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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2021-00418-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2021-00418-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2021-00418-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00418-01
Actora: Junta de Acción Comunal de la Vereda Campo Alegre del Municipio de
Guataquí - Cundinamarca
Demandados: Nación – Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI y Concesión Alto Magdalena S.A.S.

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación –
Ministerio de Transporte1 y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI2 contra
la sentencia del 13 de febrero de 20253, proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Junta de Acción Comunal de la Vereda Campo Alegre4 del Municipio de
Guataquí – Cundinamarca presentó acción popular contra el Ministerio de
Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Alto Magdalena

1 Cfr. índice 118 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
64_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 118 […]”.
2 Cfr. índice 119 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

65_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONAP(.pdf) NroActua 119 […]”.
3 Cfr. índice 119 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

63SENTENCIA_202100418SentenciaAP(.pdf) NroActua 114 […].
4 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

63SENTENCIA_202100418SentenciaAP(.pdf) NroActua 114 2ED_02DEMANDA(.PDF) NroActua 2.

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S.A.S., con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos previstos
en los literales d) y m)5 del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19986.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] PRIMERO. Que se declare que las entidades accionadas vulneraron los
derechos de locomoción y derecho de igualdad en conexidad con el derecho colectivo
del goce del espacio público de los habitantes de la Vereda Campoalegre- Guataquí.

SEGUNDO. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la
ANI y al Ministerio de Transporte que de manera inmediata adopten los correctivos y
medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas,
que aseguren o propendan por cesar la amenaza y de esta manera realicen los
estudios necesarios para el otorgamiento de una tarifa diferencial en el peaje
Guataquí km 49 acorde al nivel socioeconómico de la comunidad, o en su defecto el
estudio de un proceso de carnetización, conocidas como TIE (tarjetas de identificación
electrónicas).

TERCERO. Que se ordene la integración de un comité de vigilancia, verificación y
seguimiento del fallo, con funciones especiales integrado por el demandante y los
representantes de la ANI, el Ministerio de Transporte y la alcaldía municipal de
Guataquí. […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte actora

3. La parte actora señaló que en el año 2014 se suscribió el contrato de
concesión APP 003 de 2014 para el corredor Honda – Puerto Salgar – Girardot, en
desarrollo del cual se construyó y entró en operación el peaje Guataquí km 49, el
26 de enero de 2019, con una tarifa de $10.300 por cada trayecto.

4. Afirmó que la comunidad de la Vereda Campo Alegre, conformada por
aproximadamente 150 personas con condiciones socioeconómicas cercanas a la
pobreza y sin servicio de acueducto, debió asumir desde entonces el costo pleno
del peaje para acceder a sus actividades cotidianas en el casco urbano de Guataquí,
erogación que representaba cerca del 41% del salario mínimo mensual.

5 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
“[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes;
[…]”
6
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
7 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2 […]”.

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5. Aseguró que la Junta de Acción Comunal radicó en repetidas ocasiones
derechos de petición ante la Concesión Alto Magdalena, la ANI, la Alcaldía de
Guataquí y el Ministerio de Transporte, sin obtener respuesta efectiva, ni el estudio
que permitiera definir la aplicación de una tarifa diferencial a la que consideraban
tener derecho conforme a los requisitos establecidos por el propio Ministerio de
Transporte.

Contestaciones de la demanda

6. La Concesión Alto Magdalena S.A.S.8, en escrito de 7 de diciembre de
20219, se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que no ha incurrido
en vulneración alguna de derechos colectivos y que ha actuado en cumplimiento del
Contrato de Concesión APP 003 de 2014 y de la normativa vigente. En particular,
señaló que la instalación y operación del peaje de Guataquí se encuentra prevista
en dicho contrato y que las tarifas aplicables fueron fijadas por el Ministerio de
Transporte mediante la Resolución 842 del 8 de abril de 201410.

7. Indicó que varios de los hechos alegados por la parte actora corresponden a
actuaciones de otras entidades, como a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI
o a la interventoría del contrato, o constituyen apreciaciones subjetivas de la
accionante. Asimismo, sostuvo que ha dado respuesta oportuna a las solicitudes
presentadas por la comunidad, aclarando que no tiene competencia para otorgar
tarifas diferenciales, pues dicha facultad radica en el Ministerio de Transporte y
depende de la estructuración del proyecto.

8. Finalmente, adujo que las tarifas de peaje constituyen una fuente de
retribución del contrato de concesión y que su modificación afectaría el equilibrio
económico del mismo, por lo que no resulta procedente acceder a lo solicitado. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del proceso.

9. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI11, presentó escrito de 13 de
diciembre de 202112, a través del cual se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones de indebida escogencia del medio de control, caducidad, falta de
legitimación en la causa por activa e insuficiencia probatoria. Argumentó que la

8 A través de apoderada judicial.
9 “Cfr. índice 16 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
10Contesta-AltoMagdalena-Anexo.pdf” páginas: 1-9 […]”.
10 “Por la cual se emite Concepto vinculante previo al establecimiento de tres estaciones de peaje y se

establecen las tarifas a cobrar en el corredor “Girardot – Puerto Salgar – Honda”.
11 A través de apoderado judicial.
12 Cfr. índice 18 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

15Contesta-ANI.pdf” páginas: 4-12 […]”.

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Resolución 842 de 2014 no establecía tarifas diferenciales y que cualquier
modificación afectaría el equilibrio financiero del contrato de concesión.

10. Sostuvo que la acción popular no es el mecanismo idóneo para cuestionar la
legalidad de dicho acto administrativo, pues lo pretendido por la parte actora es el
reconocimiento de un beneficio económico no previsto en la regulación vigente, lo
cual debe discutirse a través de los medios de control ordinarios.

11. Finalmente, señaló que la Junta de Acción Comunal no se encontraba
legitimada para reclamar el reconocimiento de una tarifa diferencial, en tanto se trata
de un beneficio económico de carácter individual sujeto al cumplimiento de
requisitos específicos.

12. El Ministerio de Transporte13 mediante escrito de 9 de diciembre de 202114,
se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de vulneración de derechos
colectivos, indebida escogencia del medio de control, caducidad e insuficiencia
probatoria – carga probatoria en cabeza del accionante.

13. Afirmó que no le constaban la mayoría de los hechos expuestos por la parte
actora, en tanto no participó en la suscripción del contrato de concesión, ni en las
actuaciones técnicas o sociales relacionadas con el proyecto vial. En ese sentido,
sostuvo que las actuaciones cuestionadas corresponden a otras entidades,
particularmente a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la concesionaria.

14. Finalmente, manifestó que la acción popular no era el mecanismo idóneo
para controvertir la legalidad de actos administrativos, como las decisiones
relacionadas con la fijación de tarifas de peaje, las cuales gozan de presunción de
legalidad y deben ser cuestionadas a través de los medios de control
correspondientes.

Actuaciones en primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 19 de
noviembre de 202115, admitió la demanda, ordenó notificar personalmente a las
entidades demandadas, al Ministerio Público y comunicar la decisión a la Defensoría

13 A través de apoderado judicial.
14
Cfr. índice 17 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“13CONTESTA-MINTRANSPORTE.pdf” […]”.
15 Cfr. Índice 11 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

5_AUTOADMISORIODELADEMANDA(.DOCX) NroActua 11 […]”.

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del Pueblo. Asimismo, dispuso informar a la comunidad sobre la existencia del
proceso y correr traslado de la demanda para efectos de su contestación.

16. El Tribunal celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 17
de octubre de 202316, la cual fue declarada fallida ante la falta de voluntad de las
entidades demandadas para llegar a un acuerdo. En consecuencia, se decretaron
las pruebas documentales aportadas por las partes, se negó la prueba testimonial
solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura y, al no haber más pruebas por
practicar, se corrió traslado para alegar de conclusión.

17. La parte actora, el Ministerio de Transporte, la Concesión Alto Magdalena y
la ANI presentaron escritos en los que reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y en las contestaciones de la demanda, respectivamente.

18. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección
A, profirió sentencia el día 13 de febrero de 2025 en la que resolvió lo siguiente17:

“[…] PRIMERO. - DENIÉGANSE las excepciones de fondo propuestas por las
entidades demandadas por las razones expuestas en la parte resolutiva de la
presente providencia.

SEGUNDO. - AMPÁRASE los derechos colectivos al i) goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; y a la ii) la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del
presente fallo.

TERCERO. - ORDÉNASE a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, al
MINISTERIO DE TRANSPORTE y a la CONCESIÓN ALTO MAGDALENA para que
en el plazo de un mes contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, las
autoridades demandadas, en el marco de sus competencias, adelanten las medidas
pertinentes y efectivas para conceder la tarifa diferencial en el cobro del mencionado
peaje no solo a los miembros de la Vereda Campo Alegre sino también a los demás
miembros aledaños de la comunidad que demuestren que están siendo afectados por
el costo pleno del peaje; por lo que deberán trabajar de manera conjunta con la
administración municipal de Guataquí- Cundinamarca y con la Personería Municipal,
a efectos de realizar todas las gestiones pertinentes para identificar a las
comunidades afectadas a efectos de estudiar si es viable o no conforme a la ley,
otorgar la tarifa diferencial en el cobro del referido peaje. Esto implica que deberán
convocar a la administración municipal de Guataquí- Cundinamarca, a la Personería
Municipal y a la comunidad afectada, a efectos de realizar reuniones y seguimiento
continuo con miras a indicarles a la comunidad, el trámite y la documentación

16
Cfr. Índice 85 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
42_AUDIENCIA_ACTAAUDIE(.pdf) NroActua 85 […]”.
17 Cfr. índice 114 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

63SENTENCIA_202100418SentenciaAP(.pdf) NroActua 114 […]”.

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requerida para el estudio de la aplicación de la tarifa diferencial y resolver sus
solicitudes de la manera más pronta posible, sin dilaciones injustificadas.

CUARTO. - SIN LUGAR A CONDENAR EN COSTAS, por no haberse causado.

QUINTO. - NIÉGASE el pago del incentivo, por las razones anotadas en la presente
providencia.

SEXTO. - CONFÓRMASE el Comité de Verificación que vigile y asegure el
cumplimiento de lo ordenado en esta providencia, el cual será presidido por el
Magistrado Sustanciador y el cual estará integrado por el ACTOR POPULAR, un
delegado de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, un delegado del
MINISTERIO DE TRANSPORTE y un delegado de la CONCESIÓN ALTO
MAGDALENA.

SÉPTIMO. - REMÍTASE copia de esta sentencia al Registro Público centralizado de
acciones populares y de grupo de la Defensoría del Pueblo.

OCTAVO. - Ejecutoriada esta providencia y previo las constancias del caso,
ARCHÍVESE el expediente y DESACTÍVESE del aplicativo SAMAI. […]”.

20. El Tribunal consideró que el cobro de la tarifa plena del peaje de Guataquí
km 49 afectaba directamente los derechos colectivos al goce del espacio público y
a la realización de construcciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas con prevalencia en la calidad de vida de los habitantes, por
cuanto limitaba la capacidad de movilidad de los residentes de la Vereda Campo
Alegre, quienes debían sufragar un costo que no se correspondía con sus
condiciones socioeconómicas y que las autoridades del sector transporte omitieron
estudiar previamente.

21. Asimismo, concluyó que las entidades demandadas incurrieron en una
omisión injustificada al no adelantar el estudio de viabilidad para el otorgamiento de
la tarifa diferencial, solicitada en repetidas ocasiones por la comunidad, limitándose
a dar respuestas evasivas que citaban resoluciones sin resolver de fondo la
problemática planteada, y que el Ministerio de Transporte, como máxima autoridad
del sector, asumió una posición pasiva ante las solicitudes elevadas por la
comunidad, omitiendo articular a las entidades del sector para dar una solución
efectiva.

22. En consecuencia, el Tribunal amparó los derechos colectivos invocados y
ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Ministerio de Transporte y a la
Concesión Alto Magdalena adelantar, en el plazo de un mes contado desde la
ejecutoria del fallo, las medidas pertinentes para conceder la tarifa diferencial en el
cobro del peaje, trabajando de manera conjunta con la administración municipal de
Guataquí y la Personería Municipal, e identificando a las comunidades afectadas
para estudiar la viabilidad de su otorgamiento conforme a la ley.

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Recursos de apelación

Ministerio de Transporte

23. El Ministerio de Transporte presentó escrito de 27 de febrero de 202518,
mediante el cual interpuso recurso de apelación que se fundamenta en los
siguientes argumentos:

24. Sostuvo que el Tribunal ordenó, en la práctica, la modificación de un contrato
de concesión vigente, en la medida en que la imposición de una tarifa diferencial no
constituye una simple orden de estudio, sino que implica alterar el contenido del
contrato de concesión APP 003 de 2014, suscrito entre la ANI y la Concesión Alto
Magdalena. De igual manera, afirmó que dicha decisión vulnera el principio de
autonomía contractual, así como los principios de economía, planeación y equilibrio
económico que rigen la contratación estatal, desconociendo que los contratos
deben cumplirse en los términos en que fueron pactados.

25. Señaló que la fijación y la exoneración del peaje constituyen materias
reservadas al legislador. En ese sentido, con fundamento en la Sentencia T-258 de
1995 de la Corte Constitucional, sostuvo que la obligación de pago de peajes, la
determinación de sus tarifas y las eventuales exenciones, incluso en el marco de
contratos de concesión, corresponden de manera exclusiva al legislador. Por
consiguiente, afirmó que el Tribunal carece de competencia para impartir órdenes
sobre aspectos cuya regulación está atribuida únicamente al Congreso de la
República.

26. Manifestó que la entidad concedente no puede exonerar el pago del peaje
sin autorización legal expresa. Con fundamento en la Sentencia T-258 de 1995 de
la Corte Constitucional, señaló que el cobro del peaje constituye un derecho del
concesionario derivado del contrato, por lo que su exoneración por parte de la
entidad pública, sin respaldo legal, implicaría un incumplimiento de las obligaciones
contractuales. Finalmente advirtió que una decisión en esa línea trasladaría a la
entidad el costo del servicio, afectando el equilibrio económico del contrato.

27. Argumentó que el cobro del peaje no vulnera derechos constitucionales
fundamentales, que la Corte Constitucional ha sido precisa en afirmar que “la
obligación de pagar el peaje por el uso de la red vial no afecta derechos

18 Cfr. índice 118 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 64_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 118 […]”.

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constitucionales fundamentales”, lo cual desvirtúa el fundamento de la acción
popular interpuesta, en la medida en que esta pretende sustentar la presunta
vulneración de los derechos a la locomoción y a la igualdad en el cobro de la tarifa.

28. Adujo la indebida escogencia del medio de control, al considerar que la
acción popular no constituye un mecanismo alternativo para controvertir actos
administrativos. Bajo esa premisa, sostuvo que la parte actora acudió a dicha acción
con el propósito de cuestionar indirectamente la Resolución 842 del 8 de abril de
2014, pese a que dicho acto administrativo puede ser controlado a través de otros
medios procesales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asimismo,
afirmó que se configura la ineptitud sustancial de la demanda por indebida
escogencia del medio de control.

29. Manifestó que la Resolución 842 de 2014 fue expedida conforme al
ordenamiento jurídico y dentro del ámbito de competencias del Ministerio de
Transporte. En particular, indicó que dicho acto administrativo se fundamentó en las
facultades previstas en el Decreto 087 de 2011 (numerales 6.14 y 6.15), así como
en los artículos 21 y 22 de la Ley 105 de 1993, y que su adopción obedeció a
estudios de viabilidad técnica y socioeconómica debidamente realizados por la ANI.
Igualmente, sostuvo que no existe fundamento jurídico para desconocer su validez
a través de una acción popular.

30. Expresó que la sentencia implica necesariamente la modificación de un acto
administrativo vigente, toda vez que la orden impartida por el Tribunal conlleva dos
consecuencias inevitables: por una parte, que el estudio ordenado debe derivar en
la implementación de una tarifa diferencial, en contravía de lo pactado
contractualmente y de lo dispuesto en la ley; y por otra, que ello supone la
modificación de la Resolución 842 de 2014.

31. Expuso que el Ministerio de Transporte no cuenta con estudios que sustenten
un eventual cambio tarifario y, por lo tanto, no es jurídicamente viable fijar tarifas
distintas a las establecidas en la Resolución 842 de 2014 en ausencia de estudios
de viabilidad técnica y socioeconómica que respalden dicha modificación. Advirtió
que proceder en contrario comprometería el equilibrio financiero del contrato de
concesión APP 003 de 2014.

32. Alegó que las tarifas constituyen un parámetro estructural del modelo
financiero de la concesión, consideró que no se trata de un elemento accesorio del
contrato, sino del resultado de estudios de tráfico específicos que permiten
proyectar los ingresos del esquema concesional, configurándose como un

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componente esencial para la viabilidad financiera del proyecto. Finalmente
vislumbró que su alteración desestabilizaría la estructura contractual y financiera del
corredor Honda–Puerto Salgar–Girardot.

33. Afirmó que el proyecto vial ha generado beneficios reales y verificables para
la comunidad, en tanto que la ejecución del corredor ha incrementado la circulación
vehicular, ha mejorado sustancialmente el valor de los predios y ha contribuido al
bienestar y a la calidad de vida de los habitantes de la región. Finalmente afirmó
que tales efectos relativizan la alegada afectación a la comunidad de la vereda
Campo Alegre derivada del cobro del peaje.

Agencia Nacional de Infraestructura

34. La Agencia Nacional de Infraestructura presentó escrito de 27 de febrero de
202519, mediante el cual interpuso recurso de apelación que fundamentó de la
siguiente manera:

35. Sostuvo que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado,
en la medida en que, con anterioridad a la sentencia de primera instancia, la entidad
había adelantado la totalidad de las actuaciones administrativas necesarias para
garantizar los derechos colectivos de la comunidad. Al respecto, con fundamento
en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular la sentencia de unificación
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 4 de septiembre de 2018 y la
Sentencia de la Sección Primera del 21 de junio de 2021 (Rad. 2018-00106-
01(AP)—, afirmó que dicha figura se verifica cuando desaparecen las circunstancias
que amenazan o vulneran los derechos colectivos invocados, sin que sea pertinente
proferir órdenes de restablecimiento una vez acreditado el cese de la vulneración.

36. Indicó que mediante la Resolución 20233040058875 del 29 de diciembre de
2023, el Ministerio de Transporte expidió el acto administrativo por el cual se
establecieron tarifas diferenciales del 30% de la tarifa plena para las Categorías I, II
y III en el peaje Guataquí, y para las Categorías I y II en el peaje Cambao,
considerando expresamente los requerimientos de la comunidad de la Vereda
Campo Alegre. En tal medida, afirmó que la pretensión central de la demanda —el
otorgamiento de una tarifa diferencial— ya había sido satisfecha antes de que el
Tribunal profiriera la sentencia.

19
Cfr. índice 119 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
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37. Señaló que para la implementación de las tarifas diferenciales reconocidas la
ANI expidió el oficio 20243110063401 del 22 de febrero de 2024 que contiene el
Reglamento de Condiciones en el Proceso de Adquisición de Tarifa Diferencial para
las estaciones de peaje Guataquí y Cambao, con lo cual no solo existía el acto
administrativo que reconocía el beneficio tarifario, sino también el mecanismo
operativo concreto para hacerlo efectivo.

38. Manifestó que la viabilidad financiera de la medida quedó garantizada
mediante el oficio 2-2023-068523 del 21 de diciembre de 2023, por el cual el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó el Plan de Aportes de Obligaciones
Contingentes y Seguimiento del Proyecto Honda-Girardot-Puerto Salgar, incluyendo
el riesgo tarifario. En consecuencia, afirmó que se contaba con recursos públicos
aprobados y disponibles para cubrir el costo de la tarifa diferencial a los usuarios
que solicitaran el beneficio, con lo que la amenaza al derecho colectivo había
cesado no solo en términos normativos sino también presupuestales.

39. Afirmó que el Concesionario Alto Magdalena S.A.S. realizó la socialización
de las medidas adoptadas con las comunidades beneficiarias, mediante
publicaciones en su página web y redes sociales desde el 27 de marzo de 2024, así
como mediante socializaciones presenciales celebradas el 6 de septiembre de 2023
y el 5 de abril de 2024, esta última con la participación del alcalde, los presidentes
de junta de acción comunal y la señora Erika Figueroa, demandante identificada
como habitante de la Vereda Campo Alegre.

40. Sostuvo que la propia parte demandante fue informada y participó en el
proceso de socialización de la tarifa diferencial con anterioridad a la sentencia
apelada.

Concesión de los recursos de apelación

41. El magistrado sustanciador del Tribunal profirió auto de 9 de junio de 202520,
mediante el cual concedió los recursos de apelación presentados por el Ministerio
de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura contra la sentencia proferida
en primera instancia.

20 Cfr. índice 125 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 75Autointerlocut_20210041800AutoAPCon(.pdf) NroActua 125 […]”.

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Actuaciones en segunda instancia

42. Inicialmente el proceso fue repartido a la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por lo que mediante auto de 16 de septiembre de 202521, la magistrada
sustanciadora de la Sección Tercera resolvió remitir el expediente del proceso de la
referencia a esta Sección.

43. El Despacho sustanciador profirió auto de 6 de marzo de 202622, mediante el
cual admitió los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Transporte
y por la Agencia Nacional de Infraestructura contra la sentencia de primera
instancia, ordenó notificar a las partes, intervinientes y al Ministerio Público, y
advirtió al Procurador Delegado ante esta Corporación que podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara al Despacho para sentencia.

44. Igualmente, se advirtió a los sujetos procesales que no habría traslado para
alegar de conclusión, sin perjuicio de que pudieran pronunciarse en relación con los
recursos de apelación interpuestos dentro del término establecido en el numeral 4
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, se ordenó a la Secretaría
General remitir el expediente al Despacho para proveer lo que en derecho
correspondiera, una vez vencidos los respectivos términos.

45. Las partes procesales y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

46. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

47. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201923, sobre la distribución de

21 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
3Autoquedeclar_73092RemiteaSeccPrim(.pdf) NroActua 3 […]”.
22 Cfr. índice 11 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
15Autoqueadmite_APa202141801JACVered(.pdf) NroActua 11 […]”.
23 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.

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asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15024 de la Ley
1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer en dicha instancia de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

48. Asimismo, de conformidad con los artículos 32025 y 32826 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201227, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contraen los recursos interpuestos por el Ministerio de
Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura.

49. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

50. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación, lo
siguiente:

51. Si se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes como consecuencia de la falta de adopción de tarifas
diferenciales en el peaje de Guataquí.

52. Si se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a
que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20233040058875 del 29 de
diciembre de 2023 en la que estableció tarifas diferenciales en el peaje de Guataquí
para la comunidad aledaña.

24 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
25 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
26 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
27 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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53. Y en ese sentido, determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 13 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

54. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

55. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

56. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

57. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses colectivos.

58. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”28.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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59. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa y por lo tanto puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

60. La parte actora señaló en la demanda como vulnerados los derechos
colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, cuyo contenido y alcance se
sintetizan a continuación de manera general:

Derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público

61. El derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso público se encuentra previsto en el literal d) del artículo 4 de la
Ley 472 de 1998, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política, el
cual establece que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés
particular. Este derecho colectivo comprende tanto el acceso y goce efectivo de los
espacios destinados al uso general de la comunidad, como la obligación de las
autoridades de preservar su integridad, impidiendo cualquier apropiación,
restricción o uso que contraríe su destinación colectiva.

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62. Sobre el alcance de este derecho colectivo, el Consejo de Estado ha
señalado que los bienes de uso público —entre los cuales se encuentran las vías,
calles, puentes y caminos— están destinados al uso y goce de toda la comunidad,
de manera que su protección exige garantizar que todos los ciudadanos puedan
acceder a ellos en condiciones de igualdad y sin restricciones injustificadas. En ese
sentido, esta Corporación ha indicado que se vulnera este derecho cuando se
adoptan decisiones o se toleran situaciones que restringen la destinación al uso
común de dichos bienes o que excluyen a algunos ciudadanos del acceso a los
mismos, creando privilegios a favor de particulares o imponiendo cargas
desproporcionadas sobre determinados grupos de la comunidad. En palabras del
Consejo de Estado:

"Las vías públicas y andenes, elementos constitutivos del espacio público, están
destinadas tanto para el tránsito de vehículos como de peatones respectivamente
(…). [La ausencia de [condiciones adecuadas] en la vía pública, sin una justificación
razonable para ello, constituye una clara violación a los derechos colectivos al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público" 29.

63. En ese sentido, la protección de este derecho colectivo implica que las
autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar que los bienes de uso
público —y en particular las vías públicas que integran la infraestructura de
transporte nacional— cumplan efectivamente su función de servir al interés general
de la comunidad, sin que las condiciones de acceso a dichos bienes impongan
cargas que comprometan la igualdad de los ciudadanos en el disfrute de los
mismos, especialmente cuando se trata de comunidades que dependen directa y
exclusivamente de esa infraestructura para su movilización cotidiana.

Derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes

64. Este derecho colectivo está previsto en el literal m) del artículo 4 de la Ley
472 de 1998 y en relación con su alcance, la jurisprudencia de esta Corporación lo
ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de

2008, rad. 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP). C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”30.

65. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de 201131,
determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales,
de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función
social y ecológica de la propiedad32; ii) protección del espacio público
procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con
respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de
los demás habitantes; iii) respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho
propio33; y iv) atención de los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del
interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social
de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el
desarrollo sostenible34.

66. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo
4 de la Ley 472 de 1998, corresponde a la obligación que le impone el legislador a
las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar los preceptos jurídicos
que rigen la materia urbanística; es decir, la forma como avanza y se desarrolla una
determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una
determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o rurales– con miras
a satisfacer plenamente las necesidades de la población.

67. Ahora bien, el artículo 2 de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199335 define
los principios rectores del transporte y en específico el de la seguridad como “[…]
[l]a seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector
Transporte […]”.

68. De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley define la constitución de la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación como “[…] aquella de su
propiedad que cumple la función básica de integración de las principales zonas de

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia de 6 de marzo de
2008; C.P. Mauricio Fajardo Gómez; número único de radicación 250002324000200500901-01.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de abril de 2011,

número único de radicación 630012331000200400688-01.
32 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
33 Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
34
Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
35 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos

entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones”.

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producción y de consumo del país […]”. Incluye en la red nacional de carreteras
aquellas que “[…] unen las capitales de departamento con la red […]”.

69. Por lo tanto, las autoridades tienen el deber de garantizar la infraestructura
de transporte para otorgar la seguridad de las personas y ello es una prioridad para
el transporte e integración de las zonas de producción.

70. La Sala precisa que el derecho colectivo previsto en el literal m del artículo 4
de la Ley 472 de 1998 se sustenta en la primacía del interés general y es transversal
a otros derechos, como los de seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de
uso público, seguridad y salubridad públicos, entre otros.

71. Finalmente, la Sala destaca que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos como consecuencia de la omisión de las autoridades competentes de
establecer tarifas diferenciales en los eventos permitidos por el ordenamiento
jurídico ha sido objeto de pronunciamiento por este Sección, entre otras en las
providencias de 30 de mayo36 y 29 de agosto37 de 2024. Precisamente, en la primera
de las sentencias referidas se consideró lo siguiente:

“[…] Como puede apreciarse, el "peaje" es “[…] la tasa o retribución que el
usuario de una vía pública paga por su utilización, con el fin de garantizar la
existencia y el adecuado mantenimiento, operación y desarrollo de una
infraestructura vial que haga posible y eficiente el transporte terrestre […]”.
Dicha retribución responde a un criterio de equidad fiscal que garantiza que los
ciudadanos contribuyan al financiamiento de los gastos públicos de acuerdo
con los beneficios recibidos por los servicios proporcionados. En las vías
concesionadas, el pago del peaje cubre los costos de construcción, operación
y mantenimiento de la infraestructura.

La equidad fiscal en el sistema de transporte es un principio que busca que el sistema
tributario sea justo y proporcional, de acuerdo con la distancia recorrida, el tipo de
vehículo y los costos de operación, entre otros factores. El fundamento constitucional
de lo anterior obra en los artículos 95, 334, 365 y 363 de la Constitución Política.

Las referidas normas determinaron que: i) los ciudadanos tienen el deber de “[…]
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad […]”; ii) el sistema tributario se funda en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad; iii) el Estado intervendrá los servicios
públicos con el fin de conseguir “[…] la distribución equitativa de las oportunidades y
los beneficios del desarrollo […]”; y iv) el Estado mantendrá la regulación, control y
vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento continuo
en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social.

Se pone de presente que el Ministerio de Transporte es la entidad responsable
de fijar las tarifas de peajes en las carreteras nacionales administradas por el
Instituto Nacional de Vías (Invías) o por la Agencia Nacional de Infraestructura

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de
2024, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación: 13001-23-31-000-2012-00475-01.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de

2024, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 17001-23-33-000-2019-00163-01.

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Núm. único de radicación: 25000-23-41-000-2021-00418-01

(ANI). El ejercicio de esa facultad, de forma excepcional, puede incluir la
valoración de la capacidad económica de los contribuyentes y las necesidades
del Estado siempre y cuando se garantice el sostenimiento de los costos de
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Nótese entonces que el interés general en materia de transporte no implica la
negación de los intereses particulares, sino su armonización con un sistema de
contraprestaciones justas. Esta búsqueda del bien común se soporta en un
modelo de financiación en el que los usuarios de las vías contribuyen según los
beneficios recibidos y los costos generados […]”. (Destacado fuera de texto).

Análisis del caso concreto

72. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia el 13 de febrero de 2025, en la que amparó los
derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa
de los bienes de uso público, y a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada
y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Para el
efecto, ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Ministerio de Transporte
y a la Concesión Alto Magdalena S.A.S. que, en el plazo de un mes contado a partir
de la ejecutoria de la providencia, adelantaran las medidas pertinentes para
conceder la tarifa diferencial en el cobro del peaje Guataquí a los miembros de la
Vereda Campo Alegre y demás comunidades aledañas afectadas, en coordinación
con la administración municipal de Guataquí y la Personería Municipal.

73. Contra dicha providencia, el Ministerio de Transporte interpuso recurso de
apelación que en síntesis fundó en: i) la indebida escogencia del medio de control,
por cuanto la acción popular no es el mecanismo idóneo para controvertir la
Resolución 842 de 2014, acto administrativo que cuenta con sus propios medios de
control; ii) la reserva legal en materia de peajes y los límites competenciales del juez
popular, al sostener que la fijación de tarifas, sus exenciones y los beneficios
diferenciales corresponden de manera exclusiva al legislador, y que el cobro del
peaje no vulnera derechos constitucionales fundamentales; iii) la intangibilidad del
equilibrio económico del contrato de concesión APP 003 de 2014, en tanto la
imposición de una tarifa diferencial implica una modificación real del contrato, sin
respaldo en estudios de viabilidad técnica y socioeconómica, y con afectación
directa de las tarifas como parámetro estructural del modelo financiero del proyecto;
y iv) la ausencia de vulneración de derechos colectivos, dado que el proyecto vial
ha generado beneficios reales y verificables para la comunidad que relativizan la
alegada afectación derivada del cobro del peaje a tarifa plena.

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74. Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura sustentó, en síntesis, el
recurso de apelación en: i) la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado, por cuanto con anterioridad a la sentencia de primera instancia la entidad
había adelantado la totalidad de las actuaciones administrativas necesarias para
garantizar los derechos colectivos de la comunidad; ii) la satisfacción de la
pretensión central de la demanda, en tanto mediante Resolución 20233040058875
del 29 de diciembre de 2023 el Ministerio de Transporte estableció tarifas
diferenciales del 30% de la tarifa plena para las Categorías I, II y III en el peaje
Guataquí, considerando expresamente los requerimientos de la comunidad de la
Vereda Campo Alegre; iii) la existencia de un mecanismo operativo concreto para
hacer efectivo el beneficio, dado que la ANI expidió mediante Oficio
20243110063401 del 22 de febrero de 2024 el Reglamento de Condiciones en el
Proceso de Adquisición de Tarifa Diferencial para las estaciones de peaje Guataquí
y Cambao; iv) la garantía de viabilidad financiera de la medida, la que fundamentó
en el Oficio 2-2023-068523 del 21 de diciembre de 2023 del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, por el cual se aprobó el Plan de Aportes de Obligaciones
Contingentes con inclusión del riesgo tarifario; y v) la socialización efectiva de las
medidas con las comunidades beneficiarias, incluyendo la participación de la señora
Erika Figueroa, habitante de la Vereda Campo Alegre, en la jornada presencial del
5 de abril de 2024, lo que acredita que la propia parte demandante fue informada
del beneficio con anterioridad a la sentencia impugnada.

75. Por lo anterior, la Sala estudiará los argumentos expuestos en los recursos
de apelación en el siguiente orden: i) la existencia o no de vulneración de los
derechos e intereses colectivos invocados por la parte actora; y ii) la carencia actual
de objeto por hecho superado, derivada de la expedición de la Resolución
20233040058875 del 29 de diciembre de 2023 y las actuaciones administrativas
subsiguientes.

Sobre la vulneración de los derechos colectivos

76. La Sala encuentra que las pruebas allegadas al expediente demuestran que
desde el año 2018 la comunidad de la Vereda Campo Alegre y el Municipio de
Guataquí solicitaron insistentemente a las entidades demandadas el estudio para la
aplicación de la tarifa diferencial, sin obtener una respuesta efectiva durante más de
cinco años. Las respuestas otorgadas por la ANI y el Ministerio de Transporte se
limitaron a señalar que la Resolución 842 de 2014 no contemplaba tarifas
diferenciales, sin realizar ningún estudio sobre la viabilidad de otorgar dicho
beneficio.

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77. La Sala destaca los siguientes elementos probatorios allegados al proceso:

78. Copia de los recibos de pago del peaje Guataquí38 aportados al proceso,
correspondientes al periodo comprendido entre septiembre de 2020 y febrero de
2021, en los que se evidencia el cobro sistemático de la tarifa plena de $10.300 por
trayecto (categoría I, pago en efectivo, sentidos Girardot-Cambao y Cambao-
Girardot). Asimismo, copia de las encuestas realizadas a quince residentes de la
vereda Campo Alegre, en las que se indicó que los accionantes deben transitar por
el peaje con frecuencias que oscilan entre dos y más de diez veces diarias para
acceder a sus actividades laborales, de salud, educativas y de abastecimiento, lo
que convierte el costo del peaje en una carga económica desproporcionada frente
a sus ingresos.

79. Copia del escrito 2018-305-013883-1 del 10 de mayo de 201839, en el que la
ANI estableció expresamente los requisitos para acceder al beneficio de tarifa
diferencial en el peaje Guataquí y ordenó al interventor adelantar el estudio previo
vehicular correspondiente.

80. Copia del análisis de visitas domiciliarias elaborado por el Consorcio 4C
(interventoría, Contrato 145 de 2014) en agosto de 2018 en el que se indicó que al
menos catorce solicitantes de la vereda Campo Alegre presentaron la totalidad de
la documentación requerida, con observaciones que en varios casos señalan
expresamente "documentos acordes" y ninguna documentación faltante.

81. Copia de la contestación del derecho de petición de 15 de octubre de 2020
(radicado ANI N.° 20203050309961)40 en el que la ANI señaló que la Resolución
842 de 2014 del Ministerio de Transporte no contiene tarifas diferenciales.

82. Copia de la contestación del 8 de octubre de 2020 (ALMA-2020-2587)41 en
el que la Concesión Alto Magdalena indicó que no tiene potestad para otorgar tarifas
preferenciales.

38 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
2ED_02DEMANDA(.PDF) NroActua 2 […]”.
39 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

2ED_02DEMANDA(.PDF) NroActua 2 […]”.
40
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
2ED_02DEMANDA(.PDF) NroActua 2 […]”.
41 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

2ED_02DEMANDA(.PDF) NroActua 2 […]”.

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83. Copia de la contestación de 18 de diciembre de 2020 (radicado MT N.°
20201400759261)42 en la que el Ministerio de Transporte traslada por competencia
el asunto a la ANI.

84. La Sala considera que de acuerdo con el material probatorio allegado al
expediente se evidencia que sí se acreditó la vulneración de los derechos colectivos
amparados por el Tribunal, toda vez que la comunidad residente en la vereda
Campo Alegre del Municipio de Guataquí solicitó, durante un largo tiempo, sin éxito
y en repetidas ocasiones, a las autoridades demandadas la adopción de tarifas
diferenciales en el cobro del peaje que les permitiera hacer uso efectivo de la vía.

85. Lo anterior, generó que los residentes de la zona aledaña al peaje de
Guataquí tuvieran que asumir el pago pleno de la tarifa por cada trayecto, lo que les
impidió hacer uso de la vía debido al alto costo para movilizarse.

86. En efecto, las autoridades del sector transporte asumieron durante más de
cinco años una injustificada actitud de inercia que mantuvo a los habitantes de la
Vereda Campo Alegre sometidos al cobro de una tarifa plena cuya desproporción
frente a sus condiciones socioeconómicas restringía materialmente su movilidad
cotidiana y, con ello, su acceso al corredor vial como bien de uso público.

87. Así las cosas, la Sala concluye que la acción popular era el mecanismo para
hacer cesar la omisión de las autoridades del sector transporte, quienes tenían el
deber legal, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 (modificado por la
Ley 787 de 2002) y del numeral 6.15 del artículo 6.° del Decreto 087 de 2011 43, de
adelantar los estudios técnicos y socioeconómicos necesarios para definir la
procedencia de tarifas diferenciales, obligación que para la ANI se desprende
además de los numerales 1 y 5 del artículo 4 del Decreto 4165 de 201144, y para el
Ministerio de Transporte se sustenta también en los artículos 2 literal b) y 20 de la
Ley 105 de 199345, de gestionar y resolver las solicitudes de la comunidad.

42 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial – SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
2ED_02DEMANDA(.PDF) NroActua 2 […]”.
43 El artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002, establece que las

tasas de peaje serán diferenciales y que para su determinación se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.
A su vez, el numeral 6.15 del artículo 6.° del Decreto 087 de 2011 atribuye al Ministro de Transporte la función
de “[e]stablecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la infraestructura de los modos de
transporte, excepto el aéreo”, y el numeral 6.14 le asigna la función de emitir concepto vinculante previo al
establecimiento de los peajes.
44 Los numerales 1.° y 5.° del artículo 4.° del Decreto 4165 de 2011 —por el cual se creó la Agencia Nacional

de Infraestructura— le asignan a la ANI las funciones de “[i]dentificar, evaluar la viabilidad y proponer iniciativas
de concesión u otras formas de Asociación Público Privada”, así como “[e]laborar los estudios para definir los
peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización y otras fuentes de financiación de la infraestructura de
transporte”. De esta competencia se deriva la obligación de la ANI de adelantar, a solicitud de las comunidades
afectadas o de oficio, los estudios técnicos y socioeconómicos necesarios para proponer al Ministerio de
Transporte el establecimiento de tarifas diferenciales.
45 El artículo 2.° literal b) de la Ley 105 de 1993 establece como principio rector del sector transporte que

“[c]orresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades

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88. Señalado lo anterior, la Sala pasará a estudiar el argumento propuesto por la
ANI en el recurso de apelación, consistente en la existencia de la carencia actual
de objeto por hecho superado.

De la carencia actual de objeto por hecho superado

89. La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la carencia actual de
objeto por hecho superado se configura cuando, con posterioridad a la presentación
de la demanda y antes de que se profiera sentencia, desaparecen las circunstancias
que originaron la amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados, de
manera que la orden de protección que se habría impartido resulta inocua o de
imposible ejecución46.

90. En tal evento, el juez popular está habilitado para declarar la carencia actual
de objeto, sin perjuicio de efectuar el análisis de fondo sobre la existencia de la
vulneración, a efectos de que quede establecido si la situación que amenazaba o
lesionaba los derechos colectivos fue efectivamente superada y si ello ocurrió con
anterioridad al fallo o como consecuencia del proceso47.

91. En el presente caso, la ANI argumentó en su recurso de apelación que existe
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el Ministerio de
Transporte expidió la Resolución 2023304005887548 del 29 de diciembre de 2023,
mediante la cual se establecieron tarifas diferenciales para las estaciones de peaje
Guataquí y Cambao del Contrato de Concesión vial 003 de 2014, norma jurídica de
alcance nacional que dispuso en su parte considerativa, entre otras cosas, lo
siguiente:

“[…]

a él vinculadas”. Asimismo, el artículo 20 de la misma ley asigna al Ministerio de Transporte y a las entidades
del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte, la función de planear su respectiva
infraestructura determinando las prioridades para su conservación y construcción, lo que incluye la adecuación
de las condiciones de acceso de las comunidades más vulnerables.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 4 de septiembre

de 2018, rad. 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU. En esta providencia se unificó la jurisprudencia sobre
los criterios de configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado en acciones populares,
precisando que procede cuando desaparecen las circunstancias que originaron la amenaza o vulneración de
los derechos colectivos, sin que sea pertinente proferir órdenes de restablecimiento una vez acreditado el cese
de la vulneración, pero que el juez debe efectuar el análisis de fondo correspondiente.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de junio de

2021, rad. 66001-23-33-000-2018-00106-01(AP). Esta Sección reiteró que, declarada la carencia actual de
objeto por hecho superado, el juez popular debe pronunciarse de fondo sobre la existencia de la vulneración de
los derechos colectivos invocados, a fin de establecer si la situación fue superada con anterioridad al fallo o
como consecuencia del proceso. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de
febrero de 2018, rad. 25000-23-41-000-2013-00817-01(AP), C.P. María Elizabeth García González.
48
“Por la cual se establecen tarifas diferenciales para las Categorías I, II y III en la estación de peaje denominada
Guataquí y Categorías I y II en la estación de peaje denominada Cambao del proyecto de concesión vial -Honda
• Puerto Salgar - Girardot - Contrato de Concesión Vial No. 003 de 2014, ubicado en los departamentos de
Cundinamarca, Caldas y Tolima”.

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[…]”.
92. La Resolución 20233040058875 del 29 de diciembre de 2023, expedida por
el Ministerio de Transporte, dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:
“[…]

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93. La Sala destaca que la resolución transcrita fue expedida, entre otras cosas,
como consecuencia de la presentación de la demanda de acción popular dentro del
proceso de la referencia, tal como se observa en la parte motiva de la resolución.

94. Asimismo, la Sala considera que con la expedición de la norma que
estableció las tarifas diferenciales en el peaje de Guataquí se protegen los derechos
colectivos amparados de la comunidad residente en la vereda Campo Alegre del

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Municipio de Guataquí, toda vez que se reduce el costo del cobro del peaje que
deben pagar quienes hacen uso permanente de la infraestructura vial en esa zona,
lo que les permite hacer uso efectivo de la vía sin la restricción del cobro pleno de
la tarifa.

95. Adicionalmente, la Sala destaca que la mencionada resolución garantiza el
objeto del proceso de la referencia, por cuanto las pretensiones de la demanda
consistieron, entre otras cosas, en lo siguiente:

“[…] Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la ANI y al
Ministerio de Transporte que de manera inmediata adopte los correctivos y medidas
legales, judiciales, contractuales , administrativas , financieras y/o técnicas, que
aseguren o propendan por cesar la amenaza y de esta manera realicen los estudios
necesarios para el otorgamiento de una tarifa diferencial en el peaje Guataquí
km 49 acorde al nivel socioeconómico de la comunidad, o en su defecto el estudio
de un proceso de carnetización, conocidas como TIE (tarjetas de identificación
electrónicas) […]”. (Destacado fuera de texto).

96. En ese orden de ideas, la Sala concluye que se configuró la carencia actual
de objeto por hecho superado, comoquiera que el Ministerio de Transporte fijó las
tarifas diferenciales en el peaje de Guataquí con anterioridad a la sentencia de
primera instancia, con lo que se satisface el objeto de la acción popular de la
referencia al garantizar el acceso de la comunidad de la Vereda Campo Alegre a la
tarifa diferencial en el precitado peaje. Por lo que la Sala revocará la sentencia
apelada y en su lugar, declarará configurada la carencia actual de objeto por hecho
superado, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

97. La Sala considera que no es necesario resolver los demás argumentos
expuestos en los recursos de apelación presentados por el Ministerio de Transporte
y por la ANI, teniendo en cuenta que la sentencia proferida por el Tribunal será
revocada, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

Conclusión

98. La Sala revocará la sentencia de 13 de febrero de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al encontrar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado con
anterioridad a la emisión de la sentencia apelada, en tanto está acreditado que el
Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20233040058875 del 29 de
diciembre de 2023, norma jurídica de alcance nacional, que estableció las tarifas
diferenciales en el peaje de Guataquí.

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99. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, la Sala se abstendrá
de condenar en costas en esta instancia, en atención a que no está probada su
causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de febrero de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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