Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-01049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2023-01049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2023-01049-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 05001-2333-000-2023-01049 01 (71.585)
Demandante: Personería Municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las Artes y los
Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos
Temas: DERECHO COLECTIVO A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA - la configuración
de la vulneración exige, además de un componente objetivo, la acreditación de un
elemento subjetivo, expresado en comportamientos deshonestos, corruptos o, en
general, orientados al beneficio particular y contrarios al interés general / DERECHO
COLECTIVO A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO - régimen especial de
salvaguarda, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del
patrimonio cultural de la Nación cobija a todos aquellos que sean declarados como
de interés cultural (en adelante BIC) en el caso de bienes materiales – Ley 397 de
1997 / DERECHO E INTERÉS COLECTIVO A LA REALIZACIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA,
Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES - se refiere al acatamiento de los planes de ordenamiento territorial
que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera
ordenada y coherente.
1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Nación -Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes (en adelante, Mincultura), el municipio de
Cisneros y la señora Ángela María Ríos Alzate contra la sentencia del 28 de junio
de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a
las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Se acusa a las entidades y a la particular demandada de transgredir los derechos
colectivos referidos de manera precedente por la instalación de un establecimiento
de comercio dedicado a la venta de comidas y bebidas alcohólicas en la plazoleta
norte de la estación del ferrocarril de Cisneros, el cual es un bien de interés cultural
de la Nación.
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
ANTECEDENTES
Demanda y sus fundamentos
3. El 19 de octubre de 20231, la personería municipal de Cisneros, en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, interpuso
demanda contra el Mincultura, el Instituto Nacional de Vías (en adelante Invías),
el municipio de Cisneros y la señora Ángela María Ríos Alzate, con el propósito
de que se protejan los derechos e intereses colectivos: (i) a la moralidad
administrativa, (ii) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, (iii) la defensa del patrimonio público, (iv) la defensa del
patrimonio cultural de la Nación y (v) la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, establecidos en los literales b, d, e, f y m del artículo 4 de la Ley 472
de 1998 y, como consecuencia, se realicen las siguientes declaraciones y
condenas2:
“SEGUNDO: Que se declare el espacio de uso público del municipio de
Cisneros como sujeto de derecho colectivo a la protección, uso, goce,
defensa, mantenimiento, conservación y restauración en los términos del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
TERCERO: Que se ordene a las accionadas cesar la vulneración y/o
amenaza a los derechos colectivos invocados a la moralidad administrativa,
el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural
de la Nación y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.
CUARTO: Que se ordene a las entidades accionadas y especialmente al
municipio de Cisneros demoler las obras civiles desarrolladas en la plazoleta
norte de la Estación Cisneros del Ferrocarril, realizadas con violación al
régimen contratación de obra pública y al régimen de licenciamiento de obras
civiles de particulares, vulnerando los derechos colectivos invocados.
QUINTO: Que se ordene a las entidades accionadas y a los particulares
eventualmente vinculados abstenerse de adelantar acciones judiciales, o
administrativas tendientes a obtener indemnización con ocasión de la
demolición de las obras civiles desarrolladas con violación de la normatividad
ambiental, urbanística y de cultura.
SEXTO: Que se ordene a la administración municipal de Cisneros, en ejercicio
de sus atribuciones y funciones, hacer cumplir lo dispuesto por el Tribunal con
ocasión de la presente acción en materia urbanística, conservación del goce,
uso y defensa del espacio público y la defensa del patrimonio público.
1
Archivo digital 3ED_000CorreoRecibidoRep del expediente digital. Ibid.
2
La primera pretensión se relaciona con la solicitud de protección de los derechos e intereses
colectivos mencionados: “PRIMERO: Que se declaren vulnerados y amenazados los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de
la Nación y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes por las acciones y omisiones de las entidades accionadas”.
2
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
SÉPTIMO: Que se ordene al Ministerio De (sic) Cultura que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de providencia que acoja las
pretensiones: Formule y apruebe, de haber lugar a ello, un plan especial de
manejo y protección de los bienes de interés cultural y patrimonio nacional
ubicados en el municipio de Cisneros, Estaciones del Ferrocarril Cisneros y
El Limón, plazoletas, bodegas y vías férreas, para garantizar su protección,
conservación y sostenibilidad en el tiempo.
OCTAVO: Que se ordene al INVÍAS adelantar las acciones pertinentes para
asegurar, conservar y mantener el uso y goce de los bienes públicos que se
encuentran bajo su titularidad y ubicados en el municipio de Cisneros, que
garantice que a futuro no sean invadidos ni privados de uso público por
particulares.
NOVENO: Solicito al honorable Tribunal tomar las medidas que estime
convenientes extra y ultra petita, con el fin de que cese la afectación y el
peligro inminente a los derechos colectivos conculcados por las entidades
accionadas, de conformidad con lo previsto en la Ley 472 de 1998 y la
jurisprudencia nacional sobre la materia.
DÉCIMO: Que se ordene correr traslado a las autoridades disciplinarias y/o
judiciales competentes para adelantar las investigaciones y sancionar a los
funcionarios públicos involucrados en hechos, omisiones y faltas que
comportan reproche disciplinario y/o penal con ocasión de la violación de los
derechos colectivos invocados.
DÉCIMO PRIMERO: Que se ordene la conformación de un Comité de
Verificación y Cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia, el cual
estará conformado por todos los demandados en esta acción popular, los
actores populares, coadyuvantes, el Ministerio Público y las entidades que
sean consideradas por los magistrados en los términos del artículo 34 de la
Ley 472 de 1998”3.
4. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, se narró que, mediante
Decreto 746 de 1996, el presidente de la República declaró monumento nacional
el conjunto de las estaciones de ferrocarril existentes en el país, a cargo de la
entonces Empresa Colombiana de Vías Férreas (en adelante Ferrovías), las
cuales fueron transferidas al Invías4.
5. El 30 de noviembre de 2015 se suscribió el contrato interadministrativo 1636 entre
el Invías y el municipio de Cisneros, por medio del cual se entregó en comodato
la estación férrea ubicada en el centro de la ciudad a dicha entidad territorial, con
el propósito de que fuera destinada únicamente para fines culturales y de
conservación. El término de duración pactado fue de cinco años, el cual se
prorrogó por cinco años más5.
6. El 14 de septiembre de 2019 se expidió el acuerdo 016, a través del cual el
concejo municipal de Cisneros adoptó el esquema de ordenamiento territorial (en
adelante, EOT) hasta el 2031. La parte central del núcleo urbano, donde se
encuentran ubicados los principales bienes de uso público, así como los que
conforman el patrimonio histórico y cultural de la Nación, quedó comprendida en
la zona 3.
3
Archivo 001 del expediente digital.
4
Lo anterior, en atención a la supresión de Ferrovías, dispuesta mediante el Decreto 1791 de
2003.
5
En la demanda se indicó que el vencimiento del plazo se cumpliría el 28 de abril de 2026.
3
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
7. En el año 2022, en la plazoleta norte de la estación del ferrocarril, en la que
confluyen los sectores 002, 003 y 004 de la zona 3, se levantó una edificación de
dos plantas, en un área aproximada de 70 mts2, “sin el cumplimiento de ningún
requisito legal” y cuya propietaria es una particular.
8. A través del Oficio PMC-135-2022 del 25 de mayo de 2022, la personería
municipal le solicitó a la secretaría de planeación información acerca de la obra
y, si se tramitó la respectiva licencia de construcción.
9. En respuesta a esa petición, el municipio contestó que se trataba de un puesto
de información turístico, construido sobre una estructura removible que no
requería de licencia de construcción, de conformidad con la circular
2021EE0090167, expedida por el Ministerio de Vivienda y, en oficio posterior,
agregó que la instalación se ubicaba en la zona 3, sectores 1 al 9 del EOT, por lo
que el uso del suelo estaba permitido para lo que funcionaría en dicho punto.
10. El 23 de junio de 2022, la personería de Cisneros realizó una visita especial
preventiva a la plazoleta norte de la estación. A la diligencia no asistió ningún
funcionario de la administración municipal, la cual fue atendida por dos obreros,
quienes expresaron que la dueña de la obra era la señora Ángela María Ríos
Alzate.
11. Mediante Oficios PMC-167 y PMC-175 de 2022, el personero del municipio puso
en conocimiento del Mincultura y del Invías la referida situación. De igual manera,
les solicitó adelantar actuaciones de seguimiento y control al contrato de
comodato 1636 de 2015.
12. La primera de las entidades respondió que el competente para investigar actos
relacionados con el incumplimiento de dicho negocio jurídico era el Invías, por lo
que le remitía la solicitud.
13. El 22 de julio de 2022, el supervisor del contrato de comodato visitó la estación
férrea de Cisneros y en su informe dejó constancia de una serie de irregularidades
que daban cuenta de la indebida destinación del inmueble; sin embargo, no dijo
nada respecto de la obra ejecutada en la plazoleta norte, en la que no funciona
un punto de información turístico, sino un establecimiento dedicado a la venta de
comida y bebidas, denominado Wings Bar, cuya propietaria es una particular.
Fundamentos de derecho
14. El actor popular aseguró que la instalación del negocio particular en la plazoleta
norte de la estación del ferrocarril de Cisneros vulnera el derecho colectivo al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, porque
el área ocupada ya no puede ser usada ni disfrutada por la comunidad,
circunstancia que evidencia el desconocimiento de las entidades demandadas del
deber de protección de lugares que inciden positivamente en la colectividad.
15. Afirmó que ese tipo de espacios hace parte del conjunto de bienes que integran
el patrimonio público, por lo que dicho derecho colectivo también se encuentra
comprometido. Señaló que, aunque las autoridades tienen la obligación de velar
por su adecuada administración, el municipio actuó de manera negligente, pues,
4
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
en el lugar de propender por la recuperación de la plazoleta, justificó su “invasión”,
a lo que se suma la inactividad del Invías y del Mincultura, pese a que conocían
la situación.
16. Indicó que cualquier intervención que pretendiera realizarse en las zonas
aledañas a la estación férrea requería del visto bueno del Consejo de
Monumentos Nacionales del Mincultura, por tratarse de un bien de interés cultural
de la Nación (en adelante, BICN) y dado que ese permiso no se tramitó se incurrió
en una falta contra el patrimonio cultural de la Nación.
17. Sostuvo que con la obra ejecutada con anuencia de las demandadas cambió el
uso del suelo previsto en el EOT para la plazoleta norte de la estación, puesto
que pasó de ser una zona de libre acceso peatonal a un área restringida, ocupada
por un particular, lo que daba cuenta de una trasgresión del derecho colectivo a
la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
18. En línea con lo anterior, el demandante adujo que también se vulneró el derecho
colectivo a la moralidad administrativa, por lo siguiente:
19. Desconocimiento por parte del municipio de Cisneros de los artículos 3 y 91 de la
Ley 136 de 1994 y del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto la construcción
realizada: (i) no tiene como finalidad promover el desarrollo social de la entidad
territorial, (ii) no fue puesta a consideración del concejo municipal a quien le
corresponde aprobar los proyectos de acuerdo para la ejecución de obras en
espacios públicos y (iii) tampoco se celebró un contrato para desarrollar su
ejecución, ni uno de consultoría, tendiente a su intervención6.
20. Infracción por parte de las demandadas de los principios que rigen la función
administrativa, entre ellos, el de buena fe, igualdad, imparcialidad, publicidad y
transparencia, porque los ciudadanos confían en que las obras realizadas en
espacio público son para el beneficio de la comunidad, otras personas que
pudieron estar interesadas en desarrollar sus negocios en espacio público no
pudieron acceder a ello, pues se privilegió solo a una particular, no hubo
publicidad de esa actuación, ni se cumplieron las normas de contratación.
21. De acuerdo con la parte actora, lo esperable de las demandadas es que sus
actuaciones se rijan por los mandatos constitucionales y legales
correspondientes, en aras de proteger el interés general; sin embargo, el
Mincultura y el Invías se abstuvieron de realizar cualquier gestión, mientras que
el municipio de Cisneros optó por beneficiar a un particular.
6
Lo anterior, en los siguientes términos: “En segundo lugar, se quebrantó los preceptos del artículo
32 de la Ley 80 de 1993, en la medida que para la construcción de la obra ejecutada no se celebró
contrato de obra alguno y menos aún contrato de consultoría para ejercer la interventoría de la
ejecución”.
5
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
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colectivos
Trámite relevante en primera instancia7
22. Mediante proveído del 7 de noviembre de 20238, el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda.
23. El Mincultura contestó el escrito inicial y se opuso a sus pretensiones,
especialmente, a la contenida en el ordinal séptimo9.
24. Señaló que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2358
de 201910, los encargados de propender por el uso adecuado y la conservación
de la estación de ferrocarril de Cisneros, declarada BICN, eran el Invías y el
municipio, como su propietario y comodatario, respectivamente, entidades que,
bajo tales calidades, hacían parte del sistema nacional de patrimonio cultural de
la Nación.
25. Indicó que las pruebas allegadas al expediente daban cuenta de que el municipio
de Cisneros no solo incumplió con esos deberes, sino que también desatendió
sus obligaciones como comodatario, al destinar la estación del ferrocarril para un
uso diferente al convenido en el contrato 1636 de 2015 y permitir el desarrollo de
actividades económicas por parte de particulares dentro del inmueble y, al
parecer, en la plazoleta norte de la estación, la cual hace parte de su zona de
influencia, según la delimitación establecida en la Resolución 1359 de 2013 y en
el artículo 14 del Decreto 2358 de 2019.
26. Expresó que, aunque el Invías conocía el uso inadecuado del BICN por parte del
comodatario, se abstuvo de adelantar los trámites necesarios para obtener su
restitución, lo que refleja la inobservancia de su deber de garantizar que la
estación del ferrocarril no fuera utilizada para fines contrarios a su conservación.
27. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de falta de legitimación
material en la causa por pasiva y la que denominó “inexistencia de amenaza o
vulneración de derechos colectivos por parte del Ministerio”.
28. Frente a la séptima pretensión de la demanda, indicó que la decisión “de someter
un BICN a un plan especial de manejo y protección es discrecional de ese
Ministerio, que únicamente se adopta cuando se cumplen los requisitos
establecidos en la ley”.
7
La Sala destaca que en el escrito inicial se indicó que la acción popular la ejercía Alirio Alonso
Mira Osorio, bajo las condiciones de ciudadano y personero del municipio de Cisneros. Por lo
anterior, en auto del 26 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la
demanda para que se allegara la constancia de que el referido señor ocupaba dicho cargo. Luego,
en el auto que dispuso su admisión se tuvo como demandante únicamente a la personería
municipal de Cisneros. Esto, en los siguientes términos: “SE ADMITE la demanda que en ejercicio
del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos consagrado en el canon 144
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, interpone la
Personería Municipal de Cisneros, en contra de la Nación – Ministerio de Cultura, Instituto Nacional
de Vías -INVÍAS-, municipio de Cisneros y la señora Ángela María Ríos Alzate”. Contra dicho
proveído no se formuló ningún tipo de objeción ni se solicitó su aclaración. Archivo 022 del
expediente digital.
8
Índice 10 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
9
Sobre el particular, la Sala se remite a la transcripción realizada de manera precedente.
10
“Modificatorio del Decreto 1080 de 2015, único reglamentario del sector cultura”.
6
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
29. Añadió que, si bien los propietarios de los inmuebles declarados como tal le
pueden solicitar a dicha cartera ministerial la elaboración de un plan, con el fin de
llevar a cabo acciones de conservación y preservación, su formulación aplica
únicamente en los casos en que los dueños son particulares, no entidades
públicas.
30. Afirmó que la referida cartera ministerial no ha considerado necesario someter la
estación del ferrocarril de Cisneros a un plan especial de manejo y protección y,
en tanto que se trataba de una facultad discrecional, frente a la cual el Invías ni
siquiera estaba habilitado para proponer un plan de esas características, la
pretensión del actor popular en ese sentido resultaba improcedente11.
31. El Invías contestó la demanda e igualmente manifestó su oposición a sus
pretensiones.
32. Sostuvo que no vulneró los derechos colectivos alegados en la demanda ni
amenaza con hacerlo, pues la entidad realizó un debido seguimiento al contrato
1636 de 2015, por lo que no incurrió en incumplimiento legal o contractual alguno.
33. Señaló que, dentro de las actuaciones desarrolladas por intermedio del supervisor
designado se encontraba la elaboración del informe del 30 de julio de 2021, en el
que se advirtió acerca de la indebida destinación que la administración municipal
le daba a la estación del ferrocarril de Cisneros, ante la existencia de múltiples
establecimientos de comercio dentro del inmueble y sus zonas aledañas, así
como la proyección de varios requerimientos a la alcaldía para que se pronuncie
al respecto, obteniendo únicamente respuestas evasivas de su parte, razón por
la cual “el Invías al interior de la entidad ha venido realizando el estudio
correspondiente a fin de determinar la viabilidad de dar por terminado
anticipadamente el contrato interadministrativo de comodato”12.
34. En su contestación, el municipio de Cisneros también se opuso a las
pretensiones de la demanda y como argumentos de defensa propuso las
excepciones que denominó: (i) cumplimiento de las normas de construcción y no
necesidad de licencia para la instalación de estructuras livianas e (ii) inexistencia
de los supuestos esenciales para la procedencia de la acción.
35. En cuanto a la primera, señaló que la instalación objeto del litigio cumple con las
características de una estructura liviana, las cuales se encuentran establecidas
en la circular 221EE0090617, expedida por el Ministerio de Vivienda, por lo que
no se trata de una invasión, así como tampoco se requería de la expedición de
una licencia de construcción.
36. Explicó que los hallazgos de la visita realizada por el Invías a la estación del
ferrocarril de Cisneros son recomendaciones para el municipio, el cual deberá
revisar y adoptar las medidas del caso, pues “su compromiso primordial es la
conservación de los bienes de uso público”.
37. Indicó que una de las obligaciones pactadas en el contrato de comodato 1636 de
2015 consiste en restituir el bien en las mismas condiciones en que fue entregado
11
Índice 19 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Índice 16 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
o responder por los daños causados, “lo cual en caso de que se llegase a
considerar la administración municipal cumplirá, no sin antes explorar otras
alternativas que ajustadas a la Constitución y la ley” se puedan implementar para
adelantar el plan de desarrollo turístico 2019-2029, cuyo propósito es la
generación de empleo, bajo la implementación de una estrategia de promoción
del patrimonio histórico y cultural del municipio.
38. Con fundamento en lo anterior, afirmó que el establecimiento de comercio
instalado en la plazoleta norte de la estación del ferrocarril se ajusta a las
condiciones actuales del municipio, “por cuanto la actividad comercial que se
ejecuta está encaminada a potenciar el turismo”.
39. Frente a la segunda excepción, indicó que sus actuaciones no son contrarias a la
Constitución Política y la ley y, menos aún, que den lugar a ordenar “la cesación,
prevención o restablecimiento de derecho alguno, máxime cuando plantea
afirmaciones genéricas de ‘peligro´o ´amenzas´ pero no delimita cual o cuales
son, o en qué consisten, la inminencia de los mismos, lo concretos que pudieran
llegar a ser, la determinación de la afectación para que de esta manera su
despacho pudiera percibir la potencialidad de violación del derecho colectivo o la
verificación del mismo”13.
40. La señora Ángela María Ríos Alzate contestó la demanda y expresó su oposición
a las pretensiones. Señaló que la estructura instalada tiene un área de 42 mts 2,
la cual no requirió de licencia de construcción, de acuerdo con la interpretación
que hizo la secretaría de planeación de la alcaldía de Cisneros. Manifestó que su
intención no “es convertirse en un problema para el municipio o que el negocio
que allí funciona sea una molestia para la comunidad”, sino que su propósito es
generar empleo y contribuir con el desarrollo turístico de la municipalidad14.
41. El 5 de marzo de 2024 se realizó la audiencia de que trata el artículo 27 de la Ley
472 de 199815, diligencia que la magistrada conductora del proceso la declaró
fallida por cuanto no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento16.
42. Agotado el período probatorio17, mediante proveído del 14 de mayo de 2024 se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público
para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.
13
Índice 17 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Índice 18 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
15
“Artículo 27. Pacto de Cumplimiento. El juez, dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento
del término de traslado de la demanda, citará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia
especial en la cual el juez escuchará las diversas posiciones sobre la acción instaurada, pudiendo
intervenir también las personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos
sobre el proyecto. La intervención del Ministerio Público y de la entidad responsable de velar por
el derecho o interés colectivo será obligatorio (…).
La audiencia se considerará fallida en los siguientes eventos: a) Cuando no compareciere la
totalidad de las partes interesadas; b) Cuando no se formule proyecto de pacto de cumplimiento;
c) Cuando las partes no consientan en las correcciones que el juez proponga al proyecto de pacto
de cumplimiento”.
16
Índice 29 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
17
En auto del 13 de marzo de 2024 se (i) decretaron como pruebas las documentales aportadas
en la demanda y las contestaciones del Mincultura, el Invías y el municipio de Cisneros, (ii) por
solicitud del demandante, se decretó el interrogatorio de parte de la señora Ángela María Ríos
Alzate, el cual se practicó en la audiencia de pruebas del 14 de mayo de 2024 y (iii) se negó el
decreto de los testimonios pedidos en la demanda, por no enunciar los hechos objeto de prueba.
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Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
43. La personería municipal de Cisneros afirmó que en el expediente no reposaba
prueba de que la instalación del establecimiento de comercio de la señora Ángela
María Ríos Alzate en la plazoleta norte de la estación férrea de Cisneros contara
con las autorizaciones correspondientes, lo que evidenciaba una falta de
diligencia de las entidades demandadas en la protección del patrimonio cultural
de la Nación18.
44. La señora Ángela María Ríos Alzate insistió en que no se requería de la
expedición de una licencia de construcción para la estructura en la que funciona
un local comercial de su propiedad, por lo que no se vulneró ningún derecho
colectivo, como tampoco existe prueba en el expediente de alguna queja por parte
de la comunidad. Manifestó que su única intención, como madre cabeza de
familia, es generar empleo para mujeres en iguales condiciones que ella, por lo
que no entiende “el ensañamiento del entonces personero”, pues su
establecimiento de comercio no afecta ningún bien de interés cultural 19.
45. La parte actora y las demás entidades demandadas reiteraron lo expuesto a lo
largo del proceso20.
46. El Ministerio Público consideró que debía accederse a las pretensiones por la
vulneración de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio cultural de la
Nación y la realización de construcciones y edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, ante el total
desconocimiento del municipio de Cisneros de las normas que regulan los BICN,
al permitir la construcción de un local comercial por parte de un particular en la
plazoleta norte de la estación férrea, sin tener en cuenta que para realizar
cualquier tipo de intervención en dicha área se requería de la autorización de la
Dirección de Patrimonio y Cultura del Mincultura por tratarse de una zona de
influencia, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015 y la Ley
397 de 1997, de ahí que lo procedente fuera ordenarle a su propietaria el
desmonte de dicha estructura, disponer que por parte del Invías y el Mincultura
se adelanten las investigaciones pertinentes, así como prevenir a las autoridades
municipales que no pueden otorgar permisos de ocupación de espacios y bienes
de interés cultural ni en las zonas de influencia de los mismos, sin cumplir con los
requisitos de ley21.
Sentencia de primera instancia
47. En sentencia del 28 de junio de 202422, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda, en los
siguientes términos23:
“PRIMERO. Amparar los derechos colectivos a la moralidad administrativa,
defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la Nación
y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
18
Índice 47 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
19
Índice 44 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
20
Índices 42, 43 y 45 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
21
Índice 098 del expediente digital.
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Índice 50 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos.
9
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, vulnerados
por la señora Ángela María Ríos Alzate y el Municipio de Cisneros – Antioquia.
SEGUNDO: ORDENAR a la señora Ángela María Ríos Alzate, en calidad de
propietaria del establecimiento de comercio instalado en el lugar objeto del
debate Wings Bar, y la beneficiada directa, económicamente de su
funcionamiento, para que en un plazo no mayor a 2 meses posteriores
ejecutoria de la presente providencia, realice el desmonte total de la
construcción y deje el espacio en las mismas condiciones en las cuales se
encontraba antes de la misma.
Lo anterior sin lugar a reclamar indemnización alguna por parte de ninguna
autoridad administrativa, en tanto actuó en contravía de las disposiciones
normativas citadas y vulnerando los derechos colectivos invocados en la
demanda y protegidos por la Constitución Política.
TERCERO: ORDENAR al Municipio de Cisneros - Antioquia, que en caso
de que la señora Ángela María Ríos Alzate no realice la demolición de la
construcción, realice a su costa, dentro de los 6 meses siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a la señora Ríos Alzate, dejando el lugar en
las mismas condiciones en que se encontraba antes de la instalación de la
misma. Los gastos en que incurra el municipio para el desmonte de la
estructura, serán cobrados a la señora Ángela María Ríos Alzate, por haber
sido ella la beneficiada económicamente.
Se le advierte a la autoridad municipal que no puede otorgar libremente
permisos de ocupación para actividades comerciales en los Bienes de Interés
Cultural Nacional o en la zona de influencia de los mismos, ubicados en el
municipio de Cisneros, sin cumplir con los requisitos de Ley, especialmente la
autorización del Ministerio de Cultura, de acuerdo con el análisis efectuado en
la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Cultura las Artes y Saberes y al
Instituto de Vías – INVÍAS-, para que conforme a sus competencias, dentro
de (1) un mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, inicien, y en caso
de ya iniciadas, informe el estado de dichas actuaciones, tendientes a
investigar y sancionar las conductas irregulares en las cuales incurrió el
Municipio de Cisneros al permitir la instalación del establecimiento de
comercio con el que vulneraron los derechos colectivos a ‘La moralidad
administrativa, la defensa del patrimonio cultural de la Nación y La realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes’.
QUINTO: Ordenar al Ministerio de Cultura las Artes y Saberes, que
atendiendo a sus competencia, constitucionales, legales y reglamentarias, y
dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, realice un
estudio tendiente a definir si es necesario implementar un Plan Especial de
Manejo y Protección de la Estación Ferrera Cisneros, como Bien declarado
de Interés Cultural de Carácter Nacional, y en el caso de considerarlo
procedente, realice y apruebe dicho Plan Especial, dentro de los seis (6)
meses siguientes al estudio.
SEXTO: Ordenar la conformación de un comité de seguimiento para la
verificación del cumplimiento de la sentencia integrado por el demandante –
Alirio Alonso Mira -, la Personería Municipal de Cisneros, el INVÍAS, el
Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y el Ministerio Público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes
harán seguimiento a lo ordenado en el fallo e informarán sobre las acciones
que se adopten y ejecuten.
SÉPTIMO. Sin condena en costas, de conformidad con la parte motiva.
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Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
OCTAVO. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, una vez
ejecutoriada la presente providencia, se remitirá copia de la misma a la
Defensoría del Pueblo”24.
48. Encontró demostrado que entre Invías y el municipio de Cisneros se suscribió el
contrato 1636 de 2015, en virtud del cual la estación férrea de esa ciudad,
declarada por el gobierno nacional como BICN25, se entregó en comodato a la
referida entidad territorial, así como también que en el año 2022 en la plazoleta
norte contigua a dicho inmueble se instaló un establecimiento de comercio,
construido sobre una estructura liviana, denominado Wings Bar, cuya propietaria
es la señora Ángela María Ríos Alzate.
49. Señaló que la declaratoria de un bien como de interés cultural implica que las
entidades que los tienen a su cargo tienen que velar por su conservación y debida
destinación, exigencia que en el caso de inmuebles se predica no solo frente al
área afectada, sino también respecto de su zona de influencia26, razón por la cual
todo acto de intervención debe contar con el visto bueno del Mincultura, de
conformidad con los artículos 15 de la Ley 397 de 1997 y 2.4.1.4.2. del Decreto
1080 de 2015, so pena de incurrir en una falta contra el patrimonio cultural de la
Nación.
50. Indicó que del material probatorio allegado al proceso27 se desprendía que el
establecimiento de la señora Ríos Alzate se encuentra dentro de la zona de
influencia de la estación del ferrocarril Cisneros, por lo que para su instalación se
requería de la autorización del Mincultura, aunque se tratara de una construcción
de dos pisos, levantada sobre una estructura removible28, pues constituía un acto
de modificación.
51. Advirtió que la obra ejecutada tampoco guardaba relación con los fines culturales
y de conservación para los que el inmueble fue entregado en comodato al
24
Como se verá a continuación, los derechos e intereses colectivos amparados por el Tribunal
Administrativo de Antioquia fueron los siguientes: moralidad administrativa, defensa del patrimonio
cultural de la Nación y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos,
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de los habitantes; sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia se incluyó el derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público, aspecto sobre el cual se profundizará más adelante.
Archivo digital 117ED_111Sentencia20230104 del expediente digital. Índice 2 de SAMAI.
25
Mediante el Decreto 746 de 1996.
26
Definida en el artículo 1° de la Resolución 1359 de 2013 de la siguiente manera: “… Para los
bienes de interés cultural del ámbito nacional localizados en zonas urbanas: Área afectada. Está
comprendida por la demarcación física del inmueble, conjunto de inmuebles, unidad predial, o
según conste en el correspondiente acto de declaratoria. Zona de influencia. Está comprendida
por 100 metros lineales contados a partir de la finalización del área afectada, por cada una de sus
fachadas, hasta formar un polígono, y toma de predios completos en los casos en que estos se
vean afectados parcialmente. En caso de intersecar cursos de agua, se incluye la ribera opuesta
(…)”.
27
Sobre el particular, se refirió: “Descendiendo al caso concreto, específicamente en la
construcción e instalación de la estructura del establecimiento de comercio denominado Wings
Bar, y de propiedad de la señora Ángela María Ríos Álzate, según Certificado Cámara de Comercio
del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, se evidencia, que el mismo se encuentra ubicado
en la zona de influencia de la Estación Férrea Cisneros, por lo que este espacio hace parte del
BIC, tal como se extrae del Oficio PMC-175-2022 del 13 de julio de 2022 dirigido al Invías por parte
del Personería Municipal de Cisneros Oficio PMC- 175-2022 del 13 de julio de 2022, en el cual se
puede evidencia la cercanía de la construcción con respecto a la estación, además de ser este un
tema que no fue objeto de discusión por las partes”.
28
Respecto de la que dijo que, de acuerdo con la Circular 0221EE0090167 del Ministerio de
Vivienda, no requería de licencia de construcción.
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Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
municipio, debido a que la actividad económica registrada para dicho
establecimiento era el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo
dentro del edificio.
52. En ese sentido, estimó que, ante el desconocimiento de las normas y deberes de
conservación de los BICN por parte del municipio de Cisneros, al permitir la
edificación de un local comercial de dos pisos en la zona de influencia de la
estación férrea de Cisneros, sin contar con los permisos del Mincultura, se
configuraba la vulneración de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio
cultural de la Nación y a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada,
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
53. Consideró que la referida circunstancia implicaba, a su vez, una trasgresión del
derecho a la moralidad administrativa, porque la administración municipal, en
lugar de proteger los BICN, optó por satisfacer el interés particular y privado de la
señora Ángela María Ríos Alzate, al avalar y defender la construcción de un
negocio que ni siquiera está acorde con los fines culturales y de conservación.
54. Con fundamento en lo anterior, ordenó la demolición de la obra ejecutada en la
plazoleta norte de la estación, a cargo de la señora Ríos Alzate o el municipio de
Cisneros, así como el inicio de investigaciones por parte del Invías y del
Mincultura, entidad a la que, adicionalmente, se le encargó la elaboración de un
estudio tendiente a determinar la necesidad de implementar un plan especial de
manejo y protección a la estación férrea de Cisneros y, de ser procedente,
ejecutarlo dentro de los seis meses siguientes.
Recursos de apelación
55. El municipio de Cisneros interpuso recurso de apelación con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación:
56. Señaló que el Tribunal incurrió en una valoración indebida de los documentos
allegados al proceso, en concreto, de la ficha catastral de la estación férrea de
Cisneros de la que se desprende que el establecimiento de comercio de la señora
Ángela Ríos Alzate se encuentra ubicado en una zona que corresponde a espacio
público, por lo que el municipio puede disponer libremente de él; además, omitió
tener en cuenta que la instalación cumple con las características de una estructura
liviana, que se trata de “iniciativa de negocio” acorde con el plan de desarrollo
turístico 2019 – 2029 y el EOT.
57. Afirmó que, contrario a lo sostenido en la sentencia de primera instancia, la
secretaría de planeación municipal sí puso en conocimiento del Mincultura y del
Invías el proyecto “parque lineal ferroviario del municipio de Cisneros”, por lo que
no era cierto que se abstuvo de tramitar los permisos para intervenir el inmueble
y los alrededores de la estación.
58. Agregó que en el año 2022 el Invías y el municipio de Cisneros celebraron un
convenio con el propósito de embellecer, custodiar, mantener y conservar el
corredor férreo, en el que se autorizó la instalación de estructuras livianas tipo
vagón en los alrededores de la estación, así como también que obtuvo los vistos
buenos de la ANI y de la entidad departamental promotora del ferrocarril de
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
Antioquia para intervenir áreas propias del ferrocarril, lo que evidenciaba que la
intención de la administración municipal no era otra, sino cuidar y promover el
turismo de un referente histórico de la región29.
59. La señora Ángela María Ríos Alzate presentó recurso de apelación contra el fallo
de primera instancia en los siguientes términos:
60. Indicó que su propósito no es afectar la zona donde se ubica el local y que de las
pruebas allegadas al proceso no se colige que su negocio vulnere algún derecho
colectivo, pues, en su criterio, la instalación mejoró la percepción de seguridad de
propios y visitantes, debido a que antes ese lugar era un espacio utilizado para
consumir drogas.
61. Arguyó que la demanda no fue coadyuvada por ningún habitante del municipio,
así como tampoco se recibió alguna queja de la comunidad, lo que evidenciaba
que el proceso se promovió por las disputas políticas que había entre el personero
y el alcalde de la época, en desmedro de las condiciones de vida de mujeres como
ella, cabeza de hogar.
62. Insistió en que el módulo no requiere de licencia de construcción, por cuanto se
trata de una estructura metálica liviana de fácil remoción, al igual que los vagones
que fueron instalados alrededor de la estación férrea, en virtud del convenio 1417
de 2022, suscrito entre el municipio y el Invías, por lo que su establecimiento
cuenta con las condiciones para estar allí, máxime cuando no afecta el espacio
público ni algún bien de interés cultural, toda vez que la plazoleta norte de la
estación del ferrocarril está fuera de su área de influencia.
63. Aseguró que el municipio de Cisneros no vulneró los derechos colectivos
alegados, sino todo lo contrario, pues sus actuaciones, tendientes a desarrollar
proyectos que generen un impacto económico y social en la comunidad, como el
parque lineal ferroviario, han propendido por la conservación y mantenimiento de
la estación.
64. Advirtió que la acción popular resultaba improcedente en este caso, porque lo que
se resolvió, en realidad, fue un asunto de índole contractual, relacionado con el
incumplimiento del municipio de Cisneros de las obligaciones pactadas en el
contrato de comodato suscrito con el Invías.
65. Por último, solicitó que, en caso de confirmar el amparo de primera instancia, se
otorgue un plazo prudencial para que el municipio solicite los permisos
correspondientes y su emprendimiento pueda seguir funcionando, de forma que
se le garantice a ella y a sus colaboradoras el derecho al trabajo30.
66. El Mincultura expresó su inconformidad únicamente respecto de los ordinales
cuarto, quinto y sexto de la sentencia de primera instancia.
67. Afirmó que en la aludida providencia se incurrió en una vulneración del principio
de congruencia, porque el actor popular no elevó ninguna pretensión tendiente al
inicio de alguna investigación contra el municipio de Cisneros por parte de dicha
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Índice 55 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Índice 53 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
cartera, de ahí que se trate de un mandato producto de hechos que no fueron
objeto de debate.
68. En cuanto a la orden relacionada con efectuar un estudio para determinar si es
necesario implementar un plan especial de manejo y protección en la estación del
ferrocarril de Cisneros, advirtió que dicha decisión es discrecional de ese
Ministerio, cuya adopción se realiza cuando se cumplen los requisitos
establecidos en el artículo 2.4.1.2.2. del Decreto 1080 de 2015, modificado por el
Decreto 2358 de 2019, los cuales no se demostraron en el presente asunto.
69. Afirmó que la cartera ministerial no ha considerado necesario someter la estación
del ferrocarril de Cisneros a un plan especial de manejo y protección y, agregó
que, si ni el Invías ni el municipio han manifestado la necesidad de hacerlo, por
vía judicial no puede disponerse su implementación fundando esa determinación
en que hubo un uso indebido del espacio público, hipótesis que no encuadra en
ninguno de los eventos previstos en el Decreto 1080 de 2015.
70. Indicó que, en caso de que se confirme la orden del ordinal quinto de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, se amplíen los términos
dispuestos, debido a la cantidad de estudios y actuaciones que deben
desarrollarse, así como del término para su implementación.
71. Por último, se solicitó desvincular al Mincultura del comité de seguimiento para la
verificación del fallo o se module su intervención en el sentido de que sus
actuaciones se limiten a sus competencias31.
Trámite relevante en segunda instancia32
72. En auto del 17 de septiembre de 2024 se admitieron los recursos de apelación 33.
73. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa del proceso34.
CONSIDERACIONES
74. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia y legitimación en la causa por activa y por pasiva, así
como el agotamiento de la reclamación previa a las entidades demandadas,
procede a decidir en segunda instancia el presente asunto.
Cuestión previa
75. En la sentencia de unificación del 5 de junio de 201835 se explicó que la Ley 472
de 1998 le permite al fallador pronunciarse sobre derechos o intereses colectivos
31
Índice 54 SAMAI Tribunal Administrativo de Antioquia.
32
El expediente llegó a esta Corporación el 31 de julio de 2024 y se repartió al despacho del
magistrado ponente el 5 de agosto siguiente. Índices 1 y 3 SAMAI del Consejo de Estado.
33
Índice 4 SAMAI del Consejo de Estado.
34
El Mincultura se pronunció frente a los recursos de apelación; sin embargo, dicho documento se
allegó de forma extemporánea.
35
Artículos 25 y 34. Sobre el alcance del último de los artículos, la Sección Primera ha explicado:
“Quiere decir, entonces que, en atención a la naturaleza de la acción, su origen constitucional, la
clase de derechos e intereses que protege y los efectos de las medidas que puede adoptar, el
juez de la acción popular no limita su decisión a los hechos, pretensiones y excepciones
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Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
diferentes a los enunciados en la demanda, así como respecto de hechos no
aducidos por el actor, siempre que se relacionen con la acción u omisión invocada
como fuente de la trasgresión. Facultad que también se predica del juez de
segunda instancia, al extender su competencia a aspectos no planteados en el
recurso de apelación36.
76. En el presente asunto, la Sala, de entrada, evidencia una situación relacionada
con la suficiencia de los recursos de apelación interpuestos por el municipio de
Cisneros y la señora Ángela María Ríos Alzate, pues, aunque expusieron varios
argumentos tendientes a refutar la decisión de primera instancia, no se refirieron
de manera directa y concreta a un derecho colectivo en particular; no obstante, en
virtud de las amplias facultades otorgadas al juez popular y los principios que
ilustran esta acción constitucional, se procederá a analizar si se encuentra
acreditada o no la vulneración de los derechos colectivos amparados en el fallo
de primera instancia.
77. Lo expuesto no implica que se releve a los recurrentes de cumplir con la carga
argumentativa mínima del recurso de apelación, sino que, como en anterior
oportunidad lo puso de presente esta Subsección37, al tratarse de derechos de
raigambre constitucional, el juez debe velar porque prime lo sustancial sobre lo
formal y, en esa medida, indagar por la real aspiración del recurrente, “análisis
que deberá partir de la certeza de las razones sobre las que el juez consideró
negar o acceder a las pretensiones de la demanda, en función de los elementos
de disenso que por lo menos debe enunciar quien recurre”38.
Problemas jurídicos
78. La Sala deja constancia de que el hecho que motivó la presente acción, esto es,
la existencia de un local comercial en la plazoleta norte contigua a la estación del
ferrocarril de Cisneros de propiedad de la señora Ángela María Ríos Alzate, así
como el visto bueno por parte de la administración municipal, no son objeto de
discusión, la controversia gira en torno a determinar: (i) ¿si previo a la instalación
de dicho local se requería de la autorización del Mincultura? (ii) en caso de que la
respuesta sea afirmativa ¿si la intervención de dicho espacio sin contar con el
permiso requerido comporta de parte del municipio de Cisneros y de la particular
demandada una vulneración de los derechos colectivos a la protección del
patrimonio cultural de la Nación, a la realización de construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada
alegadas y probadas por las partes, como se infiere de los poderes que le otorgó la Ley 472
de 1998, sino que su deber tiene que ver con la adopción de las medidas que sean
necesarias para restablecer la cosas al estado precedente a la vulneración del derecho o
del interés colectivo, de ser ello posible, como lo demandan los mandatos superiores bajo
análisis” (negrilla fuera del original). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia del 28 de marzo de 2014, radicación 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
36
Ibid.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 11
de diciembre de 2014, exp. 25000234100020120070001 (AP). C.P. Dra. María Elizabeth García
González.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 20001-23-31-000-2010-00527-01 (AP). C.P. José Roberto
Sáchica Méndez.
38
Ibid.
15
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
(iii) ¿si la referida situación implica una trasgresión del derecho a la moralidad
administrativa?
79. A su vez, estima pertinente señalar que, aunque en el ordinal primero de la parte
resolutiva de la sentencia del 28 de junio de 2024 se amparó el derecho colectivo
a la protección del patrimonio público, lo cierto es que su vulneración no fue
reconocida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en la parte motiva de la
providencia39, lo que, en principio, impone revocar la salvaguarda dispuesta por el
fallador de primer grado; sin embargo, en virtud de las amplias facultades
otorgadas al juez popular40, la Subsección prorroga esa decisión hasta las
conclusiones probatorias. Se recuerda que fue uno de los derechos colectivos
invocados por el actor popular. En caso de que se encuentre justificación para
declarar su vulneración o amenaza, se hará una consideración particular. En el
evento contrario, se dispondrá la revocatoria de este puntual aspecto de la
sentencia de primera instancia.
Acción popular o medio de protección de derechos e intereses colectivos
80. La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la
Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 199841 tiene como finalidad
la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño contingente, por la
acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares42.
81. Su objetivo es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito
y sencillo para la protección efectiva de sus derechos, cuya procedencia está
condicionada a que se compruebe: (i) la existencia de una acción u omisión de la
parte demandada; (ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o
39
Según lo dispuesto en el artículo 281 del CGP, la sentencia debe guardar consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidas en la demanda, so pena de vulnerar el principio de
congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada. A su turno, la jurisprudencia de esta
Corporación ha explicado que el principio de congruencia de la sentencia exige, por un lado que
exista armonía entre la parte motiva y resolutiva (congruencia interna) y, de otro, que la decisión
guarde consonancia con lo pedido en la demanda y su oposición a la misma, es decir, que exista
identidad entre lo resuelto y aquello que en oportunidad plantearon las partes (congruencia
externa), último aspecto que, en materia de acciones populares se flexibiliza, en atención a la
especial naturaleza que las caracteriza. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Seis Especial de Revisión, sentencia de unificación del 5 de junio de 2018,
radicación: 15001-33-31-001-2004-01647-01(SU)(REV-AP). C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de julio de 2018, radicación 20001-23-31-000-2010-00478-01(AP). C.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
40
“Conforme con lo expuesto, es claro que jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de
que el juez popular profiera fallos ultra y extra petita en el sentido de amparar derechos colectivos
diferentes a los invocados por el actor popular en la demanda; estudiar hechos adicionales a los
planteados inicialmente, proferir órdenes diferentes a las pedidas por los actores en las
pretensiones, e incluso apartarse de los términos de la impugnación en fallos de segunda instancia,
todo lo anterior, siempre que se guarde relación con el hecho generador del daño planteado en la
demanda y en términos generales con la causa petendi”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2018,
radicación 15001-33-31-001-2004-01647-01(SU)(REV-AP). C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
41
A su vez, prevista en el artículo 144 del CPACA como medio de protección de derechos e
intereses colectivos.
42
Arts. 1, 2 y 9 Ley 472 de 1998.
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Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
agravio de derechos o intereses colectivos y (iii) la relación o nexo de causalidad
entre la acción u omisión y la señalada afectación de los derechos e intereses43.
82. En cuanto a la carga de la prueba, el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 dispone
que es deber del demandante probar los hechos, acciones u omisiones que
constituyen la causa de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos cuya protección pretende; sin embargo, si por razones económicas o
técnicas, dicha carga no pudiere ser cumplida, “el juez impartirá las órdenes
necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichas experticias
probatorias a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de
debate y con cargo a ella”.
83. Exigencias que, como de tiempo atrás lo ha señalado esta Corporación, lejos de
comportar un obstáculo para el ejercicio y prosperidad de este mecanismo de
protección de derechos colectivos, propenden por el uso adecuado de esta
herramienta judicial, garantizando que exista un esfuerzo mínimo en quien acude
a la acción popular en aras de demostrar los supuestos en los que funda sus
pretensiones44.
Derecho colectivo a la moralidad administrativa
84. La Constitución Política consagra la moralidad administrativa en dos
concepciones, como principio de la función administrativa45 y como un derecho
colectivo susceptible de protección mediante la acción popular46.
85. Debido a la textura abierta de la consagración constitucional y legal no es posible
pretender una definición exacta de tal concepto; sin embargo, como lo sostuvo la
Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 1°
de agosto de 2015, dicha circunstancia no implica que la determinación de su
trasgresión dependa de la concepción subjetiva del juzgador, sino que aquella
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28
de marzo de 2014, radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; reiterada, entre muchas otras, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de agosto de 2019, radicación 85001-23- 33-
000-2013-00016-01.
44
Sobre el punto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 17 de junio de 2024, radicación 17001-23-33-000-2021-00165-01 (68716); Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2022, radicación
76001- 23-31-000-2010-01936-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1 de junio
de 2020, radicación 27001-23-31-000-2018-00008-01; Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 15001-23-33-000-2015-00316-01; y Consejo de
Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de julio de 2019, radicación 17001-23-33-000-2017-
00786-01.
45
Constitución Política. “Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. (…)”.
46
Constitución Política. “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de
los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza que se definen en ella. (…)” y Ley 472 de 1998. “Artículo 4. Derechos e
intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: (…)
b) La moralidad administrativa; (…)”.
17
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
“debe estar relacionada con la intención o propósito que influye el acto frente a la
finalidad de la ley”47.
86. En ese sentido, se estableció que para la vulneración del derecho a la moralidad
administrativa se requiere de la concurrencia de dos elementos: (i) uno objetivo,
relacionado con el quebrantamiento del ordenamiento jurídico48 y (ii) otro de
índole subjetiva, pues no se puede considerar vulnerado este derecho colectivo
sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si
incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de
la correcta función pública49. Lo anterior, implica demostrar que el propósito del
servidor se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero50. La articulación de estos elementos es la que
permite diferenciar el juicio de moralidad del simple control abstracto de legalidad
de las actuaciones administrativas51.
87. Adicionalmente, se indicó que al actor popular le corresponde cumplir con una
carga argumentativa y probatoria mínima que permita al juez determinar los
elementos básicos para identificar la afectación o vulneración del derecho
colectivo en mención.
Derecho e interés colectivo a la protección del patrimonio cultural de la
Nación
47
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 1 de diciembre de 2015. C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero. Radicado 11001-33-31-035-2007-00033-01(AP).
48
“Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este elemento puede darse en
dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de legalidad y (ii) violación de los principios
generales del derecho. (i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma
jurídica por la acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en
ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular que ejerce una
función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función pública. (ii) Pero también forman
parte del ordenamiento jurídico Colombiano aquellos principios generales del derecho
consagrados en la Constitución y la ley, como los concretos de una materia. En este contexto y
para efectos del derecho colectivo, la acción u omisión reputada de inmoral en el ejercicio de una
función administrativa debe transgredir un principio del derecho, ya sea de carácter general o que
se aplique a un tema determinado, de manera que éste se convierte, al lado de la regla, en otro
criterio de control para la protección de la moralidad administrativa”. Ibid.
49
“En esa dirección y para la comprensión del motivo del actuar del funcionario, sirven como
parámetros la desviación de poder; el favorecimiento de intereses particulares alejados de los
principios que fundamentan la función administrativa; la inobservancia grosera, arbitraria y alejada
de todo sustento legal; la conducta antijurídica o dolosa, en el entendido de que el servidor tiene
la intención manifiesta y deliberada de vulnerar el mandato legal que rige su función…”. Ibid.
50
“Esto quiere decir que, si bien el principio de legalidad es un elemento fundante de la moralidad
administrativa y, por ende, un campo donde se materializa en primer término la violación del
derecho colectivo, éste no es el único, pues debe concurrir un elemento subjetivo para que se
configure tal transgresión. Por ello, ha sido enfática la jurisprudencia en cuestionar y rechazar
aquellas acciones populares erigidas únicamente sobre una argumentación pura de ilegalidad, en
las que so pretexto de proteger un derecho colectivo ponen a consideración del juez constitucional
un litigio particular, cuyo debate y decisión debiera hacerse mediante el ejercicio de otro
instrumento judicial, como los ahora denominados medios de control contenciosos, entre ellos el
de nulidad o el de nulidad y restablecimiento del derecho, o la acción de cumplimiento si lo que se
pretende es el acatamiento de una norma con fuerza de ley o acto administrativo. Son esos
escenarios los propios para ejercer el control jurisdiccional de la legalidad administrativa”. Ibid.
51
“… para disponer la protección del derecho colectivo pretendido por el juez popular deben tener
presencia tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo y su debida correlación. Para ello
se requiere de una carga argumentativa por el actor popular en la que se efectúe una imputación
directa, seria y real de la violación del ordenamiento jurídico y de la realización de las conductas
atentatorias de la moralidad administrativa”. Ibid. Reiterado por esta Subsección, entre otras, en
sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 70746. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
18
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
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colectivos
88. La Constitución Política contiene una amplia gama de disposiciones tendientes a
proteger la cultura, su diversidad y el patrimonio cultural como valores esenciales
de la Nación52.
89. En cuanto a este último, el artículo 72 señala que el patrimonio cultural de la
Nación está bajo la protección del Estado, al tiempo que establece que el
patrimonio arqueológico y los otros bienes culturales que conforman la identidad
nacional le pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles. En armonía con lo anterior, el artículo 313 de la Constitución
atribuye a los concejos municipales la función de expedir las normas necesarias
para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio, mientras que en el artículo 333 se indica que la delimitación del alcance
de la libertad económica frente a este tipo de bienes le corresponde al legislador,
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación.
90. Para la Corte Constitucional, el conjunto de las disposiciones citadas evidencian
que "la protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en
la Constitución, en tanto que éste constituye un signo o una expresión de la cultura
humana, de un tiempo, de circunstancias o modalidades de vida que se reflejan
en el territorio, pero que desbordan sus límites y dimensiones"53, razón por la cual
su salvaguarda le corresponde a todos y, en particular, al Estado, el cual tiene el
deber de adoptar medidas destinadas a su conservación y recuperación54.
91. Adicionalmente, el alto tribunal constitucional ha explicado que, pese a que dichas
medidas implican una serie de restricciones relacionadas, principalmente, con el
uso y destinación, lo cierto es que aquellas gozan de plena justificación,
“precisamente, en razón a lo importante que resulta para el Estado, la comunidad
y el propio individuo, la conservación y el cuidado del patrimonio cultural de la
Nación, particularmente, si se toma en consideración que Colombia es un país
multiétnico y pluricultural, y que, como tal, posee manifestaciones culturales
diversas, que deban ser protegidas, conservadas y divulgadas, con el fin de que
sirvan de testimonio de la identidad cultural nacional, en el presente y en el
futuro”55.
52
“… lo que le ha permitido a dicho bloque normativo recibir el calificativo de "Constitución
Cultural". Conforme con ello, de manera general, la cultura encuentra fundamento
constitucional: (i) en el artículo 2º, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación
de todos en la vida cultural de la Nación; (ii) en los artículos 7º y 8º, que le imponen al Estado el
deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la Nación; (iii) en el artículo 44, que
define la cultura como un derecho fundamental de los niños; (iv) en el artículo 67, que reconoce la
educación como un derecho que busca afianzar los valores culturales de la Nación; (v) en el
artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar el acceso a la cultura de los colombianos,
y que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones como fundamento de la
nacionalidad; (vi) en el artículo 71 que también le impone al Estado la obligación de crear
incentivos para fomentar las manifestaciones culturales; (vii) en artículo 95-8 que señala como
uno de los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y
naturales; y (viii) en los artículos 311 y 313-9, que encomiendan de manera especial a los
municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”. Corte Constitucional, sentencia C-
082 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
53
Corte Constitucional, sentencia C-742 de 2006.
54
Ibid.
55
Sentencia C-082 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19
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colectivos
92. En desarrollo de lo anterior, el legislador expidió la Ley 397 de 199756, disposición
normativa que con las modificaciones introducidas por la Ley 1185 de 200857
definió la política estatal en materia de protección del patrimonio cultural y
arqueológico de la Nación y estableció como objetivos de ésta su protección,
conservación, rehabilitación y divulgación, “con el propósito de que el patrimonio
sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en
el futuro”58.
93. Según el artículo 4 ibidem, el patrimonio cultural de la Nación está constituido
por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y
las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad
colombiana, así como por los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico,
estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano,
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial,
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico59.
94. De acuerdo con el literal b del artículo 4 ejusdem, el régimen especial de
salvaguarda, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del
patrimonio cultural de la Nación cobija a todos aquellos que sean declarados como
de interés cultural (en adelante, BIC) en el caso de bienes materiales y para las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente
para todo el territorio nacional el Ministerio de Cultura.
95. En el literal c del artículo 4 ejusdem se indica que los bienes del patrimonio cultural
de la Nación y los bienes de interés cultural pueden pertenecer a entidades
públicas de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado.
96. De igual manera, establece que los bienes materiales que con anterioridad a la
promulgación de la Ley 397 de 1997 hubieren sido declarados como monumentos,
áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos
históricos, u otras denominaciones, se consideran BIC de los ámbitos nacional,
departamental, distrital, municipal o de los territorios indígenas o de las
comunidades negras y, por consiguiente, les resultan aplicables sus
disposiciones.
97. En concordancia con lo anterior, los artículos 5 y 8 del referido estatuto señalan
que para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el
56
“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”.
57
“Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan
otras disposiciones”.
58
Artículo 5 de la Ley 397 de 1997.
59
En línea con lo anterior, el artículo 5 indica que el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación está constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que
ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones
del patrimonio cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propietarios,
usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de
desarrollo institucional, planificación, información, y por las competencias y obligaciones públicas
y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación.
20
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colectivos
principio de coordinación60 entre los niveles nacional, departamental, distrital y
municipal y de los territorios indígenas.
98. En el artículo 11 se fija el régimen especial de protección. Con esa finalidad se
instituye la figura del plan especial de manejo y protección -PEMP-, definido como
el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen
las acciones necesarias para garantizar la protección y sostenibilidad de los BIC
o de los que pretendan declararse como tales en el tiempo. La reglamentación de
los PEMP le corresponde al Mincultura. En ella debe constar cuáles BIC
declarados previo a la expedición de dicha norma requieren de él y el plazo para
hacerlo. En el caso de bienes inmuebles, dicho plan debe contemplar el área
afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones
de manejo y el plan de divulgación.
99. A su vez, se define lo que se entiende por intervención como todo acto que cause
cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo61 y se dispone
que la realización de cualquiera de ellos debe contar con la autorización del
Mincultura o del Archivo General de la Nación, según el caso.
100. Advierte que el permiso que debe expedir la entidad competente no puede
sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna otra clase de licencia que
corresponda expedir a otro organismo en materia urbanística y que quien pretenda
realizar una obra en la zona de influencia o en inmuebles colindantes con un bien
declarado de interés cultural, debe comunicarlo previamente a la autoridad que
efectuó la respectiva declaratoria.
101. De acuerdo con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener en el BIC,
el Mincultura aprobará su realización o, si es el caso, podrá solicitar que las
mismas se ajusten al PEMP que hubiera sido aprobado para dicho inmueble. La
ausencia de dicha autorización constituye una falta contra el patrimonio cultural
de la Nación, según el numeral 4 del artículo 15 de la Ley 397 de 199762.
60
En línea con lo anterior, el artículo 5 se refiere al Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación, el cual según el artículo 2.3.1.1. del Decreto 1080 de 2015, “… está constituido por el
conjunto de instancias públicas de los niveles nacional y territorial que ejercen competencias sobre
el patrimonio cultural de la Nación, por los propietarios, usufructuarios y tenedores de los bienes
del patrimonio cultural de la Nación y los que ejerzan mismos derechos sobre los bienes de interés
cultural (…). El objeto del SNPCN es contribuir a la valoración, la preservación, la salvaguardia, la
protección, la recuperación, la conservación, la sostenibilidad, la divulgación y la apropiación social
del patrimonio cultural de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la legislación
en particular, en la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, y bajo los
principios de descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomía (…).
Son sujetos del Sistema Nacional de patrimonio cultural de la Nación: los propietarios,
usufructuarios y tenedores de bienes de interés cultural (…)”.
61
“… comprende a título enunciativo actos de conservación, restauración, recuperación, remoción,
demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión”.
62
“4. Si la falta consiste en la intervención de un bien de interés cultural sin la respectiva
autorización en la forma prevista en el numeral 2 del artículo 11 de este título, se impondrá multa
de doscientos (200) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes por parte de
la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. En la misma sanción incurrirá quien
realice obras en inmuebles ubicados en el área de influencia o colindantes con un inmueble de
interés cultural sin la obtención de la correspondiente autorización, de conformidad con lo previsto
en el numeral 2 del artículo 11 de este título.
También será sujeto de esta multa el arquitecto o restaurador que adelante la intervención sin la
respectiva autorización, aumentada en un ciento por ciento (100%).
La autoridad administrativa que hubiera efectuado la declaratoria de un bien como de interés
cultural podrá ordenar la suspensión inmediata de la intervención que se adelante sin la respectiva
autorización, para lo cual las autoridades de policía quedan obligadas a prestar su concurso
21
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colectivos
102. La Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, fue reglamentada por
el Decreto 763 de 2009. Este, a su vez, fue compilado en el Decreto
Reglamentario 1080 de 2015, único para el sector cultura.
103. En cuanto a los BIC, el último de los decretos mencionados se refirió, entre otros
aspectos, a los siguientes:
104. Área afectada63 y zona de influencia64. La primera es el “área de interés o
demarcación física del inmueble”, compuesta por sus espacios construidos y
libres, mientras que la segunda se refiere a la demarcación del contexto
circundante o próximo al bien declarado, necesario para que sus valores se
conserven.
105. La delimitación de la zona de influencia requiere un análisis de las potencialidades
y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien declarado, en términos
de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura; sin embargo,
mientras ello ocurre, como demarcación de la zona de influencia de los bienes de
interés cultural de la Nación (en adelante, BICN) localizados en zonas urbanas, el
referido decreto indica que deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
“Zona de influencia: Está comprendida por 100 metros lineales contados a
partir de la finalización del área afectada, por cada una de sus fachadas, hasta
formar un polígono, y toma de predios completos en los casos en que estos
se vean afectados parcialmente. En caso de intersección con cursos de agua,
se incluye la ribera opuesta”.
Derecho e interés colectivo a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas
106. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación65, el derecho colectivo
enunciado ut supra se refiere al acatamiento de los planes de ordenamiento
territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de
manera ordenada y coherente. En otras palabras, implica la necesidad de proteger
la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de manera que las
autoridades competentes no actúen de forma arbitraria, en contravención del
respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus veces, a
través de acciones que estén fuera de su marco normativo.
107. Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó:
inmediato a efectos de hacer efectiva la medida que así se ordene. En este caso, se decidirá en
el curso de la actuación sobre la imposición de la sanción, sobre la obligación del implicado de
volver el bien a su estado anterior, y/o sobre el eventual levantamiento de la suspensión ordenada
si se cumplen las previsiones de esta ley.
Lo previsto en este numeral se aplicará sin perjuicio de la competencia de las autoridades
territoriales para imponer sanciones y tomar acciones en casos de acciones que se realicen sin
licencia sobre bienes inmuebles de interés cultural en virtud de lo señalado en el numeral 2 del
mismo”.
63
Artículo 2.4.1.1.16.
64
Artículo 2.4.1.1.17.
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20
de febrero de 2020, radicación 68001-23-33-000-2017-01433-01(AP). C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
22
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
“… las autoridades locales son las responsables de promover la ordenación
del suelo a través de los planes de ordenamiento territorial, de los planes
básicos de ordenamiento o de los esquemas de ordenamiento, de acuerdo
con el número de habitantes del municipio o distrito, tal como lo prevé el
artículo 9º de la Ley 388 de 1997, de forma tal que se garantice el uso
equitativo y racional del suelo, se preserve y defienda el patrimonio ecológico,
se prevengan asentamientos en zonas de alto riesgo y se ejecuten acciones
urbanísticas eficientes orientadas al desarrollo ordenado de las ciudades (…).
Así las cosas, para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m)
del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, corresponde a la obligación que le
impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de
acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es
decir la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en
términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad
territorial -bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer
plenamente las necesidades de la población” 66.
108. Bajo esas condiciones, la parte actora debe probar el desconocimiento de las
normas urbanísticas y que ello derivó en una afectación del interés general 67.
Hechos probados
109. (1) El 30 de noviembre de 2015 se suscribió el contrato interadministrativo 1636-
2015 entre el Invías68 y el municipio de Cisneros, en virtud del cual el primero de
los mencionados entregó en comodato la estación férrea ubicada en el centro de
la ciudad a dicha entidad territorial, con el propósito de que fuera destinada para
fines culturales y de conservación.
110. (2) Según lo estipulado en la cláusula sexta del contrato, el comodatario se obligó,
entre otras, a lo siguiente: (i) emplear el inmueble exclusivamente para el uso
convenido; (ii) ejecutar las obras de conservación necesarias para mantenerlo en
buen estado, las cuales debían ser coordinadas con el comodante, por cuanto la
referida estación del ferrocarril fue declarada monumento nacional mediante
Decreto 746 de 199669 y “su restauración, intervención y mantenimiento están a
cargo del comodatario una vez sean autorizadas por el Ministerio de Cultura,
conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008 y sus decretos
reglamentarios” y (iii) ejercer la debida vigilancia sobre el inmueble para evitar
ocupaciones o invasiones que terceros puedan ocasionar70.
111. (3) El término de duración acordado fue de cinco años71, el cual se prorrogó por
cinco años más, hasta el 28 de abril de 202672.
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de
marzo de 2008, radicación AP-2005-00901. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29
de noviembre de 2010; número único de radicación 25000232600020040147401.
68
Ubicada en el municipio de Cisneros e identificada con la cédula catastral 10-10800400001,
cuyo propietario es el Invías según consta en la escritura pública 4382 del 1° de junio de 2007,
registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 038-00077771 de la oficina de registros públicos de
Yolombó. El referido negocio jurídico también incluyó la estación férrea El Limón, ubicada en zona
rural del municipio de Cisneros; sin embargo, frente a ella la Sala no efectuará ningún
pronunciamiento, debido a que no es objeto de la presente acción. Archivo 006 del expediente
digital.
69
Por medio del cual el presidente de la República declaró como monumento nacional el conjunto
de las estaciones del ferrocarril existentes en el país.
70
Archivo 006 del expediente digital.
71
Contados a partir de la fecha de entrega del inmueble, lo que ocurrió el 27 de abril de 2016. Ibid.
72
Ibid.
23
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
112. (4) En mayo de 2022, la señora Ángela María Ríos Alzate realizó el montaje de
una estructura metálica sobre la plazoleta norte de la estación férrea Cisneros en
la que se construyó un local de dos plantas destinado para el expendio de comidas
y bebidas alcohólicas denominado wings bar73.
113. Para mayor comprensión, se insertan las siguientes imágenes que permiten
evidenciar el estado del espacio antes, durante y después de la intervención 74:
73
Archivos 010 y 014 del archivo digital.
74
Las referidas imágenes reposan en el álbum fotográfico que aportó la personería municipal con
la demanda y coinciden con las imágenes insertadas en los distintos oficios enviados por dicha
entidad al Invías y al Mincultura, así como con las que se consignaron en el informe de la visita
realizada el 19 de julio de 2022 por el supervisor del contrato designado por el Invías. Archivos 09,
013, 019 del expediente digital.
24
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
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114. Igualmente, se inserta la imagen del plano predial catastral de la estación que
permite apreciar la demarcación física del inmueble -área resaltada en amarillo-,
así como también la zona contigua -línea roja- donde se ubica el local:
25
Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
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115. (5) Por lo anterior, la personería del municipio de Cisneros, mediante los Oficios
PMC-135-2022 del 25 de mayo de 202275 y PMC-155-2022 del 14 de junio de
202276, le solicitó a la secretaría de planeación información acerca de la obra que
se realizó en ese lugar, así como los permisos correspondientes.
116. (6) Por medio del Oficio MC-SP144-2022 del 14 de junio de 202277, la referida
autoridad contestó que la estructura instalada era removible, por lo que no
requería de licencia de construcción, de conformidad con la circular del Ministerio
de Vivienda 0221EE0090167 del 2021 y, en Oficio MC-SP167-2022 del 22 de julio
de ese año, agregó que por las características de la construcción no se generaban
afectaciones al suelo, por cuanto se podía desmontar fácilmente.
117. Adicionalmente, indicó que, de conformidad con el EOT del municipio, el uso del
suelo permitía el funcionamiento del establecimiento, debido a que se encontraba
ubicado en la zona 3, “donde se concentra el comercio, las instituciones
educativas, las empresas de tipo oficial y privado y de espacio público, la cual está
conformada por los sectores del 1 al 9”78.
118. (7) Mediante Oficio PMC-175-2022 del 13 de julio de 2022, el personero municipal
puso en conocimiento del Invías la referida situación. Indicó que “a escasos metros
del inmueble”, el municipio permitió la instalación de un local comercial, cuyo
diseño riñe con la arquitectura de la estación79.
119. (8) En virtud de lo anterior, el 19 de julio de 2022, el director territorial del Invías
en Antioquia, en su condición de supervisor del contrato 1636 de 2015, visitó la
estación férrea de Cisneros. En el informe de dicha diligencia se consignó, entre
otras cosas, que el comodatario no empleaba el inmueble para el uso convenido,
porque, además del “museo ferroviario Cisneros – Antioquia”, en dicho lugar
funcionaban 6 establecimientos dedicados al comercio, logrando evidenciar que
en dos de ellos se realizaron modificaciones a su estructura.
120. Afirmó que en la parte externa del inmueble también se observaban algunos
locales contiguos a la estación férrea, entre ellos, el de la señora Ríos Alzate, por
lo que se le daba la oportunidad al municipio de explicar si “los comercios
establecidos son invasiones o si por el contrario están dentro del espacio público
de Cisneros”80.
121. (9) En memorando SA-72328 del 12 de septiembre de 2022, con destino al
supervisor del contrato 1636 de 2015, el subdirector administrativo del Invías
indicó que la situación advertida durante la visita era preocupante, por lo que se
requería de la adopción de medidas urgentes, con el fin de evitar la imposición de
sanciones contra la entidad, debido a que se trataba de un bien de interés cultural.
122. Para ello, le solicitó reunir la documentación pertinente y enviarla a la dirección
jurídica de la entidad, con el fin de que el comité de defensa jurídica determinara
75
Archivo 007 del expediente digital.
76
Archivo 009 del expediente digital.
77
Archivo 008 del expediente digital.
78
Archivo 012 del expediente digital.
79
Archivo 011 del expediente digital.
80
Archivo 013 del expediente digital.
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si había lugar a iniciar un procedimiento sancionatorio o dar por terminado
anticipadamente el contrato de comodato81. En memorando DT-ANT-72703 del
13 de septiembre de 2022 se dio cumplimiento a lo anterior82.
123. (10) El 26 de octubre de 2022, la directora de Patrimonio y Cultura del Mincultura
remitió el Oficio 415-2022 al subdirector administrativo del Invías en el que, luego
de poner presente la queja formulada por el personero del municipio por las obras
realizadas tanto dentro como fuera de la estación, señaló que dicha cartera
ministerial no había expedido actos administrativos tendientes a autorizar las
intervenciones que se evidenciaban con las fotografías aportadas por el agente
del Ministerio Público.
124. Advirtió que las acciones adelantadas sin autorización sobre la estación férrea de
Cisneros constituían un hecho cumplido, de conformidad con el numeral 4 del
artículo 15 de la Ley 397 de 1997, razón por la cual dicha entidad, en su condición
de comodante del referido inmueble, debía requerir al municipio de Cisneros para
que allegara un informe técnico sobre las acciones realizadas y el agotamiento de
los trámites pertinentes para obtener la autorización de intervención por parte de
las autoridades competentes.
125. Finalmente, afirmó que la dirección de patrimonio y cultura estaría atenta a prestar
la asesoría técnica que esté a su alcance, de acuerdo con las disposiciones
normativas vigentes83.
126. (11) El 15 de noviembre de 2022, el supervisor del contrato de comodato le solicitó
a la administración municipal rendir un informe sobre las acciones realizadas
dentro de la estación y la gestión de los permisos para su intervención84.
127. (12) El 24 de noviembre de 2022, el alcalde del municipio respondió a dicho
requerimiento, en los siguientes términos:
“Respecto a la estación Cisneros este espacio fue encontrado cerrado casi en
el abandono por la falta de uso y el poco valor que se le había brindado por
administraciones anteriores, por lo que desde nuestra administración el
objetivo fue rescatar el valor cultural, patrimonial y arquitectónico de este
lugar, abriéndola al público generando espacios donde pueda interactuar la
comunidad de manera educativa, conservando la cultura ferroviaria e histórica
del municipio y de Antioquia.
Es por eso que se instaló un museo ferroviario, piezas originales del
ferrocarril, fotografías alusivas a la historia del ferrocarril, galería de arte,
auditorio para encuentros culturales y artísticos y módulos removibles con
mobiliario de fácil desmonte, con el fin de asentar emprendedores y artesanos
que resalten la cultura ferroviaria y productos autóctonos como el café y la
panela.
Es de anotar que a un costado se encuentra una entidad financiera desde
hace 20 años, arrendada por una administración anterior cuyo canon de
arrendamiento es pagado al Municipio, y además desde nuestra perspectiva
81
Archivo 1 de la carpeta Anexo05contestaciondemandaInvías del expediente digital.
82
Archivo 10 de la carpeta Anexo05contestaciondemandaInvías del expediente digital. Se deja
constancia que al expediente no se allegó la decisión ni las conclusiones a las que arribó el Invías,
una vez se remitió la información a la dirección jurídica.
83
Archivo 13 de la carpeta Anexo05contestaciondemandaInvías del expediente digital.
84
Archivo 7 de la carpeta Anexo05contestaciondemandaInvías del expediente digital.
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no se han adelantado acciones que atenten contra la estructura, hemos
realizado los respectivos mantenimientos a la cubierta, fachada, a puertas,
ventanas y alrededores de la misma para conservarla en su originalidad.
Hoy la estación de Cisneros es el sitio de interés más visitado en nuestro
Municipio con un promedio de 8.000 visitantes por mes, complementario a
ellos el INVÍAS nos ha otorgado comodato por 5 años sobre el patio férreo y
un kilómetro más para el mantenimiento, embellecimiento y la interacción
comercial y patrimonial, con el ánimo de que sea el epicentro de la cultura
ferroviaria de nuestro Departamento.
Es de anotar que el municipio solicitó concepto al INVÍAS con la finalidad de
tener tranquilidad en lo realizado.
Mediante oficio SMFF 51332 del 30 de Agosto de 2022 el subdirector
Marítimo, Fluvial y Férrea manifiesta ‘en atención al oficio en el cual informa
sobre una serie de acciones que se pretenden adelantar dentro de la bodega
de la estación férrea de Cisneros que actualmente está en comodato con ese
municipio, de manera atenta informo que esta subdirección las considera
viables, teniendo en cuenta que las mismas son de carácter temporal y
superficiales y no implican adecuaciones que agredan la estabilidad o
materialidad del inmueble o modifiquen sus condiciones arquitectónicas’”85.
128. (13) El 4 de agosto de 2023 el supervisor del contrato visitó nuevamente la
estación. En el informe realizado se replicaron los hallazgos del informe del 19 de
julio de 202286. Con ocasión de lo anterior, dicho funcionario requirió nuevamente
a la administración municipal de Cisneros, con el propósito de que remitiera el
expediente del trámite adelantado ante el Mincultura, entidad que debía autorizar
la realización de obras en la estación87.
129. (14) El 18 de septiembre de 2023, el personero municipal de Cisneros remitió
sendas peticiones a la alcaldía del municipio, al Invías y al Mincultura, con el fin
de que protegieran y conservaran la infraestructura férrea “declarada monumento
nacional y bien de interés cultural, manteniendo el espacio público integrado a ella
libre de toda intervención, la cual hoy vulnera los derechos colectivos de los
cisnereños”. En consecuencia, les solicitó demoler las obras civiles desarrolladas
“sin el cumplimiento de los requisitos legales y construidas en la plazoleta de la
estación Cisneros”88.
130. (15) El 28 de septiembre de 2023, el alcalde del municipio reiteró que la obra
ejecutada no es una edificación convencional con cimientos, soportes y cargas
gravitacionales, por lo que para su construcción no se requería del cumplimiento
de los requisitos previstos en las normas de sismo resistencia -Ley 400 de 1997 y
NSR10- ni de la obtención de una licencia urbanística -Ley 388 de 1997, Decreto
1077 de 2015 y las Resoluciones 462 y 463 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
en la medida en que se trata de una estructura liviana, destinada para fines
distintos al de la ocupación u habitación humana, con las siguientes
características: (i) estar amarrada y soportada con materiales livianos; (ii) ser
fácilmente instalable y desmontable en cualquier tiempo y lugar; (iii) no generar
detrimento al terreno y (iv) con un comportamiento dinámico similar al de una
edificación convencional.
85
Archivo 012 de la carpeta Anexo05contestaciondemandaInvías del expediente digital.
86
Archivo 0 de la carpeta Anexo05contestaciondemandaInvías del expediente digital.
87
Archivo 046 del expediente digital.
88
Archivos 015, 017 y 018 del expediente digital.
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131. Señaló que, además de cumplir con lo anterior, el local no impide la libre
circulación peatonal y se encuentra acorde con las condiciones de uso del suelo,
de conformidad con el EOT del municipio.
132. Adicionalmente, indicó que entre el Invías y el municipio de Cisneros se suscribió
el convenio interadministrativo 1417 de 2022, con el propósito de aunar esfuerzos
para la protección, conservación, embellecimiento, mantenimiento y custodia del
corredor férreo ubicado entre el K435+345 al K436+665 en el casco urbano del
mismo, en el que la entidad territorial se comprometió a asumir la administración,
mejoramiento y demás intervenciones sobre la vía objeto del convenio, para lo
cual debía ejecutar las obras necesarias para que aquella quede en mejores
condiciones a las que se encontraba al momento de la entrega y garantizar que
toda construcción realizada sobre la misma pudiera ser retirada fácilmente cuando
el gobierno nacional así lo requiera.
133. Bajo ese entendido, dado que la estructura física objeto de controversia no
corresponde a una invasión ilegal, sino que se trata de una estructura liviana que
no impide la libre circulación peatonal, no procedía su desmonte89.
134. (16) El 10 de octubre de 2023, el coordinador del grupo de patrimonio
arquitectónico del Mincultura respondió la solicitud formulada por el personero
municipal de la siguiente manera:
135. Luego de referir que la estación del ferrocarril de Cisneros es un bien de interés
cultural de la Nación, por su declaratoria de monumento nacional efectuada en el
Decreto 746 de 1996, expresó que mediante la Resolución 1359 de 2013 el
Mincultura determinó el área afectada y la zona de influencia para los inmuebles
que ostenten esa condición y que no cuenten con áreas definidas, como la referida
estación:
“Artículo 1º Delimitar como áreas afectadas y zonas de influencia de los bienes
interés cultural del ámbito nacional que no cuenten con estas áreas definidas, las
siguientes:
Para los bienes de interés cultural del ámbito nacional localizados en zonas urbanas
rigen las siguientes áreas afectada y zona de influencia:
Área afectada:
Está comprendida por la demarcación física del inmueble, conjunto de inmuebles,
unidad predial, o según conste en el correspondiente acto de declaratoria.
Zona de influencia:
Está comprendida por 100 metros lineales contados a partir de la finalización del área
afectada, por cada una de sus fachadas, que se extenderán 100 metros en cada uno
de los extremos de cada lado para cubrir homogéneamente las esquinas, hasta
formar un polígono, y toma predios completos en los casos en que estos se vean
afectados parcialmente. En caso de intersecar cursos de agua, se incluye la ribera
opuesta” (se destaca)90.
136. Manifestó que, de acuerdo con las competencias asignadas en la Ley 397 de 1997
y el Decreto 1080 de 2015, a dicha cartera ministerial le correspondía autorizar las
89
Archivo 050 del expediente digital.
90
Dicha resolución fue compilada en el Decreto 1080 de 2015 en el artículo 2.4.1.1.17., adicionado
por el artículo 14 del Decreto 2385 de 2019.
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intervenciones realizadas a los BIC del ámbito nacional, así como aquellas que se
pretendan realizar en sus zonas de influencia y/o inmuebles colindantes, con
independencia de si se requería o no de un PEMP, permiso que no puede
sustituirse por ninguna otra clase de autorización o licencia, de acuerdo con el
artículo 11 de la Ley 397 de 1997.
137. Indicó que, debido a que la estación férrea de Cisneros y su zona de influencia
fueron intervenidas sin su autorización, dicha circunstancia evidenciaba la
configuración de un hecho cumplido y, por consiguiente, una falta contra el
patrimonio, según el artículo 15 ibidem; sin embargo, dicha entidad no era la
entidad competente para ordenar su demolición, debido a que el encargado de
velar por su protección, mantenimiento y conservación era el propietario, poseedor
o tenedor, por lo que dicha actuación le correspondía asumirla al municipio o al
Invías.
138. En todo caso, advirtió que dicha respuesta también se remitiría a la oficina asesora
jurídica del Mincultura, “solicitando la apertura de un proceso para que dentro de
sus competencias adelante las acciones pertinentes”91.
Naturaleza jurídica e intervención de un bien de interés cultural de la Nación
139. De lo expuesto se desprende, entre otras cosas, que la estación del ferrocarril de
Cisneros, que fue declarada monumento nacional mediante Decreto 746 de
199692, es un bien de interés cultural del ámbito nacional -BICN-, así como
también que la plazoleta norte donde se levantó el local comercial de la señora
Ángela Patricia Ríos Alzate hace parte de su zona de influencia, por lo que
cualquier intervención -como la realizada en esa área- debía contar con la
autorización previa del Mincultura93.
140. A su vez, se demostró que dicha cartera ministerial no expidió ningún permiso de
intervención94, de hecho, todo indica que ni siquiera se realizaron los trámites
tendientes a su consecución, pues en todas las respuestas ofrecidas por el
municipio de Cisneros95 se manifiesta que, al tratarse de una estructura liviana no
se requería de licencia urbanística y que, en todo caso, la administración municipal
se encontraba facultada para autorizar ese tipo de obras, en virtud del convenio
interadministrativo suscrito en 2022 con el Invías, aunado a que la actividad
comercial que se desarrollaba en el local no reñía con el uso del suelo establecido
para esa zona en el EOT del municipio, de ahí que, como se sostuvo en el fallo
de primera instancia, los cambios realizados al espacio de la plazoleta norte sin
autorización del Mincultura constituyan una vulneración del derecho a la defensa
del patrimonio cultural de la Nación.
91
Archivo 016 del expediente digital.
92
Es decir, previo a la promulgación de la Ley 397 de 1997, pero al que le resultan aplicables sus
disposiciones, de conformidad con el literal b del artículo 4 ibidem.
93
Art. 11 de la Ley 397 de 1997 y artículo 2.3.1.3. del Decreto 1080 de 2015. En la última de las
disposiciones se indica que el Mincultura tiene a su cargo “Autorizar las intervenciones en BIC del
ámbito nacional, así como aquellas que se pretendan realizar en sus áreas de influencia y/o en
bienes colindantes con dichos bienes”.
94
Se recuerda que en Oficio 415-2022, la directora de Patrimonio y Cultura del Mincultura advirtió
que dicha cartera ministerial no ha expedido actos administrativos tendientes a autorizar
intervenciones tanto dentro como fuera de la estación.
95
Tenedor del BICN, en virtud del contrato de comodato 1636 de 2016, suscrito con el Invías.
30
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141. Como se anotó de manera precedente, la declaratoria de BICN implica que los
bienes que hacen parte de esa categoría son objeto de una política estatal de
conservación, rehabilitación y divulgación, debido a que su valor histórico,
artístico, científico, estético o simbólico sirve de testimonio de la identidad cultural
de la Nación, razón por la cual su manejo por parte de las entidades que los tienen
a su cargo deben atender el marco de protección previsto en la Ley 397 de 1997
y sus decretos reglamentarios96, lo cual el municipio de Cisneros -en su condición
de comodatario de la estación férrea - no hizo, pues, pese a que tenía la obligación
de contar con la autorización del Mincultura para cualquier tipo de modificación
que se realizara en la plazoleta contigua a la estación97, omitió hacerlo,
permitiendo que la señora Ángela María Ríos Alzate ejecutara una obra e instalara
allí un establecimiento destinado para la venta de comida y licor.
142. Para la Sala, argumentos tales como que la administración municipal podía
disponer libremente de la plazoleta por tratarse de un área de espacio público o
que la actividad económica que se desarrollaba en ese lugar no generaba ninguna
afectación, sino que era una iniciativa de negocio que promovía el turismo, no
encuentran justificación.
143. En primer lugar, porque el visto bueno de cualquier otra autoridad -o, en este caso,
de la misma- no sustituye el permiso que debía expedir el Mincultura, máxime
cuando las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas e
inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación constituyen normas de
superior jerarquía98.
144. En segundo lugar, porque, si bien la plazoleta norte es un área de espacio público,
también es cierto que hace parte de la zona de influencia de la estación, por lo
que el Mincultura era el encargado de evaluar y definir el impacto que un local con
96
“Ahora bien, la interpretación sistemática de la Ley 397 de 1997 muestra que el hecho de que
un bien sea declarado de interés cultural y, por ello, sea destinatario de la misma normativa implica,
entre otros, los siguientes privilegios y restricciones, a saber: i) serán objeto de la política estatal
para la conservación, rehabilitación y divulgación del patrimonio cultural, con el fin de que sirva de
testimonio de la identidad cultural de la nación (artículo 5), ii) si además de ser declarado bien de
interés cultural es de propiedad de entidades públicas, será inembargable, imprescriptible e
inalienable (artículo 10), iii) estarán sometidos al plan especial de protección del Estado, para lo
cual se someterán a la intervención del Estado y se establecerán prohibiciones de demolición,
destrucción, parcelación y remoción sin autorización gubernamental, la cual abarca, incluso, a los
predios colindantes (artículo 11), iv) harán parte del registro de patrimonio cultural que deben llevar
las entidades territoriales y la nación (artículo 14), v) las actividades que integran el interés cultural,
tales como la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las
expresiones culturales, gozarán de estímulos y fomento del Estado (artículos 17 y 18), vi) gozarán
de un régimen especial aduanero para supresión de aranceles y exención de impuestos para
intercambios culturales (artículo 19) y, vii) para la difusión de las expresiones culturales de los
colombianos y para la promoción de las actividades artísticas y culturales, el Ministerio de la
Cultura tendrá espacios en la televisión y la radio nacionales (artículos 20 y 21). Finalmente, es
importante advertir que el incumplimiento por parte de los particulares y de los servidores públicos
de las obligaciones que impone esta ley, puede originar sanciones económicas, disciplinarias y
penales (artículo 15)”. Corte Constitucional, sentencia C-742 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
97
Según el parágrafo del artículo 2.3.1.1. del Decreto 1080 de 2015, “… respecto a los bienes de
interés cultural de naturaleza inmueble y mueble los propietarios, poseedores, usufructuarios,
tenedores y custodios, las personas naturales o jurídicas que posean bienes de interés cultural o
ejerzan su tenencia, además de las disposiciones generales referentes al patrimonio cultural
deberán cumplir las siguientes obligaciones: (…). 4. Solicitar la autorización de intervención ante
la autoridad competente que haya efectuado la declaratoria”.
98
Art. 11 de la Ley 397 de 1997 y artículo 2.7.2.5 del Decreto 1080 de 2015.
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las características del que se instaló generaba sobre el BICN99, no el alcalde de
Cisneros o el secretario de planeación del municipio.
145. En tercer lugar, porque validar una tesis como la propuesta por la administración
municipal implicaría aceptar que la defensa del patrimonio cultural de la Nación
debe ceder ante el interés de una particular, cuando lo cierto es que su debida
conservación es lo que permite que a futuro sirva de testimonio de la identidad
cultural de la Nación y, con ello, que se mantenga el turismo.
146. Por otro lado, en lo que atañe a la afirmación de la alcaldía relacionada con que
el Tribunal Administrativo de Antioquia se equivocó al concluir que el municipio de
Cisneros no tramitó el permiso de intervención ante el Mincultura, por cuanto sí lo
hizo, cuando envió los soportes del convenio interadministrativo 1417 de 2022,
suscrito con el Invías, se debe señalar que, además de la contradicción que se
evidencia con los demás argumentos de la apelación, tendientes a explicar las
razones por las cuales no tenía que cumplir con ese deber en su condición de
comodatario de la estación, dicha aseveración parte de un supuesto de hecho
equivocado, porque el objeto de tal convenio, según lo informado por la propia
entidad, es la protección, conservación, embellecimiento y custodia del corredor
férreo ubicado entre el K435+345 al K436+665, el cual forma parte de la
infraestructura vial y de transporte de la Nación, no el inmueble de la estación del
ferrocarril de Cisneros, cuya condición, se insiste, es la de BICN, sujeto a un
régimen de especial protección.
147. En cuanto a los cargos formulados por la señora Ángela María Ríos Alzate,
relacionados con que su establecimiento no afecta ningún derecho colectivo y que
cuenta con las condiciones para estar allí, por tratarse de una estructura de fácil
remoción, la Sala se remite a las anteriores consideraciones para indicar que la
vulneración del derecho a la defensa del patrimonio cultural de la Nación sí se
encuentra demostrada, porque para cualquier acto de modificación que se hiciera
en la plazoleta norte de la estación, como la instalación de su local, se requería
de la autorización del Mincultura, por tratarse de un BICN, lo cual no se hizo.
148. Respecto a la manifestación realizada en el sentido de que no se presentó queja
alguna por parte de la comunidad, lo que evidenciaba que la acción popular se
promovió por las disputas políticas que había entre el personero y el alcalde de
Cisneros, cabe aclarar que dichas circunstancias no se acreditaron en el proceso,
de ahí que el cargo tampoco tenga vocación de prosperidad.
La acción vulnerante no se deriva del indebido uso del suelo
149. En la sentencia de primera instancia se indicó que, aunque la instalación del local
comercial de la señora Ángela María Ríos Alzate en la plazoleta norte de la
estación férrea no requería de licencia de construcción, debido a que la
intervención realizada en la zona de influencia del BICN no contó con la
autorización del Mincultura, se configuraba una trasgresión del derecho colectivo
a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y, su vez, del derecho colectivo
a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
99
Artículos 2.4.1.4.3. y 2.4.1.4.4. del Decreto 1080 de 2015.
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150. La Sala revocará la decisión de primer grado relacionada con la protección del
último de los derechos colectivos mencionados, por cuanto la justificación que
soporta su amparo no se relaciona con aquel, sino únicamente con la defensa del
patrimonio cultural de la Nación, tan es así que en la parte motiva de la providencia
se enfatiza en que no se requería de la expedición de una licencia de construcción,
sin que ello fuera objeto de objeción por los sujetos procesales; además, de los
hechos relatados de manera precedente no se desprende que la actividad que se
desarrolla en el referido establecimiento atente contra las normas sobre uso del
suelo del municipio, pues la estación del ferrocarril de Cisneros se encuentra
ubicada en la zona 3100, donde el uso del suelo es comercial, de conformidad con
el EOT de Cisneros101.
151. A modo de precisión, no se demostró que el montaje de un módulo en la zona de
influencia de un BICN, levantado sobre una estructura metálica, en el que se
venden comidas y bebidas alcohólicas, sin la autorización del Mincultura no
comporta un ataque directo contra el núcleo del derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, pero sí una violación
al régimen de protección de los BICN y, por consiguiente, una trasgresión al
derecho a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
Ausencia de prueba del elemento subjetivo, requisito indispensable para
que se predique la lesión del derecho colectivo a la moralidad administrativa
152. En la sentencia del 24 de junio de 2025 se advirtió que la edificación de un
establecimiento comercial de dos pisos en la zona de influencia de la estación
férrea de Cisneros permitida por el municipio de Cisneros, sin contar con la
autorización del Mincultura, evidenciaba una trasgresión del derecho colectivo a
la moralidad administrativa, porque la administración municipal, en lugar de
proteger el BICN, optó por satisfacer el interés particular y privado de la señora
Ángela María Ríos Alzate, al avalar y defender la construcción de un negocio que
ni siquiera está acorde con los fines culturales y de conservación.
153. El municipio manifestó que su intención no era otra, sino cuidar y promover el
turismo de un referente histórico de la región, prueba de ello era la ejecución del
proyecto denominado parque lineal ferroviario de Cisneros, así como también
refirió que para esos fines suscribió un convenio administrativo con el Invías para
proteger y conservar el corredor férreo. Argumento que fue acompañado por la
señora Ríos Alzate en su escrito de apelación.
100
Según el parágrafo 3 del artículo 97 del Acuerdo Municipal 16 del 14 de septiembre de 2019,
“por medio del cual se realizó la revisión, ajuste y actualización del esquema de ordenamiento
territorial del municipio de Cisneros”, la zona 3: “Está localizada en la parte central del núcleo
urbano, limitada al norte por el perímetro urbano, al sur por el eje del Río Nus, al oriente por la
quebrada el Zarzal, y al occidente por la quebrada el Caney. Es la zona de mayor extensión,
caracterizada por su alta densidad de viviendas, una malla urbana bien conformada, la presencia
de edificaciones principalmente de uno, dos, tres y hasta cuatro niveles, paso obligado de los
vehículos que se dirigen hacia ciudades capitales como Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta,
Barrancabermeja y la costa atlántica, es la zona donde se concentra el comercio, las instituciones
educativas, las empresas de tipo oficial y privado y de espacio público. Esta zona está conformada
por los sectores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9”.
101
Al que pertenecen todas las áreas o zonas con tendencia a una deseable mezcla de usos
urbanos en variados grados de intensidad especialmente el comercial. Son zonas múltiples o
comerciales las áreas o corredores viales que, con las características mencionadas en el párrafo
anterior, se definen como tal en el Plano de Usos del Suelo Urbano. Artículo 99 ibidem.
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154. Como se advirtió, esta Corporación en sentencia de unificación del 1° de
diciembre de 2015 fijó los parámetros para diferenciar la trasgresión del derecho
a la moralidad administrativa de la simple violación del principio de legalidad, al
establecer que éste constituye uno de los elementos que se requieren para tener
por configurado aquel, debido a que es necesario analizar la conducta del
funcionario para establecer si incurrió en comportamientos corruptos,
deshonestos que se alejen de la recta administración de lo público.
155. Bajo ese contexto, la Sala observa que, más allá de lo que pudiera concluirse
respecto del elemento objetivo, en este caso no se encuentra acreditado el
elemento subjetivo. Aunque el municipio consintió la instalación del referido
establecimiento sin la autorización del Mincultura, esa situación revela el
desconocimiento por parte de las autoridades municipales de las normas que
protegen el patrimonio cultural de la Nación, pero resulta insuficiente para
acreditar, por sí solo, que la finalidad perseguida por sus funcionarios fue
favorecer exclusivamente los intereses de particulares, de hecho, en las
respuestas ofrecidas a las distintas entidades se insistió en que el propósito de la
administración municipal era fomentar el turismo y, aunque ello ocurrió bajo una
interpretación errada de las facultades que tenía como comodatario de un BICN,
al permitir la instalación y operación del tantas veces mencionado local comercial,
de esa circunstancia no se deriva que la intención de éstos fue abiertamente
contraria al mejoramiento del servicio.
156. Lo expuesto con antelación, en modo alguno, significa que se justifique la
actuación del municipio de Cisneros, sino que no se reúnen los requisitos para
entender vulnerado el derecho colectivo a la moralidad administrativa, por la no
configuración del requisito relacionado con el aspecto subjetivo, de ahí que se
revoque la decisión que dispuso amparar el referido derecho colectivo.
Órdenes tendientes a proteger el derecho colectivo a la defensa del
patrimonio cultural de la Nación
157. Dado que en el presente asunto se encuentra acreditada únicamente la
vulneración del referido derecho colectivo, se procederá a revisar las órdenes
contenidas en la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y a resolver
los demás cargos de la apelación:
158. - La Sala confirmará la orden de demolición y/o desmonte del local donde funciona
actualmente el establecimiento denominado wings bar, ubicado en la plazoleta
norte de la estación del ferrocarril de Cisneros, cuya propietaria es la señora
Ángela María Ríos Alzate o la persona que haga sus veces.
159. A pesar de que la referida persona solicitó otorgar un plazo para que el municipio
tramite el permiso de intervención de esa área ante el Mincultura, lo cierto es que
mantener el referido local implicaría permitir que la afectación del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación no cese, lo cual no se
acompasa con la finalidad de la acción popular prevista en el artículo 2 de la Ley
478 de 1998, ni las medidas que el juez constitucional debe adoptar con el fin de
que el daño se detenga y se restablezcan las cosas al estado anterior, lo que en
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Artes y los Saberes y otros
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colectivos
este caso es posible con la orden emitida por el fallador de instancia, tendiente a
recuperar el área que se utilizó para la construcción del referido local102.
160. En cuanto al plazo otorgado para cumplir lo anterior, la Sala estima que dos meses
es muy corto en comparación con el otorgado al municipio, en caso de que la
particular no acate la orden, máxime si se tiene en cuenta que la demolición, entre
otras cosas, implica trasladar los bienes del establecimiento, contratar personal
para remover la estructura y demás gastos, de ahí que el término se modifique a
seis meses.
161. La Sala estima importante señalar que, si bien en el fallo de primera instancia se
ordenó a las entidades accionadas y a los particulares eventualmente vinculados
abstenerse de adelantar acciones judiciales o administrativas tendientes a obtener
alguna indemnización con ocasión de la demolición de las obras civiles, dicha
determinación se revocará, por improcedente, en la parte resolutiva de esta
sentencia, toda vez que al juez del medio de control de la referencia no le
corresponde adoptar alguna decisión en ese sentido, dado que se trata de un
aspecto ajeno a la controversia, en la medida en que versa sobre la eventual
disputa de derechos subjetivos y porque dicha determinación implica denegar el
acceso a la administración de justicia.
162. - Por las mismas razones, se confirmará el mandato impuesto al municipio de
Cisneros en el ordinal tercero. En caso de que la particular demandada no ejecute
la orden de demolición y/o desmonte en el plazo fijado, la referida entidad deberá
proceder de conformidad. Esto, por cuanto es la entidad responsable, junto con la
señora Ríos Alzate, de la trasgresión del derecho colectivo objeto de amparo, al
permitir la ejecución de la obra, bajo una interpretación equivocada de sus
competencias en materia de ordenamiento territorial.
163. - En cuanto a lo establecido en el ordinal cuarto, relacionado con iniciar
investigaciones contra los servidores del municipio de Cisneros o remitir el estado
de tales actuaciones, en el evento que se hubieren adelantado, por permitir la
instalación del establecimiento del comercio, el Mincultura aseguró que se
contravenía el principio de congruencia de la sentencia, porque el actor popular
no elevó ninguna pretensión en ese sentido, de ahí que se trate de una orden
producto de hechos que no fueron objeto de debate.
164. De la lectura de las pretensiones formuladas por el actor popular se advierte que
la identificada en el ordinal cuarto contiene una petición expresa dirigida a que en
la sentencia se les ordene al Mincultura y al Invias abrir investigaciones contra el
municipio de Cisneros, “tendientes a sancionar conductas irregulares por permitir
la instalación del establecimiento de comercio con el que vulneraron los derechos
colectivos”, de ahí que no haya lugar a ahondar en razones para concluir que no
existe incongruencia entre lo pedido y lo decidido por el fallador. Por esta razón,
el cargo propuesto por el Mincultura no está llamado a prosperar.
102
“Artículo 2º.- Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de los
derechos e intereses colectivos.
Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible”.
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colectivos
165. Pese a lo anterior, la Sala, en aras de evitar interferir en las competencias
asignadas al Mincultura y al Invías en materia de protección de BICN, como
integrantes del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación 103,
modificará la disposición emitida en el sentido de que dichas entidades, en lugar
de iniciar investigaciones contra la mencionada entidad territorial, adelanten
indagaciones y determinen si hay lugar a su apertura. Si hay procesos
sancionatorios en curso, que se remitan las actuaciones correspondientes al
comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, el cual fue conformado
por el Tribunal a quo. El plazo otorgado para ello fue de un mes, el cual se
modificará a dos meses, por estimar que ese es el término prudencial.
166. - En cuanto a la orden del ordinal quinto, referida a que el Mincultura elabore un
estudio para determinar si es necesario implementar un plan especial de manejo
y protección -PEMP- en la estación del ferrocarril de Cisneros, la cartera
ministerial manifestó su oposición con el argumento de que dicho plan se realiza
cuando se cumplen los requisitos establecidos en el Decreto 1080 de 2015104, los
cuales no se demostraron en el presente asunto. Afirmó que, si la entidad no ha
estimado necesario someter la estación del ferrocarril de Cisneros a un plan
especial y el Invías o el municipio de Cisneros tampoco han manifestado esa
necesidad, el juez no puede hacerlo. Por último, solicitó que, en caso de que se
confirme la decisión del a quo, se amplíen los términos dispuestos, debido a la
cantidad de estudios y actuaciones que deben desarrollarse, así como el plazo
para su implementación.
167. La Sala denegará el cargo propuesto por la recurrente. Preliminarmente, se
precisa que el Tribunal Administrativo de Antioquia no le ordenó al Mincultura
adoptar un PEMP para la estación del ferrocarril de Cisneros, como parece
sugerirlo su apoderado, lo que se dispuso fue que la entidad analizara si se
requería hacerlo. Esto, ante lo ocurrido en la plazoleta norte de la estación férrea
de Cisneros, lo cual, bueno sea señalar, en nada obstaculiza el ejercicio de las
competencias del ministerio en materia de BIC de los ámbitos nacional y
territorial105.
168. Adicionalmente, se advierte que la necesidad de implementar o no un plan de
tales características no depende de la opinión personal del apoderado de la
entidad, quien asegura que no se cumplen los requisitos establecidos en el
Decreto 1080 de 2015, pues precisamente para ello es que se ordena la
elaboración de un estudio que establezca si existe la necesidad, el cual deberá
ser realizado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural como órgano
encargado de asesorar al gobierno nacional en cuanto a la salvaguardia,
protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación106.
169. En cuanto al plazo otorgado, la Sala estima que el término de 15 días es
insuficiente para realizar el estudio tendiente a definir si se requiere implementar
un PEMP en la estación férrea, por lo que se modificará a 2 meses, contados a
103
Artículo 5 Ley 397 de 1997 y artículos 2.3.1.1. y s.s. del Decreto 1080 de 2015.
104
Al respecto, ver el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 y los artículos 2.4.1.1.1. y s.s. del Decreto
1080 de 2015.
105
Artículo 11 de la Ley 397 de 1997 y artículo 2.3.1.3. del Decreto 1080 de 2015.
106
Artículos 2.3.1.3., 2.3.2.1. y 2.3.2.3. del Decreto 1080 de 2015.
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colectivos
partir de la ejecutoria de esta providencia. En caso de que se considere necesaria
su formulación, proceder con su elaboración dentro de los 6 meses siguientes.
Comité de verificación
170. En la sentencia de primera instancia se ordenó la conformación de un comité de
seguimiento para la verificación del cumplimiento de la sentencia integrado por
“el demandante – Alirio Alonso Mira -, la Personería Municipal de Cisneros, el
INVÍAS, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y el Ministerio Público,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998”.
171. El Mincultura solicitó su desvinculación o que se module su intervención en el
sentido de que sus actuaciones se limiten al ejercicio de sus competencias.
172. La Sala negará la primera petición, por cuanto dicha entidad es una de las que
tiene a su cargo la realización de actuaciones tendientes a procurar la cesación
de la vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la
Nación, en la medida en que debe definir e implementar, en caso de que sea
necesario, un PEMP para la estación del ferrocarril de Cisneros, así como también
adelantar las respectivas indagaciones107 para prevenir que actuaciones como las
desplegadas por el municipio de Cisneros o particulares vuelvan a presentarse.
En todo caso, se aclara que la intervención del Mincultura se hará dentro del
marco de sus competencias frente a los BICN, de conformidad con la Ley 397 de
1997 y el Decreto 1080 de 2015, único reglamentario del sector cultura.
173. Ahora bien, dado que el señor Alirio Alonso Mira aparece como integrante del
comité de verificación, la Sala debe señalar que en este proceso dicha persona
no fue tenida como demandante108 ni como coadyuvante109, dado que en el auto
que dispuso la admisión del escrito inicial se tuvo como demandante únicamente
a la personería de Cisneros. En ese sentido, toda vez que no existe razón para
mantenerlo, se dispondrá su exclusión.
Costas
174. De conformidad con lo establecido en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 110 y
365 del CGP y la postura unificada del Consejo de Estado respecto la imposición
107
Según el inciso primero del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, “la sentencia que acoja las
pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no
hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización
de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o
del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá
de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del
incentivo para el actor popular”.
108
Al respecto, ver el pie de pág. 7 de esta providencia.
109
No hubo ninguna solicitud ni algún pronunciamiento del Tribunal al respecto.
110
“ARTÍCULO 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las
costas. Sólo podrá condenar el demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos
ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de
mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios
mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”.
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Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
de costas en acciones populares111, en principio, dicha condena procedería en
favor de la entidad accionante; sin embargo, en el presente asunto la demanda
prosperó parcialmente, pues, al margen de que no se acogieron en su integridad
los argumentos de los recursos de apelación propuestos, lo cierto es que se
revocó el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de ahí que no se confirme en todos sus apartes la
sentencia apelada, razón por la cual la Sala se abstendrá de condenar en costas
a la parte vencida en esta instancia112.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de junio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR la vulneración del derecho colectivo a la defensa del
patrimonio cultural de la Nación, establecido en el literal f del artículo 4 de la
Ley 472 de 1998, vulnerado por la señora Ángela María Ríos Alzate y el
Municipio de Cisneros – Antioquia.
SEGUNDO: ORDENAR a la señora Ángela María Ríos Alzate o al que haga
sus veces como propietario del establecimiento wings bar, el desmonte total
del local comercial ubicado en la plazoleta norte de la estación del ferrocarril
de Cisneros y deje el espacio en las mismas condiciones en las cuales se
encontraba antes de la misma. Lo anterior, dentro de los seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Municipio de Cisneros – Antioquia que, en caso
de que la señora Ángela María Ríos Alzate o el que haga sus veces como
propietario del establecimiento wings bar no realicen la demolición de la
construcción, lleve a cabo el desmonte total de esa infraestructura dentro de
los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo otorgado a la señora
Ríos Alzate, dejando el lugar en las mismas condiciones en que se encontraba
antes de la instalación de la misma. Los gastos en que incurra el municipio
para el desmonte de la estructura serán cobrados a la señora Ángela María
Ríos Alzate, por haber sido ella la beneficiada económicamente.
Se le advierte a la autoridad municipal que no puede otorgar libremente
permisos de ocupación para actividades comerciales en los Bienes de Interés
Cultural Nacional o en la zona de influencia de los mismos, ubicados en el
municipio de Cisneros, sin cumplir con los requisitos de Ley, especialmente la
autorización del Ministerio de Cultura, de acuerdo con el análisis efectuado en
la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Cultura las Artes y Saberes y al
Instituto de Vías – INVÍAS-, para que, conforme a sus competencias, dentro
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, adelanten
indagaciones y determinen si hay lugar a la apertura de investigaciones contra
111
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del
6 de agosto de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-
01.
112
Así lo dispuso esta Sala de Subsección en sentencias del 11 de mayo de 2022, exps. 65016 y
67216, así como también en las sentencias del 6 de julio de 2022, exp. 66741 y del 28 de junio de
2024, exp. 68447.
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Radicación: 050012333000202301049 01 (71.585)
Demandante: Personería municipal de Cisneros
Demandado: Nación – Ministerio de las Culturas, las
Artes y los Saberes y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses
colectivos
los funcionarios del municipio de Cisneros por la instalación del
establecimiento de comercio con el que se vulneró el derecho colectivo a la
defensa del patrimonio cultural de la Nación. Si hay procesos sancionatorios
en curso, que dentro del mismo término se remitan las actuaciones
correspondientes al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia.
QUINTO: ORDENAR al Ministerio de Cultura las Artes y Saberes, a través
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, la realización de un estudio
tendiente a definir si es necesario implementar un Plan Especial de Manejo y
Protección de la Estación Férrea Cisneros, como Bien de Interés Cultural de
Carácter Nacional -BICN-. El plazo otorgado es de dos (2) meses, contados
desde la ejecutoria de esta sentencia. En el caso de considerarlo procedente,
aprobar e implementar dicho plan dentro de los seis (6) meses siguientes.
SEXTO: ORDENAR la conformación de un comité de seguimiento para la
verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por la
Personería Municipal de Cisneros, el INVÍAS, el Ministerio de Cultura, las
Artes y los Saberes y el Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento a lo
ordenado en el fallo e informarán sobre las acciones que se adopten y
ejecuten, de conformidad con sus competencias.
SÉPTIMO: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.
OCTAVO: De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, una vez
ejecutoriada la presente providencia, REMITIR copia de la misma a la
Defensoría del Pueblo”.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento
en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha.
VF
39
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