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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2025-00041-01

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2025-00041-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR los numerales 2.1., 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así: 2.1. Al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MUNICIPIO DE CALARCÁ, UNGRD e INVIAS, de manera conjunta en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política de 1991, adopten las medidas administrativas y presupuestales a que haya lugar para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, elaboren un plan de contingencia (i) para mitigar los riesgos que actualmente representa para los residentes de las Veredas El Calabazo, La Rochela y Quebrada negra del municipio de Calarcá el tránsito por el puente de madera; y 109 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, exp. 67084, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. 110 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala de Decisión Especial núm. 27. Sentencia del 6 de agosto de 2019. Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. 111 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 16 de junio de 2025. Rad. 05001-2333-000-2023-01049 01 (71585). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. 37 Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475) Demandante: Juan David Caicedo Guaca Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos (ii) que contemple la habilitación de un paso por la quebrada denomina La Sonadora con una infraestructura que garantice el tránsito seguro por la zona donde estaba instalado el puente que colapso u otra que lo permita. Parágrafo 1: El referido plan de contingencia deberá tener un cronograma claro y razonable de implementación y contar con un espacio de diálogo con la participación de la comunidad, al menos el accionante y/o el presidente de la junta de acción […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 63001-23-33-000-2025-00041-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN ACCIONES POPULARES –
Depende del ámbito de funciones y competencias asignadas a la entidad pública //
CONSERVACIÓN DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS – Recae en el organismo
territorial responsable de ellas, sin perjuicio de que deban concurrir otras entidades en
desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad // ÓRDENES
PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS – Deben ser idóneas,
conducentes y pertinentes // HECHO SUPERADO – Debe demostrarse en el proceso y
comprender la totalidad de los mandatos emitidos para la protección de los derechos.

1. La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el municipio de
Calarcá, el departamento del Quindío y la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres en contra de la sentencia del 4 de septiembre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión,
que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El demandante pretendió la protección de la moralidad administrativa y la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, que estimó
conculcadas por las autoridades convocadas porque no han adelantado las
gestiones para la reconstrucción del puente La Sonadora y el mantenimiento de
la vía que comunica las veredas El Calabazo, La Rochela y Quebrada Negra con
la cabecera municipal de Calarcá - Quindío, exponiendo a sus habitantes a los
riesgos propios de transitar por una estructura artesanal.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 14 de mayo de 2025, el señor Juan David Caicedo Guaca1 presentó demanda2
para la protección de los derechos e intereses colectivos de (i) la moralidad
administrativa y (ii) la seguridad y prevención de desastres previsibles

1 En adelante, el demandante, el actor o el accionante.
2 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 003, certificado E92FEA537935A207 7B63BFD9BE555FF6

E6304B227B003DE7 311FBA49CE8665FE.

1

Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

técnicamente, en contra del Instituto Nacional de Vías3, la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres4, el Departamento del Quindío5 y el Municipio
de Calarcá6.

4. Solicitó que se ordenara la reconstrucción del puente La Sonadora y el
mantenimiento de la vía que comunica las veredas El Calabazo, La Rochela y
Quebrada Negra con la cabecera de Calarcá, dentro del término de sesenta (60)
días. También deprecó que se adopten las medidas necesarias para proteger
las garantías que aparezcan vulneradas, conformar un comité de verificación y
aplicar la máxima “iura novit curia”.

5. Como sustrato fáctico manifestó que (i) el viaducto antes mencionado colapsó
el 23 de noviembre de 2023, dejando incomunicadas a las veredas -conformadas
por aproximadamente 1300 personas-, como consecuencia de fallas
estructurales y ausencia de mantenimiento, lo que afectó la comercialización de
cultivos y el desplazamiento requerido para el disfrute de derechos como el
trabajo, la educación y la atención de desastres; (ii) el Invías y la UNGRD fueron
informados de la situación, resultado de lo cual se instalaron mesas de trabajo,
que no alcanzaron efectos concretos; (iii) la reparación de la vía es
responsabilidad del Municipio, por ser terciaria, entidad que se excusó en la
ausencia de recursos económicos; (iv) la comunidad construyó un puente en
madera que se utiliza para atravesar la quebrada, aunque algunos vehículos
prefieren hacerlo directamente sobre la fuente hídrica; y (v) la situación material
ha perdurado en el tiempo, lo que se traduce en la violación de los derechos a
la prevención de desastres, libre movilidad y transporte terrestres, y moralidad
administrativa.

Contestaciones de la demanda

6. Tras la admisión del escrito introductorio7 y la notificación a los convocados8, se
radicaron estas respuestas:

7. Calarcá9 sostuvo que ha mostrado interés y realizado gestiones dentro de sus
limitadas capacidades, como se comprueba de su participación en las reuniones
comunitarias. Aclaró que, por la magnitud de las obras reclamadas, carece de
los recursos necesarios, por lo que solicita la concurrencia y cooperación de los
niveles superiores del Gobierno, más aún porque el Departamento es el

3 En lo sucesivo, Invías.
4 En avante, UNGRD.
5 En lo próximo, el Departamento o Quindío.
6 En lo subsiguiente, el Municipio o Calarcá.
7 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 008, certificado 2F24A633167F0294 BEB8FC7C9D232F6A

3E356640674AB4FE 157EF55232C3CC38.
8 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 014, certificados DC278EAE39CCE513
3ED422EF4723865A 5A0A42CB3D9CFA1E 36D81A2B9C3BAEF9 y 8D63DB16BE15FD3F
D1771E67FCB0AB2A 1C505269B40313D3 2858543A2E424860.
9 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 19, certificado A19C26A5F4F519E4 6C770B7D38FF528A

8AE5CD642226F221 8DC9E5A0B0533B18.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

administrador de la vía. Asintió en que el viaducto provisional en madera
representa un riesgo latente y pone en peligro la vida de quienes lo utilizan.

8. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones en su contra, por existir una
responsabilidad compartida con otras entidades territoriales -de nivel superior-.
Además, rechazó que en el término de sesenta (60) días pudiera adelantarse la
construcción pretendida, la cual requiere de gestión predial, obtención de
permisos, contratación pública y ejecución de diversas actividades. Por estas
razones, formuló las excepciones que intituló “falta de legitimación en la causa
por pasiva individual del municipio de Calarcá frente a la solución definitiva de la
problemática” e “imposibilidad material y jurídica de cumplimiento de las
pretensiones principales”.

9. Invías10 solicitó la desestimación de las pretensiones por “falta de legitimación
en la causa por pasiva”, “inexistencia de responsabilidad… por las acciones u
omisiones que amenazan o vulneran los derechos e intereses colectivos” y la
“excepción genérica”.

10. Argumentó que la infraestructura destruida está localizada en la vía que conduce
de La Rochela a Quebrada Negra e integra el corredor “Calarcá (sector Puerto
Rico) - Córdoba - Pijao - Génova”, a cargo del Departamento según la
Resolución n.° 5950 de 2015; luego, por no encontrarse el bien a su cargo, debe
rechazarse su vinculación. Desechó la aplicación de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, por tratarse de un asunto del
resorte exclusivo del Quindío, so pena de socavar las máximas de legalidad,
planeación presupuestal, economía y selección objetiva.

11. Recordó las comunicaciones 2025S-VQUI-003315, 2025S-VQUI-003318 y
2025155000800-2025, en las que se aceptó que la vía pertenece al Quindío,
quien contrató una consultoría para evaluar la situación y ha intervenido en la
instalación de una estructura modular semipermanente con el apoyo del Ejército
Nacional.

12. La entidad departamental11 asintió en que la caída del puente incomunicó a los
residentes de las veredas y que el artesanal realizado por los habitantes
constituye un peligro inminente; sin embargo, alegó que no cuenta con los
recursos económicos para la renovación de la estructura vial.

13. Pidió denegar las pretensiones en su contra por ausencia de nexo causal, en
tanto el mantenimiento reclamado es responsabilidad del Municipio. Rechazó la
configuración de un desastre técnicamente previsible porque únicamente existe
una incomodidad o dificultad de tránsito. Aseguró que no se afectó la moralidad

10 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 25, certificado 7BBDD01D35525DE6
E975546E37FCA959 BA461B2FBF5C0FB2 396DCCAF589409FA.
11 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 26, certificado 1418D9E73851EBE4 B51A841C6031EA3D

822F195D983C7AEF AB384753FF2E11A9.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

administrativa pues no actuó con deshonestidad, deslealtad o desviación de
poder. Por último, puso de presente que se hicieron gestiones para instalar un
puente metálico, lo que desvirtúa la conculcación de los derechos denunciados.
Subsidiariamente, en caso de que se emita condena, deprecó que se hiciera en
concurrencia con el Invías y Calarcá, en garantía de la sostenibilidad fiscal,
equidad, razonabilidad y optimización de recursos.

14. La UNGRD12 se opuso a las súplicas de la demanda con base en las defensas
que denominó “inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte de
la Unidad”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “ausencia de
responsabilidad respecto de la Unidad… en la vulneración de los derechos
colectivos invocados como violados”. También pidió vincular a la Agencia
Nacional de Infraestructura y al Ministerio del Transporte.

15. En síntesis, argumentó: (i) no es superior jerárquico de los municipios y/o
departamentos; (ii) estas entidades tienen competencia para realizar la gestión
del riesgo reclamado -conocimiento, reducción y manejo-, así como para verificar
las obras requeridas, efectuar los mantenimientos y atender la problemática; y
(iii) sólo tiene funciones de coordinación, ninguna de las cuales se extiende a la
infraestructura vial. Asimismo, invocó aspectos relativos a la erosión costera,
viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, seguridad del municipio Hato
Corozal y construcciones educativas, sin precisar su conexión con la presente
actuación.

Trámite relevante en primera instancia

16. Mediante auto del 17 de julio de 202513 el Tribunal negó la vinculación de las
entidades públicas solicitadas por la UNGRD, por no aparecer una acción u
omisión que comprometa la responsabilidad de las autoridades por ella
mencionadas. En este proveído convocó a audiencia especial de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida por la inexistencia de fórmulas de arreglo
y por la inasistencia del actor14.

17. Después de recolectadas las pruebas que fueron decretadas15 y otorgado el
término para alegar de conclusión16, las partes emitieron sus manifestaciones
finales17, en las que reiteraron sus argumentos, salvo el Departamento.

12 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 27, certificado AAEBEF13D992E534
500CE1A09080A0D4 54B1AE4DB0B7E72D 4050A9984BA506D9.
13 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 30, certificado DE5824DF7F422096
E7BF4CAC9EAEBB3C B97204C4E53096EB 6F9DD4529E0B7B2D.
14 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 57, certificado A155FBADCA7E6BB9
33CFD0BD6C2AF640 1BBE95AEED8411B6 5A69C129341ED029.
15 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índices 68, 69, 71 y 74.
16 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 76, certificado 3D2EB717B39E4FEF 6A40309E9D5D6479

3B7216BA33A0185D 51B132CDF2C9ACB5.
17 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índices 81 a 84.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

18. El Ministerio Público18 conceptuó que Calarcá faltó al deber de planeación, por
limitarse a realizar visitas técnicas y mesas de trabajo sin financiar o ejecutar los
diseños para la construcción del puente, lo que se traduce en una inactividad
arbitraria y desproporcionada, que pone en riesgo a la población que usa un
puente improvisado. Frente al Invías, consideró que faltó a su deber de brindar
apoyo técnico y ofrecer soluciones. Respecto a la UNGRD, también encontró
una actitud pasiva. Finalmente, en cuanto a Quindío, discurrió que, si bien
celebró un contrato de consultoría, aún falta su ejecución efectiva. Pidió proferir
órdenes para determinar sitios críticos, hacer drenajes y adoptar la decisión de
calamidad pública.

Sentencia de primera instancia

19. Mediante fallo19 del 4 de septiembre de 2025, el Tribunal resolvió (se transcribe
con sus eventuales errores):

PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva a favor del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD; y DENIEGUESE los demás
medios exceptivos propuestos, en atención a lo considerado en esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE CALARCÁ y el DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO, se encuentran vulnerando los derechos colectivos consagrados en
el artículo 4º literales g), l), y m) de la Ley 472 de 1998 a: (i) la seguridad y la
salubridad públicas; (ii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y (iii) la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; de la comunidad
residente de las veredas El Calabazo, La Rochela y Quebrada negra del municipio
de Calarcá Quindío; conforme a lo considerado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO20: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE: 2.1. Al
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MUNICIPIO DE CALARCÁ, UNGRD e INVIAS,
de manera conjunta en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política de 1991,
adopten las medidas administrativas y presupuestales a que haya lugar para que
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
elaboren un plan de contingencia que pretenda mitigar los riesgos que actualmente
representa para los residentes de las Veredas El Calabazo, La Rochela y Quebrada
negra del municipio de Calarcá el tránsito por el puente de madera y habilitar un
paso por la quebrada denomina La Sonadora con una infraestructura que garantice
el tránsito seguro por la zona donde estaba instalado el puente que colapso u otra
que lo permita…

2.2. Al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y al MUNICIPIO DE CALARCÁ, conforme
a su rango de acción territorial, adopte las gestiones técnicas, administrativas,
financieras, apropiación de recursos presupuestales, contratación y demás que se

18 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 80, certificado C2D78BD70BF08A84 FF65F4692AE7784A

0195F26A594ABBD1 241AEEEE17457E97.
19 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 86, certificado 540BBF5FAF8CD0F0
5CFC75D45CA26268 151EFFAB961ED575 5C78C0D3E84F12E0.
20 En verdad corresponde al resuelve tercero. La numeración subsiguiente pertenece a este resuelve.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

requieran para dar solución definitiva a la problemática objeto de la presente acción
popular, y de manera particular la ejecución de las siguientes actividades:

2.2.1. Construcción del Puente La Sonadora con una infraestructura que cumpla con
la Norma Colombiana de Diseño de Puentes vigente y las demás normas técnicas
que garanticen el tránsito seguro para los residentes de las Veredas El Calabazo,
La Rochela y Quebrada negra con la cabecera urbana del municipio de Calarcá
Quindío. Para lo cual, tendrá el término de DOCE (12) MESES contados a partir de
la ejecutoria de esta providencia.

2.2.2. Las obras civiles necesarias y demás indispensables que arrojen los estudios
de estabilización y rehabilitación de la vía de segundo orden “CALARCA (SECTOR
PUERTO RICO) - CORDOBA - PIJAO – GENOVA”, identificada con el código
40QN09, a cargo del Departamento del Quindío. Para lo cual, tendrá el término de
DOCE (12) MESES contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

2.2.3. Las obras civiles necesarias y demás indispensables que arrojen los estudios
de estabilización y rehabilitación de los puntos críticos de la vía alterna de tercer
orden, a cargo del Municipio de Calarcá Quindío. Además de las actividades de
mantenimiento y mejoramiento, entre ellas, rocería y limpieza a lo ancho de la vía,
limpieza manual de obras existentes, instalación de señalización e información
preventiva a lo largo de la vía. Para lo cual, tendrá el término de DOCE (12) MESES
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

2.2.4. Así mismo, se incluya en los programas de obras públicas y en el presupuesto
anual de gastos de cada vigencia fiscal los recursos necesarios que permitan
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a ambas vías y al puente. Para lo
cual, tendrá el término de SEIS (6) MESES contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia.

2.2.5. Ejercer vigilancia permanente sobre cualquier situación de riesgo que pueda
presentarse en la vía que comunica las veredas El Calabazo, La Rochela y
Quebradanegra del municipio de Calarcá; para lo cual, deberán presentar un plan
de acción…

2.2.6. Elaborar o actualizar los estudios técnicos de análisis de riesgos para la
localización de asentamientos humanos dentro de sus territorios, que contengan: la
amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo (alto, medio, bajo) mitigable o no mitigable.
Para lo cual, tendrá el término de SEIS (6) MESES contados a partir de la ejecutoria
de esta providencia…

2.3. La UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –
UNGRD y al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, que brinden la asesoría y
asistencia técnica, operativa y financiera a las entidades accionadas para la
elaboración de los planes y programas, así como, para determinar las fuentes de
financiación.

TERCERO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN…

CUARTO: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por
secretaría REMÍTANSE las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: En firme este fallo y verificado su cumplimiento, CANCÉLESE su
radicación, previa anotación en el Sistema Informático SAMAI.

20. Para soportar estas determinaciones se hicieron los razonamientos que admiten
este compendio:

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

(i) El Departamento y el Municipio tienen competencias en materia de
infraestructura vial, gestión de riesgo de desastres, y planeación de
ordenamiento territorial, de acuerdo con las leyes 388 de 1997, 715 de 2001 y
1523 de 2012 y los decretos 2056 de 2003, 4147 de 2011, 2618 de 2013 y 1077
de 2015.

(ii) El corredor Puerto Rico – Rochela – Quebrada Negra, que hace parte de la
vía “Calarcá (sector Puerto Rico) - Córdoba - Pijao – Genova” con código
40QN09, se identificó como en mal estado debido a las crecientes súbitas de la
quebrada, que terminó con la inhabilitación del puente La Sonadora el 23 de
noviembre de 2023. A pesar de esto, las entidades territoriales omitieron realizar
labores de mantenimiento y reparación, o actividades preventivas para evitar
socavación o represamientos. Tampoco se hicieron las adecuaciones para
instalar la estructura metálica sustitutiva o viabilizar el tránsito por la ruta alterna
• vía por La Bella-.

(iii) Por estos hechos se afectó el derecho colectivo a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, en tanto no se han adoptado las acciones
necesarias para garantizar las condiciones mínimas de tránsito seguro en la vía
y, al contrario, se ha expuesto la vida y bienes de los transeúntes al utilizar un
puente artesanal.

(iv) Se vulneró el derecho colectivo a contar con construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia
a la calidad de vida de los habitantes, por la falta de una infraestructura que
respete las normas urbanísticas en materia de puentes.

(v) Se conculcó la seguridad y la salubridad de los habitantes, en conexión con
los derechos a la salud y educación, pues se les ha obligado a cruzar por la
quebrada o por estructuras inseguras, exponiendo su vida y salud, sumado al
mal estado de la vía principal y secundaria.

(vi) Denegó la vulneración a la moralidad administrativa, por no probarse el
elemento subjetivo.

(vii) Encontró falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la UNGRD y
al Invías, por no probarse que incurrieron en una omisión, ni que incumplieran
sus deberes de asistencia técnica. Sin embargo, con el fin de materializar la
política de sostenibilidad al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, determinó
emitir órdenes a cargos de estas entidades para que brinden asistencia en la
presentación de estos proyectos y en la definición de los planes de acción.

(viii) Se abstuvo de condenar en costas, por tratarse de un proceso en que se
ventila un interés público.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Recursos de apelación

21. Calarcá, Quindío y la UNGRD presentaron oportunamente21, en escritos
separados, impugnación contra el fallo de primera instancia, exponiendo los
siguientes disensos:

22. El Municipio22 pidió revocar parcialmente el fallo y, en su lugar, declarar la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto se refiere a
la obligación de realizar apropiaciones, y contratar y ejecutar la solución
estructural. En lo demás deprecó mantener su participación en el Comité de
Verificación. Subsidiariamente, solicitó ajustar los plazos del cronograma
técnico-jurídico.

23. Arguyó que se le impusieron cargas que son propias del titular del corredor -
entidad departamental-, por lo no puede financiar esta obra ni contratar su
realización, menos en un plazo de diez (10) días que desatiende los tiempos
para hacer microgestión y las modalidades de selección de los contratistas -al
no estar habilitada la contratación directa-. Asimismo, alegó una imposibilidad
material y jurídica para ejecutar la solución provisional en los tiempos indicados.
Remarcó que no existió abandono ni desidia municipal y, el hecho reprensible -
puente artesanal- no le es imputable.

24. El Departamento23 solicitó revocar o modificar las órdenes relativas al plan de
contingencia y a la realización de obras civiles, por cuanto el municipio debe
efectuar las obras que demande el progreso local, de allí que tenga una
competencia natural y primaria para la planeación, ejecución y priorización, por
la cercanía con la comunidad, sin que pueda ser sustituido por otra autoridad.
Agregó que el puente se ubicaba en una vía terciaria, la cual es responsabilidad
de Calarcá. Exigió respetar el principio de legalidad de gasto, que impide
construir una obra que no está dentro de su órbita funcional, convirtiéndolo en
un garante universal de las obras de infraestructura en la región.

25. Criticó que el veredicto falta a la claridad, por no precisar la proporción de
compromiso patrimonial que debían asumir las condenadas, lo que impide
apropiar los recursos requeridos, en desconocimiento de la sostenibilidad fiscal
y provocando controversias futuras, máxime porque ya destinó cuantiosos
recursos para la instalación de un puente metálico, lo que garantiza la seguridad
y movilidad de los habitantes, y brinda una solución a largo plazo, tanto así que
se están construyendo e instalando las bases. Aseveró que las nuevas órdenes
entorpecen el avance logrado y suponen una carga desproporcionada.

21 Los escritos se radicaron los días 10 y 11 de septiembre de 2025, mientras que la sentencia se notificó el día

5 de ese mes (SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 88).
22 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 89, certificado 1BCD830EA30CF590
DD6161FE42EF4D97 199A610593C5EC27 2F143337527D0077.
23 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 90, certificado 7FA93FCB76EC9C02
B351A6A50946D3C6 669DAF756B90229E 960435BE3856EDB1.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

26. La Unidad24 aceptó cumplir con la orden de brindar apoyo y orientación, pero
pidió ser excluida de la gestión de recursos en favor del municipio, en tanto
significa el traslado de una función operativa y de un deber local, en
contravención de sus funciones de coordinación y formulación de políticas
públicas. Más aún porque esa entidad no es superior jerárquico de las entidades
territoriales.

27. Censuró que no se indicara la acción u omisión que se le achaca en la
vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de riesgos
previsibles, lo que era indispensable por no tener competencia para efectuar
mantenimiento de vías o ejecutar obras de infraestructura, so pena de usurpar
funciones asignadas a otras autoridades -ver artículos 12 y 14 de la ley 1523 de
2012-.

28. Debido a la conformación de los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de
Desastres, que son cuentas especiales con autonomía técnica, financiera y
patrimonial, señaló que corresponde al Municipio y al Departamento la adopción
de las medidas de conocimiento y reducción de riesgo, y el manejo de desastres
-ver artículo 54 ibidem-, máxime porque su cuantía debe guardar coherencia con
los desastres que enfrentan.

29. Echó de menos la indicación de la norma que la obliga a conseguir recursos.
Además, de ser cierto que la situación superó las capacidades del Municipio,
arguyó que por el principio de subsidiariedad correspondía al Departamento
brindar su apoyo -ver artículo 60 ejusdem-.

30. Conforme a la ley 105 de 1993 estimó que la infraestructura del transporte está
a cargo de la Nación – Ministerio de Transporte y las entidades territoriales,
mientras que el Invías es asesor y debe prestar apoyo técnico, por lo que
debieron ser llamadas a acudir a la reparación y mantenimiento, en fundamento
de lo cual citó la sentencia del 31 de agosto de 2023 (rad. 2021-00320-01).

31. Frente a la declaratoria de calamidad pública sólo puede hacerla el Municipio o
el Departamento, con el fin de diseñar las líneas de recuperación y respuesta
para la emergencia, lo que no se ha realizado eficazmente.

32. Citó las sentencias del Consejo de Estado del 10 de diciembre de 2018 (rad.
2011-00424-03) y 2 de agosto de 2017 (rad. 2015-00052-01), para insistir en
que los alcaldes son los responsables del desarrollo y ejecución de la política
pública en materia de riesgos y desastres, siendo rol de la UNGRD únicamente
el de prestar apoyo técnico necesario.

24 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 91, certificado D9A182113FBE395F A4648C8D581A8F5D

3B736E76885B3AE3 1D7984153D58849F.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Trámite en segunda instancia

33. En providencia del 15 de diciembre de 202525, el sustanciador ad quem admitió
los recursos de apelación.

34. Dentro del término para pronunciarse intervino el Ministerio Público26, quien pidió
modificar el veredicto para no ordenar la construcción de obras civiles, sino
únicamente imponer la realización de gestiones administrativas, técnicas y
presupuestales para garantizar la movilidad segura y definitiva de las zonas
afectadas, bajo el liderazgo del comité de verificación, y excluir a la UNGRD del
deber de adoptar medidas económicas, en respeto de los límites de la
jurisdicción constitucional.

35. Soportó su conclusión en que: (i) si bien el corredor es una vía de segundo orden
y, por ende, responsabilidad del Departamento, no se puede acudir a un
rigorismo en las competencias para eximir de responsabilidad a las otras
convocadas, máxime ante la incapacidad técnica y financiera del ente territorial
para afrontar la emergencia, para lo cual invocó las sentencias C-123/14 de la
Corte Constitucional y del 25 de enero de 2017 exp. 42.610 de esta Corporación;
(ii) la imposición de obligaciones financieras es posible bajo la égida de la unidad
del Estado y la colaboración armónica; (iii) existe un incumplimiento de los
deberes de mantenimiento y gestión de riesgos, pues desde el año 2000 se
conocía la situación del puente; (iv) esta pasividad condujo a la vulneración de
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por el uso de
un puente improvisado y el deterioro marcado de la carretera, y a la moralidad
administrativa, por la falta de eficiencia y transparencia en la respuesta a las
necesidades sociales -ver sentencia del 6 de junio de 2012-; (v) se
desatendieron las normas técnicas en la recuperación de la bancada y la
estructura del puente, expresión de la precariedad de la movilidad rural y el
aislamiento de las veredas; (vi) hay nexo causal entre las conductas de las
accionadas y la vulneración de los derechos colectivos, que no se diluye por la
mera enunciación de los principios de complementariedad o solidaridad.

36. Mediante escrito del 27 de enero de 202627, la UNGRD reiteró sus argumentos
de la apelación e insistió en que se modifique la decisión para suprimir las
órdenes que son contrarias a las funciones que le fueron asignadas en el
Decreto 4147 de 2011.

25 SAMAI, Consejo de Estado, índice 4, certificado F975B9926E8F4F27 4A23707DBCB94D4A
EA05075F0EDB3F41 20C62C8B580A6748.
26 SAMAI, Consejo de Estado, índice 14, certificado FB359D5B037CF091 8BAFBB2525008D4F
D727C99E37032E9E 06035A2B4062BE9B.
27 SAMAI, Consejo de Estado, índice 18, Certificado 62EA6FC7BC07FDAF 54F3995F14A4C603

D5712C15993D8506 9FEB873DB762AAD5.

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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

CONSIDERACIONES

Objeto del presente pronunciamiento

37. La Subsección procede a resolver los recursos promovidos porque no advierte
la configuración de causales de nulidad dentro del proceso. Además, se cumplen
los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, y se satisfizo el
requisito de procedibilidad de reclamación previa a las accionadas28. La
legitimación en la causa del Departamento no fue cuestionada en el recurso de
apelación, como tampoco la conclusión según la cual este presupuesto procesal
no se satisface respecto de la UNGRD y del Invías. En cuanto al Municipio, su
legitimación será examinada en esta providencia.

38. Cabe recapitular que las impugnantes se centran, esencialmente, en cuestionar
que las órdenes emitidas por el juzgador a quo no tienen en consideración las
competencias legales de cada una de las entidades públicas, en particular,
respecto a la gestión presupuestal para cumplir con las actividades que deben
acometerse.

39. En concreto, Calarcá alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva
porque la vía es departamental y, por ende, no está llamada a financiar o
contratar la obra. Pidió modificar el término de diez (10) días para el
cumplimiento, por ser imposible material y jurídicamente. Quindío atribuyó al
Municipio la responsabilidad primigenia en la realización de las construcciones,
máxime por corresponder a una vía terciaria, sin que pueda considerársele un
garante universal del gasto. Solicitó especificar la proporción de compromiso
patrimonial de cada una de las condenadas y valorar la instalación del puente
metálico que constituye una solución permanente. Por último, la UNGRD
reclamó ser excluida de la función de gestionar recursos y de efectuar el
mantenimiento y mejoramiento de la vía, por ser responsabilidades de los
organismos territoriales vinculados.

40. De esta forma queda en evidencia que ninguna de las demandadas controvirtió
la vulneración de las garantías colectivas a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos adecuados, y la seguridad y salubridad de
los habitantes de las veredas El Calabazo, La Rochela y Quebrada Negra del
Municipio, con ocasión del derrumbamiento del puente La Sonadora y del mal
estado en que se encuentra la vía de segundo orden “Calarcá (sector Puerto
Rico) - Córdoba - Pijao - Genova”. Tampoco fue censurada la falta de

28 Previsto para las demandas de protección de los derechos e intereses colectivos, según los artículos 144 y

161-numeral 4- del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En el
presente asunto se encuentra acreditado que el 7 de febrero de 2025 el actor remitió, mediante correo
electrónico, comunicaciones individuales al Gobernador del Quindío, al Invías, a la UNGRD y al Alcalde de
Calarcá, en las que solicitó la construcción del puente La Sonadora, la estabilización de la bancada y la
recuperación de la vía, afectadas por diversos eventos de origen climático (SAMAI, Tribunal Administrativo del
Quindío, índice 5, certificado 8DEF13D2523F34ED 2DBC49950593F7AA 0FE9D1CBF6E386FF
10D2E2B50A778525).

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Demandante: Juan David Caicedo Guaca
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

legitimación en la causa por pasiva reconocida en favor del Invías y de la
UNGRD. Por ende, estas determinaciones adoptadas por la decisión de
instancia resultan inmodificables para la Subsección, en virtud del inciso primero
del artículo 328 del Código General del Proceso -CGP-29, norma aplicable a las
acciones populares por remisión del canon 37 de la ley 472 de 1998 30.

41. Acotada la materia en discusión a los motivos de disenso planteados, es del
caso resolver los siguientes problemas jurídicos, lo que se hará en el mismo
orden de formulación (i) ¿el a quo se equivocó al tener por establecida la
legitimación en la causa por pasiva del Municipio?; (ii) ¿las órdenes emitidas en
el fallo apelado para la protección de los derechos colectivos desconocieron la
distribución de competencias administrativas del Municipio, el Departamento y
la UNGRD y el principio de legalidad del gasto?; (iii) ¿los plazos fijados para el
cumplimiento de las órdenes por el sentenciador de primera instancia son de
imposible observancia?; y (iv) ¿deben mantenerse las condenas -o procede su
revocatoria- por haberse realizado gestiones para la instalación de un puente
metálico en el corredor vial?.

Resolución del primer problema sobre la legitimación material por pasiva del
Municipio

42. La legitimación en la causa es un concepto que se analiza desde dos (2)
ópticas31. La primera, conocida como “de hecho”, se refiere a la relación jurídica
procesal que emana del litigio, por lo que se predica esencialmente de las partes
demandante y demandada. La segunda se denomina “material” y corresponde
a la titularidad del interés o relación jurídica que se debate, o sea, se encuentra
ligada a la intervención fáctica o jurídica en el acto, hecho, conducta, operación,
etc., que sirve de trasfondo a la reclamación judicial32.

29 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.
30 La jurisprudencia tiene decantado que, si bien el juez de la acción popular tiene facultades oficiosas

reforzadas, éstas “no transforma[n] la alzada en una revisión oficiosa ilimitada, ni releva al apelante de la carga
de estructurar su disenso, pues las amplias potestades del juez popular se proyectan sobre la efectividad del
remedio y la protección del interés colectivo, no sobre la sustitución de la argumentación que corresponde a
quien pretende la revocatoria o modificación del fallo, para con ello, oficiosamente deshacer la vulneración y
protección que el a quo declaró y no fue objeto de disenso” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de febrero de 2026, exp. 72584, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez).
31 “La legitimación en la causa se concibe desde dos vertientes: la llamada legitimación de hecho y la material.

La primera, la de hecho, se establece a partir de la relación procesal que el petitum y la causa petendi generan
entre las partes procesales, concretamente, el demandante y demandado; es decir, se está en el típico terreno
de la relación jurídica procesal únicamente. En cambio, la legitimación material responde al criterio de
efectividad, esto es, a la participación real de las personas en la situación jurídica (acto, hecho, conducta etc.)
que da origen a la demanda, sin importar si accionó o no, para el caso del demandante, o si fue demandado o
no, cuando se trata de la parte pasiva” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 6 de febrero de 2014, rad. 2011-00341-04, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez).
32 “La legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener sentencia

favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la
persona titular del interés jurídico que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la
relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial,
por el derecho o interés que es objeto de controversia” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 2012, exp. 24677, C.P. Enrique Gil Botero).

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
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43. Tratándose de los procesos en los que se pretende la protección de derechos e
intereses colectivos -igualmente definidos como acciones populares-, el artículo
14 de la ley 472 de 1998 establece que la legitimación material por pasiva está
en el sujeto o la autoridad que, por acción u omisión, amenace, viole, haya
violado o tenga a su cargo la protección del derecho o interés que se reclama33.
Para su determinación resulta necesario considerar las funciones y
competencias que el ordenamiento jurídico asigna a la respectiva autoridad, de
conformidad con el principio de legalidad34.

44. En consecuencia, únicamente pueden ser objeto de una eventual condena,
aquellas entidades que dentro de la esfera de sus atribuciones legales cuentan
con la potestad o capacidad jurídica necesaria para adoptar la conducta
pretendida por la parte actora o para asumir las obligaciones cuyo
incumplimiento se les reprocha. Dicho en otras palabras, el llamado a resistir la
pretensión no recae sobre cualquier sujeto relacionado con los hechos materia
del litigio, sino exclusivamente sobre quien ostenta, conforme al ordenamiento
jurídico, la aptitud real y jurídica para satisfacer la pretensión o responder por la
conducta omisiva alegada35.

45. Lo anterior no se traduce en que la legitimación deba recaer sobre una única
autoridad. Por el contrario, atendiendo a las particularidades de la situación
fáctica y jurídica, es posible que dicha responsabilidad concurra en varias
entidades y/o particulares que ejercen funciones públicas, las cuales, de ser
condenadas, deben confluir al cumplimiento de las órdenes judiciales según el
marco de sus competencias. En estos eventos debe existir una actuación
articulada, coordinada y complementaria entre las enjuiciadas, orientada a
garantizar la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos
conculcados.

46. Así emerge de los principios constitucionales36 de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad37, cuya consagración es necesaria porque en múltiples ámbitos
de la acción estatal y, particularmente, frente a situaciones de especial

33 “Así entonces, están legitimados por activa y pasiva, según la Ley 472 (artículos 13 y 14) las personas

naturales o jurídicas que se vean perjudicados por la violación o amenaza a los derechos e intereses colectivos
y aquellas que con su accionar u omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza” (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 19 de febrero de 2026, rad. 2019-
00163-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón).
34 Artículos 6, 121, 122 y 123 de la Constitución Política. Sobre los que tiene dicho esta Corporación: “[P]ara la

organización y funcionamiento de un auténtico Estado de Derecho… resulta esencial que las funciones y
facultades de los distintos órganos se encuentren normativamente establecidas, de manera que no haya duda
sobre qué asuntos y atribuciones corresponden a una determinada entidad pública para asegurar el
cumplimiento de sus fines” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 21 de abril de 2016, rad. 2014-00515-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala).
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6

de marzo de 2013, rad. 2001-00051-01, C.P. Enrique Gil Botero.
36 Inciso segundo del artículo 288 de la Constitución Política.
37 “Estos principios no son meras directrices, sino mandatos jurídicos vinculantes que obligan a las distintas

esferas del poder público a superar una visión de competencias estancadas y excluyentes, hacia un modelo
funcional de responsabilidad compartida, donde el fin último de la acción estatal -la garantía de los derechos de
los ciudadanos- prevalece sobre las interpretaciones formalistas de la distribución de funciones” (Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de
2025, rad. 71865, C.P. José Roberto Sáchica Méndez).

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complejidad o gravedad, convergen competencias atribuidas a múltiples
autoridades. Esto puede obedecer a que deben intervenir diversos niveles de la
administración en la atención del hecho o, porque determinada problemática
reclama actuaciones articuladas cuando las competencias ejercidas de manera
aislada resultan insuficientes para alcanzar los fines constitucional y legalmente
previstos.

47. La ley38 y la jurisprudencia39 se han encargado de conceptualizar el alcance de
estos principios. En virtud de la coordinación, las funciones asignadas por el
ordenamiento deben ejercerse de manera armónica y complementaria, con
miras a la realización de los fines de la administración pública, que son comunes
a todos los niveles del Estado; ello supone, entre otros aspectos, que las
políticas y proyectos del orden nacional se integren en instrumentos de alcance
territorial y que se promuevan espacios de diálogo, así como la adopción de
programas, mecanismos y esquemas de acción articulada. Por su parte, la
concurrencia implica la participación conjunta de diversas instancias estatales,
conforme a la distribución previamente definida de competencias, con el
propósito de alcanzar objetivos comunes o que son transversales. Finalmente,
la subsidiariedad comporta que la asignación, organización y ejercicio de las
competencias públicas privilegie la intervención de los niveles más próximos,
especializados y con mayores capacidades para atender las necesidades de la
población, de modo que la actuación de instancias superiores solo se justifique
cuando aquellas resulten insuficientes o no puedan cumplir adecuadamente sus
funciones40.

48. Bajo estas premisas, es oportuno verificar el cumplimiento de este presupuesto
respecto al Municipio, en cuanto se refiere a la conculcación o amenaza de los
derechos colectivos en el presente caso.

49. Para este propósito sea lo primero indicar que, frente a la infraestructura vial,
materia que constituye el soporte de la presente controversia, el artículo 2° de la
ley 105 de 199341 dispone que corresponde al Estado -en su conjunto- la
regulación y vigilancia del transporte, así como las actividades que se vinculan

38 Ley 1454 de 2011, artículo 27. Ley 1551 de 2012, artículo 4; y Ley 2200 de 2022, artículo 2.
39 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-095 del 11 de octubre de 2018. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
40 “… en términos generales, el principio de subsidiariedad significa, por una parte, que el Estado no requiere

intervenir cuando los individuos se basten a sí mismos. El apoyo del Estado se requiere allí en donde se hace
imposible o demasiado difícil poder satisfacer de manera eficaz las necesidades básicas. No se puede proyectar
el principio de subsidiariedad sobre el tema de distribución de competencias entre la Nación y las Entidades
Territoriales de manera simplista. Bien sabido es, que así como existen municipios relativamente autosuficientes
existen otros sumidos en la absoluta pobreza y precariedad. En vista de que no existe una forma única y mejor
de distribuir y organizar las distintas competencias y dada la presencia de profundos desequilibrios y enormes
brechas presentes en las distintas Entidades Territoriales, la distribución y organización de competencias
significa un proceso continuo en el que con frecuencia es preciso estar dispuesto a ajustarse a los sobresaltos,
en el cual es necesario andar y a veces también desandar las rutas propuestas y en el que se requiere aplicar,
sin lugar a dudas, un cierto nivel de coordinación, cooperación, solidaridad y concurrencia.”: Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-983 del 26 de septiembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
41 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos

entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan
otras disposiciones.

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al mismo42, teniendo como directriz prioritaria la seguridad de las personas que
transitan43.

50. Para estos fines, los cánones 19 y 20 de esta ley asignan a la Nación y a las
entidades territoriales, dentro de su ámbito de competencias, la responsabilidad
de construir, conservar y planificar la infraestructura de transporte, integrada por
las redes nacional, departamental y municipal. La primera “cumple la función
básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del
País” (artículo 12 ibidem). La segunda corresponde a las vías que son propiedad
del departamento (artículo 16 ibidem). La última se compone de “las vías
urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las
instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales
de transporte terrestre… en la medida en que sean de su propiedad o cuanto
estos le sean transferidos” (artículo 17 ibidem).

51. La construcción y conservación de la red vial quedó en cabeza de cada
organismo territorial, así como “la planeación de su respectiva infraestructura de
transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción”,
para lo cual deben realizar “las apropiaciones presupuestales con recursos
propios y con aquellos que determine esta Ley” (artículo 20).

52. Para materializar estos objetivos debe formularse un Plan Sectorial de
Transporte a cargo del Ministerio de Transporte (artículos 41 y 45), que contenga
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo (artículo 42), así como los
correspondientes planes de inversión y planes modales (artículo 43). De forma
paralela deben adoptarse planes territoriales, distritales y municipales, los cuales
deben incorporarse a los respectivos planes de desarrollo y se estructuran a
partir de un componente estratégico y de un plan de inversiones de mediano y
corto plazo, formulados de acuerdo con las necesidades y prioridades del
servicio de transporte y de la infraestructura requerida para su prestación
(artículo 44).

53. De este marco se desprende que la responsabilidad sobre la infraestructura vial
se distribuye entre los distintos niveles de ordenamiento territorial, no solo en
función de la titularidad de las vías, sino también de las competencias asignadas
para su planificación, construcción, conservación y mantenimiento. Asimismo,
corresponde a cada entidad adelantar la programación financiera necesaria para
el cumplimiento de tales funciones, conforme a criterios de priorización que
atiendan las necesidades del servicio y las particularidades del territorio.

54. Aclárese que estas directrices no se traducen en una compartimentación de las
actividades. Al contrario, la Nación, departamentos, distritos y municipios deben

42 “b. De la intervención del Estado: Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia

del transporte y de las actividades a él vinculadas”.
43 “e. De la Seguridad: La seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector

Transporte”.

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participar en las diversas actividades, siempre que conciernan al territorio en que
ejercen sus funciones administrativas, en desarrollo de los referidos principios
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

55. De otra parte, en cuanto corresponde a la gestión del riesgo de desastre, el
artículo 2° de la ley 1523 de 2012 dispone que es responsabilidad de todas las
autoridades y habitantes del territorio nacional44, de allí que se trate de una
función compartida45 “en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación
y su jurisdicción”.

56. Este sistema no se agota con la identificación, análisis, evaluación, monitoreo y
seguimiento de los riesgos y sus competentes, sino que incluye su reducción a
través de acciones de prevención -intervención prospectiva- y mitigación -
intervención correctiva-, y el diseño de un plan de manejo de desastres (artículo
6°).

57. El canon 14 ibidem prescribe, en concreto frente a los alcaldes, que son los
responsables directos de implementar procesos de gestión de riesgo en el
municipio, los cuales deberán estar integrados en la planificación del desarrollo
local, en especial, con “los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública”. A su vez, los
artículos 37 a 41 de la misma ley señalan que las autoridades municipales deben
formular y concertar un plan de gestión del riesgo de desastres, así como una
estrategia para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, los
cuales deben estar en armonía con los nacionales46.

58. De forma armónica, el artículo 76 de la ley 715 de 200147 dispone que los
municipios deben “promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal”, entre otras materias, para “[c]onstruir y conservar la infraestructura
municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que
sean propiedad del municipio” (numeral 76.4.1.). Asimismo, “con la
cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán… [p]revenir y atender
los desastres en su jurisdicción” (numeral 76.9.1.)

44 “De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes

del territorio colombiano”.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de abril de

2026, rad. 2023-00955-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
46 “los alcaldes: i) como jefes de la administración local, representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito

y el municipio; y ii) como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y
el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Los alcaldes y, en general, la administración municipal,
deben integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión
del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública”
47 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

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59. En materia de riesgo vial, el artículo 2.4.9.2.2. del Decreto 1079 de 26 de mayo
de 201548 establece que las entidades públicas y los particulares encargados de
estructurar, administrar o ejecutar planes y proyectos viales, “deberán evaluar
las condiciones de riesgo a través de sus principales factores, como amenazas,
elementos expuestos y vulnerabilidad, para prever las actividades preventivas,
correctivas y prospectivas tendientes a reducir o mitigar los riesgos que puedan
generar daños en la infraestructura de transporte” (subrayado no original).

60. A su vez, el mandato 2.4.9.3.2. ejusdem, relativo a la respuesta a emergencias
en el sector vial, consagra que cuando existan alteraciones o interrupciones de
la infraestructura de transporte causadas por fuerza mayor o caso fortuito, se
atenderán conforme a los protocolos institucionales y al régimen legal y
contractual de responsabilidades.

61. En cuanto se refiere al ordenamiento territorial, los cánones 8, 9, 12, 13, 14, 15
y 16 de la ley 388 de 1997, mandan que, dentro de los planes sobre esta materia,
se tenga en consideración los riesgos asociados49, de lo cual deberá darse
cuenta al clasificar el suelo, y al definir las zonas de no urbanizables50, áreas de
conservación y protección51, lugares de asentamientos humanos52, sitios críticos
de recuperación y control para la prevención53, y terrenos de recuperación
paisajística54.

62. De manera particular, en la elaboración los planes territoriales, el primero de los
determinantes está asociado a la conservación, protección del ambiente y
ecosistemas, ciclo del agua, recursos naturales, gestión de cambio climático,
soberanía alimentaria y “prevención de amenazas y riesgos de desastres”, lo
cual deberá ponderarse, entre otros, con las infraestructuras básicas relativas a
la red vial nacional y regional (artículo 10° ibidem).

48 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
49 El ordenamiento territorial tiene dentro de sus objetivos “[e]l establecimiento de los mecanismos que permitan

al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la
prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas
eficientes” (numeral 2° del artículo 1° de la ley 388 de 1997).
50 “Acción urbanística… 5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de

asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para
la vivienda” (artículo 8 ibidem).
51 “El componente rural del plan de ordenamiento territorial… deberá contener por lo menos:… 3. La delimitación

de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y ambientales,
incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que formen parte de los sistemas de provisión de los servicios
públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos” (artículo 14 ibidem).
52 “Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública,

para el cumplimiento de los siguientes fines:… 4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los
riesgos naturales” (artículo 3° ibidem).
53 “En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán

tener en cuenta las siguientes determinantes… d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos de desastres, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales, y las
relacionadas con la gestión del cambio climático” (artículo 10 ibidem).
54 “…Son acciones urbanísticas, entre otras:… 11. Localizar las áreas críticas de recuperación y control para la

prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística” (artículo 8°
ibidem).

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Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

63. De conformidad con las disposiciones reseñadas en los párrafos anteriores y en
atención a las particularidades del caso concreto, se concluye que la entidad
municipal demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez
que el ordenamiento jurídico le atribuye competencias y deberes específicos
relacionados con las circunstancias fácticas que dieron lugar a la protección de
los derechos e intereses colectivos decretada por el juez de primera instancia.

64. En efecto, en su condición de administradora de la infraestructura vial terciaria,
le corresponde prever y adoptar mecanismos destinados a su mantenimiento y
conservación, mediante instrumentos como los planes territoriales. En
consecuencia, está llamada a responder por la situación del camino alterno
Quebrada Negra–Calarcá, por tener ese linaje55.

65. Además, respecto de la red vial departamental, debe actuar de manera
articulada con su titular para promover el desarrollo local y la satisfacción de los
derechos e intereses de sus habitantes. Por ello, resulta indispensable su
intervención coordinada, armónica y complementaria, en relación con el viaducto
secundario identificado con el código 40QN09, correspondiente al tramo Calarcá
(sector Puerto Rico) – Córdoba – Pijao – Génova.

66. Se agrega que, como responsable de la elaboración de los planes de
ordenamiento territorial, debe contemplar dentro de estos la infraestructura vial
localizada en su ámbito geográfico, sin consideración a la titularidad o
administración de la respectiva vía. Tal obligación tenía por finalidad orientar el
uso racional y equitativo del suelo y, al mismo tiempo, incorporar determinantes
dirigidas a la prevención y reducción del riesgo de desastres en los
asentamientos humanos, mediante la adopción de instrumentos de planificación
y acciones urbanísticas idóneas para tal efecto.

67. Finalmente, es la autoridad directamente responsable de la gestión del riesgo en
su jurisdicción territorial. En tal virtud, ante la existencia de riesgos acreditados
para la estabilidad y funcionalidad del puente sobre La Sonadora, le corresponde
identificarlos, evaluarlos y gestionarlos mediante la adopción de medidas de
conocimiento, reducción y manejo del riesgo, así como ejecutar las acciones
necesarias para la atención de desastres una vez se produjo el colapso de la
estructura.

68. En consecuencia, descuella que el municipio de Calarcá se encuentra legitimado
en la causa por pasiva dentro del presente proceso, por cuanto el marco
normativo le asigna competencias y obligaciones específicas directamente
relacionadas con las materias objeto de controversia. Por ello, al ser destinatario
de los deberes cuyo cumplimiento se persigue mediante la acción, resulta

55 Esta fue la calificación indicada en el Registro de Visita del 15 de febrero de 2022 de la Secretaría de Aguas

e Infraestructura del Departamento del Quindío. SAMAI, índice 19, certificado 32C0AC593B9D9FFD
EB0A9668BE8ED67E E05E08318521BA32 69D407B7AE6309DC, folios 163 a 166.

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procedente su vinculación al litigio. El primer problema jurídico formulado,
entonces, queda resuelto en sentido negativo.

69. Ahora bien, las afirmaciones tocantes a que dicha entidad actuó con diligencia o
que el puente artesanal no es un hecho que le sea imputable, en nada desdicen
sobre su legitimación, pues está claro que estaba llamada a tomar medidas
frente a la situación que se presenta, en cumplimiento de su misión
constitucional y legal, más allá de sostener reuniones y llamar la atención de
otras autoridades.

Resolución del segundo problema sobre las órdenes del a quo y su
conformidad con el marco de competencias de las enjuiciadas

70. El artículo 34 de la ley 472 de 1998 establece que la sentencia que ampare un
derecho o interés colectivo debe contener las medidas necesarias para asegurar
su protección efectiva, ya sea mediante el restablecimiento del estado de cosas
anterior a la vulneración o amenaza, ora con la adopción de mecanismos
orientados a impedir la persistencia o reiteración de las conductas lesivas. Para
tal efecto, el juez popular puede imponer a los sujetos responsables obligaciones
concretas de hacer o de no hacer, y, cuando a ello haya lugar, condenar al pago
de los perjuicios causados.

71. Estas medidas deben estar dirigidas a conjurar las causas de la afectación y a
asegurar la protección de los derechos comprometidos56, con el propósito de
evitar la producción de un daño contingente, hacer cesar una amenaza o
vulneración en curso, remover los efectos derivados de una conducta lesiva,
corregir la situación que dio origen a la transgresión, y/o impedir que la situación
vuelva a presentarse (artículo 2° ejusdem). En función de estos objetivos, las
instrucciones judiciales pueden materializarse en distintas clases de
prestaciones: (i) condenas al pago de perjuicios, cuando sea necesario reparar
los daños irrogados57; (ii) obligaciones de hacer, encaminadas a la ejecución de
acciones específicas por parte de los responsables; y (iii) prestaciones de no
hacer, consistentes en la abstención de desplegar conductas susceptibles de
afectar o poner en riesgo el derecho o interés colectivo objeto de protección.

72. Con independencia del tipo de orden, es indispensable que estas guarden
correspondencia con la situación material que dio lugar a la vulneración o

56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de

2026, rad. 2012-00278-03, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.
57 Aclárese que “las acciones populares aunque se encaminen a la protección y amparo judicial de los intereses

y derechos colectivos, no pueden ejercerse… con el objeto de perseguir la reparación subjetiva o plural de los
eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular sobre ellos.
Para estos últimos fines, el constituyente de 1991 creó las acciones de grupo o de clase, a la vez que conservó
las acciones ordinarias o especializadas y consagró como complemento residual, la Acción de Tutela” (Corte
Constitucional, sentencia C-215 del 14 de abril de 1999, exp. D-2176, D- 2184 y D-2196, M.P. Martha Victoria
Sáchica de Moncaleano).

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amenaza, de manera que resulten idóneas, conducentes y pertinentes58. No
pueden traducirse en declaraciones genéricas, exhortaciones o mandatos
formulados en términos indefinidos, carentes de una conexión con los hechos.
Por el contrario, las mismas deben responder a las circunstancias específicas
acreditadas en el proceso y estar orientadas a remover eficazmente las causas
de la afectación, corregir sus consecuencias y prevenir su reiteración 59.

73. Asimismo, las órdenes deben mantener una relación directa con el derecho o
interés colectivo, de modo que las prestaciones impuestas sean aptas y
necesarias para contribuir de manera efectiva a evitar la afectación o a
restablecer el goce material del derecho colectivo comprometido60, con
independencia de que hayan sido solicitadas -o no- por el demandante61.

74. De igual forma, es menester que las instrucciones observen las competencias,
atribuciones y responsabilidades que el ordenamiento jurídico asigna a las
autoridades y particulares que ejercen funciones públicas llamados a cumplirlas.
Por esta razón, no resulta admisible imponer obligaciones que desborden el
ámbito funcional de los sujetos condenados o que supongan la asunción de
competencias atribuidas a otras entidades. La eficacia de la protección judicial
depende, precisamente, de que las medidas adoptadas se encuentren ajustadas
al marco jurídico que regula la actuación de sus destinatarios y permitan exigir
de ellos conductas realizables.

75. A partir de las consideraciones expuestas, la Subsección anticipa que los
argumentos formulados por los recurrentes están llamados al fracaso, por no
advertirse que las órdenes impartidas por la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia del 4 de septiembre de 2025,
desconozcan las disposiciones legales invocadas en los recursos. Por el
contrario, dichas medidas encuentran sustento en las facultades que la ley 472
de 1998 confiere al juez popular para garantizar la protección efectiva de los
derechos e intereses colectivos.

76. Para dilucidar, procede recordar cuáles fueron las instrucciones emitidas, su
contenido, los responsables y el tiempo de cumplimiento, lo que permitirá evaluar
su conformidad con el marco normativo aplicable:

58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2014, rad. 2001-90479-01, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno.
59 “cuando el objeto de la demanda está vinculado a la protección de derechos colectivos, el juez popular tiene

la facultad de adoptar las medidas más idóneas para corregir la problemática detectada” (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 19 de febrero de 2026, rad. 2023-00270-
01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes).
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de mayo de

2025, rad. 2021-00331-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
61 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de enero de 2021, rad.

2007-00013-01, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

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Orden Contenido Responsable Tiempo
1. Realizar “un plan de contingencia que
pretenda mitigar los riesgos que
actualmente representa para los
residentes de las Veredas El Calabazo, La
Rochela y Quebrada negra del municipio
de Calarcá el tránsito por el puente de
madera y habilitar un paso por la quebrada
denomina La Sonadora con una
infraestructura que garantice el tránsito 10 días
seguro por la zona donde estaba instalado hábiles
Quindío,
1. Elaboración el puente que colapso u otra que lo siguientes
Calarcá,
de plan de permita”. desde la
UNGRD e
contingencia 2. Incorporar, en este plan, “un notificación
Invías
cronograma claro y razonable de de la
implementación”. sentencia
3. En el diseño del programa, “contar con
un espacio de diálogo con la participación
de la comunidad, al menos el accionante
y/o el presidente de la junta de acción
comunal o quien los represente, que
deberá ser coordinado por el
Departamento del Quindío”.

Dentro del
Elaborar y presentar un informe conjunto primer mes,
Quindío,
para describa el proceso de convocatoria contado
2. Informe Calarcá,
a la comunidad, compromisos y desde la
inicial UNGRD e
conclusiones de este diálogo y acciones notificación
Invías
para cumplir compromisos. de la
sentencia
Trimestral
(periódico),
Elaborar y presentar informes conjuntos Quindío,
contado
3. Informes sobre la implementación de los Calarcá,
desde la
periódicos compromisos para lograr el tránsito libre y UNGRD e
notificación
seguro de los residentes del sector. Invías
de la
sentencia
Adoptar gestiones técnicas, 12 meses
Quindío -según
administrativas, financieras, apropiación contados a
4. Adopción de el rango de
de recursos presupuestales, contratación partir de la
medidas acción
y demás que se requieran para la ejecutoria de
territorial-
construcción del puente La Sonadora. la sentencia
Adoptar gestiones técnicas,
administrativas, financieras, apropiación
12 meses
de recursos presupuestales, contratación
Quindío, por contados a
5. Adopción de y demás que se requieran para la
estar la vía a su partir de la
medidas estabilización y rehabilitación de la vía
cargo. ejecutoria de
Calarcá (sector Puerto Rico) - Córdoba -
la sentencia
Pijao - Genova, identificada con el código
40QN09.
Adoptar gestiones técnicas,
administrativas, financieras, apropiación
12 meses
de recursos presupuestales, contratación
Calarcá, por contados a
6. Adopción de y demás que se requieran para el
estar la vía a su partir de la
medidas mantenimiento y mejoramiento de la vía
cargo. ejecutoria de
alterna de tercer orden, incluyendo
la sentencia
limpieza, señalización e información
preventiva.
7. Adopción de Adoptar gestiones técnicas, Quindío y
6 meses
medidas administrativas, financieras, apropiación Calarcá-según

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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Orden Contenido Responsable Tiempo
de recursos presupuestales, contratación el rango de contados a
y demás que se requieran para incluir acción partir de la
dentro del plan de obras públicas y del territorial- ejecutoria de
presupuesto anual de gastos, el la sentencia
mantenimiento preventivo y correctivo del
puente y las vías.
Presentar un plan de acción que
identifique los agentes causantes de Quindío y 6 meses
8. Elaboración riesgos en las vías, incluyendo medidas Calarcá-según contados a
de plan de para estabilizarlos o mitigarlos, así como el rango de partir de la
acción un cronograma de monitoreo. Dentro de acción ejecutoria de
las variables deberán considerarse las territorial- la sentencia
aguas de escorrentía.
Elaborar o actualizar los estudios técnicos
Quindío y 6 meses
9. Elaboración de análisis de riesgos para la localización
Calarcá-según contados a
de estudio de asentamientos humanos dentro de los
el rango de partir de la
técnico de territorios, que contengan: la amenaza, la
acción ejecutoria de
riesgos vulnerabilidad, el riesgo (alto, medio, bajo)
territorial- la sentencia
mitigable o no mitigable.
10. Quindío y
Elaborar un cronograma e indicadores de Antes de la
Elaboración de Calarcá-según
gestión que permitan al Comité de reunión de
cronograma e el rango de
Vigilancia hacer seguimiento a las constitución
indicadores de acción
obligaciones 4 a 9. del Comité
gestión territorial-
Brindar “la asesoría y asistencia técnica,
11. Brindar operativa y financiera a las entidades
UNGRD e
asesoría y accionadas para la elaboración de los Permanente
Invías
asistencia planes y programas, así como, para
determinar las fuentes de financiación”.
Conformar el comité de verificación con el Demandante, Mes
12. Integrar el magistrado ponente del Tribunal Quindío, siguiente a la
comité de Administrativo, el demandante y los Calarcá, notificación
verificación delegados de las entidades públicas UNGRD e de la
destinatarias de las órdenes judiciales. Invías sentencia

77. En lo tocante a las apropiaciones presupuestales -que es el tema cuestionado
en las apelaciones- se observa que el a quo ordenó al Departamento y al
Municipio la realización de las gestiones, con el fin de adelantar las siguientes
actividades: (i) construcción del puente La Sonadora; (ii) rehabilitación de la vía
Calarcá (sector Puerto Rico) - Córdoba - Pijao – Genova; (iii) mantenimiento y
mejoramiento de la vía alterna terciaria; (iv) mantenimiento preventivo del puente
y las vías; y (v) elaboración de un plan de acción.

78. Apropiaciones que, según el numeral 2.2. del acápite resolutivo del fallo, deben
ser “conforme a su rango de acción territorial”. Esta expresión, según su sentido
natural y obvia, trasluce que el a quo quiso acotar las cargas según el ámbito
geográfico dentro del cual cada autoridad ejerce sus competencias, funciones o
actividades. Directriz sobre la que se insistió en los numerales 2.2.1. y 2.2.2., al
señalar que las obras civiles necesarias y demás indispensables están a cargo
del Departamento y el Municipio, según la responsabilidad de cada una de estas
entidades sobre las vías afectadas, respectivamente.

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79. Y es que no podría ser de otra forma, porque al aparecer demostrado que la vía
-secundaria- afectada por el derrumbamiento del puente es de responsabilidad
del Departamento, y que la vía terciaria alternativa se encuentra bajo el control
del Municipio, se tiene que cada una de estas autoridades debe tomar las
medidas requeridas para cumplir con las órdenes que le conciernen, según su
circunscripción territorial.

80. Total, el puente La Sonadora está localizado en la vía Calarcá (Sector Puerto
Rico) - Córdoba - Pijao - Génova62, la cual, según la Resolución n.° 5950 de
2015 del Ministerio de Transporte63, se encuentra a cargo del Departamento64,
en descrédito de lo afirmado en sentido contrario en el remedio vertical. Aspecto
conocido por esta entidad territorial, por cuanto su director Operativo de
Infraestructura Vial y Social de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, en
escrito dirigido a la UNGRD, asintió:

A la pregunta ¿Si el Puente La Sonadora, que comunica las veredas El Calabozo,
La Rochela y Quebrada, Negra del Municipio de Calarcá, se encuentra a cargo de
su Entidad? // Respuesta: Si pertenece (sic)65.

81. Por otra parte, la vía alterna conocida como el Calabazo, que comunica Calarcá
• La Rochela - Puente sobre la Quebrada La Sonadora - Vía el Calabazo - El
Pensil - La Paloma66, es una infraestructura terciaria67, de allí que sea
responsabilidad del Municipio según el artículo 17 de la ley 105 de 1993, en
concordancia con el numeral 23 del artículo 6° de la ley 1551 de 201268.

82. Desde luego, lo anterior no excluye que, en aplicación de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, las entidades territoriales deban
intervenir conjuntamente en la atención de la problemática acreditada en el
proceso, aun cuando las obras o actuaciones requeridas recaigan sobre
infraestructura vial cuya administración corresponda primariamente a la otra.
Evento que encuentra sustento en la propia sentencia de primera instancia, que
dispuso la realización de las gestiones técnicas, administrativas y financieras

62 Registro de la Central de Emergencias Viales en Colombia de la UNGRD. SAMAI, índice 071, certificado

AA47161621670BA2 72A85F06A62F2492 8DCE023BB8D575E7 F52D82E9EF01DDF3, folios 26 a 28.
63 Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el sistema Nacional de Carreteras o red

Vial Nacional correspondientes al Departamento del Quindío.
64 “Artículo 1°. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Departamento del Quindío así…

CÓDIGO
NOMBRE DE LA VÍA
CATEGORÍA DE LA VÍA…
40QN09
CALARCA (SECTOR PUERTO RICO) – CÓRDOBA - PIJAO – GENOVA
VÍA DE SEGUNDO ORDEN”
65 SAMAI, índice 25, certificado 7BBDD01D35525DE6 E975546E37FCA959 BA461B2FBF5C0FB2
396DCCAF589409FA, folio 22.
66 Informe de Visita Técnica del 1 de agosto de 2018 de la Dirección de Infraestructura Vial y Social de Calarcá.

SAMAI, índice 19, certificado 32C0AC593B9D9FFD EB0A9668BE8ED67E E05E08318521BA32
69D407B7AE6309DC, folios 26 a 28.
67 Esta fue la calificación indicada en el Registro de Visita del 15 de febrero de 2022 de la Secretaría de Aguas

e Infraestructura del Departamento del Quindío. SAMAI, índice 19, certificado 32C0AC593B9D9FFD
EB0A9668BE8ED67E E05E08318521BA32 69D407B7AE6309DC, folios 163 a 166.
68 Subrogó el artículo 3° de la ley 136 de 1994.

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para conjurar la afectación, dentro de las cuales se encuentra la articulación con
otras autoridades y la búsqueda de los apoyos interinstitucionales, siempre que
las capacidades institucionales o presupuestales resulten insuficientes, o se
requiera de la articulación con otros planes o programas.

83. Si bien al municipio le corresponde, entre otras actividades, “construir las obras
que demande el progreso local”, “ordenar el desarrollo de su territorio” y
promover “el mejoramiento social y cultural de sus habitantes”, según el artículo
311 de la Constitución Política, lo cierto es que para el desarrollo de las mismas
debe “conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes
niveles”69 y, “en concurso con la nación y el departamento [buscar] adecuadas
condiciones de vida de su población”70.

84. Por su parte el departamento, de acuerdo con el canon 298 ibidem, tiene el
ejercicio de “funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad
de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de
prestación de los servicios”, dentro de las cuales se encuentran las de
“[p]romover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o
municipales de interés departamental”71, y “[a]sesorar y prestar asistencia
técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de
prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la
ley, cuando a ello haya lugar”72.

85. Refiriéndose a esta interacción entre entidades territoriales, este Colegiado tiene
dicho: “el legislador sí asignó una responsabilidad sobre los entes territoriales
departamentales en virtud de los principios de colaboración, concurrencia y
subsidiariedad, que supera el hecho exclusivo de la financiación alegada por el
Departamento e impone una carga adicional de asistencia y apoyo técnico en la
elaboración y ejecución de programas cofinanciados para la realización de obras
que contribuyan al desarrollo económico y social de los municipios, en
cumplimiento de principios como el de complementariedad de acción municipal
de planificación”73.

86. De lo anterior se sigue que las entidades accionadas no fueron gravadas con
obligaciones que excedan el ámbito de sus responsabilidades legales. Por el
contrario, el juez de primera instancia delimitó las medidas según la
circunscripción territorial.

87. Sin embargo, si en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, así como de las disposiciones que gobiernan la conservación de
la red vial y la gestión del riesgo, resulta necesaria la participación conjunta del

69 Literal a) del numeral 4° de la ley 1551 de 2012.
70 Literal g) del artículo 4 ibidem.
71 Numeral 74.2 del artículo 74 de la ley 715 de 2001.
72 Numeral 74.5. ídem.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17

de abril de 2026, exp. 72480, C.P. Diego Enrique Franco Victoria.

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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

Municipio y del Departamento para conjurar la afectación de los derechos
colectivos comprometidos, ambas entidades deberán aportar los recursos y
esfuerzos que razonablemente demanden las circunstancias, de acuerdo con
sus competencias y capacidades institucionales. Definición que no puede
hacerse en el cuerpo de la sentencia que resuelve la acción popular, sino que
queda diferida para la fase de seguimiento, una vez se realicen los estudios
técnicos y financieros que permitan determinar la magnitud de la inversión y la
coparticipación que se espera de los concernidos. La definición de esta
distribución corresponderá al Tribunal, en su calidad de juez del cumplimiento
de la providencia -artículo 34 de la Ley 472 de 1998-, mediante decisión
motivada sustentada en las pruebas allegadas al proceso, en especial, las
relativas a las competencias y capacidades de cada una de las entidades
concernidas.

88. Esta exigencia, en todo caso, no se traduce en que Quindío se convierta en una
garante universal de Calarcá, pues no se trata de un traslado ilimitado de
responsabilidades.

89. Con todo, y si bien las consideraciones precedentes son suficientes para
desvirtuar los argumentos expuestos en los recursos de apelación, esta
Subsección estima conveniente modificar el acápite resolutivo de la providencia
impugnada, con el propósito de evitar interpretaciones inexactas como las
asumidas por las recurrentes. De esta forma, además, se sortea que haya una
dilución de la responsabilidad en el cumplimiento de las órdenes judiciales, para
esto se puntualiza cuál de las accionadas será la primera llamada a acometer
las labores que reclama la protección de los derechos colectivos conculcados,
al margen de que con posterioridad solicite el apoyo de su homóloga para fines
de planeación, ejecución, seguimiento, acompañamiento, armonización o
financiación.

90. Esta posibilidad encuentra soporte en el contenido del artículo 34 de la ley 472
de 1998, que faculta al sentenciador de la acción popular para adoptar las
decisiones necesarias para volver al estado anterior a la vulneración de los
derechos o intereses afectados. Al respecto, esta Corporación en decisión de
unificación dejó decantado:

[E]s claro que jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de que el juez
popular profiera fallos ultra y extra petita en el sentido de amparar derechos
colectivos diferentes a los invocados por el actor popular en la demanda; estudiar
hechos adicionales a los planteados inicialmente, proferir órdenes diferentes a las
pedidas por los actores en las pretensiones, e incluso apartarse de los términos de
la impugnación en fallos de segunda instancia, todo lo anterior, siempre que se
guarde relación con el hecho generador del daño planteado en la demanda y en
términos generales con la causa petendi (subrayado no original)74.

74 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia

del 5 de junio de 2018, rad. 2004-01647-01, C.P. Calor Enrique Moreno Rubio.

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91. En consecuencia, se puntualizará que la responsabilidad del Municipio se
circunscribe a la vía terciaria, mientras que la del Departamento recae sobre la
vía secundaria, dentro de la cual se encuentra ubicado el puente objeto de
colapso75. Lo anterior, sin perjuicio de que, en aplicación de los principios ya
enunciados de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ambas entidades
territoriales deban participar y contribuir en cualquiera de los proyectos cuando
las circunstancias y necesidades así lo impongan, por medio de los instrumentos
jurídicos que sean necesarios.

92. Para estos fines se modificarán los numerales 2.2.1. a 2.2.3. de la sentencia del
4 de septiembre de 2025, en el siguiente sentido:

2.2.1. Al departamento del Quindío, la construcción del Puente La Sonadora con
una infraestructura que cumpla con la Norma Colombiana de Diseño de Puentes
vigente y las demás normas técnicas que garanticen el tránsito seguro para los
residentes de las Veredas El Calabazo, La Rochela y Quebrada negra con la
cabecera urbana del municipio de Calarcá Quindío. Para lo cual, tendrá el término
de DOCE (12) MESES contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

2.2.2. Al departamento del Quindío, las obras civiles necesarias y demás
indispensables que arrojen los estudios de estabilización y rehabilitación de la vía
de segundo orden “CALARCA (SECTOR PUERTO RICO) - CORDOBA - PIJAO –
GENOVA”, identificada con el código 40QN09, a cargo de esta entidad territorial.
Para lo cual, tendrá el término de DOCE (12) MESES contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia.

2.2.3. Al municipio de Calarcá, las obras civiles necesarias y demás indispensables
que arrojen los estudios de estabilización y rehabilitación de los puntos críticos de
la vía alterna de tercer orden, a cargo de esta entidad territorial. Además de las
actividades de mantenimiento y mejoramiento, entre ellas, rocería y limpieza a lo
ancho de la vía, limpieza manual de obras existentes, instalación de señalización e
información preventiva a lo largo de la vía. Para lo cual, tendrá el término de DOCE
(12) MESES contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

93. Además, se adicionará un parágrafo 4° al resuelve segundo (sic), a saber:

De acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el
municipio de Calarcá y/o el departamento del Quindío podrán concretar
instrumentos jurídicos que permitan realizar las gestiones técnicas, administrativas,
financieras, de contratación y demás que se requieran para el cumplimiento de las
órdenes emitidas en este fallo, incluyendo la eventual celebración de convenios
interadministrativos o mecanismos de cofinanciación.

94. En lo que respecta a la UNGRD conviene mencionar que, si bien en el veredicto
censurado se declaró su falta de legitimación en la causa por pasiva76, lo cierto

75 El informe “Central de Emergencias Viales en Colombia” señala: “2.2. Localización del puente (sector, nombre

de la vía, etc): Puente La Sonadora, vía Calarcá (sector Puerto Rico) – Cordoba – Pijao – Genova // 2.3.
Administrador vial (marque según corresponda): X DEPARTAMENTO…” (sic, SAMAI, Tribunal Administrativo
del Quindío, índice 19, certificado 32C0AC593B9D9FFD EB0A9668BE8ED67E E05E08318521BA32
69D407B7AE6309DC, folio 26).
76 Resuelve primero: “DECLÁRESE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a favor

del Instituto Nacional de Vías – INVIAS y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-
UNGRD”.

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es que en el acápite resolutivo se le impusieron obligaciones concretas frente a
la situación de hecho77.

95. Determinación que se justificó por el colegiado de instancia en los términos que
se transcriben:

Frente a INVIAS y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES –UNGRD, se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva
al no estar probado que incurrieron en omisión alguna, o que se haya solicitado su
asistencia técnica y estos hayan sido omisivos al respecto. No obstante, si bien no
son responsables de las vías ni del puente La Sonadora, el documento Conpes
380390 de 2014 establece dentro de la política específica para potenciar la
productividad y sostenibilidad al Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC)91,
en el que se encuentra incluido el municipio de Calarcá Quindío y cobija a las
veredas cafeteras; orientadas a mejorar las condiciones de preservación y
conservación del PCCC basadas en un plan de acción, la estrategia de accesibilidad
denominada ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y EL TURISMO
EN EL PCCC, impone (…) iii) proporcionar en conjunto con la UNGRD, el
acompañamiento técnico para la definición de los planes de acción en los
departamentos correspondientes. Así mismo, se les solicitó acompañar a los
municipios que hacen parte del PCCC en la formulación de proyectos para acceder
a los recursos asignados a través de las convocatorias a su cargo78.

96. De estas consideraciones se evidencia que la negativa a imponer condena en
contra de esta convocada obedeció a la inexistencia de una conducta activa u
omisiva que hubiera comportado la vulneración de los derechos e intereses
colectivos objeto del proceso. Sin embargo, una vez establecido que su
intervención era relevante para la construcción de soluciones integrales y
articuladas, en virtud de las competencias y cargas que le fueron atribuidas
dentro de la política del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia79, dispuso su
participación como instancia asesora de las entidades territoriales, con el
propósito de que les brindara acompañamiento y asistencia técnica en la
formulación de los planes y programas que eventualmente se desarrollaran en
ese contexto normativo.

97. Esta determinación, lejos de corresponder a un actuar infundado, encuentra
apoyadura en el artículo 34 de la ley 472 de 199880, el cual permite al juez
comunicar su fallo a las entidades y autoridades competentes para que, dentro
de su competencia, colaboren para alcanzar el cumplimiento de su
determinación.

77 Después de declarar la vulneración de los derechos en el resuelve segundo, en el tercero -mal intitulado como

segundo- ordenó: “Al (sic) UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES –UNGRD
y al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, que brinden la asesoría y asistencia técnica, operativa y
financiera a las entidades accionadas para la elaboración de los planes y programas, así como, para determinar
las fuentes de financiación”.
78 SAMAI, Tribunal Administrativo del Quindío, índice 86, certificado 540BBF5FAF8CD0F0
5CFC75D45CA26268 151EFFAB961ED575 5C78C0D3E84F12E0, folios 41 y 42.
79 En adelante, PCCC.
80 “Sentencia… También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de

su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo”.

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98. Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Quindío, además de impartir órdenes
a las entidades o sujetos causantes de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos, estableció cargas sobre otras autoridades en aras de superar la
situación lesiva, quienes están llamadas a observarlas en virtud del principio de
colaboración armónica entre los distintos órganos del Estado81.

99. No obstante, dichas autoridades no pueden ser requeridas para ejercer
funciones ajenas a las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico82;
por el contrario, su intervención debe circunscribirse al ejercicio de sus propias
facultades, con el propósito de coadyuvar a la materialización de los efectos de
la determinación judicial.

100. En ese contexto, se tiene que las instrucciones dirigidas a la UNGRD no se
fundamentan en una responsabilidad directa por los hechos que originan la
presente acción, sino que se deprecó que acompañara, dentro del marco de sus
funciones, la estructuración de proyectos de inversión, dentro de la ruta de
acción diseñada para conservar el Paisaje Cultural Cafetero, dentro de la cual
se incorporó un acápite específico para el mejoramiento de la malla vial.

101. Es cierto que el a quo no invocó el precepto en mención -artículo 34 de la ley
472 de 1998-, pero materialmente empleó su contenido y filosofía, al imponer a
la citada unidad que asesora y asistiera, en los ámbitos técnico, operativo y
financiero, incluyendo la determinación de la fuente de recursos, con el fin de
que las accionadas pudieran presentar los planes y proyectos que resulten
necesarios.

102. Esta Corporación, en un caso que guarda parecido con el presente, señaló
que las autoridades pueden ser vinculada al proceso para la protección de los
derechos e intereses colectivos, con la finalidad de “apoyar en la cesación de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos conculcados”, siempre que
tengan “deberes de articulación y orientación…, sin que ello implique la asunción
de competencias de ejecución directa de funciones o servicios”83.
Consideraciones que son aplicables, mutatis mutandis, a la condena impuesta
contra la UNGRD.

103. En este punto conviene señalar que en la sentencia no se impuso a dicha
entidad pública la obligación de ejecutar directamente las actuaciones materiales
orientadas a restablecer los derechos colectivos a la seguridad y salubridad
públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, ni
a garantizar la realización de edificaciones conforme a las normas que regulan

81 Artículo 113 de la Constitución Política.
82 “Cada entidad debe ejercer sus competencias sin interferencias indebidas de otras ramas, pero sin
desconocer la interdependencia institucional que hace posible la gestión eficiente del Estado. De este modo, la
colaboración armónica no puede convertirse en una justificación para alterar el reparto funcional de
competencias o permitir que un órgano asuma funciones que constitucionalmente le corresponden a otro” (Corte
Constitucional, sentencia C-138 del 23 de abril de 2025, exp. D-15947, M.P. Diana Fajardo Rivera).
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26

de junio de 2026, exp. 72.992, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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dicha actividad. Tampoco se le atribuyó la responsabilidad de supervisar o hacer
seguimiento a la ejecución de las obras respectivas, ni la de gestionar recursos
o aportar de los propios para financiar o posibilitar la ejecución de las medidas
ordenadas.

104. La instrucción se acotó a que brinde asesoría y asistencia, esto es, ilustre,
aconseje, socorra o ayude84, en la formulación de planes y programas que deban
elaborar las entidades territoriales condenadas. Así las cosas, las medidas
presupuestales a que se refiere la sentencia del Tribunal respecto a la UNGRD,
se acotan a la elaboración del plan de contingencia y el cronograma anexo, con
el fin de definir los aspectos especializados requeridos para la intervención en
las vías afectadas.

105. Tal colaboración se enmarca en el ámbito de sus funciones y competencias
según el Documento Conpes 3803 del Consejo Nacional de Política Económica
y Social del Departamento Nacional de Planeación, que, en el componente “para
mejorar la accesibilidad y el turismo en el PCCC”, en particular para conservar
las condiciones de transitabilidad de las vías rurales, estableció que “[e]l
Ministerio de Transporte y la UNGRD, proporcionarán el acompañamiento
técnico para la definición de los planes de acción en los departamentos
correspondientes”.

106. Lo anterior se realizará, según el mismo documento, según “criterios técnicos
(conectividad con otras vías, tipo de superficie, estado de las vías), sociales
(población, centros sociales, culturales o educativos aledaños a la vía, etc.) y
económicos (volumen de tránsito, áreas productivas aledañas a la vía) que se
han definido para tal objeto”, dentro de las que se incluirán las fuentes de
financiación -como las que pueden provenir del Sistema General de Regalías y
del Departamento de Prosperidad Social-.

107. Directriz que se insertó en el reconocimiento del PCCC como patrimonio
cultural de la Nación, por medio de la Resolución n.° 2079 de 2011 85, lo que
permitió crear una comisión técnica intersectorial86 encargada de coordinar,
hacer seguimiento y promover “planes, programas, proyectos, actividades e
inversiones” en las zonas cubiertas87, en especial, para “[p]romover la gestión
de los recursos que el Gobierno nacional destine para la zona”88.

108. El referido documento Conpes reconoce que el “mantenimiento y
conservación de la red vial es necesario para fortalecer el desempeño de la
actividad cafetera y las demás actividades productivas específicamente en la
zona rural” y establece como uno de sus objetivos “[m]ejorar las condiciones de

84 “Asesor… El que ilustra o aconseja a persona lega en una determinada materia… Asistencia… Socorro, favor,

ayuda” (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Ed. Heliasta S.R.L., 1993,
página 31).
85 Incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco el 25 de junio de 2011.
86 Ley 1913 de 2018.
87 Artículo 1° ibidem.
88 Artículo 4° ibidem, subrogado por el canon 4° de la ley 2057 de 2020.

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accesibilidad y de movilidad en el PCCC para fortalecer la producción cafetera y
actividades complementarias como el turismo sostenible”.

109. Como estrategia para alcanzar este propósito se consagró que “las
gobernaciones y municipios que hacen parte del PCCC priorizarán los puntos
críticos de las redes terciarias a su cargo, para ser atendidas con los bancos de
maquinaria entregados por el Gobierno Nacional. El Ministerio de Transporte y
la UNGRD, proporcionarán el acompañamiento técnico para la definición de los
planes de acción en los departamentos correspondientes”.

110. Esta carga impuesta a la UNGRD resulta ajustada a las competencias que el
ordenamiento jurídico le atribuyó, en especial las de “articular las políticas,
estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de
gestión del riesgo de desastres”89, “[p]romover la articulación con otros sistemas
administrativos, tales como el Sistema Nacional de Planeación, el Sistema
Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y
el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, en los temas de su
competencia”90, y “[p]restar el apoyo técnico, informativo y educativo que
requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres –SNPAD91”92.

111. Recuérdese que la Unidad tiene como objetivo “dirigir la implementación de
la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo
sostenible, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del…
SNPAD”93, esto es, el “proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas,
regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas, la protección y el cuidado de los animales y al desarrollo
sostenible”94.

112. Luego, su rol especialmente de coordinador y director de todas las
actividades tendientes a evitar daños graves o irreversibles por la materialización
del riesgo de desastre o cambio climático95, le permite participar activamente en
la formulación de planes y programas para buscar la seguridad territorial en los
aspectos jurídico, institucional, económico, ecológico, social y alimentario96,
incluso en materia de malla vial.

89 Numeral 3° del artículo 4° del decreto 4147 de 2011.
90 Numeral 4 ibidem.
91 Son integrantes del sistema, entre otros, las entidades públicas que, por su misión y responsabilidades, están

encargadas de la gestión del desarrollo social, económico y ambiente sostenible, en los ámbitos sectoriales,
territoriales, instituciones y proyectos de inversión (numeral 1° del artículo 8° de la ley 1523 de 2012).
92 Numeral 8 del artículo 4° del decreto 4147 de 2011.
93 Artículo 3° ibidem.
94 Artículo 1° de la ley 1523 de 2012.
95 Artículo 3° ibidem.
96 Artículo 4° ibidem.

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113. Visto lo anterior, la crítica realizada en la apelación, de que se le impuso
indebidamente la obligación de gestionar los recursos requeridos por las
entidades territoriales para realizar las adecuaciones viales, no se ajusta al recto
entendimiento de la sentencia del 4 de septiembre de 2025.

114. En efecto, la única carga que se le impuso fue brindar apoyo técnico e
institucional para la formulación de los planes orientados al mejoramiento de las
vías del Paisaje Cultural Cafetero, incluida la gestión encaminada a la
identificación de fuentes de financiación. Si en este escenario -elaborar los
planes- debe realizar algún gasto, es menester que adopte las medidas
presupuestales correspondientes, sin ir más allá, menos aún, financiar la
construcción del puente o el mantenimiento de las vías secundaria y terciaria,
entre otras órdenes emitidas por la sentencia.

115. Así las cosas, y a título de reiteración, queda claro que el fallo censurado no
estableció que la UNGRD sea la entidad responsable de obtener, administrar o
asignar los recursos necesarios para la ejecución de dichos planes, ni tampoco
la responsable del mantenimiento de las vías o de la ejecución de las obras de
infraestructura correspondientes.

116. Obviamente, si en desarrollo de estas actividades o del seguimiento de la
sentencia, se estima que es procedente y oportuno acudir a recursos al Fondo
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, según las directrices del Plan
Nacional o de los planes de acción específicos para la rehabilitación,
reconstrucción y recuperación, podrán hacerse las gestiones ante su
administrador y representante, siguiendo lo indicado en el Capítulo V de la ley
1523 de 2012.

117. Por las razones dilucidadas, se tiene que los reproches relativos a la
supuesta imposición de cargas presupuestales ajenas al ámbito de
competencias de esta enjuiciada queda sin sustento.

118. De otra parte, en lo tocante a declaratoria de calamidad pública, como el fallo
del Tribunal Administrativo del Quindío ninguna orden emitió en tal sentido, el
argumento de la UNGRD tendiente a desvirtuar que estuviera facultado para
hacerlo decae en el vacío, razón para desestimarlo sin consideraciones
adicionales.

119. Finalmente, el llamado para que el Ministerio de Transporte sea el
responsable de los gastos asociados al cumplimiento de la decisión judicial,
desconoce que el mismo no está vinculado al trámite, así como las competencias
del Municipio y del Departamento, previamente establecidas, en relación con la
satisfacción del derecho conculcado. Así como las funciones de asistencia,
coordinación y colaboración, identificadas -párrafos atrás-, respecto a la
UNGRD.

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120. Los argumentos antes dilucidados permiten concluir que la respuesta al
segundo problema jurídico es negativa.

Resolución del tercer problema sobre el tiempo para el cumplimiento de las
órdenes judiciales.

121. Rememórese que el Municipio censuró que se le concediera únicamente el
plazo de diez (10) días para ejecutar las soluciones temporal y definitiva, por
cuanto dicho término deviene exiguo para adelantar los procesos que son
requeridos de gestión interna y de selección del contratista.

122. Esta alegación, encuentra esta Subsección, está fundamentada en una
lectura imprecisa de la orden judicial, explicable por su anfibología, la que, en
todo caso, se resuelve de acudirse a la totalidad de los elementos contenidos de
la resolución judicial.

123. Efectivamente, como se transcribió en el párrafo 76 de esta providencia, el
juzgador concedió un término de diez (10) días al Municipio y al Departamento
para que presentaran un plan de contingencia, el cual debía incorporar dos (2)
componentes: (i) mitigar los riesgos para los residentes de las veredas afectadas
por la calamidad; y (ii) habilitar un paso sobre la quebrada La Sonadora.
Además, el plan debía estar acompañado por un cronograma claro y razonable
de implementación, que debía ser consultado con las personas afectadas o un
representante de éstas.

124. No se impartieron dos (2) órdenes distintas, como podría inferirse de una
lectura apresurada del numeral 2.1 del acápite resolutivo del fallo. Al contrario,
la instrucción consistió en adoptar las medidas administrativas y presupuestales
necesarias para un único fin, como es la elaboración del referido plan, mediante
el cual se pretendiera “mitigar los riesgos… [d]el tránsito por el puente de madera
y habilitar un paso por la quebrada denomina La Sonadora con una
infraestructura que garantice el tránsito seguro por la zona donde estaba
instalado el puente que colapso u otra que lo permita” (subrayado no original).

125. Los elementos referidos a “mitigar los riesgos” y “habilitar un paso”, no fueron
concebidos como mandatos separados, sino como componentes o finalidades
concurrentes del mismo plan ordenado por la autoridad judicial. Significa que la
orden tenía una única prestación principal: efectuar los trámites y requerimientos
que permitirán formular el citado proyecto, en cuyo contenido debían abordarse
los elementos que permitieran garantizar la movilidad y la seguridad de los
usuarios.

126. Este entendimiento se confirma al acudirse al parágrafo 1° del acápite
resolutivo de la sentencia, pues allí se indicó que el plan debía incorporar un
cronograma razonable, esto es, una planificación temporal con objetivos

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realistas y viables, sin supeditarla al cumplimiento de un plazo específico, menos
aún, al término de diez (10) días al que alude el mencionado numeral 2.1.

127. La sentencia, entonces, no ordenó la adopción ni la ejecución inmediata de
una solución, ya fuera provisional o definitiva. Lo que dispuso fue únicamente la
formulación y presentación de un instrumento de planeación que incorporara las
medidas, procedimientos, recursos y acciones necesarios para afrontar y mitigar
la situación de riesgo identificada, incluyendo aquellas orientadas a garantizar
un paso seguro. Asimismo, exigió que la implementación de tales medidas
estuviera acompañada de un cronograma que estableciera etapas y plazos
razonables para su cumplimiento.

128. Por esta razón, como el reproche se funda en una hermenéutica que distante
de su correcto entendimiento, no puede socavar la integridad de la providencia
apelada.

129. En todo caso, conviene señalar que en el veredicto se previó la posibilidad de
ampliar estos tiempos por medio del otorgamiento de un plazo adicional, cuando
se observe razonablemente la necesidad de hacerlo, “a través del Magistrado
ponente, en el marco del Comité de Verificación de la sentencia” (parágrafo 3
del resuelve segundo).

130. Luego, aun si se acogiera la interpretación según la cual el establecimiento
de un paso seguro debía materializarse dentro de los diez (10) días siguientes a
la notificación de la sentencia, lo cierto es que dicha conclusión no conduce, de
manera automática, a predicar que era de imposible cumplimiento.

131. En efecto, si los sujetos obligados estimaban que ese término resultaba
insuficiente para ejecutar una medida de tal naturaleza, atendidas las
condiciones técnicas, administrativas, presupuestales y logísticas que implicaba
su implementación, contaban con la posibilidad de poner esa circunstancia en
conocimiento del citado Comité, con el fin de que este, a partir de un análisis
objetivo, evaluara la procedencia de conceder un plazo adicional que permitiera
alcanzar el propósito perseguido por la sentencia sin sacrificar la efectividad ni
la idoneidad de las medidas requeridas. En esa medida, el término inicialmente
previsto no podía entenderse como una barrera absoluta e inflexible, pues el
propio esquema de seguimiento y verificación de la decisión contemplaba
mecanismos orientados a adecuar su ejecución a las circunstancias concretas
del caso, en descrédito de los argumentos de la apelante.

132. No obstante, para darle claridad a la decisión y que la orden especifica
cumpla las condiciones de claridad y precisión en cuanto a los aspectos de
tiempo, modo y lugar de su ejecución, el numeral 2.1. del resuelve se modificará
así:

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Al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MUNICIPIO DE CALARCÁ, UNGRD e
INVIAS, de manera conjunta en virtud de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad consagrados en el artículo 288 de la Constitución
Política de 1991, adopten las medidas administrativas y presupuestales a que haya
lugar para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia, elaboren un plan de contingencia (i) para mitigar los riesgos que
actualmente representa para los residentes de las Veredas El Calabazo, La Rochela
y Quebrada negra del municipio de Calarcá el tránsito por el puente de madera; y
(ii) que contemple la habilitación de un paso por la quebrada denomina La Sonadora
con una infraestructura que garantice el tránsito seguro por la zona donde estaba
instalado el puente que colapso u otra que lo permita.

133. Consecuencia de lo explicado es que el tercer problema debe decidirse de
forma negativa, sin perjuicio de la modificación oficiosa el acápite resolutivo en
los términos anunciados.

Resolución del cuarto problema sobre las actividades ejecutadas para
restablecer el goce de los derechos conculcados

134. En el recurso de apelación del Departamento se solicitó que se tuviera en
cuenta el proyecto de montaje de una estructura metálica que se adelanta en el
sector, la cual garantizará las condiciones de seguridad y movilidad para los
habitantes de la zona. Con tal propósito, pidió que las órdenes impartidas en la
sentencia se armonicen con dicha intervención, de manera que no obstaculicen
su ejecución ni le impongan obligaciones adicionales que resulten innecesarias
o desproporcionadas.

135. Sobre esta afirmación, la Subsección advierte que en el expediente reposan
diversos instrumentos suasorios que dan cuenta de los preparativos de esta
actividad constructiva; empero, los mismos no permiten colegir que concluyó y,
menos aún, que constituye una solución eficaz para la problemática, por lo que
este hecho no tiene la potencialidad de modificar o revisar las órdenes emitidas
tendientes a amparar los derechos colectivos conculcados.

136. Y es que, desde la primera reunión de emergencia realizada con ocasión del
colapso del puente La Sonadora, efectuada el 23 de noviembre de 2023, se
propuso acudir al Ejército Nacional para la colocación de una “estructura militar”,
con la anotación, valga la pena remarcarlo, de que no “impediría la construcción
del puente definitivo”97. Posibilidad sobre la que se volvió en la sesión del 8 de
mayo de 2024, con la advertencia de que la única medida permanente es la
“construcción del puente”, no así “el levantamiento de un puente militar”98.

137. El 4 de junio siguiente se adelantó visita de campo con un delegado del
Batallón de Ingenieros Operaciones Especiales n.° 9099, que rindió concepto

97 SAMAI, índice 071, certificado AA47161621670BA2 72A85F06A62F2492 8DCE023BB8D575E7
F52D82E9EF01DDF3, folio 38.
98 Ibidem, folio 96.
99 Ibidem, folio 116.

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positivo sobre la viabilidad de la construcción, siempre que previamente se
efectuaran obras de cimentación y protección. Además, el visitador incluyó como
recomendación: “Se solicita a la alcaldía de Calarcá, elevar peticiones
necesarias para gestionar y adquirir recursos, así mismo, solucionar esta
situación de transitabilidad de manera definitiva con la construcción de un puente
en concreto que ayude a la movilidad en el sector”100.

138. El 4 de abril de 2025, la UNGRD emitió concepto favorable para la utilización
del puente modular semipermanente, requiriendo la presentación de una
programación detallada de las actividades para solucionar la emergencia101, la
cual fue allegada el 23 de mayo102.

139. El Batallón, por oficio del 1 de julio de 2025, remitió el informe de visita
definitiva, con los diseños de cimentación y con la solicitud de que se realicen
los estudios de suelos para comenzar la construcción de los estribos en que se
apoyará el puente103.

140. En cumplimiento del auto de pruebas del 25 de junio de 2025, el
Departamento puso de presente que existe un cronograma de actividades para
el montaje de la infraestructura, con un plazo de ejecución de treinta (30) a
cuarenta (40) días. Asimismo, comunicó que el puente y la vía secundaria se
incluyeron dentro del Plan de Infraestructura, el cual quedó condicionado a los
estudios técnicos que deben realizarse104.

141. La UNGRD también absolvió los interrogantes planteados en el citado auto,
asintiendo en que “[l]a eventual intervención con un puente provisional tipo
PMMS105 responde a la necesidad de mitigar el riesgo al que actualmente se
encuentra expuesta la población de las veredas El Calabazo, La Rochela y
Quebrada Negra, quienes, ante el colapso del puente La Sonadora, habilitaron
un paso artesanal en madera que no ofrece condiciones mínimas de seguridad
para el tránsito peatonal ni vehicular”106.

142. Descuella de estas probanzas que las entidades territoriales y la UNGRD
adelantaron gestiones para que una estructura metálica fuera colocada en
reemplazo del puente derrumbado, como mecanismo temporal para permitir el
paso de personas y de vehículos, de allí que se realizaran reuniones de

100 SAMAI, índice 68, certificado CC0DA0596656E9CC 9523DE66029D92D2 9D652319E0258DB4
AD6EEB7A4A24B7BC.
101 SAMAI, índice 68, certificado 0D798ED28E0B8F0D DD925D80E7DB8906 46D1F6D1A49D3ADB

4C4DB77F766F742B.
102 SAMAI, índice 71, certificado 074F56B144743FB2 557A4483BC2E0A19 A315E8318D50C6AE
10F2E836F8B7D8FB.
103 SAMAI, índice 71, certificado 660FF6E4B47520DE A8EAA4DF63830BD5 1AC27ADAAE23C653

FEE0431268118AC3.
104 SAMAI, índice 71, certificado 4AD0325F8546859A C70B7D59412A43F1 BCE60C5A450E3F86
414E7BF62F0099D2.
105 Sigla usada para referirse a Puente Metálico Modular Semipermanente.
106 SAMAI, índice 74, certificado CAAE50B197BABB6B 8B0909E33D35431F A73E3D6EF540E2B4

A22DE1607464A1F3.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

coordinación, visitas de campo y diseños estructurales, e, incluso, se emitieran
autorizaciones.

143. Sin embargo, de las mismas no es posible inferir que las obras se ejecutaron
en su totalidad y que, como consecuencia de ellas, el puente semipermanente
inició operaciones y solventó -de forma transitoria o permanente- la conculcación
de los derechos a la seguridad y la salubridad públicas, prevención de desastres
previsibles técnicamente, y realización de construcciones respetando las
disposiciones jurídicas.

144. Además, el componente en análisis únicamente solventa lo correspondiente
a la infraestructura colapsada, sin responder a las otras circunstancias fácticas
que fueron tenidas en cuenta como determinantes de la vulneración de los
intereses colectivos, como son: (i) estado de conservación de la vía secundaria
Calarcá (sector Puerto Rico) - Córdoba - Pijao - Génova; (ii) funcionalidad y
seguridad de la vía terciaria conocida como el Calabazo, que comunica Calarcá
• La Rochela - Puente sobre la Quebrada La Sonadora - Vía el Calabazo - El
Pensil - La Paloma; y (iii) estudios de riesgos para la localización de
asentamientos humanos.

145. Descartado que la vulneración haya sido superada, no sólo por tratarse de
una respuesta parcial al problema que afecta a los residentes de las veredas El
Calabazo, La Rochela y Quebrada Negra, sino por la falta de demostración de
que la misma haya sido implementada en su integridad, debe mantenerse sin
alteración lo decidido por el a quo en el presente proceso.

146. Recuérdese que, si antes de emitirse la sentencia que resuelve el conflicto
se superan los hechos o situaciones que dieron lugar a la violación o amenaza
de los derechos o intereses colectivos, procede abstenerse de emitir órdenes de
protección, por su futilidad o imposibilidad de ejecución, al devenir hueras o sin
fundamento fáctico. A este instituto se ha denominado la “carencia actual de
objeto por hecho superado”. En palabras de esta Corporación:

La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que la carencia actual de objeto
por hecho superado se configura cuando, con posterioridad a la presentación de la
demanda y antes de que se profiera sentencia, desaparecen las circunstancias que
originaron la amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados, de
manera que la orden de protección que se habría impartido resulta inocua o de
imposible ejecución107.

147. Lo anterior no significa que deba soslayarse el estudio de fondo de la
controversia, pues el juzgador debe hacerlo con un doble propósito. De un lado,
comprobar que la transgresión se solventó en su totalidad, por haberse brindado
una respuesta integral a la problemática108. Y, por otra parte, evaluar la

107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de

2026, rad. 2021-00418-01, C.P. Pablo Andrés Córdoba Acosta.
108 Ídem.

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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

procedencia de “ajustar el contenido material de la decisión al parámetro de
necesidad e idoneidad que debe satisfacer toda orden de protección en materia
popular”109.

148. Como en el sub examine, las pruebas no descubren que ya se hubiera
superado el estado de cosas que dio lugar a las órdenes para salvaguardar los
derechos e intereses vulnerados, ni siquiera de forma parcial, no se configura el
hecho superado, de allí que proceda mantener la decisión judicial, con las
modificaciones que se le introducen en el presente veredicto.

149. En todo caso, el Tribunal y el Comité de Verificación, en el ámbito de las
competencias a que se refiere el artículo 34 de la ley 472 de 1998, deberán tener
en consideración los insumos probatorios a que se ha hecho referencia en
precedencia, por servir a la demostración del cumplimiento de las órdenes
judiciales emitidas en el veredicto de primer grado.

Sobre la condena en costas

150. En observancia del criterio unificado de esta Corporación110 y de los
precedentes de la Subsección111, no se condenará en costas, en vista de que
ninguna de las partes obró con temeridad o mala fe.

151. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los numerales 2.1., 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.3. de la parte
resolutiva de la sentencia del 4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión, por las razones expuestas en
la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así:

2.1. Al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MUNICIPIO DE CALARCÁ, UNGRD e
INVIAS, de manera conjunta en virtud de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad consagrados en el artículo 288 de la Constitución
Política de 1991, adopten las medidas administrativas y presupuestales a que haya
lugar para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de
esta providencia, elaboren un plan de contingencia (i) para mitigar los riesgos que
actualmente representa para los residentes de las Veredas El Calabazo, La Rochela
y Quebrada negra del municipio de Calarcá el tránsito por el puente de madera; y

109 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, exp. 67084, C.P.

José Roberto Sáchica Méndez.
110 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala de Decisión Especial núm. 27.

Sentencia del 6 de agosto de 2019. Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
111 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia

del 16 de junio de 2025. Rad. 05001-2333-000-2023-01049 01 (71585). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
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Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

(ii) que contemple la habilitación de un paso por la quebrada denomina La Sonadora
con una infraestructura que garantice el tránsito seguro por la zona donde estaba
instalado el puente que colapso u otra que lo permita.
Parágrafo 1: El referido plan de contingencia deberá tener un cronograma claro y
razonable de implementación y contar con un espacio de diálogo con la participación
de la comunidad, al menos el accionante y/o el presidente de la junta de acción
comunal o quien los represente, que deberá ser coordinado por el Departamento del
Quindío.
Parágrafo 2: Dentro del término de un (1) mes las accionadas deberán presentar un
informe conjunto, en el que describan al menos (i) el proceso de convocatoria al
espacio de diálogo con la comunidad; (ii) conclusiones y los compromisos
acordados en el citado espacio y (iii) las acciones que ha adelantado para cumplir
con los compromisos. Luego, de manera trimestral, deberán rendir informes
adicionales que den cuenta del avance en la implementación de los compromisos
adquiridos tendientes al tránsito libre y seguro de los residentes del sector.

2.2.1. Al departamento del Quindío, la construcción del Puente La Sonadora con
una infraestructura que cumpla con la Norma Colombiana de Diseño de Puentes
vigente y las demás normas técnicas que garanticen el tránsito seguro para los
residentes de las Veredas El Calabazo, La Rochela y Quebrada negra con la
cabecera urbana del municipio de Calarcá Quindío. Para lo cual, tendrá el término
de DOCE (12) MESES contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

2.2.2. Al departamento del Quindío, las obras civiles necesarias y demás
indispensables que arrojen los estudios de estabilización y rehabilitación de la vía
de segundo orden “CALARCA (SECTOR PUERTO RICO) - CORDOBA - PIJAO –
GENOVA”, identificada con el código 40QN09, a cargo de esta entidad territorial.
Para lo cual, tendrá el término de DOCE (12) MESES contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia.

2.2.3. Al municipio de Calarcá, las obras civiles necesarias y demás indispensables
que arrojen los estudios de estabilización y rehabilitación de los puntos críticos de
la vía alterna de tercer orden, a cargo de esta entidad territorial. Además de las
actividades de mantenimiento y mejoramiento, entre ellas, rocería y limpieza a lo
ancho de la vía, limpieza manual de obras existentes, instalación de señalización e
información preventiva a lo largo de la vía. Para lo cual, tendrá el término de DOCE
(12) MESES contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

SEGUNDO: ADICIONAR, al numeral 2.2. de la parte resolutiva de la sentencia del
4 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
Primera de Decisión, el siguiente parágrafo 4°, por los motivos que en su
oportunidad se dilucidaron:

De acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, el
municipio de Calarcá y/o el departamento del Quindío podrán concretar
instrumentos jurídicos que permitan realizar las gestiones técnicas, administrativas,
financieras, de contratación y demás que se requieran para el cumplimiento de las
órdenes emitidas en este fallo, incluyendo la eventual celebración de convenios
interadministrativos o mecanismos de cofinanciación.

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Radicación: 63001-23-33-000-2025-00041-01 (73.475)
Demandante: Juan David Caicedo Guaca
Demandado: Instituto Nacional de Vías y otros
Referencia: Protección de derechos e intereses colectivos

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 4 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Primera de Decisión,
por las consideraciones efectuadas a lo largo de este proveído.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

QUINTO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal de
origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.
VF

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