecto, sin incluir las tasas
correspondientes al Fondo de Seguridad Vial, está compuesta por las siguientes
tarifas:

(a) Respecto de la Estructura Tarifaria se aplicarán las siguientes consideraciones:

i. Para el periodo comprendido entre el 1° de marzo de 2020 y hasta el vencimiento
del plazo del Contrato de Concesión, el Concesionario tendrá derecho al Recaudo de
la tarifa plena relacionada en la Tabla No. 2 anterior y procederá a consignar la misma
de la siguiente manera:

1. El valor correspondiente al 66,1734% del Recaudo total según lo relacionado en
la Tabla No. 2 anterior en la Subcuenta Recaudo Peaje en los términos
establecidos en este Contrato, en especial lo dispuesto en la Sección 3.15 (h)(ii)
de la Parte General.

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2. El valor correspondiente al 33,8266% del Recaudo total según lo relacionado en
la Tabla No. 2 anterior, en la Subcuenta de Depósito Especial del Recaudo
establecida en el numeral 4.5(g) de esta Parte Especial o al patrimonio autónomo
que indique la Entidad, en los términos establecidos en este Contrato, en especial
lo dispuesto en la Sección 3.15 (h)(ii) de la Parte General.”

En ese orden, de las estipulaciones contenidas en la parte general, la parte especial
y en los apéndices del referido contrato de concesión, no se advierte que se haya
incorporado previsión alguna orientada a establecer tarifas diferenciales para
aquellos usuarios que, por su ubicación geográfica y distancia respecto de los
peajes los Andes, Fusca y Unisabana, deben transitar de manera frecuente por
dichos corredores viales y, en consecuencia, utilizan con mayor regularidad las
estaciones de peaje allí instaladas. […]” (negrilla fuera de texto).

98. La Personería municipal de Chía en los oficios de 4 de agosto de 2020, 24 de
agosto de 2020 y de 2 de noviembre de 2021, entre otros, solicitó a las entidades
demandadas la aplicación de una tarifa diferencial en los peajes Andes, Fusca y
Unisabana.

99. Lassolicitudes se fundamentaron en el estudio de tránsito elaborado por la
Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que, mediante oficio de 13 de julio de
202047, informó que en dicho estudio se recomendó la implementación de una tarifa
diferencial para los residentes de las veredas Fusca y Torca, en el municipio de
Chía.

100. En el proceso se acreditó que las entidades demandadas no evaluaron
inicialmente de manera coordinada la procedencia de la exoneración o de la tarifa
diferencial solicitada por la Personería Municipal de Chía para los peajes Andes,
Fusca y Unisabana. Las peticiones fueron objeto de traslados sucesivos entre
ACCENORTE S.A.S., el Ministerio de Transporte y la ANI48.

47
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “4_ED_04COMUNICADODE13D(.pdf)
NroActua 2”.
48
ACCENORTE S.A.S. remitió la petición al Ministerio de Transporte por considerarlo competente; a su vez, el Ministerio la
trasladó a la ANI; y posteriormente esta última indicó que los peajes del contrato de concesión no contemplaban tarifas
diferenciales.
En el proceso se acreditó que el Ministerio de Transporte mediante oficio de 1 de diciembre de 2020 expuso las razones por
las que el esquema de remuneración inicial contractual no contemplaba tarifas diferenciales, veamos:
“[…] Habiendo señalado lo anterior y teniendo en cuenta las facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 21
de la 105 de 1993, así como las establecidas en el Decreto 087 de 2011, resulta necesario precisar que el Ministerio de
Transporte emite las disposiciones respecto de las solicitudes remitidas por las entidades adscritas que tienen a cargo los
diferentes proyectos viales, que se refieren a la fijación o cobro de las tarifas de los peajes, buscando garantizar la operación
en las vías nacionales, bajo un criterio de equidad fiscal.
No obstante, es importante resaltar que estas decisiones se toman teniendo en cuenta los estudios técnicos, económicos,
financieros, sociales y ambientales realizados y avalados por las entidades que tiene a su cargo la operación, administración
y recaudo de los peajes en cada uno de los proyectos viales, que para el caso en concreto, es la Agencia Nacional de
Infraestructura - ANI, de conformidad con el contrato de concesión suscrito bajo el esquema de APP IP No. 001 de 2017,
entre la mencionada entidad y la sociedad Accesos Norte de Bogotá S.A.S. - ACCENORTE S.A.S. En otras palabras, por
competencia, le corresponde a la ANI estudiar, viabilizar y proponer al Ministerio de Transporte la posibilidad otorgar
tarifas diferenciales en este peaje, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 4165 de 2011 “Por el cual se cambia la naturaleza
jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO)”.
Para ello, es importante tener en cuenta los lineamientos formulados por el Ministerio de Transporte, mediante la
circular No. 20181300236291 de fecha 18 de junio de 2018, sobre los trámites, revisión y expedición de actos
administrativos de peaje, tasas, reubicaciones, concepto vinculante previo o prórrogas que se requieran.
Así las cosas, la Agencia Nacional de Infraestructura debe remitirle al Ministerio de Transporte la propuesta de tarifa
diferencial, teniendo en cuenta el análisis de viabilidad sobre los aspectos técnicos, financieros, sociales y
económicos que esta autoridad haya realizado previamente. En el caso de encontrar ajustados y cumplidos los
requisitos, esta cartera ministerial, expide la Resolución de Concepto Vinculante Previo para el Establecimiento de
una Tarifa Diferencial. […] Por último, resulta importante informar que a la fecha en la Oficina de Regulación Económica del
Ministerio de Transporte no se encuentra en trámite ninguna solicitud para el establecimiento de una tarifa diferencial para las

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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101.Posteriormente,el ministerio precisó que correspondía a la ANI solicitar el
concepto vinculante necesario para evaluar la procedencia de la medida, mientras
que la ANI señaló que dicho beneficio se aplicaría cuando entrara en operación el
Proyecto Accesos Norte Fase II.

102.El 7 de marzo de 202049, la ANI realizó audiencia pública de socialización dentro
de la etapa de factibilidad del incremento de la tarifa del peaje con el proyecto
Accesos Norte Fase II. En dicha diligencia se incluyó la participación de la
comunidad del área de influencia del proyecto, quienes solicitaron el incremento
progresivo de las tarifas propuestas, así como la inclusión de tarifas diferenciales
para las comunidades de Fusca y Torca. En dicho documento se informó lo
siguiente:

“[…] Los peajes del actual proyecto Accenorte I son Andes, Fusca y Unisabana
(Antiguo Teletón), los cuales vienen desde el proyecto DEVINORTE, y para el nuevo
proyecto no se pondrán las estaciones de peaje, ya que lo que se busca es
incrementar las tarifas en los existentes.

En el proyecto Perimetral Oriente de Cundinamarca, a la fecha se encuentra en
operación el Peaje de Sopó, Cabañas y Patios, la infraestructura de estos peajes es
cobro unidireccional, de la siguiente manera:

• Sopó: Cobro en sentido La Calera - Sopó. Entro en operación a partir del 16 de
enero de 2020.

• Patios: Cobro en sentido Bogotá - La Calera. Fue entregado para Operación a la
Concesionaria POB S.A.S.

• La Cabaña: Cobro en sentido Sopó - La Calera. Fue entregado para Operación
a la Concesionaria POB S.A.S.

• Inquietudes adicionales dirigirse al correo: atencionalusuario@pob.com.co

El alcance del proyecto es el que se tiene acotado y su estado de avance no permite
incluir nuevas vías. Cualquier alcance adicional generará otros incrementos en los
peajes, lo cual puede causar el rechazo de las comunidades.

[…] de acuerdo al Estudio de Tránsito y Transporte, como datos de entrada de la
Encuesta de Movilidad realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad del año 2019,
se tiene la siguiente distribución del Tránsito para automóviles en el paso por los
Peajes Andes, Fusca y Unisabana así:

comunidades de Fusca y Torca, razón por la cual, conforme a lo expuesto en el presento documento, se le remitirá por
competencia esta solicitud a la Agencia Nacional de Infraestructura. […]” (negrilla fuera de texto).
También la ANI, en escrito de 31 de mayo de 2021, informó a la Personería Municipal de Chía lo siguiente:
“[…] Una vez revisada la comunicación del asunto, se advierte que la misma fue remitida por competencia del Ministerio de
Transporte bajo radicado MT No. 2021-303-0456071 del 10 de mayo de 2021 elevada por la Personería Municipal de Chía
donde se pide información relacionada sobre el estado del trámite adelantado para la aprobación de la tarifa Preferencial del
peaje de fusca para la comunidad del municipio de Chía.
Al respecto se reitera que actualmente el proyecto Accesos norte a la ciudad de Bogotá D.C., no tiene contempladas tarifas
diferenciales para los habitantes de la zona de influencia del proyecto.
Para contextualizar, las estaciones de peaje Andes, Unisabana y Fusca hace parte del proyecto de asociación público-privada
de iniciativa privada Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C., contrato de concesión No 001 de 2017, que inició el 7 de abril
de 2017, suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario Accesos Norte de Bogotá S.A.S. […]”.
49
Cfr. Índice 43 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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De acuerdo a lo anterior, el municipio de Chía genera el 15.27% de los viajes en
automóviles que pasan por los peajes. Es necesario precisar que en Bogotá se
generan el 57.61% de los viajes en automóviles que pasan por los peajes.

[…]

• Se informa que la nueva estructura tarifaria planteada es la siguiente, el 66.1734%
del recaudo actual es para los ingresos del concesionario del Contrato N° 001 de
2017(Accenorte I) y el 30.8266% del recaudo actual más el incremento será para el
concesionario del proyecto Accenorte II.

[…]

• La ANI inicio una serie de análisis técnicos de la dinámica social de movilidad de
esta comunidad incluidos en el Estudio de Tránsito para evaluar múltiples escenarios
en donde se pudo establecer una posible solución para aplicar tarifa diferencial a los
residentes en las comunidades de Fusca y Torca. Al respecto, es necesario precisar
que la Tarifa Diferencial será ajustada al mínimo porcentaje de ingresos que le
corresponde al Concesionario de acuerdo al Contrato N°001 de 2017 (Accenorte I).

[…]

Sobre la Tarifa Diferencial

Las peticiones de los asistentes, de los veedores, de los concejales e incluso de la
administración se basan en la Ley 787 de 2002, que contempla para la fijación y
cobro de tasas, tarifas y peajes, la observación de los siguientes principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte,
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

1. ¿Desde el 2002 se garantizó el adecuado mantenimiento, operación y
desarrollo de la Vía Chía - Bogotá y viceversa?

[…] R/ El Contrato de Concesión N°664 de 1994, Construyó, Operó y Mantuvo los
corredores viales Calle 245 de la Carrera Séptima (Bogotá) - La Caro - Zipaquirá
y el Corredor Autopista Norte Calle 245 (Bogotá) - La Caro - Briceño, como se
muestra desde el año 1994. Hay que tener en cuenta que tal como lo menciona
usted el Mantenimiento y Operación que estaba a cargo del Contrato N°664 de
1994, paso a cargo del Concesionario del Contrato N°001 de 2017.

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción […]

1. ¿Por qué están exentas las motocicletas?

R/ Como se indica en la pregunta, las motocicletas están exentas por lo dispuesto
en la Ley 787 de 2002, por lo que el cobro solo sería procedente si se modifica
dicha norma.

2. ¿Por qué no están exentos los vehículos de transporte escolar?

24

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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R/ Las únicas excepciones contempladas son las establecidas en la Ley 787 de
2002, por lo que, al no estar incluidos los vehículos escolares, son objeto de cobro
de las tarifas de peajes.

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las
distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de
operación;

1. ¿Cómo se sustenta la tarifa técnica del Peaje?

R/ Se encuentra sustentado en respuesta a una pregunta anterior.

2. ¿Cómo se estructuraría una tarifa diferencial para el transporte público y cómo
modificaría esta tarifa el costo del pasaje intermunicipal?

R/ La ANI inicio una serie de análisis técnicos de movilidad incluidos en el Estudio
de Tránsito para evaluar múltiples escenarios, en donde se pudo establecer una
posible solución para aplicar tarifa diferencial a los vehículos de transporte público
de pasajeros. Al respecto, es necesario precisar que la Tarifa Diferencial
corresponderá a no incremento de la tarifa de peaje actual. Por lo anterior, y al no
tener incremento tarifario, se considera que no se debería afectar el costo del
pasaje intermunicipal. […]”.

103.Sobre la pregunta relacionada con la sustentación de la tarifa técnica del peaje, el
documento informó que “[…] el 66.1734% del recaudo es para los ingresos del
concesionario del Contrato N°001 de 2017 (Accenorte I), y el 30.8266% del recaudo
más el incremento propuesto será para el concesionario del proyecto Accenorte II.
Para definir el incremento de tarifa necesario para ejecutar las obras de construcción
y realizar las actividades de operación y mantenimiento y los rubros adicionales
conforme a lo enunciado en la respuesta 1 del presente aparte, es necesario realizar
una estructura ‘project finance’ que permite evaluar conjuntamente todos los aspectos
financieros y técnicos para definir los ingresos óptimos del proyecto, la inversión
(capex y opex), los gastos, la financiación y la rentabilidad que genera el proyecto
[…]”.

104.Mediante memorandos 20211410038473 de 25 de marzo de 2021 y
20211210048993 de 23 de abril de 2021, la Oficina de Regulación Económica del
Ministerio de Transporte, en cumplimiento del numeral 9.8. del artículo 950 del
Decreto 087 de 17 de enero de 201151, emitió concepto previo vinculante favorable
para el incremento de las tarifas, la incorporación de tarifas diferenciales y la fórmula
de actualización correspondiente que se deberán aplicar anualmente a las
estaciones de peaje Andes, Fusca y Teletón.

105.Con fundamento en lo anterior, en la Resolución 20213040025145 de 17 de
junio de 2021, el ministerio aprobó un incremento en las tarifas en las estaciones de
peaje denominadas Andes, Fusca y en la ubicada en el acceso al puente curvo
teletón, en los años 2023 a 2026. Además, fijó las siguientes tarifas diferenciales

50
“[…] ARTÍCULO 9°. Oficina de Regulación Económica. Son funciones de la Oficina de Regulación Económica las siguientes:
9.8. Elaborar las propuestas para establecer fórmulas y criterios en materia tarifaria y de localización de las estaciones de
peajes. […]”.
51
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias
[…]”.

25

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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para las categorías IE2, IIE y IIE2 en las estaciones de peaje Andes y Fusca, cuya
aplicación estaba sujeta a la ejecución el proyecto “Accesos Norte Fase II”, veamos:

“[…] ARTÍCULO 3.- Establecer las siguientes tarifas diferenciales para la categoría
IE2 en la estación de peaje Fusca y en las categorías IIE y IIE2 en las estaciones de
peaje denominadas Andes y Fusca, así:

Peaje Andes Peaje Fusca
Categoría TARIFA TARIFA Cupos /Pasos
(No incluye FOSEVI) (No incluye FOSEVI)
Categoría
14.000 14.000 100 cien pasos diarios.
IIE
Categoría
• 6.000 180 cupos.
IE2
Categoría
15.400 15.400 1000 mil pasos diarios.
IIE2
• Tarifa en pesos de diciembre de 2019.

PARÁGRAFO 1. La tarifa de la categoría IIE en las estaciones de peaje Andes y
Fusca aplica para los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros por
carretera que estén vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera habilitadas por el Ministerio de Transporte que
operen la ruta Bogotá - Chía y viceversa. La tarifa diferencial entrará a regir a partir
de la entrada en vigencia de la presente Resolución.

PARÁGRAFO 2. La tarifa de la categoría IE2 aplica a los vehículos de las
comunidades de Fusca y Torca. La aplicación de esta tarifa entrará en vigencia a
partir del 16 de enero de 2023, siempre y cuando se encuentre en ejecución el
proyecto “Accesos Norte Fase II” y se hubiese realizado el incremento establecido en
el artículo 1 de la presente Resolución.

PARÁGRAFO 3. La tarifa de la categoría IIE2 en las estaciones de peaje Andes y
Fusca, aplica a los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros por
carretera que estén vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera habilitadas por el Ministerio de Transporte que
operen las rutas Bogotá - Chía y viceversa, y Bogotá - Cajicá y viceversa, en las
estaciones de peaje Andes y Fusca, dicha tarifa diferencial, de acuerdo con el Estudio
de Tránsito, corresponderá al cobro actual de la tarifa de peajes, las cuales no
incluirán los incrementos proyectados en los años 2023 y 2026.

PARÁGRAFO 4. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente acto
administrativo no incluyen el valor correspondiente al Programa de Seguridad en
Carreteras - FOSEVI.

ARTÍCULO 4.- La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el
procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo
y control, y las causales de pérdida del beneficio de las tarifas diferenciales previstas
en esta resolución corresponderá a la Agencia Nacional de Infraestructura.

ARTÍCULO 5.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. […]”
(negrilla del texto).

106. La parte motiva del referido acto administrativo señaló:

“[…] Que mediante oficio con número de radicado 20212000077111 del 17 de marzo
de 2021, y oficio alcance de fecha 23 de abril de 2021, la Agencia Nacional de
Infraestructura solicita la expedición del presente acto administrativo con el fin de

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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establecer: i) incremento para los años 2023 y 2026, en las tarifas de las estaciones
de peaje denominadas “Andes”, “Fusca”, y en la estación de peaje ubicada en el
acceso al Puente Curvo Teletón, ii) establecer la fórmula de actualización y iii)
establecer tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 en las
estaciones de peaje “Andes” y “Fusca” las cuales actualmente están a cargo
del Concesionario ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S - ACCENORTE S.A.S.,
en virtud del Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No. 001 de 2017,
con fundamento en lo siguiente:

1.Antecedentes

[…] Actualmente la sociedad concesionaria ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S.
• ACCENORTE S.A.S. tiene a cargo las estaciones de peaje “Andes”, “Fusca”, y
“estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón”, en virtud del contrato
de concesión de APP No. 001 de 2017, y su cobro se rige por las precitadas
Resoluciones 937 de 1994, 5640 de 1996, 05 de 2000, y 3084 de 2000. Las
estaciones de peaje mencionadas se encuentran ubicadas como se muestra en la
siguiente tabla:

SENTIDO DEL COORDENADAS
ID PEAJE TRAMO
COBRO ESTE NORTE
P1 Andes Autopista Norte Sur - Norte 74º1’59.41” 4º49’48.21”
P2 Fusca Carrera Séptima Sur - Norte 74º1’44.05” 4º50’7.41”
Corredor Chía - Occidente -
P3 Teletón 74º1’53.31” 4º51’19.29”
Autopista Norte Norte

De igual manera, en el Contrato de Concesión No. 001 de 2017 se creó la Subcuenta
Depósito Especial de Recaudo la cual se fondea con parte del recaudo de peaje de
dichas estaciones, indicando que estos recursos son de libre disposición de la ANI.

Es necesario indicar que, por medio del Radicado No. 20213100008171 del 13 de enero
de 2021, la ANI, una vez emitido concepto por la Interventoría del Contrato de
Concesión No. 001 de 2017 a través de Radicado ANI No. 20214090015522 del 07 de
enero de 2021, aprobó la propuesta de incremento de tarifas presentada por el
concesionario Accesos Norte de Bogotá para las estaciones de peaje Andes, Fusca y
“estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón”, que rigen desde el 16
de enero de 2021 y hasta el 15 de enero de 2022, así:

ESTACIÓN DE PEAJE ANDES
TARIFAS
(NO
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
INCLUYE
FSV)
Categoría I Automóviles, Camperos y Camionetas $8.900
Buses, busetas, Microbuses con eje
Categoría II $15.600
trasero de doble llanta
Categoría III Camiones pequeños de (2) dos ejes $ 10.000
Categoría IV Camiones grandes de (2) dos ejes $22.800
Categoría V Camiones de tres y cuatro ejes $34.800
Categoría VI Camiones de cinco ejes $44.800
Categoría VII Camiones de seis ejes o más $49.700

ESTACIÓN DE PEAJE FUSCA
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN TARIFAS

27

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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(no
incluye
FSV)
Categoría I Automóviles, Camperos y Camionetas $8.900
Buses, busetas, Microbuses con eje
Categoría II $15.600
trasero de doble llanta
Categoría III Camiones pequeños de (2) dos ejes $ 10.000
Categoría IV Camiones grandes de (2) dos ejes $22.800
Categoría V Camiones de tres y cuatro ejes $34.800
Categoría VI Camiones de cinco ejes $44.800
Categoría VII Camiones de seis ejes o más $49.700

ESTACIÓN DE PEAJE UBICADA EN EL ACCESO AL PUENTE CURVO TELETÓN

TARIFAS
(NO
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN
INCLUYE
FSV)
Categoría V Camiones de tres y cuatro ejes $34.800
Categoría VI Camiones de cinco ejes $44.800
Categoría VII Camiones de seis ejes o más $49.700

Vale la pena precisar que en la Sección 4.5 (g) de la Parte Especial del Contrato de
Concesión N°001 de 2017 se encuentra contemplada la Subcuenta Depósito Especial
del Recaudo, la cual se fondea con una parte del recaudo de peaje de las estaciones
Andes, Fusca y una estación de peaje ubicada en el puente curvo de teletón.
Adicionalmente, la Sección 4.5(g)(ii) del Contrato de Concesión No.001 de 2017 indica
que estos recursos son de libre disposición de la Agencia Nacional de
Infraestructura, lo cual le permite vincular parte de los ingresos de dicho Contrato
a la ejecución del proyecto de Quinta Generación de Concesiones Accesos Norte
Fase II, una vez éste sea adjudicado; pero manteniendo la operación de las tres
estaciones de peaje en cabeza del concesionario ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ
S.A.S. - ACCENORTE S.A.S., del Contrato de Concesión No. 001 de 2017.

Ahora bien, en la Sección 4.2(a)(ii) de la Parte Especial del Contrato de Concesión No.
001 de 2017 se previó la posibilidad de modificar la Resolución de Estructura
Tarifaria con el fin de establecer un incremento de tarifas de Peaje o la Instalación
de una nueva estación de peaje, caso en el cual el Concesionario de ese contrato
deberá mantener la operación de recaudo de peaje, sin que por lo anterior se
genere ningún reconocimiento adicional.

[…] El proyecto de Quinta Generación de Concesiones Accesos Norte Fase II
abrió su proceso de Licitación Pública el 12 de marzo de 2021, y tiene como objeto
principal desarrollar un corredor vial con un nivel de servicio óptimo que
garantice la conexión entre Bogotá, los municipios del norte de la sabana Chía,
Sopó, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá; y contempla un alcance origen - destino de 17,96
kilómetros, con intervenciones distribuidas así: 5,83 kilómetros para el corredor de la
Autopista Norte, 4,93 kilómetros para la Carrera Séptima en la cuidad de Bogotá y 7,2
kilómetros en la Perimetral de Sopó en el municipio del mismo nombre.

Dentro de la estructuración financiera del proyecto de Asociación Público Privada de
iniciativa pública Accesos Norte Fase II, se contempló como única fuente de
retribución del concesionario una porción del recaudo de peaje y el incremento
tarifario previsto en la presente resolución de las estaciones Andes, Fusca y
“estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón”, conforme a las
condiciones establecidas en la minuta del contrato de concesión que hace parte

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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del pliego de condiciones del proceso de selección No. VJ-VE-APP-IPB-001-2021,
y las Secciones 4.2(a) y 4.5(g) del Contrato de Concesión No.001 de 2017.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que el proyecto Accesos Norte Fase II
es un complemento del proyecto Accesos Norte a la Ciudad de Bogotá D.C., el
cual opera las estaciones de peaje de Andes, Fusca y “estación de peaje ubicada
en el acceso al puente curvo teletón”, la ANI decidió destinar los recursos de la
Subcuenta Depósito Especial del Recaudo, creada en el marco del Contrato de
Concesión No. 001 de 2017 (Concesión Accesos Norte de Bogotá S.A.S.), para la
ejecución del proyecto Accesos Norte Fase II.

2. Descripción del proyecto Accesos Norte Fase II y justificación de la solicitud.

[…] En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012, la Agencia Nacional de
Infraestructura efectuó la evaluación de los aspectos técnicos, socioeconómicos,
ambientales, prediales, financieros y jurídicos del proyecto de iniciativa pública
“Accesos Norte Fase II”, e incluyó dentro de los estudios de factibilidad la descripción
completa del Proyecto incluyendo diseño, construcción, operación,
mantenimiento y explotación del mismo, el modelo financiero detallado y
formulado que fundamente el valor del Proyecto, así como la descripción
detallada de las fases, duración del Proyecto y justificación del plazo del contrato.

3. Solicitud de expedición de Resolución de Peaje

La Agencia Nacional de Infraestructura es la entidad encargada de concesionar todos
los tramos viales del proyecto de APP de Iniciativa Pública Accesos Norte Fase II al
oferente que resulte adjudicatario de este, concesión que incluye los tramos viales
nacionales y distritales descritos en el presente oficio.

En consecuencia, de manera atenta se solicita la expedición de la Resolución de Tarifa
de Peajes que establezca un incremento para los años 2023 y 2026 en las tarifas a
cobrar en las estaciones de peaje denominadas “Andes” “Fusca”, y “una estación de
peaje ubicada en el acceso al puente curvo teletón”, su fórmula de actualización y se
establezcan tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 para las estaciones
de peaje “Andes” y “Fusca”, de la siguiente manera: […]

2. Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2
expresadas en Pesos de diciembre de 2019 y sin incluir la tarifa del Fondo de
Seguridad Vial (FSV):

Categoría Peaje Andes Peaje Fusca Entrada en Vigencia
Desde la entrada en
Categoría IIE 14.000 14.000
vigencia de la resolución
Categoría IE2 - 6.000 16 de enero de 2023
Categoría IIE2 15.400 15.400 16 de enero de 2023

3.1 Justificación de los Incrementos y las Tarifas Diferenciales

Los incrementos en las tarifas encuentran su sustento en la estructuración técnica
del proyecto Accesos Norte Fase II, en donde se identificó que para realizar las
intervenciones necesarias que permitan ampliar la capacidad de la vía en los
corredores que comunican a la ciudad de Bogotá con los municipios aledaños
Chía, Sopó, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá, entre otros, y con el norte del país,
resulta indispensable realizar los incrementos previstos con el fin de cubrir los
costos para la realización de las obras, de la operación y el mantenimiento que
permitan lograr mejorar las condiciones técnicas de la infraestructura,
manteniendo niveles de servicio óptimos.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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Al respecto, el primer incremento previsto en el año 2023 corresponde a las obras a
realizar en la Autopista Norte, la Perimetral de Sopó y el mejoramiento de la Carrera
Séptima. El segundo incremento previsto en el año 2026 corresponde a las obras
para la construcción de la segunda calzada de la Carrera Séptima.

Es importante mencionar, que las Resoluciones de Peajes 937 de 1994, 5640 de
1996, 05 de 2000, y 3084 de 2000 seguirán vigentes y en consecuencia, la
actualización de las tarifas de peaje durante la vigencia de las Concesiones
ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. y ACCESOS NORTE FASE
II, se realizará de conformidad con dichas resoluciones, esto es, la
actualización se efectuará conforme al IPC. Por lo tanto, solo en los años 2023
y 2026 habrá un incremento diferente al IPC, para los demás años del contrato
las tarifas a cobrar se actualizarán conforme a la fórmula de actualización del
IPC prevista en los en las resoluciones vigentes y en el Contrato de Concesión
No.001 de 2017 y el Contrato de Concesión que resulte del proceso de
Licitación Pública No. VJ-VE-APP-IPB-001-2021.

Teniendo en cuenta las necesidades de incremento de la tarifa de las estaciones de
peaje Andes, Fusca y la estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo Teletón,
el 7 de marzo de 2020 se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de
Cundinamarca la Audiencia de Socialización de Incremento de Tarifa de Peaje, la
cual contó con la presencia de la comunidad del área de influencia del proyecto,
autoridades locales e interesados, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y
controvertir el mismo. En el marco de dicha audiencia, integrantes de la comunidad y
del área de influencia del proyecto solicitaron el incremento progresivo de las tarifas
propuestas, así como la inclusión de tarifas diferenciales para las comunidades de
Fusca y Torca. Con lo cual, el establecimiento de las categorías especiales para
el cobro de tarifas diferenciales encuentra su sustento en las mencionadas
socializaciones y solicitudes de la comunidad.

La nueva tarifa diferencial IE2 correspondiente a la Estación de Peaje Fusca, será
aplicada para los vehículos de las comunidades de Fusca y Torca. Al respecto, la
ANI realizó una serie de análisis técnicos de la dinámica social de movilidad de esta
comunidad incluidos en el Estudio de Tránsito para evaluar múltiples escenarios, en
donde se pudo establecer la solución para aplicar la nueva tarifa diferencial IE2
correspondiente a la Estación de Peaje Fusca. Así las cosas, en consideración a los
requerimientos efectuados por la comunidad del área de influencia del proyecto y todos
los análisis técnicos, financieros y de riesgos sobre los dos proyectos involucrados en
este corredor, se pudo fijar la Tarifa Diferencial en SEIS MIL PESOS ($6.000)
expresados en Pesos de diciembre de 2019 y sin incluir la tarifa del Fondo de Seguridad
Vial (FSV).

Para esta tarifa diferencial se otorgarán CIENTO OCHENTA (180) CUPOS con el
estimado de UN (1) PASO DIARIO por la estación de peaje Fusca.

La nueva tarifa diferencial IIE2 correspondiente a las estaciones de Peaje Fusca y
Andes, será aplicada a los vehículos que estén autorizados por el Ministerio de
Transporte para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en
las rutas Bogotá - Chía y viceversa, y Bogotá - Cajicá y viceversa. Dicha tarifa
diferencial, de acuerdo con el Estudio de Tránsito, corresponderá al cobro actual de la
tarifa de peajes las cuales no incluirán los incrementos proyectados en los años 2023 y
2026.

Para esta tarifa diferencial se otorgarán MIL (1.000) PASOS DIARIOS en general para
la categoría, teniendo en cuenta que dentro de la información recopilada se estableció
que para las empresas de transporte público de los municipios de Chía y Cajicá se tiene
en promedio un total de 811 viajes por día. Lo anterior, considerando que cuando el
proyecto inicie su etapa de operación, proyectada en el 2029, los tiempos de viaje entre

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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Bogotá y Chía o Cajicá se disminuirán y, a su vez, esto generará un eventual incremento
de la demanda de pasajeros, toda vez que con la misma flota vehicular se podrán
realizar más viajes por día, proyectándose un máximo de 1.000 viajes diarios, que
representa un incremento del 19% con respecto a la información actual.

La nueva tarifa diferencial IIE será aplicable a los vehículos para la prestación del
servicio público de transporte de pasajeros que estén autorizados por el Ministerio
de Transporte y será aplicable para los vehículos de servicio público que operen la ruta
Bogotá - Chía y viceversa en la estación de peaje “Andes” y “Fusca”. La aplicación de
esta categoría entrará en vigencia a partir de la expedición de la resolución.

Para esta tarifa diferencial se otorgarán CIEN (100) PASOS DIARIOS en general para
la categoría.

Vale la pena señalar que las tarifas diferenciales de las Categorías IE2 y IIE2,
entrarán en vigencia a partir del 16 de enero de 2023, siempre y cuando se
encuentre en ejecución el Proyecto Accesos Norte Fase II, y una vez se haya
efectuado el incremento de tarifas de peaje previsto.”

[…] en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde a la Agencia fijar los
requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de
pérdida del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes. […]” (negrilla fuera de
texto).

107.Mediante auto de 8 de octubre de 202352, el tribunal requirió a la Agencia
Nacional de Infraestructura para que aportara los estudios y evaluaciones
efectuados en el proyecto APP “Accesos Norte Fase II”. Asimismo, solicitó que se
precisara la forma en que se socializó la incorporación de tarifas diferenciales en los
peajes objeto del contrato de concesión 001 de 2017.

108.En respuesta a dicho requerimiento, la ANI allegó el memorando de 24 de
noviembre de 202353, en el cual señaló lo siguiente:

“[…] en el siguiente enlace, se encuentra la información relacionada con el
proceso de estructuración del proyecto Accesos Norte II, la cual fue soporte para
el proceso de selección del concesionario y fue descargada del repositorio del cuarto
de datos con enlace de consulta en la página web de la ANI:

https://anionline-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/svasquez_ani_gov_co/Ei1q9te1RF5FpFeljZVt66Y
BT7IMvs_sju8-rUxvxhIamA?e=W0KYfD

[…] Con relación a los peajes, en el enlace encontrará información relacionada
con la Resolución expedida por el Ministerio de Transporte No.
20213040025145 del 17 de junio de 2021 “Por la cual se establece un incremento
en las tarifas en los años 2023 y 2026 en las estaciones de peaje denominadas
“Andes” “Fusca” y en la estación de peaje ubicada en el acceso al puente curvo
teletón, se establece la fórmula de actualización y se establecen tarifas
diferenciales para las categorías IE2, IIE y IIE2 en las estaciones de peaje “Andes”
y “Fusca”.

52
Cfr. Índice 37 del expediente digital de primera instancia. Páginas 119-123.
53
Cfr. Índice 43 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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[…] De otra parte, es de tener en cuenta que los inputs que se utilizan para la
elaboración del Modelo Financiero, incluyendo el esquema tarifario y los estudios de
tráfico, fueron divulgados dentro del proceso a través del Cuarto de Datos y en los
documentos publicados en el link del proceso del SECOP1 del proceso y corresponde
a los interesados y potenciales oferentes realizar sus propios estudios a fin de
presentar sus ofertas y por tanto son de su entero resorte y responsabilidad frente a
la viabilidad, completitud y consistencia de su oferta. […]” (negrilla fuera del texto).

109.La carpeta one drive referida en el documento contiene el “[…]
PROCEDIMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LAS
TARIFAS DIFERENCIALES ENTRE LOS PROYECTOS ACCESOS NORTE A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y ACCESOS NORTE FASE II. […]”, elaborado por la
ANI y el Ministerio de Transporte.

110. Allí se precisó que la tarifa diferencial IE2 aplicaría para vehículos de residentes
de las comunidades de Fusca y Torca, en el municipio de Chía. Además, se
regularon las categorías IIE e IIE2, dirigidas a vehículos autorizados para prestar
servicio público de transporte de pasajeros en las rutas Bogotá-Chía, Bogotá-Cajicá
y viceversa.

111.También se establecieron los requisitos para acceder al beneficio. Para la
categoría IE2, el solicitante debe ser residente de Fusca o Torca, propietario del
vehículo y presentar la documentación indicada. Para las categorías IIE e IIE2, se
exige pertenecer a una empresa de transporte público autorizada, acreditar la ruta
respectiva y aportar los documentos exigidos.

112. Respecto de la distribución de responsabilidades entre los concesionarios, se
indicó que el concesionario de Accesos Norte Fase II debe recibir documentos,
verificar requisitos y solicitar a la ANI el reconocimiento del beneficio. Por su parte,
el concesionario del contrato 001 de 2017 tenía que actualizar el software de
recaudo, ingresar la información de beneficiarios y asignar e instalar los TAG RFID.

113.Posteriormente, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
20243040027265 de 18 de junio de 2024, mediante la cual modificó el artículo 3 de
la Resolución número 020213040025145 de 17 de junio de 2021, en los siguientes
términos:

“[…] ARTÍCULO 2o. Modificar el artículo 3o de la Resolución número
020213040025145 de 17 de junio de 2021, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 3o: Establecer las siguientes tarifas diferenciales para las categorías IE
y IIE2 en las estaciones de peaje Andes y Fusca y para la categoría IE2 en la caseta
Grania, así:

32

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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PARÁGRAFO 1o. La tarifa de la categoría IE2 de la caseta Grania aplica únicamente
a los vehículos de los habitantes de las veredas Fusca y Torca del municipio de Chía,
siempre y cuando se encuentre en ejecución el proyecto “Accesos Norte Fase II”.

PARÁGRAFO 2o. La tarifa de la categoría IIE2 en las estaciones de peaje Andes y
Fusca, aplica para los vehículos de servicio público de transporte de pasajeros por
carretera que estén vinculados a empresas de servicio público de transporte terrestre
automotor de pasajeros por carretera habilitadas por el Ministerio de Transporte que
operen la ruta Bogotá - Chía y viceversa.

PARÁGRAFO 3o. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo, se
actualizarán los días 16 de enero de cada año de conformidad lo establecido en la
Sección 5.2 Estructura Tarifaría Literal a) Romanito (v), en todo caso, dicho
incremento nunca será inferior a cien (100) pesos, de acuerdo con la siguiente
fórmula:

PARÁGRAFO 4o. Las tarifas diferenciales establecidas en el presente acto
administrativo no incluyen el valor correspondiente al Programa de Seguridad en
Carreteras (Fosevi), el cual se actualizará anualmente en los términos señalados en
la Resolución número 20243040001135 del 15 de enero de 2024.

33

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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PARÁGRAFO 5o. La Agencia Nacional de Infraestructura deberá adoptar los
requisitos para acreditar la calidad de beneficiario de las tarifas diferenciales indicadas
en el presente artículo, el procedimiento para acceder al beneficio y las causales de
pérdida del mismo.”

ARTÍCULO 3o. Adiciónese un parágrafo al artículo 4o de la Resolución número
20213040025145 de 17 de junio de 2021, el cual quedará así
“PARÁGRAFO: Las tarifas diferenciales se aplicarán siempre y cuando se cuente con
recursos suficientes en el Fondo de Pasivos Contingentes o en la Subcuenta
correspondiente para efectuar la compensación del riesgo tarifaria. Cuando se
advierta amenaza o insuficiencia de recursos en los mecanismos de compensación
contemplados en los Contratos de Concesión número 0 001 de 2017 y 001 de 2022,
la Agencia Nacional de Infraestructura deberá proponer al Ministerio de Transporte,
con suficiente antelación, una modificación y/o incremento del valor de las tarifas y
demás condiciones previstas en la presente resolución.”.

ARTÍCULO 4o. Las tarifas diferenciales en las estaciones de peaje Andes y Fusca
para las categorías IE y IIE2 y en la caseta Grania para la categoría IE2, serán
aplicables una vez entre en vigencia la presente resolución y se adopten por parte de
la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los requisitos para acreditar la calidad
de beneficiario, el procedimiento para acceder al beneficio y las causales de pérdida
del mismo. […]”. (negrilla del texto).

114. La parte motiva de dicho acto explicó lo siguiente:

“[…] Que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI mediante el radicado
20243030677262 del 24 de abril de 2024, solicitó "(...) modificar las tarifas
diferenciales de las estaciones de peaje Andes y Fusca contenidas en la Resolución
No. 20213040025145 de 2021, […] Como fundamento de su solicitud, la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI, señaló lo siguiente:

La presente solicitud tiene como base las siguientes consideraciones:

• Que desde el año 2022, en el marco de las socializaciones realizadas en el proyecto
Accesos Norte Fase II, se adelantaron reuniones entre voceros de la comunidad del
municipio de Chía y la administración municipal y, en representación del sector
Transporte, la Viceministra de Transporte y el Vicepresidente de Planeación, Riesgos
y Entorno de la ANI, en la que se plantearon propuestas tarifarias para la comunidad
del citado municipio.
• Que las propuestas tarifarias, fruto de las negociaciones realizadas a través de
mesas de trabajo, fueron acogidas por la comunidad del municipio de Chía.
• Que las áreas responsables de revisar y emitir concepto de viabilidad para la
modificación de los peajes plasmaron sus argumentos y conclusiones en el
"INFORME EJECUTIVO DE JUSTIFICACIÓN ASIGNACIÓN DE TARIFAS
DIFERENCIALES PARA LAS ESTACIONES DE PEAJE ANDES, FUSCA Y CASETA
CRANIA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE ANDES UBICADAS EN EL PROYECTO
ACCESOS NORTE A BOGOTÁ D.C.", el cual se anexa a la presente comunicación.

Los fundamentos de la presente solicitud se esbozan a continuación:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

[…] El artículo 1° del Decreto 050 de 2023 ordenó ≪no incrementar a partir de la
vigencia del presente decreto las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el
territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías
(INVIAS) y de la Agencia Nacional de Infraestructura, durante la vigencia del presente
decreto.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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El Decreto 2287 de 2023 estableció el incremento gradual de las tarifas de peaje a
vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo
de la ANI, a través de las resoluciones del Ministerio de Transporte.

[…] El 01 de abril de 2022, la AIMI (sic) y la sociedad concesionaria RUTA
BOGOTÁ NORTE S.A.S. (RUTA BOGOTÁ NORTE) suscribieron el Contrato de
Concesión bajo el esquema de APP N° 001 de 2022, cuyo objeto es ‘El
otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con lo previsto en
este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo; lleve a cabo el
Proyecto. El alcance físico del proyecto se describe en la Parte Especial y en el
Apéndice Técnico 1’, y su alcance conforme a la Sección 4.2 de la Parte
Especial es ‘la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos,
gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación,
mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor PROYECTO ACCESOS
NORTE FASE 11’. El Acta de Inicio del Contrato fue suscrita el 23 de junio de
2022.

En la sección 4.6. de la Parte Especial del Contrato de Concesión bajo el
esquema de APP N° 001 de 2022, se estableció que ‘este Proyecto cuenta con
un porcentaje del Recaudo del Peaje de las Estaciones de Peaje existentes,
denominadas Andes, Fusca y Unisabana (estación de peaje ubicada en el
acceso al Puente Curvo Teletón), de conformidad con lo establecido en el
Contrato de Concesión No. 001 de 2017 (…)’

La sección 5.2 de la Parte Especial del Contrato de Concesión No. 001 de 2022
regula la estructura tarifaria del proyecto en los siguientes términos:

Estructura Tarifaria de las Estaciones de Peaje existentes
Tarifa Vigente en el año 2021
Peaje Andes Peaje Fusca Peaje Unisabana
Categoría
Tarifas (No incluyen Tarifas (No Tarifas (No incluyen FSV)
FSV) incluyen FSV)
Cat I 6.900 8.900 -
Cat II 15.600 15.600 -
Cat III 10.000 10.000 -
Cat IV 22.800 22.800 -
Cat V 34.800 34.800 34.800
Cat VI 44.800 44.800 44.800
Cat VII 49.700 49.700 49.700
Cat IIE 14.700 14.700 -
1. El Peaje Control de Unisabana (ubicado en el acceso al puente curvo de Teletón) solo
recauda en el sentido Chía-Autopista Norte en las categorías indicadas

[…]

Según la regulación de los contratos de concesión, el 33,8266% del recaudo de peaje
recaudado en el proyecto Accenorte es fuente de retribución del proyecto Accenorte
Fase II. Para el efecto, se transfiere mensualmente el porcentaje de recursos
definido, de la Subcuenta de Deposito Especial del Recaudo (P.A. Accenorte) a la
Subcuenta Central de Recaudo Mensual (P.A. Accenorte Ease II).

Que, el 15 de enero de 2024, el Ministerio de Trasporte expidió las Resoluciones
20243040001125 y 20243040001135, mediante las cuales: i) se incrementaron
las tarifas de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional por
estaciones de peajes a cargo de la ANI y; ii) se incrementó el valor estimado al
Fondo de Seguridad Vial FOSEVI.

1.1 Respecto de la modificación de las tarifas diferenciales

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Teniendo en cuenta las socializaciones adelantadas dentro del marco del proyecto
ACCESOS NORTE FASE II, y los incrementos contractuales previstos para el año
2023, desde el mes de noviembre de 2022 se adelantaron reuniones entre voceros
de la comunidad del Municipio de Chia y la administración municipal, de las
cuales se recibieron solicitudes para ampliar la cantidad de cupos para tarifas
diferenciales en diferentes categorías en los peajes Andes y Fusca.

El día 26 de junio de 2023 se llevó a cabo reunión con representantes de la
comunidad del municipio de Chia, la Viceministra de Transporte y el Vicepresidente
de Planeación Riesgos y Entorno de la ANI, en la que se plantearon propuestas
tarifarias, que fueron acogidas por la comunidad de Chía.

Con la suscripción del Decreto No. 0050 del 15 de enero de 2023, no se dio el
incremento de las tarifas establecidas en la Resolución 25145 de 2021.

En mesa de trabajo adelantada el 30 de agosto de 2023, la ANI presento la propuesta
de tarifas diferenciales resultado de la gestión y del análisis del recurso financiero y
de riesgos, aclarando que las tarifas diferenciales son recursos que se dejan de
percibir y que el Estado debe aplicar los mecanismos de compensación y la
consecución de recursos para garantizar el equilibrio económico de los Contratos de
Concesión, tanto para Accesos Norte a la Ciudad de Bogotá D.C. y Accesos Norte
Fase II.

[…] Mediante el Decreto 2287 de 29 de diciembre 2023, la Agenda Nacional de
Infraestructura a partir del 16 de enero de 2024 aplico la actualización de la tarifa
para el año 2023 conforme a la fórmula de IPC de diciembre de 2022, esto, sin
efectuar el incremento contractual establecido en el contrato de concesión No. 001
de 2022, hasta tanto no se emita la resolución de tarifas diferenciales, conforme a los
compromisos fijados con la comunidad del municipio de Chía.

Mediante memorando N.° 20247050044653 del 06 de marzo de 2024, la
Vicepresidencia Jurídica de la ANI conceptuó que ‘La tasa y la sobretasa
corresponden a dos tributos con finalidades diferentes. […] Si se pretende exonerar
del pago a un grupo de población, deberá crearse la exención por el legislador, en
virtud del principio de legalidad del tributo.’

Mediante memorando N.° 20246030049033, el GIT Social de la VPRE informó:
‘Desde la gerencia Social consideramos que en cumplimiento de la norma, conforme
los argumentos jurídicos explicados en el memorando referido, se sugiere una tarifa
diferencial de $100 teniendo en cuenta las propuestas de la comunidad y los
acuerdos que se llevaron a cabo en las mesas de trabajo y dialogo que se han sido
lideradas por' el Ministerio de Transporte y la ANI con las comunidades, a fin de
encontrar soluciones que garanticen su bienestar generando el menor Impacto
socioeconómico, pero a su vez, es la manera de poder darle continuidad a un
proyecto estratégico para la capital.’

Teniendo en cuenta el trabajo con los representantes de la comunidad y la
administración municipal de Chía (Cundinamarca), y el marco legal regulatorio del
sector transporte, en especial de peajes, se tienen los siguientes acuerdos:

• Estación de Peaje de Andes y Fusca:

Se propone la tarifa diferencial para vehículo particular (Categoría IE); para
estrato 3 a la cual se asignan 200 cupos, y para estratos 1 y 2 se asignan 851
cupos, para un total de 1051 cupos. La propuesta tarifaria diferencial sería de
$6.500 pesos versus la tarifa plena de $9.400 pesos de diciembre de 2021, esto,
para los habitantes del municipio de Chía que cumplan los requisitos y
condiciones establecidos y socializados en las mesas de diálogo.

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Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

En cuanto a la categoría IIE2 (Servicio Público), se disminuiría la tarifa establecida
de $16.500 pesos a $11.100 pesos de diciembre e (SIC) 2021, para 880 pasos
diarios. Es importante tener en cuenta que para el 2024 la tarifa se indexará de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2287 del 29 de diciembre de 2023 y las
resoluciones expedidas por el ministerio de Transporte No. 20243040001135 y No.
20243040001125 del 15 de enero de 2024.

Estaciones de Peaje Andes y Fusca
TARIFA TARIFA
PLENA (Pesos
CUPOS / (Pesos diciembre
TOTAL,
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PASOS diciembre 2021) NO
CUPOS
DIARIOS 2021) NO INCLUYE
INCLUYE FOSEVI
FOSEVI (Vigente)
Vehículos
particulares:
Automóviles,
Camperos,
Camionetas y
851 cupos $9.400 $6.500
Microbuses con ejes
de planta sencilla de
los habitantes del
municipio de Chía-
Cundinamarca
1051
IE Vehículos
cupos
particulares:
Automóviles,
Camperos,
Camionetas y
Microbuses con ejes 200 cupos $9.400 $6.500
de llanta sencilla de
los habitantes
usuarios jurisdicción
del municipio de
Chía-Cundinamarca
Vehículos de
servicio que Ruta 880 pasos
IIE2 $16.500 $11.100
Bogotá-Chía y diarios
Viceversa

[…]” (negrilla fuera del texto).

115. En el mismo documento se relacionaron los componentes técnico, social,
financiero y de riesgos para la implementación de beneficios en las estaciones de
peaje. Respecto al análisis socioeconómico se destacó que el otorgamiento de
tarifas diferenciales para poblaciones de menos ingresos económicos de las
veredas Fusca y Torca permitirán mitigar los impactos en la movilidad para acceder
a actividades laborales, de comercio, culturales y de salud, entre otras.

116.Desde el componente técnico-operativo se concluyó que la ampliación de cupos
y otorgamiento de tarifas diferenciales permitirá realizar los incrementos
contractuales previstos para la financiación y ejecución de la totalidad del alcance
contractual establecido en Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión 001 de
2022.

37

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

117.Respecto al componente financiero, se sugirió realizar monitoreo mensual de
suficiencia del Fondo de Contingencias en lo concerniente con el riesgo derivado
de la aplicación de la tarifa diferencial prevista en el Contrato de Concesión 001 de
2022.

118. De igual manera, se indicó que, en caso de advertirse una amenaza o
insuficiencia de alguno de los mecanismos de compensación contemplados en el
contrato de concesión 001 de 2017, susceptible de afectar su equilibrio económico-
financiero, la ANI deberá proponer las medidas pertinentes, tales como la
modificación y/o redistribución de cupos y/o el incremento del valor de las tarifas,
conforme a lo que se establezca en los actos administrativos que se expidan para
tal efecto. Incluso, la ANI “[…] podrá compensar o pagar al concesionario el menor
recaudo o ingreso con recursos del fondo de contingencia u otra fuente de recursos
del Estado […]”, teniendo en cuenta que la única fuente de ingreso del contrato de
concesión es el recaudo de peaje.

119.Como puede apreciarse en el presente asunto operó la carencia actual de objeto
por hecho superado porque la omisión que dio lugar a la controversia se corrigió
durante el trámite del proceso. Entre la presentación de la demanda el 16 de mayo
de 2022 y la sentencia de primera instancia de 13 de febrero de 2026, desapareció
la problemática que dio origen a la acción popular.

120. En el plenario se acreditó que las entidades demandadas no evaluaron
inicialmente si era procedente o no la aplicación de una tarifa diferencial para los
usuarios de los peajes Andes, Fusca y Unisabana. Sin embargo, posteriormente,
adelantaron actuaciones técnicas, jurídicas y financieras orientadas a definir un
mecanismo de equidad fiscal aplicable al caso concreto.

121.Nótese que, al momento de la presentación de la demanda el 16 de mayo de
2022, las tarifas diferenciales previstas en la Resolución 20213040025145 de 17 de
junio de 2021 aún no habían sido implementadas. Ese acto administrativo estableció
que las categorías IE2 e IIE2 aplicarían desde el 16 de enero de 2023, en el marco
de la ejecución del proyecto Accesos Norte Fase II, mientras que la categoría IIE
estaba supeditada al inicio del proyecto.

122.El 1.º de abril de 2022 la ANI suscribió con la Concesionaria Ruta Bogotá Norte
S.A.S. el contrato de concesión APP 001 de 2022, cuyo objeto comprende la
financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental,
predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y
mantenimiento del corredor del proyecto Accesos Norte Fase II. El 23 de junio de
2022 se suscribió el acta de inicio, lo cual demuestra que el proyecto que
condicionaba la aplicación del esquema tarifario entró en ejecución.

La parte motiva de la Resolución 20243040027265 de 18 de junio de 2024
123.
permite constatar que la condición relativa al proyecto Accesos Norte Fase II se

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materializó pues refiere a la suscripción del contrato de concesión APP núm. 001
de 2022 y a su acta de inicio.

124.Incluso la ANI en el acta de 7 de marzo de 202054 detalló cual es la ruta para
acceder a la información sobre el estado actual de ejecución del proyecto “IP -
Accesos Norte a Bogotá”, publicada en la página web
https://aniscopio.ani.gov.co/carreteras-public/consulta/ficha-4g.

125. Nótese que las entidades demandadas en el transcurso del proceso
nuevamente adelantaron un procedimiento de valoración técnica, social, financiera
y jurídica sobre la pertinencia de las tarifas diferenciales que condujo a la expedición
de la Resolución 20243040027265 de 2024, mediante la cual el Ministerio de
Transporte modificó la Resolución 20213040025145.

126.Aunado a ello, en el plenario obra el procedimiento elaborado para hacer
operativa la aplicación de las tarifas diferenciales entre los proyectos Accesos Norte
a la Ciudad de Bogotá D.C. y Accesos Norte Fase II. Ese documento definió las
categorías beneficiarias, los requisitos para acceder al beneficio y la distribución de
responsabilidades entre los concesionarios.

También se probó que, antes de la expedición de la Resolución
127.
20243040027265 de 2024, se adelantaron escenarios de socialización y
concertación de las propuestas tarifarias con miembros de la comunidad del
municipio de Chía, la administración municipal, el Ministerio de Transporte y la ANI.

128. Finalmente, para la Sala el hecho que la tarifa diferencial cobije únicamente a
determinadas categorías de usuarios o vehículos no permite concluir que persista
la vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público. Conforme con la
jurisprudencia de esta Sección, la procedencia del amparo no depende de la
extensión del beneficio tarifario a todos los usuarios del corredor vial, sino de la
evaluación técnica, jurídica, financiera y socioeconómica que realice la
administración sobre la viabilidad de la medida.

129. Por lo tanto, los cargos aquí estudiados no prosperan.

V.3.3. La presunta vulneración del derecho colectivo establecido en el literal
m) del artículo 4.° de la Ley 472

130.La demandante afirmó que el tribunal debió amparar el derecho colectivo a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas porque “[…] la diferenciación tarifaria es un asunto
constitucionalmente obligatorio […]”.

54
Cfr. Índice 43 del expediente digital de primera instancia.

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131. Consideró que, según el literal “d” del artículo 21 de la Ley 105 de 30 de
diciembre de 199355, “[…] Las tasas de peajes serán diferenciales, es decir, se
fijarán en proporción a las distancias recorridas, las características vehiculares y sus
respectivos costos de operación […]”.

132.Esta Sección en la sentencia de 13 de diciembre de 202356 explicó que “[…] el
derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472, corresponde a la
obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en
general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia
urbanística es decir la forma como avanza y se desarrolla una determinada
población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada
entidad territorial -bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer
plenamente las necesidades de la población […]”.

133.La Sala en la sentencia proferida el 7 de abril de 201157, determinó que el núcleo
esencial de este derecho colectivo comprende: i) el respeto y acatamiento del
principio de función social y ecológica de la propiedad58; ii) la protección del espacio
público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con
respeto por el espacio público, el patrimonio público y la calidad de vida de los
demás habitantes; iii) el respeto de los derechos ajenos sin abusar del derecho
propio59; y iv) el cambio en el uso del suelo60.

134. La Sección Primera complementó en la sentencia de 14 de mayo de 202661 que
la omisión de las autoridades de transporte consistente en no adelantar
oportunamente los estudios técnicos, jurídicos y socioeconómicos necesarios para
determinar la procedencia o no de una tarifa diferencial configura una vulneración
conjunta de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes.

135. Esto significa que el Ministerio de Transporte y la ANI en el presente caso
vulneraron esos derechos colectivos por cuanto efectuaron los estudios técnicos,
jurídicos, financieros y administrativos de forma tardía con el propósito de verificar
si era pertinente o no aplicar la tarifa diferencial, conforme al criterio jurisprudencial
supra. Sin embargo, esa premisa no modifica la conclusión consistente en que
operó la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la vulneración
acreditada.

55
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación
núm. 680012333000201200001-01.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de abril de 2011, número único
de radicación 630012331000200400688-01.
58
Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
59
Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
60
Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta, radicación
núm. 25000-23-41-000-2021-00418-01.

40

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136.Por lo anterior, se modificarán los numerales 2.º) y 3.º) de la parte resolutiva de
la sentencia de 13 de febrero de 2026, para precisar frente a cuáles derechos
colectivos operó la carencia actual de objeto por hecho superado.

V.3.4. Las costas procesales en el caso concreto.

137.La demandante solicitó en la alzada el reconocimiento de las costas procesales
a su favor.

En el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de febrero de
138.
2026, el tribunal decidió “[…] Abstiénese de condenar en costas a la parte
demandante […]” por las siguientes razones:

“[…] En relación con la condena en costas, el artículo 38 de la Ley 472 de 1998
dispone […] únicamente, hay lugar a condenar en costas, en este caso, a la parte
actora vencida en el proceso, cuando la valoración de la conducta de este permita
establecer que obró en forma temeraria o de mala fe. […] En ese marco legal,
entonces, no hay lugar a proferir condena en costas por cuanto, a pesar de que se
niegan las pretensiones de la demanda, no hay ningún elemento de juicio que
permita deducir que la conducta del demandante haya estado teñida de mala fe,
ni temeridad, dado que no es constitutiva de abuso del derecho, ni puede
calificarse como torticera, maliciosa ni malintencionada, presupuesto este
indispensable para adoptar aquel tipo de decisión […]” (negrilla fuera de texto).

139.En lo relativo a la condena en costas en la acción popular, el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998 reguló lo siguiente:

“[…] COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las
costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos
ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe.
En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta
de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás
acciones a que haya lugar […]”.

140.La Sala Plena de esta corporación en la sentencia de unificación de 6 de agosto
de 2019 explicó que “[…] el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el
reconocimiento de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la
parte demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las pretensiones
protectorias de los derechos colectivos […]”.

141.Se precisó que la condena en costas “[…] incluye las expensas, gastos y
agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o
concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente
[…]”. Además, para la tasación de las agencias en derecho, se le ordenó al juez
tener en cuenta “[…] la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, entre otras circunstancias especiales
[…]”.

41

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
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142.En este caso, como lo explicó esta Sección en las sentencias de 19 de
septiembre de 201962 y 10 de noviembre de 202363 la declaratoria de hecho
superado impide imponer una condena en costas a favor de la parte actora, pues
las pretensiones de amparo no prosperaron plenamente.

143.Por lo tanto, como el cargo no cuenta con vocación de prosperidad, la Sala
confirmará en todo lo demás la sentencia de primera instancia.

144.Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201264 y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019 65, no se
condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales 2.°) y 3.°) de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedaran así:

“[…] 2.°) Declarar que existió vulneración de los derechos colectivos
establecidos en los literales d) y m) del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998, por
parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura; y
respecto de su protección, declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3.°) Declarar que no existió vulneración del derecho colectivo al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 13 de febrero de
2026 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. radicación núm. 68001-23-31-000-2012-
00569-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. radicación núm. 05-001-23-33-000-2014-
01831-01. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
64
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
65
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

42

Radicación núm. 25000-23-41-000-2022-00557-01
Demandante: Personería municipal de Chía

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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