Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2022-00290-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2022-00290-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2022-00290-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
26 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN ACCIONES POPULARES –
Reiteración jurisprudencial // PRINCIPIOS DE COORDINACIÓN, CONCURRENCIA Y
SUBSIDIARIEDAD – Orientadores de la asignación y ejercicio de competencias de las
entidades territoriales // MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE AERÓDROMOS – Recae
en su dueño o explotador // COMISIONES INTERINSTITUCIONALES – Instrumento de
coordinación de las autoridades, integrado por altos funcionarios, encargado de articular y
dirigir la acción estatal en el marco de una labor o servicio público que requiera la
intervención de varios sectores administrativos, sin alterar las funciones propias de cada
entidad // PLANIFICACIÓN ECONÓMICA – Consiste en el análisis y programación de las
directrices macroeconómicas del país
1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las accionadas, en
contra de la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral No. 1, que accedió a las súplicas
de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. El proceso iniciado por el organismo actor tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa,
la libre competencia económica, la defensa de los consumidores y usuarios, así
como el acceso a los servicios públicos. En criterio del demandante, estas
garantías se han visto vulneradas porque las autoridades demandadas no han
adelantado las gestiones necesarias para realizar los trabajos de mantenimiento
y ampliación del aeródromo municipal de Taraira (Vaupés), cuyo deterioro ha
generado una disminución en la capacidad y cantidad de transporte aéreo, y un
incremento en los costos de traslado de bienes de primera necesidad hacia el
municipio de Taraira, el cual carece de alternativas de acceso al territorio para
el abastecimiento de dichos insumos.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 15 de junio de 2022, la señora Maryuri Villamil Vargas, en calidad de
Defensora del Pueblo en el departamento de Vaupés (en adelante, la defensora,
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
la demandante, la actora o la accionante) presentó demanda1 para la protección
de los derechos e intereses colectivos en contra de la Nación – Ministerio de
Transporte (Mintransporte), la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil (Aerocivil), el departamento de Vaupés (de aquí en más, el Departamento
o Vaupés) y el municipio de Taraira (en lo sucesivo, el Municipio, la entidad
territorial o Taraira) procurando que se amparen: (i) la moralidad administrativa,
(ii) la libre competencia económica; (iii) los derechos de los consumidores y
usuarios, y (iv) el acceso al servicio público de transporte aéreo.
4. En consecuencia, solicitó declarar responsables a las autoridades accionadas y
que se les ordene adoptar las medidas necesarias e indispensables para el
mejoramiento y mantenimiento del aeródromo municipal, para lo cual requiere
que “se adelanten las gestiones presupuestales que permitan la ampliación y
adecuación y demás obras necesarias […] para organizar la protección de los
intereses colectivos de la Población en general [...] dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes”. Asimismo, pidió que se
imponga a los demandados “ejecutar las acciones tendientes a evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio de los
intereses colectivos”, y conformar un comité de verificación para el cumplimiento
del fallo.
5. La defensora refirió que el municipio, localizado a 170 kilómetros de Mitú, y
limítrofe con el corregimiento de Pacoa, la República de Brasil, y el
Departamento del Amazonas, no tiene vías de transporte terrestre que lo
comuniquen con el interior del país, sin embargo, cuenta con una pista
aeroportuaria de aproximadamente 1000 metros lineales en la que ingresan
avionetas de hasta 500 kilogramos y aviones de carga de aproximadamente
3000 kilos, que transportan y surten los víveres a sus habitantes. Empero, es
posible el acceso fluvial, bajo ciertas condiciones2.
6. Expresó que, según oficio del 17 de junio de 2022 que respondió a una petición
de la actora, el Municipio contestó que desde la ciudad de Villavicencio llegaba
únicamente un avión “DC3” por semana, el cual no tiene capacidad para
abastecer a la población, y que no había vuelto a operar por el deterioro de las
aeronaves y los altos costos en el combustible. Asimismo, el documento indicó
que la entidad territorial adelantó gestiones con las empresas transportadoras y
proyectos de inversión para suministrar herramientas, equipos, insumos y
semillas encaminadas al cultivo de productos en la región, además organizó
festivales gastronómicos y artesanales con el fin de fomentar la reactivación
económica. Igualmente, expresó haber presentado un plan de ampliación y
mejoramiento del aeródromo ante la Aerocivil y el Mintransporte pero dichas
entidades no lo habían avalado. Destacó que su mantenimiento y operatividad
1 Índice SAMAI primera instancia, núm. 2. Mediante auto del 18 de noviembre de 2022 (ibid. núm.
4), el Tribunal inadmitió la demanda. Posteriormente, la actora presentó escrito de subsanación (ibid.
núm. 8). Las referencias al libelo introductorio son realizadas a partir del documento enmendado.
2 Allí, según relata la actora, “la conexión normal es La Pedrera sobre el rio Caquetá, se sigue por
este hasta el rio Apaporis, se sube por él, y se sigue por el rio Taraira hasta llegar a las 24 bocas del
caño Telecom, se mete por este hasta caño Telecom y luego por vía Terrestre hasta llegar a la pista
de la cabecera Municipal”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
eran del resorte de la administración municipal, pero no contaba con recursos
suficientes para ejecutar las labores esbozadas en el plan; y que la situación de
la infraestructura ha impactado en el costo de los alimentos.
7. Por otra parte, la demandante también solicitó a la gobernación del
departamento que informara acerca de (i) las solicitudes de cooperación para la
ampliación de la pista por parte del Municipio; (ii) los trámites administrativos
adelantados para garantizar el acceso de aviones de carga hacia Taraira; (iii) la
destinación presupuestal para los trabajos sobre la infraestructura aérea; (iv) las
alternativas de mediano y/o corto plazo para enfrentar la situación de la
población; y (v) el soporte documental que demuestre cada una de gestiones y
adjuntarlo a la respuesta. No obstante, su contestación hizo énfasis en el “control
de legalidad sobre el acuerdo 002 de 2022, por medio de la cual se aprueba las
asignaciones civiles de los empleados de la alcaldía de Mitú”.
8. A partir de este contexto, la accionante consideró que la vulneración a los
derechos invocados se concretó, así3: (i) la libre competencia económica se ha
visto afectada por la falta de control de precios en los insumos de la canasta
básica familiar, cuyo valor desproporcionado es aprovechado por los
comerciantes que concentran el transporte fluvial; (ii) el acceso a los servicios
públicos y a su prestación eficiente y oportuna, ha sido perturbado por no contar
con alternativas diferentes para la obtención de comida y enseres que no
conservan su salubridad al ser desplazados por la vía acuática; y (iii) los
derechos de los consumidores y usuarios que se ponen en riesgo al adquirir y
consumir elementos que no conservan la cadena de frío ni se almacenan
adecuadamente.
Contestaciones de la demanda
9. Tras la admisión y traslado4 del escrito introductorio, algunas de las demandadas
se pronunciaron5, de la siguiente manera:
10. El Mintransporte6 se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda ya
que, en su criterio, no hay fundamentos fácticos ni jurídicos que configuren la
violación de derechos colectivos que le atribuye su contraparte. Aseguró que esa
cartera tiene a su cargo la formulación y adopción de las políticas, planes,
programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte e
infraestructura, por ende, no le corresponde ejecutar obras de construcción,
mantenimiento y conservación de la infraestructura aeronáutica. Estos son
tópicos que están asignados legalmente a la Aerocivil que, pese a estar adscrita
al Ministerio, este no es responsable de las acciones u omisiones de dicho
organismo.
3 En relación con la moralidad administrativa, la demandante se limita a citar extractos de decisiones
judiciales, a saber, del “Fallo 1113 de 2004” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y el “Fallo
1330 de 2011” del Consejo de Estado.
4 Auto del 1° de diciembre de 2022, en: índice SAMAI primera instancia, núm. 11.
5 A excepción del Departamento, que guardó silencio.
6 Índice SAMAI primera instancia, núm. 17.
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
11. La Aerocivil7 solicitó la desestimación de las pretensiones, y afirmó que no
incurrió en el quebrantamiento alegado. Indicó que el mantenimiento y
modernización de los aeródromos reside en cabeza de su propietario o
explotador, esto es, el Municipio, conforme al artículo 19 de la Ley 105 de 1993.
Sostuvo que su actuación consistió en: (i) dar concepto técnico y de
cumplimiento de los reglamentos RAC14 al proyecto formulado por Taraira,
indicando que, una vez construidas las obras, el Municipio debería notificarle
para realizar el correspondiente trámite de renovación del permiso de operación,
establecer las características definitivas y la clave de referencia; y (ii) responder
el fondo de la petición elevada por la actora popular, en la que se indicó que “el
proyecto de Asistencia Técnica y posterior Cofinanciación de la infraestructura
aeroportuaria, se viene realizando en virtud de la ejecución de la Ley 1955
de 2019 […] no con recursos propios de la aeronáutica civil, sino, con la
ejecución de recursos del proyecto denominado “Apoyo a la entidades
territoriales para el fortalecimiento de la infraestructura de transporte aéreo a
nivel nacional”8. En ese orden de ideas, advirtió que los trabajos requerían
continuidad “por parte del gobierno nacional” ya que esta entidad no tiene
facultades para destinar recursos propios a su ejecución. Por lo anterior, aseguró
que obró en virtud de sus deberes funcionales, y que no perjudicó los derechos
colectivos mencionados por la defensora.
12. Taraira objetó las peticiones elevadas a juicio9 porque la actora no acreditó el
quebranto de las garantías que esta señaló. En su criterio, la demanda no
concreta ni fundamenta las razones por las cuales supuestamente fue cercenada
la moralidad administrativa, por ende, dicho cargo no tendría éxito.
13. Por otra parte, en relación con el señalamiento de transgresión de los derechos
de los consumidores y el acceso al servicio público de transporte, el Municipio
manifestó que el incremento en los costos del transporte aéreo, derivado del alza
en el precio del combustible, ha incidido en los precios de la canasta familiar,
pero ello no ha afectado el comercio o desabastecido a la población. Indicó que
ha adoptado medidas como la suscripción de contratos para el suministro de
alimentos de emergencia y la realización de eventos de promoción económica;
igualmente, ha adelantado gestiones para concertar las tarifas de fletes con las
empresas transportadoras. No obstante, precisó que los aumentos han resultado
inevitables debido al incremento en el valor de la gasolina. En consecuencia, de
configurarse una eventual amenaza o vulneración de dicho interés colectivo,
esta obedecería a factores externos a sus competencias, tales como las
referidas fluctuaciones en el combustible, la inflación, la recesión económica y la
actuación de otras entidades, entre otros. Además, aseguró que el aeródromo
permitía el aterrizaje de avionetas con capacidad de carga de 300 a 500 kilos
desde Mitú, y con la posibilidad de operar aviones “DC3” de 3000 kilos, lo cual
denota que la infraestructura estaba en funcionamiento y no se había
obstaculizado su uso.
7 Ibid. núm. 24.
8 Negrillas originales del documento.
9 Ibid. núm. 27.
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
Trámite relevante en primera instancia
14. Mediante auto del 8 de junio de 202310, el Tribunal resolvió vincular al presidente
de la República como “máximo orientador de la planeación nacional”, al
Departamento Nacional de Planeación (DNP), al Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES), y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(Minhacienda), al encontrar que estos son autoridades nacionales de planeación
de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 152 de 1994 y que, en virtud del contenido
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, se encargarían de la
planeación, consolidación, proyección, ejecución y demás actividades
necesarias para materializar los catalizadores que conforman la parte general
de dicho Plan, denominados “Derecho Humano a la Alimentación” y
“Convergencia Regional”.
15. En la misma providencia, el a quo integró al proceso al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (Minagricultura), y al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo (Mincomercio) como miembros de la Comisión Intersectorial de
Logística y Transporte (CILT), conforme al artículo 3 del Decreto 935 de 2022.
16. Una vez notificadas las anteriores entidades11, contestaron a la demanda en los
siguientes términos:
17. El Minhacienda se opuso12 a que prospere la declaración de su responsabilidad
por la vulneración alegada, ya que afirmó no tener conocimiento de las
condiciones del aeródromo de Taraira, toda vez que no forman parte de sus
competencias la administración, manejo o construcción de infraestructura aérea,
ni la provisión del servicio público de transporte o la formulación de proyectos en
esa área. En ese orden de ideas, excepcionó su legitimación en la causa por
pasiva.
18. La Presidencia de la República, a través del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE) contestó13 que, si bien es una de las
autoridades e instancias nacionales definidas por la Ley 152 de 1994, no es el
responsable directo de la implementación y ejecución del PND, ni ostenta
competencia personal y directa para solucionar las problemáticas expuestas por
la actora popular, sino que dichas tareas corresponden a otras entidades.
Adicionalmente, sostuvo que la implementación de las políticas públicas
proyectadas en el instrumento de planeación depende de las realidades
macroeconómicas del Estado, y la adecuada articulación de las diferentes
instancias nacionales y territoriales para identificar los programas prioritarios,
actividades que escapan al marco en el que actúa esta autoridad.
10 Ibid. núm. 53.
11 Ibid. núm. 56.
12 Ibid. núm. 58.
13 Ibid. núm. 59.
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
19. En idéntica dirección a las vinculadas antes reseñadas, el Mindefensa14 adujo
que el asunto no pertenece a la órbita funcional de la entidad y, en ese sentido,
no ha participado por acción u omisión de los hechos que lo conforman. Ahora,
manifestó que, si bien esa autoridad formaba parte de la CILT, su rol allí
únicamente corresponde a la coordinación y orientación de la política para la
defensa de la soberanía, independencia, integridad territorial, seguridad y
tranquilidad públicas, así como para el mantenimiento del orden constitucional y
la garantía de la convivencia democrática, por ende, sus labores no guardan
relación con la construcción y cuidado de infraestructuras de transporte aéreo a
nivel nacional.
20. El DNP15 argumentó, igualmente, que no tiene vínculo sustancial con los
fundamentos fácticos de la presente acción popular, ni incurrió en la violación de
los derechos colectivos cuya protección se persigue, por lo que debía ser
desvinculada de este trámite judicial. Explicó que sus funciones se centran en la
planeación, coordinación y orientación general de la inversión pública dentro del
marco del PND y el presupuesto, siendo las entidades territoriales y sectoriales
—como el municipio, el Mintransporte y la Aerocivil— las responsables de
priorizar, financiar y ejecutar las obras.
21. Por su parte, Minagricultura16 indicó que no tiene responsabilidad en los hechos
relatados por la demandante. Sus objetivos, enfocados hacia la formulación,
coordinación y adopción de las políticas, planes, programas y proyectos para el
apoyo y gestión del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, no
tienen conexidad con lo afirmado por la defensora.
22. El Mincomercio17 también alegó carecer de facultades legales atinentes al objeto
del sub judice, y de no haber contribuido en la situación del aeródromo por
incumplimiento en las tareas que el ordenamiento le asigna. En ese sentido, su
pertenencia al CILT no conlleva asumir competencias relacionadas con el sector
aéreo, ni encargarse de la ampliación o mejoramiento de dichas instalaciones.
23. El Mininterior18 aseveró que no tenía ninguna atribución en el mantenimiento del
aeródromo, que los elementos de la responsabilidad no concurrían respecto de
esta entidad, y que no incurrió en “falla del servicio”.
Sentencia de primera instancia
24. Mediante fallo19 del 27 de marzo de 2025, el Tribunal resolvió20:
“PRIMERO: PROTEGER LOS DERECHOS COLECTIVOS a la libre competencia,
los derechos de los consumidores y usuarios y al acceso a los servicios públicos y
14 Ibid. núm. 60.
15 Ibid. núm. 61.
16 Ibid. núm. 62.
17 Ibid. núm. 65.
18 Ibid. núm. 115.
19 Ibid. núm. 190.
20 Transcripción literal, con posibles errores e imprecisiones.
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
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Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
a que su prestación sea eficiente y oportuna, de conformidad con las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: ORDENAR al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CONSEJO
NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MINISTERIO DE TRANSPORTE, UNIDAD
ADMINISTRATIVA, ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, MUNICIPIO TARAIRA
y el DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, a que dentro del plazo de veinticuatro (24)
meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, cesen la vulneración de
los derechos colectivos protegidos, a través del cumplimiento de la órdenes
descritas en las consideraciones de este fallo.
TERCERO: Confórmese un Comité de verificación del cumplimiento de este fallo, el
cual estará integrado por la actora popular, el representante legal de cada una de
las entidades involucradas en las órdenes judiciales, o su delegado y el Agente del
Ministerio Público que en este caso será el Procurador 48 Judicial II Delegado ante
este Tribunal, quien presidirá el comité. Esta comisión deberá entregar un informe
trimestral al Tribunal sobre el cumplimiento del fallo y todas las actividades
realizadas para ello.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: En firme esta providencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 472 de 1998 y remítase copia del fallo definitivo a los integrantes del
Comité de Verificación, para que procedan de conformidad”.
25. El a quo coligió que, a pesar de las gestiones realizadas por las demandadas
(en particular, por el Municipio), estas no habían sido suficientes para “superar
la vulneración de los derechos colectivos a la libre competencia, los derechos de
los consumidores y usuarios y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna”. Para arribar a dicha conclusión, valoró las
acciones informadas por la administración de Taraira, la justificación del proyecto
de mejoramiento y ampliación presentado al Mintransporte, el aval técnico
concedido por dicha cartera y por la Aerocivil, los informes que esta última
entidad rindió en el marco del proceso, el acuerdo municipal que autorizó al
alcalde a contratación de un empréstito y la pignoración de la renta para financiar
el mantenimiento del aeródromo, la formulación de un nuevo plan, la solicitud de
recursos al Mininterior (aún sin respuesta para la fecha de la sentencia de
primera instancia), y la videograbación aportada por el agente del Ministerio
Público.21
26. En la providencia se expuso que, de acuerdo con las pruebas aportadas, fue
acreditado que el aeródromo no se encontraba en óptimas condiciones para el
aterrizaje de aviones, lo que provocó la suspensión de los vuelos hacia el
Municipio y, a su vez, ocasionó el alza de precios en los alimentos y productos
básicos. Igualmente, no fueron objeto de controversia en el proceso las
manifestaciones de la administración municipal, según las cuales el territorio no
21 Mediante este elemento de convicción, aportado “con el fin de acreditar el mal estado de este y la
necesidad de intervención de las entidades encargadas de su mejoramiento y conservación”, el
Tribunal observó “que la pista de aterrizaje continúa sin ser intervenida para superar las falencias
antes descritas, por lo que se requiere la correspondiente intervención”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
cuenta con otras vías de acceso eficaces; que la única alternativa es la ruta
fluvial —cuyo recorrido puede tardar hasta ocho días— y que, en esas
condiciones, no era posible el transporte de productos perecederos. Partiendo
de estas premisas, el Tribunal concluyó que Taraira está afectada en sus
derechos colectivos22 de forma análoga a como lo planteó la actora popular.
27. Con todo, el fallo reconoce que la situación descrita no ha sido desconocida por
algunas de las autoridades demandadas, toda vez que el proyecto de ampliación
y mejoramiento del aeródromo, presentado por la entidad territorial, obtuvo el
aval del Mintransporte y de la Aerocivil. Sin embargo, de acuerdo con los
reglamentos aeronáuticos, dichas aprobaciones perdieron vigencia porque
transcurrieron más de 6 meses sin que se adelantaran las obras. Asimismo,
encontró que: (i) la Aerocivil priorizó el proyecto para ser beneficiario de la
asistencia técnica; (ii) el Departamento procuró ante el Mintransporte la
consecución del apoyo necesario para ejecutar los trabajos, sin respuesta hasta
la fecha; y (iii) el Municipio ha tratado de remediar la situación mediante
actividades como el “suministro de kits de alimentos de asistencia humanitaria
de emergencia para las familias más vulnerables del municipio, mantenimiento
mediante rocería de laterales, zona de aproximación y limpieza de las zonas de
drenaje del aeródromo”. Empero, tales esfuerzos no han sido suficientes para
superar el estado de cosas, razón que justifica la intervención judicial mediante
el amparo de los derechos colectivos a la libre competencia, los derechos de los
consumidores y usuarios y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.
28. De otra parte, el a quo absolvió a las demandadas del señalamiento de violar la
moralidad administrativa, toda vez que no se demostraron conductas contrarias
a dicha garantía. Por el contrario, en el fallo precisó que las accionadas
anteriormente mencionadas han actuado de conformidad con ese postulado.
29. En cuanto a las medidas adoptadas, el Tribunal acudió al contenido de los
Planes Nacionales de Desarrollo 2018-2022 y 2022-2026 para indicar que la
Aerocivil tiene la facultad de apoyar la financiación de proyectos para intervenir
infraestructura regional, de competencia de las entidades territoriales, tomando
en consideración los criterios de priorización definidos por el Gobierno
nacional23. Igualmente, resaltó que en la estrategia vigente para apoyar las
obras, denominada “Aeropuertos para los Servicios Aéreos Esenciales, ASAES”,
debían concurrir el presidente de la República, el CONPES, el DNP y el
Minhacienda. Asimismo, están conminados a intervenir en el cumplimiento del
fallo los integrantes de la CILT, esto es, Mininterior, Mindefensa, Minagricultura,
22 El Tribunal invocó una providencia de esta Corporación (“Sección Tercera. Subsección C.
Sentencia del 24 de abril de 2024. MP: Nicolás Yepes Corrales. Rad: 15001-23-33-000-2014-00488-
01”) para señalar que, a diferencia de dicho asunto, en el cual se señaló que el municipio allí juzgado
contaba con múltiples vías de acceso terrestre, en el presente caso ocurre una situación
“completamente opuesta”.
23 Citó el artículo 103 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 129 de 2020, y la Resolución 967 de 2020
de la Aerocivil.
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Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
Mincomercio y Mintransporte, como instancia de coordinación y orientación de
la prestación adecuada del servicio público de transporte a nivel nacional24.
30. Siguiendo lo anterior, señaló que están obligados a adoptar las medidas
correspondientes, de manera “armónica y coordinada” junto con las accionadas
antes mencionadas, con “el fin de lograr el mejoramiento y mantenimiento del
aeródromo”: (i) el Municipio como propietario del aeródromo y directo
responsable de su mantenimiento; (ii) la Aerocivil, en virtud de sus funciones
como autoridad aeronáutica; y (iii) el Departamento para ser interlocutor ante el
Gobierno nacional, y en virtud del interés que ha manifestado en cofinanciar el
proyecto de ampliación, mejora y mantenimiento de la pista.
31. El término conferido en la sentencia es de 24 meses contados desde su
ejecutoria, y fue sometido al siguiente cronograma:
“1. Dentro del mes (1) siguiente a la ejecutoria de la presente sentencia, cada una
de las accionadas designará un representante o delegado, quienes conformarán un
comité encargado de la elaboración, publicación y entrega al Tribunal del
cronograma de actividades. En este comité podrá participar la actora popular y el
Ministerio Público, sin que su ausencia en las siguientes etapas impida llevar a cabo
la finalidad de cada una. Este comité deberá reunirse con una periodicidad mensual.
Igualmente, debe decirse que de acuerdo con los principios de coordinación y
colaboración queda a discreción de quienes conforman el comité determinar la
forma en que debe operar el mismo de acuerdo al ámbito de sus competencias, para
conseguir lo ordenado por el Tribunal.
2. Dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento del término anterior, el
comité estudiará y diseñará un plan de acción con el fin de establecer de manera
clara y detallada las medidas necesarias de carácter presupuestal, administrativo,
contractual y/o jurídico para lograr la recuperación y mantenimiento en condiciones
adecuadas del aeródromo de TARAIRA, en el que se identifiquen los problemas
específicos a atender y las actividades contempladas para resolver cada uno de
ellos a corto, mediano y largo plazo, con metas medibles, plazos determinados e
indicadores de avance.
3. Una vez definido el plan de acción, el comité contará con el plazo de ocho (8)
meses, tanto para establecer un cronograma de actividades como para lograr la
apropiación de recursos que garanticen la ejecución del plan de acción. Este
cronograma contendrá las actividades debidamente detalladas que deben ejecutar
cada uno de los accionados para cumplir el plan de acción, así como los plazos con
los que cuentan para dicho fin. En cualquier caso, el plan de acción deberá asegurar
el uso adecuado, la conservación y el mantenimiento continuo de las instalaciones
del aeropuerto, para evitar que en el futuro vuelvan a quedar en estado de abandono
o deterioro.
4. Todo ello sin perjuicio del acatamiento de todas las disposiciones jurídicas,
técnicas y demás que corresponda en el cumplimiento de la orden judicial.
Una vez cumplido el plazo anterior, las accionadas de acuerdo con el ámbito de sus
competencias contarán con el plazo de hasta doce (12) meses para ejecutar todas
las actividades previstas en el plan de acción, de tal manera que en el plazo total de
veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
deberá superarse la vulneración de los derechos colectivos protegidos.
24 Invocó el artículo 3 del Decreto 935 de 2022, y el artículo 3, numeral 6, de la Ley 2294 de 2023.
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
La presente orden no representa un obstáculo para el ejercicio de las acciones
legales a cargo de cada uno de los entes involucrados, en el marco de sus
competencias”.
Recursos de apelación
32. Las entidades demandadas, a excepción del Municipio25, presentaron
impugnación contra el fallo de primera instancia, exponiendo los siguientes
disensos:
33. En su escrito26, el Departamento afirmó que no cuestionaba el amparo a los
derechos colectivos sino las órdenes que le fueron impuestas por cuanto no le
es posible asumir la responsabilidad de Taraira como propietaria y operadora
autorizada de la infraestructura de transporte aéreo. También resaltó que la
manifestación del gobernador en audiencia no justifica forzarle a cumplir deberes
que no le corresponden. Censuró que el fallo no impone cargas presupuestales
a las entidades que lesionaron los derechos e intereses colectivos y, con ello,
incumplieron sus deberes de mantener las condiciones de la pista y propender
por la minimización de costos por el servicio aéreo.
34. El Mintransporte27 sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva
dentro del presente proceso, en la medida en que su función principal consiste
en formular y adoptar políticas, planes, programas, proyectos y regulación
económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura en los modos
carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo, así como en expedir la regulación
técnica aplicable. En ese sentido, su actuación se circunscribe a la definición de
la política del sector transporte, sin que le corresponda la ejecución de obras de
construcción, mantenimiento o conservación de la infraestructura aeronáutica.
Agregó que no hay prueba de que algún derecho colectivo haya sido violado o
amenazado por esta cartera, sino que era la administración municipal la
facultada de responder por tales obras, y la Aerocivil tiene competencia para
brindar la correspondiente asistencia técnica.
35. El DNP28 adujo que el fallo le imputó una responsabilidad institucional sin que
fuera demostrada una conducta que le fuera atribuible, y le impartió órdenes que
desbordan sus competencias constitucionales y legales. Precisó que no ostenta
facultades para ejecutar directamente proyectos de infraestructura, en particular,
aeródromos, y sólo tiene funciones de planeación, coordinación y evaluación de
políticas públicas, razón por la que la sentencia apelada incurrió en un error de
derecho por disponer órdenes respecto de un bien cuya gestión, operación y
mantenimiento corresponde a las entidades del sector transporte (Mintransporte,
Aerocivil), y al Municipio como titular del bien. En ese sentido, planteó su falta
de legitimación en la causa por pasiva, señaló que la decisión desconoció el
25 Que presentó extemporáneamente la alzada, de acuerdo con el auto del 22 de mayo de 2025
proferido por el Tribunal (índice SAMAI primera instancia, núm. 220), que no fue objeto de
impugnación.
26 Índice SAMAI primera instancia, núm. 195.
27 Ibid. núm. 196.
28 Ibid. núm. 197.
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principio de autonomía territorial de la dueña del aeródromo, y reprochó que el
Tribunal aplicó de manera desbordada los principios de subsidiariedad y
colaboración armónica, provocando la transferencia de funciones,
desconociendo la legalidad administrativa, la especialidad funcional y la
distribución de competencias.
36. El DAPRE reiteró29 que el Presidente de la República carece de competencias
directas para ejecutar las órdenes pretendidas por la actora popular, e impuestas
por la decisión de primer grado, toda vez que no le corresponde financiar ni
disponer del aeródromo de Taraira, cuyo cuidado y mantenimiento corresponde
a otras entidades30. En ese sentido, si bien debe definir las políticas públicas en
materia de infraestructura de transporte, soberanía alimentaria y desarrollo del
acceso progresivo a la alimentación, y existe un componente concreto en estas
materias plasmado en el PND, su implementación depende de las realidades
macroeconómicas del Estado y de la articulación entre las instancias nacionales
y territoriales de planeación. Así, refutó el fallo porque “estructura y reconfigura
el reparto de competencias del Estado con base en una interpretación
desbordada de los principios de subsidiariedad y colaboración armónica”, y no
fundamentó en pruebas que haya cometido actos de amenaza, vulneración o
puesta en peligro de los derechos colectivos invocados.
37. El Minhacienda31 acusó el fallo de carecer de sustento legal toda vez que no
participó de los hechos relacionados con la realización de trabajos en el
aeródromo de Taraira. En ese sentido, consideró errada la asignación de
funciones que jurídicamente no le corresponden, y estimó equivocada la
interpretación del artículo 8 de la Ley 152 de 1994, toda vez que el hecho de
calificar a esta cartera como autoridad de planeación no implica la atribución de
facultades ajenas a su objeto. Por lo tanto, adujo su falta de legitimación en
causa dado que no tiene responsabilidad directa en el restablecimiento de los
derechos e intereses colectivos involucrados en este asunto.
38. El Mindefensa32 reprochó el fallo porque carece de participación en los hechos
discutidos en el presente trámite judicial, y alegó que no tiene competencias
relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura aérea.
29 Ibid. núm. 198.
30 Sostuvo específicamente que “En este orden de ideas, el presidente de la República carece de las
competencias constitucionales y legales, así como de la disponibilidad directa de recursos para
convenir con el municipio y comprometer obras como las planteadas por el defensor regional del
pueblo. Con base en la autonomía administrativa y presupuestal de las entidades territoriales, la
viabilidad de ordenar los trabajos requeridos en el aeródromo de Taraira le corresponde en primera
instancia al municipio, eventualmente, al Departamento del Vaupés, y en forma subsidiaria y
concurrente a las autoridades nacionales con las competencias funcionales necesarias, sin vincular
directamente al presidente de la República, que necesariamente acudirá a las mismas autoridades
afectadas en la sentencia, lo que evidencia la impertinencia de la decisión del Tribunal. // En este
caso, la responsabilidad sobre el Aeródromo de Taraira recae primariamente en el municipio como
titular del bien público, y funcionalmente el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil como
autoridades sectoriales. El presidente de la República NO tiene funciones de gestión, mantenimiento
ni intervención física sobre aeródromos, y su papel como autoridad de planeación se limita a orientar
políticas de inversión pública, sin ninguna capacidad operativa.”
31 Índice SAMAI primera instancia, núm. 199.
32 Ibid. núm. 200
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39. El Minagricultura33 sostuvo que la decisión no tuvo en cuenta que el marco de
sus funciones no está relacionado con la ejecución de proyectos como el de
mejoramiento y mantenimiento del aeródromo. Apuntó, en consecuencia, que no
está legitimado por pasiva, y que el fallo asignó indebidamente deberes que no
le corresponden, desconoció los principios de subsidiariedad y colaboración
armónica, y la autonomía territorial del municipio.
40. El Mincomercio34 adujo que las órdenes de la sentencia son incongruentes con
las funciones y competencias de la entidad. En ese sentido, el formar parte de
la CILT no significa ejercer ni asumir facultades relacionadas con el objeto
misional de otras instancias. Por lo tanto, solicitó ser excluido de las órdenes
proferidas por el fallo judicial, en tanto no tiene legitimación en causa.
41. El Mininterior alegó35 que se configuró la nulidad procesal porque fue
indebidamente notificado del auto que dispuso su vinculación al asunto. De otra
parte, manifestó que no estaba llamado a responder por las súplicas realizadas
en la demanda, razón por la que, de forma subsidiaria, solicitó ser apartado de
las resoluciones adoptadas en este asunto.
42. La Aerocivil manifestó que la sentencia desconoció los límites legales de su
competencia36. Resaltó que está demostrada la propiedad, titularidad y
explotación del aeródromo en cabeza del Municipio y que, en su momento, dio
concepto favorable al proyecto de mejoramiento que planteó la administración
municipal, atendió todas las solicitudes presentadas por las autoridades locales,
y priorizó la asistencia técnica y regulatoria, a tal punto que “actualmente […] se
encuentra estructurando los documentos precontractuales para la consultoría
[…] la cual se realizará conforme disponibilidad de recursos presupuestales”, lo
cual no significó la transferencia de funciones de mantenimiento y conservación
que, en todo caso, recaen en Taraira. En ese orden de ideas, expresó que el
Tribunal aplicó incorrectamente el artículo 14.2.3.8. de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia – 14 (RAC14), y los artículos 19 y 20 de la Ley 105
de 1993; y solicitó revocar las órdenes de “financiamiento, ejecución y
administración” de la infraestructura para que, en su lugar, se indique que su rol
en el proyecto se limita a apoyar las obras.
Trámite en segunda instancia
43. En providencia37 del 13 de agosto de 2025, el sustanciador ad quem admitió el
recurso de apelación.
44. Dentro del término para pronunciarse sobre las respectivas alzadas, únicamente
intervino el Mincomercio38 para reiterar los argumentos de su recurso.
33 Ibid. núm. 201.
34 Ibid. núm. 202.
35 Ibid. núm. 205.
36 Ibid. núm. 206.
37 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 3.
38 Ibid. núm. 15.
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45. Mediante concepto39 del 28 de agosto de 2025, el agente del Ministerio Público
sugirió confirmar el amparo de los derechos e intereses colectivos resuelto en la
sentencia de primera instancia, aunque eximiendo a la Presidencia de la
República, el DNP y el Minhacienda.
46. Para sustentar esta conclusión, la vista fiscal señaló que: (i) los habitantes del
municipio, ubicado en una zona amazónica de selva profunda, pertenecen en su
mayoría a comunidades indígenas y enfrentan condiciones de marginalidad
geográfica y aislamiento extremo respecto de los centros de producción y
abastecimiento del país; (ii) el acceso se realiza exclusivamente por vía aérea,
dado que la vía fluvial resulta prácticamente inviable —con desplazamientos
superiores a ocho días— y no existen carreteras, lo que compromete el acceso
a medios de subsistencia básicos y exige interpretar los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad con la mayor amplitud posible ante
la afectación de derechos colectivos que incluso pueden comprometer derechos
de carácter fundamental; (iii) se acreditó que el aeródromo es de propiedad del
municipio y que el proyecto de su mantenimiento y mejoramiento está
debidamente justificado; (iv) el transporte aéreo es prestado por una única
empresa en posición dominante, que ha incrementado las tarifas de flete, de
modo que la falta de infraestructura adecuada limita la entrada de otros
proveedores y el acceso al mercado en condiciones competitivas; (v) el
Municipio está legitimado en la causa por pasiva como propietario del aeródromo
y responsable de su operación y mantenimiento; (vi) la Aerocivil también lo está
por sus funciones de regulación, certificación, vigilancia y control de la
infraestructura aeronáutica; (vii) el Departamento, en aplicación de los principios
de subsidiariedad y complementariedad, debe apoyar la ejecución de las obras;
(viii) las entidades integrantes de la CILT deben vincularse al proceso en razón
de su papel de coordinación y orientación del servicio de transporte aéreo; y (ix)
el DAPRE, el DNP y el Ministerio de Hacienda, aunque ejercen funciones de
planeación, no tienen funciones directamente relacionadas con el sector
transporte.
47. A través de auto del 4 de mayo de 202640, el despacho sustanciador negó la
nulidad alegada por el Mininterior al verificar que su vinculación a este trámite
fue debidamente notificada.
CONSIDERACIONES
Objeto del presente pronunciamiento
48. La Subsección no advierte la configuración de alguna causal de nulidad dentro
del sub-lite. Además, se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción,
competencia, legitimación en la causa de hecho de ambos extremos procesales,
39 Ibid. núm. 18.
40 Ibid. núm. 36.
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y material por activa, y se satisfizo el requisito de procedibilidad de reclamación
previa a las accionadas41.
49. Cabe recapitular que las impugnaciones se centran, mayoritariamente, en
cuestionar la legitimación en la causa por pasiva de las autoridades apelantes
demandadas o vinculadas al proceso, alegando que no intervinieron por acción
u omisión en la violación de los derechos e intereses colectivos que suplicó la
defensora y constató la decisión judicial. Asimismo, en general, señalaron que
el Tribunal desconoció los principios que rigen la articulación entre las instancias
administrativas, y soslayó el marco competencial legalmente asignado a dichas
entidades públicas en tanto les trasladó la responsabilidad sobre el
mantenimiento y conservación del aeródromo que legalmente recae sobre el
Municipio como su propietario.
50. Particularmente, Vaupés reprochó que la sentencia le fuerza a realizar la
cofinanciación de los trabajos de mantenimiento y ampliación, dejando de lado
que la imputación presupuestal de estas obras corresponde a Taraira.
51. La Aerocivil, además de referir que no poseía competencias concernientes a la
financiación, mantenimiento y conservación de la infraestructura aérea que es
objeto de este asunto, cuestionó directamente las órdenes proferidas por la
sentencia, al estimar que le asignan funciones completamente ajenas a aquellas
que considera le son propias, y se circunscriben a la prestación de asistencia
técnica a la entidad territorial.
52. En ese sentido, la Sala encuentra que ninguna de las demandadas controvirtió
que las garantías colectivas de la población de Taraira, amparadas por la
decisión de instancia, hayan sido efectivamente vulneradas por el mal estado
del aeródromo municipal.
53. Por ende, en virtud de los argumentos expuestos por los recurrentes en contra
de la sentencia de primer grado42, es del caso examinar (i) si se cumple la
41 Previsto para las demandas de protección de los derechos e intereses colectivos, según los
artículos 144 y 161 numeral 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
42 En relación con el tema, se ha indicado lo siguiente: “En la acción popular, el juez cuenta con
facultades oficiosas reforzadas y el principio de congruencia opera con un grado mayor de
flexibilidad, en tanto el fin del proceso es la protección de intereses de naturaleza pública y la
adopción de medidas idóneas para precaver, hacer cesar o remediar la amenaza o vulneración de
derechos colectivos, incluso cuando, a partir de los hechos probados, se advierta la afectación de
derechos colectivos distintos a los invocados por el actor, amplitud funcional que permite al juzgador
ajustar, modular o incluso disponer órdenes distintas a las pedidas, siempre que guarden conexión
con los hechos probados y con el derecho colectivo comprometido, con respeto del debido proceso
y el derecho de contradicción. Sin embargo, esta facultad y flexibilidad no transforma la alzada en
una revisión oficiosa ilimitada, ni releva al apelante de la carga de estructurar su disenso, pues las
amplias potestades del juez popular se proyectan sobre la efectividad del remedio y la protección del
interés colectivo, no sobre la sustitución de la argumentación que corresponde a quien pretende la
revocatoria o modificación del fallo, para con ello, oficiosamente deshacer la vulneración y protección
que el a quo declaró y no fue objeto de disenso. (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 27 de febrero de 2026. Rad.
680012333000-2019-00928-01 (72584). C.P. José Roberto Sáchica Méndez). Sobre la delimitación
de la competencia en segunda instancia, en función de los argumentos de la apelación y en acciones
populares, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –
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legitimación material en la causa por pasiva respecto de cada una de las
entidades demandadas y vinculadas o si, como lo aseveraron los apelantes, el
fallo impugnado desconoció la distribución de competencias administrativas,
atribuyendo indebidamente responsabilidad a entidades ajenas al objeto del
litigio.
54. Una vez resuelto lo anterior, (ii) la Subsección deberá determinar si la atribución
de responsabilidad, y las órdenes expedidas por el Tribunal, desconocieron la
repartición de funciones y determinaron compromisos que no les corresponde a
las demandadas, en los términos expuestos por cada recurrente.
Legitimación por pasiva en acciones populares
55. Recientemente, la Sala recordó43 que la jurisprudencia de la Corporación emplea
el concepto general de legitimación en la causa en los procesos en los que se
pretende la protección de derechos e intereses colectivos -igualmente definidos
como acciones populares-, y que se refiere a la aptitud de las partes para
formular una demanda o controvertirla44. En esta serie de pronunciamientos fue
desarrollada igualmente la subdivisión entre legitimación de hecho y material,
siendo la primera un efecto propio del vínculo procesal trabado en virtud de la
demanda judicial, y la segunda el razonamiento encaminado a verificar si los
sujetos participaron en los hechos y actos que suscitan el conflicto.
56. Ahora, sobre la legitimación material en la causa por pasiva, el marco legal que
corresponde a esta causa dispone que la acción popular procede respecto de la
“persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se
considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo”45. Así,
este presupuesto exige que la accionada se encuentre “vinculada funcional o
materialmente con los hechos que dan origen a la reclamación, lo cual se
examinará desde la óptica de las responsabilidades que legalmente
corresponden al organismo demandado”46.
57. Bajo estas premisas, es oportuno verificar el cumplimiento de este presupuesto
respecto de las entidades accionadas según las razones que adujo el Tribunal
para convocarlas al trámite del proceso, dependiendo de si se trata (i) de las
Subsección A. Sentencias del 16 de junio de 2025. Rad. 25000-23-41-000-2018-00540-01 (71999),
y del 7 de noviembre de 2025. Rad. 25000-23-41-000-2023-00829-01 (73240). C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez. Idéntica lógica observó la Sala, entre otras, en sentencia del 24 de octubre de 2025.
Rad. 760012333009-2016-01179-01 (71865). C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Párr. 35 a 37.
43 Se reitera lo indicado por la Subsección en sentencia del 7 de noviembre de 2025, antes citada.
En esta se mencionan, a su vez, los siguientes proveídos: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2017. Rad. 17001-23-33-000-2013-
00259-02(AP). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, y Sección Tercera – Subsección A. Sentencia
del 20 de noviembre de 2020. Rad. 25000-23-24-000-2011-00251-01 (AP). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
44 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 5 de mayo de 2025. Rad. 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72159). Párr. 77. C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
45 Ley 472 de 1998 – Artículo 14.
46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 18 de
mayo de 2017. Rad. 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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originalmente demandadas, (ii) las que conforman el CILT, y (iii) aquellas que
son legalmente designadas como autoridades de planeación.
Legitimación material de las enjuiciadas por la actora popular
58. Respecto de las entidades encausadas directamente por la defensora, esta
Subsección considera, en primer lugar, que el Municipio está llamado a
responder por la violación de los derechos e intereses colectivos de su
población, determinada en el sub judice y no cuestionada en segunda instancia,
por las falencias del aeródromo de Taraira y las consecuencias que estas
aparejan sobre la prestación del servicio de transporte aéreo.
59. En efecto, dicha entidad territorial es propietaria de la mencionada
infraestructura aeronáutica47, calidad específicamente determinada por la Ley
105 de 1993 al fijar la función de construir y conservar todos y cada uno de los
componentes48 bajo su dominio49, y de realizar las apropiaciones presupuestales
para planificar e identificar las prioridades correspondientes de mantenimiento y
edificación de las instalaciones dispuestas a la aeronavegación50. A esto se
suma lo previsto en el Código de Comercio según el cual, a falta de una
inscripción que establezca alguien distinto, presume como explotador al dueño
del aeródromo51, y lo hace responsable por los daños derivados de la prestación
de los servicios que allí operan52. En esa misma dirección, el RAC 14 prescribe
que el propietario, explotador o administrador del aeródromo tiene la obligación
de mantenerlo en las condiciones operacionales previamente autorizadas para
su funcionamiento53.
47 Planos del aeródromo y certificado de tradición del número de matrícula inmobiliaria 520-56381
de la oficina de registro de instrumentos públicos de Mitú. En: Índice SAMAI primera instancia, núm.
168.
48 De acuerdo con el artículo 1808 del Código de Comercio, la “infraestructura aeronáutica es el
Conjunto [sic] de instalaciones y servicios destinados a facilitar y hacer posible la navegación aérea,
tales como aeródromos, señalamientos, iluminación, ayudas a la navegación, informaciones
aeronáuticas, telecomunicaciones, meteorología, aprovisionamiento y reparación de aeronaves”. (Se
subraya).
49 Ley 105 de 1993 – Artículo 19: “CONSTITUCIÓN Y CONSERVACIÓN. Corresponde a la Nación
y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los
componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley”.
50 Ley 105 de 1993 – Artículo 20: “ PLANEACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades
del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las entidades
territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las
prioridades para su conservación y construcción. // Para estos efectos, la Nación y las entidades
territoriales harán las apropiaciones presupuestales con recursos propios y con aquellos que
determine esta Ley.”
51 Código de Comercio – Artículo 1816: “Se presume explotador al dueño de las instalaciones,
equipos y servicios que constituyen el aeródromo, a menos que haya cedido la explotación por
documento inscrito en el registro aeronáutico. // En los casos en que un aeródromo sea construido u
operado por acción comunal, o de otra manera semejante, a falta de explotador inscrito se tendrá
por tal al municipio en cuya jurisdicción se encuentre”.
52 Código de Comercio – Artículo 1817: “Los explotadores de aeródromos, así como las personas o
entidades que presten los servicios de infraestructura aeronáutica, son responsables de los daños
que cause la operación de los aeródromos o la prestación de los servicios citados. //
53 RAC 14 - Artículo 14.2.3.8.: “Todo propietario, explotador o administrador de aeródromos está en
la obligación de mantener el aeródromo dentro de los límites de seguridad y de servicio, que para
cada clase determine el presente reglamento y las condiciones operacionales en que les fuera
autorizado el permiso de operación. La vigencia del correspondiente permiso de operación está
condicionada a que tales límites se conserven y las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento
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60. En relación con el Departamento, la Aerocivil y el Mintransporte, entidades de
diferente nivel al municipal, debe advertirse que los compromisos jurídicamente
exigibles respecto del cuidado y preservación de la infraestructura en mención,
y las dificultades para acceder a insumos de primera necesidad, se han admitido
por la propia administración de Taraira, en particular, al responder la petición
formulada por la actora popular54. No obstante, en dicha oportunidad también
indicó que no “cuenta con los recursos suficientes para financiar” el proyecto de
mejoramiento y adecuación que presentó ante la Aerocivil55 y cuyo alcance
implicaría adelantar obras de ampliación, excavación, relleno y construcción 56.
Es cierto que la insuficiencia económica de la entidad territorial no excusa el
incumplimiento en la protección de los derechos e intereses colectivos57;
empero, las aseveraciones acerca de la imposibilidad de financiar el proyecto no
fueron refutadas en el proceso, por lo que es una situación que debe ser
considerada al momento de garantizar el disfrute de los derechos conculcados.
61. En este contexto, en el cual no se controvirtió en segundo grado que la principal
responsable por el buen funcionamiento de la infraestructura aérea a su cargo
tuviera incapacidad económica para adoptar las medidas correspondientes,
operan los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad58, mencionados por algunos de los recurrentes en sus escritos,
como una manifestación de la colaboración armónica entre las ramas del poder
público, los cuales orientan el ejercicio de las competencias a cargo del
Municipio en la materia que se está examinando.
se mantengan”. Además, en relación con el alcance de este deber, el artículo 14.3.10.1. del RAC14
señala que el “explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública debe establecer un plan
de mantenimiento, incluyendo cuando sea apropiado un programa de mantenimiento preventivo,
para asegurar que las instalaciones, los sistemas de iluminación, las ayudas visuales, el área de
maniobras, las zonas de seguridad se conserven en condiciones tales que no afecten
desfavorablemente a la seguridad, regularidad o eficiencia de la navegación aérea”.
54 Oficio del 17 de junio de 2022, en: Archivo PDF – índice SAMAI primera instancia núm. 8, f. 39-
46. Allí, la entidad señaló: “La pista aérea municipal de Taraira cuenta con una extensión de 1.165
metros lineales, con una amplitud de 24 metros en algunos tramos y 30 metros de ancha en otros
tramos en un suelo limoso – arcilloso. // Actualmente pueden operar en esta pista, aviones tipo
monomotor, con una capacidad de carga de 300 a 500 kilos, conocidos popularmente como
“avionetas”, las cuales operan desde la ciudad de Mitú y también pueden operar aviones tipo DC3,
con capacidad de 30 kilos, los cuales operan desde las ciudades de Villavicencio y San José. La
entidad responsable del mantenimiento y operatividad de la pista aérea es el municipio de Taraira”.
(Se subraya).
55 Denominado “MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AÉRODROMO DEL MUNICIPIO DE
TARAIRA, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS”, en: Archivo pdf, índice SAMAI primera instancia núm.
21, f. 35 – 439.
56 Según indicó el Municipio, el proyecto implica “la realización de las siguientes actividades:
ampliación de longitud de la de la pista de 1,165 metros a 1,200 metros, ampliación de ancho de la
pista de 24 metros a 30 metros, excavaciones mecánicas y rellenos con material pétreo compactado
para la nivelación de la pista, construcción de losa de concreto en 4,000 psi para un área de 8x40
metros (zona de carga y descarga) y ampliación de box coulvert.”
57 Tesis reiteradamente sostenida por esta Corporación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 6 de marzo de 2025. Rad.
680012333000201900284-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Párr. 69 a 75.
58 Enmarcados en el modelo constitucional de Estado unitario, descentralizado y con autonomía de
sus entidades territoriales, previsto en los artículos 1 y 288 de la Constitución Política. Ver: Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-1051 del 4 de octubre de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería
Así mismo, ver: Sent. 24-oct-2025, antes citada.
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62. Según su desarrollo legal59 y jurisprudencial60, la coordinación impone ejercer
las funciones que el ordenamiento asigna de forma acorde, complementaria y
conducente a la consecución de las finalidades de la administración pública,
comunes a los estamentos del Estado, lo que se traduce en que las políticas y
proyectos del orden nacional consten en instrumentos de alcance territorial, y
que existan escenarios de diálogo y conformación de programas, mecanismos y
esquemas de acción articulada. La concurrencia supone la participación de las
diferentes instancias estatales, conforme al reparto prediseñado de
competencias, en aras de conseguir objetivos o propósitos comunes. Y la
subsidiariedad implica, en lo que interesa a este asunto, que la distribución,
organización y ejecución de las competencias estatales demandan la
intervención de los estamentos y niveles más próximos, especializados, y con
mayores recursos para atender las necesidades de la población, solo cuando se
evidencie que las instancias inferiores no pueden ejercer adecuadamente sus
labores61.
63. En este contexto, el Departamento tiene, de acuerdo con el artículo 298 de la
Constitución Política, el ejercicio de “funciones administrativas, de coordinación,
de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación
y los Municipios y de prestación de los servicios” conforme lo desarrolle la ley62.
En ese sentido, los artículos 74.2 y 74.5. de la Ley 715 de 2001, prevén
respectivamente las competencias de “[p]romover, financiar o cofinanciar
proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental”
y “[a]sesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los
Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las
competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar”. Estas funciones,
empero, no implican la transferencia de aquellas que el ordenamiento asigna al
Municipio como propietario y explotador del aeródromo.
59 Ley 1454 de 2011, artículo 27. Ley 1551 de 2012, artículo 4; y Ley 2200 de 2022, artículo 2.
60 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-095 del 11 de octubre de 2018. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
61 “… en términos generales, el principio de subsidiariedad significa, por una parte, que el Estado no
requiere intervenir cuando los individuos se basten a sí mismos. El apoyo del Estado se requiere allí
en donde se hace imposible o demasiado difícil poder satisfacer de manera eficaz las necesidades
básicas. No se puede proyectar el principio de subsidiariedad sobre el tema de distribución de
competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales de manera simplista. Bien sabido es, que
así como existen municipios relativamente autosuficientes existen otros sumidos en la absoluta
pobreza y precariedad. En vista de que no existe una forma única y mejor de distribuir y organizar
las distintas competencias y dada la presencia de profundos desequilibrios y enormes brechas
presentes en las distintas Entidades Territoriales, la distribución y organización de competencias
significa un proceso continuo en el que con frecuencia es preciso estar dispuesto a ajustarse a los
sobresaltos, en el cual es necesario andar y a veces también desandar las rutas propuestas y en el
que se requiere aplicar, sin lugar a dudas, un cierto nivel de coordinación, cooperación, solidaridad
y concurrencia.”: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 26 de septiembre de 2005.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
62 En ese orden de ideas, el artículo 2 de la Ley 2200 de 2022 establece que los departamentos son
“instrumento de complementariedad de la acción municipal y enlace de las actividades y servicios
que prestan los municipios y la Nación”.
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64. Por su parte, la Aerocivil posee las competencias de autoridad aeronáutica 63 y,
en tal medida ostenta, entre otras facultades64, las de regular65, vigilar el
cumplimiento de las reglamentaciones correspondientes adoptando las medidas
que garanticen el ceñimiento a esta normativa, y controlar la infraestructura
dispuesta para proveer el servicio de transporte aéreo, investigando y
sancionando66 la trasgresión a los reglamentos correspondientes67.
Específicamente, el ordenamiento le asigna68 la “función prioritaria” del
“mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria”. De otra parte, en cuanto a la
planeación y respaldo financiero a las obras de mejoramiento de estos
elementos, el artículo 103 de la Ley 1955 de 2019, vigente para la fecha de esta
decisión69, indica que la Aerocivil podrá:
“… apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial, fluvial y
los aeropuertos regionales de competencia de las entidades territoriales, previo a
los criterios de priorización definidos por el Gobierno nacional y de acuerdo con lo
previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con el Marco de Gasto del
correspondiente sector.
En virtud del apoyo a las entidades territoriales, el INVÍAS y la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil podrán adquirir, materiales, equipos, y la mano de obra
requerida para su ejecución y podrán concurrir en la cofinanciación entidades de
carácter privado. En todo caso, […] y la Aeronáutica civil adoptarán las medidas
requeridas para la ejecución de los recursos, entre otros, en convenio con los
municipios.”
65. En cuanto al Mintransporte, si bien tiene el “objetivo primordial” de formular y
adoptar políticas, planes, programas, proyectos y regulación en materia de
transporte, tránsito e infraestructura en todas las modalidades (incluyendo la
aérea), dentro de sus cometidos se encuentran los de apoyar y prestar
colaboración técnica a los organismos estatales que la requieran respecto de la
construcción de obras e infraestructura física; coordinar, promover la ejecución
de los planes y programas gubernamentales del sector en lo de su competencia;
y orientar a las entidades adscritas y ejercer el control de tutela sobre las
mismas70. Luego, es necesaria su vinculación en tanto debe garantizarse la
articulación institucional requerida para superar la situación de conectividad de
Taraira, que actualmente se encuentra en condiciones especiales de
aislamiento. En ese sentido, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de esta
Corporación, ante la manifestación de falta de recursos económicos de los
niveles municipal y departamental71, en virtud de los mandatos constitucionales
63 Código de Comercio – Artículo 1782: “Por "autoridad aeronáutica" se entiende el Departamento
Administrativo de Aeronáutica Civil o la entidad que en el futuro asuma las funciones que actualmente
desempeña dicha Jefatura. // Corresponde a esta autoridad dictar los reglamentos aeronáuticos.”
64 Cfr. Decreto 1294 de 2021 – Artículos 2 y 4.
65 Cfr. Ley 336 de 1996 – Artículo 68.
66 Cfr. Ley 105 de 1993 – Artículo 55.
67 Ley 105 de 1993 – Artículo 48, inciso segundo: “La autoridad Aeronáutica ejercerá funciones de
reglamentación, control, supervisión y sanción sobre quienes presten los servicios aeroportuarios y
en casos de violación a sus normas o reglamentos conservará siempre la posibilidad de intervenirlos,
pudiendo asumir directamente la prestación del servicio”.
68 Ibid. Parágrafo 1.
69 Cfr. Ley 2294 de 2023 – Artículo 372.
70 Decreto 87 de 2011 – Artículos 2.9., 2.11., y 2.15.
71 Además de lo indicado en relación con el Municipio (supra. párr. 60), al presentar el proyecto de
“MANTENIMIENTO DEL AERÓDROMO DEL MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DE
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de subsidiariedad y concurrencia, la Nación debe acudir al auxilio de las labores
encaminadas a la superación del estado de vulneración de los derechos
colectivos, incluyendo el acoplamiento de las diferentes instancias estatales y la
obtención de financiamiento72.
66. A partir de lo anterior, al verificar que estas demandadas se encuentran
vinculadas funcionalmente con los hechos que soportan la violación de derechos
colectivos, la Sala colige su aptitud material por pasiva para responder. En
efecto, el Municipio está llamado a comparecer al proceso para cesar la
vulneración por ser el propietario y explotador del aeródromo, y tener a su cargo
el mantenimiento y construcción de esta infraestructura aérea.
67. El Departamento y el Mintransporte están llamados a cesar la vulneración
colectiva en virtud de los principios de subsidiariedad, concurrencia,
coordinación y complementariedad con Taraira, sin que ello implique la asunción
de competencias propias del propietario sino como una medida de colaboración
armónica e institucional para garantizar la efectividad de las garantías
conculcadas.
68. Además de las pautas de actuación recién mencionadas, las funciones de
Aerocivil como autoridad aeronáutica, asistencia técnica, planeación, apoyo y
financiación de proyectos de infraestructura regional, en los términos antes
VAUPÉS”, el gobernador aseguró que carecía de solvencia económica para acometer los trabajos
allí propuestos. Así, indicó: “Debido a la gran cantidad de recursos que se necesita para un
mejoramiento integral de la pista de aterrizaje, que incluya una pavimentación total de la misma y un
área de terminal aéreo, se plantea por lo pronto y de manera inmediata en el presente proyecto
realizar una serie de actividades que se catalogan como parte del mantenimiento preventivo, dado a
que anualmente es necesario un gasto de inversión para garantizar la movilidad de carga y pasajeros
desde y hacia el municipio de Taraira, actividad que por falta de recursos no ha sido posible realizar
durante la administración de VAUPÉS, JUNTOS PODEMOS”. Texto del proyecto, en: índice SAMAI
primera instancia, núm. 164, f. 10-139.
72 Al respecto, esta Corporación se pronunció así: “En efecto, es clara la división de competencias
que desde el punto de vista legal y reglamentario se ha fijado para responder por el mantenimiento
y recuperación de las vías según su categoría, pero se itera, ante la manifestación explícita y evidente
de que el ente territorial local […] y el ente Departamental […] no cuentan con la disponibilidad
presupuestal y logística para para preservar los derechos colectivos que se encuentran en vilo, debe
entrar por concurrencia y en subsidio la Nación; por intermedio del Ministerio de Transporte, a
preservar esos derechos y evitar que se presente a futuro un desastre de índole mayúscula. // De no
ser así, el mandato contenido en el artículo 288 Constitucional, para este caso, estaría llamado al
vacío y/o a ser omitido en su totalidad. Pues a sabiendas de que a los entes territoriales (local y
departamental) les es jurídica y materialmente imposible asumir tal reto, la Nación, por meras
razones de distribución de competencias, daría la espalda a semejante necesidad tan sentida.
Además, de ser así, en el sub examine se resquebrajaría totalmente la noción del Estado Unitario,
social, constitucional y democrático de derecho, en el cual nos encontramos en la actualidad (art. 1º
de la Carta Superior) // […] Así, es menester ordenar a las respectivas entidades que, de manera
coordinada, solidaria, regularizada y sistematizada (y en el marco de sus competencias), adopten y
efectúen las medidas pertinentes y necesarias para efectos de lograr, a toda costa y a la mayor
brevedad posible, una solución palpable frente al riesgo y/o peligro actual que presenta u ostenta la
vía nacional secundaria que es objeto de controversia. No hay que olvidar que la amenaza, riesgo
y/o vulneración persistente y palpable de derechos e intereses colectivos obliga y legitima al juez
popular para su efectiva protección y amparo. // Corolario de lo anterior, es preciso instar a la
autoridad del orden central, esto es, al Ministerio de Transporte, para que auxilie y asista a las
autoridades territoriales en el proceso de obtención de recursos […]; por cuanto dicho ente adujo
que el Gobierno cuenta con programas y fuentes de financiación, para apoyar el desarrollo de
proyectos de infraestructura vial del orden departamental y municipal”: Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de julio de 2019. Rad. 63001-23-
33-000-2018-00068-01(AP). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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reseñados73, la hacen susceptible de ser obligada a tomar medidas para superar
el estado de cosas que afecta a la población de la entidad territorial. En ese
orden de ideas, como abordó esta providencia74, las competencias de esta
entidad y del Mintransporte son distintas, y la actuación que se les ordena en
este fallo será ejercido dentro de su respectivo marco de funciones.
Legitimación material por pasiva de las autoridades que conforman la CILT
69. En relación con este segundo conjunto, cabe referir que su incorporación al
trámite por parte del Tribunal tuvo lugar luego de que Minagricultura respondiera
al requerimiento judicial75 indicando que, si bien dicha cartera no tenía funciones
“para realizar intervenciones sobre infraestructura aeronáutica”, en el marco del
PND 2022-2026, respecto del “eje transformacional 3 Derecho humano a la
alimentación”, esta entidad tendría competencia para apoyar el propósito de
contar con redes de infraestructura “regional y social” y cadenas logísticas de
suministro y distribución de producción, acopio y distribución de alimentos e
insumos76. Concluyó que, en virtud de estos objetivos, dicho Ministerio participa
de la CILT, instituida por el Decreto 935 de 2022.
70. Según el reglamento, la CILT tiene por “objeto coordinar y orientar la efectiva,
eficiente, segura y continua prestación del servicio público de transporte en el
territorio nacional para facilitar el funcionamiento de la cadena de producción,
abastecimiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
los bienes”77, y está integrada por Mininterior, Mindefensa, Minagricultura,
Mincomercio y Mintransporte78. Tiene, entre otras79, las funciones de definir las
estrategias intersectoriales que propicien “la interlocución efectiva y […]
articulada entre los actores del sector transporte” y las entidades que conforman
la Comisión; planificar acciones dirigidas a la prestación del servicio público de
transporte de forma continua, segura y eficiente; y plantear recomendaciones a
las autoridades competentes para facilitar las condiciones de transporte y
tránsito de carga y pasajeros, cuando así lo demanden las circunstancias.
73 Supra. Párr. 64.
74 Supra. Párr. 64 y 65.
75 Oficio 2023-160-002111-3 del 26 de abril de 2023, en: índice SAMAI núm. 49.
76 En esa medida invocó parte del mencionado componente de las bases del plan, en estos términos:
“B. Acceso Físico a Alimentos // 1. Cadenas de suministro eficientes, digitales y tecnificadas
para potenciar el campo colombiano // 2. Transporte eficiente a lo largo de la cadena logística
agropecuaria // Se requiere contar con una red de infraestructura regional y social, basada en
corredores carreteros, marítimos y fluviales, así como infraestructura y servicios aéreos y nodos
logísticos que garanticen la adecuada conectividad para el movimiento de productos e insumos entre
los centros de producción, acopio y distribución de alimentos con las ciudades principales, centros
poblados y la red de puertos de Colombia. Lo anterior se logrará a través de la intervención de
carreteras de carácter regional, terminales fluviales, aeródromos y aeropuertos que permitan el
acceso físico de alimentos insumos y equipos utilizados en la cadena logística y de producción (ver
desarrollo de infraestructura de transporte en Transformación 5: convergencia regional).”
77 Decreto 935 de 2022 – Artículo 2.
78 Ibid. – Artículo 3.
79 Ibid. – Artículo 4.
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71. Ahora, de acuerdo con el desarrollo legislativo 80 y doctrinario81 de la figura, las
comisiones intersectoriales son una expresión de lo previsto en el mandato de
actuación coordinada de las autoridades administrativas orientada a la
consecución de los fines estatales, contenido en el artículo 209 de la
Constitución Política82. Se configuran como órganos integrados por altos
funcionarios de la administración, destinados a articular y dirigir la acción estatal
respecto de una función o servicio público que, por su naturaleza y
características, requieren la intervención concurrente de múltiples sectores
administrativos.
72. No obstante, la participación de una entidad en una comisión intersectorial no
altera sus competencias propias. Sin perjuicio de ello, los programas y proyectos
de acción adoptados en su seno tienen carácter vinculante en la actividad de las
autoridades, quienes deberán ajustar su actuación a tales directrices.
Adicionalmente, estas comisiones cumplen una función de orientación
estratégica y formulación de lineamientos, mas no de ejecución directa de las
funciones o servicios públicos, por lo que sus integrantes no sustituyen ni
asumen las responsabilidades operativas de las entidades competentes.
73. En este contexto, y con base en la información suministrada por el
Minagricultura, la Sala considera que los ministerios integrantes de la CILT
tienen aptitud para comparecer como autoridades públicas encargadas de
apoyar en la cesación de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
conculcados dentro del presente asunto, en consideración a los deberes de
articulación y orientación propios de la participación en la Comisión, sin que ello
implique la asunción de competencias de ejecución directa de funciones o
servicios relacionados con la infraestructura aérea. Lo anterior porque la
situación de Taraira no solo evidenció la ausencia de un aeródromo adecuado
que garantice la conectividad de este municipio con el resto del país; también
relievó que la falta de esta infraestructura agudizó las dificultades y los elevados
costos asociados a la logística de abastecimiento de insumos, alimentos y
bienes de primera necesidad, derivados de la falta de alternativas de acceso al
territorio y de las limitadas posibilidades de la población para aprovisionarse,
80 Ley 489 de 1998: ARTICULO 45. COMISIONES INTERSECTORIALES. El Gobierno Nacional
podrá crear comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución
de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus características,
estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades
descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos. // El Gobierno
podrá establecer la sujeción de las medidas y actos concretos de los organismos y entidades
competentes a la previa adopción de los programas y proyectos de acción por parte de la Comisión
Intersectorial y delegarle algunas de las funciones que le corresponden. // Las comisiones
intersectoriales estarán integradas por los ministros, directores de departamento administrativo,
superintendentes y representantes legales de los organismos y entidades que tengan a su cargo las
funciones y actividades en referencia.”
81 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos del 3 de diciembre de 2009. Rad.
11001-03-06-000-2009-00053-00(1969). C.P. Enrique José Arboleda Perdomo; y del 19 de junio de
2024. Rad. 11001-03-06-000-2024-00106-00(2521). C.P. Ana María Charry Gaitán.
82 Inciso segundo: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. […]”. En esa dirección, el artículo 6 de la Ley 489
de 1998 establece que los organismos deberán prestar “su colaboración a las demás entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares.”
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circunstancias que fueron establecidas por el a quo sin controversia concreta en
los recursos formulados contra la decisión de primer grado, y que exigen una
respuesta institucional articulada.
74. Por ende, a juicio de esta Subsección83, el agravio de derechos e intereses
colectivos trascendió el ámbito de transporte aéreo y se amplificó al punto de
convertirse en una restricción en el abastecimiento de productos indispensables
para la subsistencia de los habitantes, materia que guarda estrecha relación
sustancial con el objeto y las funciones de la referida comisión intersectorial, que
deberá intervenir en el marco de sus labores para agilizar, enfocar y organizar la
acción administrativa enderezada a superar el quebranto de las garantías
plurales84.
Legitimación por pasiva de las autoridades de planeación
75. En cuanto a la vinculación del DNP85, el Minhacienda, el CONPES86 y el
presidente de la República (a través del DAPRE)87, hecha en virtud de su
carácter de autoridades de planeación de acuerdo con el artículo 8 de la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), la Sala estima que no están
llamados a comparecer al asunto en virtud de la calidad conferida por la norma
referenciada, ya que el objeto desarrollado en el mencionado precepto no
concierne a los hechos tratados en el sub judice.
83 Sobre las facultades en segunda instancia dentro del juicio de acciones populares, ver: Sent. 7-
nov-2025, antes citada
84 La Sala no pasa por alto que la Subsección B de esta Sección, en un asunto análogo, excluyó a
los miembros de la CILT de las autoridades vinculadas por la decisión, al no considerarlas
“responsables de la vulneración constatada” porque la situación no se originó “en fallas de
coordinación intersectorial, sino en el deterioro del aeródromo […] cuya afectación ha limitado la
prestación del servicio público de transporte aéreo”. En: Sentencia del 17 de abril de 2026. Rad.
50001-23-33-000-2024-00092-01 (73186). C.P. Diego Enrique Franco Victoria. Empero, al encontrar
que, a partir de los hechos constatados en este asunto en primera instancia y no controvertidos en
alzada, la situación de la población sobrepasa la situación del aeródromo, y se extiende a una
problemática generalizada de logística en el abastecimiento de insumos de primera necesidad para
los pobladores de Taraira, se hace necesaria la intervención de los miembros de la Comisión para
efectos de enmendar la violación de derechos e intereses colectivos que se configuró en el sub
judice.
85 Entre las atribuciones derivadas del objeto de esta demandada está la “coordinación y diseño de
políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la planeación
de las entidades del Gobierno Nacional y los demás niveles del gobierno,’ la preparación, el
seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y
proyectos del sector público”, y “proponer los estudios, planes, programas y proyectos para avanzar
en el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia regional del
país”. Ver: Artículo 1.1.1.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1893
de 2021.
86 La Sala advierte que el Tribunal vinculó a este organismo asesor del Gobierno Nacional en su
condición de “autoridad pública” en cuanto su actuación u omisión podría serle imputable como causa
de la eventual amenaza o vulneración de los derechos o intereses colectivos invocados en este
proceso, conforme al artículo 14 de la Ley 472 de 1998. Esta condición corresponde al CONPES
según el artículo 8 de la Ley 152 de 1994, y no se desvirtúa por su falta de personería jurídica prevista
en el artículo 2.2.12.1.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1869 de
2017. Con todo, las eventuales actuaciones u omisiones de este organismo serían imputables a sus
integrantes, siguiendo lo preceptuado en el artículo 164 de la Ley 1753 de 2015, y el artículo
2.2.12.1.2. del Decreto 1082 de 2015, variado por el artículo 1 del Decreto 1869 de 2017.
87 Dentro de las funciones de esta entidad se encuentra la de asistir y apoyar al Presidente de la
República en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Cfr. Ley 55 de 1990 y Decreto
2647 de 2022, entre otros.
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76. En efecto, la función de planeación económica a la que alude el marco normativo
referido corresponde al análisis y la programación de las directrices
macroeconómicas definidas para el periodo gubernamental, orientadas a la
implementación de políticas básicas de desarrollo y al cumplimiento de los
principios y fines del Estado en los distintos ámbitos de su competencia 88. En
ese contexto, no se advierte que dichas entidades, mediante el ejercicio de esta
función, de connotación extendida a términos nacionales, hayan podido
desconocer concretamente los derechos e intereses colectivos de la población
del municipio, o adoptar medidas concretas e inmediatas para superar la
situación en virtud de esas facultades.
77. Con todo, en vista de que la inejecución de los trabajos atinentes al
mantenimiento y ampliación del aeródromo se ha provocado por la falta de
recursos económicos afirmada por el Municipio y el Departamento, y no
desvirtuada en este proceso, resulta necesaria la intervención del Minhacienda
y sus diferentes dependencias en sus labores de asistencia técnica, consecución
de recursos y vigilancia de su ejecución, de conformidad con lo previsto en los
artículos 389, 690, 4391, 4492 y 4593 del Decreto 4712 de 2008.
78. En suma, la Subsección estima que el presupuesto de legitimación en causa por
pasiva está satisfecho en relación con el Municipio, el Departamento y el
88 Según la jurisprudencia constitucional, la planeación “implica un proceso de estudio y
programación de las directrices macroeconómicas necesarias que permiten al Estado cumplir en
forma oportuna y adecuada con las políticas básicas de todo Gobierno, como son entre otros, el
empleo, la vivienda, el desarrollo agrícola, la industria, el servicio de la deuda y cambios
internacionales, la conducción del sector financiero, y, en general, todos los aspectos que permiten
el desarrollo de un país dentro de parámetros ciertos. // La planeación cumple varios cometidos,
entre ellos, permitir a los ciudadanos conocer de antemano los objetivos sociales del Estado, así
como el rumbo de la economía; y de otra, que los funcionarios encargados de ejecutar las políticas
gubernamentales cuenten con puntos de referencia claros que les permitan encajar su actividad
dentro de los fines del Estado Social de Derecho.”: Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-
292 del 20 de mayo de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
89 Numerales 24 y 25 que determinan, como funciones de esta cartera, las de “Asesorar y asistir a
las entidades territoriales en materia de administración pública, especialmente en los temas de
eficiencia administrativa y fiscal”, y “Coordinar la ejecución de los planes y programas de las
entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica”.
90 Indicó, en el numeral 19, que sería una función del despacho del ministro la de “Fijar las políticas
de financiamiento externo e interno de la Nación, de sus entidades descentralizadas, de las
entidades territoriales y sus entidades descentralizadas. Autorizar y reglamentar la consecución y
negociación de dichos recursos.”
91 Conforme a los numerales 12 y 18, la Dirección de Apoyo Fiscal del Minhacienda debe encargarse
de “Analizar de forma permanente la situación financiera de las entidades territoriales, su capacidad
de endeudamiento y su capacidad de pago”; “Realizar convenios o programas de asesoría y
asistencia técnica con las entidades territoriales que se refieran a aspectos de su competencia”; y “
92 Cuyos numerales 2, 3, 8 la Subdirección de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial tiene como
labores las de “Realizar análisis permanente sobre la situación financiera de las entidades
territoriales, su capacidad de endeudamiento y su capacidad de pago”; “Prestar asistencia técnica
de manera integral a las entidades territoriales, que enfrenten problemas estructurales que afecten
sus finanzas y que estén dispuestos a ejecutar medidas para asegurar su viabilidad fiscal” y
“Coordinar el diseño y ejecución de convenios o programas de asesoría y asistencia técnica con las
entidades territoriales, en aspectos de su competencia”.
93 Según los numerales 1, 4 y 7, la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial tiene las
atribuciones de “Asistir al Director General de Apoyo Fiscal en el diseño y adopción de políticas,
planes y programas en materia de asesoría y asistencia fiscal y tributaria territorial”; “Asesorar en la
planeación y administración del régimen administrativo financiero y fiscal a las entidades territoriales
y sus organismos descentralizados”; y “Realizar el seguimiento y evaluación a procesos de
fortalecimiento institucional de las entidades territoriales”.
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Mintransporte. Misma situación se predica de los ministerios que forman parte
de la CILT (Minagricultura, Mininterior, Mindefensa y Mincomercio), en tanto el
organismo que integran deberá ejercer sus funciones en relación con los trabajos
de mantenimiento y adecuación del aeródromo de Taraira. No ocurre lo mismo
con las autoridades de planeación vinculadas al proceso (presidente de la
República – DAPRE, DNP y CONPES), ya que el alcance de sus competencias
no compromete las garantías plurales suplicadas por la demandante y, en
consecuencia, serán excluidas de las órdenes que se reiterarán en esta
instancia.
79. Empero, se mantendrá la vinculación del Minhacienda en este asunto dado que,
en virtud de sus funciones específicas de asistencia técnica y fortalecimiento
institucional territorial, resulta necesaria la intervención de esta cartera
ministerial para garantizar la financiación de los trabajos requeridos sobre la
infraestructura mencionada.
Examen de las medidas adoptadas en el fallo apelado
80. El segundo problema jurídico derivado de los recursos de apelación cuestiona
las acciones impuestas por el a quo, por considerar que las tareas allí previstas
exceden las competencias administrativas de las apelantes.
81. Para resolverlo, cabe referir que en los asuntos donde se debate la protección
de derechos e intereses colectivos, las peticiones del demandante no comportan
una delimitación insuperable para el juez, a tal punto que este podrá verificar la
trasgresión de garantías distintas a las planteadas, apreciar hechos diferentes a
los planteados por la accionante, e imponer medidas no contempladas por el
promotor del trámite judicial, ya que el propósito último de este mecanismo
judicial es eminentemente tuitivo94. Así, el respeto al principio de congruencia
impone tener como punto de referencia el marco fáctico y jurídico que establece
la causa petendi y el petitum de la demanda, de manera tal que se respeten el
debido proceso y el derecho de defensa de los enjuiciados95.
82. En ese orden de ideas, se debe partir de las pretensiones de la actora popular.
Siguiendo este patrón de razonamiento, se recuerda que la defensora solicitó
que, como consecuencia de la violación de los derechos colectivos invocados,
se ordene a las demandadas adelantar las gestiones necesarias para ejecutar
la ampliación y adecuación del aeródromo. En otras palabras, pidió que la
Judicatura obligue al aparataje estatal en sus diversos niveles a ponerse en
funcionamiento para cesar el agravio mediante los trabajos de mejoramiento de
la infraestructura aérea.
83. En ese sentido, las medidas determinadas por el a quo, al consistir en establecer
un (i) comité para elaborar, publicar y entregar al Tribunal un cronograma de
tareas, y determinar la forma como este operaría “de acuerdo al ámbito de sus
94 Cfr. Sent. 7-nov-2025, párr. 42 a 44.
95 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 6 Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de junio de 2018. Rad. 15001-33-31-001-2004-01647-01(SU)(REV-AP)
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
competencias”; (ii) un plan de acción para establecer las acciones encaminadas
a recuperar y mantener las condiciones adecuadas del aeródromo de Taraira;
(iii) otro cronograma para la apropiación de recursos y la ejecución del programa
de actividades, asegurando que la infraestructura no quede nuevamente en
estado de deterioro o de abandono; y (iv) establecer un término fijo para ejecutar
lo planificado, sin perjuicio del “ejercicio de las acciones legales a cargo de cada
uno de los entes involucrados, en el marco de sus competencias”, sin perjuicio
de las precisiones que se realizan más adelante, están ajustadas a lo pedido por
la accionante, y al concretar tiempos precisos para el cumplimiento de las
órdenes, siguen lo indicado por el artículo 34 de la Ley 472 de 199896.
84. A partir de lo descrito hasta este punto, se evidencia que los apelantes
desaciertan en su reproche contra la decisión, en tanto la sentencia de primer
grado no les impuso funciones diferentes ni desconoció las facultades prefijadas
por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, en la providencia se explicitó que
las actuaciones para suprimir el agravio a los derechos colectivos debían seguir
el contorno lega y reglamentario habilitante, e incluso indicó expresamente que
su observancia no impedía ni desconocía el ejercicio de las funciones legalmente
atribuidas a cada entidad.
85. Sumado a ello, debe tenerse presente que, hasta la fecha en la cual se profiere
esta decisión, se constató: (i) la presentación de un primer proyecto, por parte
del Municipio97, que fue evaluado y aprobado por la Aerocivil mediante oficio del
17 de mayo de 201998 y que, de acuerdo con la información suministrada por
esta entidad al a quo99, se encontraba “priorizado para ser beneficiario de
Asistencia Técnica en el marco del proyecto” de “Apoyo a las entidades
territoriales para el fortalecimiento de la infraestructura de transporte aéreo a
Nivel Nacional” (ASAES); (ii) la formulación del alcalde municipal de dicha
propuesta y la solicitud de recursos, realizada el 17 de marzo de 2021100,
respondida el mismo año101 por parte del coordinador del grupo de
pronunciamientos técnicos especiales de Mintransporte, en el sentido de otorgar
“aval técnico para la ejecución de las obras”; (iii) la decisión del Concejo
Municipal de Taraira de autorizar al alcalde a contratar un “crédito interno con
los intermediarios financieros necesarios hasta por la suma” de siete mil millones
de pesos para financiar la ejecución de dichas obras102; y (iv) la exposición del
96 Inciso cuarto: “En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de
sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y
posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para
tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública
encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo”.
97 Supra, cit. 52.
98 Rad. 5301.176.86 – 2019019408. En: índice SAMAI primera instancia, núm. 21, f. 447.
99 Oficio del 24 de julio de 2024. Rad. 2024212000024554. En: índice SAMAI primera instancia, núm.
160, f. 3-6.
100 En: índice SAMAI primera instancia, núm. 158, f. 4-5.
101 Oficio Rad. 20215400741081 del 23 de julio de 2021. En: ibid. f. 2-3.
102 Copia del Acuerdo núm. 002 del 31 de mayo de 2022. En: ibid. f. 9-12.
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Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
proyecto elaborado por la Secretaría de Infraestructura del Departamento103, y
remitida al Mininterior104, sin que se conozca respuesta al respecto, o remisión
de esta información a otra autoridad.
86. De igual manera, esta Subsección coincide con el Tribunal en que las
actuaciones y pronunciamientos fueron procederes aislados, carentes de
articulación y no tuvieron resultados materiales en la satisfacción de las
necesidades colectivas. Por lo tanto, la intervención judicial dispuesta en el fallo
apelado se amolda al estado actual de cosas. En este escenario, resulta
necesario coordinar la actuación de las entidades competentes, fijar plazos
determinados, y determinar el seguimiento y control del cumplimiento de las
gestiones requeridas, tanto por esta Jurisdicción105 como por los demás
organismos competentes.
Conclusiones
87. Con base en lo discurrido, a modo de corolario, la Sala responde a los
argumentos planteados por los recurrentes así:
88. Contrario a lo que sostuvo el Departamento, el fallo no soslaya las
responsabilidades del Municipio, ni le impone deberes que desconozcan
aquellos que corresponden al dueño del aeródromo. Esta decisión lo conmina a
que, junto con las entidades del orden nacional, y en desarrollo de los principios
operativos de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ejerza sus
respectivas competencias de apoyo, interlocución y, de ser posible,
cofinanciación, en aras de subsanar el agravio irrogado a los derechos e
intereses colectivos de los pobladores de Taraira.
89. No le asiste razón al Mintransporte al afirmar en su alzada que carezca de
funciones materialmente relacionadas con el objeto del asunto, ya que, ante la
falta de recursos económicos para financiar los trabajos sobre la infraestructura
aérea de la entidad territorial, debe apoyar en lo necesario a las autoridades de
inferior nivel para que cese la vulneración de derechos e intereses colectivos,
conforme a los mandatos constitucionales y legales de ejecución de
competencias. Además, la resolución del Tribunal no desconoció sus funciones
sino que específicamente indicó que sus intervenciones se efectuarán dentro del
margen competencial previsto por el ordenamiento, que denota deberes de
coordinación, apoyo e interlocución entre la Nación y las entidades territoriales,
lo cual se ratifica en esta instancia.
90. En cuanto a la Aerocivil, la sentencia no ignoró su marco funcional ni pasó por
alto las acciones realizadas en torno a los proyectos que le fueron presentados.
Lo que hizo el a quo fue constatar que, pese a estas acciones, la violación de la
103 Supra, cit. 68.
104 índice SAMAI primera instancia, núm. 164, f. 6-8.
105 Conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el Tribunal “conservará la competencia para tomar
las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia” y formará parte del comité de verificación
del cumplimiento de la decisión.
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Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
libre competencia, los derechos de los consumidores y las garantías del acceso
a la alimentación, patentes en las restricciones al servicio público de transporte
y a insumos de primera necesidad subsistían. Además, la ley le asignó la función
prioritaria de mejorar la infraestructura aérea, y de apoyar la financiación en los
términos indicados por la Ley 1955 de 2019. Por lo tanto, sus censuras no tienen
asidero.
91. Las entidades del orden nacional que conforman la CILT, además del
Mintransporte, deberán concurrir al cumplimiento de lo ordenado, comoquiera
que la conformación de dicho organismo, su objeto y funciones tienen un vínculo
estrecho con las problemáticas de abastecimiento que aquejan a la población
municipal, cuya solución requiere el ejercicio de las labores de orientación,
coordinación, planificación y asistencia que el ordenamiento determina en
cabeza de esta Comisión Intersectorial.
92. A las autoridades de planeación que fueron vinculadas al asunto, y recurrieron
en segunda instancia, es decir, el CONPES, el Minhacienda, el DNP y el
Presidente de la República (DAPRE), carecen de legitimación pasiva para
intervenir en virtud de sus funciones de órganos planificadores, ya que el
ejercicio de dichas competencias, de alcance macroeconómico y nacional, no
comprometió la afectación concreta a los derechos e intereses colectivos de los
pobladores del Municipio que atañen a este proceso.
93. Empero, a juicio de la Sala, corresponde mantener la vinculación del
Minhacienda, no en su condición de autoridad de planeación como quedó
sentado anteriormente, sino en virtud de sus competencias específicas en
materia de asistencia fiscal y apoyo financiero territorial106.
94. Por todo lo anterior, la Subsección únicamente modificará el ordinal segundo del
fallo apelado, excluyendo a las entidades mencionadas anteriormente107. Así
mismo, en virtud del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, ajustará las ordenes
proferidas por el Tribunal con el fin de fortalecer el cumplimiento material de la
sentencia, en los términos que se enunciarán a continuación.
Medidas a adoptar en segunda instancia
95. A efectos de precisar las disposiciones necesarias para cesar la violación de
derechos e intereses colectivos, la Subsección indicará lo siguiente:
96. En líneas generales, el cronograma fijado por el a quo en la decisión de primer
grado se mantendrá incólume, no obstante, el plazo general de 24 meses se
contará desde la ejecutoria del presente fallo.
97. El plan de acción que elaborarán las entidades obligadas por esta decisión,
ordenado por el Tribunal108 deberá (i) identificar los diseños y las obras
106 Supra. Párr. 75.
107 Supra. Párr. 92.
108 Supra. Párr. 31, núm. 2 de la cita.
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
requeridas para la ampliación, mejora y puesta en funcionamiento del aeródromo
de Taraira; (ii) cuantificar la inversión que exige la ejecución de dichos trabajos;
(iii) indicar cuáles serán las fuentes de financiación; (iv) determinar cuáles serán
los aportes específicos del Municipio, y cuáles del Departamento y/o de las
entidades del orden nacional, en virtud de sus funciones constitucionales y
legales, y en desarrollo de los principios de concurrencia, complementariedad y
subsidiariedad; (v) fijar cuáles son las entidades responsables de cada ítem
programado; (vi) formalizar un itinerario detallado de cada actividad programada
dentro de los parámetros definidos por el Tribunal y ratificados por esta
Subsección.
98. Además, las instancias administrativas comprometidas con este fallo
concretarán los instrumentos jurídicos fundamentales para materializar los
compromisos financieros derivados del plan de acción, incluyendo la eventual
celebración de convenios interadministrativos o mecanismos de cofinanciación
que permitan formalizar los aportes asumidos por cada una de las entidades
concurrentes.
99. El Comité de Verificación ejercerá seguimiento tanto a la elaboración del plan de
acción y al cumplimiento de los hitos que allí se establezcan, en particular,
respecto de la apropiación de recursos, estructuración financiera del proyecto,
celebración de instrumentos de cofinanciación y ejecución de las obras
requeridas.
100. De conformidad con lo señalado anteriormente109, la participación
institucional del Minhacienda deberá comprender labores de asistencia técnica
y de apoyo en la estructuración financiera del proyecto, particularmente en la
identificación de fuentes de financiación y mecanismos de concurrencia
presupuestal que permitan la ejecución efectiva de las obras requeridas.
101. En virtud de sus respectivos marcos competenciales110, la Aerocivil111 y el
Mintransporte estarán obligados a realizar acompañamiento institucional, y
liderar la planificación técnica y financiera del proyecto, apoyar en la
identificación de mecanismos de financiación mediante recursos del orden
nacional que permitan garantizar la recuperación y mantenimiento de la
infraestructura aeroportuaria.
Condena en costas
102. Siguiendo lo preceptuado por el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 112, y de
acuerdo con la unificación jurisprudencial proferida por el pleno de la
109 Supra. Párr. 77.
110 Supra. Párr. 64 a 68.
111 En particular, en virtud del artículo 103 de la Ley 1955 de 2019. Vid. supra. párr. 64.
112“ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas.
Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de
cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos
mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”.
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
Corporación113 retomada por esta Sala de Subsección114, no se condenará en
costas en vista de que ninguna de las partes obró con temeridad o mala fe.
103. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la
sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, Sala de Decisión Oral No. 1, el cual queda así:
“SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, MINISTERIO
DE TRANSPORTE, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, MUNICIPIO DE
TARAIRA y el DEPARTAMENTO DE VAUPÉS, a que dentro del plazo de
veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia, cesen la vulneración de los derechos colectivos protegidos, a través del
cumplimiento de las órdenes descritas en las consideraciones del fallo de primer
grado, y en los numerales 96 a 101 de la sentencia de segunda instancia.
TERCERO: Confórmese un Comité de verificación del cumplimiento de este fallo, el
cual estará integrado por la actora popular, el representante legal de cada una de
las entidades mencionadas en el ordinal anterior o su delegado, y el Agente del
Ministerio Público que en este caso será el Procurador 48 Judicial II Delegado ante
este Tribunal, quien presidirá el comité. Esta comisión deberá entregar un informe
trimestral al Tribunal sobre el cumplimiento del fallo y todas las actividades
realizadas para ello.”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
113 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala de Decisión Especial
núm. 27. Sentencia del 6 de agosto de 2019. Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío
Araújo Oñate.
114 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 16 de junio de 2025. Rad. 05001-2333-000-2023-01049 01 (71585). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez, entre otras.
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Radicación: 50001-23-33-000-2022-00290-01 (72.992)
Demandante: Defensoría del Pueblo – Regional Vaupés
Demandado: Nación – Ministerio del Transporte y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
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