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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00135-02

Fecha
5 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00135-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO; Por el Daño antijurídico sufrido por mi poderdante ante la omisión de funciones Constitucionales y reglamentarias que llevó a la liquidación de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) que operaba en el campo de la salud como Entidad Promotora de Salud (EPS), EPS Intervenida y Liquidada por insolvencia que llevó a la pérdida patrimonial de la IPS CLÍNICA ZAYMA S.A.S por la sustracción de pagos correspondientes a la atención en salud, ante los cuales el Ministerio de salud y la Superintendencia Nacional de Salud, omitieron sus funciones reglamentarias en calidad de garantes, omitieron el cumplimiento de los fines del estado, y omitieron sus funciones de Dirección, Inspección, Vigilancia Control del flujo de recursos de destinación específica de la seguridad social. TERCERA. Condenar, en consecuencia a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, a pagar solidariamente a la IPS CLÍNICA ZAYMA S.A.S con NIT: 800074112-6 indemnización y domicilio en la Ciudad de Montería, Córdoba, una indemnización por el daño antijurídico sufrido, equivalente a los montos reconocidos en acreencias SALUD CAPRECOM EPS, y dejados de pagar por la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), intervenida y liquidada que corresponde a lo dejado de pagar por la prestación del servicio público de salud a cargo de los usuarios de la Empresa Promotora de Salud delegada por el Estado para cumplir con la función de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social. Discriminados de la siguiente forma: 1. Que se condene a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, al pago de la suma de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C. ($3.504.517.553,00) (sic), como monto dejado de pagar por la prestación de servicios de salud a los afiliados de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, Liquidada. 2. Que se condene a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2019-00135-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

5 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: CLÍNICA ZAYMA S.A.S.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA – Responsabilidad del Estado por omisión del deber de
inspección, control y vigilancia / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
– El Ministerio de Salud y Protección Social no tiene a su cargo funciones de inspección,
control y vigilancia / NO SE PROBÓ FALLA DEL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE SALUD.

1. La Sala procede a resolver el recurso de apelación presentado por la Clínica
Zayma S.A.S., en contra de la sentencia proferida el 26 de julio de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por
medio de la cual se negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La sociedad actora pretende que, ante el incumplimiento en el que habrían
incurrido las demandadas en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia
y control sobre el manejo de los recursos con destinación específica a la seguridad
social se les condene a indemnizarle los perjuicios causados por la falta de pago de
unas acreencias que no le fueron canceladas por Caprecom EPS dada su
liquidación.

ANTECEDENTES

La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó

3. El 22 de febrero de 20191, a través de apoderado judicial, la Clínica Zayma
S.A.S. presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y la Superintendencia de Salud con las siguientes
pretensiones (se transcribe literal, incluso con posibles errores):

“(…) PRIMERA. Declarar a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD Administrativamente y patrimonialmente responsables por FALLA
DEL SERVICIO; Por el Daño antijuridico sufrido por mi poderdante ante la
omisión de funciones Constitucionales y reglamentarias de las

1 Cuaderno principal, folios 1-39.

1

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

demandadas, que llevó a la liquidación de la EMPRESA PROMOTORA DE
SALUD CAPRECOM EPS, Caja de previsión Social de Comunicaciones
(Caprecom), que operaba en el campo de la salud como Entidad
Promotora de Salud (EPS) EPS Intervenida y Liquidada por insolvencia
que llevó a la pérdida patrimonial de la IPS CLÍNICA ZAYMA S.A.S por la
sustracción de pagos correspondientes a la atención en salud, ante los
cuales el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Superintendencia
Nacional de Salud, omitieron sus funciones reglamentarias en calidad de
garantes, omitieron el cumplimiento de los fines del estado (sic), y
omitieron sus funciones de Dirección, Inspección, Vigilancia y Control del
flujo de recursos de destinación específica de la seguridad social.

SEGUNDA. Declarar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD,
Administrativamente patrimonialmente responsable por FALLA DEL
SERVICIO; Por el Daño antijurídico sufrido por mi poderdante ante la
omisión de funciones Constitucionales y reglamentarias que llevó a la
liquidación de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS,
Caja de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom) que operaba en
el campo de la salud como Entidad Promotora de Salud (EPS), EPS
Intervenida y Liquidada por insolvencia que llevó a la pérdida patrimonial
de la IPS CLÍNICA ZAYMA S.A.S por la sustracción de pagos
correspondientes a la atención en salud, ante los cuales el Ministerio de
salud y la Superintendencia Nacional de Salud, omitieron sus funciones
reglamentarias en calidad de garantes, omitieron el cumplimiento de los
fines del estado, y omitieron sus funciones de Dirección, Inspección,
Vigilancia Control del flujo de recursos de destinación específica de la
seguridad social.

TERCERA. Condenar, en consecuencia a la NACIÓN, MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD, a pagar solidariamente a la IPS CLÍNICA ZAYMA
S.A.S con NIT: 800074112-6 indemnización y domicilio en la Ciudad de
Montería, Córdoba, una indemnización por el daño antijurídico sufrido,
equivalente a los montos reconocidos en acreencias SALUD CAPRECOM
EPS, y dejados de pagar por la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
CAPRECOM EPS, Caja de Previsión Social de Comunicaciones
(Caprecom), intervenida y liquidada que corresponde a lo dejado de pagar
por la prestación del servicio público de salud a cargo de los usuarios de
la Empresa Promotora de Salud delegada por el Estado para cumplir con
la función de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social.
Discriminados de la siguiente forma:

1. Que se condene a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, al pago de la suma de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M/C. ($3.504.517.553,00) (sic), como monto
dejado de pagar por la prestación de servicios de salud a los afiliados de
la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS, Liquidada.

2. Que se condene a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, al pago solidario de la suma que se fije como indemnización total

2

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

del monto dejado de pagar, debidamente indexada a la fecha de dictar
sentencia.

3. Que se condene a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, al pago solidario de los intereses moratorios liquidados desde la
sentencia hasta el momento real y efectivo del pago de la obligación.

CUARTA. Que en subsidio se declare el ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA
CAUSA de la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por el no
pago de los montos dejados de pagar correspondientes las atenciones los
afiliados cotizantes y beneficiarios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud a cargo del Estado como servicio público.

QUINTA. Que se condene a la NACIÓN, MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, y la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD, al pago solidario de los gastos, costas y agencias en derecho que
se llegaren a causar en el presente proceso (…)”.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, adujo lo
siguiente:

5. En virtud de una relación contractual, la IPS CLÍNICA ZAYMA S.A.S.,
domiciliada en Montería (Córdoba), prestó el servicio de salud a los afiliados y
beneficiarios de la EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM, entidad
delegada por el Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección
Social, para la atención al público en materia de seguridad social en salud a través
de la Resolución 0845 de 1995 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud,
conforme la Ley 314 de 1996.

6. Indicó que los servicios de salud requerían de la inversión de capital, recursos
financieros, procedimientos, medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, los
cuales fueron asumidos en debida forma y calidad por la IPS, atención que, aseguró,
fue demostrada con los respectivos soportes clínicos que acompañaron cada
cuenta radicada a la EPS y que se encuentran en su poder.

7. No obstante, debido a problemas financieros, iliquidez y quiebra, mediante el
Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, el presidente de la República ordenó la
liquidación de Caprecom EPS.

8. Posteriormente, con la Resolución 0035 del 27 de enero de 2017, el
liquidador -Fiduciaria la Previsora S.A. - decretó su liquidación total y, finalmente,
con la Resolución 3153 del 18 de septiembre de 2017 la Superintendencia Nacional
de Salud revocó su habilitación.

9. La demandante afirmó que se le generó un daño antijurídico ya que
efectivamente cumplió con las obligaciones frente a los afiliados de la EPS
liquidada, pero esta no realizó el pago, pese a que el Ministerio de Salud y
Protección Social, a través del FOSYGA -hoy ADRES-, le había girado la asignación
de UPC, suma que correspondía a la prestación de servicios de salud de los
afiliados y beneficiarios atendidos por la IPS.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

10. En específico, indicó que de acuerdo con la Resolución AL 12730 de 2016
expedida por el agente liquidador Fiduciaria La Previsora S. A., Caprecom EPS se
sustrajo del pago de “TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS M/C. ($3.504.517.553,00) (sic), (…) de los cuales se dejó como aprobado
$919.706.497,66; desconociendo la prestación de servicios por el monto restante”.

11. Asimismo, señaló que el agente liquidador Fiduciaria La Previsora S. A.,
mediante Resolución AL-07222 del 08 de agosto de 2016, en respuesta a la
acreencia A34.0013, reconoció la suma de $20´244.588,00 respecto del pago de
$147´987.366,00 solicitado; y, a través de la Resolución AL-06620 del 01 de agosto
de 2016, sobre la acreencia AL-02520, reconoció $22´267.654,00 de los
$67´257.182,00 reclamados.

12. Por lo anterior, sostuvo que, dada la liquidación total de la EPS, sin el pago
de las acreencias reconocidas, se le generó un perjuicio como consecuencia de la
falla en el servicio del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud
al omitir las funciones de inspección, vigilancia y control, por lo cual les atribuyó la
responsabilidad patrimonial del daño antijurídico sufrido. Aseguró que ambas
entidades incumplieron sus deberes legales de supervisión sobre la administración,
flujo y aplicación de los recursos de la seguridad social cuya destinación específica
es la prestación de los servicios de salud, lo que derivó en que la EPS fuera
liquidada sin adoptar medidas resarcitorias para sus acreedores, quienes
efectivamente prestaron el servicio público.

13. Adujo que esto provocó un empobrecimiento de la IPS, mientras que el
Ministerio de Salud se benefició de un enriquecimiento injusto, al no garantizar el
flujo del dinero entregado a Caprecom EPS mediante la UPC para el pago a la IPS.
Agregó que la omisión de las facultades legales y constitucionales por parte de las
entidades responsables, al no adoptar medidas preventivas para controlar el flujo
de los recursos, permitió que estos, pese a tener una destinación específica, no
fueran utilizados para dicho fin.

14. Finalmente, planteó como punto central la falla en el servicio por parte de las
entidades demandadas por los daños patrimoniales sufridos a la actora
consecuencia de la omisión en el cumplimiento de sus funciones de inspección,
vigilancia y control, como de la posición de garante, ante las acreencias dejadas de
pagar con ocasión de la liquidación de la EPS, sin que hubieran adoptado medidas
preventivas para asegurar el flujo adecuado de los recursos destinados al pago de
la prestación de servicios de salud.

Contestación de la demanda

• Ministerio de Salud y la Protección Social

15. El Ministerio de Salud2, indicó que no le constaban los hechos presentados
por la actora y se opuso a las pretensiones.

2 Cuaderno principal, folios 61 – 72.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

16. Manifestó que Caprecom EPS fue una entidad vinculada al Ministerio de
Salud y Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio independiente. En virtud de ello, no tenía ninguna dependencia jurídica
ni financiera con la entidad estatal, por lo que el control tutelar se limitaba a asegurar
que las funciones asignadas por especialidad se desarrollaran en armonía con las
políticas gubernamentales, sin que se tuviera la facultad legal para extender su
autoridad sobre actos o competencias que, por ley, eran autónomas.

17. Relató que, mediante el Decreto 2519 del 28 de diciembre de 2015, se ordenó
la supresión y liquidación de Caprecom EPS, designando a la Fiduciaria La
Previsora S.A. como entidad encargada de dicho proceso bajo su dirección y
responsabilidad.

18. Así, mediante el contrato de Fiducia Mercantil No. CFM 3-1-67672 del 24 de
enero de 2017, Caprecom EICE en Liquidación y Fiduciaria La Previsora S.A.,
pactaron la constitución del Patrimonio Autónomo Remanente de la entidad
liquidada (PAR Caprecom), cuyo objeto era atender los procesos judiciales,
arbitrales y administrativos en los que interviniera la entidad liquidada, así como al
pago de obligaciones contingentes.

19. A través del Decreto 140 del 27 de enero de 2017, el cual modificó el 2519
de 2015, se estableció que, en caso de insuficiencia de recursos, el Ministerio
únicamente asumiría las obligaciones laborales, mientras que el PAR Caprecom
respondería por las demás acreencias, incluidas las de proveedores, hasta el monto
de los recursos disponibles. El contrato inició su ejecución el 28 de enero de 2017
y tuvo un plazo de ejecución inicial de 11 meses, prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2018.

20. Con base en lo anterior, el Ministerio propuso como excepciones las que
denominó: (i) indebida escogencia de la acción; (ii) falta de legitimación en la causa
por pasiva; (iii) ausencia de responsabilidad; y (iv) la innominada.

21. Refirió que la reparación directa es una acción mediante la cual una persona
lesionada solicita indemnización por un acto u omisión del Estado. Sin embargo,
señaló que la actora reclama un daño derivado de actos administrativos que gozan
de presunción de legalidad y ejecutoriedad, por lo que debió interponer una acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, no obstante, se encontraría
caducada.

22. Afirmó que la legitimación en la causa es un presupuesto procesal
fundamental, el cual se satisface al dirigir la pretensión contra quien sea sujeto de
la relación jurídica sustancial. En ese sentido, sostuvo que la demanda no debió
dirigirse contra el Ministerio, máxime cuando la competencia para adelantar el
proceso liquidatorio recaía en la Fiduciaria La Previsora S.A., entidad que expidió
los actos administrativos presuntamente generadores del daño (AL – 12730, AL
7222 y AL 006620).

23. Indicó que los hechos atribuidos al Ministerio, en realidad corresponden a la
entidad liquidadora, pues este no tuvo injerencia en las obligaciones reclamadas.
Precisó que no es su función reconocer, intervenir o revisar actos administrativos

5

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

expedidos por un liquidador, ni mediar en sus decisiones. En consecuencia, no
puede establecerse un nexo causal entre la actuación del Ministerio y los hechos en
los que se fundamentan las pretensiones, lo que impide atribuirle responsabilidad.

24. Por lo anterior, aseguró que la causa determinante del presunto perjuicio es
ajena a sus competencias. Añadió que tampoco puede considerarse una omisión
en sus funciones, reiterando que no intervino en la expedición de los actos
administrativos del liquidador, ni actuó como mediador o revisor de sus decisiones.

25. Finalmente, solicitó al juez aplicar cualquier otra excepción que encontrara
probada.

• Superintendencia Nacional de Salud

26. La Superintendencia se opuso a todas las pretensiones, señalando que no
existían razones de hecho ni de derecho para fundamentar la demanda.

27. Citó el marco normativo de la entidad, del cual coligió que su función esencial
de inspección, vigilancia y control consiste primordialmente en desarrollar
actividades encaminadas a asegurar el efectivo funcionamiento del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y proteger su estabilidad financiera.

28. Concluyó que ni legal ni constitucionalmente se le atribuyó la facultad de
coadministrar, directa o indirectamente, la liquidación de Caprecom EICE, el cual, a
través del Decreto 2519 de 2015, fue asignado exclusivamente al agente liquidador,
Fiduciaria La Previsora S.A.

29. Expuso que dicho decreto estableció que las acreencias relacionadas con
indemnizaciones, obligaciones laborales y gastos propios del proceso liquidatorio
estarían a cargo del Ministerio únicamente en caso de que los activos remanentes
de la liquidación fueran insuficientes para cubrir dichas obligaciones. En caso
contrario, el pago se efectuaría con cargo a los recursos transferidos por el
liquidador y que constituyen el PAR Caprecom.

30. Resaltó la competencia del agente especial liquidador, conforme a los
artículos 294 y 295 del Decreto Ley 663 de 1993, enfatizando que la
Superintendencia no tiene obligaciones derivadas de dicho proceso. Además,
señaló que los actos administrativos del proceso liquidatorio son autónomos e
independientes, por lo que no puede atribuírsele responsabilidad alguna por el
presunto incumplimiento de pagos a los acreedores. Explicó que el liquidador no
tiene vínculo contractual ni laboral con la Superintendencia y, asimismo, esta no
tiene facultades para coadministrar las entidades prestadoras de salud, por lo que
el eventual daño no derivó de una acción u omisión en el ejercicio de sus funciones.
En consecuencia, argumentó que esto constituye un eximente de responsabilidad
bajo la figura del hecho exclusivo de un tercero.

31. Por lo anterior, propuso como excepciones: (i) falta de legitimación en la
causa por pasiva; (ii) falta de integración del litisconsorcio necesario; (iii) inepta
demanda por indebida escogencia de la acción; (iv) inexistencia de solidaridad entre

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

la Superintendencia Nacional de Salud y Caprecom en liquidación; (v) inexistencia
de la obligación; y, (vi) excepción genérica.

32. Sostuvo que no tiene dentro de sus competencias la contratación ni el pago
de las obligaciones a cargo de CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN.

33. Indicó que los hechos señalados por la demandante como generadores del
presunto daño correspondían al proceso liquidatorio y a las actuaciones
adelantadas por el PAR Caprecom, entidad a la que se le atribuyó el deber legal de
cancelar las acreencias reconocidas y calificadas por los acreedores, por lo que se
debería vincular a la Fiduciaria Previsora S.A. como vocera del PAR CAPRECOM
LIQUIDADO.

34. Refirió que los hechos de la demanda se originaron en las presuntas
irregularidades en la expedición de actos administrativos que, en algunos casos,
reconocieron parcialmente las acreencias y, en otros, las rechazaron dentro del
proceso liquidatorio. Por lo tanto, sostuvo que el conflicto debió tramitarse mediante
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual, se encuentra inmersa
en el fenómeno de la caducidad.

35. Sostuvo que, para poder declarar responsable a Supersalud, era necesario
que previamente se declarara la solidaridad en la obligación no pagada, situación
que no fue solicitada en las pretensiones.

36. Finalmente, solicitó al juez declarar probadas las excepciones de mérito que
resultaran procedentes, conforme al principio iura novit curia.

Trámite de primera instancia

37. La audiencia inicial se llevó a cabo el 10 de febrero de 2020 3, en la cual se
declaró como no probadas todas las excepciones previas. Inconformes con el
rechazo de inepta demanda por indebida escogencia de la acción y la falta de
integración de litisconsorcio presentada por la Supersalud -al considerar que era
necesario hacer parte del proceso a la Fiduciaria Previsora S. A. y al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público-, las demandadas presentaron recurso de apelación.

38. Por auto del 26 de febrero de 20214, esta Corporación, rechazó por
improcedente la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la
acción, al no ser una excepción de fondo y, confirmó la decisión del a quo en el
sentido de negar la integración de litisconsorcio necesario.

39. Concluida la fase probatoria5, las partes presentaron los alegatos de
conclusión.

3 Cuaderno principal, folios 146-153.
4 Auto del 26 de febrero de 2021. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Expediente
65.953. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Cuaderno principal, folios 163-168.
5 En audiencia de pruebas realizadas el 20 de abril, 6 de junio y 27 de julio de 2023, se tuvieron
como pruebas las siguientes: (i) Certificado de existencia y representación de la Clínica Zayma
S.A.S.; (ii) cuadro de facturación radicada en la EPS en donde se detalla el tipo de reclamación, el
número de la factura, y datan de la fecha del 2008 al 2016, dictamen pericial aportado por el
demandante, en el que se concluye que las cuentas sujetas a revisión se encuentran conforme el

7

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

40. La Superintendencia Nacional de Salud6 sostuvo que cumplió con las
funciones y competencias asignadas de inspección, vigilancia y control, y que la
entidad no está llamada a asumir la responsabilidad de las actuaciones del agente
especial liquidador en virtud de su independencia y autonomía.

41. El Ministerio de Salud7 indicó que la inconformidad del demandante se centra
en las actuaciones y decisiones del liquidador de Caprecom EPS; reiteró la
improcedencia del medio de control y que, de acuerdo con las pruebas que obran
en el expediente, no se evidencia un nexo de causalidad entre las presuntas
actuaciones u omisiones y lo pretendido.

42. Finalmente, la parte demandante manifestó que las entidades debieron
demostrar cuáles habían sido las acciones preventivas que realizaron en ejercicio
de sus respectivas funciones durante la vigencia de Caprecom EPS que hubieran
asegurado el flujo de los recursos de la seguridad social, siendo estos de
destinación específica, como tampoco demostraron qué acciones llevaron a cabo
para evitar la desviación de fondos durante el funcionamiento. En cuanto al daño
patrimonial indicó que, de acuerdo con el dictamen pericial, es de UN MIL SIETE
MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS ($ 1.007.208.245,00)8, por concepto de servicios de salud prestados a los

contenido técnico del informe discriminado en cada una de las cuentas revisadas cuentan con
soporte de prestación y radicación en acreencia, y que los servicios corresponden a la prestación
efectivamente realizada por la IPS CLÍNICA ZAYMA LTDA; (iii) Resolución 2519 del 28 de diciembre
de 2015 "Por el cual se suprime la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES
'CAPRECOM', EICE, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones": (iv) Resolución No.
AL-12730 de 2016 "Por medio de la cual se califica y gradúa una acreencia oportunamente
presentada con cargo a la masa liquidataria de la Caja De Previsión Social de Comunicaciones
'CAPRECOM' EICE en liquidación"; (v) Resolución No. AL-07222 de 2016 "Por medio de la cual se
califica y gradúa una acreencia oportunamente presentada con cargo a la masa del proceso
liquidatorio de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones 'CAPRECOM' EICE en Liquidación";
(vi) Resolución No. AL-06628 de 2016 "Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición
presentado contra la resolución No. AL-02520 de 2016”. (vii) Decreto No. 2192 del 28 de diciembre
de 2016 "Por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones 'CAPRECOM' EICE en Liquidación y se dicta otra disposición"; (viii) Acta Final del
proceso liquidatorio de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM EICE EN
LIQUIDACIÓN publicada en el diario oficial No. 50.129 del 27 de enero de 2017; (ix) Resolución
000035 del 27 de enero de 2017 "Por medio de la cual el Liquidador de la CAJA DE PREVISIÓN
SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN, se pronuncia acerca del
Pasivo Cierto No Reclamado dentro del proceso liquidatorio"; (x) Resolución 003153 del 18 de
septiembre de 2017 "Por medio de la cual se revoca la habilitación a la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones 'CAPRECOM' para la administración de recursos del Régimen Subsidiado del
Sistema General de Seguridad Social en Salud"; (xi) Decreto 4107 del 02 de noviembre de 2011
“Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y
se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social”; (xii) Informe escrito bajo juramento
rendido por el Ministerio de Salud y Protección Social; (xiii) Informe escrito bajo juramento rendido
por la Superintendencia Nacional de Salud. Estos informes escritos corresponden a las pruebas
solicitadas por la parte demandante y decretadas en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2023,
consistentes en un cuestionario formulado por la misma parte. También se adjuntaron documentos
relacionados con el funcionamiento de la extinta Caprecom: Resolución 0845 del 14 de noviembre
de 1995, Resolución 356 del 14 de febrero de 2006, (modificada por las Resoluciones 807 de 05 de
mayo de 2006 y 0846 del 16 de mayo de 2006); Resolución 1699 del 10 de octubre de 2007
(modificada por la Resolución 303 del 11 de marzo de 2008), Resolución 1726 del 10 de diciembre
de 2008, Resolución 003153 del 18 de septiembre de 2017).
6 SAMAI. Tribunal de Cundinamarca. Índice 00086.
7 SAMAI. Tribunal de Cundinamarca. Índice 00087.
8 SAMAI, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 00079, documento
“117_RECIBEMEMORIALES_INFORMEPERTIAZGOPA.pdf”.

8

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

afiliados de CAPRECOM EPS durante su vigencia, suma dejada de pagar, una vez
ya finalizado el proceso de liquidación de la EPS.

43. El Ministerio Público9 consideró que, atendiendo a los elementos probatorios
obrantes en el expediente, las pretensiones debían ser negadas, pues no se
demostró falla del servicio, ni nexo causal entre los daños alegados y la conducta
de las entidades estatales demandadas.

Sentencia de primera instancia

44. A través de sentencia del 26 de julio de 202410, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la actora.

45. El problema jurídico abordado consistió en determinar si las entidades
demandadas eran responsables por los perjuicios causados a la Clínica Zayma
S.A.S. como consecuencia de la omisión en el cumplimiento de las funciones de
vigilancia y control, respecto de las actividades desarrolladas por Caprecom EPS,
que conllevaron a la intervención y liquidación, ocasionando el no pago de los
servicios de salud prestados.

46. Adujo que, si bien la demandante consideró que no se probaron labores
preventivas por parte de las entidades que pudieran evitar una futura liquidación, lo
cierto es que, tampoco se acreditó que existieran requerimientos realizados a las
demandadas que pusieran de presente alguna deficiencia administrativa o
financiera de la EPS y que estas hubieran omitido atender en el ejercicio de sus
competencias. Por el contrario, se probó que, una vez se advirtió que Caprecom
EPS se encontraba inmersa en causal de supresión y liquidación, el Ministerio de
Salud expidió el decreto correspondiente.

47. Sostuvo que, a partir del material probatorio, no se constató la existencia de
un daño cierto y antijurídico, por lo que concluyó que no se configuraron los
elementos estructurales del medio de control incoado. Manifestó que, con ocasión
a la liquidación forzosa, el demandante -en su condición de titular de créditos-
estaba obligado a soportar su no pago, derivado de la calificación de acreencias y
el agotamiento de los activos de Caprecom EPS, de conformidad con el Decreto
Ley 663 de 1993, de modo que el no pago de los créditos no constituye un daño
antijurídico, máxime cuando no se endilga que las actuaciones del liquidador hayan
sido contrarias al procedimiento legal previsto.

48. En adición, señaló que tampoco se acreditó que las entidades demandadas
debieran asumir los pasivos de la EPS intervenida, y que no es posible un
enriquecimiento correlativo de estas por los servicios médicos prestados por la
actora, ya que, si bien la EPS estaba vinculada al Ministerio de Salud, era una
empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía
administrativa y presupuestal.

9 SAMAI. Tribunal de Cundinamarca. Índice 00088.
10 SAMAI. Tribunal de Cundinamarca. Índice 00090.

9

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

49. Finalmente, precisó que, en los alegatos de conclusión, el demandante
pareciera indicar que no buscaba el pago de montos dejados de cancelar en el
proceso de liquidación de Caprecom EPS, sino establecer el daño sufrido ante la
omisión de funciones constitucionales y legales de las demandadas, lo cierto es que
además de no probarse ningún tipo de omisión al efecto, el solo hecho de la
intervención y liquidación de Caprecom EPS, no implica per se un daño antijurídico,
y en todo caso de la lectura de los hechos y pretensiones de la demanda, el único
daño que se podría irrogar, sería el no pago de la totalidad de las acreencias
presentadas ante la liquidación de la mencionada EPS, el cual no revestía el
carácter de antijurídico.

Recurso de apelación

50. La actora presentó recurso de apelación11 indicando que la demanda se
fundamentó en el actuar omisivo del Estado en cabeza de las entidades accionadas
por no haberse controlado el flujo de los recursos de destinación específica para la
atención de usuarios de la seguridad social durante la existencia de Caprecom EPS.

51. Precisó que la misma “no es un ataque a la liquidación de la EPS”, sino a la
falta de demostración de medidas de prevención y corrección, como de
“requerimientos, sanciones o multas para conocer los motivos de no pagos a los
prestadores y tampoco se conoce el destino de los recursos de la seguridad social”.

52. Argumentó que “no se está controvirtiendo el acto de la liquidación, ni la
subrogación de deudas, como tampoco la existencia de contratos, o la obligación
por la prestación de servicios de salud a cargo de las demandadas”; lo que se
cuestiona es la falla del servicio en calidad de garantes de las entidades accionadas,
por lo que considera que el fallo incurre en una incongruencia, puesto que no se
está discutiendo las actuaciones derivadas de la liquidación de la EPS.

53. Indicó que, de acuerdo con lo probado en el proceso, el daño patrimonial es
de UN MIL SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.007.208.245,00), por concepto de
servicios de salud prestados a los afiliados de Caprecom EPS durante su vigencia,
en virtud de la atención brindada sin la debida vigilancia y control del flujo de los
recursos de la seguridad social de la seguridad social y correspondientes a los
saldos dejados de pagar por la EPS una vez liquidada.

54. Afirmó que “nada se verificó en el interregno de la vida jurídica y de
funcionamiento de la entidad EPS DE CAPRECOM para determinar cuál era el
destino de los recursos; (…) y solo se quedó demostrada la función del control de
flujo de recursos hasta cuando ya estaba insolvente la entidad liquidada, momento
cuando realiza la intervención y la liquidación”. Añadió que la actuación de las
demandadas fue “cuando el daño al sistema ya estaba generado” (resaltado
original) pues no se actuó de forma previa en su función de garantes en

11 La sentencia del 26 de julio de 2024 fue notificada el 31 de julio del mismo año. El recurso de
apelación fue presentado el 12 de agosto de 2024, encontrándose en oportunidad. SAMAI, Tribunal
de Cundinamarca, índice 00094, documento “134_MemorialWeb_Recurso-
Recursodeapelacion(.pdf)”.

10

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154, literales g) y h), de la Ley 100 de
1993.

55. Con base en lo anterior, afirmó que el fallo recurrido yerra en el régimen de
valoración de la responsabilidad, toda vez que la Superintendencia de Salud y el
Ministerio de Salud no demostraron acciones en sus funciones de vigilancia,
prevención y posición de garante. Indicó que dado el incumplimiento normativo
correspondía “una valoración de la responsabilidad patrimonial del estado (sic)
desde el régimen objetivo, y no subjetivo como lo hizo de forma errada el fallador”.
En síntesis, adujo: “Desconoce el fallador de instancia como yerro, que la
responsabilidad es imputable en forma de responsabilidad objetiva por omisión,
incurriendo en la falla del servicio la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD,
porque se sustrajo de sus obligaciones reglamentarias de inspección, vigilancia y
control” (subrayado en texto original).

56. Aunado a ello, expuso como motivos de inconformidad con la providencia: (i)
error in iudicando, por la desatención de las normas legales de las obligaciones
reglamentarias de la Superintendencia Nacional de Salud; (ii) error in procedendo,
por la inobservancia de las pruebas dentro del proceso, considerando una
inadecuada valoración probatoria de los documentos aportados, que llevaron a
obtener el indicio pleno de la prestación del servicio médico y el no pago por parte
de la EPS liquidada, con la indebida utilización de los recursos de la seguridad social
de destinación específica y sin la vigilancia y el control reglamentario a cargo de la
Supersalud; (iii) error por el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales
aplicables al caso, en especial, las sentencias C-561 de 1999 y C-038 de 2006 de
la Corte Constitucional, que refieren que el daño antijurídico no es el producto de
una actividad ilícita del Estado sino el perjuicio que es provocado a una persona que
no tiene el deber jurídico de soportarlo; (iv) error por incongruencia entre lo
demandado y lo fallado, ya que se pretendió la declaratoria de “falla en el servicio
configurada con la omisión de vigilancia y control durante la vigencia de la
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD CAPRECOM EPS Liquidada”, y no “que sea
la superintendencia la obligada o subrogada a pagar lo adeudado como acreencia
contractual, toda vez que no es pagador, ni forma parte de contrato endilgado o
mejor mencionado por el fallador, y que no se está demandando el no pago al
prestador, esta demandada en reparación directa por omisión de funciones
reglamentarias”.

57. Finalmente, solicitó sea revocada la condena en costas ante la ausencia de
actuaciones temerarias o infundadas.

58. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de auto del 04 de
octubre de 2024, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación12.

Trámite de segunda instancia

59. El recurso fue admitido por este Despacho, mediante auto del 15 de febrero
de 202513.

12 SAMAI, Tribunal de Cundinamarca, índice 00096.
13 SAMAI, Consejo de Estado, índice 00004.

11

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

60. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta instancia.

• Concepto del Ministerio Público

61. El Ministerio Público14 solicitó confirmar la sentencia recurrida. Manifestó que
no advierte una transgresión del principio de congruencia en la providencia ya que
el Tribunal resolvió la controversia dentro de los límites y extremos planteados por
las partes y estuvo dirigido a establecer la existencia del daño antijurídico y si este
se produjo como consecuencia de una falla en el servicio en la función reglamentaria
y constitucional de las entidades accionadas.

62. Adujo que en el proceso quedó probado que las acreencias fueron
presentadas ante el agente liquidador, reconociendo que era el único responsable
de asumir dichas obligaciones y que, en el marco de la liquidación forzosa, el
demandante como acreedor de créditos tenía la carga de soportar su no pago,
derivado de la calificación de acreencias y el agotamiento de los activos de
Caprecom EPS.

63. En relación con la carga probatoria, indicó que es una obligación ineludible
para la parte actora demostrar la causa petendi, con la salvedad de los hechos
notorios o de afirmaciones o negaciones indefinidas.

CONSIDERACIONES

64. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos de
jurisdicción, competencia, legitimación en causa por activa y por pasiva (de hecho),
agotamiento de la conciliación extrajudicial y oportunidad en el ejercicio del derecho
de acción, la Sala procede a decidir la segunda instancia de la presente litis.

Problemas jurídicos

65. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si:
(i) el fallo incurrió en error al no aplicar correctamente las normas sobre las funciones
del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud;
(ii) hubo una indebida valoración probatoria que llevó a desconocer la prestación de
los servicios médicos y el no pago, atribuible a la falta de control sobre los recursos
de la seguridad social; (iii) se desconocieron los precedentes jurisprudenciales C-
561 de 1999 y C-038 de 2006 de la Corte Constitucional; (iv) existió incongruencia
entre lo demandado y lo decidido por el fallador. Finalmente, (v) se analizará la
procedencia de las costas procesales.

66. Aunque en algunos apartes el recurrente refiere expresamente a la
Superintendencia Nacional de Salud, a lo largo del recurso formula los reproches
también respecto del Ministerio de Salud, razón por la cual los problemas jurídicos
serán abordados en relación con ambas entidades.

14 SAMAI, Consejo de Estado, índice 00015, documento “Memorial_CHM_Concepto 024-
2025(.pdf)”.

12

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

Caso concreto

67. El apelante señala que en la providencia “desconoce el fallador de instancia
como yerro, que la responsabilidad es imputable en forma de responsabilidad
objetiva por omisión, incurriendo en la falla del servicio la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD, porque se sustrajo de sus obligaciones reglamentarias de
inspección, vigilancia y control” (subrayado en texto original), lo cual resulta
contradictorio, por cuanto no es jurídicamente viable predicar simultáneamente la
existencia de responsabilidad objetiva y de falla del servicio, dado que esta última
se inscribe dentro del régimen de responsabilidad subjetiva.

68. Ahora bien, dado que el hecho que se invoca como causa del presunto daño
consiste en la omisión en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control por parte de las entidades demandadas, esta Subsección ha considerado
que el título de imputación aplicable es el de falla en el servicio15. Este exige la
demostración del daño antijurídico y su imputación a la Administración Pública, para
lo cual es necesario examinar las facultades y los medios de los que disponían las
autoridades, así como las circunstancias que rodearon la ocurrencia del presunto
daño.

69. En relación con la falla del servicio como título de imputación, esta
Corporación16 ha precisado que su configuración puede obedecer a diversas
manifestaciones del incumplimiento por parte de la Administración y se configura
por: (i) retardo, cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en
prestar el servicio; (ii) por irregularidad, cuando el servicio se presta en forma
diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas,
reglamentos u órdenes que lo regulan; (iii) por ineficiencia, cuando la Administración
presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal; y, (iv)
por omisión o por ausencia del servicio, cuando la Administración, teniendo el deber
legal de prestarlo, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.

70. Sobre esta comprensión se analizarán las funciones del Ministerio de Salud
y Protección Social, así como las de la Superintendencia de Salud, con el fin de
verificar las obligaciones que tenían a cargo y que presuntamente fueron omitidas
durante la existencia de Caprecom EPS respecto de la destinación específica que
tenían los recursos de la seguridad social.

• Responsabilidad del Ministerio de Salud: Falta de legitimación en la
causa por pasiva material

71. De conformidad con la normativa contenida en el artículo 173 de la Ley 100
de 1993, artículos 2 y 3 del Decreto Ley 2164 de 1992, artículos 8 y 9 de la Ley 10
de 1990, Ley 60 de 1993, Ley 715 de 2001, artículos 1 y 2 del Decreto 4107 de 2011
le corresponde al Ministerio de Salud, como organismo de la rama ejecutiva, la

15 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2024, exp.
61.724, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 17 de marzo de 2023, exp. 69.226, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 07 de marzo de 2012, exp.
20.042, C.P. Hernán Andrade Rincón; Subsección B, sentencia del 03 de abril de 2020, exp. 21.554,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

13

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

formulación, dirección, orientación, coordinación, promoción, organización y
evaluación de las políticas, planes generales, programas y proyectos en materia de
salud y protección social, riesgos profesionales, estrategias de calidad de vida,
prevención y control de enfermedades, medicamentos, organización de redes de
prestación de servicios, preparación de normas, regulaciones y reglamentos de
salud (administrativas, técnicas y científicas) de obligatorio cumplimiento para los
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

72. Adicionalmente, respecto de los recursos con destinación específica a los
servicios de salud prestados a los afiliados de las EPS, en virtud de los artículos
16217 y 18218 de la Ley 100 de 1993, también es función del Ministerio de Salud 19
definir y pagar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) un valor per cápita
denominado Unidad de Pago por Capitación (UPC) establecido con base en el perfil
de la población relevante, el cual depende, en su mayor parte, de la información
suministrada por las EPS.

73. En esa misma línea, el artículo 173, numeral 6o, de la Ley 100 de 1993
estableció que corresponde al Ministerio de Salud “ejercer la adecuada supervisión,
vigilancia y control de todas las entidades comprendidas en los literales b) a h) del
artículo 181 de la presente ley y de las direcciones seccional, distrital y local de
salud, excepto la Superintendencia Nacional de Salud”, entre las que se encuentran
las EPS.

74. Sin embargo, en este punto cabe precisar que, aunque dicha disposición
establece una obligación de supervisión, vigilancia y control a cargo del Ministerio,
esta competencia no puede analizarse de forma aislada, sino que debe interpretarse
de manera sistemática y armónica con el conjunto normativo que delimita sus
funciones.

75. En ese sentido, dichas atribuciones están orientadas principalmente al
seguimiento del cumplimiento de las políticas generales fijadas por el propio
Ministerio y la definición y el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC),
respecto de lo cual el Ministerio indicó -mediante informe rendido bajo juramento20,

17 Ley 100 de 1993. “Artículo 162. (…) PARÁGRAFO 2o. Los servicios de salud incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud serán actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de
acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil epidemiológico
nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las condiciones financieras del sistema.
(…).”
18 Ley 100 de 1993. “Artículo 182. De los ingresos de las entidades promotoras de salud. Las
cotizaciones que recauden las Entidades Promotoras de Salud pertenecen al Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Por la organización y garantía de la prestación de los servicios incluidos
en el Plan de Salud Obligatorio para cada afiliado, el Sistema General de Seguridad Social en Salud
reconocerá a cada Entidad Promotora de Salud un valor percápita <sic>, que se denominará Unidad
de Pago por Capitación UPC. Esta Unidad se establecerá en función del perfil epidemiológico de la
población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones
medias de calidad, tecnología y hotelería, y será definida por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud, de acuerdo con los estudios técnicos del Ministerio de Salud. (…).”
19 Esta función correspondía al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud hasta la Ley 1122
de 2007 que pasó dicha responsabilidad a la Comisión de Regulación en Salud, la cual fue a su vez
suprimida por el artículo 1 del Decreto 2560 de 2012, de modo que dicha función quedó finalmente
en cabeza del Ministerio de Salud y de la Protección Social.
20 SAMAI, Consejo de Estado, índice 00018, documento
“4RECIBEMEMORIAL_25000233600020190013(.pdf)”, enlace Onedrive, carpeta Índice 060,
documento “69_250002336000201900135004RECIBEMEMORIAL20230412111939.pdf”.

14

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

prueba decretada a petición de parte- que dicha unidad fue reconocida y pagada a
Caprecom EPS a través del Fosyga (hoy ADRES), entidad encargada del giro de
los recursos con destinación específica para la atención de los usuarios asignados.
También señaló que dicho pago se efectuó por los afiliados activos tanto del
régimen contributivo como del subsidiado hasta la orden de liquidación de la EPS,
y que no se omitió su ejecución, lo que da cuenta del cumplimiento de sus
competencias en este aspecto.

76. En ese orden de ideas, no le asiste razón a la parte actora cuando sostiene
que correspondía al Ministerio de Salud y Protección Social ejercer control sobre la
ejecución de los recursos con destinación específica a los servicios de salud de los
afiliados a la EPS y su efectivo pago a las IPS, ya que tal competencia no le ha sido
atribuida normativamente, pues sus funciones se limitan, como se explicó, al
seguimiento del cumplimiento de las políticas generales y a la definición y pago de
la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que la supervisión del uso y
ejecución de dichos recursos corresponde a otras entidades de vigilancia y control.

77. Por lo anterior, resulta importante precisar que la legitimación en la causa se
refiere a la posibilidad de que una persona pueda presentar o controvertir una
demanda, en tanto ostente la calidad de sujeto activo o pasivo dentro de la relación
jurídica sustancial objeto de debate en el proceso. Esta legitimación comprende dos
dimensiones: la de hecho y la material. La primera se configura a partir de la relación
procesal que surge entre las partes en virtud del petitum y la causa petendi, es decir,
el vínculo que se plantea entre demandante y demandado dentro del proceso. En
contraste, la legitimación material responde a un criterio de contenido sustancial,
pues exige que el sujeto haya tenido una participación efectiva en los hechos, actos
o situaciones que dieron lugar a la demanda, independientemente de si figura como
parte demandante o demandada21.

78. En el caso concreto, aunque se encuentra acreditada la legitimación por
pasiva de hecho —ya que la demanda fue dirigida contra el Ministerio de Salud y
Protección Social, imputándole responsabilidad patrimonial por presuntas
omisiones—, ello no resulta suficiente para afirmar la existencia de legitimación por
pasiva material. Lo anterior, por cuanto dicha entidad no tenía a su cargo las
funciones en las que se fundamenta la reclamación, pues no era responsable de la
inspección, vigilancia y control de los recursos con destinación específica asignados
a Caprecom EPS, ni del proceso de su liquidación, dentro del cual se habría
concretado el daño alegado.

79. En consecuencia, se concluye que el Ministerio de Salud y Protección Social
carece de legitimación en la causa por pasiva, motivo por el cual se declarará
probada esta excepción.

• Responsabilidad de la Superintendencia de Salud: No se prueba la falla
en el servicio

21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, exp.
65.995, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2021, exp.
55.287, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

15

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

80. De acuerdo con la normativa vigente para la época de los hechos que
soportan la controversia, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud
(Supersalud) verificar la conformidad en la prestación del Plan Obligatorio de Salud
por parte de cada Entidad Promotora de Salud en el territorio nacional (artículo 162,
parágrafo 3, de la Ley 100 de 1993). Asimismo, debe vigilar, advertir, prevenir,
orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento,
aseguramiento y prestación del servicio de salud cumplan con las normas del
Sistema de Seguridad Social. También puede ordenar los correctivos necesarios
para superar situaciones críticas —jurídicas, financieras, económicas, técnicas o
científico-administrativas— de cualquiera de sus vigilados y sancionar las
actuaciones que se aparten del ordenamiento legal, ya sea por acción u omisión
(artículos 35, 36, 39 y 40 de la Ley 1122 de 2007). Dentro de estas entidades se
encuentran las EPS del régimen contributivo y subsidiado, respecto de las cuales,
ante cualquier incumplimiento, puede iniciar investigaciones y, en caso de
comprobarse una infracción prevista en la ley, adelantar el correspondiente proceso
administrativo sancionatorio (artículos 121 y 130 de la Ley 1438 de 2011, y artículos
3 y 6 del Decreto 2462 de 2013 -vigente para la época-).

81. Respecto a la destinación específica de los recursos de los servicios
prestados a los afiliados de las EPS, la normativa establece que a la
Superintendencia Nacional de Salud le corresponde “velar por la eficiencia en la
generación, recaudo, flujo, administración, custodia y aplicación de los recursos con
destino a la prestación de los servicios de salud” (artículo 39, literal f, de la Ley 1122
de 2007). Igualmente, puede sancionar el incumplimiento de las normas que regulan
el flujo de recursos y el financiamiento del Sistema General de Seguridad Social en
Salud por parte de las entidades que lo integran, como las EPS (artículo 130,
numeral 19, de la Ley 1438 de 2011). Finalmente, le corresponde autorizar el
funcionamiento de una EPS siempre que esta acredite periódicamente el margen
de solvencia exigido por el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar su liquidez y
sostenibilidad (artículo 180, numeral 6, de la Ley 100 de 1993).

82. En consecuencia, es claro que corresponde a la Superintendencia Nacional
de Salud ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las Entidades Promotoras
de Salud, como Caprecom EPS, en relación con el manejo de los recursos con
destinación específica para el pago de los servicios de salud prestados a sus
afiliados, por lo que se analizará si en efecto existió una falla en el servicio, alegada
por el recurrente en su escrito de apelación.

83. De acuerdo con el informe presentado por la Superintendencia Nacional de
22
Salud , esta entidad realizó requerimientos a Caprecom EPS por incumplimientos
en el flujo de recursos. En particular, indicó que, mediante comunicación de 2012,
se informó a la EPS sobre la omisión de las obligaciones derivadas de la prestación
de servicios de salud, incluyendo una deuda con la Clínica Zayma por un valor de
$115.889.373. En una comunicación de 2015, también se advirtió sobre el
incremento de la cartera debido a la persistente renuencia de la EPS a efectuar los
pagos debidos.

22 SAMAI, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 00064, documento
“82_RECIBEMEMORIALES_20231610100602491PD.pdf”.

16

Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

84. Igualmente, se reportó la realización de requerimientos entre 2010 y 2012
relacionados con el cálculo del margen de solvencia, en los que se evidenció el
incumplimiento de Caprecom EPS respecto de los indicadores financieros y de
permanencia, el margen de solvencia y el flujo de recursos.

85. En atención a lo anterior, la Superintendencia también reportó la apertura de
diez investigaciones adelantadas entre 2011 y 2016, mediante las cuales se
impusieron sanciones y multas a Caprecom EPS por la mora en el pago a las IPS,
el incumplimiento del flujo de recursos, deficiencias en la calidad de la atención, falta
de reporte de información y desobedecimiento de instrucciones impartidas por la
Supersalud, entre ellas, la violación de la Circular Conjunta 030 del 02 de
septiembre 2013, expedida por el Ministerio de Salud23.

86. También se relacionaron cuatro auditorías realizadas, mediante las cuales se
evaluó la prestación del servicio, el flujo de recursos y los aspectos financieros,
correspondientes a los años 2011, 2013, 2014 y 2015. Con base en los hallazgos
confirmados, se remitieron informes a distintas entidades, como la Contraloría
General de la República y la Procuraduría General de la Nación para lo
correspondiente con base a sus competencias.

87. Así, entre las acciones de control, se citaron las siguientes resoluciones
expedidas por la entidad:

• Resolución 147 del 30 de enero de 2013, a través de la cual se adoptaron
medidas cautelares de vigilancia especial respecto de Caprecom EPS,
consistente en la remoción del revisor fiscal, en la designación de un contralor
y en la presentación y cumplimiento de un Plan de acción respecto de la medida
cautelar.

• Resolución 002228 del 15 de noviembre de 2013, mediante la cual se ordenó
al representante legal de Caprecom EPS, presentar un Programa de
Recuperación con el fin de adoptar medidas a corto y mediano plazo que
coadyuvaran a la superación de las deficiencias de la EPS, en los componentes
administrativos, financieros y técnico científicos.

• Resolución 1574 de 2014, en la que se adoptó medida preventiva de
Vigilancia Especial sobre Caprecom EPS, teniendo en cuenta el incumplimiento
del Programa de Recuperación, ya que las acciones desarrolladas no
impactaron los estados financieros, los indicadores del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad, ni la situación administrativa de la Entidad.

• Resolución No. 000250 del 23 de febrero de 2015, la cual prorrogó la medida
preventiva hasta el 24 de agosto de 2015.

88. Como resultado de las gestiones realizadas y ante la persistencia del
deterioro financiero de la EPS, la Supersalud, en ejercicio de sus funciones de
inspección, vigilancia y control, puso en conocimiento del Ministerio de Salud y

23 A través de dicha circular se informó a las EPS el procedimiento de aclaración de cartera,
depuración obligatoria de cuentas y pago de facturación por prestación de servicios y recobros.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

Protección Social la situación crítica de Caprecom EPS. En respuesta, dicha entidad
elaboró el informe “Evaluación de Gestión Administrativa” 24, en el que concluyó que,
dada la gravedad de los problemas financieros, operativos y prestacionales, era
necesario suprimir la entidad. Esta recomendación fue acogida por el Presidente de
la República, quien expidió el Decreto 2519 de 2015, “Por el cual se suprime la Caja
de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom), EICE, se ordena su liquidación
y se dictan otras disposiciones”.

89. En este contexto, se encuentra acreditado que la Superintendencia Nacional
de Salud ejerció sus competencias de inspección y vigilancia mediante diversas
actuaciones orientadas a asegurar la adecuada gestión de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Estas acciones evidencian el cumplimiento
de sus deberes legales, razón por la cual no se configura una omisión en el ejercicio
de sus funciones.

90. En este punto, conviene precisar que las obligaciones de inspección,
vigilancia y control son de medio, y no de resultado25, por lo que no puede atribuirse
responsabilidad patrimonial cuando la entidad cumplió con sus funciones, aunque
sus esfuerzos hayan resultado inanes para lograr que la entidad vigilada operara de
manera óptima. En consecuencia, si el daño se produce a pesar de la diligencia de
la autoridad competente, no se configura una falla del servicio.

91. Por otra parte, no obran en el expediente pruebas que acrediten una falla en
el servicio. La parte actora no cumplió con la carga de probar los hechos en que
fundó sus pretensiones, pues, si bien solicitó informes bajo juramento que fueron
decretados por el juez y debidamente practicados, no los controvirtió, como tampoco
demostró que alguno de sus requerimientos hubiese sido desatendido por la
Supersalud. Por el contrario, se encuentra acreditado que la entidad respondió a los
requerimientos formulados, e incluso adelantó múltiples gestiones.

92. En consecuencia, no se advierte yerro por parte del fallador de primera
instancia, ya que este no cuestionó las funciones legales de inspección, vigilancia y
control atribuidas a la Superintendencia Nacional de Salud, por el contrario,
reconoció que dichas funciones hacían parte de su marco de competencias, toda
vez que no declaró su responsabilidad al no encontrar prueba suficiente de una
omisión en su ejercicio.

93. En cuanto a la valoración probatoria, el a quo concluyó que no se acreditó
una falla en el servicio, lo cual se reitera en esta instancia, toda vez que obran en el
proceso actuaciones de inspección, vigilancia y control por parte de la entidad,
precisamente sobre los aspectos señalados como omitidos en el recurso de
apelación.

24 SAMAI, Consejo de Estado, índice 00018, documento
“4RECIBEMEMORIAL_25000233600020190013(.pdf)”, enlace Onedrive, carpeta Índice 060,
documento “67_250002336000201900135002RECIBEMEMORIAL20230412111939.pdf”.
25 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2024, exp.
61.724, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 17 de marzo de 2023, exp. 69.226, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

94. En cuanto a la supuesta inobservancia de los precedentes jurisprudenciales,
no se acredita que la sentencia C-561 de 1999 de la Corte Constitucional sea
vinculante para el caso concreto, toda vez que se refiere a la exequibilidad parcial
de los artículos 9, 13 y 66 de la Ley 489 de 199826, además, no se expone con
claridad su pertinencia ni se justifica su aplicabilidad frente a los aspectos jurídicos
debatidos en el proceso.

95. Respecto de la sentencia C-038 de 2006 de la Corte Constitucional, en el
escrito de apelación se indicó que se desconoció en tanto esta jurisprudencia
manifiesta que “el daño antijurídico no [es] aquel que es producto de una actividad
ilícita del Estado sino […] el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene
el deber jurídico de soportarlo”, y que “la responsabilidad estatal no reposa en la
calificación de la conducta de la Administración, sino [en] la calificación del daño
que ella causa”. Sin embargo, dicha sentencia no fue ignorada por el fallador, ya
que se señala que deben concurrir dos elementos para declarar la responsabilidad
de una entidad: la existencia de un daño antijurídico y la imputabilidad de este a una
autoridad pública. En ese sentido, en el sub examine no se acreditó la falla en el
servicio de la Superintendencia.

96. Finalmente, como se ha argumentado, no se advierte que el fallo haya
incurrido en incongruencia entre lo pedido y lo decidido, dado que el juez de primera
instancia se pronunció sobre el núcleo del litigio, esto es, la supuesta omisión en el
cumplimiento de funciones de las demandadas. En efecto, la providencia analizó las
obligaciones legales de las entidades estatales y conforme a la documental
concluyó que no se acreditó una actuación omisiva que permitiera declarar su
responsabilidad.

• Liquidación de Caprecom EPS y su relación con el crédito no satisfecho
de la demandante

97. Aunque en la apelación el demandante afirmó que el daño antijurídico ocurrió
antes de la liquidación de Caprecom EPS, y que no se dirigía contra los actos del
liquidador, sino contra la supuesta omisión en las funciones de vigilancia y control
durante la vigencia de la EPS, lo cierto es que el perjuicio alegado —el no pago de
las acreencias— se configuró con la finalización del proceso liquidatorio, momento

26 Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones”. “Artículo 9. Delegación. Las autoridades administrativas, en
virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras
autoridades, con funciones afines o complementarias. (…)” // Artículo 13. Delegación del ejercicio de
funciones presidenciales. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 142 de 1994 y en otras disposiciones
especiales, el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamento
administrativo, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes,
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado el ejercicio de las funciones a que se refieren el
artículo 129 y los numerales 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la Constitución
Política. // Artículo 66. Organización y funcionamiento de las superintendencias. Las
superintendencias son organismos creados por la ley, con la autonomía administrativa y financiera
que aquella les señale, sin personería jurídica, que cumplen funciones de inspección y vigilancia
atribuidas por la ley o mediante delegación que haga el Presidente de la República previa
autorización legal.”

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

en el cual se tuvo conocimiento de que no se realizaría el pago total de la suma de
las acreencias presentadas27.

98. Al respecto, cabe señalar que en el proceso de liquidación de Caprecom EPS
se dispuso que el estudio y la calificación de las reclamaciones presentadas dentro
de la oportunidad procesal, se efectuarían preservando el principio de igualdad entre
los acreedores y las disposiciones legales del artículo 300, numeral 1, del Decreto
Ley 663 de 1993, el Código Civil y demás normas concordantes en materia de
prelación y privilegio de créditos. En todo caso, se indicó que estos créditos se
pagarían con cargo a la masa de la liquidación, en la medida en que existieran
disponibilidades suficientes en la entidad en liquidación.

99. El artículo 1228 de la Ley 1797 de 2016 estableció el orden de prelación de
pagos en los procesos de liquidación de las EPS, marco en el cual, las acreencias
de la parte actora fueron calificadas en la prelación b), correspondiente a las deudas
reconocidas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.

100. En este sentido, es importante precisar que la prelación de créditos constituye
una figura jurídica que define el orden de pago de las obligaciones dentro de un
proceso de liquidación. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional29 ha señalado
que:

“La prelación de créditos es una institución civil de carácter sustancial que
determina el orden en el cual han de ser pagadas las obligaciones dinerarias
del deudor a cada uno de sus acreedores, cuando estos reclaman el
respectivo pago en un mismo proceso. De este modo, el acreedor goza del
privilegio de obtener el pago de su crédito con preferencia sobre otros
acreedores (…).

“Se sigue de lo anterior que la principal consecuencia de régimen de prelación
es que las acreencias se pagan en el orden fijado por la ley, y hasta que
el patrimonio del deudor lo permita, se produce una afectación intensa al

27 Resolución No. AL - 06628 del 01 de agosto de 2016 correspondiente a la acreencia radicada No.
A52 00012 del 29 de febrero de 2016 en el cual, el valor reclamado fue de $22.267.654 M/CTE y el
valor aceptado después de surtido el trámite del recurso de reposición fue de $67.257.182 M/CTE.
// Resolución No. AL - 07222 del 08 de agosto de 2016 correspondiente a la acreencia radicada No.
A34.00013 del 29 de febrero de 2016 en el cual, el valor reclamado fue de $147.987.366 M/CTE y el
valor aceptado fue de $20.244.588, sin que para este caso conste que se haya presentado recurso
de reposición. // Resolución No. AL - 12730 del 23 de septiembre de 2016 correspondiente a la
acreencia radicada No. A31.01190 del 17 de marzo de 2016 en el cual, el valor reclamado fue de
$3.504.561.254 M/CTE y el valor aceptado fue de $919.480.617, sin que para este caso conste que
se haya presentado recurso de reposición. SAMAI, Consejo de Estado, índice 00018, documento
“4RECIBEMEMORIAL_25000233600020190013(.pdf)”, enlace Onedrive, carpeta CDS / Demanda y
Anexos/ Documentos “AL-06628-E28F80FF446C63DBF0CDEBECB45185B2.pdf”; “AL-06628-
E28F80FF446C63DBF0CDEBECB45185B2.pdf”; “AL-12730-RESPUESTA ACREENCIA 031.pdf”.
28 Ley 1797 de 2016. “Artículo 12. Prelación de créditos en los procesos de liquidación de las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, (IPS), y de las Entidades Promotoras de Salud
(EPS). En los procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud, incluso los que están
en curso, e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud se aplicará la siguiente prelación de
créditos, previo el cubrimiento de los recursos adeudados al Fosyga o la entidad que haga sus veces
si fuere el caso y los recursos relacionados con los mecánicos de redistribución de riesgo: a) Deudas
laborales; b) Deudas reconocidas a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. En estas
deudas se incluirán los servicios prestados o tecnologías prestadas por urgencias, así no medie
contrato. En estos casos la liquidación debe desarrollar la auditoría y revisión de cuentas para su
reconocimiento en lo pertinente; c) Deudas de impuestos nacionales y municipales; d) Deudas con
garantía prendaria o hipotecaria, y e) Deuda quirografaria.”
29 Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 26 de septiembre de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

principio de igualdad entre los acreedores, par conditio creditorum, al punto
que algunos créditos podrían quedar sin pago. Por ello, solo el legislador
puede establecer esta clase de privilegios” (resaltado fuera de texto
original).

101. Así las cosas, se confirma que la falta de pago no obedeció a una actuación
irregular de la Supersalud en el proceso de liquidación, sino a la insuficiencia de
recursos disponibles, situación derivada de la aplicación de la normativa vigente y
no de una falla en el servicio por parte de la entidad. Esta conclusión ya había sido
advertida por el Tribunal a quo, por lo que tampoco se evidencia yerro alguno en su
decisión.

• Costas de primera instancia30

102. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011, condenó en costas por la primera instancia a la parte
demandante por el valor de cuatro (4) SMMLV conforme a lo previsto en el Acuerdo
No. PSAA 10554 de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

103. La anterior condena fue cuestionada por la parte actora, por considerar que
no se presentaron actuaciones temerarias o infundadas, sino por el contrario, en
virtud del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, sin que se
cuestionara la tasación realizada por el a quo.

104. La Subsección confirmará la condena en costas de primera instancia, pues,
según el criterio de la Sala31, el aspecto subjetivo al que alude el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, resulta
aplicable a los procesos en los que se ventila un interés público, sin que el de la
referencia corresponda a uno de ellos, pues lo pretendido por la sociedad
demandante corresponde a un reconocimiento económico dejado de pagar en un
proceso de liquidación, de modo que el cargo de apelación se resuelve de manera
desfavorable.

105. En consecuencia, esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
dado que -como fue expuesto- no están llamados a prosperar ninguno de los cargos
propuestos en la alzada.

De las costas en segunda instancia

30 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700. M.P Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia
del 10 de octubre de 2022, expediente 67.965, M.P Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 19
de febrero de 2024, expediente 55.755, M.P. María Adriana Marín.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

106. Con fundamento en la aplicación del criterio objetivo expuesto ut supra, y
ante la evidencia de que el recurso de apelación no prosperó, según lo establecido
en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas por la
segunda instancia a la sociedad demandante, a cargo de las cuales fija por agencias
en derecho la tarifa mínima de 1 SMLMV32 a la fecha de ejecutoria de la presente
providencia, dado que no hay actuación en segunda instancia por parte de las
demandadas, sino por la sola vigilancia del proceso y aun en el evento de que se
tratara de apoderados vinculados a la planta de personal de las entidades33. Suma
que se dividirá por partes iguales entre las accionadas y que la actora pagará en
atención a su interés en el proceso, así: i) Ministerio de Salud y Protección Social
(50%) y ii) Superintendencia de Salud (50%).

107. La liquidación de las costas de ambas instancias la hará de manera
concentrada el Tribunal a quo, según lo dispuesto en el artículo 366 del Código
General del Proceso.

108. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente la sentencia 26 de julio de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, cuya
parte resolutiva quedará así:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en
la causa material por pasiva del Ministerio de Salud y Protección Social.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones formuladas en contra de la
Superintendencia Nacional de Salud.

32 En atención al artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del CSJ.
33 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho
se pueden consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021, exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de
2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp. 69.319, auto de 9 de abril de 2021,
C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica
Méndez, exp: 65.193. De acuerdo con lo consignado en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del
CGP, la fijación de agencias en derecho no se afecta en el evento en el que la parte haya litigado,
incluso, a nombre propio -sin apoderado judicial-, pues aún en ese caso tiene derecho a que se fije
el monto de las agencias para retribuir su actuación. Por lo anterior, si la parte que actuó a nombre
propio tiene derecho a que se le fijen agencias en derecho a su favor, a pesar de que no incurrió en
el pago de honorarios de un apoderado judicial que lo representara, igual razonamiento debe hacerse
extensivo a los eventos en los que un sujeto procesal actúa a través de un profesional del derecho
que hace parte de su planta de personal, pues el hecho de que no se hayan realizado pagos
adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como componente de la
condena en costas. Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de febrero de 2023, exp: 68.199.

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Radicación: 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72.159)
Demandante: Clínica Zayma S.A.S.
Demandado: Ministerio de Salud y Supersalud
Referencia: Reparación directa

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte
demandante. Se fijan como agencias en derecho de esta instancia la
suma de 4 salarios mínimos a la fecha de ejecutoria de la sentencia a
favor de las demandadas de manera proporcional.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho un (1) SMLMV a distribuirse en
partes iguales entre las entidades demandadas Ministerio de Salud y Protección
Social y Superintendencia Nacional de Salud.

TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de
este proceso al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

23

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