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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00294-01

Fecha
1 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00294-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2012-00294-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

1 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., primero (1.°) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa y Rama Judicial
Referencia: Reparación directa

Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – Presupuesto necesario para adoptar una decisión
de mérito // PRUEBA DEL DERECHO DE PROPIEDAD – No impide analizar la
responsabilidad por la afectación de la posesión sobre el bien // ENTREGA PROVISIONAL
DE BIENES – Medida cautelar adoptada mediante providencia judicial // ERROR
JURISDICCIONAL – El demandante debe probar el agotamiento de los recursos
procedentes, de no haberlos ejercido incurre en culpa exclusiva de la víctima, en los
términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca (en adelante, el Tribunal), que negó las
pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. El 16 de octubre de 2009, en horas de la madrugada, se registró una colisión
entre dos embarcaciones en el río Anchicayá, zona rural del municipio de
Buenaventura. En una de las naves se transportaban Marinel Potes Gamboa y
Laurentino Mosquera Angulo -quien falleció como consecuencia del siniestro-.
El señor Potes Gamboa, quien afirmó ser el dueño de uno de los artefactos
fluviales involucrados en el accidente, y su núcleo familiar, demandaron a la
Armada Nacional por ser la supuesta propietaria de la otra lancha implicada en
el choque. Asimismo, presentó reclamación en contra de la Rama Judicial por
no devolverle su embarcación, la cual fue incautada en el marco de la
investigación penal que se adelantó por el deceso de Mosquera Angulo.

ANTECEDENTES

La demanda subsanada1 y las razones de hecho y de derecho en las que se
fundamentó

3. El 27 de enero de 2012, los señores Marinel Potes Gamboa (en nombre propio
y en representación de sus hijos Yendi Lizeth Potes Rentería, María Fernanda
Potes Rentería, Brayan Heimer Potes Valencia, Héctor Fabio Potes Caicedo y
Marian Julieth Potes Caicedo), así como Nimia Caicedo Torres, Leónidas Potes

1 Ver: infra. Párr. 9.

1

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

Mondragón, y Eclida Gamboa Rentería (en adelante, los actores o los
demandantes), presentaron demanda de reparación directa2 contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional (en lo sucesivo, MDN o la
Armada) y la Rama Judicial, con el fin de obtener pronunciamiento favorable
respecto de las siguientes pretensiones (se transcribe textualmente con posibles
errores, imprecisiones, y negrillas originales del escrito):

“PRETENSIONES

1° Que se declare que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
– ARMADA NACIONAL Y LA NACIÓN – RAMA JURISDICCIONAL son
administrativamente responsables por los hechos ocurridos el día 16 de
octubre de 2009 en donde perdió la vida el señor LAURENTINO MOSQUERA
ANGULO, y en donde la embarcación NIÑA JULIETH de propiedad del señor
MARINEL POTES GAMBOA sufrió daños en su estructura al ser impactados
por una embarcación marítima (lancha) de la Armada Nacional de nombre
ARCANGEL DOS conducida por CARLOS LARGACHA.

2° Como consecuencia de la anterior declaración se condene a la NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – LA
NACIÓN – RAMA JURISDICCIONAL a pagar al señor MARINEL POTES
GAMBOA y a su grupo familiar conformado por las siguientes personas:
YENDI LICETH POTES RENTERIA, MARÍA FERNANDA POTES
RENTERÍA, BRAYAN HEIMER POTES VALENCIA, HÉCTOR FABIO POTES
CAICEDO Y MARIAN JULIETH PORTES CAICEDO, por otra parte NIMIA
CAICEDO TORRES, LEÓNIDAS POTES MONDRAGÓN, ECLIDA GAMBOA
RENTERÍA, la indemnización por los siguientes perjuicios:

a) POR LOS PERJUICIOS MORALES SUBJETIVOS

Que se pague a los señores MARINEL PORTES GAMBOA, YENDI LICETH
POTES RENTERIA, MARÍA FERNANDA POTES RENTERÍA, BRAYAN
HEIMER POTES VALENCIA, HÉCTOR FABIO POTES CAICEDO, MARIAN
JULIETH PORTES CAICEDO, NIMIA CAICEDO TORRES, LEÓNIDAS
POTES MONDRAGÓN, ECLIDA GAMBOA RENTERÍA, los perjuicios
morales subjetivos el valor de CIEN SALARIOS mínimos mensuales para
cada uno en calidad de propietario de la embarcación y por ser perjudicados
de rebote.

b) PERJUICIOS POR DAÑO A LAS ALTERACIONES DE LAS
CONDICIONES DE EXISTENCIA (DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN)

Que se pague al señor MARINEL PORTES GAMBOA el valor de CIEN
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES por daño a la vida
de relación, y para las siguientes personas el valor de CINCUENTA
SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES: YENDI LICETH
POTES RENTERIA, MARÍA FERNANDA POTES RENTERÍA, BRAYAN
HEIMER POTES VALENCIA, HÉCTOR FABIO POTES CAICEDO, MARIAN
JULIETH PORTES CAICEDO, NIMIA CAICEDO TORRES, LEÓNIDAS
POTES MONDRAGÓN, ECLIDA GAMBOA RENTERÍA.

c) POR LOS PERJUICIOS MATERIALES

Que se pague al señor MARINEL POTES GAMBOA por el daño emergente
la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL $60.000.000

2 Índice SAMAI primera instancia núm. 103, archivo “26Constancia
secr_Expedienteorganizado(.pdf)”, Ibid. f. 29-33.

2

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

y por lucro cesante la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS
MONEDA LEGAL, $150.00.000”.

4. El apartado fáctico del escrito describe que el 16 de enero de 2009,
“aproximadamente [a] las tres de la mañana”, los señores Laurentino Mosquera
Angulo y Marinel Potes Gamboa se movilizaban en la embarcación denominada
“NIÑA JULIETH”, por “el sector de Bocas del Brasito en dirección hacia caserío
de Calle Larga en el río San José de Anchicaya”. Sorpresivamente, fueron
impactados por una “lancha” de la Armada Nacional, “de nombre ARCÁNGEL
2”, lo que ocasionó daños en la estructura del medio de transporte de propiedad
del señor Potes Gamboa.

5. Como consecuencia del anterior suceso falleció el señor Laurentino Mosquera
Angulo, por lo que la Fiscalía 43 seccional de Buenaventura ordenó la
inmovilización del vehículo “NIÑA JULIETH” para adelantar la investigación
penal correspondiente.

6. El 3 de mayo de 2010, Marinel Potes Gamboa solicitó al Juzgado Quinto Penal
Municipal de Buenaventura con funciones de control de garantías que le fuera
entregada su embarcación. Ese despacho judicial negó la petición
argumentando que “no tenía identificación y el stiker [sic] del motor”. El actor
sostuvo que esa decisión fue adoptada “sin tener en cuenta que se trata de un
bote artesanal no sometido a ningún tipo de registro”, y que era utilizado para la
pesca, el transporte de pasajeros y de madera.

7. Los demandantes atribuyeron la responsabilidad de las demandadas en los
siguientes términos (se trascribe textualmente con posibles errores e
imprecisiones):

“… objetiva por daño especial, teniendo en cuenta que en virtud de la investigación
penal le fue retenida la mencionad embarcación y hasta la fecha no se le ha hecho
entrega por parte de la Rama Jurisdiccional – JUEZ QUINTO PENAL MUNCIPAL
DE GARANTÍA- y por otra parte por falla del servicio al no realizar la entrega de la
embarcación a pesar que el señor MARINEL POTES GAMBOA, hizo entrega de la
documentación que lo acreditaba como propietario de la mencionada embarcación
y por otra parte den cuanto a la responsabilidad de la NACIÓN-MINDEFENSA
NACIONAL – se configura la responsabilidad objetiva por riesgo excepcional por la
actividad peligrosa (como es la conducción de embarcaciones marítimas)
desplegada con la embarcación de la armada que causó el accidente,
responsabilidad que se sustenta en los artículos 1, 2 y 90 de la Constitución
Nacional.”

Trámite relevante en primera instancia

8. Mediante auto 3513, el Tribunal inadmitió la demanda, con el propósito de que la
actora precisara, entre otros aspectos, de “dónde proviene el supuesto título de
imputación objetiva que se le endilga a las demandadas” porque, según los
hechos relatados en el escrito, se estaba alegando “la responsabilidad por daño

3 Ibid. f. 38-40. El auto no precisa la fecha de su expedición, sin embargo, en la admisión de la

demanda se indicó que la providencia era del 26 de marzo de 2012.

3

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

especial e incluso por riesgo excepcional y por el otro el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia”. En ese sentido, requirió al
demandante para que estableciera con mayor claridad el sustento fáctico de su
reclamación.

9. Para subsanar los yerros advertidos por el a quo, la parte demandante expresó4
que la imputación correspondía a “la objetiva por riesgo excepcional, teniendo
en cuenta que la conducción de embarcaciones marítimas corresponde a una
actividad peligrosa”, y por “el daño especial” porque la Rama Judicial “retuvo o
confiscó la embarcación” del demandante Potes Gamboa. De otra parte, invocó
el “régimen de la falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la
administración de la justicia por la no entrega” del mencionado vehículo. Por
último, indicó que la señora Nimia Caicedo Torres “actúa en este proceso en
calidad de damnificada por ser la compañera permanente del señor MARINEL
POTES GAMBOA […] ha resultado también afectada por la retención de la
mencionada embarcación, relación jurídica sustancial que se probará en el curso
del proceso y no antes, pues en el poder ella simplemente se anuncia como
actora”.

10. El 4 de septiembre de 2012, el Tribunal admitió la demanda5 y ordenó su
notificación a la parte demandada y al agente del Ministerio Público.

11. La Armada contestó la demanda6 y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones planteadas por su contraparte. Adujo que no fue probado que el
daño alegado por el accidente fuera consecuencia de una “falencia del estado
[sic] o el producto de equívocos de la administración”, atribuible a algún miembro
de la institución. Tampoco demostró que “la administración haya intensificado el
riesgo al que normalmente estaba expuesto el demandante” ni que existiese
“rompimiento del principio de la igualdad de las cargas públicas”. En ese sentido,
manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva por la muerte de
Laurentino Mosquera Angulo, porque ninguno de sus integrantes participó de
ese hecho; y señaló que no existieron perjuicios imputables a las actuaciones de
la Administración.

12. Por su parte, la Rama Judicial objetó7 los pedimentos de los actores, por cuanto
consideró que no “hubo falla del servicio”, y las actuaciones de sus funcionarios
estuvieron soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes. Explicó
que no es posible la configuración de un error jurisdiccional porque “se trata de
una decisión del Juzgado 5 Penal Municipal de Buenaventura que no es
compartida por parte de la demandante”, circunstancia que no es suficiente para
considerar que la providencia es ilegal, ni para determinar su responsabilidad,
menos cuando se observa que “mediante oficio 243 del 24 de febrero de 2011”,
el mencionado despacho expuso los motivos para no entregar la embarcación.

4 Ibid. f. 41-42.
5 Ibid. f. 43-45.
6 Ibid. F. 52-58.
7 Ibid. F. 60-64.

4

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

13. Según refiere el a quo, en el “Auto Interlocutorio No. 657” del 27 de septiembre
de 20218, en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo PCSJA19-11276 del 17 de
mayo de 2019, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, remitió el
expediente al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. En virtud del “seguimiento a cada uno de los procesos remitidos”
encontró que este plenario que “constaba de 11 cuadernos que superaban los
1.044 folios” no llegó completo a esa Corporación por razones atribuibles a la
empresa de transporte. En vista de estas circunstancias, se ordenó iniciar el
trámite de reconstrucción total del expediente, y requirió a las partes a aportar
las piezas procesales que tuvieran en su poder.

14. El 27 de junio de 20239, se llevó a cabo audiencia pública dentro del trámite de
reconstrucción, en la que se efectuó el recuento de los elementos documentales
allegados por las partes, que manifestaron su conformidad con lo proporcionado.
Por lo anterior, en esa oportunidad procesal, el Tribunal declaró reconstruido el
expediente.

Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda mediante decisión del 16 de
julio de 202410, por las siguientes razones:

16. Preliminarmente, el fallo indicó que la problemática jurídica consistía en
establecer si “el daño que se imputa a la […] Rama Judicial, entendido como la
falta de entrega de la embarcación “Niña Julieth” al demandante, constituye un
error judicial y si hay lugar a declarar la responsabilidad de la demandada por
los perjuicios reclamados”. Y, una vez analizado lo anterior, según el proveído,
era del caso precisar si se probó “el daño que se imputa a la Armada Nacional”.

17. Sobre estas bases, evidenció que “el 16 de octubre de 2009 [sic] ocurrió un
accidente entre dos lanchas en San José de Anchicaya zona rural de
Buenaventura”, circunstancia que motivó a la “Fiscalía 43 Seccional
Buenaventura” a adelantar investigación preliminar por el “tipo penal homicidio
en modalidad culposa”. También fue acreditado que: (i) el señor “VALENTINO
[sic] MOSQUERA ANGULO” pereció en el incidente, (ii) el señor Marinel Potes
Gamboa elevó solicitud al “juzgado quinto penal municipal de control de
garantías de Buenaventura” para que le devolvieran la “lancha y su motor fuera
de borda que le fue incautada el día del accidente”, y (iii) que el mencionado
despacho judicial respondió, en razón a una decisión de tutela, que la petición
fue “despachada desfavorablemente […] al no presentarse la documentación
idónea de la embarcación como la de su solicitante como poseedor y/o tenedor
legítimo”.

8 Índice SAMAI primera instancia, núm. 80.
9 Ibid. núm. 101
10 Ibid. núm. 105.

5

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

18. Más allá de esto, no obra ningún medio de convicción que demuestre “la
propiedad de la embarcación en cabeza del demandante”, ni fue registrada ante
la capitanía de puerto, debiendo serlo. Igualmente, descartó que los testimonios
fueran idóneos para comprobar tanto el derecho del actor sobre la “lancha” como
los daños causados a ese objeto, y rememoró que conforme a los “artículos 22,
23 y 24 de la ley 1242 de 2008”, vigentes para la época de los hechos, “todas
las embarcaciones debían ser inscritas para poder navegar por las vías fluviales
del país”.

19. De lo anterior, el a quo coligió que el juzgador no incurrió en error por denegar
la entrega de la embarcación al señor Potes Gamboa, porque el demandante no
allegó la matrícula de esa nave fluvial para probar su derecho sobre ésta. Sin
ese elemento, que constituía un requisito indispensable para la devolución, el
juez no podía acceder a sus súplicas y actuó conforme a la ley.

20. Así mismo, negó las pretensiones respecto de la Armada porque no se
demostraron las “circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el
supuesto accidente”, ni logró acreditar “la intervención de la entidad en los
hechos relatados en la demanda con prueba siquiera sumaria”.

21. El presunto daño material alegado por los demandantes tampoco fue soportado
en los medios de convicción.

Recurso de apelación

22. El 2 de agosto de 2024, los actores impugnaron en alzada el fallo de primer
grado11 para que, en lugar de desestimar sus pretensiones, estas sean decididas
favorablemente porque, en su criterio, la sentencia del Tribunal “es
contraevidente por su falta de objetividad”.

23. Luego de hacer un recuento de los hechos narrados en la demanda, señalaron
que en el expediente fueron aportados: (i) la “tarjeta de propiedad del motor
yamaha [sic] serie 007606 modelo 40 con fecha de compra 26 de noviembre de
2005 fc5578” que pertenecía al señor Marinel Potes Gamboa; (ii) las facturas de
“los viajes que realizaba la mencionada embargacion [sic] emitidas por el
Consejo Comunitario del Río Anchicaya” y (iii) la “solicitud de matrícula de la
embarccion [sic] niña Julieth ante la dirección general marítima – DIMAR de
fecha 18 de noviembre de 2008”. El recurso arguyó que estos documentos
daban “por cierto los hechos de la calidad de propietario” del mencionado actor.

24. Por probar la condición de dueño, la parte recurrente aseguró que el daño
ocasionado a los demandantes por la “retención ilegal de la embarcación”, y por
el “riesgo excepcional causado por la […] Armada Nacional, por la actividad
peligrosa que realizaba” la nave “ARCANGEL II”, que impactó la embarcación
del señor Potes Gamboa, fue demostrado con las pruebas “arrimadas al

11 Ibid. núm. 109.

6

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

proceso, el cual fue reconstruido ante la perdida (sic) del mismo por parte del
despacho judicial”.

Trámite en segunda instancia

25. En auto del 18 de febrero de 202512, el Despacho admitió el recurso de
apelación. El día 27 de marzo del mismo año 13, corrió traslado para presentar
alegatos de conclusión.

26. El MDN14 presentó memorial15 en el que expresó su oposición a los argumentos
de la alzada. Además de destacar la ausencia de pruebas de los hechos que
fundamentan las pretensiones, enfatizó en que la impugnación “no hace más
que repetir argumentos que el demandante ya había usado en primera
instancia”, por lo tanto, hubo una “insuficiente sustentación del recurso de
apelación”. Así mismo, recordó que la reconstrucción del expediente culminó sin
que la demandante formulara recurso alguno y, en esa medida, el proceso
continuó con su curso.

27. La Rama Judicial presentó argumentos de cierre16 aduciendo que las
actuaciones del Juzgado fueron adoptadas con apego a la ley, en tanto exigió al
demandante documentos necesarios para demostrar sus derechos de propiedad
o posesión sobre la embarcación y éste no los allegó. En el mismo sentido,
expresó que el título de imputación de error jurisdiccional no fue demostrado ni
se configuró a partir de las discrepancias que formuló la parte actora.

28. El agente del Ministerio Público ante esta Corporación17 sugirió la confirmación
del fallo de primera instancia. En su criterio, los demandantes no cumplieron la
carga probatoria de demostrar el daño antijurídico alegado, y expuso lo
siguiente.

− En relación con la imputación a la Rama Judicial, la denegación a la
solicitud de entrega de la embarcación no era una providencia judicial,
razón por la que el título de imputación no era el de error judicial sino el
de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Hecha esa
precisión, la vista fiscal concordó con la decisión apelada en que, dadas
las características descritas en la petición, la nave no estaba exonerada
del requisito de matrícula de navegación fluvial, y esta constituía prueba

12 Índice SAMAI segunda instancia, núm. 3.
13 Ibid. núm. 11.
14 En el transcurso de la primera instancia, el director de Asuntos Legales del Mindefensa, como

delegatario de la función de “constituir apoderados en los procesos contencioso administrativos que
cursen contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional”, en los términos del artículo 1 de la
Resolución núm. 8615 de 2012, designó al abogado Marcos Esteban Benavides Estrada (índice
SAMAI primera instancia, núm. 100), quien suscribió esta intervención como profesional de defensa
vinculado a la Dirección de Defensa Jurídica Integral del Ejército Nacional.
15 Índice SAMAI segunda instancia núm. 9 y 15.
16 Ibid. núm. 16.
17 Ibid. núm. 17.

7

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

de cualquier derecho real que recayera sobre el objeto. De esta manera,
al no aportar ese elemento, dedujo que el daño no fue probado.

− En cuanto a la responsabilidad de la Armada, el Procurador Judicial
estimó que no existía material probatorio que diera cuenta del tiempo,
modo y lugar de los hechos afirmados por los actores. Tampoco se
demostró que el accidente hubiese sido ocasionado por una embarcación
de esa entidad, ni obran medios de convicción trasladados de otros
procesos que hayan tenido lugar en virtud del accidente descrito en la
demanda.

CONSIDERACIONES

29. La Subsección no encuentra causal de nulidad que invalide lo actuado, y advierte
el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia y
oportunidad de la demanda. Ahora, antes de decidir la segunda instancia de la
presente litis, es necesario efectuar algunas precisiones acerca de la aptitud de
las partes para concurrir al presente enjuiciamiento.

30. Una vez realizado ese análisis, a la Sala le corresponde pronunciarse sobre los
reparos concretos expuestos contra la sentencia de primer grado, los cuales, por
regla general, establecen la competencia del ad quem para ventilar la
controversia, salvo que se trate de situaciones que se deban auscultar y definir
de manera oficiosa18.

31. Así las cosas, los problemas jurídicos que corresponde resolver en esta instancia
giran en torno a determinar: i) ¿está acreditada la legitimación en la causa por
activa de los demandantes?; ii) ¿le asiste legitimación en la causa por pasiva a
la Nación - Ministerio de Defensa- Armada Nacional, para concurrir como
demandada en el presente proceso? y iii) ¿es posible afirmar la existencia de un
error jurisdiccional en el caso concreto, debido a que el despacho judicial no
ordenó la devolución de la embarcación, aun cuando los actores no acreditaron
haber interpuesto recursos contra dicha decisión?

Legitimación material en la causa por activa de los demandantes

32. La sentencia de primera instancia hizo énfasis en que no fue demostrada la
propiedad de la embarcación “NIÑA YULIETH” porque no fue allegada alguna
certificación que diera cuenta de su matrícula en el Registro Nacional Fluvial,
conforme a lo ordenado por los artículos 22 a 24 de la Ley 1242 de 2008. En
especial, este último precepto determina que las “certificaciones que expida el
Ministerio de Transporte, en donde se encuentre matriculada la embarcación o

18 Según el artículo 328 del CGP, “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley”. En cuanto al desarrollo jurisprudencial de este precepto, ver,
entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 12 de julio de 2024, exp. 70.692.

8

Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
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Judicial
Referencia: Reparación directa

el artefacto fluvial, constituirá plena prueba de dominio y demás derechos reales
y medidas cautelares que recaen sobre ellos”.

33. Con todo, corresponde verificar si dicha circunstancia afecta la legitimación
material en la causa por activa que, como presupuesto para adoptar una decisión
de mérito, exige la participación real de las partes del proceso en los hechos,
actos y situaciones que motivaron la demanda y/o que los demandantes
demuestren ser titulares del derecho invocado19.

34. Dicho esto, en el expediente del asunto bajo estudio, obran los siguientes
documentos:
− Certificaciones de los días 620 y 2121 de mayo, y del 4 de junio de 200822,
suscritas por el representante legal del “Consejo Comunitario Mayor del Río
Anchicayá”, en las que manifestó los viajes que realizaba la embarcación23
de “propiedad de MARINEL POTES” con el propósito de transportar
diferentes objetos24 entre “el Río Anchicayá y el Puerto de Buenaventura”.

− Constancia25 del 24 de febrero de 2010, firmada por el representante legal
del mismo Consejo Comunitario, en el que aseguró que26:

“… conoce al señor MARINEL POTES GAMBOA, […] vecino de
este corregimiento desde hace más de 33 año [sic] y por ese
conocimiento se [sic] y me consta que el señor MARINEL es dueño
poseedor de una lancha de Madera con motor fuera de borda
llamada NIÑA YULIETH, la cual es usada en faena de pesca
artesanal y corte de madera de la que deriva su sustento diario ya
que toda la vida ha laborado con ella”.

19 Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección

Tercera. Sentencias del 20 de septiembre de 2001. Rad. 11001-03-26-000-1995-0973-01(10973).
C.P. María Elena Giraldo Gómez; del 28 de abril de 2005. Rad. 66001-23-31-000-1996-03266-
01(14178). C.P. Germán Rodríguez Villamizar; del 31 de octubre de 2007. Rad. 11001-03-26-000-
1997-13503-00(13503). C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Subsección A. Auto del 2 de junio de 2020.
Rad. 05001-23-33-000-2018-00667-01(65360). C.P. María Adriana Marín, y sentencias del 10 de
octubre de 2022. Rad. 25000-23-26-000-2012-01066-04 (51848). C.P. María Adriana Marín, y del 5
de mayo de 2025. Rad. 25000-23-36-000-2019-00135-02 (72159). C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
20 Índice SAMAI primera instancia núm. 103, archivo “26Constancia
secr_Expedienteorganizado(.pdf)”, f. 16.
21 Ibid. f. 15.
22 Ibid. f. 19.
23 Estas constancias difieren en el nombre de la embarcación: “NIÑA YULIETH” (6 de mayo), y “NIÑA

YULIE” (21 de mayo y 4 de junio).
24 En el documento del 6 de mayo de 2008, describió el transporte de “660 galones de gasolina”

conducidos en la embarcación por el “motorista […] MARINEL POTES”. El escrito del 21 de mayo
plasmó el desplazamiento de “Material de Construcción para la reparación de la Planta física de la
Iglesia, de la vereda San José”, y el del 4 de junio indicó el traslado de “cincuenta (50) Bultos de
Cementos y materiales de construcción”.
25 Ibid. f. 18.
26 Trascripción textual del documento, con énfasis originales, y posibles errores e imprecisiones.

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Referencia: Reparación directa

− Manifiesto de importación núm. 3863 del 22 de septiembre de 1993 27, en el
que la sociedad “CARLOS E CAMPUZANO RYICIA LTDA.” declaró la
siguiente mercancía: “MOTORES FUERA DE BORDA, MARCA YAMAHA”.

− Factura de compraventa núm. 0837, del 30 de junio de 199528, expedida por
la sociedad “MARINA DEL SOL S.A.”, de un “MOTOR FUERA DE BORDA
MARCA YAMAHA DE 40 H.P., ENDURO, PATA CORTA, MANUAL, HÉLICE
DE ALUMINIO, TURBINA, MODELO E40JMS, SERIE #007606”, adquirido
por “SANTOS HERNÁNDEZ”, por un valor total de “TRES MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M.CTE”.

35. De otra parte, fueron recibidos los testimonios de Luciano Díaz Rodríguez29 y de
Luz Marina Mosquera Lemos30, los cuales daban cuenta de que la lancha
pertenecía a Marinel Potes Gamboa, y que de esta derivaba su sustento
económico.

36. En este contexto, si bien no se aportó certificación que acreditara la propiedad
de la embarcación a nombre del señor Marinel Potes Gamboa, y los documentos
relacionados con la compra e importación del motor —presuntamente parte de
dicha nave— no hacen referencia alguna al demandante, lo cierto es que no
puede concluirse por ello que ni él ni sus familiares carecen de interés para
ejercer el mecanismo judicial indemnizatorio.

37. En ese sentido, aunque no reemplazan los medios probatorios exigidos por la
ley para probar la propiedad, no pueden considerarse carentes de valor
demostrativo las manifestaciones acerca de la relación del actor con el bien,
formuladas por el representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Río
Anchicayá, quien refleja la máxima autoridad en la gestión interna de los
territorios pertenecientes a las comunidades étnicas afrodescendientes, “de
acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás

27 Ibid. f. 23.
28 Ibid. f. 22.
29 Ibid. f. 76-78. De sus declaraciones, vale destacar lo siguiente: “PREGUNTADO. Diga al despacho

que actividad realizaba el señor Marinel Potes con su embarcación. CONTESTADO. La lancha de
Marinel siempre andaba en viajes de la lancha para conseguir el sustento de su familia, viajaba por
del rio anchicayá a Buenaventura, llevaba pasajeros, todo movimiento que él estaba presente de
aquí para salir a Buenaventura, porque él ha sido un muchacho muy servicial y muy accesible con
el personal. Porque donde lo llamaba a trabajar él estaba presente porque se esforzaba y sacrificaba
por conseguirle el alimento a su familia. PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho, como se
encuentra anímicamente Marinel Potes desde la fecha en que dejo de tener la mencionada
embarcación. CONTESTADO. Ahora el pobre se encuentra desesperado porque no tiene que hacer
porque la manutención de él era su lancha, ahí tiene que salir con sierra a serrar [sic] para conseguir
su sustento”.
30 Ibid. f. 79-81. En la diligencia, esta deponente manifestó: “PREGUNTADO. Diga al despacho si el

hecho de no tener la mencionada embarcación en estos momentos ha generado algún impacto
económico en los ingresos del mencionado señor y los ingresos de su familia CONTESTADO. el
hecho de no tener la embarcación le ha dado mucha pobreza escases por que [sic] no tiene la
embarcación y su motor. […] PREGUNTADO. Diga al despacho como ha observado anímicamente
al señor Marinel Portes a partir del daño que sufrió en su embarcación CONTESTADO. A partir de
ahí se observa muy preocupado, mirando de que no tiene un medio para seguir haciendo su trabajo
que él hacía y eso lo ha entristecido mucho”.

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que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad”31. Bajo ese
marco, expresó que el demandante, como miembro de la comunidad, se
comportaba como dueño de la embarcación, la consideraba necesaria para
realizar viajes y, de este modo, ejercía su derecho a “preservar y desarrollar sus
modos de producción y formas económicas tradicionales”32, derivados de su
identidad cultural33.

38. Así mismo, los testimonios rendidos en el proceso ostentan un pleno valor
probatorio, en la medida en que estos contribuyen a establecer de manera
coherente y verosímil la conexión y los actos desplegados por el demandante
respecto del objeto en cuestión.

39. En ese orden de ideas, cabe referir que esta Subsección ha razonado que la
falta de prueba sobre la propiedad de bienes sujetos a registro no es un
obstáculo para examinar la eventual responsabilidad patrimonial por la
afectación resarcible derivada de la posesión ejercida por el demandante, y del
perjuicio económico que ello pueda conllevar34, lo cual permite considerar
satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en la causa por activa, sin
que ello influya en el análisis sustancial del daño, la imputación y la causalidad
como elementos fundamentales del deber resarcitorio. Así:

“… si bien el demandante no es propietario del vehículo por el cual se
reclama, dado que se trata de un bien sujeto a registro y no se aportaron
las pruebas para demostrar la propiedad a su nombre, lo cierto es que
demostró su calidad de poseedor y la explotación económica del bien, por
lo que, a partir del decomiso del mismo le surge un interés que lo legitima
en la causa de hecho por activa, sin perjuicio del análisis independiente
respecto del daño reclamado”35.

40. Por lo tanto, la Sala encuentra que, a pesar de no contar con la “plena prueba”
del dominio del artefacto fluvial en los términos de la norma invocada por la
decisión apelada, para efectos del análisis del presupuesto procesal, están
materialmente legitimados por activa el señor Marinel Potes Gamboa como

31 Cfr. Decreto 1745 de 1995 – Artículo 3.
32El cual se predica de todas las comunidades étnicas. Ver: Corte Constitucional. Sentencias T-823

del 17 de octubre de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chalujb, y T-485 del 5 de agosto de 2015. M.P.
Myriam Ávila Roldán, entre otras.
33 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-882 del 23 de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.
34 “ En la misma línea de pensamiento, ha llegado a determinar la Sección que es posible acceder

al resarcimiento de los perjuicios que se causen al derecho de posesión, aún en los casos en los
cuales dicha calidad no sea expuesta en la demanda, siempre y cuando resulte demostrada
claramente en el proceso, toda vez que ha considerado que el debate sobre la calidad de propietario
y poseedor pertenece al ámbito exclusivamente jurídico y, por ende, es susceptible de ser variado
por el Juez contencioso al amparo del principio de iura novit curia.”: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia del 18 de noviembre de 2013.
Rad. 50001-23-31-000-1998-00323-01(24737). C.P. Hernán Andrade Rincón. En este punto, la
providencia citada invoca la “Sentencia de 22 de agosto de 1996, exp. 11.211, C.P. Carlos Betancur
Jaramillo. Este criterio fue reiterado en sentencia de 19 de septiembre de 2011 y 30 de abril de 2012,
exp. 21.600 y 22.546, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.

Sentencia del 21 de mayo de 2021. Rad. 73001-23-31-000-2010-000331-01 (55692). C.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.

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poseedor, reputado dueño36, de la embarcación “NIÑA YULIETH”, junto con sus
padres37 (Leónidas Potes Mondragón y Eclida Gamboa Rentería) e hijos (Héctor
Fabio Potes Caicedo38, Marian Julieth Potes Caicedo39, María Fernanda Potes
Rentería40, Yendi Lizeth Potes Rentería41, y Brayan Heimer Potes Valencia42).

41. En relación con la señora Nimia Caicedo Torres, está acreditado que es la madre
de Héctor Fabio y Marian Julieth Potes Caicedo, nacidos el 7 de enero de 2002
y el 19 de marzo de 2005, respectivamente. Aunque este hecho podría ser
indicativo de la convivencia propia de una compañera permanente43, no basta
para confirmarla, ya que no existen pruebas que sustenten dicha condición en el
período en que ocurrieron los acontecimientos44. Por lo tanto, al carecer de
legitimación material en la causa por activa por no acreditar relación jurídica
anunciada al subsanar la demanda para acudir al juicio, desde ahora se anticipa
que serán desestimadas las pretensiones particulares de esta demandante45.

Legitimación material en la causa por pasiva

42. Por las razones anotadas anteriormente46, la Sala también deberá evaluar si las
demandadas participaron en los sucesos relatados por los actores.

36 Código Civil – Artículo 762: “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de

señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona
que la tenga en lugar y a nombre de él. // El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no
justifique serlo”. (Se subraya).
37 Registro civil de nacimiento de Marinel Potes Gamboa. En: Índice SAMAI primera instancia núm.

103, archivo “26Constancia secr_Expedienteorganizado(.pdf)”, f. 9.
38 Registro civil de nacimiento, en: Ibid. f. 8.
39 Ibid. f. 7.
40 Ibid. f. 6.
41 Ibid. f. 5.
42 Ibid. f. 4.
43 En ese sentido, se ha indicado lo siguiente: “Aunque, en principio, se tiene por establecido que

las declaraciones extrajuicio, a menos que sean ratificadas intra proceso [sic] no se les puede
extender valor probatorio dentro de un proceso judicial, lo cierto es que, en la medida que no existe
tarifa legal para demostrar la condición de compañeros: permanentes, a falta de la ratificación, deben
valorarse de forma conjunta los restantes elementos de prueba —si los hay— que puedan constituir
indicadores de la aludida convivencia, tal como ocurre, por ejemplo, como cuando se tienen hijos en
común”: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección
C. Sentencia del 28 de febrero de 2023. Rad. 68001-23-31-000-2001-00401-01 (55589). C.P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas.
44 Al ser cuestionada por la composición de la familia de Marinel Potes Gamboa, la testigo Luz Marina

Mosquera Lemos no identificó a esta demandante, y únicamente manifestó: “Él tiene su esposa y
diez hijos, la mamá y él”.
45 Acerca de la consecuencia jurídica derivada de la falta de legitimación material en la causa por

activa, esta Subsección indicó recientemente lo siguiente: “la legitimación material es un elemento
de mérito de la litis y no un presupuesto procesal, de manera que su ausencia constituye motivo para
decidir la demanda adversamente frente al demandante, por carecer de la titularidad del derecho
que reclama. Por tanto, se puntualiza que aquella legitimación en la causa (material) debe ser
comprendida como el vínculo inescindible que se presenta entre las pretensiones de la demanda y
el sujeto procesal que ejerce el derecho de acción para promoverlas y gozan de ese interés jurídico
no solo al momento de incoar la demanda, sino la hora de definir el litigio.”: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 5 de mayo de
2025. Rad. 25000233600020190008001 (71971). C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez (se destaca).
Igualmente ver, de la misma Subsección: Sentencia del 21 de febrero de 2025. Rad. 08001-23-31-
000-2012-00346- 01 (68086). C.P. María Adriana Marín.
46 Supra. Párr. 33.

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43. Respecto de la Armada, que fue llamada a responder por los daños ocasionados
al artefacto fluvial en virtud del supuesto accidente ocurrido el 16 de octubre de
2009, los testigos que acudieron a rendir su versión describieron la percepción
genérica de los hechos que sustentaron la demanda, en estos términos:

− Testimonio de Luciano Díaz Rodríguez47:

“… yo he visto que una lancha de la armada bajaba por el rio
anchicayá e iba subiendo la otra lancha del joven Marino y el iba al
lado derecho y bajo la primera lancha y la ultima que venía atrás
estrello a la orilla de una parte que nosotros le decimos playa, dejo
de bajar por la parte onda del rio y se alzo pa el lado de la playa
donde iba subiendo la lancha donde hubo el fracaso, la lancha era
de Marino que así estamos acostumbrados a decirle, si entonces de
eso sucedió que cuando la lancha golpio yo salgo y me paro en la
ventana a mirar porque fue frente de la casa mía, y eso fue el
testimonio que tengo que decirle porque yo alcance a mirar lo que
paso. Y la lancha siguió hacia delante y volvió y regreso y cuando
regreso alumbro y vio el peligro que ya había hecho porque ya había
matado a Laurentino, el que iba ahí con él, el golpe lo voto al agua
el siguió y se arrimo a la casa mía a pedirme auxilio y como era de
noche yo me embarque con él en una canoa así a mirar porque la
lancha siguió bajando hacia abajo porque el agua se la llevaba hacia
abajo, logramos al mirar la lancha en el casco de la lancha iba el
muerto tirado porque la lancha de la armada iba sin luz todas tres
lanchas bajaron sin luz siguieron. Nosotros cogimos al muerto con la
lancha y lo arrimamos a una orilla hasta que amaneciera el día
cuando ya amaneció hicieron la llamada acá a Buenaventura que
llegaron a presenciar la muerte de Laurentino, a eso yo alcance a
mirar. […] PREGUNTADO. Diga al despacho, porque usted se
entero que la embarcación que colisiono o golpeo a la embarcación
del señor Potes era de la armada. CONTESTADO. Yo estaba en la
casa con el golpe que oí yo abrí la ventana y yo alcance a mirar la
lancha era de la armada, yo la mire que estaba de noche pero la
noche era de luna estaba claro, esas lanchas no se les pierde de
vista ya uno de estarlas mirando donde quiera que uno vaya ya sabe
que es la lancha de la armada. PREGUNTADO. Diga al despacho,
si la tripulación de la embarcación de la armada se encontraba
uniformados con ropa pertenecientes a dicha institución.
CONTESTADO. La lancha iba con todos los que iba en la lancha
iban uniformado, de color negro mas clarito. PREGUNTADO. Diga al
despacho, si en las horas del día después del accidente el personal
de la armada se hizo presente en el lugar de los hechos y con qué
fin lo hicieron. CONTESTADO. El personal de la armada llego en la
manera como paso hacer el levantamiento de Laurentino porque
como la armada misma fue quien lo mato, luego llegaron y lo
metieron en chuspa y lo llevaron en la lancha de la armada y la
lancha de Marino la llevaba atrás remolcada”.

− Testimonio de Luz Marina Mosquera Lemos48:

47 Cita textual de la trascripción de la declaración con posibles errores e imprecisiones. Subrayas

ajenas al original.
48 Cita textual de la trascripción de la declaración con posibles errores e imprecisiones. Subrayas

ajenas al original.

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“… lo que yo tuve conocimiento el caso sucedió el 16 de octubre de
2009 a las 3 de la mañana en donde entraba una lancha de la
armada y el señor iba con señor, entonces venia la lancha de la
armada entonces lo atropella al frente del la casa de nosotros,
durante eso hecho se oyó un sonido duro del atropelló la lacha de la
armada cargaba las luces apagadas, y entonces alumbran
asustados y mira al muerto dentro de la lancha, entonces el otro
muchacho el que quedo vivo, entonces el golpe lo tiro al agua,
entonces como nosotros estamos mirando el me llego a pedir auxilio,
nosotros le dijimos que esperar que amaneciera. En otro día la
lancha de la armada miro el caso y miro el muerto, la lancha del que
iba del impacto le dañaron cierta parte y ahí la armada cogió y se le
llevo la lancha y el motor para la base en Buenaventura, y hasta hoy
día no se la han entregado. […] PREGUNTADO. Diga la despacho
como se entero usted que era una embarcación de la armada quien
atropello a la embarcación del demandante. CONTESTADO. Si pues
nosotros nos dimos cuenta porque alumbramos y vimos el accidente
y la lancha era muy grande y no miramos porque tenía las luces
apagadas, miramos el símbolo de arcángel dos (2). PREGUNTADO.
Diga al despacho si los marineros que hacían parte de la tripulación
de la embarcación de la armada tenían alguna identificación.
CONTESTADO. Ellos andaban uniformados, y el uniforme era como
salpicadito verde. PREGUNTADO. La lancha de la armada que color
era. CONTESTADO. Era de color negro con otros colores al otro día
cuando ellos volvieron porque por la noche no se vio”.

44. De otra parte, mediante oficio49 núm. 11201301056 MD-DIMAR-CP01-AMERC,
fechado el 7 de mayo de 2013, la Capitanía de Puerto de Buenaventura informó
lo siguiente50:

“1. Verificada la base de datos nacional de la Autoridad Marítima y archivo de
la Capitanía de Puerto de Buenaventura, NO se encuentra registro de
matrícula de embarcación denominada “ARCANGEL DOS”, de propiedad de
la Nación.

2. No obstante lo anterior, y con el ánimo de facilitar información, existen los
siguientes registros de naves matriculadas ante la Autoridad Marítima, que en
su nombre contienen la palabra “ARCANGEL”, así:

Nombre Matrícula Nombre Propietario Capitanía
Registro Registro
ARCANGEL CP-08-0869 Rober Chaverra Turbo
II Mosquera
ARCANGEL CP-01-2481- Javier Salas Salazar Buenaventura
A
EL CP-01-2478- Javier Salas Salazar Buenaventura”
ARCANGEL A

45. Ante este escenario, la Sala encuentra que los testimonios practicados, a pesar
de concordar en que afirman haber conocido el suceso porque ocurrió cerca de
sus residencias; y coinciden en asegurar que hubo un fallecido, no tienen valor
probatorio alguno para acreditar que la Armada es propietaria de la embarcación
denominada “ARCANGEL II”. En efecto, estas declaraciones no ofrecen

49 Índice SAMAI primera instancia núm. 103, archivo “26Constancia
secr_Expedienteorganizado(.pdf)”, f. 71.
50 Se reproduce textualmente, con posibles equívocos. Mayúsculas, negrillas y subrayas originales.

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información directa ni verificable sobre la titularidad de la embarcación, y no
están respaldados por otros medios de prueba que permitan establecer un
vínculo entre la institución castrense y la nave mencionada. Por el contrario, el
informe emitido por la Capitanía de Puerto de Buenaventura, documento público
que se presume auténtico y no fue tachado de falsedad51, demostró que la
autoridad demandada no tiene ninguna embarcación denominada “ARCANGEL
II” y que las únicas naves con nombres similares pertenecen a particulares.

46. Aunado a lo anterior, aunque los testigos coinciden en que la embarcación de
Marinel Potes Gamboa chocó con una “lancha de la armada”, la cual,
supuestamente era conducida por sujetos uniformados pertenecientes a esa
autoridad militar, lo cierto es que esas aseveraciones no cuentan con otros
elementos probatorios que la respalden, y se basan en conjeturas e impresiones
subjetivas que tampoco ofrecen una explicación coherente acerca de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el accidente; en
cambio, se advierten inconsistencias en los relatos de los testigos, pues en
primer lugar, no es posible determinar cómo, a pesar de la baja visibilidad de la
otra nave (que venía con sus luminarias apagadas), pudieron apreciar el color
de esa “lancha” ni el de los atuendos de los tripulantes, el número de agentes
presentes en el sitio, ni mucho menos su identificación; en segundo término,
mientras el señor Díaz Rodríguez expresó que fue por la iluminación natural y
que el aspecto de su ropaje era negro “clarito”, la señora Mosquera Lemos refirió
haber brindado alumbrado artificial y describió la tonalidad de los uniformes
como “salpicadito verde”.

47. Asimismo, las referidas declaraciones no hallan corroboración en medios de
prueba que informen sobre operativos adelantados en la zona para la fecha y
hora en que se produjo el incidente. Tampoco está probado que la lancha haya
sido manejada por un sujeto llamado “CARLOS LARGACHA” ni que dicha
persona perteneciera o tuviera algún vínculo con la Armada, como lo sostuvieron
los demandantes.

48. Por lo anterior, no se encuentra acreditada la participación de la Armada en los
hechos que fundamentan la reclamación, toda vez que no se probó que el navío
que colisionó con la embarcación “NIÑA YULIETH” le perteneciera, ni que alguno
de sus agentes tripulara el artefacto fluvial con el cual se produjo la colisión. En
consecuencia, dada la falta de legitimación material en la causa por pasiva de la
mencionada demandada en esta providencia, se denegarán las pretensiones
incoadas respecto a esta demandada.

49. En lo que atañe a la Rama Judicial, en consideración a que los actores le
atribuyen responsabilidad por no devolver la embarcación “NIÑA YULIETH”, se
advierte que, según la documentación aportada, a la cual se hará referencia más
adelante, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de
garantías de Buenaventura admitió haber negado la solicitud de entrega de la

51 Cfr. Código de Procedimiento Civil – Artículo 252.

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embarcación. A partir de estos elementos de convicción, se deduce que esta
demandada está legitimada materialmente en el presente juicio.

Análisis de responsabilidad de la Rama Judicial por la no devolución de
la embarcación reclamada por los demandantes

50. Si bien en el presente asunto la apelación es somera respecto del
cuestionamiento de las razones que tuvo el Tribunal para eximir de
responsabilidad a la Rama Judicial, lo cierto es que a partir de los argumentos
expuestos en la alzada y los elementos de prueba que obran en el expediente,
se determinará si se configura alguno de los títulos de imputación contemplados
en el artículo 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, particularmente el de error
jurisdiccional, por no disponer la devolución de la lancha de Marinel Potes
Gamboa.

51. Sobre la actuación que motiva la reclamación de los demandantes, solamente
consta el oficio núm. 00243 del 24 de febrero de 2011, expedido por el titular del
Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de
Buenaventura52, intitulado “Referencia. Contestación derecho de petición de
fecha 03/05/2010”, y remitido al apoderado judicial de los actores en
cumplimiento de una orden proferida por un juez de tutela53. Allí, el mencionado
despacho judicial refirió lo siguiente:

“En pro de un accidente entre dos lanchas ocurrido en San José de
Anchicaya zona rural de Buenaventura el 16 de octubre de 2010 [sic] en
horas de la mañana, tuvo ocasión el impulso de investigación preliminar
por parte de la Fiscalía 43 Seccional de Buenaventura, dentro del presunto
tipo penal de homicidio en modalidad culposa, toda vez que dentro del in
suceso [sic] fue abordada la humanidad del señor VALENTINO
MOSQUERA ANGULO, persona que se encontraba en la embarcación de
la cual se ha solicitado su devolución.

Entrega que su patrocinado insto [sic] en calidad de tenedor legítimo ante
el Centro de Servicios de la Especialidad de Buenaventura y que fuera de
conocimiento del despacho previo reparto; audiencia preliminar de entrega
de vehículo programada y realizada el pasado miércoles 24 de febrero de
2010 (De conformidad al postulado legal que data el artículo 100 de la Ley
906 de 2004), diligencia por medio de la cual una vez verificada la
actuación procesal, documentación y requerimientos legales, no fue
despachada favorablemente […]

[…] se instauró y una vez analizada la actuación procedimental,
documentación y requerimientos legales, fue despachada
desfavorablemente la solicitud de entrega de la lancha denominada
“LA NIÑA YULIETH”, al no presentarse la documentación idónea de
la embarcación como la de su solicitante como poseedor y/o tenedor
legítimo” (se resalta).

52 Índice SAMAI primera instancia núm. 103, archivo “26Constancia
secr_Expedienteorganizado(.pdf)”, f. 20-21.
53 Según la notificación del fallo de tutela del 24 de febrero de 2011, proferido por el Juzgado Tercero

Penal del Circuito de Buenaventura que resolvió “TUTELAR el derecho fundamental de petición
reclamado por el señor MARINEL POTES GAMBOA en contra del JUZGADO QUINTO PENAL
MUNICIPAL”, y ordenó a ese despacho judicial que “emita la decisión de fondo que resuelva en
debida forma la solicitud incoada por el señor MARINEL POTES GAMBOA”. (Ibid. f. 26)

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52. La prueba transcrita evidencia que la solicitud de entrega de la embarcación
denominada “LA NIÑA YULIETH” fue resuelta por el Juzgado Quinto Penal con
Función de Control de Garantías de Buenaventura, en la audiencia preliminar
“de entrega de vehículo” realizada el 24 de febrero de 2010. En este contexto, la
Sala, contrario al criterio del agente del Ministerio Público -conforme al cual el
asunto debía analizarse bajo el derrotero del defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia- considera que el asunto de la referencia debe
analizarse bajo el título jurídico de imputación de error jurisdiccional54, dado que
la negativa de entrega de la embarcación se encuentra contenida en una
decisión judicial, frente a la cual procedían recursos ordinarios, como se explica
a continuación:

53. El artículo 100 de la Ley 906 de 200455, mencionado por el Juzgado, forma parte
del Capítulo III del Título II (“Acción Penal”) que compendia las “Medidas
Cautelares”, y establece lo siguiente:

“Afectación de bienes en delitos culposos. En los delitos culposos, los
vehículos automotores, naves o aeronaves o cualquier unidad montada
sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio, una vez
cumplidas dentro de los diez (10) días siguientes las previsiones de este
código para la cadena de custodia, se entregarán provisionalmente al
propietario, poseedor o tenedor legítimo, salvo que se haya solicitado y
decretado su embargo y secuestro.

Tratándose de vehículos de servicio público colectivo, podrán ser
entregados a título de depósito provisional al representante legal de la
empresa a la cual se encuentre afiliado con la obligación de rendir cuentas
sobre lo producido en el término que el funcionario judicial determine y la
devolución cuando así lo disponga. En tal caso, no procederá la entrega
hasta tanto no se tome la decisión definitiva respecto de ellos.

La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o
se hayan embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente
para proteger el derecho a la indemnización de los perjuicios causados con
el delito.

La decisión de entrega de los bienes referidos en esta norma corresponde,
en todos los casos, al juez de control de garantías”.

54. Al examinar la conformidad de esta norma con la Carta Política, y al advertir la
falta de previsión expresa acerca de los recursos judiciales que, en general, los
terceros afectados tienen a su alcance para cuestionar la medida cautelar de
entrega provisional del bien, la Corte Constitucional comprendió que, en el
contexto del proceso penal instaurado por la Ley 906 de 2004, si bien estos no

54 De conformidad con lo dispuesto por el legislador en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, el error

jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en
el artículo 90 de la Constitución Política, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria
a la ley, esto último, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho),
de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida de esta (error
de derecho)” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594.
En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
55 Modificado por el artículo 9 de la Ley 1142 de 2007.

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Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

se equiparan a las partes o demás intervinientes típicamente regulados por la
norma, tampoco era admisible que “el legislador los pueda dejar completamente
desamparados frente a decisiones judiciales concretas que afecten el disfrute de
sus bienes, como lo son las medidas cautelares”56.

55. Congruente con este criterio, la jurisprudencia penal ha apuntado que, si bien “la
Ley 906 del 2004 parece que no estableció con claridad un procedimiento a
través del cual quienes se consideren terceros de buena fe puedan concurrir a
hacer valer sus derechos”, ese “supuesto vacío, […] no puede servir de excusa
para dejar de actuar, o, lo que es más grave, para hacerlo con irrespeto total de
los derechos de esos posibles terceros de buena fe, en lo que constituye una
perversión del debido proceso”57.

56. Así, aunque la descripción de la audiencia llevada cabo por el Juzgado Quinto
Penal con Función de Control de Garantías de Buenaventura es escueta en
indicar el alcance de sus decisiones y la calidad exacta en que ese despacho
judicial legitimó al demandante para actuar, la prueba documental permite
deducir que Marinel Potes Gamboa intervino en el proceso penal, al menos,
como tercero afectado dentro de la diligencia allí aludida en razón a los derechos
ostentados sobre el bien. Igualmente, el oficio mencionado indicó que, en el
marco de esa actuación, le fue negada la petición de devolución de la lancha.

57. En ese orden de ideas, siguiendo lo previsto por el artículo 176 de la Ley 906 de
2004, se desprende que este demandante contaba con recursos judiciales
ordinarios para cuestionar la decisión contraria a sus intereses y adoptada en
audiencia58. Además, si bien se desconoce si se impuso o no la cautela prevista
en el artículo 100 del estatuto procesal penal, lo cierto es que, de acuerdo con
el artículo 176 de dicha codificación, el auto que “resuelve sobre la imposición”
de medidas precautorias es susceptible del recurso de apelación en efecto
devolutivo59.

58. Esto ratifica que el análisis pertinente para este juicio de responsabilidad
patrimonial de la Administración de Justicia versa, en el presente caso, sobre la
posible configuración de un error jurisdiccional, como quiera que el daño alegado
por la demandante surgiría de una decisión judicial, conforme al artículo 161 del
Código de Procedimiento Penal60.

56 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-423 del 31 de mayo de 2006. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto
57 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 28 de octubre de 2009. Rad.

32.452. M.P. Alfredo Gómez Quintero.
58 “ARTÍCULO 176. RECURSOS ORDINARIOS. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación.

// Salvo la sentencia la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de
manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. // La apelación procede, salvo los casos previstos
en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias […]”
59 Ley 906 de 2004 – Artículo 177, modificado por el artículo 13 de la Ley 1142 de 2007: “EFECTOS.

La apelación se concederá: […] En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el
cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación: […] 2. El auto que resuelve sobre la
imposición de una medida cautelar que afecte bienes del imputado o acusado.
60 Ley 906 de 2004 – Artículo 161: “Clases. Las providencias judiciales son: […] 2. Autos, si resuelven

algún incidente o aspecto sustancial.

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Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

59. Ahora, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, la interposición de los
recursos procedentes es un presupuesto de la responsabilidad por error
jurisdiccional, y su omisión comporta que se configure la causal eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, de acuerdo con el artículo 70
de la misma ley. Esta exigencia61 existe para permitir la corrección de la
actuación, evitar el desgaste de la administración de justicia, y garantizar su
buen funcionamiento; e impone a los usuarios un mínimo de proactividad en el
impulso de los asuntos que elevan ante los jueces, de tal suerte que su
negligencia o desidia es sancionada bajo el principio general del derecho “nemo
auditur propriam turpitudinem allegans” según el cual “nadie puede sacar
provecho de su propia culpa”.

60. Así las cosas, es claro que, en el caso concreto, los demandantes no allegaron
medio de prueba alguno que demuestre la presentación de los medios de
defensa disponibles para oponerse a la negativa de devolución adoptada
respecto de la nave “NIÑA YULIETH”. En tal sentido, la Sala estima que la
exigencia de haber interpuesto el medio de impugnación contra la decisión
acusada de error, en lugar de tratarse de una simple forma o ritualidad,
representa un deber de conducta que el legislador consideró necesario y
proporcional imponer a todos los usuarios del sistema de administración de
justicia, el cual, de ser desconocido, traería como consecuencia la declaración
del hecho exclusivo y determinante de la víctima.

61. Igualmente, se resalta que el demandante no expuso ni probó la existencia de
un motivo razonable constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito que justificara
el incumplimiento del “deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con
el buen funcionamiento de la administración de justicia”, materializado en la
interposición del recurso procedente y en la consecuente exposición de reparos
encaminados a corregir el supuesto yerro que en esta oportunidad aduce.

62. Por todo lo anterior, la Sala también mantendrá la denegación de las
pretensiones enervadas respecto de esta demandada, confirmando, en su
totalidad, la sentencia apelada.

Condena en costas

63. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del CCA, modificado por el 55 de
la Ley 446 de 1998, vigente para la fecha en que se formuló la demanda, solo
hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente. Al no apreciar una conducta desplegada en esos términos, la
Subsección se abstendrá de condenar en costas.

61 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996. M.P. Vladimiro

Naranjo Mesa; y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera –
Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2021. Rad. 73001-23-31-000-2010-00135-01(48423).
C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 76001-23-31-000-2012-00294-01 (72.142)
Demandante: Marinel Potes Gamboa y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Rama
Judicial
Referencia: Reparación directa

64. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha.

VF

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