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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2010-00135-01

Error jurisdiccional

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-23-31-000-2010-00135-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 15 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-23-31-000-2010-00135-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

13 de agosto de 2021

ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL / CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / CONCEPTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR DE HECHO / ERROR DE DERECHO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / DAÑO / IMPUTACIÓN / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / CAUSA EXTRAÑA

[S]e precisa que el error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996 , plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos a través del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos. La jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia , como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. (…) Sobre esta base, los yerros cometidos por una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia, materializados a través de decisiones que resultan contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable y jurídicamente atendible que las provea de aceptabilidad, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia (…) [E]n concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria a la ley, esto último, [bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de esta (error de derecho). Bajo tales premisas, la jurisprudencia ha sido enfática en considerar que el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta. Lo anterior, implica, además, que la tarea del juez de la responsabilidad, no deba traducirse en la reproducción de la labor del juez de instancia, pues su labor debe limitarse a la verificación de la existencia de los yerros que se endilgan a la luz de la motivación jurídica y probatoria del fallo que cuestiona, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada. Además de lo anterior, debe indicarse que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar.

En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita, entre otros, al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión judicial; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias y iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado .

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 66 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 28 de mayo de 2012, exp. 2011-01174, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22322 y sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; sentencia T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; sentencia T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; sentencia T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; sentencia T-004 del 16 de enero de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz; sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / NORMATIVIDAD DEL ERROR JURISDICCIONAL / CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / ERROR JUDICIAL / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ / AGOTAMIENTO DEL RECURSO JUDICIAL / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / PROVIDENCIA JUDICIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PROCEDENCIA DEL ERROR JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DEL ERROR JUDICIAL / TRÁNSITO A COSA JUZGADA / PRESUPUESTOS DEL ERROR JUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 dispone, además, que, para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: i) el afectado hubiera interpuesto los recursos ordinarios de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado que produzca en virtud de una providencia judicial y, ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Así pues, ante la ausencia de dichos requisitos, resulta inocuo el estudio sustancial de las providencias acusadas y no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado, en tanto, su inobservancia es prueba de que no hay certeza del daño. En cuanto al primer elemento, la referida normativa exige que la parte demandante hubiere interpuesto los recursos en contra de la providencia que califica como un error judicial y, en la eventualidad de no haber usado estos mecanismos de defensa, se configuraría una circunstancia que relevaría al juez administrativo de efectuar el análisis sustantivo de la decisión judicial cuestionada, toda vez que ni siquiera habría perjuicio o, en caso de aceptarse lo contrario, el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el supuesto error jurisdiccional. Así, de no configurarse tal supuesto, se estará en presencia de un hecho exclusivo y determinante de la víctima en la producción del menoscabo reclamado (art. 70, L. 270 de 1996) o incluso, ante la ausencia de un daño. Además, vale destacar que la exigencia relacionada con la interposición de los recursos, contenida en el numeral 1 del artículo Ibídem, tiene como claro propósito permitir al juzgador corregir posibles yerros cometidos en la labor jurisdiccional, en el mismo proceso. Por esta razón, su finalidad es evitar el desgaste de la administración de justicia y garantizar el efectivo acceso a una respuesta adecuada y de fondo a los problemas que los usuarios de este servicio público ponen de presente a la rama jurisdiccional. Por lo anterior, el agotamiento de los recursos en la vía ordinaria no puede considerarse acreditado cuando, a pesar de haberse interpuesto el mismo, no guardan congruencia con lo alegado como error en sede de reparación directa, puesto que, con arreglo en lo previsto en la Ley 270 de 1996, dicho recurso debe estar relacionado con el objeto de lo que se pretende en sede contenciosa administrativa. En efecto, la Subsección precisa que el especialísimo título de imputación por error judicial representa un análisis de mayor rigurosidad, dado que el hecho de cuestionar una providencia judicial ejecutoriada implica que, a lo sumo, el interesado hubiera controvertido en sede ordinaria los mismos asuntos que considera, en el proceso de reparación directa, son objeto de la causación de un daño antijurídico, de cara a la transgresión de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, pues, de no ser así, el proceso de responsabilidad del Estado se convertiría en un análisis de una impugnación, pero en sede de lo contencioso administrativo. (…) [R]esulta acertado concluir que el daño es incierto cuando la decisión reprochada no ha quedado en firme, pues si esta llegara a contener un yerro, el superior tiene la posibilidad de subsanarlo y el interesado puede procurar la salvaguarda de sus derechos mediante la interposición de los recursos ordinarios. (…) Con el material probatorio (…) la Sala evidencia que la reclamación del demandante es procedente en los términos del artículo 67 de la Ley 270 de 1996, puesto que, la providencia contentiva del supuesto error jurisdiccional, esto es, la sentencia (…) proferida por el Tribunal Administrativo (…) notificada mediante edicto (…) quedó ejecutoriada el (…) sin que se hubieran realizado solicitudes de adición o corrección de la sentencia , según la información consignada en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial y, por ende, hizo tránsito a cosa juzgada.

Ahora, si bien el a quo consideró que la sentencia fue objeto de una solicitud de aclaración de acuerdo con la constancia secretarial (…) lo cierto es que, el expediente regresó al juzgado de origen tras el trámite de segunda instancia el (…) y ese día el Juzgado (…) Administrativo (…) profirió el auto de obedecimiento de la sentencia, siendo este último objeto de una solicitud de aclaración , el cual, como acto de simple trámite no tiene el alcance de mutar el contenido de un fallo de segunda instancia en firme. Así las cosas, encontrándose acreditados los requisitos de procedibilidad del título de atribución de error judicial, se procederá al análisis de los yerros aducidos por la parte actora.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 67 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 70

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 49666, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, exp. 22.581, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth. y sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 38028, C. P. Danilo Rojas Betancourth. De igual forma, ver, Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimir Naranjo Mesa.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ERROR JUDICIAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / ERROR JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL / ERROR DE DERECHO / ERROR DE HECHO / CONCEPTO DE ERROR DE DERECHO / CONCEPTO DE ERROR DE HECHO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

La reparación directa por error judicial impone la carga a la parte demandante de exponer de manera clara, precisa y debidamente argumentada la disconformidad de la providencia contentiva del yerro con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar, sin que con aquello llegue a ser necesario que el yerro sea invocado directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretar, a partir de una valoración integral de la demanda, si la providencia atacada es contraria a la ley y por tanto, lesiona los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del interesado (…) Así las cosas, la carga de suficiencia de la parte actora se despliega frente a los dos supuestos de configuración de la responsabilidad por error judicial, estos son, el error de derecho y el de hecho, de ahí que (…) cuando se trate del primero deberá establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas que se considera transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas; y, por su parte, en el error de hecho deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia de 10 de septiembre de 2020, exp. 55004, C.P. María Adriana Marín; sentencia de 8 de mayo de 2020. exp. 51674, C.P. María Adriana Marín y sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 49666. C.P. María Adriana Marín.

ERROR DE DERECHO / CONCEPTO DE ERROR DE DERECHO / REQUISITOS DE ERROR DE DERECHO / CONFIGURACIÓN DEL ERROR DE DERECHO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA / APLICACIÓN DE LA NORMA / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / ERROR DE HECHO / CARACTERÍSTICAS DEL ERROR DE HECHO / CONFIGURACIÓN DEL ERROR DE HECHO / CONCEPTO DE ERROR DE HECHO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / PROVIDENCIA JUDICIAL / DERECHO A LA DEFENSA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / ERROR JURISDICCIONAL / AUTONOMÍA DEL JUEZ / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / IMPUTACIÓN JURÍDICA / RATIO DECIDENDI / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / TERCERA INSTANCIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL

[C]onviene precisar que el error de derecho se estructura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, incurriendo en i) una infracción directa, por abstención y/u omisión del operador judicial en la aplicación de una norma que era aplicable y necesaria para la resolución del caso concreto, ii) una interpretación errónea, producida por dar un alcance, contenido y/o sentido que no le corresponde a una norma idónea para resolver el asunto y con ello se afecta la decisión adoptada; y/o iii) una aplicación indebida de la ley, mediante el empleo de preceptos que no corresponden a la situación fáctica objeto de litis o porque se le otorga una consecuencia jurídica no contemplada para hacerle producir efectos distintos a los contemplados por la ley. (…) Además, precisa la Sala en esta oportunidad que la infracción, la interpretación errónea o la aplicación indebida de la ley debe ser manifiesta, esto es, que no haga necesaria la elaboración de complejos y soportados juicios de valor acerca de las posibles interpretaciones admisibles o del sentido que la doctrina y la jurisprudencia han dado a una norma de derecho, pues de lo que se trata es de verificar con la simple lectura de la providencia, uno de los vicios antes anotados. No se trata, por lo mismo, siquiera de valorar la justeza de la decisión, pues en este campo la acción del juez de la responsabilidad está vedada. Por su parte, el error de hecho se configura ante deficiencias manifiestas en la consideración de los hechos y los soportes de los mismos, con impacto directo en la decisión que se adopta, por i) una defectuosa apreciación probatoria bien porque, se ignoraron los medios de prueba y/o no se estudiaron en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, o bien porque se tuvo por probado un hecho que no lo estaba o se tuvo por no demostrado uno que lo estaba; y ii) la omisión de decreto y/o práctica de pruebas útiles, conducentes y pertinentes que podrían haber incidido en la decisión. Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia judicial, pues este debe surgir de una determinación carente de fundamento objetivo , que vulnere los derechos de defensa y debido proceso del interesado, y en general, el derecho de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, por ser contraria al ordenamiento jurídico, sin que las diferencias en la interpretación sean pasibles de reclamo, pues, el error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía funcional del juez, a quien, por mandato constitucional se le otorga libertad para interpretar los hechos que se someten a su consideración, y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.), salvo que dicha interpretación resulte contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente. En todo caso, como lo ha precisado la Subsección, el derecho a acceder a la administración de justicia, no da lugar a exigir una respuesta unívoca e inequívoca del fallador. En esa misma dirección, esta Subsección ha considerado que para romper con la presunción de legalidad, y más que esta, de legitimidad que ampara a las decisiones judiciales, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que, de existir un yerro en la decisión, este sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de modificar el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento , pues, de lo contrario la providencia todavía se mantendría incólume, configurándose una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la demandada, lo que conduciría a un fallo denegatorio de pretensiones.

Así, el interesado debe circunscribir su actividad discursiva y probatoria a desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que abriga la providencia judicial, no de manera inopinada, sino con sujeción a los requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural, puesto que, se aclara, la causa y objeto de la reparación directa por error jurisdiccional es distinta al proceso en el cual se profirió la decisión contentiva del error. Por lo mismo, es dable recordar, que el error judicial no constituye una vía alternativa o nueva vía para darle trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto ordinario, pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 228

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51674. C.P. María Adriana Marín; sentencia de 26 de agosto de 2019, exp. 45897, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51674. C.P.: María Adriana Marín; sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp. 39969, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas y sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 45602, C.P. María Adriana Marín

REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ERROR DE HECHO / ERROR DE DERECHO / ACCIÓN POPULAR / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / DOCUMENTO / DEFICIENCIA PROBATORIA / ENERGÍA ELÉCTRICA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR / DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / DAÑO CONTINGENTE / AMENAZA A LOS DERECHOS COLECTIVOS / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA / APLICACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA / MUNICIPIO / ERROR JURISDICCIONAL / PROVIDENCIA JUDICIAL / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / TERCERA INSTANCIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / IMPUTACIÓN JURÍDICA / RAMA JUDICIAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / TERRENO / PROPIEDAD / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / COSA JUZGADA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DEL ERROR JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL

En el sub examine, la parte actora concreta el presunto error judicial contenido en las sentencias de (…) proferidas por el Juzgado (…) Administrativo (…) y el Tribunal Administrativo (…) Considera la Sala que, conforme a lo probado en este proceso, a pesar de que a partir de los argumentos esgrimidos en la demanda se puede inferir que la parte actora le endilga a la Rama Judicial haber incurrido en i) error de derecho por interpretación errónea de las normas sobre la procedencia de la acción popular y aquellas aplicables al procedimiento administrativo de liquidación de empresas de servicios públicos, ii) error de hecho por defectuosa apreciación probatoria de los documentos aportados para demostrar la propiedad sobre las subestaciones de energía eléctrica, y iii) error de derecho por omitir vincular a (…) a la acción popular; lo cierto es que, dichas afirmaciones carecen de fundamento, por las siguientes razones: En relación con el primer yerro, esto es, el relativo a la improcedencia de la acción popular para amparar derechos subjetivos originados en convenios, se advierte que, si bien es cierto que la parte actora invocó el error indicando que se trasgredieron los artículos 88 de la Constitución Política , 2 de la Ley 472 de 1998 y la sentencia C-215 de 1999 , que, en su criterio, limitan dicha acción a la protección de derechos colectivos, excluyendo cualquier motivación de orden subjetivo o particular; también lo es que, en el contenido de las providencias a las cuales se les endilga el yerro se indicó que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación para el momento en que se profirió la decisión la acción popular era procedente respecto de actos administrativos y contratos estatales, en la medida en que su existencia o ejecución implicara un daño contingente, peligro, amenaza o vulneración de derechos o intereses colectivos, lo que significaba que al resolver el juzgador se podía pronunciar sobre la legalidad de esos actos, acciones u omisiones, sin que debiera acudirse al ejercicio de otras acciones. Así mismo, aun cuando, tal como lo advirtió la parte actora en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación, el alcance de la acción popular fue establecido en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, que se determinó que mediante este mecanismo constitucional no es procedente anular contratos o actos de la administración, dado que para ello están las acciones contencioso administrativas correspondientes; lo cierto es que, dicho cambio normativo es posterior a las sentencias de las que se asegura deviene el yerro (…) las cuales está demostrado que se fundaron en la regla de decisión vigente para ese momento, en tanto que la jurisprudencia del Consejo de Estado para aquella época avalaba la procedencia de la acción popular para anular actos administrativos y contratos estatales, en la medida en que con su existencia o ejecución se vulneraran o amenazaran derechos o intereses colectivos. Asimismo, no se demostró que los referidos despachos judiciales, al tramitar y decidir la acción constitucional hubieran desbordado los principios de autonomía e independencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y jurisprudencia que por mandato constitucional les correspondía. En otras palabras, la parte actora no señaló normas relativas a la procedencia de la acción popular que efectivamente hubieran sido trasgredidas por el operador jurídico, le fueran oponibles, y proscribieran su ejercicio en el caso de marras.

Aunado a lo anterior, respecto del yerro relativo a la indebida interpretación de las normas que rigen el proceso de liquidación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, se observa que, si bien la parte actora señaló como normas violadas los artículos 23 y 40 del Decreto 2211 de 2004, aplicable a la liquidación de (…) por mandato del artículo 121 de la ley 142 de 1994, manifestando que los municipios (…) debían haber acudido oportunamente al proceso de liquidación, y el juez de la acción popular negó dicho argumento por considerar que los municipios respecto de las subestaciones no tenían la calidad de acreedores de (…) en tanto demostraron ser propietarios de las mismas; resulta claro que este presunto yerro, corresponde al mismo argumento esgrimido al interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, observándose que la parte actora insiste en la certeza de su alegato de instancia, esta vez, endilgando un error jurisdiccional a las providencias judiciales que fueron desfavorables a sus intereses. (…) [E]l proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene ni puede tener la vocación de constituirse en una instancia adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a la cual se le endilga la producción del daño antijurídico. Con lo cual, tampoco se observa que la parte actora hubiera cumplido la carga de suficiencia, pues, no especificó las razones por las cuales los municipios gozaban de la calidad de acreedores de (…) circunstancia que no fue probada en la acción popular ni ante esta jurisdicción pues no demostró el derecho de propiedad de (…) sobre las subestaciones ni la existencia de una partida contable a favor de los municipios (art. 23, D.2211 de 2004), a la vez que, tampoco demostró que hubiera excluido dichos bienes de la masa de liquidación y reconocido la propiedad de éstos por parte de los municipios para permitir su comparecencia al proceso liquidatorio (art. 40, D. 2211 de 2004), por lo cual, los argumentos esgrimidos resultan insuficientes para tener por demostrada la imputación jurídica realizada a la Rama Judicial. Y es que para cumplir este objetivo no basta enunciar las razones contrarias a las del fallo, pues bajo tal perspectiva toda providencia que no accede a las pretensiones de una de las partes estaría incursa en un error, lo que sin duda no es admisible, pues el juez declara el derecho, y para ello debe verificar sus supuestos, descartando los intereses o expectativas de una de las partes comprometidas en litigio, pues es la única manera admisible de dirimir un conflicto. (…) [L]os argumentos (…) esgrimidos son extensibles al análisis del error de hecho alegado, por cuanto la parte actora se limitó a manifestar que los convenios interadministrativos y la escritura de protocolización de mejoras no demostraban la propiedad de los terrenos donde están construidas las subestaciones, ni que aquellas hubieran sido construidas íntegramente con recursos públicos; sin aportar copia de las pruebas que fueron conocidas por el juez en sede de acción popular, ni debatir la valoración realizada por el juez de conocimiento con el alcance ya indicado, o demostrar que durante la acción popular probó en contrario, lo cual, de entrada, supone una carencia argumentativa y demostrativa de la imputación jurídica realizada a la pasiva. Todo lo dicho cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (…) carga que, como se advirtió, la parte demandante no cumplió.

Ello, más aún si se tiene en cuenta que en el presente caso no se está ante la carencia total de prueba (…) En este orden de ideas, no entra por las mismas razones la Sala a efectuar consideración alguna acerca de los presuntos errores que tampoco se evidencian, pues, en las condiciones anotadas, tal premisa es contraria a la seguridad que las relaciones jurídicas y sociales imprime a la cosa juzgada a las sentencias de los jueces. Ahora bien, respecto al error de derecho invocado frente a la presunta omisión de vincular a (…) a la acción popular, basta precisar que el presunto yerro, no cumple con los requisitos de trascendencia y suficiencia, pues, la vinculación de dicha entidad al proceso no tenía la vocación de modificar el sentido del fallo o destruir los fundamentos de la decisión, dado que, la demanda de acción popular se dirigió exclusivamente en contra de la (…) por cuanto, las pretensiones se orientaron a amparar la vulneración de los derechos colectivos ocasionada por las actuaciones desarrolladas por el liquidador de (…) las cuales se encontraron probadas dentro del proceso, sustentado el fallo adverso a la demandante. Así, considerando que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predican de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que las sentencias analizadas fueran contrarias a derecho, es claro para la Sala que en el presente caso no se menoscabó el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de la demandante, por lo que, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 88 / LEY 472 DE 1998 – ARTÍCULO 2 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 144 / DECRETO 2211 DE 2004 – ARTÍCULO 23 / DECRETO 2211 DE 2004 – ARTÍCULO 40 / LEY 142 DE 1994 – ARTÍCULO 121 / DECRETO 2211 DE 2004 – ARTÍCULO 23 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 177

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 22982, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24690, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 28189, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28215, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 28428, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29540, C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 1 de octubre de 2014, exp. 27862, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763, C.P.: Nicolás Yepes Corrales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00135-01(48423)

Actor: ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. -EN LIQUIDACIÓN

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR JUDICIAL – PRESUPUESTOS DE PROCEDIBILIDAD DEL ERROR – CARGAS DE CLARIDAD, PRECISIÓN Y ARGUMENTACIÓN – No se configuró.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, la Rama Judicial incurrió en un presunto error jurisdiccional, en las sentencias de 11 de octubre de 2007, proferida por el Juzgado 8 Administrativo de Ibagué, y de 23 de junio de 2008, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante las cuales se ampararon los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público de los municipios de Guaño y Saldaña (Tolima) y, como consecuencia, se ordenó a la empresa Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en liquidación, la entrega inmediata de las subestaciones de energía eléctrica ubicadas en dichos municipios y el pago de las remuneraciones causadas desde la entrada en operación de aquellas subestaciones, pese a que, a juicio de la demandante, la acción popular era improcedente, por cuanto los municipios debieron presentarse al proceso de liquidación para hacer las reclamaciones que hicieron a través de dicha acción constitucional.

SENTENCIA IMPUGNADA

1.1. Corresponde a la sentencia del 15 de julio de 2013, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda.

1.2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 6 de abril de 2010, por la Empresa Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. – en liquidación (en adelante Electrolima), en contra de la Nación – Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:

Pretensiones

1.2.1. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que afirma le fueron irrogados con ocasión de los errores jurisdiccionales en que, a su juicio, incurrieron el Juzgado 8 Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima en las sentencias de 11 de octubre de 2007 y 23 de junio de 2008, respectivamente, proferidas dentro de una acción popular instaurada en su contra.

Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) o la cifra que resulte probada correspondiente al monto de la caución consignada y de los bienes entregados a la demandante por orden judicial.

Hechos

1.2.2. Como supuesto fáctico de las pretensiones, la parte actora señaló que, durante el trámite del procedimiento administrativo de liquidación de la empresa Electrolima, los municipios de Guamo y Saldaña instauraron una acción popular en su contra por la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa, por considerar que el liquidador dispuso de bienes de propiedad de tales entidades territoriales, como lo son las obras de infraestructura eléctrica construidas con aportes del Fondo Nacional de Regalías (F.N.R.).

1.2.3. En el transcurso de las diligencias, el 11 de octubre de 2007, el Juzgado 8 Administrativo de Ibagué encontró demostrada la vulneración de los derechos colectivos invocados por los actores y ordenó a Electrolima la entrega inmediata de las subestaciones de Guamo y Saldaña y la condenó a pagar las remuneraciones causadas desde la fecha de entrada en operación hasta su entrega efectiva, decisión que fue confirmada el 23 de junio de 2008 por el Tribunal Administrativo del Tolima.

1.2.4. Adujo que en dichas providencias se materializaron los siguientes yerros: i) la trasgresión de los artículos 88 de la Constitución Política, 2º de la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia constitucional – C-215 de 1999 –, que restringen la procedencia de la acción popular para amparar derechos subjetivos originados en convenios; ii) la indebida interpretación de las normas relativas al proceso de liquidación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, pues, aquellas obligaban a los municipios de Guamo y Saldaña a hacerse presentes al proceso de liquidación para formular sus reclamaciones (art. 23, D. 2211 de 2004), so pena de quedar como un pasivo no reclamado, o acudir a recibir los bienes, en caso de demostrar su propiedad (art. 40, ibídem); iii) la ausencia de prueba sobre la plena realización de las subestaciones con recursos públicos, en consideración a que en la subestación de Guamo solo se realizaron remodelaciones y ampliaciones; iv) la falta de prueba de la propiedad sobre los terrenos en donde se encuentran las obras ejecutadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 del Decreto 1250 de 1970, y 749 y 756 del Código Civil; v) la violación de los artículos 29 de la Constitución Política, 207-3 del C.C.A. y 51 y 83 del C.P.C., por cuanto el juez debió vincular al proceso a Enertolima S.A., con quien contrató el liquidador para que continuara con la prestación del servicio, entregándole la infraestructura, pues, implícitamente se invalidaron los acuerdos celebrados con aquella; vi) la violación del artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.) y la sentencia C-155 de 2004, por desconocer el carácter universal del proceso de liquidación en el que los acreedores están llamados a hacerse parte demostrando su acreencia, a efectos de que la misma sea cancelada a prorrata de los activos de la entidad y bajo el principio de igualdad entre acreedores; vii) el reconocimiento a los municipios de sus acreencias de manera extemporánea y preferencial, desconociendo las reglas sobre prelación de créditos (arts. 2493 y ss, C.C); y viii) el reconocimiento a los municipios del pago de intereses, a lo cual no hay lugar en el proceso de liquidación (inciso 2, art. 1616 del C.C.).

Así mismo, afirmó que el liquidador no excluyó las subestaciones del inventario de liquidación por carecer de prueba de su dominio en cabeza ajena, y que, los actos de reconocimiento, graduación y calificación de créditos gozan de legalidad y contra ellos proceden recursos, sin que los municipios los hubieran interpuesto, dado que no se hicieron parte del proceso, por lo que no tenían otra opción distinta que los remanentes.

1.2.5. Concluyó que el pago de la caución decretada en la acción popular y la entrega de las subestaciones, mermó los activos de la empresa en liquidación y le causó perjuicios materiales a los acreedores que oportunamente comparecieron al proceso liquidatorio y no han recibido el valor de sus créditos, los cuales, deben indemnizarse por parte de la demandada.

La defensa

1.3. El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda en auto del 17 de junio de 2010, siendo debidamente notificada a la demandada, cuyos planteamientos y argumentos de defensa fueron, los siguientes:

1.3.1. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que el Juzgado 8 Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima, actuaron conforme a la ley al amparar los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público de los municipios de Guamo y Saldaña, vulnerados por las actuaciones adelantadas por el liquidador de Electrolima, toda vez que incluyó dentro de la masa de liquidación a las subestaciones como activos propios, los arrendó y posteriormente celebró promesas de compraventa sobre los mismos, sin tener en cuenta a los mencionados entes territoriales para realizar dichas gestiones.

De igual manera, sostuvo que dichos municipios no tenían la calidad de acreedores, sino la de propietarios, tal como se evidenciaba en las cláusulas de los convenios interadministrativos celebrados entre las partes, y en tal medida no se encontraban compelidos a presentarse a la liquidación de Electrolima.

Finalmente, propuso a título de excepciones, la inexistencia de perjuicios, por cuanto las providencias no son contrarias a la ley, y la innominada.

Alegatos

1.4. Mediante auto del 24 de abril de 2012, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

1.4.1. La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda y precisó que las divergencias de criterio a nivel jurisprudencial respecto de la viabilidad de analizar la legalidad de actos administrativos y contratos estatales a través de la vía de las acciones populares, fue dirimida en el artículo 144 de la ley 1437 de 2011, donde se estableció que el juez no puede anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.

1.4.2. El Ministerio Público se abstuvo de proferir concepto, por considerar que el material probatorio obrante en el expediente resultaba insuficiente y, en su lugar, sugirió el decreto oficioso de pruebas para que se allegara copia de los convenios interadministrativos 455 y 456 de 2001 suscritos por Electrolima con los municipios de Saldaña y Guamo, el contrato de compraventa celebrado entre Electrolima S.A. E.S.P. en liquidación y Enertolima S.A. E.S.P. sobre las subestaciones, los certificados de existencia y representación legal de los terrenos donde se encuentran las subestaciones de energía eléctrica, y la copia de las pruebas relacionadas en el fallo de 11 de octubre de 2007.

1.4.3. En esa oportunidad procesal, la Rama Judicial guardó silencio.

La decisión

1.5. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se reunieron los presupuestos para imputar responsabilidad al Estado por error judicial. En primer lugar, indicó que si bien la parte actora interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia que resultó adverso a sus pretensiones; lo cierto era que, la sentencia de segunda instancia fue objeto de una solicitud de aclaración, la cual, se decide mediante providencia complementaria y, por tanto, considerando que el demandante no aportó la decisión, se imponía concluir que no existía certeza sobre la fecha en que cobró ejecutoria.

Así mismo, señaló que la Rama Judicial no incurrió en errores de hecho o de derecho en las providencias acusadas, pues, contrario a lo manifestado por la parte actora, la acción popular era procedente, por cuanto la pretensión de los municipios accionantes no era cuestionar la legalidad de las resoluciones que se profirieron en el proceso de liquidación, sino la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, lo cual, habilitaba al juez constitucional para suspender la aplicación o ejecución del acto administrativo que implicara una amenaza a dichos derechos.

Adicionalmente, señaló que se demostró la amenaza a los mencionados derechos colectivos, dado que Electrolima S.A. E.S.P. incluyó las subestaciones ubicadas en Saldaña y Guamo dentro del inventario de activos de la sociedad, desconociendo que la ejecución de las obras se había realizado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías y que eran propiedad de los municipios conforme a los convenios interadministrativos Nos. 455 y 456 del 2001.

EL RECURSO INTERPUESTO

2.1. Sustentación del recurso de apelación

2.1.1. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación, por considerar que el a quo no analizó los yerros endilgados a la demandada y, en cambio, examinó el asunto como una instancia adicional.

En este sentido, reiteró los yerros planteados en la demanda y en los alegatos de conclusión para que fueran analizados en segunda instancia, e insistió en que la acción popular fue empleada como un mecanismo para perseguir un resarcimiento pecuniario, pues, a su juicio, el juez desconoció que el alcance de la mencionada acción constitucional se limita a la protección de derechos colectivos y que solo tiene la facultad de suspender la aplicación o ejecución del acto administrativo, más no de dirimir el conflicto surgido de aquel, como lo hizo al cuestionar los inventarios de los activos y de los contratos celebrados por la empresa intervenida con la nueva que se creó para prestar el servicio público, lo cual trasgredió el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, que prohíbe al juez de la acción popular adentrarse en aspectos sustanciales del acto o contrato.

Adicionalmente, indicó que, pese a que no se encontraba demostrado el derecho de dominio que tenían los municipios sobre las subestaciones, la autoridad judicial ordenó la entrega de dichos bienes a su favor y el pago íntegro de las remuneraciones, con lo cual se afectó a los acreedores que se presentaron oportunamente al proceso de liquidación y se ignoró que, como aquellos, los municipios también debieron participar en el proceso liquidatorio.

En cuanto a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, sostuvo que se encontraba probada con la constancia secretarial obrante a folio 237, y que, la firmeza resultaba evidente con la remisión del proceso al juzgado de origen y las actuaciones posteriores desarrolladas para el cumplimiento de la sentencia.

2.2. En proveído del 9 de octubre de 2013, esta Corporación admitió el recurso de apelación interpuesto, y el 3 de noviembre siguiente corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A..

2.2.1. En esta oportunidad procesal, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de apelación ya indicado.

3.1. Problema jurídico

3.1.1. Bajo el ámbito restricto del recurso interpuesto, el aspecto central que será materia de análisis y determinación, se circunscribe a verificar si la Nación - Rama Judicial, es responsable por el daño reclamado por la demandante, derivado de los supuestos errores judiciales en que incurrieron las instancias judiciales ya mencionadas, que condujeron al amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, ordenando a Electrolima S.A. E.S.P. – en liquidación – entregar las subestaciones a los municipios de Guamo y Saldaña (Tolima), así como, pagarles las remuneraciones causadas.

3.2. Motivación de la sentencia

Pruebas

3.2.1. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se enlistan:

• Mediante resolución No. 3849 de 12 de agosto de 2003, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la liquidación de la empresa Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. (Electrolima).

• En Resolución No. 01 de 7 de junio de 2004, el liquidador decidió parcialmente sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, las objeciones, las reclamaciones aceptadas y rechazadas en relación con las sumas y los bienes excluidos de la masa de liquidación y su orden de restitución y los créditos aceptados y rechazados contra la masa de liquidación, su cuantía y la prelación para el pago, obrando en el expediente el edicto notificatorio y publicación, sin que en aquel acto se incluyera reclamación alguna sobre las subestaciones eléctricas localizadas en los municipios de Guamo y Saldaña, ni se reconocieran acreencias por dicho concepto a favor de los mencionados municipios.

• En Resolución No. 02 de 19 de agosto de 2004, el liquidador decidió los recursos de reposición presentados contra la Resolución No. 01 de 7 de junio de 2004, confirmándola.

• En Resolución No. 03 de 6 de septiembre de 2004, el liquidador decidió parcialmente sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, los créditos aceptados y rechazados contra la masa de liquidación, su cuantía y la prelación para el pago respecto de algunas reclamaciones no incluidas en la Resolución parcial No. 01 proferida el 7 de junio de 2004, calificando y graduando los créditos faltantes, entre los cuales, no se encuentran acreencias a favor de los municipios de Guamo y Saldaña por ningún concepto.

• Mediante Auto No. 01 de 7 de febrero de 2005, el liquidador incluyó un crédito de primera clase alimentario, en cumplimiento de un fallo de tutela.

• Mediante Auto No. 02 de 28 de febrero de 2005, el liquidador aceptó definitivamente una acreencia ante la presentación de la prueba de la obligación, en cumplimiento de un fallo de tutela.

• El 25 de noviembre de 2005, los municipios de Guamo y Saldaña presentaron demanda de acción popular contra la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en liquidación (Electrolima) con el objeto de que se declararan vulnerados los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa por parte del liquidador de Electrolima, por disponer de manera arbitraria de bienes de propiedad de los mencionados municipios, los cuales fueron entregados para su explotación económica a Enertolima S.A. E.S.P., y por pretender apoderarse indebidamente de bienes construidos con aportes del Fondo Nacional de Regalías, cuyos únicos beneficiarios son los municipios demandantes, actuando Electrolima como simple ejecutor y porque dicha empresa estaba utilizando un medio de adquisición de dominio que no está contemplado en la ley.

• Mediante Auto de 23 de febrero de 2007, el Juzgado 8 Administrativo de Ibagué (Tolima), resolvió el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la demandada contra el auto que decretó una medida cautelar, ordenando el levantamiento de la medida de suspensión del proceso liquidatorio de Electrolima y la constitución de una caución por valor de cuatro mil trescientos cincuenta y tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos nueve pesos ($4.353.489.409) dentro de los tres (3) días contados a partir de la ejecutoria del auto, de conformidad con el literal c del artículo 25 de la Ley 472 de 1998, con el fin de prevenir un posible detrimento al patrimonio público de las entidades accionantes.

• En sentencia de 11 de octubre de 2007, el Juzgado 8 Administrativo del Circuito de Ibagué declaró no probadas las excepciones propuestas por Electrolima, y amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, vulnerados por las actuaciones adelantadas por el liquidador de la sociedad demandada. En consecuencia, le ordenó a Electrolima: i) realizar la entrega inmediata a los municipios accionantes de las subestaciones Guamo y Saldaña, ii) pagar la suma de cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos ($4.354.489.486), por concepto de la remuneración causada desde la fecha de entrada en operación de las subestaciones Guamo y Saldaña hasta el mes de noviembre de 2006, de acuerdo con los valores establecidos por trabajo pericial (valor que incluye capital e intereses); y, iii) pagar la remuneración causada por el uso de las subestaciones desde el mes de diciembre de 2006 hasta la fecha en que se produzca su entrega libre de todo gravamen, aplicando la tasa máxima moratoria.

Como fundamento de su decisión, señaló que encontró demostrada la vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público con el comportamiento y actos del liquidador de Electrolima S.A., por cuanto: i) no cumplió con su obligación de liquidar los convenios interadministrativos 455 y 456 de 2001 suscritos con los municipios, con lo cual omitió atender las peticiones formuladas en este sentido por aquellos entes territoriales; ii) no excluyó a las subestaciones de la masa liquidatoria y negó la obligación de entregarlas a los municipios, a pesar de que, el informe de auditoría de marzo de 2004 y los contratos interadministrativos, indicaban que terminadas y recibidas las obras estas eran de propiedad de los entes territoriales; iii) señaló que las subestaciones eran objeto de remuneración mediante la figura de suscripción de acciones, encontrándose probado que no existía soporte alguno que amparara dicha partida contable; iv) incluyó dentro de la masa liquidatoria a las subestaciones de Guamo y Saldaña, a sabiendas de no contar con un título de dominio sobre las mismas; v) ocultó información determinante para el proceso, v.gr. las actas de liquidación de los contratos de obra de las subestaciones, e inclusive cuestionó que Electrolima hubiera recibido tales obras; y, vii) suscribió contratos de compraventa, de remuneración y de fiducia con el fin de eludir el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó suspender la venta de las subestaciones, sujetando el contrato a una cláusula condicional – el levantamiento de la medida cautelar – para darle visos de cumplimiento a la orden judicial, que en nada beneficiaba a los municipios, pues, de un lado, cumplida la condición se perfeccionaba la venta y el dinero ingresaba a Electrolima y, de otro, ante su incumplimiento, Electrolima recibía el dinero, pero a título de anticipo del valor de la remuneración pactada por el uso de las subestaciones. En consecuencia, compulsó copias de la providencia a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General y a la Procuraduría para que investigaran la actuación del liquidador.

• Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de Electrolima, interpuso recurso de apelación, por considerar que, los municipios accionantes tenían la calidad de acreedores y por tanto estaban en la obligación de comparecer al proceso de liquidación a formular reclamaciones de cualquier índole, de manera que, debían asumir las consecuencias de su no comparecencia.

Además, expresó que el a quo incurrió en una contradicción al declarar que los municipios no eran acreedores y, a la vez, reconocer a su favor el pago de un crédito con cargo a la empresa.

• Por su parte, el Procurador 27 judicial administrativo interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 11 de octubre de 2007, solicitando la revocatoria del incentivo reconocido a favor de los accionantes, por cuanto en la demanda no se formularon pretensiones en ese sentido y de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, cuando el actor de la acción popular sea una entidad pública, el incentivo reconocido debe ser destinado al fondo de defensa de intereses colectivos.

• Mediante sentencia de 23 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante y el Procurador 27 judicial administrativo, en el sentido de confirmar parcialmente la providencia de primera instancia en lo atinente a la vulneración de los derechos colectivos y revocar el incentivo reconocido a los entes municipales y su apoderado.

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, concluyó que: i) según los convenios interadministrativos, resultaba claro que una vez terminadas las obras estas pasarían a ser propiedad de los municipios de Guamo y Saldaña; ii) las obras fueron entregadas a satisfacción los días 17 y 30 de enero de 2003, por parte de los contratistas a Electrolima S.A.; iii) el proceso de liquidación de Electrolima inició el 12 de agosto de 2003, después de entregadas las obras y vencido el término de entrega de las mismas señalado en los convenios interadministrativos (30 de junio de 2002); iv) no obra prueba de la celebración de un contrato de suscripción de acciones entre las partes, de ahí que, carezca de sustento que Electrolima sea propietaria de las subestaciones y solo deba reconocer utilidades a los demandantes; v) el Fondo Nacional de Regalías otorgó los recursos para la construcción de las subestaciones y Electrolima solo participó administrando las obras; vi) no obra prueba alguna de la propiedad de las subestaciones en cabeza de Electrolima; vii) los municipios de Guamo y Saldaña son propietarios de las subestaciones ubicadas en sus territorios, de manera que no tienen la calidad de acreedores y, por tanto, no debían participar o hacer reclamos en el proceso de liquidación; viii) Electrolima actuó de mala fe al incluir a las subestaciones dentro de su inventario, desconociendo el artículo 299 del E.O.S.F., que dispone la obligación de excluir de la masa liquidatoria aquellos bienes que no sean de propiedad de la entidad intervenida.

Destacó el ad quem que la entidad demandada partió de dos hipótesis sin sustento probatorio: la primera, que Electrolima es dueña de las obras y, la segunda, que los demandantes tenían la calidad de acreedores y debieron presentarse a la convocatoria. Así mismo, señaló que de respaldarse la actuación seguida por Electrolima se estaría validando una nueva forma de adquirir el dominio o la propiedad del patrimonio estatal no establecida en la ley.

Con todo, concluyó que se vulneraron los derechos colectivos de patrimonio público y de moralidad administrativa, puesto que Electrolima en liquidación se apoderó de bienes públicos de propiedad de los municipios demandantes, afectando no solo los activos de dichos entes territoriales, sino su presupuesto y a su comunidad en general y, además, actuó de mala fe y arbitrariamente al desconocer los convenios que reconocían la propiedad de las subestaciones en cabeza de los municipios demandantes.

• La anterior sentencia fue notificada mediante edicto No. 0086 fijado el 27 de junio de 2008.

3.2.2. Responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional

Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración de la Sala, se precisa que el error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos a través del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiera verificar si la acción u omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos.

La jurisprudencia constitucional ha definido el acceso a la administración de justicia, como un derecho fundamental que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales, ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera, pues exige que el fallo proferido se cumpla y el actor sea reparado en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido.

Así mismo, tal derecho, además de comprender la plenitud de las garantías procesales, constituye un “mandato constitucional dirigido a todos los órganos del Estado para que en el seno de sus actuaciones protejan de manera efectiva los derechos de los individuos, lo que a su turno deriva en la posibilidad del titular del derecho de exigirlo ante los tribunales”.

Sobre esta base, los yerros cometidos por una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de impartir justicia, materializados a través de decisiones que resultan contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable y jurídicamente atendible que las provea de aceptabilidad, suponen una vulneración directa al derecho de acceso a la administración de justicia, pues, lesionan su núcleo esencial, esto es, “la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”.

Como corolario de lo anterior, y en concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria a la ley, esto último, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de esta (error de derecho)”.

Bajo tales premisas, la jurisprudencia ha sido enfática en considerar que el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta.

Lo anterior, implica, además, que la tarea del juez de la responsabilidad, no deba traducirse en la reproducción de la labor del juez de instancia, pues su labor debe limitarse a la verificación de la existencia de los yerros que se endilgan a la luz de la motivación jurídica y probatoria del fallo que cuestiona, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada.

Además de lo anterior, debe indicarse que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar.

En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita, entre otros, al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión judicial; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias y iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado.

3.2.3.1. Presupuestos de procedibilidad del error jurisdiccional

El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 dispone, además, que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: i) el afectado hubiera interpuesto los recursos ordinarios de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado que produzca en virtud de una providencia judicial y, ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. Así pues, ante la ausencia de dichos requisitos, resulta inocuo el estudio sustancial de las providencias acusadas y no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado, en tanto, su inobservancia es prueba de que no hay certeza del daño.

En cuanto al primer elemento, la referida normativa exige que la parte demandante hubiere interpuesto los recursos en contra de la providencia que califica como un error judicial y, en la eventualidad de no haber usado estos mecanismos de defensa, se configuraría una circunstancia que relevaría al juez administrativo de efectuar el análisis sustantivo de la decisión judicial cuestionada, toda vez que ni siquiera habría perjuicio o, en caso de aceptarse lo contrario, el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el supuesto error jurisdiccional. Así, de no configurarse tal supuesto, se estará en presencia de un hecho exclusivo y determinante de la víctima en la producción del menoscabo reclamado (art. 70, L. 270 de 1996) o incluso, ante la ausencia de un daño.

Además, vale destacar que la exigencia relacionada con la interposición de los recursos, contenida en el numeral 1° del artículo Ibídem, tiene como claro propósito permitir al juzgador corregir posibles yerros cometidos en la labor jurisdiccional, en el mismo proceso. Por esta razón, su finalidad es evitar el desgaste de la administración de justicia y garantizar el efectivo acceso a una respuesta adecuada y de fondo a los problemas que los usuarios de este servicio público ponen de presente a la rama jurisdiccional.

Por lo anterior, el agotamiento de los recursos en la vía ordinaria no puede considerarse acreditado cuando, a pesar de haberse interpuesto el mismo, no guardan congruencia con lo alegado como error en sede de reparación directa, puesto que, con arreglo en lo previsto en la Ley 270 de 1996, dicho recurso debe estar relacionado con el objeto de lo que se pretende en sede contenciosa administrativa.

En efecto, la Subsección precisa que el especialísimo título de imputación por error judicial representa un análisis de mayor rigurosidad, dado que el hecho de cuestionar una providencia judicial ejecutoriada implica que, a lo sumo, el interesado hubiera controvertido en sede ordinaria los mismos asuntos que considera, en el proceso de reparación directa, son objeto de la causación de un daño antijurídico, de cara a la transgresión de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, pues, de no ser así, el proceso de responsabilidad del Estado se convertiría en un análisis de una impugnación, pero en sede de lo contencioso administrativo.

En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que, si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”.
En efecto, respecto a la firmeza de las providencias, la jurisprudencia de la Sección Tercera, ha sostenido de manera reiterada que “aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, si ésta aún puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del superior funcional”. Por tanto, resulta acertado concluir que el daño es incierto cuando la decisión reprochada no ha quedado en firme, pues si esta llegara a contener un yerro, el superior tiene la posibilidad de subsanarlo y el interesado puede procurar la salvaguarda de sus derechos mediante la interposición de los recursos ordinarios.

En este sentido, la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 67 ejusdem, consideró que “resulta apenas lógico exigir que la providencia que incluye el error que reprocha haya hecho tránsito a cosa juzgada, pues mientras ello no ocurra, el interesado podrá interponer los recursos de ley y hacer notar el yerro que se ha cometido”.

Con el material probatorio ya relacionado, la Sala evidencia que la reclamación del demandante es procedente en los términos del artículo 67 de la Ley 270 de 1996, puesto que, la providencia contentiva del supuesto error jurisdiccional, esto es, la sentencia de 23 de junio de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, notificada mediante edicto No. 0086 fijado el 27 de junio siguiente, quedó ejecutoriada el 8 de julio del mismo año, sin que se hubieran realizado solicitudes de adición o corrección de la sentencia, según la información consignada en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial y, por ende, hizo tránsito a cosa juzgada.

Ahora, si bien el a quo consideró que la sentencia fue objeto de una solicitud de aclaración de acuerdo con la constancia secretarial obrante a folio 237; lo cierto es que, el expediente regresó al juzgado de origen tras el trámite de segunda instancia el 15 de julio de 2008 y ese día el Juzgado 8 Administrativo de Ibagué profirió el auto de obedecimiento de la sentencia, siendo este último objeto de una solicitud de aclaración, el cual, como acto de simple trámite no tiene el alcance de mutar el contenido de un fallo de segunda instancia en firme.

Así las cosas, encontrándose acreditados los requisitos de procedibilidad del título de atribución de error judicial, se procederá al análisis de los yerros aducidos por la parte actora.

3.2.3.2. Carga de suficiencia frente a los errores de hecho y de derecho invocados como título de imputación de un error jurisdiccional

La reparación directa por error judicial impone la carga a la parte demandante de exponer de manera clara, precisa y debidamente argumentada la disconformidad de la providencia contentiva del yerro con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar, sin que con aquello llegue a ser necesario que el yerro sea invocado directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretar, a partir de una valoración integral de la demanda, si la providencia atacada es contraria a la ley y por tanto, lesiona los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del interesado.

Sobre el particular, esta Subsección ha indicado que las cargas de claridad, precisión y debida argumentación que le permiten a la parte actora demostrar que existe una imputación de tipo jurídico a la demandada, comprenden los siguientes aspectos:
“La claridad se refiere a la carga que se le impone al interesado de hacer comprensivas las acusaciones que estima fueron las que produjeron el error judicial, es decir, que el objeto y concepto de violación esté determinado o sea determinable.
“La precisión implica que se deben identificar las razones basilares de la decisión y refutarlas, ya que de no ser un argumento nodal de la decisión que se estima causó un daño, la reparación directa sería denegatoria, pues la providencia todavía se mantendría incólume y no habría causado, entonces, un daño antijurídico.
“La argumentación tiene que ver con los aspectos mínimos de suficiencia en las consideraciones que invoca el interesado como razonables para atar la claridad y la precisión, para efectos de que opere el error jurisdiccional”.

Así las cosas, la carga de suficiencia de la parte actora se despliega frente a los dos supuestos de configuración de la responsabilidad por error judicial, estos son, el error de derecho y el de hecho, de ahí que, v.gr. cuando se trate del primero deberá establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas que se considera transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas; y, por su parte, en el error de hecho deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley.

Bajo ese entendido, conviene precisar que el error de derecho se estructura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, incurriendo en i) una infracción directa, por abstención y/u omisión del operador judicial en la aplicación de una norma que era aplicable y necesaria para la resolución del caso concreto, ii) una interpretación errónea, producida por dar un alcance, contenido y/o sentido que no le corresponde a una norma idónea para resolver el asunto y con ello se afecta la decisión adoptada; y/o iii) una aplicación indebida de la ley, mediante el empleo de preceptos que no corresponden a la situación fáctica objeto de litis o porque se le otorga una consecuencia jurídica no contemplada para hacerle producir efectos distintos a los contemplados por la ley. Todo lo cual tiene la incidencia suficiente para mutar la decisión tomada por el operador judicial y puede estructurarse bajo las premisas de “no aplicó, interpretó mal y aplicó mal la ley material”.

Además, precisa la Sala en esta oportunidad que la infracción, la interpretación errónea o la aplicación indebida de la ley debe ser manifiesta, esto es, que no haga necesaria la elaboración de complejos y soportados juicios de valor acerca de las posibles interpretaciones admisibles o del sentido que la doctrina y la jurisprudencia han dado a una norma de derecho, pues de lo que se trata es de verificar con la simple lectura de la providencia, uno de los vicios antes anotados. No se trata, por lo mismo, siquiera de valorar la justeza de la decisión, pues en este campo la acción del juez de la responsabilidad está vedada.

Por su parte, el error de hecho se configura ante deficiencias manifiestas en la consideración de los hechos y los soportes de los mismos, con impacto directo en la decisión que se adopta, por i) una defectuosa apreciación probatoria bien porque, se ignoraron los medios de prueba y/o no se estudiaron en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica, o bien porque se tuvo por probado un hecho que no lo estaba o se tuvo por no demostrado uno que lo estaba; y ii) la omisión de decreto y/o práctica de pruebas útiles, conducentes y pertinentes que podrían haber incidido en la decisión.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia judicial, pues este debe surgir de una determinación carente de fundamento objetivo, que vulnere los derechos de defensa y debido proceso del interesado, y en general, el derecho de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, por ser contraria al ordenamiento jurídico, sin que las diferencias en la interpretación sean pasibles de reclamo, pues, el error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía funcional del juez, a quien, por mandato constitucional se le otorga libertad para interpretar los hechos que se someten a su consideración, y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.), salvo que dicha interpretación resulte contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente. En todo caso, como lo ha precisado la Subsección, el derecho a acceder a la administración de justicia, no da lugar a exigir una respuesta unívoca e inequívoca del fallador.

En esa misma dirección, esta Subsección ha considerado que para romper con la presunción de legalidad, y más que esta, de legitimidad que ampara a las decisiones judiciales, es imperioso que el juez administrativo se cerciore que, de existir un yerro en la decisión, este sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de modificar el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento, pues, de lo contrario la providencia todavía se mantendría incólume, configurándose una carencia demostrativa de la imputación jurídica de la demandada, lo que conduciría a un fallo denegatorio de pretensiones.

Así, el interesado debe circunscribir su actividad discursiva y probatoria a desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que abriga la providencia judicial, no de manera inopinada, sino con sujeción a los requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos de la litis para efectos de que sea decidida por el juez contencioso administrativo, sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural, puesto que, se aclara, la causa y objeto de la reparación directa por error jurisdiccional es distinta al proceso en el cual se profirió la decisión contentiva del error.

Por lo mismo, es dable recordar, que el error judicial no constituye una vía alternativa o nueva vía para darle trámite a una tercera instancia de cualquier conflicto ordinario, pues el propósito claro de este tipo de responsabilidad es reparar el daño antijurídico que hubiera causado el Estado en ejercicio de una de las funciones que le son inherentes, como es la de administrar justicia.

En el sub examine, la parte actora concreta el presunto error judicial contenido en las sentencias de 11 de octubre de 2007 y de 23 de junio de 2008, proferidas por el Juzgado 8 Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, en los siguientes aspectos: i) la improcedencia de la acción popular para amparar derechos subjetivos originados en convenios; ii) la obligación de los municipios de Guamo y Saldaña de presentarse al proceso de liquidación de la empresa Electrolima, perdiendo la oportunidad de reclamar su derecho subjetivo; iii) la falta de prueba respecto a la propiedad de los terrenos donde se ubican las subestaciones y de la construcción de éstas con recursos públicos; y, iv) la falta de vinculación de Enertolima a la acción popular, por considerarlo afectado con las decisiones que se tomaron en el proceso.

Considera la Sala que, conforme a lo probado en este proceso, a pesar de que a partir de los argumentos esgrimidos en la demanda se puede inferir que la parte actora le endilga a la Rama Judicial haber incurrido en i) error de derecho por interpretación errónea de las normas sobre la procedencia de la acción popular y aquellas aplicables al procedimiento administrativo de liquidación de empresas de servicios públicos, ii) error de hecho por defectuosa apreciación probatoria de los documentos aportados para demostrar la propiedad sobre las subestaciones de energía eléctrica, y iii) error de derecho por omitir vincular a Enertolima S.A. E.S.P. a la acción popular; lo cierto es que, dichas afirmaciones carecen de fundamento, por las siguientes razones:

En relación con el primer yerro, esto es, el relativo a la improcedencia de la acción popular para amparar derechos subjetivos originados en convenios, se advierte que, si bien es cierto que la parte actora invocó el error indicando que se trasgredieron los artículos 88 de la Constitución Política, 2 de la Ley 472 de 1998 y la sentencia C-215 de 1999, que, en su criterio, limitan dicha acción a la protección de derechos colectivos, excluyendo cualquier motivación de orden subjetivo o particular; también lo es que, en el contenido de las providencias a las cuales se les endilga el yerro se indicó que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación – para el momento en que se profirió la decisión – la acción popular era procedente respecto de actos administrativos y contratos estatales, en la medida en que su existencia o ejecución implicara un daño contingente, peligro, amenaza o vulneración de derechos o intereses colectivos, lo que significaba que al resolver el juzgador se podía pronunciar sobre la legalidad de esos actos, acciones u omisiones, sin que debiera acudirse al ejercicio de otras acciones.

Así mismo, aun cuando, tal como lo advirtió la parte actora en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación, el alcance de la acción popular fue establecido en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, que se determinó que mediante este mecanismo constitucional no es procedente anular contratos o actos de la administración, dado que para ello están las acciones contencioso administrativas correspondientes; lo cierto es que, dicho cambio normativo es posterior a las sentencias de las que se asegura deviene el yerro - 11 de octubre de 2007 y 23 de junio de 2008 - , las cuales está demostrado que se fundaron en la regla de decisión vigente para ese momento, en tanto que la jurisprudencia del Consejo de Estado para aquella época avalaba la procedencia de la acción popular para anular actos administrativos y contratos estatales, en la medida en que con su existencia o ejecución se vulneraran o amenazaran derechos o intereses colectivos.

Asimismo, no se demostró que los referidos despachos judiciales, al tramitar y decidir la acción constitucional hubieran desbordado los principios de autonomía e independencia en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y jurisprudencia que por mandato constitucional les correspondía. En otras palabras, la parte actora no señaló normas relativas a la procedencia de la acción popular que efectivamente hubieran sido trasgredidas por el operador jurídico, le fueran oponibles, y proscribieran su ejercicio en el caso de marras.

Aunado a lo anterior, respecto del yerro relativo a la indebida interpretación de las normas que rigen el proceso de liquidación de las empresas de servicios públicos domiciliarios, se observa que, si bien la parte actora señaló como normas violadas los artículos 23 y 40 del Decreto 2211 de 2004, - aplicable a la liquidación de E.S.P. por mandato del artículo 121 de la ley 142 de 1994 –, manifestando que los municipios de Guamo y Saldaña debían haber acudido oportunamente al proceso de liquidación, y el juez de la acción popular negó dicho argumento por considerar que los municipios respecto de las subestaciones no tenían la calidad de acreedores de Electrolima, en tanto demostraron ser propietarios de las mismas; resulta claro que este presunto yerro, corresponde al mismo argumento esgrimido al interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, observándose que la parte actora insiste en la certeza de su alegato de instancia, esta vez, endilgando un error jurisdiccional a las providencias judiciales que fueron desfavorables a sus intereses.

En este sentido, se itera que, el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación de constituirse en una instancia adicional a la tramitada dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judicial a la cual se le endilga la producción del daño antijurídico.

Con lo cual, tampoco se observa que la parte actora hubiera cumplido la carga de suficiencia, pues, no especificó las razones por las cuales los municipios gozaban de la calidad de acreedores de Electrolima – circunstancia que no fue probada en la acción popular ni ante esta jurisdicción –, pues no demostró el derecho de propiedad de Electrolima sobre las subestaciones ni la existencia de una partida contable a favor de los municipios (art. 23, D.2211 de 2004), a la vez que, tampoco demostró que hubiera excluido dichos bienes de la masa de liquidación y reconocido la propiedad de éstos por parte de los municipios para permitir su comparecencia al proceso liquidatorio (art. 40, D. 2211 de 2004), por lo cual, los argumentos esgrimidos resultan insuficientes para tener por demostrada la imputación jurídica realizada a la Rama Judicial.

Y es que para cumplir este objetivo no basta enunciar las razones contrarias a las del fallo, pues bajo tal perspectiva toda providencia que no accede a las pretensiones de una de las partes estaría incursa en un error, lo que sin duda no es admisible, pues el juez declara el derecho, y para ello debe verificar sus supuestos, descartando los intereses o expectativas de una de las partes comprometidas en litigio, pues es la única manera admisible de dirimir un conflicto.

Por su parte, los argumentos anteriormente esgrimidos son extensibles al análisis del error de hecho alegado, por cuanto la parte actora se limitó a manifestar que los convenios interadministrativos y la escritura de protocolización de mejoras no demostraban la propiedad de los terrenos donde están construidas las subestaciones, ni que aquellas hubieran sido construidas íntegramente con recursos públicos; sin aportar copia de las pruebas que fueron conocidas por el juez en sede de acción popular, ni debatir la valoración realizada por el juez de conocimiento con el alcance ya indicado, o demostrar que durante la acción popular probó en contrario, lo cual, de entrada, supone una carencia argumentativa y demostrativa de la imputación jurídica realizada a la pasiva.

Todo lo dicho cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, carga que, como se advirtió, la parte demandante no cumplió.

Ello, más aún si se tiene en cuenta que en el presente caso no se está ante la carencia total de prueba, sino que, entre las pruebas enlistadas en la demanda y las providencias se encontraban, las siguientes: i) la resolución No-006 de 30 de julio de 2001, por medio de la cual el Departamento Nacional de Planeación, Fondo Nacional de Regalías aprobó y adjudicó a los municipios de Guamo y Saldaña, los dineros para la construcción de las subestaciones Guamo y Saldaña; ii) el convenio interadministrativo No. 455 de 2001 celebrado entre la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. y el municipio de Saldaña, cuyo objeto es la cooperación para la construcción de la subestación Saldaña 34.5/13.2 KV; iii) el convenio interadministrativo No. 456 de 2001 celebrado entre la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. y el municipio de Guamo, cuyo objeto es la cooperación para la construcción de la subestación Saldaña 34.5/13.2 KV; iv) copia de la oficina de instrumentos públicos de Purificación con la declaración de mejoras de la subestación por parte del municipio de Saldaña; v) folio de matrícula inmobiliaria de la oficina de registro de instrumentos públicos del Guamo; y, vi) la escritura de declaración de mejoras de la subestación Guamo, ninguna de las cuales fue aportada a este proceso.

En este orden de ideas, no entra por las mismas razones la Sala a efectuar consideración alguna acerca de los presuntos errores que tampoco se evidencian, pues, en las condiciones anotadas, tal premisa es contraria a la seguridad que las relaciones jurídicas y sociales imprime a la cosa juzgada a las sentencias de los jueces.

Ahora bien, respecto al error de derecho invocado frente a la presunta omisión de vincular a Enertolima S.A. E.S.P. a la acción popular, basta precisar que el presunto yerro, no cumple con los requisitos de trascendencia y suficiencia, pues, la vinculación de dicha entidad al proceso no tenía la vocación de modificar el sentido del fallo o destruir los fundamentos de la decisión, dado que, la demanda de acción popular se dirigió exclusivamente en contra de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. por cuanto, las pretensiones se orientaron a amparar la vulneración de los derechos colectivos ocasionada por las actuaciones desarrolladas por el liquidador de Electrolima, las cuales se encontraron probadas dentro del proceso, sustentado el fallo adverso a la demandante.

Así, considerando que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predican de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que las sentencias analizadas fueran contrarias a derecho, es claro para la Sala que en el presente caso no se menoscabó el ejercicio de los derechos de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de la demandante, por lo que, en consecuencia, se denegarán las pretensiones de la demanda.
3.3. Condena en costas

Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 15 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Folios 345 a 350 del cuaderno principal
Folios 241 a 259 del cuaderno 1. Mediante Resolución SSPD 20201000055715 del 2 de diciembre de 12 de 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios prorrogó el plazo de liquidación de la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. – en liquidación hasta el 31 de diciembre de 2021. Folios 246 y 247 del cuaderno 1. Folios 262 y 263 del cuaderno 1. Folios 268 a 274 del cuaderno 1. Folio 294 del cuaderno 1. Folios 295 a 314 del cuaderno 1. Folios 315 a 318 del cuaderno 1. Folios 345 a 350 del cuaderno principal. Folios 353 a 359 del cuaderno principal. Folio 365 del cuaderno principal. Folio 367 del cuaderno principal. Folios 23 a 25 del cuaderno 1. Folios 30 a 73 del cuaderno 1
Folios 20 y 21 del cuaderno 2. Folio 23 del cuaderno 2. En la Resolución No. 01 de 2004 se reconocieron acreencias a favor del municipio de Guamo por concepto del pago del impuesto de alumbrado público (C.1., fl. 45) y del impuesto de industria y comercio de 2001, 2002 y 2003, más los intereses del 2002 (C.1. fl. 52). Folios 74 a 104 del cuaderno 1. Folios 107 a 113 del cuaderno 1. Folio 105 del cuaderno 1. Folio 106 del cuaderno 1. Folios 1 a 11 del cuaderno 2. Folios 18 a 20 del cuaderno 1. Folios 125 a 213 del cuaderno 1. Si bien no obra la actuación en el expediente, la información se extrae de los antecedentes de la sentencia de 23 de junio de 2008 obrante a folios 218 a 234 del cuaderno 1. Ibídem. Folios 218 a 234 del cuaderno 1. Folio 236 del cuaderno 1. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.:

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren]
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione. Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
“Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011
Corte Constitucional, sentencia T-004 del 16 de enero de 1995, reiterada en: sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
“c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. || d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución-auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22.322. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
“Artículo 70. Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 49.666, M.P.: María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, exp. 22.581, M.P. Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16.271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, exp. 22581 y sentencia del 6 de julio de 2017, expediente 38028, M. P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimir Naranjo Mesa. Folio 236 del cuaderno 1. Por cuanto el edicto fue desfijado el 3 de julio y los tres días de ejecutoria trascurrieron los días 4, 7 y 8 de julio, por ser los 5 y 6 días no hábiles. Consulta de la acción popular con radicado 73001230000020050287602 de los municipios de Guamo y Saldaña contra la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en liquidación de conocimiento del Tribunal Administrativo del Tolima en segunda instancia, disponible en: https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=P7%2bMJN8H54z5kxqqfb2MH3N%2fw3k%3d
De acuerdo con la información extraída de la consulta de la acción popular con radicado 73001230000020050287601 de los municipios de Guamo y Saldaña contra la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. en liquidación a instancias del Juzgado 8 Administrativo de Ibagué, disponible en: https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=P7%2bMJN8H54z5kxqqfb2MH3N%2fw3k%3d
Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de septiembre de 2020, exp. 55004; sentencia de 8 de mayo de 2020. exp. 51.674; y sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 49.666. C.P.: María Adriana Marín. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.: María Adriana Marín
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de agosto de 2019, exp. 45.897, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Reiterado en: Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.: María Adriana Marín. Este error -inexcusable- tiene un alcance objetivo que no conduce a que se deba probar la conducta del operador judicial, sino del error in judicando presente en la providencia con el alcance indicado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2018, exp. 39.969. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de diciembre de 2019, expediente 45.602. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 8 de mayo de 2020, exp. 51.674. C.P.: María Adriana Marín.
“Artículo 88.

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.
“También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.
“Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”.
“Artículo 2º. Acciones populares. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos.
“Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”. Extracto de la demanda “El carácter público de las acciones populares, implica que el ejercicio de las acciones populares supone la protección de un derecho colectivo, es decir de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares”.
“Artículo 23. Emplazamiento. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que se disponga la liquidación de la institución, se emplazará a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la intervenida y a quienes tengan en su poder, a cualquier título, activos de la intervenida, para los fines de su devolución y cancelación.
“Para tal efecto, se publicarán por lo menos dos (2) avisos en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal de la intervenida, el primero dentro de los primeros cinco (5) días posteriores a la fecha de la toma de posesión para liquidar y el segundo dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del primer aviso. Adicionalmente se divulgará, por lo menos una vez, a través de una cadena de televisión nacional o de un canal regional o en una emisora nacional o regional de radio, en horas de amplia audiencia y sintonía dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que se dispuso la liquidación. Sin perjuicio de lo anterior, el liquidador cuando lo considere conveniente, podrá utilizar además cualquier otro medio que en su concepto contribuya a cumplir la finalidad del emplazamiento.
“Copia del texto del aviso deberá fijarse además tanto en las oficinas principales como en las agencias y sucursales de la intervenida, en sitios a los cuales tenga fácil acceso el público, así como en la Secretaría General de la Superintendencia Bancaria y en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.
“Cuando la liquidación se decida en el mismo acto que dispuso la toma de posesión, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 1° del presente decreto y las menciones hechas al Agente Especial en dicho Artículo, se entenderán hechas al liquidador.
“El aviso de emplazamiento contendrá lo siguiente:
“a) La citación a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideren con derecho a formular reclamaciones de cualquier índole contra la institución financiera en liquidación, a fin de que se presenten con prueba siquiera sumaria de sus créditos, en el lugar que para el efecto se señale. Cuando se trate de derechos incorporados en títulos valores deberá presentarse el original del título. Sin embargo, cuando sea necesaria la presentación de un título valor en varios procesos liquidatorios a la vez, el original del título valor se aportará en uno de los procesos liquidatorios y en los demás se aportará copia del mismo con certificación del liquidador del proceso en que se haya aportado el original, sobre la existencia del mismo.

Si los créditos constan en títulos valores que hayan sido depositados en depósitos centralizados de valores la existencia del crédito se probará con los documentos a que se refiere el artículo 26 de la Ley 27 de 1990. El depositante en el depósito centralizado de valores podrá autorizar al liquidador para solicitar el certificado a que se refiere dicho artículo;
“b) El término para presentar las reclamaciones oportunamente, con la advertencia de que una vez vencido este, el Liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación, y que las obligaciones no reclamadas y las reclamaciones presentadas en forma extemporánea, que aparezcan debidamente comprobadas en los libros de contabilidad oficiales de la intervenida, serán calificadas como pasivo cierto no reclamado;
“c) La advertencia sobre la cesión y terminación de los contratos de seguro, de conformidad con el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
“d) La advertencia sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase, así como la obligación de los secuestres, auxiliares de la justicia y demás funcionarios que tengan activos de la intervenida para que procedan de manera inmediata a entregarlos al liquidador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del presente decreto”.
“Artículo 40. Restitución de bienes excluidos de la masa de la liquidación. Los bienes diferentes a sumas de dinero, excluidos de la masa de la liquidación, se entregarán una vez en firme la providencia que acepte las reclamaciones.
“Pasados seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la mencionada providencia, sin que los interesados se presentaren a recoger los bienes, el Liquidador podrá optar por entregarlos en depósito a empresas especializadas o en el caso de los bienes depositados en las cajillas a una institución financiera que tenga autorizada esta operación, en espera de que sus dueños se presenten a reclamarlos; o bien disponer que a dichos bienes se les dé el siguiente trámite:
“El Liquidador avaluará y enajenará dichos bienes de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente decreto y con el producto de la venta, deducidos los gastos de la misma, se constituirá una provisión por el término de seis (6) meses para que los recursos de la venta sean entregados a sus dueños, y en el evento en que durante este término tampoco se presentaren a recibir dichos recursos, estos se destinarán a efectuar restituciones o pagos a cargo de la liquidación y las acreencias a favor de los titulares de dichos bienes se incluirán en el pasivo cierto no reclamado a cargo de la intervenida.
“En caso de que dentro del mismo término no se presentaren los titulares de cajillas de seguridad, para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 1421 del Código de Comercio”. Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de la Sección Tercera: Sentencia del 17 de noviembre de 2011, exp. 22.982; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24.690; sentencia del 27 de junio de 2013, exp. 28.189; sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 28.215; sentencia del 12 de febrero de 2014, exp. 28.428; sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 29.540; sentencia del 1° de octubre de 2014, exp. 27.862, y sentencia de 10 de julio de 2020. exp. 56763). C.P.: Nicolás Yepes Corrales, entre otras.

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