Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01066-04
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01066-04
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-01066-04
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 25000-23-26-000-2012-01066-04 (51.848)
Actor: JORGE ENRIQUE CORTÉS ROJAS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – daño causado por
no adquirir el predio La Providencia, ubicado en el área de protección ambiental del humedal
Jaboque de Bogotá, así como por la imposibilidad de ejercer, desarrollar y gestionar el
derecho de propiedad sobre este / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA – legitimación de hecho
y legitimación material – la nulidad absoluta de las escrituras públicas con las que el actor
pretendía acreditar el derecho de propiedad del inmueble, declarada en el marco de un
proceso ordinario civil que promovió el Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público de Bogotá contra aquel, trae como consecuencia la configuración de su
falta de legitimación material en la causa por activa, circunstancia que da lugar a negar las
pretensiones de la demanda.
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, por el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá y por
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá contra la sentencia del 3 de
abril de 2014, dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Según se afirmó en la demanda, la escritura pública 1082 del 21 de febrero de 2001,
suscrita ante la Notaría 29 del Círculo de Bogotá, da cuenta de que el señor Jorge
Enrique Cortés Rojas celebró un contrato de compraventa con el señor Álvaro Rojas
Barbosa, sobre el predio La Providencia, colindante con el humedal Jaboque de
Bogotá, respecto del cual el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá declaró la
pertenencia a favor de un particular desde el 7 de octubre de 1954.
Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
El actor explicó que el Concejo Distrital de Bogotá definió las zonas de manejo y
preservación ambiental del humedal Jaboque y ordenó a la administración distrital
adquirir los predios que se vieran afectados por dicha demarcación, sin que se
hubiera efectuado una negociación del predio La Providencia. Luego, en el marco
de una acción popular, el Consejo de Estado dispuso la compra de los predios
ubicados en la ronda definida por la Resolución 145 de 1999, entre los cuales se
encontraba su inmueble. A pesar de ello, el Distrito no adquirió La Providencia, con
el pretexto de que se ubicaba sobre parte de la hacienda La Florida, cuyo propietario
era el ente territorial, situación que, para el actor, no era ajustada a la realidad y de
paso impedía la explotación del inmueble.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
Mediante escrito del 29 de junio de 2012 (fl. 27 del c.6), el señor Jorge Enrique
Cortés Rojas, por conducto de apoderado judicial (fl. 26 del c.6), presentó demanda
de reparación directa contra la Nación -Rama Judicial, el Distrito Capital de Bogotá
-Concejo Distrital de Bogotá, el Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público de Bogotá (en adelante DADEP), la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (en adelante EAAB) y la Superintendencia de Notariado y
Registro, con el fin de que se le indemnicen los perjuicios derivados, por un lado,
por impedir el ejercicio del derecho de dominio sobre el predio La Providencia,
ubicado en el área de protección ambiental del humedal Jaboque, y, de otro lado,
por renuencia de la administración distrital de Bogotá a cumplir con la orden de
adquisición de dicho inmueble impartida por el Consejo de Estado, dentro de un
proceso de acción popular.
En concreto, la parte actora solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones
y condenas (fls. 11 – 13 del c.6):
Principal: (…) Se declare administrativa y solidariamente responsable a la
Nación – Rama Judicial, Bogotá DC – Consejo Distrital – Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y
Registro de los hechos y omisiones originados en el predio de propiedad del
demandante La Providencia que se ubica al interior de la ronda del Humedal
Jaboque, que ha impedido su desarrollo, gestión y legítimo ejercicio del derecho
a la propiedad, por causas imputables a los demandados en razón de las vías
de hecho y a la negligencia de la administración distrital en adquirirlo pese a la
existencia de distintas órdenes judiciales.
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Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Subsidiaria: En caso de determinarse hipotéticamente que el predio La
Providencia de propiedad de mi cliente no es parte integral del humedal
Jaboque, solicito se declare la responsabilidad administrativa y solidaria de la
Nación – Rama Judicial, Bogotá DC – Consejo Distrital – Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y
Registro de los hechos y omisiones narrados en la demanda que impidieron el
legítimo desarrollo y disposición del predio La Providencia, durante el lapso
comprendido entre el 20 de septiembre de 2001 cuando quedó en firme la orden
judicial de adquirir el predio de mi cliente y hasta el día del pago.
Como consecuencia se condene a pagar los siguientes rubros por concepto de
perjuicios (…):
Daño emergente: se reconozca el valor total del predio para lo cual deberá
tenerse en cuenta el avalúo realizado por la misma administración, en este caso
la EAAB, quien para 2009 lo valoró en suma no inferior a $56.817’000.000.
deben incluirse los respectivos intereses comerciales causados desde la fecha
de la presentación del dictamen – octubre 2009 y hasta la fecha de la sentencia.
Lucro cesante: deberán tenerse en cuenta los valores utilizados en el referido
dictamen pericial y que obedecen a las compensaciones que deben realizarse
según las normas jurídicas de avalúos y con el fin de efectuar la indemnización
íntegra al daño antijurídico causado y que el perito lo calificó dentro de la técnica
del avalúo desde el año de 1990 fecha en la que se concibió afectado el predio
por ostentar la calidad de humedal y hasta 2009, por $93.329’822.263, cifra a
la que deberán cuantificarse los intereses civiles o la indexación.
Subsidiariamente: por el valor a indemnizar según la técnica específica del
perito evaluador desde 2000 y hasta la fecha de presentación del dictamen a la
EAAB, con un valor de $31.450’.715.468, cifra en la que deberán cuantificarse
los intereses comerciales o cuando menos tasarse los intereses civiles o
indexación.
Por perjuicio inmaterial: en la modalidad de daño moral: debido al dolor y
congoja padecido por el actor en razón de la incertidumbre que le provoca
conocer la legitimidad de sus derechos a la propiedad y el desconocimiento
irregular provocado a causa de los hechos y omisiones de los entes
demandados, los cuales se estiman no inferior a 500 SMMLV o monto superior.
(…) Que se ordene pagar a la demandada las costas que se pudieran generar
en el curso u ocasión de la presente demanda.
Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, que el 7 de
octubre de 1954, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá decretó a favor del
señor Isidro Silva Varón la prescripción extraordinaria de dominio sobre el predio La
Providencia, que consta de un área de “215 fanegadas - 479.68 m2”, ubicado en la
localidad de Engativá. Por tal razón, el 20 de diciembre de esa anualidad, la Oficina
de Instrumentos Públicos de Bogotá inscribió el fallo referido en el folio de matrícula
inmobiliaria 50C-394152.
Mediante Acuerdo del 10 de noviembre de 1999, el Concejo Distrital de Bogotá
definió las zonas de manejo y preservación ambiental del humedal Jaboque, por lo
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Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
que ordenó a la administración distrital la adquisición de los predios que se vieran
afectados por dicha demarcación. Este acuerdo no fue registrado en la matrícula
inmobiliaria de cada uno “de los predios cobijados y que se ordenó adquirir”.
En Resolución 145 del 17 de febrero de 1999, la EAAB “desarrolló el acuerdo y se
abstuvo de adelantar los trámites para la transferencia del dominio del inmueble”.
El 21 de febrero de 2001, el señor Jorge Enrique Cortés Rojas adquirió el predio La
Providencia, por medio de contrato de compraventa que celebró con el señor Álvaro
Rojas Barbosa, de conformidad con la escritura pública 1082, suscrita ante la
Notaría 29 del Círculo de Bogotá.
En el marco de un proceso de acción popular promovido por terceros para lograr la
protección del humedal Jaboque, el Consejo de Estado dictó sentencia de segunda
instancia el 20 de septiembre de 2001, decisión en la que ordenó la adquisición de
los predios ubicados en la ronda definida por la Resolución 145 de 1999, entre los
cuales se hallaba el inmueble de propiedad del actor.
El 18 de noviembre de 2002, la Superintendencia de Notariado y Registro culminó
la actuación administrativa tendiente a establecer la situación real del folio de
matrícula inmobiliaria 50C-394152 y, dos días después, expidió la Resolución
000618, en la que determinó abrir el folio de matrícula 50C-1561366, documento en
el que figura el señor Cortés Rojas como último propietario de La Providencia.
En el citado folio de matrícula figuran varias anotaciones, esto es, 7, 8 y 9, que, en
su orden, describen la inscripción (i) de la sentencia de pertenencia a favor del señor
Isidro Silva Varón, “todo a causa de la existencia de dos folios con el mismo número,
pero existentes en distintas oficinas una en el norte y otra en el centro”; (ii) de la
escritura pública de compraventa entre el señor Isidro Silva Varón y Álvaro Rojas
Barbosa, en la que también aparece la anotación de este último sobre los linderos,
y (iii) de la escritura pública de compraventa entre el señor Álvaro Rojas Barbosa y
Jorge Enrique Cortés Rojas.
A pesar de la orden judicial, el Distrito Capital de Bogotá no adquirió el inmueble La
Providencia, porque se traslapaba parcialmente con la hacienda La Florida, de
propiedad del ente territorial. Esto, a juicio del actor, no es cierto, dado que se trata
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Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
de predios diferentes, máxime que el suyo no ha sido objeto de expropiación. Así
expuso:
(…) La hacienda La Florida fue adquirida por el distrito en proceso de
expropiación adelantado ante el juez 4 civil del circuito de Bogotá que finalizó
con sentencia del 4 de marzo de 1963 en el cual se adjudicó al distrito un globo
de terreno de cabida aproximada de 435.85 fdas (2.798.440 m2), que hacen
parte de la hacienda la Florida, integrada por los predios Coral, Manga, Tortigua,
Jazmín, Versalles, Carrusel, Juncal, Naveta, Santiago, San Felipe, La Estrella,
San Antonio, y parte de San Isidro, valga la pena señalar que en dicha relación
no se menciona que también está integrado por el predio La Providencia.
(…) Con los documentos posteriores de la Superintendencia queda demostrado
que el predio La Florida y La Providencia son distintos y que este último no
estuvo cobijado por el fallo de expropiación. (…) Pudo establecerse por la
máxima autoridad notarial la irregular concepción de los entes distritales al tener
por ilegítimo el derecho de propiedad del señor Cortés sobre el predio
identificado con folio de matrícula 50C-1561366, el cual como lo aclara la
superintendencia corresponde a un predio identificado con otro folio de
matrícula, cobijado por linderos distintos y además tramitado con una tradición
anterior al del predio La Florida de propiedad del Distrito (…).
El señor Jorge Enrique Cortés Rojas afirmó que, debido a la situación que se puso
de presente, no ha podido explotar el predio La Providencia, pues hace parte de
una zona de protección ambiental del humedal Jaboque y las autoridades
demandadas han desconocido la obligación de adquirirlo, a pesar de que fue
comprador de buena fe, evento que le ha generado una serie de perjuicios de índole
material y extrapatrimonial. Al respecto, sostuvo:
(…) El actor se ha visto abocado a sufrir la angustia propia de atender por más
de 10 años una situación tan irregular como esta, pues ostentando la calidad de
propietario del predio La Providencia, el ejercer actos de señor y dueño le ha
sido impedido a causa de las vías de hecho, omisiones e irregularidades de los
entes demandados. Así mismo, con el pasar de los años, ha tenido que
defenderse de innumerables procesos y actuaciones penales y administrativas
adelantadas para arrebatarle los derechos que adquirió de buena fe. Sumado
al hecho que han provocado en su patrimonio una merma económica, pues
siendo su único bien no ha podido desplegar la actividad económica deseada,
y por el contrario tales condiciones han reflejado el deterioro de su salud, su
incredulidad frente a los supuestos de la administración y hasta su agotamiento
por afrontar una condición de esta índole como si fuera un delincuente.
2. Trámite procesal en primera instancia
2.1. Admisión de la demanda
2.1.1. En auto del 12 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda y su “aclaración”1 y ordenó que se notificara a
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Se limitó a señalar que “el único demandante era el señor Jorge Enrique Cortés Rojas” y a ampliar
los fundamentos de derecho.
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Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
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Referencia: Acción de reparación directa
las demandadas y al Ministerio Público (fls. 57 – 58 del c.6). Posteriormente, se
corrigió tal proveído, dado que no se tuvo en cuenta que la demanda también estaba
dirigida contra el Concejo Distrital de Bogotá (fl. 66 del c.6).
La EAAB interpuso recurso de reposición contra la decisión que admitió la demanda
(fls. 68 – 72 del c.6), toda vez que, a su parecer, existía caducidad de la acción de
reparación directa y pleito pendiente; no obstante, el 10 de octubre de 2012, el a
quo se abstuvo de reponer la providencia (fls. 92 – 95 del c.6).
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1. El Concejo Distrital de Bogotá mencionó que su actuar se limitó a establecer
las zonas de protección ambiental y los mecanismos que debían ser utilizados para
ese propósito por parte de las diferentes autoridades distritales, de ahí que no era
responsable de impedir el desarrollo, gestión y disfrute legítimo del predio del actor.
Aseguró que el derecho a la propiedad en cuestión se encontraba en debate ante
la justicia ordinaria civil, en la cual se estaba analizando la validez de los negocios
jurídicos relativos a La Providencia; por ende, en caso de que se obtuviera
pronunciamiento favorable a los intereses del Distrito Capital de Bogotá, aquel
“quedaría sin ninguna clase de legitimación por activa”.
Por último, propuso como excepciones (fls. 111 – 132 del c.6):
(i) Pleito pendiente: el DADEP formuló demanda de nulidad de la escritura
pública 12908 del 30 de diciembre de 1996, a través de la cual se ubicó
el predio La Providencia sobre el humedal Jaboque, así como contra la
escritura pública 1082 del 21 de febrero de 2001, en la que el señor Álvaro
Rojas Barbosa vendió parte del humedal al señor Jorge Enrique Cortés
Rojas, proceso que no había fenecido.
(ii) Caducidad de la acción: el parámetro para verificar la oportunidad de la
acción era el Acuerdo 3510 del 10 noviembre de 1999, por medio del cual
se definieron las zonas de preservación ambiental como el humedal
Jaboque y se dio la orden de comprar los inmuebles afectados por la
demarcación establecida; sin embargo, la demanda se radicó en 2012.
(iii) Inexistencia de responsabilidad: se actuó bajo un marco de legalidad,
pretendiendo la protección del humedal, bien de uso público.
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Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
(iv) Falta de legitimación en la causa por activa: el último propietario del predio
La Providencia que aparece en folio de matrícula inmobiliaria 50C-394152
y contra quien se impusieron varios embargos es el señor Álvaro Rojas
Barbosa.
(v) Calidad de predio público del humedal Jaboque: los bienes de uso público
son inalienables, imprescriptibles e inembargables y, por consiguiente, no
podía pretender un particular convertirlos en propiedad privada.
(vi) Inepta demanda por no cumplir los requisitos formales: no hubo un
razonamiento de la estimación de los perjuicios.
(vii) Inepta demanda por la no escogencia de la vía judicial adecuada: la
pretensión subsidiaria evidenciaba la falta de certeza del accionante “de
si el predio hace parte o no del humedal”, lo que permitía aducir que debía
ventilarse ante el juez civil.
2.2.3. El DADEP aseguró que el predio La Florida, que hacía las veces del humedal
Jaboque, era de propiedad del Distrito Capital de Bogotá, habida cuenta de que así
se adjudicó por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá el 4 de marzo de
1963, en el marco del proceso de expropiación de este contra la sucesión de la
señora Mercedes Pérez de Sierra y se registró en el folio de matrícula inmobiliaria
50C-1473539.
Explicó que el predio La Providencia no tenía en realidad un espacio físico para la
inscripción catastral y, pese a que el actor sugería su existencia desde 1954, con
ocasión del fallo de pertenencia, no podía desconocerse que los linderos allí
enunciados sólo daban cuenta de una porción de terreno que podía ser ubicada en
cualquier lugar que tuviera como puntos comunes el Río Bogotá y la localidad de
Engativá, conforme a los únicos linderos verificables.
Añadió que no podía ignorarse que el predio La Providencia materializó sus linderos
sólo hasta el otorgamiento de la escritura pública 12908 del 30 de diciembre de
1996, la cual fue objeto de aclaración y ubicación de linderos por el entonces
propietario de ese predio, oportunidad en la que se ubicó cartográficamente sobre
parte de la hacienda La Florida de propiedad del Distrito, obviando la certificación
de catastro. Sobre el particular, precisó:
(…) Carece de validez y escapa de toda lógica que el actor mencione que La
Providencia debió citarse como otro predio más dentro del proceso de
expropiación adelantado por el Distrito Capital a la sucesión de la señora
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Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
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Mercedes Sierra de Pérez, si, como ya se demostró, el predio denominado La
Providencia, no vino a tener identificación física sino hasta el año 1996.
(…) El predio La Providencia no es posible ubicarlo por los linderos definidos en
la sentencia de pertenencia aludida por el señor Cortés Rojas, los cuales
difieren de los identificados con el levantamiento del topógrafo adelantado en
1996, levantamiento en además de cambiar el objeto del bien inmueble
constitutivo del proceso de pertenencia, se adelantó sin consideración a la
norma vigente para esa actuación.
Recalcó que, en todo caso, la inclusión en catastro del predio La Providencia no
tenía la capacidad de producir los efectos jurídicos pretendidos por el demandante,
porque este no sanea los vicios de los que adolece la titulación del dominio, de
conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Resolución 070 de 2011, proferida
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Aseveró que la autoridad competente para certificar la ubicación física de un predio
en Bogotá era la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, mas no la
Oficina de Instrumentos Públicos.
Finalmente, formuló como excepciones (fls. 134 – 166 del c.6):
(i) Caducidad de la acción: la demanda es extemporánea aun contando los
dos años a partir de cualquiera de las siguientes hipótesis: (i) el 20 de
septiembre de 2001, cuando quedó en firme la sentencia que ordenó la
compra del predio La Providencia; (ii) el 21 de febrero de 2001, cuando
se registró como propietario el señor Cortés Rojas; y (iii) el 26 de
diciembre de 2002, cuando se certificó que la propiedad del predio era de
aquel.
(ii) Insistencia de responsabilidad: no se configuraba una conducta dolosa o
culposa para imputar responsabilidad en su contra.
(iii) Falta de legitimación en la causa por activa: en atención a las anotaciones
10 y 15 del folio de matrícula inmobiliaria 50C-1561366, que reseñan unos
embargos únicamente contra el señor Álvaro Rojas Barbosa.
(iv) Inepta demanda: en la conciliación extrajudicial se estimó una suma
inferior por perjuicios a la aquí reclamada.
(v) Calidad del predio público del humedal: por ser un bien de uso público no
era enajenable.
(vi) Pleito pendiente: existen dos procesos que impactan la decisión que aquí
se adopte.
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Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
2.2.4. La EAAB pidió la suspensión del proceso hasta tanto no se resolviera de fondo
el proceso ordinario civil 2010-00246, en el que se “encuentra en tela de juicio la
titularidad del derecho de dominio del predio La Providencia y en caso de accederse
el actor no tendría legitimación en la causa por activa para reclamar los presuntos
perjuicios que se le generaron”.
A su modo de ver, las pretensiones no tienen vocación de prosperidad, porque (i) el
predio fue adjudicado a favor del Distrito Capital de Bogotá desde 1963; (ii) en la
acción popular no se ordenó al Distrito ni a la EAAB adquirir el bien inmueble; (iii)
existe “una sentencia favorable para la EAAB en un proceso posesorio sobre dicho
predio, instaurado por el convocante, fallo que hizo tránsito a cosa juzgada”; (iv)
según el Decreto 139 de 2010, le corresponde a la DADEP impartir una defensa en
lo relativo al predio La Providencia; y (v) la Corte Suprema de Justicia en un caso
semejante precisó que frente a tales bienes no opera la declaración de pertenencia.
Manifestó que la demanda carecía de imputaciones concretas que permitieran
verificar su grado de participación en la causación de los daños reclamados; que
existían muchas contradicciones “para hacerle creer al juez que se ordenó la
compra del predio y que el Distrito se apoderó de él, a sabiendas que antes de la
compraventa que hizo era un bien de uso público”.
Reiteró de forma idéntica las excepciones del DADEP, con la diferencia de que
añadió la denominada “existencia de otro medio legal”, tomando en consideración
que, de la pretensión subsidiaria, se extraía sin mayor esfuerzo que el demandante
no conocía si el predio era o no parte del humedal Jaboque, de ahí que este tipo de
asuntos debía dilucidarlos la jurisdicción ordinaria, en la especialidad civil (fls. 1 –
28 del c.5).
2.2.5. La Superintendencia de Notariado y Registro manifestó que había lugar a
declarar probadas las excepciones de (i) impedimento procesal de la Ley 640 de
2001, comoquiera que se plantearon pretensiones que “no fueron objeto de la
audiencia”; (ii) “ilegitimidad en la causa”, pues la entidad no expidió los actos
administrativos que fundan los daños alegados, sino que más bien “dio claridad
sobre ciertas peticiones del actor”; y (iii) caducidad de la acción, bajo el entendido
de que la acción fue extemporánea, teniendo en cuenta que los dos años
empezaron a correr desde los registros en la Oficina de Instrumentos Públicos y
todos superan con amplitud ese plazo (fls. 1 – 19 del c.6 de pruebas).
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Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
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2.3. Alegatos de conclusión
En auto del 14 de febrero de 2013, el a quo abrió el proceso a pruebas (fls. 207 –
214 del c.6) y se aceptó la cesión de derechos litigiosos celebrada entre el actor y
la señora Kelly Andrea Eslava Montes (fls. 215 – 216 del c.2). El 7 de octubre de
2013 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran
alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fl. 16 del c.11), oportunidad en
la que la parte actora insistió en lo dicho en la demanda (fls. 136 – 155 del c.11),
mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro (fls. 51 – 73 del c.11), el
Concejo Distrital de Bogotá (fls. 74 – 89 del c.11) y la EAAB (fls. 103 – 135 del c.11)
ratificaron lo dicho en sus intervenciones.
3. Sentencia de primera instancia2
A través de fallo del 3 de abril de 2014, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente las súplicas de la
demanda, en los siguientes términos (fls. 274 – 332 del c.ppal):
PRIMERO. No dar trámite a la objeción por error grave presentada por la EAAB
(…), el DADEP (…) y el Concejo Distrital de Bogotá contra el dictamen pericial
rendido por el auxiliar de la justicia (…).
SEGUNDO. Declarar no probadas las excepciones propuestas por las
entidades demandadas (…).
TERCERO. Declarar la caducidad de la acción frente a las pretensiones de
reconocimiento de lucro cesante principal y subsidiaria (…).
CUARTO. Declarar administrativamente responsable a la EAAB (…) por el daño
causado al actor, predicado de la omisión de acatamiento a lo decidido y
ordenando por el Consejo de Estado en sentencia del 20 de septiembre de
2001, que se circunscribió a la compra del predio La Providencia por
encontrarse en la ronda de protección del humedal Jaboque (…).
QUINTO. Condenar a la EAAB (…) por concepto de perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente al pago de la suma de $64.215’.801.333, que
será pagada a las siguientes personas en los porcentajes que se discriminan a
continuación:
• Para la señora Kelly Andrea Eslava Montes, en virtud de la cesión del 20%
de los derechos litigiosos que se reconozcan como resultado de la presente
controversia, bien sea por acuerdo conciliatorio o modificación en segunda
instancia, pero que en todo caso conforme a la condena impuesta la EAAB
deberá pagarle la suma de $12.843’160.266 (…).
2 Antes de dictarse la citada decisión, el Ministerio Público pidió la suspensión por prejudicialidad del
proceso, petición que fue negada por el tribunal, por tal razón, el Ministerio Público, el Concejo
Distrital de Bogotá, el DADEP y la EAAB presentaron recursos de apelación, los cuales se
concedieron en el efecto devolutivo, aspecto sobre el cual se ahondará más adelante.
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Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
• Para el señor Jorge Enrique Cortés Rojas la suma corresponde a
$51.372’641.066.
SEXTO. La presente sentencia constituye título traslaticio de dominio de la finca
La Providencia, identificada con folio de matrícula inmobiliaria 50C-1561366 a
favor de la EAAB y, en consecuencia, previo pago de las sumas de dinero
detalladas en el numeral anterior, deberá ser registrada en la correspondiente
oficina de instrumentos públicos a efectos de configurar la tradición del predio.
SÉPTIMO. Negar las demás pretensiones de la demanda.
(…) DÉCIMO. Sin condena en costas.
Después de descartar una a una las excepciones propuestas por las entidades
estatales demandadas, así como realizar un recuento sobre los aspectos generales
de la propiedad privada y pública y el valor de los actos registrales, coligió que el
propietario del predio La Providencia era el señor Jorge Enrique Cortés Rojas,
según las anotaciones hechas en el folio de matrícula 50C-1561366 por la Oficina
de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Centro, lo que fue corroborado por la
autoridad registral en el 2012, ente que también informó que el inmueble era de
naturaleza privada y no había sido objeto de expropiación. Así se razonó:
(…) Son las pruebas emanadas de la autoridad pública autorizada por la ley
para llevar el registro de los negocios jurídicos sobre los inmuebles que deben
cumplir solemnidad (…) el certificado de libertad y tradición como se vio en el
acápite de legitimación es la prueba conducente para mostrar la titularidad del
derecho de dominio sobre el bien inmueble (…) y en este caso puntual da
certeza de que la finca La Providencia es de propiedad del actor, decisiones
que están incólumes y no han sido objeto de reproche jurisdiccional.
(…) Como si no fuera suficiente lo anterior, en diligencia de inspección judicial
se constató el ánimo de señor y dueño que el señor Cortés Rojas ejerce sobre
el predio, aspecto que de modo alguno fue discutido (…), lo que indica que
además de ser propietario ejerce posesión y el Distrito reconoce la calidad de
propietario, en tanto impuso un embargo sobre el bien en el que aparece el actor
como propietario (…).
Aclaró que de la sentencia de pertenencia del 7 de octubre de 1954 se podía inferir
que el predio La Providencia sí tenía asignado un espacio físico, aspecto que
pretendían desconocer las demandadas, máxime cuando los linderos eran los
mismos que reposaban en el certificado de libertad y tradición del inmueble que fue
expedido el 14 de septiembre de 2013, es decir, “que estos en su tiempo no ha
variado, aun cuando se haya hecho su aclaración en 1996”, aunado a que la EAAB
en un estudio de títulos convalidó la existencia del predio “al margen de las dudas
de su ubicación”. Esto se sostuvo:
(…) Existe prueba de que el predio La Providencia sí tiene un espacio físico,
ubicable geográficamente y cartográficamente y que su ubicación data de 1954,
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Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
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es decir, que estos linderos y la extensión del terreno no surgieron en fechas
posteriores, lo que de tajo descarta cualquier argumento atinente a que los
linderos fueron modificados para apoderarse de un predio de propiedad de una
persona diferente.
Enfatizó en que el inmueble “no hace parte de la hacienda La Florida por dos
aspectos, el que no se hubiese pretendido incluir a La Providencia en el plano
topográfico de la hacienda La Florida si esta estuviera realmente sobrepuesta, pues
ello redundaría en la inclusión de lo ya incluido y dos, aunque ello hubiere sido así,
es decir, que La Providencia si hiciera parte de la Florida, su inclusión fue negada.
Por tanto, el predio La Providencia no es parte de la extensión de La Florida, pero
sí se encuentra dentro de su área de protección por ser a la vez humedal Jaboque”.
En otros términos, para el a quo el predio La Providencia no solo tenía un espacio
físico, sino que hacía parte del humedal Jaboque o de su ronda de protección, sin
que hubiera sido objeto de expropiación o enajenación a favor del Distrito Capital
de Bogotá.
Ahora bien, resaltó que la orden de adquirir los predios que hacían parte de la ronda
de protección del humedal Jaboque que se impartió en el fallo de acción popular del
7 de agosto de 2001 –dentro del cual se encontraba La Providencia, por ser parte
del terreno delimitado como humedal y en razón a su declaratoria de utilidad
pública– recayó en la EAAB y el Distrito Capital de Bogotá, obligación que nunca se
materializó, pero como la primera entidad, en Resolución 145 de 1998, se obligó a
adquirir dichos predios, sin la concurrencia de otras entidades, era la llamada a
responder por los daños alegados.
Con base en lo anterior, y apoyado en el avalúo que se aportó junto con la demanda,
así como el practicado en el proceso, condenó a la EAAB a pagar el daño
emergente, en los términos de la sentencia antes transcrita.
4. Recursos de apelación
4.1. La parte actora solicitó el aumento del perjuicio reconocido, pues, en su sentir,
era una suma irrisoria “que no garantiza el restablecimiento del derecho” (fls. 377 –
389 del c.ppal).
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4.2. El DADEP expresó que el tribunal echó de menos que el Consejo de Estado
“nunca ordenó adquirir el predio La Providencia con nombre propio, tan solo dijo los
necesarios para la protección y conservación del humedal Jaboque, pero como el
Distrito era propietario con título y modo del terreno no era necesario efectuarlo”,
tanto así que el incidente de desacato que el actor promovió por el supuesto
incumplimiento de esa orden fue negado.
Comentó que el magistrado desbordó su competencia al dirimir un conflicto sobre
la titularidad del bien inmueble en cuestión, pues reconoció como legítimo dueño al
señor Cortés Rojas y calificó de privado el predio, dejando de lado las pruebas que
reflejaban que era de propiedad del Distrito Capital de Bogotá e ignorando que “no
está documentada la existencia de La Providencia, sino del predio La Florida a
nombre del Distrito desde 1956. El primero solo vino a tener materialización física
en 1996 cuando sin contar con el procedimiento legal fue ubicado por particulares
sobre parte de La Florida – área correspondiente al humedal Jaboque, lo que
conduce a una falta de legitimación”.
Discutió la “subjetiva valoración” de los elementos de juicio tanto para declarar la
responsabilidad en este caso como para la liquidación de la condena. Asimismo,
que llamaba mucho la atención que la Sala hubiera tomado una decisión definitiva,
sin considerar las consecuencias jurídicas de la determinación del Consejo de
Estado frente al auto que negó la solicitud por prejudicialidad (fls. 335 – 365 del
c.ppal).
4.3. La EAAB arguyó que el sólo hecho de ocupar, adquirir por usucapión, de tener
ánimo de señor y dueño y de celebrar negocios jurídicos posteriores fue suficiente
para que el a quo perpetuara la protección del derecho de dominio, pese a que era
evidente que “las tierras afectadas fueron declaradas de uso público con antelación
y que no se daban los supuestos de confianza legítima”.
Desde su perspectiva, el tribunal (i) desatendió la función social de la propiedad
privada y el énfasis en la protección de los humedales; (ii) erró por no suspender el
proceso ante una posible nulidad de la validez de las escrituras que resultaron de la
compraventa que realizó el actor sobre La Providencia; (iii) no precisó la naturaleza
pública o privada del bien; (iv) salvaguardó una confianza legítima cuando el señor
Cortés Rojas no actuó de buena fe; (v) valoró parcialmente la sentencia que culminó
la acción popular; (vi) realizó un juicio de expropiación y no uno de responsabilidad
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del Estado; y (vii) sustentó la liquidación del perjuicio reconocido, a sabiendas de
que el inmueble no poseía un valor de explotación económica, por ser un humedal
y, en gracia de discusión, el avalúo contenía múltiples falencias (fls. 1 – 41 del c.14).
4.4. El Ministerio Público reiteró los argumentos expuestos en el proceso e insistió
en que no se tenía certeza del derecho de propiedad del actor sobre el predio La
Providencia, evento que desencadenaría en una falta de legitimación en la causa
por activa (fls. 390 – 401 del c.ppal). Por su parte, el Concejo de Bogotá radicó
recurso de apelación (fls. 366 – 376 del c.ppal); sin embargo, no fue concedido3 (fls.
428 – 429 del c.ppal).
5. Solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad y su decisión4
5.1. El Ministerio Público pidió la suspensión del proceso hasta que se dictara
sentencia en el proceso civil ordinario 2010-00246-00, que cursaba en el Juzgado
35 Civil del Circuito de Bogotá, promovido por el DADEP contra el señor Jorge
Enrique Cortés Rojas, en el que se pretendía la nulidad absoluta de las escrituras
públicas 1082 del 21 de febrero de 2001 y 12908 del 30 de diciembre de 1996, por
medio de las cuales el señor Cortés Rojas le compró al señor Rojas Barbosa el
predio La Providencia y se efectuó la aclaración de los linderos de dicho inmueble.
Adujo que, ante la prosperidad de esas pretensiones, el señor Cortés Rojas perdería
legitimación para comparecer como demandante al presente proceso, toda vez que
ejerció la acción de reparación directa en calidad de propietario del referido predio.
Además, sería imposible establecer si el predio La Providencia se encontraba o no
en el humedal Jaboque, porque al declararse nula la escritura pública 12908
quedarían vigentes los linderos fijados en sentencia del 7 de octubre de 1954,
dictada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, a través de la cual se
alinderó dicho inmueble con el Río Bogotá y con otros predios identificados como
de “propiedad privada”, lo cual imposibilitaba su ubicación (fls. 90 – 93 del c.11).
5.2. Mediante proveído del 21 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, por
considerar que la eventual declaratoria de nulidad de la escritura pública de
3 Se presentó fuera del término legal.
4 El a quo dictó sentencia de primera instancia previo a que se resolvieran los recursos interpuestos
contra el auto que negó la suspensión del proceso por prejudicialidad.
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aclaración de linderos del predio La Providencia no implicaba “una variación en la
naturaleza jurídica de predio, esto es, que continuaría tratándose de un bien
particular, cuya tradición data de 1954 y en la que en el peor de los escenarios
tendría que retrotraer las anotaciones anteriores a aquellas demandadas, pero que
no desdibujan su condición de propiedad privada”.
Agregó que la nulidad de la escritura pública de compraventa y la consecuente falta
de legitimación en la causa por activa del señor Cortés Rojas constituían hechos
sobrevinientes que deberían analizarse en la sentencia que pusiera fin al proceso
de reparación directa y que, en todo caso, no impedían resolver la controversia aquí
planteada. De hecho, el material probatorio obrante en el expediente permitía
establecer si el predio La Providencia se sobreponía al humedal Jaboque, por lo
que no era necesario esperar una decisión definitiva de otro proceso (fls. 210 – 216
del c.11).
5.3. Por su parte, el Concejo Distrital de Bogotá, el Ministerio Público, el DADEP y
la EAAB presentaron recurso de apelación contra la anterior determinación. En
esencia, todas las autoridades coincidieron en que lo que se definiera en el proceso
civil ordinario sí tenía incidencia en el asunto analizado, dado que las pretensiones
de reparación directa se basaban en la calidad de propietario que el señor Cortés
Rojas dijo tener sobre el predio La Providencia, condición de la que derivaba sus
perjuicios y que, de llegar a desvirtuarse, supondría la configuración de la falta de
legitimación en la causa por activa.
Sostuvieron que, de prosperar la nulidad de la escritura pública de aclaración de
linderos, no existiría certeza de la ubicación del predio La Providencia en el terreno,
al paso que se desmontaría la “maniobra” realizada para modificar los linderos
originales del predio y apropiarse de esa forma de un bien público. Afirmaron,
además, que el a quo no tuvo en cuenta que se había negado el incidente de
desacato presentado por el actor para obtener el cumplimiento de la sentencia
proferida en el proceso de acción popular, que supuestamente ordenó al Distrito
Capital de Bogotá adquirir el predio La Providencia (fls. 218 – 238 del c.11).
5.4. El 26 de febrero de 2015, esta Corporación rechazó por improcedentes todos
los recursos formulados contra el auto del 21 de noviembre de 2013, por medio del
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de suspensión del
proceso por prejudicialidad (fls. 282 – 288 del c.3), decisión que fue suplicada y, en
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auto del 7 de diciembre de 2016, esta Subsección la revocó y dispuso la admisión
de los recursos (fls. 411 – 414 del c.3).
5.5. El Concejo Distrital de Bogotá insistió en la suspensión aludida (fls. 438 – 442
del c.ppal), petición que fue negada el 29 de agosto de 2017, entre otras razones,
porque el proceso no se encontraba en etapa de fallo, sumado a que estaba
pendiente de que se resolviera la alzada contra el auto que negó la suspensión del
proceso en primera instancia (fls. 606 – 613 del c.1).
5.6. En auto del 9 de febrero de 2018 se revocó el auto del 21 de noviembre de
2013, que negó la solicitud de suspensión del proceso por prejudicialidad, por
considerar que una eventual declaratoria de nulidad de la escritura pública de
compraventa 1082 del 21 de febrero de 2001 traería aparejada la pérdida de la
titularidad del señor Jorge Enrique Cortés Rojas sobre el predio La Providencia y
ello, a su vez, afectaría la legitimación en la causa por activa en el proceso de
reparación directa.
Por lo expuesto, suspendió el presente proceso hasta tanto quedara ejecutoriado el
fallo que le pusiera fin al proceso civil ordinario 2010-00246-00 (fls. 616 – 621 del
c.3), decisión que fue recurrida por el actor, pero el 9 de junio de 2018 se rechazó
por improcedente el recurso interpuesto (fls. 647 – 648 del c.3).
6. Trámite en segunda instancia
6.1. Esta Corporación admitió los recursos de apelación presentados contra la
sentencia de primera instancia por la parte actora, por el DADEP y por la EAAB (fl.
435 – 437 del c. ppal). Posteriormente, corrió traslado para alegar de conclusión (fls.
606 – 613 del c.1).
6.2. La parte actora ratificó los fundamentos de hecho y derecho del escrito inicial
(fls. 657 – 664 del c.ppal).
6.3. El Concejo Distrital de Bogotá concluyó que en la acción civil el DADEP pidió la
anulación de varios actos jurídicos sobre el predio La Providencia, puesto que
cuando los particulares suscribieron la compraventa conocían plenamente que el
inmueble estaba ubicado en el humedal Jaboque al estar sobrepuesto en la
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hacienda La Florida, de propiedad del Distrito, lo que hacía que la sentencia de
primera instancia estuviera viciada de nulidad (fls. 616 – 639 del c.ppal).
6.4. La EAAB expresó su descontento con la forma en la que se computó la
caducidad de la acción, la valoración probatoria para reconocer el derecho de
propiedad del señor Cortés Rojas sobre una franja de terreno que fue declarada de
utilidad pública y la indemnización de perjuicios (fls. 641 – 647 del c.ppal).
6.5. El DAEP insistió en lo expuesto en el escrito de apelación (fls. 671 – 681 del
c.ppal), y los demás sujetos procesales guardaron silencio.
6.6. La Fiscalía General de la Nación aportó copias del proceso penal adelantado
por los delitos contra la fe pública y el patrimonio público, entre las que se destaca
el análisis grafológico de las firmas impresas por el actor, el notario y los sellos de
los documentos registrales, y se concluyó que no eran uniprocedentes y que varias
de ellas no correspondían al mismo patrón5 (fls. 770 – 800 del c. ppal).
6.7. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia remitió copia del fallo
del 23 de junio de 2022, por medio del cual dejó en firme la sentencia de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual se revocó la providencia del
26 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá
y, en su lugar, declaró nulas las escrituras públicas que acreditaban la propiedad
del actor sobre el predio La Providencia6 (fls. 1081 – 1131 del c.4).
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA7, por tratarse de un proceso
de doble instancia debido a la cuantía, según lo señalado en el artículo 198 de la
5 Todavía no se tiene constancia de que el proceso penal hubiera culminado, pero los documentos
fueron allegados, dado que en autos previos se había solicitado el estado del proceso penal
respectivo.
6 En auto del 16 de septiembre de 2022 se incorporaron los documentos allegados después de la
etapa de alegaciones y se corrió traslado de los mismos.
7 De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la competencia se determina
por la norma vigente al momento de la presentación de la demanda.
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Ley 1450 del 16 de junio de 20118, dado que la pretensión mayor excede los 500
salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda9.
2. Legitimación en la causa por activa: propiedad sobre el predio La
Providencia
En la sentencia impugnada, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, luego de negar todas las excepciones propuestas
por las entidades que integran el extremo pasivo de la litis, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en resumen, porque, a partir de las escrituras
públicas, de los actos registrales y de la inspección judicial practicada en el sub lite,
se extraía que el señor Jorge Enrique Cortés Rojas era el propietario de La
Providencia, predio de naturaleza privada que no había sido objeto de expropiación,
tenía un espacio físico y frente al cual no se modificaron sus linderos con el tiempo,
de ahí que hacía parte del área de protección del humedal Jaboque.
Aclarado lo anterior, el a quo indicó que la obligación de adquirir el citado inmueble
recaía en la EAAB, tal como se desprendía de la lectura del fallo de acción popular,
expedido por el Consejo de Estado; no obstante, como nunca se concretó, era la
llamada a indemnizar los daños alegados.
En los recursos de apelación, de manera preliminar, las entidades manifestaron que
el actor carecía de legitimación en la causa por activa, por tal razón, le corresponde
a la Sala establecer si aquel cumplió o no con tal presupuesto procesal de la acción,
para efectos de reclamar los perjuicios derivados supuestamente de la imposibilidad
de ejercer el derecho de dominio sobre el predio La Providencia, así como de la
renuencia de la administración central de adquirir dicho inmueble.
De entrada, es menester señalar que el decreto probatorio mencionado en literal
6.7. de los antecedentes de esta providencia obedece el mandato consignado en el
último inciso del artículo 305 del CPC10, el cual le ordena al juez tener en cuenta
8 El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 puso en vigencia anticipada las reglas previstas en el artículo
157 de la Ley 1437 de 2011.
9 Para la fecha de la presentación de la demanda -29 de junio de 2012-, 500 SMLMV equivalían a
$283’350.000 y, en este caso, la parte actora solicitó, por concepto de lucro cesante
$93.329’822.263, suma que supera el monto exigido para el efecto.
10 “Artículo 305. Congruencias. (…) En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo
o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte
interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre
el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio”.
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Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
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cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse
el litigio ocurrido después de haberse presentado la demanda.
El mencionado documento fue aportado por la parte demandada y, a su vez,
remitido por la Corte Suprema de Justicia después de agotado la etapa de alegatos
de conclusión en esta instancia, circunstancia que, en principio, restringiría su
incorporación y valoración al proceso, dado que fue allegado por fuera del plazo de
que trata el artículo 212 del CCA; no obstante, comoquiera que la providencia
aportada aún no se había proferido cuando se admitió el recurso de alzada y en
atención a las especiales circunstancias del caso, así como el mandato que ordena
al juez tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de la situación
debatida en el proceso acaecida con posterioridad a la presentación de la demanda,
se tendrá como prueba la aludida decisión que ya reposa en el expediente y
respecto de la cual se corrió traslado a las partes, quienes no formularon objeción
al respecto.
Ahora bien, la legitimación en la causa se refiere a la posición sustancial que tiene
uno de los sujetos en la situación fáctica (legitimación de hecho) o relación jurídica
(legitimación material) que surge de la controversia o litigio planteado en el proceso
y de la cual, según la ley, se desprenden o no derechos u obligaciones o se les
desconocen los primeros o se les exonera de las segundas11. En otras palabras,
tendrá legitimación en la causa aquel sujeto autorizado para intervenir en el proceso
y formular pretensiones o controvertirlas, en atención a su condición de sujeto activo
o pasivo de la relación jurídica sustancial objeto de la decisión del juez, en caso de
que esta exista.
La legitimación de hecho se refiere a la relación procesal que se deriva de la
pretensión formulada por el demandante respecto del demandado, es decir, se trata
de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y
de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y
le endilga la conducta, activa u omisiva, que da lugar a que se incoe la pretensión,
está legitimado de hecho por activa, y a quien se cita y se le atribuye la referida
acción u omisión resulta legitimado de hecho por pasiva, claro está, después de la
notificación del auto admisorio de la demanda.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de
abril de 2008, expediente 13.503, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Reiterada en decisión del 21 de
junio de 2018, expediente 40.353, M.P. María Adriana Marín.
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Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
La legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en
el hecho que origina la presentación de la demanda y/o a la titularidad del derecho
reclamado, independientemente de que dichas personas hayan demandado o sido
demandadas, razón por la cual debe estudiarse en la sentencia.
Para dirimir este punto controversial, la Sala trae a colación la sentencia de
unificación del 13 de mayo de 201412, proferida por la Sala Plena de la Sección
Tercera de esta Corporación, en la cual se consideró que la legitimación en la causa
por activa de quien acude ante esta jurisdicción alegando la calidad de propietario
de un bien inmueble puede acreditarse a través del certificado de tradición, el cual
constituye plena prueba, aunque no se hubiera aportado el título, pues se entiende
que este último debió ser presentado ante el registrador de instrumentos públicos,
quien dio fe de la existencia del mismo antes de efectuar su registro.
En el cambio jurisprudencial efectuado por la Sala Plena de la Sección Tercera, a
partir de la mencionada sentencia, se advirtió que lo expuesto en dicha providencia
en manera alguna suponía que, en adelante, única y exclusivamente debía
aportarse el certificado de tradición, esto es, la constancia de la inscripción del título
en el registro de instrumentos públicos como prueba de la propiedad, puesto que,
si el interesado a bien lo tenía, podía allegar el respectivo título.
En el caso examinado, para acreditar la propiedad del predio La Providencia se
aportó copia de las escrituras públicas 12908 del 30 de diciembre de 1996 y 1082
del 21 de febrero de 2001, otorgadas en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá, por
medio de las cuales (i) el señor Álvaro Rojas Barbosa aclaró los linderos de dicho
inmueble y (ii) se registró el contrato de compraventa que celebró con el señor Jorge
Enrique Cortés Rojas, respectivamente (fls. 9 – 15 del c.9 y 453 – 468 del c.2 ppal),
sumado a los certificados de libertad y tradición de las matrículas inmobiliarias 50C-
1561366 y 50C-1473539, los que, en su orden, corresponden a los predios La
Providencia y La Florida (fls. 4 – 7 del c.2 de pruebas) y el certificado catastral en el
que consta la extensión del predio La Providencia y sus avalúos desde 2004 (fl. 3
del c.2).
Cabe decir que al plenario se allegó copia de la demanda civil promovida por el
DADEP contra el señor Jorge Enrique Cortés Rojas y Álvaro Rojas Barbosa 13,
12 Expediente 23.128, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
13 Sucedido con posterioridad por los señores Diana Inés Gómez Young y Jorge Enrique Espinosa
Reyes.
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Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
mediante la cual se pidió la nulidad absoluta de las escrituras públicas referidas,
junto con sus actos registrales y notariales, por considerar que se omitió el
cumplimiento de los requisitos legales para expedir esos actos jurídicos y, además,
porque su objeto era ilícito. Las pretensiones se plantearon así (fls. 569 – 587 del
c.2):
PRIMERA: Que se declare la nulidad absoluta de la escritura pública 12908 del
30 de diciembre de 1996 de la Notaría 29 del Círculo Notarial de Bogotá por
medio de la cual el señor Álvaro Rojas Barbosa efectuó la aclaración de los
linderos del predio adquirido por él mediante la escritura pública 7007 del 28 de
diciembre de 1979 al haber omitido el cumplimiento de los requisitos o
formalidades que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos
en consideración a la naturaleza de ellos.
SEGUNDA: Que por consiguiente y en consecuencia de la anterior declaración
se ordene la anulación y la nota correspondiente en el protocolo de la Notaría 29
del Círculo de Bogotá, respecto de la Escritura Pública 12908 del 30 de diciembre
de 1996, otorgada en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá.
TERCERA: Que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
zona centro se cancele la anotación 3 del folio de matrícula inmobiliaria número
50c-1561366 donde se registra la aclaración de los linderos del predio
denominado La Providencia y lo ubica sobre el humedal Jaboque.
CUARTA: Sírvase señor juez decretar la nulidad absoluta por objeto ilícito de la
escritura pública 1082 otorgada en la notaría 29 del círculo de Bogotá por medio
de la cual el señor Álvaro Rojas Barbosa, vende el humedal Jaboque al señor
Jorge Enrique Cortés Rojas.
QUINTA: Que por consiguiente y en consecuencia de la anterior declaración se
ordene la anulación y la nota correspondiente en el protocolo de la Notaría 29
del Círculo de Bogotá, respecto de la Escritura Pública 1082 del 21 de febrero
de 2001, otorgada en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá.
SEXTA: Que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, zona
centro se cancele la anotación 7 del folio de matrícula inmobiliaria número 50c –
1561366 donde se registra la compraventa del predio La Providencia, ubicado
sobre el humedal Jaboque.
El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá, el cual, en sentencia del 26 de febrero de 2018, declaró probada la
excepción de “identidad plena y clara del predio La Providencia diferente a cualquier
predio” y desestimó las pretensiones, por tres razones: (i) el predio hacía parte del
humedal Jaboque, pero no estaba englobado a otro ni sobre La Florida, de
propiedad del Distrito Capital de Bogotá; (ii) La Providencia era un bien de
naturaleza privada; y (iv) los linderos aclarados no se superponían con el último
inmueble, aunado a que las escrituras públicas no carecían de las formalidades de
ley (fls. 845 – 846 del c.ppal), decisión que fue apelada por el DADEP.
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Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Mediante sentencia del 7 de marzo de 2019, la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión referida y, en su lugar, (i) declaró
imprósperas las excepciones formuladas y accedió a la nulidad absoluta de las
escrituras públicas impugnadas; (ii) ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos la cancelación de las anotaciones 3 y 7 del folio de matrícula inmobiliaria
50C-1561366 y a la Notaría 29 del Círculo de Bogotá anular las notas al protocolo
de las escrituras públicas; y (iii) compulsó copias a la Fiscalía para que investigara
las irregularidades presentadas con tales documentos.
Como fundamento de su decisión, el tribunal declaró imprósperas las siguientes
excepciones:
(i) “Falta de indicación de los motivos concretos de las nulidades solicitadas”,
porque, a su juicio, la demanda sí señaló de forma expresa las causas de
las nulidades absolutas deprecadas.
(ii) “Identidad plena y clara del predio La Providencia, diferente de cualquier
otro predio”, consideró que el a quo erró al determinar si los predios La
Providencia y La Florida estaban sobrepuestos, dado que las
pretensiones se concretaron en pedir la nulidad absoluta de dos escrituras
públicas por omitir requisitos formales, así como por objeto ilícito.
(iii) “Cosa juzgada material frente a entidades públicas”, dado que no se
acreditó la existencia de una decisión previa entre las mismas partes, con
el mismo objeto y causa.
(iv) “Prescripción extintiva del derecho en el hipotético caso de tener algún
derecho la demandante sobre el predio”, puesto que el término de 10 años
no se aplicaba para la época de los hechos, pues empezó a regir el 27 de
diciembre de 2002 con la Ley 791 de 2002, mientras que la demanda fue
incoada el 10 de mayo de 2010, dado que tal “decenio” fue interrumpido
con la notificación del auto admisorio, el 4 de agosto de 2011, al señor
Cortés Rojas y, aunque el curador ad litem designado al señor Rojas
Barbosa fue notificado el 4 de octubre de 2013, entre estos dos
enteramientos hubo “suspensión” del conteo, “dado que según artículo
2536 del CC, a partir de dicha fecha se inicia nuevamente (…) para el
segundo demandado”.
A continuación, determinó procedente la alzada, por estimar que la escritura pública
12908 del 30 de diciembre de 1996 de la Notaría 29 del Círculo de Bogotá realmente
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Referencia: Acción de reparación directa
contenía una modificación del bien adquirido por el señor Álvaro Rojas Barbosa,
mediante escritura pública 7007 del 28 de diciembre de 1979, toda vez que al
comparar los dos instrumentos, se advertía que se cambió el número de cédula
catastral; se disminuyó el área total del fundo en 363.702,39 m 2; se aumentó la
extensión del lindero norte en 125,38 m2, incluyendo mojones en su descripción; se
amplió el lindero oriente en 182,54 m2, admitiendo al Río Bogotá por tal costado, así
como la mención de mojones y los nombres de dos colindantes; por el extremo sur,
acrecentó la longitud en 66,50 m2, con la designación de colindantes y mojones, y
por el occidente disminuyó en 645,797 m 2 la distancia e insertó mojones
característicos. Ante tal modificación era forzoso cumplir con las formalidades
previstas en los artículos 102 del Decreto 960 de 1970 y 49.2 del Decreto 2148 de
1983, que exige, entre otros requisitos, la suscripción del instrumento aclaratorio por
quienes otorgaron el aclarado, lo cual no se hizo, dado que no intervino en ese acto
el señor Isidro Silva Varón, omisión que imponía la declaratoria de nulidad absoluta
por mandato del artículo 99.2 del Estatuto de Notariado.
Por último, adujo que la escritura pública 1082 del 21 de febrero de 2001, de la
Notaría 29 del Círculo de Bogotá, también era nula por objeto ilícito, por cuanto
contenía una compraventa del predio La Providencia que hacía parte del humedal
Jaboque, el cual fue declarado reserva ambiental del Distrito Capital de Bogotá a
través del Acuerdo 19 del 8 de diciembre de 1994, por ende, para 1996, ya era un
bien inalienable e imprescriptible del Estado y, aunque el Decreto 2811 de 1974
prevé que los únicos bienes de uso público bajo el dominio de particulares son los
obtenidos antes de su vigencia, sólo a partir del otorgamiento de la escritura pública
12908 de 1996, el lote La Providencia coincidió con el humedal Jaboque, de lo cual
concluyó que los convocados no podían ostentar la condición de propietarios que
alegaban (fls. 843 – 864 del c.ppal).
El señor Jorge Enrique Cortés Rojas formuló recurso extraordinario de casación
contra la sentencia de segunda instancia, el cual le fue resuelto de manera
desfavorable el 23 de junio de 2022 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en el sentido de no casar la sentencia enjuiciada y, como
consecuencia, dejó en firme las nulidades impetradas. La decisión fue
fundamentada en las razones que a continuación se sintetizan (fls. 1081 – 1103 del
c.ppal):
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Primer cargo: se enjuiciaron consideraciones del fallo del tribunal superior que no
estaban contenidas en éste, lo cual desembocaba en su desestimación. En gracia
de discusión, se dijo que, de interpretarse que lo alegado era que se omitió concluir
que los convocados conformaban litisconsorcio necesario, la decisión sería idéntica,
en tanto el cargo seguiría adoleciendo de falencias técnicas14.
Segundo cargo: se invocaron normas derogadas; además, los artículos enunciados
no tenían la connotación de sustanciales, en la medida en que únicamente eran
enunciativos y enumerativos, lo que “privaría a la Corte, de un elemento necesario
para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio,
suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista”.
Para la Corte, el recurrente no refutó el planteamiento que le sirvió de base al
tribunal para declarar nula la aclaración de linderos de la escritura pública 12908 del
30 de diciembre de 1996, a cuyo tenor la comparación de ésta con la escritura
pública 7007 del 28 de diciembre de 1979, dejaba al descubierto que se trató de
modificación del bien objeto de la venta que recibió el señor Álvaro Rojas Barbosa
del señor Isidro Silva Varón, no de una aclaración, porque cambió el número de
cédula catastral, disminuyó el área total del fundo, aumentó la extensión de los
linderos norte, oriente y sur, y disminuyó el lindero occidental.
Advirtió que, aunque se alegó una vulneración indirecta por indebida apreciación
probatoria, “la valoración está desprovista de combate en el cargo por lo que, de
afirmarse que el fallador incurrió en los yerros fácticos alegados, la decisión atacada
se mantendría, por cuanto tales supuestas falencias no desvirtuarían el análisis total
del Tribunal, que, según razonó, bastaba para acoger la nulidad de la escritura
pública de aclaración”.
Observó que el cargo igualmente era incompleto, en el sentido de que no se
recriminó la razón fundamental por la cual fue declarada nula la compraventa
consignada en la escritura pública 1082 del 21 de febrero de 2001 de la Notaría 29
14 “Ciertamente, esa crítica debió plantearse por la senda indirecta o causal segunda de casación
(núm. 2, art. 336 C.G.P.), en tanto resultaba indispensable mostrar que el juzgador no advirtió que,
según las escrituras públicas 12908 de 30 de diciembre de 1996 y 1082 de 21 de febrero de 2001
otorgadas en la Notaría 29 de Bogotá, los convocados conformaban litisconsorcio necesario, aun
cuando la primera de ellas sólo fue otorgada por Álvaro Rojas Barbosa. En otros términos, era
necesario que el recurrente descendiera a la plataforma fáctica del litigio estableciendo los yerros en
la valoración probatoria del juzgador ad-quem, que lo llevaron a inadvertir el litisconsorcio necesario
alegado en esta sede extraordinaria. Itérase, porque viene al caso, que el juez puede quebrantar la
ley sustancial de forma indirecta al cometer”.
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del Círculo de Bogotá, esto es, la que versó sobre objeto ilícito, habida cuenta de
que el predio La Providencia hacía parte del humedal Jaboque, declarado como
reserva ambiental del Distrito Capital, por manera que era un bien inalienable e
imprescriptible, pero el reproche sólo tuvo como objetivo develar que el predio La
Providencia era de su propiedad y que no estaba sobrepuesto sobre La Florida, mas
no refirió que fuera ajeno al humedal Jaboque, de ahí que la “conclusión [del tribunal]
se mantiene incólume por falta de censura”15.
Tercero, cuarto y quinto cargos: se citaron normas que no tenían connotación de
sustanciales y, si bien los artículos 1742 y 1743 del CC ostentaban esa condición,
no se precisó cómo fueron conculcados, máxime cuando estos aluden a la
legitimación por activa para deprecar la nulidad absoluta de un negocio jurídico, al
deber del juzgador de declararla de oficio, a la posibilidad de ratificación del acto
por prescripción o por manifestación expresa de las partes, salvo cuando es
generada por objeto o causa ilícita, y prevén igual temática en materia de
15 “Ciertamente, el canon 1519 del estatuto civil se limita a enumerar “los casos en que existe objeto
ilícito, no consagra o extingue derechos materiales, por lo que tampoco puede calificarse como
disposición de derecho sustancial”; el 1521 de la misma obra “relacionó los elementos que debe
reunir toda declaración de voluntad para que produzca efectos”; el 1741 “no reviste el apuntalado
carácter más que en su último inciso, que no es precisamente al que alude el censor”. El artículo 99
Del decreto 960 de 1970, esta Sala tiene sentado que hace “enunciaciones genéricas o listados de
casos, sin crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas. Precisamente, los preceptos
sobre (…) causales de invalidez de las escrituras públicas, (…) se circunscriben a relacionar los
supuestos de aplicación de ciertas instituciones jurídicas, describiendo sus elementos, sin atribuir
derechos subjetivos o regular derechos, obligaciones, cargas o deberes originados en vínculos
materiales”. Y respecto de las normas 102 y 103 del referido Estatuto del Notariado “tampoco tendría,
en principio, tal carácter, pues se limita a indicar el procedimiento de corrección de las escrituras
públicas”, al paso que este es eminentemente instrumental”, máxime si no sirvió de soporte en la
decisión del Tribunal. El artículo 58 de la Carta Política, de un lado, porque las disposiciones
constitucionales, “dado su carácter general, ellas en sí mismas no son susceptibles de ser
consideradas en el terreno casacional (…) como normas sustanciales infringidas por el fallo
censurado”, tales mandatos “no dan base por sí solos, a lo menos en principio, para fundar un ataque
en casación por la causal primera, no porque carezcan de rango sustancial, sino porque son normas
cuyo molde jurídico está generalmente desarrollado por la ley”. Y de otro, en razón a que ese
precepto consagra el derecho «a la propiedad privada y expropiación por motivo de utilidad pública
o interés social, (por ende) carece de alcance sustancial. Los artículos 15 y 23 de la Ley 40 de 1932
es pertinente destacar su derogatoria, a través del artículo 90 del decreto 1250 de 1970.
(…) Las demás normas invocadas sólo ostentan característica enunciativa, el artículo 184 del
Decreto 1301 de 1940 describe una exigencia previa para instrumentar actos que tengan por objeto
bienes inmuebles; el 186 prohíbe a los registradores inscribir títulos carentes de las formalidades
mencionadas en los artículos 185 y 184; el artículo 49.2 del Decreto 2148 de 1983 menciona la forma
de corregir la descripción de linderos de un inmueble hecha en escritura pública. Por su parte, la
regla 63 de la Constitución Política lista, aunque de forma genérica, bienes que deben considerarse
imprescriptibles, inalienables e inembargables; el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, por el cual
fue dictado el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, igualmente relaciona bienes inalienables e imprescriptibles del Estado; y el artículo 5 de
la ley 9 de 1989 define el concepto de espacio público y relaciona varios ejemplos. Éstas tres normas,
además de ser meramente enumerativas y, por lo tanto, carentes de la condición de sustanciales,
toda vez que no declaran, crean, modifican o extinguen la relación jurídica que media entre los
intervinientes derivada de una situación fáctica concreta; tampoco aparecen desarrolladas en el
cargo o por lo menos transcritas, máxime si precisamente, apoyarían la decisión del tribunal, al
deducir viable la declaratoria de nulidad absoluta del acto contenido en la escritura pública 1082
otorgada el 21 de febrero de 2001, porque versó sobre un bien de uso público”.
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legitimación, en cuanto atañe a la nulidad relativa de los contratos, aspecto que ni
siquiera fue mencionado por el tribunal ni analizado por el recurrente.
En la eventualidad de colegir que el tribunal erró al declarar la nulidad absoluta de
la escritura pública 12908 del 30 de diciembre de 1996, el impugnante olvidó
exponer cómo tal decisión tendría efecto en la nulidad absoluta declarada respecto
del contrato de compraventa plasmado en la escritura pública 1082 de 21 de febrero
de 2001 en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá, por medio del cual él adquirió el
predio La Providencia, dentro del que está el humedal Jaboque, “abandono que deja
en entredicho el interés del recurrente, en tanto que, de concluir que se mantiene
en pie la escritura pública de aclaración de los linderos del predio La Providencia
elevada por Álvaro Rojas Barbosa, pero no la venta realizada por él a Jorge Enrique
Cortés Rojas, este, único recurrente, seguiría desprovisto del alegado derecho de
dominio en que fundó su defensa”16.
Adicionalmente, puntualizó que era contradictorio que, de un lado, manifestara que
las causales de invalidez de las escrituras públicas reguladas en el artículo 99 del
Decreto 960 de 1970 eran de carácter formal y no sustancial, pero a renglón seguido
argumentara que el vicio detectado por el tribunal genera nulidad relativa, es decir,
una modalidad de invalidez sustancial por mandato del artículo 1741 del CC, por
manera que el cuestionamiento era incoherente.
Finalmente, puso el presente que el aquí demandante abogó la falta de legitimación
del DADEP para alegar la nulidad declarada, razonamiento que no expuso en las
instancias del proceso y bastaba para que se omitiera su estudio en sede de
casación17.
16 “Con otras palabras, los cargos tercero y cuarto lucen incompletos porque para que el recurrente
Cortés Rojas demostrara el perjuicio que supuestamente le causó la sentencia de segundo grado
era indispensable recriminar la nulidad absoluta declarada de la compraventa contenida en la
escritura pública 1082 de 21 de febrero de 2001 de la Notaría 29 de Bogotá por versar sobre objeto
ilícito ya que el predio La Providencia hace parte del humedal Jaboque”.
17 “Realmente, aun cuando el demandado Jorge Enrique Cortés Rojas propuso la excepción previa
de falta de legitimación por activa, con memorial 28 de octubre de 20134 desistió de tal defensa, lo
que aceptó el juzgador a-quo con auto de 29 de octubre de 20135.
(…) Ciertamente, nada dijo el censor cuando el documento cuestionado se aportó junto con el escrito
de formulación de la excepción previa, así como también calló de cara a los autos de 14 de junio de
2001 y 30 de enero de 2002, por los cuales el juez del conocimiento decidió tener tal elemento como
prueba, actitud pasiva esta que, además, observó en las restantes ocasiones que tuvo a disposición,
en las que, como se dijo, no expuso ninguna objeción formal acerca del medio. En el punto,
insistentemente se ha precisado que “toda alegación conducente a demostrar que el sentenciador
de segundo grado incurrió en errónea apreciación de alguna prueba por razones de hecho o de
derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no
invocable en el recurso extraordinario de casación”. En suma, como a lo largo del pleito Jorge Enrique
Cortés Rojas mostró conformidad con la legitimación por activa de la demandante, al punto que si
bien al inicio propuso tal defensa seguidamente desistió de ella, no es dable que, sorpresivamente y
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Así las cosas, los documentos aportados por el actor para acreditar la calidad de
propietario fueron declarados nulos por la jurisdicción ordinaria, en la especialidad
civil, dentro del proceso 2010-00246-00, lo cual tiene efectos de cosa juzgada y, por
contera, concede el derecho a que restituyan las cosas al mismo estado en que se
encontraban, es decir, como si no hubiera existido el acto nulo18. Por consiguiente,
para la Sala es claro que actualmente no existe titularidad del derecho de dominio
sobre el predio La Providencia por parte del señor Jorge Enrique Cortés Rojas, sino
que esta recae en cabeza del Distrito Capital de Bogotá.
En ese escenario, a partir del aval de la Corte Suprema de Justicia a la decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que anuló las escrituras públicas
12908 del 30 de diciembre de 1996 y 1082 del 21 de febrero de 2001, se deduce
que aquel perdió el interés que lo habilitaba para ejercer la acción de reparación
directa, por no ser titular del derecho de dominio cuya protección reclamaba, de ahí
que, en criterio de esta Sala, se encuentra probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa.
Con todo, hay que decir que la sanción impuesta frente a los elementos de juicio
idóneos para probar la propiedad sobre el predio La Providencia, por sí sola, torna
inane la valoración de las demás pruebas en las que se apoyó el a quo para superar
el análisis de legitimidad del supuesto derecho de propiedad del accionante, verbi
gracia, inspección judicial, peritaje, fotografías, mapas y testimonios.
Así pues, resulta importante destacar que, cuando en un proceso de reparación
directa se alega la propiedad de un bien inmueble, respecto del cual se reclamen
perjuicios por la afectación que sea, lo primero y lo mínimo que la parte actora debe
acreditar es esa condición, carga que no cumplió y que conduce a que la Sala
revoque la sentencia de primera instancia, ante la falta de legitimación en la causa
por activa, lo que impone la negativa de las pretensiones de la demanda.
sólo en sede casacional, planteé una tesis que ponga en entredicho ese proceder, aun cuando
llegara a concordar con el ordenamiento jurídico”.
18 “Artículo 1746. Efectos de la declaratoria de nulidad. La nulidad pronunciada en sentencia que
tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que
se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto
o causa ilícita (…)”.
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3. Condena en costas
La Sala no puede ignorar, por ser un hecho notorio, que, además del proceso civil
que se promovió contra el actor en el que se declaró la nulidad de las escrituras
públicas con las que aquí pretendía exigir una reparación, también se tramita un
proceso penal en su contra, así como contra la persona con la que en esta
controversia celebró una cesión de derechos litigiosos y contra el magistrado
ponente de la decisión de primera instancia, dada la presunta comisión de delitos
contra la Administración Pública; sin embargo, como esas diligencias no han
culminado y en el proceso ordinario civil no se analizó una conducta de la que se
pueda inferir la mala fe o temeridad por parte de aquel, la Sala se abstendrá de
imponer una condena en costas, toda vez que en este momento no cuenta con
suficientes elementos de juicio para dar aplicación a lo previsto en el artículo 171
del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 3 de abril de 2014, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas
en esta providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección
Tercera, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
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Radicación:250002326000201201066-04 (51.848)
Actor: Jorge Enrique Cortés Rojas
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro y otros
Referencia: Acción de reparación directa
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
29
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