Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2014-00488-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-33-000-2014-00488-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-33-000-2014-00488-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
24 de abril de 2024
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: EVELIN LISETH CORREDOR RIAÑO, YANIRA ENITH
HERRERA BENÍTEZ, ARMANDO BAENA CIFUENTES Y
DAYVER ERNESTO CORREA FLÓREZ
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
AERONÁUTICA CIVIL (AEROCIVIL), MUNICIPIO DE TUNJA
Y DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TEMA/SUBTEMAS: ACCIÓN POPULAR – DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS – Características; SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE PÚBLICO
AÉREO – Excepcionalidad en su prestación por parte del Estado; DERECHO COLECTIVO A LA
DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO – Omisión en la guarda y cuidado de bien inmueble;
COSTAS EN ACCIÓN POPULAR.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el veintiséis (26) de
julio de dos mil diecisiete (2017) dentro de la presente causa.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Los demandantes solicitan el amparo del derecho colectivo al acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el cual alegan vulnerado
por la falta de prestación del servicio de transporte aéreo desde y hacia el
aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja y el estado de abandono en
el que, según afirman, se encuentran sus instalaciones. En primera instancia el
Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones para lo cual, en
términos generales, dispuso la operación de la referida terminal aérea, fallo que fue
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
apelado por las autoridades demandadas bajo la consideración de que las ordenes
emitidas escapan al marco legal de sus competencias.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda, oposición y trámite relevante en primera instancia
1.1El veintinueve (29) de agosto de dos mil catorce (2014)1 el señor Armando Baena
Cifuentes, en su calidad de Procurador Regional de Boyacá, Dayver Ernesto Correa
Flórez, aduciendo actuar como funcionario de esa misma entidad, y las ciudadanas
Evelin Liseth Corredor Riaño y Yanira Enith Herrera Benítez, formularon acción
popular en contra del Municipio de Tunja, la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil (en adelante Aerocivil) y el Departamento de Boyacá, al considerar
que dichas entidades vulneraron el derecho colectivo contemplado en el literal j) del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998, esto es, “[e]l acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna”, específicamente en lo relacionado con
el servicio público de transporte aéreo2.
Como fundamento de la demanda, los accionantes señalaron que desde su
inauguración en los años 50, el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de
Tunja, nunca ha operado comercialmente.
Sostuvieron que en el año 2006 —no precisaron fecha—, la Aerocivil y el municipio
de Tunja celebraron un contrato de comodato sobre ese aeropuerto, en el que se
estipuló que el municipio (comodatario) debía adelantar las obras necesarias para
su operación, contrato que fue prorrogado en el 2010 por cinco (5) años más. Sin
embargo y pese al adelantamiento de algunas obras, el aeropuerto aún no se
emplea para los fines para los cuales fue construido y se encuentra en estado de
abandono, al punto que, de acuerdo con los actores, la Aerocivil decidió restringir
los vuelos en esa terminal aérea ꟷno precisaron la fecha—, hasta tanto se
resuelvan los problemas relacionados con la aeronavegación, la torre de control y
los cerramientos.
1 Reverso del folio 23 del Cuaderno N° 1.
2 Al respecto, los demandantes indicaron que la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado, ha concluido que el transporte aéreo tiene la calidad de servicio público
esencial por lo que puede ser protegido por la vía de la acción popular (sentencias “987 de 2012”,
proferida por la Corte Constitucional, y de 18 de agosto de 2011 expedida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, radicado 17001-23-33-000-2003-03910-01).
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A partir de esas consideraciones, los accionantes plantearon como pretensiones las
siguientes:
«a.-ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil-
AEROCIVIL Y AL MUNICIPIO DE TUNJA Reactivar el Comité operativo del
comodato: establecido en la CLÁUSULA NOVENA la cual establece sus
integrantes y LAS FUNCIONES: de establecer parámetros y lineamiento (sic) para
el funcionamiento del aeropuerto y la seguridad de las operaciones aéreas
conforme normatividad nacional e internacional, impartir directrices y criterios y
recomendaciones para el adecuado funcionamiento del aeropuerto; verificar la
ejecución del contrato de comodato y el cumplimiento de las obligaciones allí
pactadas. Que se inicie un plan de reactivación de operaciones aéreas del
AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE LA CIUDAD DE TUNJA que
garantice el servicio público esencial de transporte aéreo y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.
b.- ORDÉNASE AL MUNICIPIO DE TUNJA y tal como lo establece la cláusula
DECIMA TERCERA del Comodato que con sus propios recursos y previas las
autorizaciones pertinentes del Concejo Municipal, adecuar y construir en los
citados terrenos las obras necesarias para la operación del aeropuerto, previa
aprobación de la aeronáutica civil. Así mismo, sufragar los costos de
mantenimiento para el buen funcionamiento del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla
de Tunja.
c.- ORDÉNASE a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ para que, dentro de sus
funciones administrativas de coordinación y de complementariedad de la acción
municipal se vincule efectivamente a este proyecto con apoyo financiero e
institucional que se requiera.
d.- ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL Para (sic) mejorar la continuidad en la prestación del servicio y se
logre una cobertura adecuada realizar las acciones que estén a su alcance para
que en principio la Empresa Satena pueda atender mediante la modalidad de
operador regular la demanda de pasajeros, y en el tema de las tarifas establezca
la posibilidad para subvencionar a dicha empresa (sic) para motivar el inicio de
operaciones en Tunja al respecto el Consejo de Estado en su Sala de Consulta y
Servicio Civil con radicación 1.407 del 23 de mayo de 2002 fijó un criterio
interesante cuando indicó: “El gobierno nacional puede subvencionar a las
empresas prestadoras de servicio público de transporte aéreo del Estado, pero no
a las privadas”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1863 del Código de comercio,
compete al gobierno fijar los términos, condiciones y modalidades de la
subvención que conceda a la industria, en este caso, a las empresas del Estado
Prestadoras del servicio público de transporte aéreo.
e.- ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL que inicie un estudio o proyecto tendiente a flexibilizar el
procedimiento para la concesión de permisos de operación aérea para el
Aeropuerto de Tunja fundada en criterios de necesidad y conveniencia del servicio
lo que generaría cierta flexibilidad a sus decisiones y se evitaría concurrir a las ya
conocidas audiencias públicas que generan demoras para lograr que empresas
regulares presten este esencial servicio de transporte aéreo en esta terminal
Aérea.
f.- ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL dar aplicación a la Resolución 1022 de 2004 de la Aeronáutica civil,
mediante la cual se podría PROMOVER la creación el sistema de SERVICIO
PIONERO REGULAR que como se indica, en un servicio regular que conecta de
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manera directa un origen y un destino en el cual no haya un servicio regular en el
año inmediatamente anterior a la fecha en que se efectúa la petición para operar
una determinada ruta y que dicho servicio pionero es perfectamente aplicable al
transporte aéreo regular nacional y comercial de pasajeros, tiene como ventaja
para quien resulte escogido para propiciar la consolidación y estabilidad de este
servicio pionero, durante el primer año de operación efectiva del mismo por parte
de una empresa de transporte aéreo , la aeronáutica civil se abstendrá de autorizar
la operación de un competidor, incluso si es baja la densidad de tráfico(hasta
10.000 pasajero año) , el plazo de protección aquí establecido se podría ampliar
por un plazo igual, obviamente este servicio público se debe prestar en
condiciones de calidad , precio y continuidad para preservar los derechos del
usuario.
g.- ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –
AEROCIVIL promover, permitir y/o autorizar el ACUERDO ENTRE
OPERADORES DE TRANSPORTE AÉREO, tal como así lo indica el artículo 1866
del Código de Comercio que ratifican (sic) como los acuerdos o convenios entre
operadores han sido instrumento de política aérea comercial que han
evolucionado en el tiempo. Y podrían autorizarse un acuerdo o convenio entre una
empresa como AVIANCA , LAN o VIVA COLOMBIA y empresas pequeñas de
transporte aéreo AEROLÍNEA DE BAJO COSTO EASYFLY que sirvan como
SISTEMA DE ALIMENTADORES desde la Ciudad de Tunja hasta Bogotá, de tal
manera que con la compra de un solo tiquete aéreo se aborde un avión en la
Ciudad de Tunja, llegue al Aeropuerto el Dorado y allí pueda hacer conexión bien
en una ruta nacional o internacional (sic), e igualmente proceda dicho
procedimiento en forma inversa, es decir llega el vuelo nacional o internación al
Bogotá y con el mismo tiquete aborde luego en conexión el vuelo para ciudad de
Tunja.
h.- En virtud de la naturaleza especial de la Acción Popular, es válido que el juez
profiera fallos ultra o extra petita. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA Consejero ponente:
JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS Bogotá, D.C., septiembre (6) de dos
mil uno (2001) Radicación número: 13001-23-31-000-2000-0005-01(AP-163) por
lo cual solicitamos respetuosamente que en caso de ser necesario se acoja esta
potestad.» (Negritas, mayúsculas y subrayas en original)3.
1.2 Admitida la demanda, por auto del diecinueve (19) de enero de dos mil quince
(2015), el Tribunal dispuso su notificación a la Aerocivil, al departamento de Boyacá
y al municipio de Tunja4. Igualmente, ordenó vincular a la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (en
adelante CORPOBOYACA)5.
1.3. Surtidas las respectivas notificaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones6:
3 Se transcriben las expuestas en la subsanación de la demanda visible a folio 96 del Cuaderno 1.
4 Por auto de 10 de septiembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió el escrito
introductorio y concedió el término de 3 días para su subsanación (folio 75 del Cuaderno 1).
5 Folios 153 a 155 del Cuaderno N° 1.
6 Aunque por auto del veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) se declaró la nulidad de
todo lo actuado desde la notificación del auto admisorio, porque este no se notificó al municipio de
Tunja, lo cierto es que se conservó la validez de las contestaciones que ya habían sido presentadas,
razón por la que estas se referencian tal y como fueron presentadas en su momento.
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1.3.1. CORPOBOYACA indicó que su intervención en este tema se limitó a
conceder al municipio de Tunja una autorización de aprovechamiento forestal
para que éste procediera a la limpieza vegetal de los extremos de la pista del
aeropuerto y al adelantamiento de un proceso sancionatorio contra ese
municipio por transgredir disposiciones en materia ambiental7. En ese
sentido, sostuvo que no se pronunciaría sobre las pretensiones de la
demanda, pues ninguna de ellas involucra a la Corporación, en tanto esa
entidad no ha puesto en peligro el derecho colectivo invocado8.
1.3.2. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso
a la prosperidad de la demanda alegando su ineptitud ꟷen cuanto no se
agotó debidamente el requisito de procedibilidad de que trata el numeral 4
del artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA)ꟷ y la falta de legitimación en la causa
por pasiva, bajo la consideración de que ese Ministerio no tiene dentro de
sus funciones ninguna relacionada con la prestación del servicio público de
transporte aéreo de pasajeros ni con las subvenciones reclamadas, las
cuales solo pueden ser aprobadas por el Congreso de la República a través
de una ley9.
Por último, en cuanto a la solicitud de subvención solicitada en favor de la
aerolínea SATENA, resaltó que el Consejo de Estado ha concluido que el
servicio de transporte aéreo de pasajeros no puede estar sujeto a auxilio o
subsidio alguno por parte del Estado10 y que, en todo caso, esa empresa
tiene carácter mixto, lo que implica que en cualquier momento puede volverse
privada y, en consecuencia, quedaría cobijada con la prohibición que impide
establecer auxilios en favor de empresas de esa naturaleza.
1.3.3. A su turno, el Departamento de Boyacá intervino para solicitar su
desvinculación por cuanto esa entidad territorial no tiene la atribución de
prestar el servicio público de transporte aéreo, de manera que no puede
satisfacer pretensiones como las planteadas en la demanda. Además, señaló
7 Folios 178 a 180 del Cuaderno 1.
8 Escrito de tres (3) de febrero de dos mil quince (2015), folio 179 del Cuaderno 1.
9 Escrito de nueve (9) de febrero de dos mil quince (2015), folio 218 del Cuaderno 1.
10 Al efecto citó el Concepto 1407 de 2002 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil.
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que la administración departamental no ha puesto en peligro el derecho
invocado11.
1.3.4. La Aerocivil también se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que no ha existido vulneración alguna del derecho colectivo
alegado, en tanto ella ha dado cumplimiento a las obligaciones que adquirió
respecto del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja.
Así, señaló que en el año 2006 el aeropuerto fue entregado en comodato al
municipio, quien asumió entonces el carácter de “explotador” de la terminal
aérea y, en consecuencia, la obligación de mantener su operatividad de
conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). Por
consiguiente, estimó que estaban configuradas las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva” y “hechos y omisiones de un tercero”.
Por lo demás, indicó que la Aerocivil tiene una función netamente reguladora,
que la restricción operativa impuesta al aeropuerto de Tunja se fundamentó
en el hecho de que la terminal aérea no cumple con los requisitos mínimos
de seguridad para su operación ꟷrequisitos que no pueden ser
flexibilizadosꟷ, y que la Aerocivil no tiene injerencia alguna en las rutas que
las aerolíneas eligen operar12.
1.3.5. Finalmente, el Municipio de Tunja adujo que sí había adelantado
distintas acciones para la recuperación y mantenimiento del aeropuerto
ꟷtales como la limpieza de la vegetación aledaña y de las pistasꟷ, acciones
que desarrolló hasta agotar el presupuesto asignado para el efecto. Además,
precisó que el aeropuerto pertenece a la Aerocivil y que necesita una
inversión presupuestal que el municipio no está en capacidad de asumir.
En consecuencia, adujo que no podía predicarse omisión en la protección del
derecho colectivo alegado, pues la entidad ha dado cumplimiento a las
obligaciones derivadas del contrato de comodato, por virtud del cual recibió
una terminal aérea en una “condición lamentable” que ha venido mejorando
precisamente por la intervención de la administración municipal en los
términos anotados13.
11 Escrito de veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), folio 269 a 280 del Cuaderno 1.
12 Escrito de siete (7) de abril de dos mil quince (2015), folio 285 del Cuaderno 1.
13 Escrito de veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), folios 414 a 419 del Cuaderno N° 2.
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Además, la Defensoría del Pueblo, Regional Boyacá, presentó escrito en el que
solicitó ser tenida como coadyuvante de la demanda, planteando argumentos
similares a los indicados en el líbelo introductorio14.
2. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete (2017), el
Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones denominadas por la
AEROCIVIL “indebida acción e inepta demanda”, de “falta de legitimación en la
causa por pasiva” y “hechos u omisiones de terceros” y la denominada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público como “falta de legitimación en la causal
por pasiva” por las razones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción invocada por CORBOYACA
como “ausencia de elementos que estructuren la responsabilidad” y las
propuestas por el Departamento de Boyacá como “ausencia de elementos
objetivos necesarios para reclamar al departamento de Boyacá la prestación del
servicio transporte aéreo” y de “inexistencia de causa para demandar al
departamento”, por las razones dadas.
TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo al acceso al servicio público aéreo
por las razones expuestas respecto de las actuaciones y omisiones endilgadas a
la AEROCIVIL y al municipio de Tunja.
CUARTO: ORDENAR al municipio de Tunja que en el término de 60 días
siguientes a la notificación de esta sentencia restituya el aeropuerto Gustavo
Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja a la AEROCIVIL.
QUINTO: ORDENAR a la AEROCIVIL, como propietario del aeropuerto Gustavo
Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, que en el término de un año contado desde la
notificación de la presente providencia haga todo lo que esté a su alcance para
que dicho aeropuerto cuente nuevamente con permiso de operación, garantizando
que las instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica sean suficientes
para que pueda operar la aviación civil con seguridad.
SEXTO: ORDENAR A LA AEROCIVIL que en el término de un año contado desde
la notificación de la presente providencia haga efectiva la inversión anunciada
oficialmente en la suma de $ 1.093 millones de pesos, con el fin de hacer operativo
del aeropuerto de Tunja.
SÉPTIMO: ORDENAR a la AEROCIVIL que una vez el aeropuerto Gustavo Rojas
Pinilla de Tunja cuente con el permiso de operación coordine los servicios de
SATENA con otros operadores de transporte aéreo existentes en Boyacá-
Sogamoso para lograr que se preste eficientemente el servicio público aéreo en
el mencionado aeródromo.
OCTAVO: ORDENAR a la AEROCIVIL que una vez el aeropuerto Gustavo Rojas
Pinilla de Tunja cuente con permiso de operación, coordine con la empresa
SATENA el trámite para aprobarle la operación respecto de una ruta nacional no
servida, como es el caso de la de Tunja.
14 Oficio de diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015), folio 262 del Cuaderno N° 1.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
NOVENO: ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que una
vez entre a operar el aeropuerto de Tunja, subvencione las tarifas aeroportuarias
a SATENA.
DÉCIMO: COMPULSAR copias a la Contraloría Departamental y la Procuraduría
Regional del Boyacá, con la finalidad de que investigue la actuación del municipio
de Tunja, en el manejo del comodato sobre el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla
dado que en el expediente reposan pruebas de que pese a que se hicieron
remodelaciones esa terminal se encuentra en total abandono.
UNDÉCIMO COMPULSAR copias a la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación con la finalidad de que investiguen el presunto
detrimento patrimonial, por parte de la AEROCIVIL en vigencia del contrato
celebrado con el municipio de Tunja el 16 de diciembre de 2010, mediante el cual
se entregó en comodato el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja.
DUODÉCIMO: Para la verificación del cumplimiento de las decisiones que en la
providencia se adoptan, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, se
dispondrá la conformación de un comité conformado por los actores populares, el
alcalde del municipio de Tunja, los representantes legales de AEROCIVIL y del
Ministerio de Hacienda y Crédito público, y el Procurador Provincial de Tunja quien
lo presidirá, con la finalidad de que verifiquen el cumplimiento de las órdenes
impartidas, en los términos del artículo 34 de la Ley 142 de 1998. Para tal fin el
Procurador Provincial de Tunja deberán (sic) rendir informe dentro del año
siguiente.
DÉCIMOTERCERO: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472
de 1998, remítase copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo- registro
público de acciones populares y de grupo.
DÉCIMOCUARTO: Ejecutoriada esta providencia, procédase al archivo del
expediente, dejando previamente las anotaciones y constancias de rigor».
(Negritas y mayúsculas en original)
Como sustento de su decisión, la autoridad de primera instancia empezó por
precisar que varias de las excepciones formuladas por los accionados estaban
relacionadas con el fondo del asunto, por lo que no era posible decidirlas de forma
separada al examen de la litis, y que la excepción de inepta demanda por falta de
agotamiento del requisito de procedibilidad planteada por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público no estaba llamada a prosperar, porque dicha cartera fue vinculada
al proceso por orden judicial.
Posteriormente, el Tribunal realizó unas consideraciones generales sobre asuntos
como la procedencia de la acción popular respecto a temas contractuales, las
características del contrato de comodato, el servicio público de transporte aéreo y
la naturaleza jurídica de SATENA, entidad que, según afirmó, al tener naturaleza
pública sí puede ser objeto de subvención por parte del Gobierno Nacional.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
Decantado lo anterior, el a quo analizó una a una las pretensiones de la demanda y
la responsabilidad de cada entidad en relación con el asunto bajo estudio.
A su juicio, en este caso se demostró la amenaza del derecho colectivo de acceso
al servicio público de transporte aéreo, a causa de las actuaciones de la Aerocivil y
del municipio de Tunja, quienes tenían la obligación de prestar el servicio (el
municipio en vigencia del contrato de comodato y la Aerocivil una vez restituido el
inmueble). No obstante, se acreditó que el aeropuerto no cumple los requisitos y
condiciones técnicas para su funcionamiento, pese a que aquél es indispensable
para gozar efectivamente del derecho invocado, el cual, además, guarda conexidad
con otras garantías como la libertad, la locomoción, el trabajo y la educación.
En este contexto y bajo la consideración de que la prestación del servicio requiere
de la realización de obras civiles para la adecuación del aeropuerto, el Tribunal
ordenó a la Aerocivil realizar una inversión por mil millones noventa y tres mil pesos
($1.000.093.000) para adecuar la terminal aérea y disponer todo lo que esté a su
alcance para garantizar su operatividad, en tanto dispuso que el municipio de Tunja
debía restituir inmediatamente el inmueble a su propietario.
Sin embargo, indicó que no era posible ordenar el cumplimiento de las cláusulas
novena y décimo tercera del contrato de comodato celebrado entre la Aerocivil y el
municipio, pues a la fecha de expedición de la sentencia el plazo de ejecución del
referido negocio se encontraba vencido y en cuanto este medio de control no es la
vía adecuada para analizar incumplimientos contractuales. Pese a ello, el Tribunal
dispuso compulsar copia de la actuación a los entes de control a fin de que estos
investiguen el presunto detrimento patrimonial que podrían haber generado las
omisiones tanto del municipio de Tunja, al incumplir las obligaciones que tenía como
comodatario, como de la Aerocivil, al no exigir a su contraparte el cumplimiento del
contrato.
De otra parte, el a quo consideró que no cabía ordenar la flexibilización del
procedimiento para la concesión de permisos de operación aérea para el aeropuerto
de Tunja, pues en esta clase de actividades peligrosas debe primar el principio de
seguridad. Igualmente indicó que tampoco podía disponer la aplicación de la
Resolución 1022 de 2004 de la Aeronáutica para promover la creación del
denominado sistema de servicio pionero, que permitiera, mediante un acuerdo entre
operadores, que con un solo tiquete se pudiera salir de Tunja, llegar a Bogotá y
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
hacer conexión con otras rutas nacionales o internacionales, frente a lo cual no se
probó siquiera la existencia de empresas con interés en prestar este servicio.
En cuanto al departamento de Boyacá, el Tribunal encontró probado que esa
entidad no puso en peligro el derecho colectivo alegado, pues no tiene
responsabilidad en la prestación del servicio público de transporte15, mientras que,
en relación con SATENA, el a quo señaló que a ella “le compete colaborar con la
Aerocivil en la ejecución de una política y planes en materia de transporte aéreo
para las regiones menos desarrolladas en las que no se pueda acceder al servicio
público aéreo”, requisitos que se cumplen en el caso de Tunja en donde el servicio
de transporte aéreo no se presta porque el permiso de operación se encuentra
suspendido por la Aerocivil. Por lo anterior, ordenó que una vez el aeropuerto cuente
con los permisos pertinentes, la Aerocivil y SATENA deben coordinar lo que resulte
del caso para que se preste efectivamente el servicio de transporte aéreo y
gestionar la aprobación “de una ruta nacional no servida, como lo es la de Tunja”.
Finalmente, declaró probada la excepción de “ausencia de elementos que
estructuren la responsabilidad” propuesta por CORBOYACA16.
3. Los recursos de apelación
Inconformes con lo anterior, las autoridades demandadas formularon recurso de
apelación en los siguientes términos:
3.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Mediante escrito de treinta y uno (31) de julio de dos mil diecisiete (2017), esa
Cartera aseguró que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, toda vez
que aquella desconoce la normativa sobre subvenciones.
Así, explica que si bien la Ley 1753 de 2015 prevé que el Estado puede entregar
subvenciones a SATENA, lo cierto es que, de acuerdo con lo reglado en los
Decretos 942 de 2016 y 703 de 2017, esa clase de beneficios debe tramitarse
directamente a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo
15 En consecuencia, el Tribunal declaró probadas las excepciones de “ausencia de elementos
objetivos necesarios para reclamar al departamento de Boyacá la prestación del servicio transporte
aéreo” e “inexistencia de causa para demandar al departamento”, planteadas por la entidad territorial.
16 Folios 549 a 588 del Cuaderno N° 3.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
anterior, indica que, si la decisión en segunda instancia es confirmar la sentencia
dictada por el Tribunal, es necesario vincular a esta causa a ese Ministerio, en tanto
es a quien correspondería cumplir con las órdenes impartidas, así como modificar
los numerales 9 y 12 de la parte resolutiva de esa providencia a fin de precisar que
quien debe conceder la subvención es esa Cartera y que, por ende, es ella quien
debe integrar el comité de verificación de cumplimiento del fallo17.
3.2. Aerocivil
A través de memorial de primero (1) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la
Aerocivil solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, en especial, en
lo que respecta a las órdenes impartidas a esa entidad, pues, a su juicio, son de
imposible cumplimiento y desconocen el marco funcional y contractual al que está
sujeto la Aerocivil.
Así, en relación con la orden prevista en el numeral 4 de la parte resolutiva, afirma
que ella desconoce que la restitución del inmueble donde opera el aeropuerto no ha
sido posible, toda vez que algunos ciudadanos han formulado acciones policivas
sobre los predios que conforman la terminal área, de manera que para poder
cumplirla debe requerirse al municipio de Tunja para que proceda a “sanear el
aeropuerto con miras a que a la AEROCIVIL como su propietario pueda ejercer su
derecho de propiedad completo sobre el mismo”.
Por su parte, frente a la orden de que trata el numeral 5 de la parte resolutiva, de
acuerdo con la cual la Aeronáutica debe hacer todo lo que esté a su alcance para
“recuperar” la terminal aérea, sostiene que ella no está acorde con la realidad pues,
de un lado, la entidad en efecto ha adelantado actividades para recuperar el
aeropuerto de la ciudad de Tunja ꟷde lo que da cuenta, por ejemplo, el proceso de
contratación N° 17001196 H3ꟷ, y, del otro, en tanto el término otorgado es irrisorio.
Además, señala que no es posible realizar la apropiación presupuestal que exige el
Tribunal en el numeral 6 de su fallo, advirtiendo que la Unidad ya destinó una suma
para efectuar el cerramiento de la terminal aérea, obra que no se ha completado
debido a las querellas policivas interpuestas respecto de dicho bien.
17 Folios 590 a 958 del Cuaderno N° 3.
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En cuanto a las órdenes de que tratan los numerales 7° y 8° de la parte resolutiva,
referidas a la prestación del servicio por SATENA, señala que la Aerocivil no puede
intervenir, sugerir, imponer o influir en las aerolíneas, cualquiera sea su naturaleza,
para que estas presten determinadas rutas, por lo que la entidad no podría coordinar
con ella la prestación del servicio para Tunja.
Finalmente, afirma que la compulsa de copias a los entes de control para que se
determine si existió un detrimento patrimonial derivado del contrato de comodato,
agrava la situación del aeropuerto, en especial, si se tiene en cuenta que la Aerocivil
recibió el bien en malas condiciones debido a la negligencia del comodatario en el
cumplimiento de las responsabilidades que le eran exigibles18.
4. Trámite procesal en segunda instancia
4.1. Por auto de tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal
Administrativo de Boyacá concedió los recursos de apelación formulados19.
4.2. Recibido el expediente en el Consejo de Estado, mediante providencia del
veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) se admitieron las
impugnaciones y se ordenó su notificación a las partes y al Ministerio Público20.
4.3. Mediante auto de catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se
ordenó vincular al presente proceso al Ministerio de Defensa Nacional21; sin
embargo, dicha decisión fue revocada por auto del cuatro (4) de diciembre de esa
misma anualidad para, en su lugar, solicitar pronunciamiento de esa Cartera a
efectos de establecer su posible vinculación al proceso22.
Durante el término de traslado, el Ministerio de Defensa Nacional se opuso a su
vinculación a la presente causa, para lo cual, luego de pronunciarse respecto de la
naturaleza jurídica de SATENA, señaló que el propósito de esa sociedad es prestar
el servicio de transporte aéreo en las regiones menos desarrolladas y apartadas del
país, operando las denominadas rutas sociales, establecidas para destinos que se
caracterizan por tener condiciones geográficas de difícil acceso, una situación
18 Folios 596 a 620 del Cuaderno N° 3.
19 Folio 607 del Cuaderno N° 3.
20 Folios 613 a 614 del Cuaderno N° 3.
21 Folio 620 del Cuaderno N° 3.
22 Folio 623 del Cuaderno N° 3.
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compleja de orden público o de infraestructura y/o situaciones de pobreza o afines,
correspondiéndole exclusivamente al Gobierno Nacional definir, de conformidad con
los protocolos expedidos al efecto, no solo cuáles rutas áreas pueden clasificarse
en esa categoría, sino, además, cuáles pueden ser objeto de subvención, facultad
que no puede arrogarse el juez de la acción popular.
En ese contexto, indicó que la ruta Bogotá-Tunja no está definida como un destino
social, en especial, porque Tunja no tiene condiciones geográficas alejadas,
situaciones complejas de orden público, ni tampoco se encuentra a una distancia
considerable del destino con el centro urbano a conectar.
Por lo anterior, solicitó no solo no ser vinculada al proceso de la referencia sino,
además, que se revoque la orden relacionada con la concesión de subvenciones a
SATENA para operar la citada ruta23.
4.4. Por auto de quince (15) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se dispuso correr
traslado para alegar de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la parte
actora y por la Aerocivil, quienes reiteraron los argumentos planteados a lo largo del
proceso24. Por su parte, el Delegado del Ministerio Público guardó silencio.
4.5. Mediante auto de veintisiete (27) de mayo de dos mil veinte (2020), se decretó
como prueba de oficio la rendición de informe por parte de la Aerocivil sobre: i) el
estado del proceso de contratación N° 17001196 H3; ii) qué otros procesos de
contratación se habían adelantado respecto del aeropuerto de Tunja; iii) cuál era el
estado del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, desde el punto de vista físico y desde
la perspectiva de su condición jurídica; y iv) si la Resolución No. 1291 de 2015, a
través de la cual se suspendió temporalmente el permiso de operación de la referida
terminal aérea, estaba surtiendo efectos jurídicos25.
Mediante escrito de veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021), la entidad
dio respuesta al requerimiento anterior26.
23 Folios 630 a 636 del Cuaderno N° 3.
24 Folios 677, 679 a 680 y 687 a 688 del Cuaderno N° 3.
25 Folio 699 a 701 del Cuaderno N° 3.
26 Índice 67 de SAMAI.
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4.6. Agotados los respectivos trámites procesales, el expediente entró al Despacho
para adoptar la decisión que en derecho corresponda27.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
decidir los recursos de apelación presentados en el marco del medio de control de
defensa de los derechos e intereses colectivos de la referencia, en los términos de
los artículos 37 de la Ley 472 de 199828, 125, 150 y 152.16 del CPACA29, y 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación30.
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto en el acápite de antecedentes de la presente
providencia, atañe a la Sala establecer si en este caso se demostró vulneración o
amenaza del derecho colectivo al acceso al servicio público de transporte, como
consecuencia de la no operación del aeropuerto en la ciudad de Tunja y de las
actuaciones desplegadas por las autoridades demandadas respecto del mismo.
27 Folio 708 del Cuaderno N° 3.
28 “ARTICULO 37. RECURSO DE APELACIÓN. El recurso de apelación procederá contra la
sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de
Procedimiento Civil, y deberá ser resuelto dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir
de la radicación del expediente en la Secretaría del Tribunal competente. // La práctica de pruebas
durante la segunda instancia se sujetará, también, a la forma prevista en el Código de Procedimiento
Civil; en el auto que admite el recurso se fijará un plazo para la práctica de las pruebas que, en
ningún caso, excederá de diez (10) días contados a partir de la notificación de dicho auto; el plazo
para resolver el recurso se entenderá ampliado en el término señalado para la práctica de pruebas.”
29 “ARTÍCULO 125. (…) Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de
decisión dictar las sentencias. (…)
ARTÍCULO 150: El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código. (…)
ARTÍCULO 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos (…) 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.”
30 “ARTÍCULO 13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección
Tercera (…) 13. Las acciones populares versen sobre asuntos contractuales y aquellas relacionadas
con el derecho a la moralidad administrativa”. En el caso concreto, el asunto fue planteado como un
tema contractual, relacionado con el alegado incumplimiento del contrato de comodato celebrado
entre la Aerocivil y el municipio de Tunja.
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Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales sobre la
acción popular y los derechos colectivos que se alegan como vulnerados, para luego
abordar la solución del caso concreto.
3. La acción popular como mecanismo de protección de los derechos
colectivos
3.1. En la Constitución de 1991 se reconoció la importancia de ciertas prerrogativas
de alto valor constitucional que superaban la barrera individual de aquellos
conocidos como derechos individuales y transcendían a la esfera social. Se
estipularon así en la Carta Política los derechos e intereses colectivos, entendidos
como aquellos intereses que pertenecen a la comunidad en general31,
concediéndoles una herramienta judicial idónea que garantizara no solo su goce
efectivo, sino que permitiera su salvaguarda en caso de amenaza, vulneración o
daño32, bajo el entendido de que “la protección de estos derechos va más allá de
la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la
ley, para proteger valores esenciales que afectan a la comunidad”33.
En este contexto, en el artículo 88 Superior se introdujo la acción popular como un
mecanismo judicial que tiene como propósito, precisamente, prevenir, proteger y/o
restaurar los derechos o intereses colectivos violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o incluso de particulares34. Así, en la Carta Política
expresamente se estableció:
“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección
de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el
ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que
se definen en ella.
También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares.
Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño
inferido a los derechos e intereses colectivos.”
31 Al respecto, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de marzo de 2010, radicación
44001-23-31-000-2005-00328-01.
32 En el Código Civil ya se contemplaban acciones populares para proteger intereses comunes.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, 24 de septiembre de 2021, radicación 25000-
23-24-000-2010-00734-01 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de
julio de 2021, radicación 20001-23-31-000-2010-00527-01.
34 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, “Acciones Populares y Medidas Cautelares en Defensa de
los Derechos e Intereses Colectivos”, Universidad Externado de Colombia, 2010, pág. 17.
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El legislador expidió entonces la Ley 472 de 1998, con el fin de regular el ejercicio
de las acciones populares y de grupo, disponiendo en el artículo 2 que las primeras
“[s]on los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos”, de manera que se ejercen “para evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
Igualmente, en el artículo 9° ibídem se señaló que estas proceden ante la acción u
omisión de autoridades o de particulares que hubieren violado o amenazado algún
derecho o interés colectivo.
Posteriormente, con la expedición de la Ley 1437 de 2011 se estableció el medio
de control de protección de intereses y derechos colectivos (artículo 144), como
aquel a través del cual cualquier persona puede acudir a la jurisdicción en busca
de “protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que
se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
Así, la acción popular es el mecanismo judicial idóneo para hacer exigibles los
derechos o intereses colectivos y/o para evitar su daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio que pueda recaer sobre ellos o restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. En este sentido, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la procedencia de esta acción
está supeditada a que se compruebe que “i) exista una acción u omisión de la parte
demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de
derechos o intereses colectivos, y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción
u omisión y la afectación de los derechos e intereses”, de conformidad con lo
reglado en el artículo 30 de la Ley 472 de 199835.
3.2. Debido a la importancia de los intereses que se protegen con este medio de
control y a su carácter público, en estos asuntos los poderes de dirección del juez
se ven maximizados no solo por su deber de darle impulso oficioso, sino por el de
35 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de agosto de 2019, radicación 85001-23-
33-000-2013-00016-01.
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garantizar el efectivo goce de los derechos colectivos que se encuentre
involucrados36.
Así, por ejemplo, esta Sección ha concluido que “[e]s válido al juez de las acciones
populares proteger otros derechos colectivos no alegados por el actor, con el fin de
proteger a una comunidad que está afectada por la decisión jurídica, más no está
representada en su totalidad en la Litis y por ende los principios constitucionales y
demás normas legales son parte de la decisión del juez de esta acción (…)”37.
No obstante, debe precisarse que ello no implica que el juez no tenga límite alguno
pues, en todo caso, deberá garantizarse la observancia del principio de congruencia
propio de las decisiones judiciales, así como los derechos al debido proceso,
defensa y contradicción de las partes, los cuales no pueden verse conculcados por
el uso de esta facultad. En ese sentido, la autoridad judicial deberá ser
especialmente cuidadosa para que el ejercicio de las potestades ampliadas no
tenga como efecto la valoración de asuntos no relacionados directamente con el
asunto planteado y que no pudieron ser controvertidos por las partes dentro de las
oportunidades procesales correspondientes, lo cual podría comportar una
vulneración de garantías de rango fundamental.
4. El derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna
4.1. El derecho a que se refiere el literal j) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, ha
sido definido como aquél “esencialmente constituido por la capacidad que detentan
los miembros de una comunidad de convertirse en usuarios o beneficiarios de los
servicios públicos. Así mismo, se ha establecido que dichos servicios se orientan a
satisfacer las necesidades de la comunidad, lo que hace indispensable que se
presten de manera permanente, es decir, de manera regular y continua. La ley 142
de 1994, establece que su prestación debe ser eficiente y oportuna, señalando que
por eficiencia, debe entenderse la prestación de los servicios públicos, utilizando del
36 Sobre el punto: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 3 de diciembre de 2005,
radicación 25000-23-25-000-2003-01278-01; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16
de septiembre de 2007, radicación 25000-23-25-000-2003-01278-01; Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia del 25 de agosto de 2011, radicación 25000-23-25-000-2002-90123-01; Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de septiembre de 2014, radicación
11001-03-15-000-2014-00934-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 18, sentencia
del 4 de septiembre de 2018, radicación 11001-33-31-001-2010-00322-01; y Consejo de Estado,
Sección Primera, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación 13001-23-33-000-2017-00987-01.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, radicación 13001-
23-31-000-2000-0005-01.
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mejor modo posible los instrumentos o recursos necesarios para cumplir los fines
propuestos; y por oportunidad, se debe entender la respuesta dentro de un plazo
razonable que debe tener un usuario cuando requiera estos servicios, así como la
permanencia de la prestación de los mismos.”38.
Así, el núcleo esencial del citado derecho lo conforma, de un lado, el acceso al
servicio público propiamente dicho y, del otro, la prestación eficiente y oportuna del
mismo.
4.2. Ahora bien, para lo que interesa a la presente causa y específicamente en
relación con el servicio público de transporte, el artículo 3 de la Ley 105 de 1993
dispone que por transporte se entiende la “industria encaminada a garantizar la
movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una
de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica”.
Debido a su nexo innegable con el derecho contemplado en el artículo 24 de la
Constitución Política39, el legislador determinó que esa movilización de personas o
cosas ꟷque puede ser por vía terrestre, aérea, marítima, fluvial o férreaꟷ constituye
un servicio público de carácter esencial, sujeto a estricta regulación y vigilancia
estatal40. Así, el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, “Estatuto General de Transporte”,
dispuso que la esencialidad de este servicio implica “la prelación del interés general
sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del
servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones
que señale el reglamento para cada modo”.
Según el encargado de su prestación, este servicio puede tener la categoría de
público o privado, pues bien puede ser suministrado directamente por el Estado o
a través de particulares —personas naturales o jurídicas— que, en todo caso, están
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de julio de 2018, radicación
25000-23-24-000-20110-0599-01.
39 “ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a
circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en
Colombia.”
40 En sentencia C-450 de 1995, la Corte Constitucional precisó: “las actividades de las empresas de
transporte por tierra, mar y aire indudablemente son servicios públicos esenciales, porque están
destinadas a asegurar la libertad de circulación (art. 24 C.P.), o pueden constituir medios necesarios
para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo,
etc.)”.
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sujetos a la regulación y autorización que se expida para el efecto41. Sin embargo,
el numeral 2° del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, “[p]or la cual se dictan
disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación
en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”, dispone que el Estado
acudirá a su prestación solo de forma excepcional y en determinadas situaciones,
de manera que la regla general es que el servicio público de transporte sea prestado
por particulares, previas las autorizaciones pertinentes:
“2. DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE. La
operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la
regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios
para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y
seguridad.
Excepcionalmente la Nación, las entidades territoriales, los
establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales
del Estado de cualquier orden podrán prestar el servicio público de
transporte, cuando éste no sea prestado por los particulares, o se
presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los
intereses de los usuarios. En todo caso el servicio prestado por las
entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y
regulaciones de los particulares.” (Resalta la Sala).
De otra parte, el numeral 1° del artículo 3 de la Ley 105 de 1993 prevé que el
principio de acceso al transporte implica:
“a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que
escoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad.
b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de
transporte que le son ofrecidos y las formas de su utilización.
c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas
a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos
apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de
medios de transporte masivo.
41 Así, los artículos 3 y 9 de la Ley 336 de 1996 establecen: “ARTÍCULO 3. Para los efectos
pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán
las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los
habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al
interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo
caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los Artículos
333 y 334 de la Constitución Política (…). // ARTÍCULO 9. El servicio público de Transporte dentro
del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas,
legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas
por la autoridad de transporte competente. La prestación del servicio público de Transporte
Internacional, a más de las normas nacionales aplicables para el caso, se regirá de conformidad con
los Tratados, Convenios, Acuerdos y prácticas, celebrados o acogidos por el país para tal efecto”.
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d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión
de los servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades
competentes promuevan el establecimiento de las condiciones para su uso
por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos.”
De ahí entonces que, como lo ha establecido esta Corporación, el núcleo esencial
de esta prerrogativa está conformado por: i) la garantía de acceder a una
movilización segura, cómoda y accesible para todos los grupos poblaciones, en
especial para personas con limitaciones motoras, sensoriales o psicológicas pero
sin privilegiar ningún medio de transporte en particular; ii) el contar con información
clara sobre los medios de transporte disponibles en cada lugar, y iii) el
establecimiento de una política pública que fomente el uso del transporte público,
en especial el masivo42.
4.3. Ahora bien, el servicio público de transporte en su modalidad aérea se refiere
a la movilización o traslado de personas o cosas a través de una aeronave 43. Por
supuesto, a él le son aplicables todas las características antes reseñadas,
incluyendo las relacionadas con la regulación específica, su carácter esencial44 y la
prestación preferente por los particulares previamente autorizados por el Estado45,
además de que la actividad aeronáutica, dadas sus precisas particularidades y
complejidades, cuenta con una fuerte intervención y regulación estatal e
internacional, de obligatorio cumplimiento para quienes pretendan ofrecer este
servicio46.
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 23 de enero de 2020, radicación 15001-23-
33-000-2015-00316-01.
43 El artículo 1789 del Código de Comercio señala: “[s]e considera aeronave, para los efectos de este
Código, todo aparato que maniobre en vuelo, capaz de desplazarse en el espacio y que sea apto
para transportar personas o cosas. // Los aparatos que se sustentan y trasladan mediante el sistema
denominado "colchón de aire", quedan excluidos de las disposiciones de este Libro”.
44 Así, el artículo 68 de la Ley 336 de 1996 dispone: “El Modo de Transporte Aéreo, además de ser
un servicio público esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de
Comercio (Libro Quinto, Capítulo Preliminar y Segunda Parte, por el Manual de Reglamentos
Aeronáuticos que dicte la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, y por los Tratados,
Convenios, Acuerdos Prácticas Internacionales debidamente adoptados o aplicadas por Colombia.”
45 El contrato de transporte aéreo se encuentra regulado en el artículo 1875 del Código de Comercio
en los siguientes términos: “Las cláusulas del contrato de transporte celebrado con empresarios
públicos deberán hacerse conocer de los pasajeros en el billete o boleto de pasaje, en los
documentos de transporte que se entreguen a éstos o en un lugar de las oficinas de aquéllos en
donde sean leídas fácilmente. // Los aspectos no contemplados en el presente Código o en otras
leyes, decretos o reglamentos oficiales que se refieran a las condiciones del transporte, podrán ser
regulados por las empresas aéreas de transporte público mediante reglamentación que requiere
aprobación de la autoridad aeronáutica. // Tales reglamentos deberán ser exhibidos por las empresas
en lugares en donde sean fácilmente conocidos del usuario. La autoridad aeronáutica dictará las
normas sobre el particular.”
46 Al efecto se encuentra la “Convención sobre Aviación Civil Internacional”, ratificada a través de la
Ley 12 de 1947.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
Así, en términos generales, para su prestación y adecuado funcionamiento debe
atenderse lo reglado en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, así como en las
normas pertinentes del Código de Comercio y en los Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia (RAC) expedidos por la autoridad aeronáutica47.
Para lo que interesa a esta causa, debe resaltarse que la empresa de Servicio
Aéreo a Territorios Nacionales — SATENA S.A, creada mediante Decreto 2344 de
1971, surgió como una sociedad de economía mixta del orden nacional adscrita al
Ministerio de Defensa Nacional, cuyo objeto social es prestar el servicio aéreo de
pasajeros, correo y carga, sujeta en sus operaciones y demás negocios a las reglas
del derecho privado48. En el artículo 1.2.2.2.1 del Decreto 1070 de 2015 se precisó:
“1. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A., SATENA S.A. La
Sociedad de Economía Mixta por acciones del Orden Nacional, de carácter
nacional y anónimo, SATENA S.A., tiene como objeto principal la prestación
del servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en el territorio
nacional y en el exterior y por ende la celebración de contratos de transporte
aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y desarrollar
la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para
las regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno
Nacional.
SATENA S.A., seguirá cumpliendo con su aporte social, con el fin de
integrar las regiones más apartadas con los Centros económicos del
País, para coadyuvar al desarrollo económico, social y cultural de
estas regiones y contribuir al ejercicio de la soberanía nacional de las
zonas apartadas del país.” (Resalta la Sala).
Así, SATENA S.A. está autorizada para celebrar a título oneroso contrato de
transporte de carga o de pasajeros de cualquier naturaleza, con la particularidad de
participar del desarrollo de la política pública en materia de transporte aéreo para
las regiones menos desarrolladas, operando rutas a destinos apartados del país
que se califican como “rutas sociales”, rutas que, si bien pueden resultar poco
atractivas en términos de rentabilidad económica, necesitan ser operadas para
interconectar los principales centros urbanos con la periferia.
47 Según el numeral 8° del artículo 4° del Decreto 1294 de 2021 “Por el cual se modifica Ia estructura
de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil — Aerocivil”, dentro de las funciones
generales de esa entidad está: (…) 8. Expedir los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC),
teniendo en cuenta, cuando corresponda, las disposiciones que adopte la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).”
48 Artículos 2 y 5 de la Ley 1427 de 2010.
21
Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
Para cumplir con este propósito social, el legislador autorizó la entrega de
subvenciones anuales del Gobierno Nacional a SATENA; así, el artículo 240 de la
Ley 1735 de 2015, expresamente dispone:
“ARTÍCULO 240. SUBVENCIONES RUTAS SOCIALES
SATENA. <Artículo modificado por el artículo 194 de la Ley 2294 de 2023.
El nuevo texto es el siguiente:> Con el fin de promover la prestación del
servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad,
el Gobierno Nacional podrá otorgar subvenciones a Satena S.A., a través
del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, para la prestación del
servicio público esencial de transporte aéreo, en aquellas rutas sociales en
los cuales Satena S.A. sea el único operador.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil determinará las
rutas y el Gobierno Nacional las condiciones de estas subvenciones, que
en ningún caso podrán ser superiores al déficit que registre la empresa
como resultado de atender las denominadas rutas sociales en las cuales
opere de manera exclusiva.
(…) Esta subvención tendrá uno vigencia del 1o de enero al 31 de diciembre
de cada anualidad y será flexible dependiendo de las variables
macroeconómicas externas que afectan los costos operacionales, por lo
tanto, su valor estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del Ministerio
de Defensa Nacional.
Así mismo, el Gobierno Nacional implementará acciones para la ampliación
de la capacidad resolutiva de Satena S.A y, dentro de las acciones del
Gobierno Nacional para el fortalecimiento de Satena S.A., se podrá dar
especial prelación para la compra de los tiquetes en la aerolínea por parte
de todas las entidades estatales y empresas del Estado cuando exista
oferta.
PARÁGRAFO. Dentro de las acciones del Gobierno Nacional para el
fortalecimiento de Satena S. A., se deberá priorizar la compra de tiquetes y
servicios de transporte aéreo a través de esta aerolínea y sus unidades de
negocio, por parte de las entidades y empresas del Estado.”49
Como se observa, estas subvenciones se reputarán con cargo al presupuesto del
Ministerio de Defensa Nacional y tienen como fin promover la prestación del servicio
público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales donde esa empresa
sea el único operador.
49 El texto vigente de la Ley 1753 de 2015 a la fecha de la expedición del fallo de primera instancia
disponía: “ARTÍCULO 240. RUTAS SOCIALES SATENA. Con el fin promover la prestación del
servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad, el Gobierno Nacional
podrá otorgar subvenciones a Satena S.A., a través del presupuesto del Ministerio de Defensa
Nacional para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas
sociales en las cuales Satena S.A. sea el único operador. El Gobierno Nacional, previo a la
realización de un estudio, reglamentará las rutas y condiciones de estas subvenciones, que en
ningún caso podrán ser superiores al déficit que registre la empresa como resultado de atender las
denominadas rutas sociales en las cuales opere de manera exclusiva.” Dicha legislación fue
modificada por la Ley 1955 de 2019.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar el asunto
sometido a examen.
5. Caso concreto
5.1. Cuestión previa: la vinculación del Ministerio de Defensa Nacional a este
proceso
Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, en el recurso de
apelación el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se vinculara al
Ministerio de Defensa Nacional en tanto, según su criterio, esa es la entidad
llamada a cumplir con las órdenes dictadas por el Tribunal. En atención a esa
solicitud, el entonces despacho ponente requirió a dicha Cartera para que se
pronunciara y presentara sus argumentos en relación con este tema.
Pues bien, como se explicó, en la acción popular no se debaten intereses
subjetivos, sino comunes o colectivos, de forma que su finalidad es hacer efectivo
el goce de tales prerrogativas y resarcirlas en caso de que exista daño, amenaza o
vulneración. Es en este contexto que adquieren relevancia las facultades conferidas
en los artículos 14 y 18 de la Ley 472 de 1998, según las cuales el juez popular
debe identificar y vincular al proceso a quien considere responsable del daño,
amenaza o vulneración a los derechos colectivos.
Al respecto, esta Corporación ha establecido que corresponde a la autoridad judicial
integrar en debida forma “el litis consorcio necesario por pasiva, con el fin de
vincular a cualquier otro responsable de la vulneración o amenaza identificada en
el escrito de la demanda”50, ya que, dada la naturaleza pública de esta herramienta,
puede ocurrir que exista un defecto en la identificación de quien está causando la
amenaza o afectación a los derechos51.
Sin embargo, el artículo 18 de la Ley 472 de 1998 establece expresamente que
“cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles
responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los
términos en que aquí se prescribe para el demandado” (se resalta), de manera que
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de enero de 2007, radicación 47001-23-31-
000-2004-01377-00
51 Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de tutela del 12 de septiembre de 2019,
radicación 11001-03-15-000-2019-03434-00.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
la posibilidad de integrar debidamente el contradictorio está reservada para el a quo
pues solo en esa instancia procesal es posible armonizar la vinculación de quien
presuntamente está vulnerando los derechos colectivos con el respeto de las
garantías procesales y el equilibrio entre las partes que exige el inciso final del
artículo 5° de la Ley 472 de 1998.
Por ello, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unánime en sostener que
esa vinculación no puede ocurrir después de que se ha surtido la primera instancia
del proceso52:
“(…) dado el fin supremo que persigue la acción popular - protección de
derechos e intereses colectivos -, se ha dotado de amplios poderes al juez
popular, tales como que oficiosamente está en el deber de vincular al
proceso a cualquiera otra persona que en el curso del mismo surja como
posible responsable de la infracción al derecho o interés colectivo, ello
siempre que no se haya dictado sentencia de primera instancia, para que
tenga oportunidad de asumir su defensa de manera adecuada (artículo 18
ley 472 de 1998).”53 (Subraya fuera de texto).
Y, en el mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “la vinculación al
proceso de acción popular de estos terceros intervinientes es, desde el inicio de la
actuación, ineludible.”54.
52 La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de enero de 2007, radicación
47001-23-31-000-2004-01377-00, concluyó que “[d]e conformidad con los preceptos normativos de
la Ley 472 de 1998, la demanda en la acción popular deber dirigirse en contra del presunto
responsable del hecho u omisión que la motiva; no obstante lo anterior, la ley asignó una atribución
especial al juez de la citada acción constitucional para que en el curso de la primera instancia pudiera,
en cualquier momento, integrar el litisconsorcio necesario por pasiva, con el fin de vincular a
cualquier otro presunto responsable de la vulneración o amenaza identificada en el escrito de
demanda. Entonces, tal y como se advierte de la lectura de la disposición legal antes transcrita, (art.
18) el ordenamiento jurídico radicó en cabeza del juez popular la obligación de que, ante la
verificación de la existencia de otro presunto responsable en la violación o amenaza de los
derechos colectivos en la demanda, correspondería a aquel la integración efectiva del
respectivo extremo pasivo de la litis, no sólo con el propósito de garantizar el derecho de defensa
art. 28 C.P.) de las personas que intervienen en el debate judicial, sino, además, de todas aquellas
que pudieren verse cobijadas por los efectos de la decisión judicial.” (negritas en original). En el
mismo sentido, en auto de 11 de octubre de 2006, radicación 2960, indicó que “[s]i de los elementos
del proceso se puede inferir que pudieran resultar afectados estas personas, sea porque pueden ser
sujetos pasivos de una orden para que realicen, ejecuten o asuman determinada conducta, o,
simplemente, porque la decisión que se tome al interior del proceso les puede ser adversa, es
menester su participación en aquél y es deber del juez citarlas para que comparezcan. Como ya se
vio, en el caso de las acciones populares, por expreso mandato del artículo 18 de la ley 472 de 1998
antes citado, el juez de primera instancia tiene el deber de efectuar dicha vinculación.” (se
resalta). Tesis reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de sala del 15
de diciembre de 2011, radicación 25000-23-24-000-2010-00570-01 y Sección Quinta, sentencia de
tutela del 9 de diciembre de 2010, radicación 11001-03-15-000-2009-00774-01.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de marzo de 2006, radicación 13001-23-31-
000-2003-00239-01.
54 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-004 de 2019.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
En este contexto, es claro que, estando ya en trámite la segunda instancia del
proceso, no es posible disponer la vinculación del Ministerio de Defensa Nacional.
Adicionalmente, no se observa que estén configurados los presupuestos requeridos
para dar aplicación a la figura del litis consorcio necesario, de manera que resultara
forzosa la vinculación de dicha cartera. Por lo demás, los argumentos relacionados
con la incapacidad que alegó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
cumplir las órdenes impuestas por el Tribunal serán valorados al abordar el caso
concreto y establecer si está acreditada o no la vulneración a los derechos
colectivos invocados en la demanda.
5.2 Sobre la alegada vulneración a los derechos colectivos
5.2.1. Tal y como se indicó en el acápite de antecedentes de esta providencia, el
Tribunal Administrativo de Boyacá consideró que el derecho al acceso al servicio
público de transporte aéreo fue vulnerado por las entidades accionadas, toda vez
que los habitantes de dicho departamento no cuentan con una terminal aérea en
funcionamiento y, en consecuencia, expidió una serie de órdenes a efectos de,
según su criterio, garantizar dicho interés colectivo. En contraposición, la Aerocivil
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitaron que se revocara la decisión
de primera instancia, en especial, dado que las ordenes emitidas resultan de
imposible cumplimiento.
5.2.2. En este escenario, lo primero que debe advertirse es que, de conformidad
con el artículo 144 del CPACA, aunque en materia de acciones populares es posible
que el daño, amenaza o vulneración de los derechos colectivos provenga de un
contrato estatal, el juez debe ser especialmente cuidadoso y verificar que a través
de la acción popular realmente se esté buscando la protección de esos intereses
colectivos y no intentando debatir aspectos subjetivos y propios de la actividad
contractual, pues en este último caso la herramienta judicial procedente será la
acción ordinaria de controversias contractuales55.
55 “ARTÍCULO 144. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Cualquier
persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá
pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior
cuando fuere posible. Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la
actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta
vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez
anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias
para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.”. En ese sentido, la Corte
Constitucional, en sentencia C- 644 de 2011, sostuvo que la anulación no es la única medida con la
que cuenta la autoridad judicial para garantizar los derechos colectivos en estos eventos. Consejo
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
En este caso, algunos temas que han sido planteados dentro de este asunto ⎯en
particular, por parte de la Aerocivil en el recurso de apelación⎯ se relacionan con
un supuesto incumplimiento del contrato de comodato por parte del municipio de
Tunja, lo que plantea un debate no sobre la responsabilidad en la supuesta
vulneración de los derechos colectivos sino respecto del desarrollo y estado de
cumplimiento de un negocio determinado, lo cual escapa al ámbito de este medio
de control.
Por tal razón, en esta providencia únicamente se analizará aquello que se
encuentre relacionado directamente con la presunta responsabilidad de las
entidades demandadas en la alegada vulneración del derecho colectivo al acceso
al servicio público de transporte aéreo en la ciudad de Tunja.
5.2.3. Ahora bien, conforme con las pruebas aportadas al proceso, en este asunto
está acreditado que:
(i) El dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010), la Aerocivil, propietaria
del inmueble donde se encuentra el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla
(número de matrícula inmobiliaria N° 070-29024)56, y el municipio de Tunja,
a través de su alcaldía municipal, celebraron un contrato de comodato sobre
el aeropuerto con un plazo de cinco (5) años contados desde su suscripción,
a manera de renovación de uno celebrado previamente entre las partes 57,
cuyo objeto era del siguiente tenor:
“PRIMERA: OBJETO: El comodante entrega al comodatario a título de
comodato precario o préstamo de uso y éste recibe al mismo título los
terrenos y todas las construcciones que conforman el aeropuerto Gustavo
Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja.”58
Allí, además de las obligaciones intrínsecas a esta clase de negociaciones,
se pactó que el municipio dispondría de algunos recursos para la puesta en
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2008, radicación 54001-23-31-000-2004-
01415-01 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 abril de 2020,
radicación 81001-23-39-000-2015-00023-01.
56 PDF denominado “55RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CERTIFICADOS”
visible a índice 67 de SAMAI.
57 En la cláusula 5ª referida a la entrega del bien se señala que el primer contrato se realizó el trece
(13) de diciembre de dos mil cinco (2005), en tanto el acta de entrega del predio se suscribió el treinta
(30) de enero de dos mil seis (2006).
58 Folios 23 a 46 del Cuaderno N° 1, reiterado en folios 190 a 195 del cuaderno N° 1 y 478 a 483 del
Cuaderno N° 2.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
funcionamiento del aeropuerto; al respecto, se convinieron entonces las
siguientes cláusulas:
“NOVENA: COMITÉ OPERATIVO DEL COMODATO: para el adecuado
seguimiento y cumplimiento del objeto de este contrato y en especial lo
referente a la operación de aeronaves y de control de seguridad aérea del
aeropuerto, estará a cargo y se creará un comité operativo integrado por i)
el director general de la AEROCIVIL o su delegado, 2 ) el secretario de
sistema de operaciones o su delegado, 3) el secretario de seguridad aérea
o su delegado, 4) el alcalde del municipio de Tunja o su delegado; 5) el
gerente del aeropuerto de Tunja o su delegado; quienes ejercerán las
siguientes funciones: a) establecer los parámetros y lineamientos para el
funcionamiento del aeropuerto y la seguridad de las operaciones aéreas
conforme a la normatividad nacional e internacional, b) impartir directrices,
criterios y recomendaciones del caso para el adecuado funcionamiento del
aeropuertos. C) verificar la ejecución del contrato de comodato y la
verificación del cumplimiento de las obligaciones aquí pactada.
PARÁGRAFO: El comité se reunirá dentro de los 30 días siguientes a la
suscripción del presente contrato y posteriormente, de forma regular, durante
el periodo de ejecución, como mínimo una vez semestralmente en el
municipio de Tunja o donde lo concuerden sus integrantes, y
extraordinariamente, cuando las necesidades lo ameriten por convocatoria
de cualquier de sus miembros. (…)
(…) DÉCIMA TERCERA: El municipio de Tunja se compromete con sus
propios recursos y previas las autorizaciones pertinentes del concejo
municipal, a adecuar y construir en los citados terrenos las obras necesarias
para la operación del aeropuerto, previa aprobación de la Aeronáutica Civil.
Así mismo, se obliga a sufragar los costos de mantenimiento para el buen
funcionamiento del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla”.
(ii) En el mes de diciembre de once (2011), el municipio de Tunja celebró un
“convenio de uso” con la empresa OCENSA, a la que le entregó un área
aproximada de 3.500 m2 del aeropuerto para su uso a cambio de la
construcción de obras de mantenimiento en beneficio del aeropuerto59 por
un valor de ochenta y siete millones quinientos mil pesos ($87.500.000)60.
59 De acuerdo con el informe rendido por OCENSA y que fue aportado al proceso por el municipio
de Tunja las obras incluían: “1. Reparación de losas de piso deterioradas. Incluye demolición y re
construcción en concreto ciclópeo reconformación del terreno (nivelación) y relleno manual
compactado. // 2 Reconstrucción de sardinel perimetral en concreto ciclópeo. Incluye. excavación,
reconformación del terreno (nivelación) y relleno manual compactado. // 3. Limpieza general de las
instalaciones.// 4. Reparación de la losa de techo - trabajo en altura. Incluye limpieza general de la
superficie, nivelación con mortero y aplicación de capa impermeabilizante. // 5. Instalación de
cerramiento perimetral con ventaneria en perfilería de PVC SERIE 2.000 - Azembla y cristal de 3x4
mm laminado - trabajo en alturas. Incluye, limpieza, resanada y nivelación de los vanos donde se
instalará el cerramiento.// 6. Instalación de módulos puerta ventana en perfilería de PVC modelo
PANORAMA " Azembla y cristal de 3x4 mm laminado - trabajo en altura. Incluye: limpieza resanado
y nivelación de los vanos donde se instalarán los módulos. // 7. Aplicación de Pintura hidro repelente
de alta resistencia a la intemperie, 100% acrílica, excelente cubrimiento y alta adherencia, acabado
terso, con alta retención del color Koraza Blanco en paredes y techo interior de la infraestructura.
Incluye limpieza reparación y preparación de la superficie a ser pintada”. Folio 467 del Cuaderno 2.
60 Folios 464 y siguientes del Cuaderno N° 2. Según consta en el informe presentado por OCENSA
la cláusula de compensación se pactó en los siguientes términos: “CLÁUSULA TERCERA-
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(iii) El veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012) la Aerocivil expidió el
Oficio 110010620120226, en el que consignó que la Directora Regional de
la Unidad en Boyacá había visitado las instalaciones del aeropuerto el ocho
(8) de junio de ese mismo año, constatando que no se estaban cumpliendo
los requerimientos hechos a la entidad territorial respecto de la
conservación del bien y que la Alcaldía había manifestado su imposibilidad
de seguir teniendo a cargo la explotación del aeropuerto61.
(iv) A través de la Resolución No. 2307 de treinta y uno (31) de agosto de dos
mil doce (2012), CORPOBOYACA concedió permiso al municipio de Tunja
para talar árboles en dicho inmueble62.
(v) El veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012), el municipio celebró
contrato de “obras preliminares” con el señor Pablo Javier Barrera
Rodríguez para la remodelación de la sala de control del aeropuerto
Gustavo Rojas Pinilla, por un valor de veinte millones setecientos ochenta
y dos mil ciento setenta y un pesos ($20.782.171) con un plazo de ejecución
de veinte (20) días, el cual fue prorrogado por ese mismo término63.
(vi) Los días nueve (9) y diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), la
Aerocivil y el municipio de Tunja realizaron un informe conjunto en el que
se consignó que, debido al deterioro de la infraestructura del aeropuerto
Gustavo Rojas Pinilla, se debía suspender la licencia de operación del
mismo. Así, mediante la Resolución No. 1291 de 2015 la Aerocivil
suspendió temporalmente el permiso de operación de ese aeropuerto64.
COMPENSACIÓN: 3.1 Ocensa Compensará al Municipio y la Aerocivil por el uso del inmueble con
la construcción de obras en beneficio exclusivo del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Tunja de
propiedad de la Aerocivil hasta por un monto de ochenta y siete millones quinientos mil pesos
moneda legal (COP$ 87.500.000,00). Las obras a construir serán definidas por el Municipio, con el
visto bueno de la Aerocivil y su costo será tasado por Ocensa. Si el costo de las obras definidas por
el Municipio y aprobadas por la Aerocivil supera el monto máximo definido en la presente cláusula,
Ocensa tendrá la facultad de reducir-las obras hasta el monto máximo establecido.”. La operación
de dicha empresa en las instalaciones del aeropuerto quedó registrada en la inspección judicial
realizada el treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en la que se indicó que OCENSA
posee la infraestructura antes descrita y que aquella se encuentra vigilada de forma constante y
permanente por miembros del Ejército Nacional, diligencia que obra en formato video en el disco
compacto visible a folio 493 del Cuaderno N°2. Es de advertir en el plenario no hay información
relacionada con la vigencia o desarrollo de ese convenio.
61 Folios 29 a 31 del Cuaderno N° 1.
62 Folio 44-47 del Cuaderno N° 1, reiterados en los folios 200 a 203 del Cuaderno N° 2.
63 Folios 458 a 463 del Cuaderno N° 2.
64 Folios 494 a 497 del Cuaderno N° 2. En la certificación allegada por la Aerocivil a esta Corporación
el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021), se hizo constar que el referido acto
administrativo continua vigente y no ha sufrido modificación alguna (PDF denominado
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(vii) Finalmente, la información que obra en el plenario no da certeza sobre el
estado actual del contrato de comodato ni respecto de su liquidación, pues
los documentos denominados “liquidación anticipada y bilateral del
contrato” no se encuentran firmados y tienen varios espacios en blanco65.
5.2.4. Como se observa, aunque está demostrado que desde el año 2015 el
aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja no cuenta con permiso de
operación y que, por ende, no tiene rutas aéreas activas, lo cierto es que, contrario
a lo concluido por el Tribunal, esa situación realmente no da cuenta, por sí sola, de
la vulneración del derecho colectivo alegado.
En efecto, como se explicó en las consideraciones generales de esta providencia,
el núcleo esencial del derecho al acceso al servicio público de transporte se
circunscribe a asegurar la disponibilidad de un transporte que permita la
movilización eficiente y eficaz de los pobladores, de tal forma que se satisfagan
debidamente sus derechos a la locomoción y libre circulación, sin que ello implique
que deba garantizarse el acceso a todos y cada uno de los medios de transporte
disponibles en el mercado.
En este caso, es un hecho notorio para los habitantes de Boyacá y la ciudadanía en
general que la ciudad de Tunja se encuentra comunicada con la capital del país por
una autopista de doble calzada (4 carriles en total), que presenta condiciones aptas
para su tránsito, con una distancia aproximada de 130 kilómetros que, en
situaciones de normalidad, exige un viaje de entre 2 y 3 horas de recorrido 66;
además, dicha ciudad cuenta con una amplia oferta de empresas de transporte
terrestre de pasajeros y de carga que permite la movilización eficiente de pobladores
y objetos, sin que se haya acreditado que tal servicio resulte insuficiente o
defectuoso67.
Así las cosas, se advierte que en este caso existe un sistema que garantiza el
derecho colectivo al acceso al servicio público de transporte y una prestación
“57RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_2021013163RPTAPRUEBASAUTOMAY
O272020”, visible a índice 67 de SAMAI).
65 Los documentos señalados obran a folios 471 y siguientes del cuaderno No. 2 del expediente.
66 Entendiendo por hecho notorio, aquél que “dadas las características que originaron su ocurrencia
se supone conocido por la generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura,
conocimientos, dentro de un territorio y en cierta época”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código
General del Proceso- Pruebas, Ed. Dupre, 2017, pág. 74.
67 Artículo 3 de la Ley 105 de 1995.
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eficiente y oportuna del mismo para la comunidad de Tunja, con la consecuente
posibilidad de que la población se movilice y circule en ejercicio de sus libertades
individuales, lo cual descarta la violación del derecho colectivo alegado por el
simple hecho de que no se preste la modalidad específica de transporte aéreo que
se reclama y aunque exista una infraestructura para el efecto.
Al respecto, el Consejo de Estado ha tenido ya la oportunidad de pronunciarse
sobre este asunto, bajo la premisa de que lo relevante es que la población cuente
con acceso a medios de transporte que satisfagan sus garantías fundamentales y
no que el servicio sea prestado a través de una de las modalidades específicas de
transporte. Así, al decidir una acción popular en la que, el mismo actor del proceso
que hoy nos ocupa, alegaba vulnerado el derecho colectivo al acceso al servicio
público de transporte de la población de Belencito (Boyacá) por carecer del servicio
para pasajeros por vía férrea, la Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo
que el hecho de que existiera una infraestructura dispuesta para el transporte férreo
no imponía al Estado la obligación de prestarlo y que la falta de uso para esos
efectos no comportaba una afectación del derecho colectivo alegado;
específicamente, esa Sección indicó:
“Cabe resaltar, que no obstante el carácter esencial del citado medio de
transporte, la Sala observa que el hecho de que no se encuentre
plenamente implementado en tratándose del transporte masivo de
pasajeros en el corredor que cubre la ruta Bogotá –Belencito, ello, per se,
no implica que no exista acceso al servicio público de transporte para las
comunidades aledañas a la zona.
En efecto, es de conocimiento público que en la actualidad existen
diferentes empresas de buses68 que prestan dichos servicios entre los
Municipios de Madrid, Mosquera, Funza, Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá,
Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé, Chocontá, Villapinzón, Ventaquemada,
Tunja, Oicatá, Tuta, Paipa, Duitama, Sogamoso y Belencito, por lo que
resulta evidente que tales poblaciones no carecen del mentado servicio.
Adicionalmente, no se acreditó que tal servicio fuese deficiente e
inoportuno, por el contrario, existen diversas empresas que lo ofrecen con
variación de horarios y precios, según la comodidad ofrecida.
En virtud de lo anterior, comoquiera que, por un lado, el servicio de
transporte tiene como finalidad asegurar la locomoción de las personas
mediante el uso de vehículos apropiados, sin que ello signifique que el
Estado se encuentre en la obligación de prestarlo a través de ferrocarriles;
y por el otro, que las comunidades mencionadas cuentan con acceso al
parque automotor que presta el citado servicio, tanto de manera individual
68 Cita en original: “Se encuentran prestando sus servicios las flotas de buses La Reina, El Rápido
Duitama, Coflonorte Los Libertadores, Autofusa, Expreso Bolivariano, Cotaxi, entre otras”.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
(taxis o vehículos privados) como colectiva (buses, vanes, busetas), resulta
claro que en el sub lite, dicho derecho no se encuentra quebrantado” 69
(negritas en original, subraya la Sala).
En ese sentido, la Sala encuentra necesario apartarse de la conclusión a la que
llegó la autoridad judicial de primera instancia, en tanto en este caso no se advierte
una vulneración del derecho colectivo al acceso al servicio público de transporte ni
tampoco una violación de otras garantías que pongan en riesgo la posibilidad de
que los usuarios se movilicen libremente y en condiciones dignas hacía y desde la
ciudad de Tunja.
De otra parte, no se comparte que, para solventar esa alegada vulneración, se haya
determinado que la Aerocivil y el municipio de Tunja debían concurrir en la
prestación del servicio, cuando lo cierto es que estas autoridades no tienen dentro
de sus funciones esa específica70. Además, tampoco resulta admisible que el juez
69 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020, radicación 15001-23-33-
000-2015-00316-01.
70 De acuerdo con el artículo 4° del Decreto 1294 de 2021 son funciones de la Aerocivil: “Son
funciones generales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), las
siguientes: 1. Formular e implementar en coordinación con el Ministerio de Transporte, políticas,
planes, programas y normas en materia de aeronáutica civil y transporte aéreo, para el desarrollo
aeronáutico colombiano. // 2. Dirigir, organizar y coordinar el desarrollo del transporte aéreo en
Colombia. // 3. Representar el país ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y
demás organismos en coordinación con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, según como corresponda. // 4. Conducir, en coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, las relaciones con autoridades aeronáuticas de otros países y con organismos
internacionales de aviación civil. //5. Coordinar los lineamientos con las demás entidades u
organismos nacionales e internacionales, que tengan a su cargo funciones complementarias con la
aviación y el transporte aéreo. // 6. Brindar o recibir asistencia técnica nacional o internacional bajo
acuerdos de cooperación bilateral o multilateral. // 7. Desarrollar, interpretar y aplicar las normas
sobre aviación civil y transporte aéreo. // 8. Expedir los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC), teniendo en cuenta, cuando corresponda, las disposiciones que adopte la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI). // 9. Vigilar el cumplimiento de las normas aeronáuticas y adoptar
medidas que lo garanticen.// 10. Investigar y sancionar la violación de los Reglamentos Aeronáuticos
de Colombia (RAC).// 11. Fijar y desarrollar la política tarifaria en materia de transporte aéreo
nacional e internacional, establecer las tarifas y derechos asociados, y sancionar su violación. // 12.
Proponer e implementar fórmulas y criterios para la directa, controlada o libre fijación de tarifas para
el servicio de transporte aéreo y los servicios conexos, de acuerdo con la normativa vigente. // 13.
Regular, vigilar y controlar en cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), a
los proveedores de servicios de la aviación civil en Colombia. // 14. Adoptar las medidas necesarias
para asegurar que los proveedores de servicio a la aviación civil cumplan las normas relacionadas
con la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general, en
todos los asuntos relacionados con la salvaguarda contra actos de interferencia ilícita en la aviación
civil. // 15. Recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios
aeronáuticos y los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro
tipo de ingreso o bien patrimonial. // 16. Planear, dirigir, administrar e implementar las políticas,
planes y programas de la aviación civil en cumplimiento de los compromisos internacionales. // 17.
Formular, implementar, dirigir y hacer seguimiento al Programa Estatal de Seguridad Operacional
exigido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). // 18. Vigilar la atención integral y
asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares. // 19. Adelantar la investigación
de accidentes e incidentes de la aviación civil, para determinar las causas y factores contribuyentes
al suceso. // 20. Dirigir, planificar, operar, mantener y proveer, en lo de su competencia, los servicios
de navegación aérea y los servicios aeroportuarios. // 21. Asegurar el desarrollo de la gestión de la
seguridad operacional y de la seguridad de la aviación civil. // 22. Ejecutar las actividades necesarias
para administrar, mantener y operar la infraestructura aeronáutica de su competencia. // 23. Impartir
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
de la acción popular haya establecido, por sí y ante sí, que el Estado debe prestar
el servicio de transporte aéreo en una determinada zona que no cumple los criterios
previstos en la ley para el efecto ꟷen términos de dificultades de acceso,
necesidades de interconexión, etc.ꟷ, máxime cuando ello implica la valoración de
aspectos técnicos, de infraestructura, disponibilidad, presupuestales, de
priorización, etc., que corresponden a la órbita de definición de políticas públicas y
que no son de conocimiento, al menos no en este caso, de la autoridad judicial.
De hecho, la existencia de ese sistema de transporte terrestre y el hecho de que
Tunja sea una ciudad principal ubicada en el centro del país con interconexión
terrestre de calidad, diversidad y de fácil acceso para los usuarios, hacen complejo
considerar que esa ciudad pueda ser calificada actualmente como una “ruta social”
de las que debería atender directamente el Estado a través de SATENA, política
pública con la cual, como se anotó, se busca interconectar zonas alejadas del país,
debido a sus condiciones de seguridad, topografía etc., con centros urbanos.
Así, aunque resultara deseable que en todos los rincones del territorio existiera
acceso al servicio de transporte aéreo, en una realidad de limitados recursos y no
estando comprometida la conectividad de una región, no le corresponde al juez de
la acción popular definir como prioridad un asunto que en realidad corresponde
determinar a la administración, como resultado de un proceso de valoración y
priorización de necesidades y recursos, en un país con zonas que, aún hoy,
resultan de muy difícil acceso y realmente se encuentran aisladas de ciudades
capitales y centros urbanos.
Por todo lo anterior, en este caso debe concluirse que no existe vulneración del
derecho colectivo alegado y que, en consecuencia, no hay lugar a ordenar la
prestación de rutas de transporte aéreo desde y hacia la ciudad de Tunja, toda vez
que se encuentra satisfecho el núcleo esencial del derecho colectivo al acceso al
de manera permanente entrenamiento, formación y capacitación al personal del sector aeronáutico
en su calidad de Institución de Educación Superior. // 24. Fomentar y facilitar la investigación,
innovación y gestión del conocimiento en ciencia y tecnología aeronáutica y aeroespacial. // 25.
Promover e implementar estrategias de mercadeo y comercialización para el desarrollo, crecimiento
y fortalecimiento de los servicios del sector aéreo y aeroportuario. // 26. Propiciar la participación
regional y los esquemas mixtos o privados en la administración aeroportuaria. // 27. Atender las
necesidades del sector mediante la gerencia de proyectos, la analítica avanzada y la digitalización y
automatización de procesos, para el desarrollo en infraestructura, mejora de servicios, gestión de
riesgos, toma de decisiones, desarrollo y capacitación del talento humano, gestión del conocimiento,
entre otros. // 28. Realizar todas las operaciones administrativas, comerciales y financieras para el
cabal cumplimiento de su objetivo. // 29. Las demás que señale la ley de acuerdo con la naturaleza
del modo de transporte.”.
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
servicio público de transporte mediante la existencia de una amplia oferta de
transporte terrestre, junto con la infraestructura que permite su funcionamiento, con
lo cual se garantiza de forma cierta, efectiva y eficiente la libre circulación de sus
pobladores.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia proferida el veintiséis (26) de julio de
dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en cuanto al
amparo de este derecho colectivo y las órdenes proferidas para su protección.
5.2.5 Ahora bien, como se indicó al fijar los alcances de la acción popular, dada la
naturaleza constitucional de este medio de control y los intereses que está llamado
a proteger, la autoridad judicial cuenta con facultades especiales que le permiten
incluir el análisis de otros derechos colectivos distintos a los alegados por la parte
actora, cuando quiera que se advierta su posible vulneración. Lo anterior, debido a
que esta herramienta judicial busca la protección amplia y general de prerrogativas
colectivas.
Así, si al examinar de fondo determinado asunto el juez popular encuentra que otro
derecho colectivo ꟷdiferente al citado en el escrito introductorio, pero íntimamente
ligado con la situación fáctica alegada y con el debate probatorio surtido en las
instanciasꟷ, es objeto de amenaza y/o vulneración, la autoridad judicial se
encuentra facultada para pronunciarse sobre el punto y adoptar las decisiones que
estime pertinentes para su salvaguarda y protección71, siempre y cuando se
cumplan los requisitos que la jurisprudencia ha establecido para el efecto y que se
relacionan, de manera general, con el hecho de que el asunto de que se trate no
sea por completo ajeno al debate surtido durante el proceso. Lo anterior, porque
resultaría inadmisible que la flexibilización del principio de congruencia en materia
de acciones populares llevara a su inobservancia absoluta72.
71 Sobre el punto, la Subsección A de la Sección Tercera en sentencia del 5 de julio de 2018,radicado:
20001-23-31-000-2010-00478-01 concluyó que: “[e]n el marco de las acciones populares el principio
de congruencia se flexibiliza frente al interés colectivo, que se expresa a través de los derechos por
cuya protección propende esta acción, permitiéndole al juez: i) proteger derechos que no han sido
invocados en la demanda, siempre y cuando estén vinculados con los supuestos fácticos que fueron
debatidos en el proceso, ii) estudiar hechos que no se expusieron en la demanda, bien sea porque
no se alegaron específicamente, pero aparecen probados en el proceso, o porque ocurrieron con
posterioridad a la presentación del libelo, en uno y otro caso, siempre que tengan relación con la
causa petendi, iii) adoptar medidas diferentes a las deprecadas en la demanda, para proteger los
derechos colectivos que encuentre amenazados o vulnerados.”. En tanto,
72 Sobre el punto consultar: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 6, sentencia de 5 de
junio de 2018, radicado 15001-33-31-001-2004-01647-01.
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Pues bien, en este caso, la Sala advierte que los hechos invocados por los
demandantes y las pruebas recabadas por el Tribunal plantean también un debate
en torno a la eventual vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio
público, como consecuencia del alegado abandono del inmueble donde se
encuentra el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja.
Este derecho colectivo, que se encuentra previsto en el literal e) del artículo 4 Ley
472 de 1998, impone la obligación a las autoridades de administrar de forma
eficiente, transparente, oportuna y responsable todos los bienes del Estado 73,
derecho frente al cual esta Corporación ha sostenido que “es uno de los derechos
de mayor connotación en el Estado de Derecho colombiano, teniendo en cuenta
que es a través de él que el Estado da cumplimiento a los fines para los cuales fue
estatuido, y participa en la prestación de servicios públicos en beneficio de la
comunidad.”74
Así, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido que el patrimonio público
lo constituyen “la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones de los que el
Estado es propietario que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme
a la legislación”75, respecto de los cuales la colectividad tiene la expectativa legítima
de que se administren de forma idónea, según lo que el ordenamiento jurídico
disponga para cada uno de ellos, de manera que “tales bienes se preserven y se
apliquen a los fines que corresponden, de modo que su tenencia, uso y disposición
se haga con celo y cuidado, por ende, con sujeción a las disposiciones y
formalidades que los regulan, de suerte que el Estado no sea privado de los mismos
de manera contraria al ordenamiento jurídico”76.
Tratándose de bienes inmuebles, como construcciones, el alcance del derecho a la
defensa del patrimonio público conlleva implícito el deber de las autoridades de velar
para que estos se conserven y no caigan en estado de deterioro o ruina, pues ellos
73 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia 6 de noviembre de 2013, radicación 25000-23-24-
000-2012-00145-01, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de
agosto de 2014, radicación 25000-23-24-000-2011-00032-01.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 15 de marzo de 2017,
radicación 68001-23-31-000-2011-00148-01.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2002, radicación 52001-23-
31-000-2000-1059-01.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de junio de 2011, radicación 41001-23-31-
000-2004-00540-01.
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hacen parte integral del patrimonio estatal y, por consiguiente, debe vigilar por su
cuidado, de acuerdo a la función para la que están destinados77.
En cualquier caso, la Sección Tercera ha sostenido que “resulta indispensable
analizar la conducta imputada a la parte accionada, para, de esta manera, verificar
si su proceder resulta constitutivo de un manejo irresponsable, negligente o que
encarne una destinación diferente de la legalmente establecida respecto de los
bienes y derechos de titularidad pública, concepto que incluye el de propiedad
pública, pero no se agota en él.”78 (Se resalta).
Pues bien, en este caso, el video contentivo de la inspección judicial realizada a las
instalaciones del aeropuerto por el Tribunal da cuenta de que para ese momento79:
• El aeropuerto carecía de cerramiento, pues el acceso al predio estaba
delimitado únicamente por conos;
• La construcción destinada para el embarque de pasajeros no contaba con
puertas, ventanas, bombillos e instalaciones sanitarias (lavamanos e
inodoros). Asimismo, las paredes internas y externas se encontraban
rayadas y con grafitis;
• El techo de la citada edificación presentaba grietas y fisuras;
• La escalera de acceso a la torre de control se encontraba averiada;
• La pista carecía de los canales necesarios para el drenaje de aguas, así
como de la demarcación necesaria;
• En la parte arborizada del predio la vía para el paso de vehículos
particulares era rudimentaria, y
• La placa de reinauguración del aeródromo, que data del año 2006 y fue
ubicada a las afueras del lugar, se encontraba quebrada.
En esa misma diligencia se entrevistó a un guardia de seguridad que custodiaba
las instalaciones aeroportuarias, el cual indicó que en su labor de vigilancia debió
77 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de noviembre de 2021,
radicación 66001-23-31-000-2010-00240-01. En esa oportunidad, este fue el derecho que esta
Corporación encontró desatendido por parte del municipio de La Virginia (Risaralda), debido al
estado de abandono en el que se encontraba el Teatro Municipal del municipio, tras la ejecución de
una obra que no llegó a su finalización.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 15 de marzo de 2017, radicación
68001-23-31-000-2011-00148-01. En esta decisión, la Subsección A de la Sección Tercera estimó
vulnerado este derecho al encontrar probado que el municipio de Barichara había destinado
$600.000.000 a la construcción de un matadero que no pudo entrar en funcionamiento porque fue
construido de manera antitécnica, pese a lo cual la entidad territorial recibió la obra en desmedro del
erario.
79 Disco compacto visible a Fl. 493 del Cuaderno N° 2. Inspección realizada el día treinta (31) de
marzo de dos mil dieciséis (2016).
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colocar palos y piedras para impedir el acceso de vehículos particulares a las
instalaciones del aeropuerto, pues constantemente los vecinos del sector
solicitaban permiso para acceder a los predios colindantes a través de la pista80.
A su turno, el veintitrés (23) de abril de dos mil veintiuno (2021)81 la Aerocivil aportó
al plenario material fotográfico que, según indicó, da cuenta del estado físico del
aeropuerto para esa fecha, así como también información relacionada con las
labores de mantenimiento que se han adelantado en sus instalaciones 82.
Las fotos en cuestión registran externamente la edificación destinada al embarque
de pasajeros, la torre de control y la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.
Frente a la primera edificación se observa que ella carece de puertas y ventanas y
que donde deberían ir estos elementos hay unas polisombras y latas 83; además,
presenta una gran humedad con una mancha gris y verde en la parte posterior del
techo84 y dos vehículos parqueados dentro de esas instalaciones que, claramente,
no deberían servir para esos efectos85. Igual escenario se advierte en el caso de la
torre de control, que también presenta una notoria humedad86, mientras que las
fotos de la pista muestran deficiencias en la demarcación y señalización, que se
encuentra desgastada y es apenas perceptible87.
80 Hora 1:09 y siguientes de la inspección judicial.
81 Esa información fue remitida en cumplimiento del auto del veintisiete (27) de mayo de dos mil
veinte (2020), en la que se le solicitó a la Aerocivil indicar: “¿Cuál es el estado actual del aeropuerto
Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, tanto desde el punto de vista físico (de obras,
adecuaciones, inversiones, etc.), como desde la perspectiva de su condición jurídica?: sírvase
allegar los soportes pertinentes, incluyendo fotos y/o videos que acrediten las condiciones físicas del
referido inmueble.”. Índice 58 de SAMAI.
82 Índice 67 de SAMAI. Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación
en materia de acciones populares, concluyó que las fotografías pueden ser valoradas y tenidas en
cuenta siempre que encuentren respaldo en otras pruebas (Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N° 17, sentencia del 1° de diciembre de 2015, radicación: 68001-33-31-006-2008-00140-
01). Para el caso que aquí se analiza, esta Sala advierte que dichas fotografías tienen valor como
prueba documental, de conformidad con el artículo 243 del Código General del Proceso y se
presumen auténticas (artículo 244 ibidem). Además, existe certeza de su autor ꟷla Aerocivilꟷ, de la
fecha de su expedición ꟷ13 de abril de 2021 (índice 63 de SAMAI)ꟷ, y pueden ser contrastadas con
otros medios de convicción que obran en el proceso.
83 Índice 67, “50RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0041”.
84 Índice 67, “52RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0022”.
85 Índice 67, “52RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0022”.
86 Índice 67, “53RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0014”.
87 Al efecto consultar las siguientes imágenes denominadas:
“40RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0059”,
“41RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0058”,
“42RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0057” y
“43RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0056” visible en el
índice 67 de SAMAI.
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Sin embargo, contrario a lo que sucedía para el año en el que se realizó la
inspección judicial (2016), se observa que el acceso al predio se encuentra cercado
y con la indicación que se trata de una propiedad de la Aeronáutica Civil 88 y que, al
menos en la parte externa de la edificación, no se hallaron grafitis ni rayones.
Por otro lado, la Aerocivil informó que ha suscrito varios contratos para el
mantenimiento del aeropuerto, como el contrato de consultoría Nro. 17001196 H3
de 2017 ꟷcuyo objeto era “[c]ontratar los estudios y diseños del estado actual,
diagnostico, actualización PCN, formulación y estructuración de proyectos de
intervención de la infraestructura aeroportuaria de los aeropuertos grupo No. 1
(Ocaña, El Banco, Plato, Arauquita, Tunja, Buenaventura, Villagarzón)”89ꟷ y el
contrato de prestación de servicios N° 20000887 H3 de catorce (14) de julio de dos
mil veinte (2020) ꟷpara “realizar mantenimientos de las zonas verdes de los
aeropuertos de Mariquita, Tunja y Puerto Asís”ꟷ.
Pues bien, el conjunto de elementos de prueba que obran en este asunto ꟷy, en
particular, las fotografías que son posteriores a la celebración de los contratos que
indicó la Aerocivilꟷ, permite evidenciar que, a pesar de algunas labores de
mantenimiento, las instalaciones del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad
de Tunja siguen presentando un alto deterioro, pues carecen de elementos mínimos
como ventanales y puertas, padecen problemas de humedad, siguen siendo
utilizadas para fines distintos a su uso natural y están desprovistas de las
condiciones básicas de seguridad necesarias para las operaciones aéreas.
De conformidad con lo dicho en precedencia, el mal estado del inmueble da cuenta
de la afectación al derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, pues se
trata de un inmueble de propiedad de una entidad pública del orden nacional ꟷla
Aerocivilꟷ90, que se ha venido deteriorando por cuenta de deficiencias en su
administración, que no ha actuado con el celo y el cuidado que, de acuerdo con el
ordenamiento jurídico, se exige de quien detenta la propiedad estatal.
88 Índice 67, “45RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_IMG20210422WA0053”.
89“57RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_2021013163RPTAPRUEBASAUTOM
AYO272020”, PDF visible en el índice 67 de SAMAI. En ese documento se hizo constar que, como
resultado de la consultoría, se determinó que debían realizarse actividades de mantenimiento cuya
inversión aproximada ascendía a la suma de $15.502.984.776 y que, dadas las limitaciones
presupuestales, la intervención no había podido ser presupuestada “en las vigencias 2020- 2021,
toda vez que se debió priorizar la intervención de la infraestructura que se encuentra en operación”.
90 De conformidad con el literal c) del numeral 2º del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1294 de 2021, la Aeronáutica Civil es una autoridad del
orden nacional.
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Esta situación es atribuible a su propietaria, pues es la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil la llamada a guardarlo y consérvalo de forma
adecuada91. De ahí entonces que no resulten de recibo los argumentos de esa
entidad según los cuales el deterioro debe atribuirse al manejo dado al inmueble
por el municipio de Tunja mientras estuvo vigente el contrato de comodato, no solo
porque, como se indicó, está probado que el bien es de su propiedad y, por ende,
es ella la llamada a conservarlo y administrarlo de forma adecuada, sino porque,
además, el plazo de dicho contrato está ampliamente vencido92. Dichas
alegaciones no logran exculparla de la responsabilidad por los bienes que detenta
en nombre del Estado y, en realidad, parecen estar dirigidas a plantear una
reclamación por incumplimientos contractuales, asunto que, como se anunció,
escapa a la finalidad de la acción popular.
Así las cosas, en uso de las facultades que corresponden al juez en el ámbito de la
acción popular y teniendo en cuenta que se advierte probada la afectación del
derecho a la defensa del patrimonio público, asunto que fue expresamente
controvertido por las partes dentro del presente proceso y tiene nexo directo con la
causa petendi de esta demanda, la Sala dispondrá su protección y adoptará
medidas para su salvaguarda.
6. Conclusión
Conforme con todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que:
6.1. El derecho al acceso al servicio público de transporte no se encuentra
vulnerado en el caso concreto, pues se demostró que la ciudad de Tunja cuenta
con un sistema de transporte público terrestre que permite garantizar la movilidad
y libre circulación de sus habitantes. En consecuencia, la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá el veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete
(2017) será revocada.
6.2. Sin embargo, habiéndose acreditado la vulneración del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público por la indebida administración de un bien inmueble
91 El artículo 31 del Decreto 1294 de 2021 establece que la Aerocivil tiene funciones en cuanto a la
administración aeroportuaria.
92 Según la cláusula quinta de dicho negocio, el plazo sería de cinco (5) años contados desde la
celebración del contrato, en tanto se demostró que aquel se suscribió el dieciséis (16) de diciembre
del año dos mil diez (2010) y no se aportó prueba de su renovación.
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de propiedad de una autoridad del orden nacional, que ha generado su deterioro y
abandono, esta Subsección dispondrá su protección y ordenará a la Aerocivil, en
su calidad de propietaria del citado aeropuerto, que:
1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
adopte un Plan de Acción que contemple las medidas necesarias de carácter
presupuestal, administrativo, contractual y/o jurídico para lograr la
recuperación y mantenimiento en condiciones adecuadas de las
instalaciones del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, en
el que se identifiquen los problemas específicos a atender y las actividades
contempladas para resolver cada uno de ellos a corto, mediano y largo plazo,
con metas medibles, plazos determinados e indicadores de avance.
Para la elaboración de ese Plan, la Aerocivil deberá definir si están dadas
las condiciones para que el aeropuerto sea usado para la prestación del
servicio público de transporte aéreo o si, ante la imposibilidad de hacerlo en
este momento, el inmueble debe ser destinado provisional o
permanentemente a otros usos administrativos o conexos que beneficien
también intereses públicos.
En todo caso, el Plan que adopte la entidad deberá propender por el uso
adecuado, conservación y mantenimiento permanente de las instalaciones
del aeropuerto, de manera que se evite que en el futuro vuelvan a quedar en
estado de abandono o ruina.
2. Vencido ese término, el Plan deberá ser presentado al Comité de
Seguimiento que, en los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, se
conformará para la verificación de las órdenes previstas en la presente
sentencia, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
los actores populares, el representante legal de la Aerocivil o su delegado,
el Procurador Provincial de Tunja y un representante de la Alcaldía
Municipal. El Comité podrá presentar observaciones y recomendaciones al
Plan de Acción elaborado por la Aerocivil dentro del mes (1) siguiente a su
presentación, las cuales serán respondidas de manera fundada por la
entidad en un plazo máximo de treinta (30) días luego de haber sido
recibidas.
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3. Cumplido lo anterior, la entidad deberá empezar a ejecutar e implementar
las acciones definidas en el Plan dando estricto cumplimiento a los plazos y
términos previstos para el efecto y presentando informes trimestrales (cada
3 meses) al Comité, respecto del estado de avance de cada medida.
4. Una vez finalizadas las actividades planteadas dentro del Plan de Acción, la
Aerocivil deberá presentar un informe final al Comité de Seguimiento.
7. Costas
El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 establece:
“ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento
civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar
los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la
acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de
cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte
(20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las
demás acciones a que haya lugar.”
Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de sentencia de
unificación proferida por la Sala Especial de Decisión N° 27, sostuvo que:
“113. Conforme con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, hay lugar a
reconocer las expensas y gastos procesales solamente a favor del actor
popular que resulta victorioso.
(…) 115. Al tenor de las reglas del articulo 365 y 366 del Código General
del Proceso, se reconocen las expensas que estén causadas en el proceso
y se liquidan en la medida de su comprobación. Ello quiere decir que sólo
será posible tasar la suma de las expensas conforme a lo que se acredite
y verifique conforme con el expediente, teniendo en cuenta que sólo es
posible reconocer las aquellas expensas necesarias para el desarrollo del
proceso.
116. Al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, la liquidación
de las expensas procesales incluye el valor de los honorarios de auxiliares
de la justicia y los demás gastos judiciales hechas por el actor popular,
siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a
actuaciones autorizadas por la ley; con inclusión de los honorarios de los
peritos contratados directamente por las partes, siempre que aparezcan
comprobados y el juez los encuentre razonables, de manera que si su valor
excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la
Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
(…) 118. Como la función de las agencias en derecho es la de otorgar a la
parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión
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Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
procesal que realizó, al tenor del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 siempre
hay lugar a reconocerlas a favor del actor popular que resulta victorioso.
(…) 120. Al tenor de las reglas del artículo 365 y 366 del Código General
del Proceso, se reconocen las agencias en derecho que estén causadas
en el proceso y se liquidan en la medida de su comprobación. Ello quiere
decir que, concretado el hecho de que el actor popular resultó triunfante en
la pretensión protectoria, hay lugar a reconocerle las agencias en derecho.
121. No obstante, aun cuando se verifique en forma objetiva su victoria
procesal, la tasación de la suma a reconocer por la actividad procesal del
actor popular, requiere la valoración del juez respecto de la naturaleza.
calidad y duración de la gestión realizada, o de otras circunstancias
especiales, a partir de la cual, debe fijar la suma que por razón de agencias
en derecho se estimó razonable y acorde.
122. Al tenor del artículo 366 del Código General del Proceso la liquidación
de las agencias en derecho procede aun cuando se actúe sin apoderado,
y para su fijación se aplican las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un
máximo, el juez debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente,
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas.
(…) 124. Ello es así porque las agencias en derecho no corresponden a un
pago de honorarios pues, al tratarse de un reconocimiento que se realiza a
la parte vencedora, bien se a que haya actuado por intermedio de
apoderado o directamente en el proceso, no corresponden al
reconocimiento de una labor profesional, sino a la compensación razonable
de los esfuerzos de tiempo, dedicación, diligencia y eficacia que tuvo el
actor popular y en relación con la naturaleza y duración de la causa
procesal.” 93
Conforme con las reglas expuestas, la Sala estima que en este caso procede la
condena en costas y agencias en derecho para la entidad responsable de la
vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, dado que los
actores populares lograron la protección de intereses de naturaleza colectiva,
aunque no exactamente en el sentido reclamado. Sin embargo, esta condena solo
beneficiará a las señoras Evelin Liseth Corredor Riaño y Yanira Enith Herrera
Benítez, ya que los señores Armando Baena Cifuentes y Dayver Ernesto Correa
Flórez, en su calidad de servidores de la Procuraduría General de la Nación,
ejercieron la acción en cumplimiento de funciones legales y constitucionales que les
imponían, precisamente, promover acciones para la protección de los derechos
colectivos94.
93 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia 6 de agosto del 2019, radicación
15001-33-33-007-2017-00036-01.
94 El numeral 4° del artículo 277 de la Constitución dispone “[e]l Procurador General de la Nación,
por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones (…) 4. Defender los
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la Aerocivil, en su calidad de
autoridad responsable de la vulneración del derecho colectivo amparado y ordenará
a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá que, de acuerdo a lo reglado
en el inciso primero del artículo 366 del Código General del Proceso95, proceda con
la respectiva liquidación, teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365
y 366 de la codificación ibidem, en particular, aquella que establece que en el
expediente debe aparecer que se causaron “y en la medida de su comprobación”96.
En lo que respecta a las agencias en derecho, al encontrarse acreditada la
actuación de las accionantes y de conformidad con los parámetros establecidos en
el artículo 6° del Acuerdo 1887 de veintiséis (26) de junio de dos mil tres (2003)97
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura98, la Sala impondrá a cargo de la
Aerocivil la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv),
teniendo en cuenta la naturaleza, duración y complejidad del proceso, en favor de
las señoras Evelin Liseth Corredor Riaño y Yanira Enith Herrera Benítez, el cual
será dividido en partes iguales para cada una de ellas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del veintiséis (26) de julio de dos mil diecisiete
(2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro de la presente
causa.
intereses colectivos, en especial el ambiente”. En el mismo sentido adoptado en esta providencia,
consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de septiembre de 2020, radicación
66001-23-33-000-2016-00522-02.
95 “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el
superior”.
96 Numeral 8° artículo 365 del Código General del Proceso.
97 Norma aplicable al momento de presentar la demanda de la referencia.
98 “Artículo Sexto. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…) III. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. (…) 3.2. ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO (…) Segunda instancia. Hasta
un (1) salario mínimo mensual legal vigente.”.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
SEGUNDO: AMPARAR el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público,
vulnerado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como
consecuencia del estado de deterioro en el que se encuentran las instalaciones del
aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta sentencia.
TERCERO: ORDENAR a la Aerocivil que, para lograr la protección del derecho que
se advierte vulnerado, proceda con el desarrollo de las siguientes acciones:
3.1. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la
entidad deberá adoptar un Plan de Acción que contemple las medidas
necesarias de carácter presupuestal, administrativo, contractual y/o jurídico
para lograr la recuperación y mantenimiento en condiciones adecuadas de las
instalaciones del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Tunja, en
el que se identifiquen los problemas específicos a atender y las actividades
contempladas para resolver cada uno de ellos a corto, mediano y largo plazo,
con metas medibles, plazos determinados e indicadores de avance.
Para la elaboración de ese Plan, la Aerocivil deberá definir si están dadas las
condiciones para que el aeropuerto sea usado para la prestación del servicio
público de transporte aéreo o si, ante la imposibilidad de hacerlo en este
momento, el inmueble debe ser destinado provisional o permanentemente a
otros usos administrativos o conexos que beneficien también intereses
públicos.
En todo caso, el Plan deberá propender por el uso adecuado, conservación y
mantenimiento permanente de las instalaciones del aeropuerto, de manera
que se evite que en el futuro vuelvan a quedar en estado de abandono o ruina.
3.2. Vencido ese término, el Plan deberá ser presentado al Comité de Seguimiento
que se conformará según lo dispuesto en el ordinal siguiente de la parte
resolutiva de esta providencia. El Comité podrá presentar observaciones y
recomendaciones al Plan de Acción elaborado por la Aerocivil dentro del mes
(1) siguiente a su presentación, las cuales serán respondidas de manera
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
fundada por la entidad en un plazo máximo de treinta (30) días luego de haber
sido recibidas.
3.3. Cumplido lo anterior, la Aerocivil deberá empezar a ejecutar e implementar las
acciones definidas en el Plan dando estricto cumplimiento a los plazos y
términos previstos para el efecto y presentando informes trimestrales (cada 3
meses) al Comité, respecto del estado de avance de cada medida.
3.4. Una vez finalizadas las actividades planteadas dentro del Plan de Acción, la
Aerocivil deberá presentar un informe final al Comité de Seguimiento.
CUARTO: CONFORMAR el Comité de Seguimiento de que trata el artículo 34 de
la Ley 472 de 1998, el cual se encargará de velar por el cumplimiento de las órdenes
proferidas en la presente providencia y estará integrado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, los actores populares, el representante legal de la
Aerocivil o su delegado, el Procurador Provincial de Tunja y un representante de la
Alcaldía Municipal.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NEGAR, conforme a la parte motiva de esta providencia y atendiendo a
que no se dan los presupuestos requeridos para dar aplicación a la figura del litis
consorcio necesario, la solicitud de vinculación como demandado del Ministerio de
Defensa Nacional.
SÉPTIMO: CONDENAR EN COSTAS a la Aerocivil, las cuales deberán ser
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 y 366 del Código
General del Proceso. Para el efecto, inclúyase por concepto de agencias en derecho
la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv), la cual será dividida
en partes iguales en favor de las señoras Evelin Liseth Corredor Riaño y Yanira
Enith Herrera Benítez.
OCTAVO: REMITIR, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472
de 1998, copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo.
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Radicado: 15001-23-33-000-2014-00488-01
Demandantes: Evelin Liseth Corredor y otros
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Salvamento parcial de voto
VF
45
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