Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2018-00057-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2018-00057-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 63001-23-33-000-2018-00057-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
24 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 630012333000201800057-01
Actor: Personería Municipal de Quimbaya
Demandados: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento
del Quindío, Municipio de Quimbaya y Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.
Vinculados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible1, Corporación
Autónoma Regional del Quindío -CRQ2
Coadyuvante: Procurador 34 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios de
Armenia
Temas: Servicio público de alcantarillado; construcción de colectores interceptores
faltantes y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; contaminación de fuentes
hídricas - Cuenca del río La Vieja
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Nación - Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento del Quindío, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío y Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío el 25 de abril de
201934.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. Folios 449 y 450. Auto de 22 de agosto de 2018.
2 Cfr. Ibidem pie de página 1.
3 Cfr. Folios 315 a 329.
4 Cfr. Folios 885 a 946.
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Personera Municipal de Quimbaya presentó demanda5, en ejercicio del
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos contra la
Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento del Quindío,
el Municipio de Quimbaya -Quindío-, las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.
y la Corporación Autónoma Regional del Quindío, con el objeto de lograr la
protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano; a la
moralidad administrativa; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a la seguridad y salubridad
públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; y, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, previstos –respectivamente– en los literales “a”, “b”, “c”, “g”, “h” y “j” del
artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto de 19986.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones7:
“[…] 1.1.1. Se amparen los derechos colectivos de los habitantes del municipio de
Quimbaya, al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a
su prestación eficiente y oportuna, previstos en los literales a), b), c), g,) h) y j) del
artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
1.1.2. Se declare que la NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, el
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PDA -
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA; el MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO; las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL.
DEL QUINDÍO - CRQ; han vulnerado los derechos colectivos de los habitantes del
Municipio de Quimbaya al goce de un ambiente sano, [sic] moralidad administrativa,
a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los
servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, previstos en los literales a),
b), c), g), h) y j) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, en razón a las omisiones en el
cumplimiento de sus funciones.
5 Folios 1 a 17, con escrito que subsanó la demanda visible a folios 287 a 294. La demanda fue presentada el
21 de marzo de 2018.
6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
7 Cfr. Folio 12.
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1.1.3. Se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, el
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PDA -
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA; el MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO; las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P., [sic] CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL. DEL QUINDÍO - CRQ; que adelanten todas las gestiones requeridas
para iniciar la construcción de los colectores interceptores faltantes para avanzar en
la descontaminación de fuentes hídricas, tributarias a la cuenta del río La Vieja del
departamento del Quindío en el municipio de Quimbaya Q [sic], dentro del término
perentorio que a bien disponga el despacho judicial atendiendo la necesidad.
1.1.4. Se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, el
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PDA -
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA; el MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO; las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. y [sic] CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAI DEL QUINDÍO - CRQ; que adelanten todas las gestiones requeridas para
iniciar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el
municipio de Quimbaya Q [sic], adentro [sic] del término perentorio que a bien
disponga el despacho judicial atendiendo la necesidad.
1.1.5. Se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO, el
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - PDA -
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA; el MUNICIPIO DE QUIMBAYA QUINDÍO; y las EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.; que ponga en funcionamiento todo el sistema
de descontaminación de fuentes hídricas, tributarias a la cuenta del río La Vieja del
departamento del Quindío en el municipio de Quimbaya Q [sic], a través de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales dentro del término perentorio que a bien
disponga el despacho judicial atendiendo la necesidad […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones que,
mediante la Resolución núm. 1098 del 27 de noviembre de 2009, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos de la Empresa Esaquín S.A. E.S.P. –en la actualidad– Empresas
Públicas del Quindío S.A. E.S.P., para el Municipio de Quimbaya. En el Plan
referido, la Empresa se comprometió a: (i) renovar emisarios finales en los años
2010 a 2017; (ii) renovar redes desde el año 2008 hasta el año 2017; iii) construir
interceptores entre los años 2010 a 2017; (1) reducir emisores 4 en el periodo 2010
• 2017; y (iv) construir la planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- a partir
del año 2012 hasta el año 2017. Con un total de inversiones por valor de
$21.801.415.454.
4. Asimismo, informó que, el Departamento del Quindío y la Empresa Esaquín
S.A. E.S.P. suscribieron el Convenio Interadministrativo SID núm. 006, en el año
2013, para adelantar el proyecto denominado “Estudios y Rediseños de los
Colectores, Interceptores de los Municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia,
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Génova, Pijao, Quimbaya y Salento -Departamento del Quindío-”. De igual modo,
indicó que el Departamento suscribió el Contrato de Consultoría núm. 003 de 2013
con el Ingeniero Jhon Jairo González Guerra, en virtud del cual, se elaboraron los
diseños finales en relación con el Programa Agua y Saneamiento para la
Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios
de Agua y Saneamiento PAP-PDA, incluido el diseño de colectores del Municipio de
Quimbaya que comprendía los sectores de Agua Linda, Buenavista, Rocío, Mina
Rica y Valencia hasta la entrega en el sitio destinado para la construcción de la
PTAR en el Municipio de Quimbaya.
5. Expuso que, mediante Acuerdos núm. 004 del 12 de septiembre de 2013 y
010 del 13 de 2014, el órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional Eje
Cafetero y Antioquia aprobó el proyecto denominado “Construcción de colectores
interceptores para avanzar en la descontaminación de fuentes hídricas, tributarias
a la cuenca del Río La Vieja del Departamento del Quindío”, por valor de
$6.977.576.159,00, el cual –con posterioridad– se incrementó en $2.511.203.937,00
más. Al mismo tiempo, expresó que la entidad ejecutora fue la empresa Esaquín
S.A. E.S.P.
6. Subrayó que, con sustento en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos aprobado para el Municipio de Quimbaya y en virtud de la aprobación
del proyecto, la empresa Esaquín S.A. E.S.P. suscribió el Contrato de Obra núm.
041 de 2014, con la Unión Temporal Quimbaya 2014, para la “construcción de
colectores, interceptores para avanzar en la descontaminación de fuentes hídricas,
tributarias a la cuenca del Río La Vieja del Departamento del Quindío”, por un valor
inicial de $8.785.102.599,89 y con un plazo de ejecución de 300 días, contados a
partir de la suscripción del acta de inicio. Indicó que, el contrato se ejecutó a partir
del 10 de diciembre de 2014 hasta el 20 de octubre de 2017, esto es, con una
duración total de 810 días, de los cuales, 510 corresponden a plazos adicionales e
inconvenientes que se presentaron en su ejecución, que se ve reflejado en las
prórrogas y en el otro sí que se suscribió.
7. Señaló que la administración municipal de Quimbaya expidió los Decretos
núm. 024 de abril, 060 de julio y 096 de noviembre del año 2014, por medio de los
cuales se definieron las servidumbres requeridas para la construcción de los
colectores e interceptores; no obstante, precisó que once (11) predios no fueron
incluidos, por lo que no pudieron ser intervenidos por el contratista. Aunado, informó
que el Municipio de Quimbaya no ha pagado el valor de las servidumbres, pese a
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contar con los avalúos de cada uno de los predios, como consta en el Oficio SSOPI-
244-16 y sus anexos, suscrito por la Subsecretaria de Obras Públicas e
Infraestructura del mencionado municipio.
8. Además, refirió que informó al interventor del contrato sobre la inconformidad
de la comunidad debido a la falta de socialización del proyecto. Asimismo, destacó
que los hallazgos administrativos determinados por la Contraloría General de la
República en relación con el Contrato de obra núm. 041 de 2014 reflejan
inconsistencias contractuales, así como, la afectación al recurso hídrico por el
incumplimiento de las metas de descontaminación y de ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV-.
9. Informó que, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. suscribió el Contrato
de Consultoría núm. 002 de 2012 con el ingeniero Javier Martínez Buriticá, que tenía
por objeto el "Rediseño planta de tratamiento de aguas residuales para los
Municipios de Circasia, Filandia, Génova y Quimbaya", el cual fue radicado por
intermedio del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento PAP-PDA del Departamento del Quindío ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el 15 de julio de 2014, sin que –a la fecha de
presentación de la demanda– se conozca su aprobación.
10. De igual modo, expresó que ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
fue radicado8 el proyecto denominado “Construcción fase (02) colectores
interceptores para avanzar en la descontaminación de fuentes hídricas, tributarias
a la cuenca del Río La vieja del Departamento del Quindío", por valor de
$83.560.887.865,00 –el cual, tampoco había sido aprobado al momento de la
presentación de la demanda–.
11. Advirtió que, de conformidad con el Informe Final9 de Auditoría –modalidad
especial– M.A. 017 de 2017 de la Contraloría General del Quindío, los indicadores
correspondientes al cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV para el Municipio de Quimbaya y la construcción de PTAR
fueron del 25.7% y 0% –respectivamente–. En relación con el proyecto de la PTAR,
evidenció que, si bien, el Municipio tiene identificado el predio donde posiblemente
se localizará la planta, en virtud de un estudio técnico realizado por la Empresa de
8 Proyecto radicado con el número 2016HR0080164.
9Informe Final denominado "Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - Empresas Públicas del
Quindío".
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Acueducto y Alcantarillado, también resulta cierto que, el lote no es de su propiedad
y el ente territorial tampoco tiene presupuestada su adquisición; al mismo tiempo,
señaló que la PTAR no está incluida en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del Municipio.
12. Destacó que, con ocasión de las situaciones suscitadas, la Contraloría
General del Quindío inició función preventiva, bajo el consecutivo PMQ-2017-123.
En tal sentido, la Contraloría requirió a las entidades involucradas para que aporten
información en relación con la “[…] construcción de colectores, interceptores para
avanzar en la descontaminación de fuentes hídricas, tributarias a la cuenca del río
La Vieja del Departamento del Quindío y la construcción de la planta de tratamiento
de aguas residuales […]”.
13. Además, expuso que, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. presentó
ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío un ajuste al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Quimbaya. A su vez,
resaltó el incumplimiento de algunas metas propuestas para el saneamiento del
Municipio y subrayó le necesidad de culminar las obras de construcción de la fase
II del colector interceptor Agua Linda – Buenavista y la construcción de la PTAR, lo
que requiere el compromiso de la administración municipal en la adquisición de
predios, servidumbres y permisos.
14. Aseguró que, ninguna de las entidades responsables tiene certeza sobre las
obras que se encuentran pendientes de ejecutar, y menos han apropiado los
recursos para la ejecución de las obras faltantes, lo que denota la vulneración de
los derechos e intereses colectivos establecidos en los literales “a”, “b”, “c”, “g”, “h”
y “j” del artículo 4.° de la Ley 472.
15. Planteó que las respuestas emitidas por las entidades competentes se
contradicen entre sí, comoquiera que, el Municipio de Quimbaya aseguró que el
proyecto se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pendiente de
ajustes; mientras que, según lo informado por este mismo Ministerio, el proyecto fue
devuelto por no haber sido subsanados los ajustes solicitados mediante oficio del
año 2016. Por su parte, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. informó que el
proyecto ha sido incluido en el Plan de Obras e Inversiones Regulado -POIR- de la
estructura tarifaria del Municipio de Quimbaya. Y, el Departamento indicó que está
pendiente de allegar el certificado de tradición y libertad del lote donde se ubicará
la infraestructura de la PTAR.
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16. En ese orden de ideas, manifestó su preocupación por: i) el eventual deterioro
de las obras de la primera fase; ii) la omisión de realizar pruebas hidráulicas a
algunos colectores; iii) las descargas provisionales en algunas quebradas del
Municipio de Quimbaya –hasta tanto se construya la PTAR–. Por último, iv) indicó que
la Empresa Pública del Quindío S.A. E.S.P. pretende ejecutar las obras a través del
esquema de tarifas en los servicios de acueducto y alcantarillado, ocasionando así,
un incremento desproporcionado a los usuarios.
Actuaciones en primera instancia
La audiencia de pacto de cumplimiento
17. El 2 de noviembre de 201810 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, no obstante, se declaró fallida por falta de fórmulas de arreglo.
Contestaciones de la demanda
18. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contestó la
demanda el 25 de abril de 201811. Se opuso a las pretensiones formuladas así:
18.1. Afirmó que no existen bases jurídicas ni fácticas que demuestren su
responsabilidad en la violación de derechos colectivos, toda vez que su función está
encaminada a la definición de políticas en materia habitacional y de saneamiento
básico, más no tiene injerencia en la prestación directa de los servicios de
alcantarillado ni en la construcción de los colectores faltantes, ya que estas
competencias recaen en el municipio correspondiente.
18.2. Precisó que la estructuración de los proyectos y la gestión de los recursos
para la prestación de los servicios alegados son responsabilidad del municipio, en
el marco del Plan de Agua para la Prosperidad - PAP-PDA. En este contexto,
mencionó que el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN FASE DOS (2)
COLECTORES INTERCEPTORES PARA AVANZAR EN LA
DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA
DEL RÍO LA VIEJA MUNICIPIO DE QUIMBAYA- DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO", fue presentado por el Municipio de Quimbaya para su evaluación, no
obstante, fue devuelto en varias ocasiones debido a que no cumplía con los
requisitos establecidos en la normativa vigente, en particular la Resolución 1063 de
10 Cfr. Folios 499 a 578.
11 Cfr. Folios 338, 355 a 371.
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2016, que regula la presentación de proyectos de agua potable y saneamiento
básico. A la fecha, el proyecto no ha sido radicado nuevamente para su estudio.
18.3. Aclaró que su función es proporcionar tanto asistencia técnica como apoyo
financiero a los municipios que presenten proyectos de agua potable y saneamiento
básico, siempre que estos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa
vigente. Además, explicó que en el Programa Agua y Saneamiento para la
Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios
de Agua y Saneamiento PAP-PDA, algunos municipios son priorizados en la
asignación de recursos.
18.4. Señaló que, aunque no tiene a su cargo la ejecución directa de las obras,
brinda asistencia técnica para ayudar a los municipios a formular y presentar sus
proyectos. Una vez que estos proyectos obtienen un concepto técnico favorable del
Mecanismo de Viabilización de Proyectos, los municipios pueden buscar otras
fuentes de financiamiento, como el Sistema General de Regalías, aportes de
Corporaciones Autónomas Regionales, líneas de redescuento con tasa
compensada, recursos propios o financiación externa, para avanzar en la ejecución
de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.
18.5. Por último, formuló las excepciones que denominó: “falta de legitimación en
la causa por pasiva” e “inexistencia de vulneración de los derechos colectivos”.
19. Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. presentó escrito de
contestación de la demanda el 30 de abril de 201812, mediante el cual se opuso a
las pretensiones de la demanda.
19.1. Reconoció haber suscrito el contrato de obra pública núm. 041 de 2014, cuyo
objeto fue la construcción de colectores interceptores para la descontaminación de
las fuentes hídricas tributarias a la cuenca del río La Vieja, así como el contrato de
interventoría núm. 003 de 2014, vinculado a dicha obra. También confirmó que
radicó ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el proyecto denominado
"CONSTRUCCIÓN FASE DOS (2) COLECTORES INTERCEPTORES PARA
AVANZAR EN LA DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS TRIBUTARIAS
A LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA MUNICIPIO DE QUIMBAYA- DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO", con el número de radicación 2016ER0089164.
19.2. Sostuvo que ha realizado las gestiones necesarias para continuar con la
construcción de los colectores interceptores faltantes y de la Planta de Tratamiento
12 Cfr. Folios 372 a 394.
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de Aguas Residuales - PTAR. Sin embargo, precisó que, debido al incumplimiento
de ciertos requisitos técnicos el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio devolvió
el proyecto para realizar los ajustes que no dependen de la empresa, por lo que la
radicación completa de la documentación aún no ha sido posible.
19.3. Subrayó que el proyecto es prioritario y ha sido incluido en el Plan Operativo
de Inversiones Regulado - POIR, aprobado por su Junta Directiva en diciembre de
2017, con un valor estimado de $3.061.763.488 para la fase dos. Aunado a lo
anterior, dentro de la nueva estructura tarifaria también se contempla la construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Municipio de Quimbaya.
19.4. Sustentó que no ha vulnerado los derechos colectivos, ya que ha cumplido
con su obligación contractual, avanzando en la gestión y ejecución de los proyectos
conforme a sus competencias, y que los retrasos se deben a factores externos,
ajenos a su control.
20. El Departamento del Quindío13 contestó la demanda el 21 de mayo de 2018,
se opuso a las pretensiones así:
20.1. Aceptó los hechos relacionados con su participación en el Plan de
Saneamiento y Vertimientos de las Empresas Públicas del Quindío, que contempla
la renovación de emisarios, redes, la construcción de interceptores y la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR para el Municipio de Quimbaya. Además,
reconoció que suscribió el Convenio Interadministrativo SID 006 de 2013, cuyo
objetivo era adelantar los estudios y rediseños de los colectores interceptores en
varios municipios, incluyendo Quimbaya.
20.2. Solicitó que se declare que no ha vulnerado los derechos colectivos
invocados, dado que las pruebas demuestran que la responsabilidad directa en la
problemática del Municipio de Quimbaya recae en la empresa prestadora del
servicio público, Empresas Públicas del Quindío - E.P.Q. S.A. E.S.P.
20.3. Asimismo, explicó que, para la construcción de la PTAR, el Departamento
suscribió el Convenio Interadministrativo de transferencia de recursos y
cofinanciación SID núm. 01 de 2012 con ESAQUIN S.A. E.S.P., hoy Empresas
Públicas del Quindío - E.P.Q. S.A. E.S.P., para lo cual, radicó el proyecto en el
Ministerio de Vivienda para su viabilización. Sin embargo, aclaró que uno de los
requerimientos realizados por el Ministerio fue la presentación del certificado de
tradición y libertad del lote donde se construirá la PTAR, documento que debe ser
13 Cfr. 395 a 404.
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aportado por el Municipio de Quimbaya, ya que los diseños realizados por ESAQUIN
S.A. E.S.P. se basaron en un lote que no pertenece al ente territorial.
20.4. Aunado a lo anterior, indicó que, una vez se subsanen estos requisitos y se
otorgue la viabilidad al proyecto, procederá a adelantar las gestiones necesarias a
través del Plan Departamental de Aguas, conforme a su función de apoyo y
coordinación en relación con los servicios públicos, según lo dispuesto en el artículo
7.° de la Ley 142 de 11 de julio de 199414.
20.5. Señaló que, Empresas Públicas del Quindío - E.P.Q. S.A. E.S.P. tiene la
responsabilidad de presentar el Plan de Gestión del Riesgo de Vertimientos ante la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, con el fin de obtener el permiso de
vertimiento, tal como establece el Decreto 3930 de 25 de octubre de 201015.
Además, preciso que la Corporación es la entidad encargada de aprobar, supervisar
y controlar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV; bajo este
contexto, destacó que, esta autoridad ambiental aprobó un ajuste en las metas de
reducción de cargas contaminantes, y le concedió un plazo aproximado de siete (7)
años para que Empresas Públicas del Quindío - E.P.Q. S.A. E.S.P. cumpla con
estas metas y ejecute los proyectos necesarios para la descontaminación de las
fuentes hídricas receptoras.
20.6. Indicó que, a través del Plan Departamental de Aguas, ha trabajado en
coordinación con los municipios del Departamento para formular y ejecutar
proyectos en el sector de saneamiento básico, con el fin de cumplir con los Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV. En este sentido, mencionó que,
en diciembre de 2017, se aprobó el Plan Ambiental del Departamento, que incluye
un proyecto precontractual para el ajuste de metas del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos - PSMV.
21. Por último, propuso la excepción que denominó “falta de legitimación en la
causa por pasiva”. Además, solicitó la vinculación de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío al proceso, a fin de determinar si ha afectado los derechos
colectivos y si ha administrado adecuadamente los recursos de la tasa retributiva
destinados a proyectos de descontaminación, conforme al artículo 42 de la Ley 99
de 1993.
14 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
15 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -
Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras
disposiciones”.
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22. El Municipio de Quimbaya16 presentó escrito de contestación de la
demanda el 7 de junio de 2018, en el que argumentó lo siguiente:
22.1. Rechazó la responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos
invocados, pero se adhirió a la pretensión de que se ordene a las entidades
demandadas que, de forma solidaria, realicen las gestiones administrativas y
económicas necesarias para la construcción de los colectores interceptores y de la
planta de tratamiento.
22.2. Sustentó que sus limitados recursos económicos hacen imposible que el
municipio financie por sí solo obras de esta envergadura. No obstante, aclaró que
ha realizado gestiones, incluyendo esfuerzos financieros para pagar las
servidumbres afectadas por la construcción de los colectores.
23. La Corporación Autónoma Regional del Quindío17 contestó la demanda el
14 de agosto de 2018, escrito por medio del cual argumentó lo siguiente:
23.1. Aclaró que, como autoridad ambiental, no tiene entre sus funciones la
construcción de colectores ni la gestión directa de obras de infraestructura de
saneamiento.
23.2. Explicó que, el Municipio de Quimbaya cuenta con un Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado hasta el año 2026, pero la financiación
de las obras depende del recaudo por parte de los usuarios, sin inversión directa de
los entes territoriales o la Nación, lo que dificulta su ejecución a corto plazo.
23.3. Advirtió sobre la necesidad de realizar actividades de operación, control y
mantenimiento. Asimismo, puso de presente problemas como la vandalización de
infraestructura, descargas de aguas residuales y predios sin conexión a la red.
Además, mencionó que la red de alcantarillado "colector Buenavista", construida en
el municipio, no está funcionando adecuadamente, lo que impide aprovechar las
inversiones realizadas.
23.4. Informó que la PTAR no existe actualmente, pero aclaró que está proyectada
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV para años posteriores
a 2017. Reconoció que, debido a la falta de condiciones adecuadas en el municipio
para garantizar una prestación eficiente del servicio de alcantarillado, el Plan de
16 Cfr. 405 a 417.
17 Cfr. Folios 142 a 154.
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV incorporó la construcción de la
infraestructura que resulte necesaria hasta el año 2026, la cual será financiada
mediante tarifas, lo que requerirá la intervención conjunta de actores locales y
nacionales.
23.5. Finalmente, solicitó que las obligaciones que se le impongan sean
exclusivamente las de seguimiento, control y sanción referente al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, más no las de formulación y de
ejecución, ya que estas competen a otras autoridades.
24. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 18 -
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico presentó escrito de contestación
de la demanda el 22 de agosto de 2018, mediante el cual, se opuso a las
pretensiones, en tanto, no tienen sustento fáctico ni jurídico y no corresponden a su
responsabilidad.
24.1. Enfatizó que su rol se limita a la formulación de políticas y regulaciones en el
ámbito ambiental y de desarrollo territorial, sin asumir responsabilidades sobre la
ejecución de obras. Explicó que, conforme al marco normativo en las competencias
de materia ambiental, la Ley 1523 de 24 de abril de 201219 asigna a los municipios
y departamentos la competencia para la construcción de infraestructura de
alcantarillado, mientras que las corporaciones autónomas regionales son
responsables de regular los permisos de vertimientos, según se establece en el
Decreto 1076 de 26 de mayo 201520, que también define las competencias
municipales en la prestación de servicios públicos.
24.2. Afirmó que no es responsable de los daños o perjuicios reportados por los
habitantes al medio ambiente en el Municipio de Quimbaya. Subrayó que, el
cumplimiento de los compromisos ambientales referente a las licencias y permisos,
así como las conductas que generen daño ambiental, recaen en las autoridades
ambientales locales, conforme lo dispone la Ley 1333 de 21 de julio de 200921.
24.3. Finalmente, formuló las excepciones que denominó: i) “falta de legitimación
en la causa por pasiva”; ii) “inepta demanda”; iii) “ausencia del nexo causal”; y iv)
18 Cfr. Folios 460 a 488.
19 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”
20 “Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”
21 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”
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“ausencia del daño y responsabilidad causados a las demandantes por parte del
Ministerio”.
Sentencia proferida, en primera instancia
25. El Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia22 el 25 de abril de
2019, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLÁRESE no probada la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PASIVA planteada por los entes accionados, de
acuerdo a lo razonado en esta providencia.
SEGUNDO: DENIÉGUESE el amparo al derecho colectivo a la moralidad
administrativa, por lo expuesto.
TERCERO: DECLÁRESE vulnerados los derechos colectivos a un ambiente sano; a
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; a la seguridad y
salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, consagrados en la Ley 472 de 1998, de los habitantes del
municipio de Quimbaya Quindío.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:
1) Al Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., al
Departamento del Quindío y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío realicen
de manera coordinada un completo y detallado diagnóstico del problema de
vertimientos de aguas residuales sin tratamiento en las quebradas del municipio de
Quimbaya, utilizando para ello además de los documentos ya existentes -como los
aportados en esta acción-, la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico para
Aguas Superficiales Continentales adoptado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Dicho diagnóstico contendrá las conclusiones y acciones a
ejecutar a corto, medio y largo plazo; así como, los responsables y recursos con que
se financiaran. Para su elaboración tendrán el término de un (1) año.
2) Al Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., al
Departamento del Quindío y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío
constituya en su actividad administrativa, planeación y ejecución presupuestal UNA
PRIORIDAD la atención eficiente a la problemática detectada en esta providencia.
3) Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico, que preste la asistencia técnica a los entes territoriales
accionados para la viabilización del proyecto de la construcción de la fase II de
colectores que hacen falta para interceptar todos los vertimientos del municipio de
Quimbaya, que fue concertado dentro de la línea estratégica de saneamiento básico
de obras e inversiones ambientales del Plan Ambiental del PAP-PDA QUINDÍO.
Para lo cual dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia deberá
reunirse con representantes del Municipio de Quimbaya, Departamento del Quindío y
las Empresas Públicas del Quindío, para que los oriente en los criterios que deben
tenerse en cuenta para el ajuste del proyecto. En todo caso adviértase a los entes
territoriales y a la empresa prestadora que deberá radicar el proyecto dentro del año
siguiente a la conclusión; de las mesas de trabajo, referidas anteriormente y al
Ministerio que una vez se le presente el nuevo proyecto deberá priorizar el estudio
sobre su viabilización y emitir una respuesta sobre la misma a más tardar dentro de
los 6 meses siguientes a su radicación.
22 Ibidem 1.
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4) Una vez viabilizado el proyecto por parte del Ministerio, el Departamento del
Quindío en su calidad de coordinador y gestor del Plan Departamental de Aguas
deberá adelantar las gestiones técnicas, administrativas, interadministrativas,
presupuestales, financieras y demás que se requieran para llevar a cabo el proceso
de contratación de las obras de construcción de colectores de Quimbaya (fase II),
para lo cual contará con un término de 12 meses. En todo caso una vez celebrado los
contratos pertinentes las obras de optimización deberán llevarse a cabo en máximo
12 meses.
5) Al Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.,
Departamento del Quindío, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio financien y apalanquen planes, programas, proyectos, obras y actividades
que se proyecten en el diagnóstico y/o los proyectos, planes, obras o programas que
ya se encuentren debidamente sustentados técnicamente, y se orienten a la
protección de las quebradas que atraviesan el municipio de Quimbaya, teniendo como
eje central la ejecución de un sistema de recolección y tratamiento de aguas
residuales que ofrezca técnicamente un adecuado y eficiente servicio público a la
población del municipio. Se priorizarán las obras y proyectos que se requieren para
la efectiva operación de los colectores y la construcción de las plantas de tratamiento
de las aguas residuales del municipio de Quimbaya.
6) A Empresas Públicas del Quindío para que busque fuentes alternas de
financiación, distintas al modelo tarifario, que le permita ejecutar las obras de
construcción de su PTAR en caso de que no pueda hacerse a través del Plan
Departamental de Aguas.
En todo caso, sin importar cuál sea la fuente de financiación, todas las accionadas y
vinculadas deberán recurrir para ejecutar el proyecto de construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Quimbaya, con el fin de que dicha obra este
ejecutada a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
7) Los entes accionados deberán concurrir administrativa, técnica y financieramente
para que el municipio de Quimbaya cuente con un sistema de recolección y
tratamiento de aguas residuales domésticas que garantice el respeto a las normas
superiores y, de ser imprescindible, gestionarán ante organismos internacionales
y/o multilaterales los recursos financieros y logísticos que sean necesarios para que
los planes, programas, proyectos, obras y actividades proyectadas se ejecuten.
8) A la CRQ para que rinda informes semestrales sobre el estado de los procesos
sancionatorios adelantados en relación con el cumplimiento del PSMV de Quimbaya,
al Comité de Verificación y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo, para que dicha
cartera ministerial determine si hay lugar a su intervención.
9) Al Municipio de Quimbaya y Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P.,
activar de manera INMEDIATA el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos, con el fin de mitigar los impactos y efectos negativos a los recursos
naturales y al ambiente, para lo cual deberá incluir en él las acciones a ejecutar y el
cronograma, para ese ajuste tendrán el término de seis (6) meses. Dicho plan deberá
contener campañas de sensibilización a la comunidad para el manejo de las aguas
residuales.
10) A la Corporación Autónoma Regional del Quindío, elaborar un Plan de
Descontaminación de las Quebradas receptoras de los vertimientos de aguas
residuales del municipio de Quimbaya, en asocio con el Municipio de Quimbaya y el
Departamento del Quindío; para lo cual se concede el término de doce (12) meses y
para su ejecución el término de 60 meses.
Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento,
buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación hídrica;
así como, monitoreos ambientales periódicos, medidas de evaluación, control y
seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio; campañas de socialización
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del plan con los demás actores involucrados en la protección del medio ambiente y
con la comunidad, entre otras que sean necesarias.
11) A las Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., elabore un programa de
monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de aguas receptoras de los
vertimientos, en la forma establecida en las disposiciones técnicas. Para el
cumplimiento la EPQ contarán con el término de tres (03) meses y de su ejecución
deberá informar al Comité de Verificación de la presente providencia.
QUINTO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el que estará conformado
por el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal, quien lo presidirá; un delegado
del municipio de Quimbaya, el Director de Aguas y Saneamiento Básico PAD-PDA
Quindío, un delegado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ, un
delegado del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, un delegado de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., el Procurador
34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia Quindío y un delegado de la Personería
Municipal de Quimbaya; comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de la presente providencia y deberá rendir a esta Corporación, informes
semestrales sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno final, al culminar sus
labores.
SEXTO: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por
secretaría REMÍTANSE las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.
SÉPTIMO: En firme este fallo, CANCÉLESE su radicación, y devuélvase el
expediente al Juzgado de origen, previa anotación en el Sistema Informático de
Administración Judicial Siglo XXI […]”.
Consideraciones del Tribunal
26. El Tribunal Administrativo del Quindío resolvió que no había lugar a declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
el Municipio de Quimbaya, la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
por la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como por la
Corporación Autónoma Regional del Quindío.
27. El a quo planteó como problema jurídico, si las entidades accionadas y
vinculadas amenazan o vulneran los derechos e intereses colectivos de los
habitantes del Municipio de Quimbaya referidos por la parte actora, con ocasión de
la falta de construcción de los colectores interceptores y la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales -PTAR- proyectadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Quimbaya, lo cual, a su turno conlleva –
intrínsecamente– la contaminación de las fuentes hídricas tributarias del río La Vieja
con aguas residuales.
28. Al respecto, el Tribunal consideró vulnerados los derechos colectivos a: el
goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la salubridad pública; el
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acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y, el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de los
habitantes del Municipio de Quimbaya.
29. Lo anterior, por cuanto de las pruebas allegadas al proceso evidenció que las
aguas residuales del Municipio se están vertiendo a las fuentes hídricas –sin ningún
tratamiento– ante la falta de la PTAR aunado a que los colectores construidos no se
encuentran funcionando, situación afecta el medio ambiente y la salud pública.
30. El a quo no desconoció que el Municipio de Quimbaya tiene un avance en las
obras, no obstante, consideró que estas eran insuficientes teniendo en cuenta que,
diez (10) años después de la aprobación del primer Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos – PSMV de Quimbaya y definido el procedimiento de planificación
de la empresa prestadora de servicios públicos y aprobado por la autoridad
ambiental, no se ha garantizado el desarrollo territorial ni el bienestar de la
comunidad.
31. Determinó que, aunque el Municipio de Quimbaya es el primer responsable
de la prestación de los servicios públicos, las demás autoridades accionadas se
encuentran comprometidas técnica y financieramente a desarrollar proyectos
eficientes de prestación de los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y
saneamiento básico, en virtud de la política de los Planes Departamentales de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
Recursos de apelación
Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
32. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recurrió la sentencia de
primera instancia mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2019 23. Expresó su
desacuerdo en relación con la orden del numeral quinto del ordinal cuarto, según la
cual, “[…] [el] Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.,
[el] Departamento del Quindío, [la] Corporación Autónoma Regional del Quindío, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y [el] Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio [deben financiar y apalancar] planes, programas, proyectos, obras y
actividades que se proyecten en el diagnóstico y/o los proyectos, planes, obras o
programas que ya se encuentren debidamente sustentados técnicamente, y se
23 Cfr. Folios 1007 a 1015 y 1038 a 1046.
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orienten a la protección de las quebradas que atraviesan el Municipio de Quimbaya
[…]”, comoquiera que, esta obligación excede sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias.
33. Afirmó que su gestión se centra en la definición de políticas, orientaciones y
directrices unificadas para el manejo del agua en el país y que, en tal sentido, el
Ministerio ha venido cumpliendo con las acciones que le corresponden en el marco
de sus competencias. Por tal razón, expresó que no es procedente que se le exija
la financiación de planes, programas, proyectos, obras y actividades orientados a
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, entre otros aspectos.
34. De manera detallada, indicó que, atendiendo a los lineamientos establecidos
a nivel nacional sobre la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y conforme
a la convocatoria pública del Fondo de Adaptación, el Ministerio postuló el proyecto
denominado: "Formulación. e Implementación de Acciones de Ordenamiento
Ambiental del Territorio en las Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno
de la Niña 2010-2011, como una Estrategia para la Reducción de las Nuevas
Condiciones de Riesgo del País", el cual fue aprobado por el Consejo Directivo del
Fondo. Al respecto, especificó que, en las cuencas objeto de formulación e
implementación de acciones de ordenamiento en el marco del proyecto se
encuentra la cuenca del río La Vieja, ubicada en el Municipio de Quimbaya.
35. Enunció que, para la puesta en marcha del proyecto referido, se firmó el
Convenio Interadministrativo núm. 008 de 2012 entre el Fondo de Adaptación y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene por objeto establecer las
bases de coordinación entre las partes, para la formulación e implementación de
acciones de ordenamiento ambiental en zonas afectadas por el fenómeno de La
Niña 2010-2011, como una estrategia para la reducción de las nuevas condiciones
en el país.
36. Igualmente, informó que se suscribió el Convenio Interadministrativo núm.
160 de 2013 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las
Corporaciones Autónomas Regionales, en especial, las que tienen jurisdicción
sobre la cuenca del río La Vieja (CRA - CARDER CVC). Refirió que este convenio
pretende aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos, para unificar
criterios y establecer compromisos con miras a fortalecer los procesos de
ordenamiento ambiental del territorio, como una estrategia fundamental para
planear la reducción de las condiciones de riesgo en las principales cuencas
hidrográficas que fueron impactadas por el Fenómeno de La Niña 2010 - 2011, a
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través de la formulación y/o actualización de los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas (POMCAS).
37. Asimismo, informó que en desarrollo de estos convenios marco, se celebró
el Convenio núm. 013 del 2014 entre el Fondo Adaptación y la Corporación
Autónoma Regional del Quindío con el objeto de "[a]unar esfuerzos técnicos,
administrativos y humanos entre el Fondo y la Corporación para ajustar (actualizar)
el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca hidrográficas del Río La Vieja, en el
marco del Proyecto ‘Incorporación del componente de gestión del riesgo como
determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación
y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
afectadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011´”. Expresó que, para el desarrollo
de este convenio se comprometieron recursos por un valor de dos mil seiscientos
setenta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve
pesos ($ 2.678.983.869).
38. Afirmó que, en desarrollo del convenio anterior, la Corporación Regional del
Quindío –en comisión conjunta con otras Corporaciones Autónomas (CRQ - CARDER -
CVC y Minambiente)– adelantó el ajuste del POMCA Río La Vieja, entre los años
2015 y 2018, en el cual, desarrolló las fases de aprestamiento, diagnóstico,
prospectiva y zonificación ambiental, y de formulación. A su vez, informó que dicho
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río La Vieja fue aprobado mediante
Resoluciones núm. 1100 de 2018 de la Corporación Regional del Quindío y 274 de
2018 de la Corporación del Valle del Cauca.
39. Informó que, con el “[…] desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca del río La Vieja - POMCA, actualmente 21 municipios cuentan con
determinantes ambientales derivadas de la Zonificación ambiental, el componente
programático y el componente de gestión del riesgo del POMCA […]”.
40. Ahora bien, enfatizó que las políticas son desarrolladas y puestas en marcha
por las respectivas Corporaciones. Al respecto, verbigracia, indicó que la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, expidió la Resolución CRQ núm. 812
de 3 de abril de 2018, por medio de la cual ajustó el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos - PSMV del Municipio de Quimbaya y se dictaron otras
determinaciones.
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41. Por todo lo anterior, solicitó revocar la orden del numeral quinto del ordinal
cuarto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío de 25 abril
de 2019, en lo que tiene que ver con esta entidad.
Departamento del Quindío
42. El Departamento del Quindío recurrió la sentencia proferida en primera
instancia, mediante escrito allegado el 2 de mayo de 201924. Cuestionó que varias
de las órdenes de la decisión no se encuentran enmarcadas en sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, de conformidad con el Plan
Departamental de Aguas – PDA.
43. Puntualmente, señaló que el numeral primero del ordinal cuarto, según el
cual, se ordena que “[…] el [M]unicipio de Quimbaya, [las] Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P., el Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma
Regional del Quindío realicen de manera coordinada un completo y detallado
diagnóstico del problema de vertimientos de aguas residuales […]” no está acorde
a sus funciones, en tanto, el Departamento del Quindío tiene a su cargo el deber de
“complementar la gestión de recursos y brindar apoyo frente al tema de ejecución
del plan de inversiones del [Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos] –
PSMV”, más no la realización del diagnóstico del estado actual de los vertimientos
del Municipio de Quimbaya, en la medida que esta es una responsabilidad
compartida entre dicho ente territorial y el operador –Empresas Públicas del Quindío
S.A. E.S.P.–.
43.1. Así las cosas, el Departamento solicitó ser excluido de la orden dispuesta en
el numeral primero del ordinal cuarto, con fundamento en que el diagnóstico ya se
elaboró por parte del Municipio y las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. ; y,
aún en caso de que no existiera, tampoco sería su obligación participar de su
construcción porque ello no está en el marco de sus competencias.
43.2. Asimismo, solicitó ser excluido de los numerales cuarto y quinto del ordinal
cuarto de la sentencia proferida en primera instancia, que –respectivamente–ordenan
lo siguiente: “[…] una vez viabilizado el proyecto por parte del Ministerio, el
Departamento del Quindío en su calidad de coordinador y gestor del Plan
Departamental de Aguas deberá adelantar las gestiones técnicas, administrativas,
interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para
24 Cfr. Folios 954 a 955.
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llevar a cabo el proceso de contratación de las obras de construcción de colectores
de Quimbaya (fase II) […]” y “[al Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas de
Quimbaya S.A. E.S.P., al Departamento del Quindío, a la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio financien y apalanquen planes, programas,
proyectos, obras y actividades que se proyecten en el diagnóstico y/o los proyectos,
planes, obras o programas que ya se encuentren debidamente sustentados
técnicamente […]”.
43.3. Lo anterior, en la medida que no son funciones que le corresponda
desempeñar en el ámbito de su competencia. Sobre el particular, indicó: “[…]
actualmente el proyecto ‘Construcción Fase II Colectores Quimbaya’ fue incluido
en el plan de obras e inversiones del Plan Ambiental del PAP-PDA Quindío y
concertado con la CRQ, partiendo de la necesidad de sanear el tramo faltante y
del compromiso manifestado por parte del Municipio de Quimbaya y el
operador en la formulación de este proyecto, […] a la fecha no ha sido
presentado al PDA por parte del operador y/o el municipio […]”. Aunado al
argumento anterior, destacó que el proyecto al ser desarrollado con recursos de
orden regional podrá ser contratado directamente por la Corporación Autónoma
Regional del Quindío; de manera similar, afirmó que –en caso de que el proyecto fuera
enviado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio– para su evaluación y viabilización,
esta entidad sería la encargada de decidir sobre el responsable de ejecutar el
proyecto.
43.4. Por último, pidió que en lo dispuesto en los numerales quinto y séptimo del
ordinal cuarto se especifique que el Departamento del Quindío cooperará en la
consecución de recursos para la ejecución de las obras e inversiones definidas en
el plan de inversiones del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.
Corporación Autónoma Regional del Quindío
44. La Corporación Autónoma Regional del Quindío interpuso recurso de
apelación25 contra la sentencia proferida en primera instancia, pidió revocar la
decisión, en consideración a que, a su juicio, las órdenes ya han sido acogidas o se
encuentran contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –
PSMV del Municipio de Quimbaya.
25 Cfr. Folios 957 a 963.
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45. Particularmente, se opuso a la obligación relativa a la elaboración del
diagnóstico del problema de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento en las
quebradas del Municipio de Quimbaya, esto, por cuanto, considera que el
diagnóstico ya se elaboró teniendo en cuenta que el Municipio y las Empresas
Públicas de Quimbaya S.A. E.S.P. le presentaron el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos – PSMV, el cual fue aprobado mediante la Resolución CRQ núm.
1098 de 2009 y ajustado a través de la Resolución CRQ núm. 812 de 2018. En estos
actos administrativos se elaboró una planificación a partir de un diagnóstico
efectuado, que permitió definir las obras y actividades a desarrollar en el corto,
mediano y largo plazo, con el objeto de alcanzar la meta de saneamiento del
Municipio en el año 2026. A su vez, indicó que dicha planificación incluyó el
componente financiero, dado que se definieron recursos ciertos.
46. De este modo, advirtió que, de realizarse otro diagnóstico, los avances del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV no solo se verían
truncados, sino que, además, desconocería la planificación existente, que incluye:
i) un cronograma para la gestión de recursos; ii) un cronograma de Monitoreos de
Cuerpos de Aguas y de Vertimientos; y, iii) un plan de Educación Ambiental.
47. Refirió que la entidad cuenta con recursos de tasa retributiva para ser
invertidos en proyectos de descontaminación hídrica, que superan los ocho mil
millones de pesos; además, precisó que el interesado debe cumplir con los
requisitos establecidos en la norma –entre ellos, estar al día con el pago de la Tasa
Retributiva–.
47.1. En relación con el numeral segundo del ordinal cuarto, indicó que la
problemática en materia de vertimientos en el Departamento del Quindío es una
preocupación permanente de la Corporación; referente a las acciones adelantadas
al respecto, señaló que: i) aprobó el ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV del Municipio de Quimbaya; y ii) ha invitado a Municipios y a
Empresas de Servicios Públicos para que presenten proyectos para ser financiados
con recursos de la tasa retributiva26.
48. Afirmó que la función principal de la entidad es la regulación, el control y el
seguimiento al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que conlleva la
26 Sin que hubiese recibido alguna solicitud para el Municipio de Quimbaya.
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obligación de vigilar la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
– PSMV. Y, en caso de incumplimientos, imponer las consecuencias respectivas.
49. En relación con el numeral quinto del ordinal cuarto indicó que para el
Municipio de Quimbaya se encuentra vigente el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV.
50. Referente al numeral séptimo del mismo ordinal cuarto, destacó que la
Corporación ha venido realizando labores enmarcadas en el control y seguimiento
a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y apoya financieramente la
ejecución de obras y/o actividades de proyectos que provengan de los Municipios
y/o personas prestadoras.
51. En cuanto, al numeral noveno del ordinal cuarto, resaltó que el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos vigente en el artículo sexto de la Resolución
CRQ núm. 812 de 2018 aprobó el programa de educación ambiental, orientado al
uso eficiente y adecuado de la red de alcantarillado. Al tiempo, adujo que “[…] [l]as
múltiples descargas de vertimientos existentes, y las necesidades de saneamiento
actual para el Municipio de Quimbaya, determinan que el documento idóneo para
planear el saneamiento, es el PSMV, sin perjuicio de que una vez en marcha y
desarrollo, sea necesario diseñar, implementar, y construir otros instrumentos, entre
los que se encuentra, el Plan de Gestión del Riesgo y la Evaluación Ambiental […]”.
52. Ahora, en lo atinente al numeral décimo del ordinal cuarto, alusivo a elaborar
un Plan de Descontaminación de las quebradas receptoras de los vertimientos de
aguas residuales del Municipio de Quimbaya, señaló que de implementarse de
manera adecuada y efectiva el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –
PSMV, en el año 2024 estarán saneados los cuerpos de agua receptores de
vertimientos del alcantarillado público del municipio.
53. A su vez, indicó que el procedimiento sancionatorio en materia ambiental se
encuentra establecido en la Ley 1333 de 2009, razón por la cual no le es dable
establecer un procedimiento diferente, porque esta es una función exclusiva del
Congreso de la República.
54. Por último, en lo referente a la orden del numeral décimo primero del ordinal
cuarto, relacionada con el programa de monitoreo de las corrientes, tramos o
cuerpos de agua receptoras de los vertimientos, expresó que en el Plan de
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Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Quimbaya está un
cronograma de monitoreos elaborado respecto de cada uno de los años de vigencia
del plan. En tal sentido, resaltó que “[…] el Plan de Monitoreo dispuesto en la
sentencia está vigente y se encuentra contenido en el PSMV vigente, por lo que es
necesario propender por su cumplimiento, sin que resulte necesario elaborar uno
diferente […]”.
Empresas Públicas del Quindío
55. Empresas Públicas del Quindío interpuso recurso de apelación, mediante
escrito allegado el 2 de mayo de 201927. Solicitó revocar la sentencia proferida en
primera instancia, comoquiera que ha demostrado gestión e interés en el curso de
la acción popular en la terminación de las obras de construcción de colectores
faltantes en el Municipio de Quimbaya, así como, en la construcción de la Planta de
Tratamiento de aguas residuales, con el objeto de lograr la descontaminación de las
fuentes hídricas tributarias al río La Vieja en el Departamento del Quindío.
56. Explicó que la Empresa cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV para el Municipio de Quimbaya, aprobado mediante
Resolución CRQ núm. 1098 de 2009, que fue ajustado a través de la Resolución
CRQ núm. 812 de 2018. Indicó que, estos actos administrativos contienen las obras
y actividades a realizar en el corto, mediano y largo plazo, las cuales cuentan con
el correspondiente respaldo financiero. Por lo cual, argumentó que elaborar un
nuevo diagnóstico desconocería lo que se ha avanzado en garantía de los derechos
e intereses colectivos.
57. Expuso que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV
cuenta con un diagnóstico elaborado por la Empresa y el Municipio, así como, con
un cronograma de monitoreo elaborado por cada uno de los años de la vigencia del
plan.
58. Alegó que, resulta claro que, a través del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV se comprometió a adelantar las obras necesarias para
garantizar y salvaguardar los derechos colectivos aducidos como vulnerados. Y,
que, mediante el Plan de Obras e Inversión Regulado – POIR programó las
intervenciones para conseguir el objetivo de descontaminación de la fuente hídrica
del río La Vieja.
27 Cfr. Folios 964 a 970.
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59. Subrayó que el proyecto fue incluido en la estructura tarifaria que fue
aprobada por la Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., en
diciembre de 2017. Sobre el particular, detalló que el proyecto en la fase II, asciende
a la suma de $3.061.763.488, los cuales se financiarán a través de la vía tarifaria.
Además, precisó que se incorporó la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en la nueva estructura tarifaria.
60. En virtud de lo anterior, señaló que la Empresa se encuentra en proceso de
evaluación de las propuestas tendientes a avanzar en la descontaminación de las
quebradas Buenavista, Agua Linda y afluentes mediante la construcción de
colectores interceptores en el Municipio de Quimbaya, por un valor aproximado de
ochocientos millones de pesos, según lo dispuesto en el cronograma del Plan de
Obras e Inversión Regulado – POIR.
61. Finalmente, indicó que la construcción de los colectores e interceptores
pendientes se encuentra proyectada para las vigencias 2018-2019 y la construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Quimbaya para
el año 2023, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Obras e Inversión
Regulado – POIR.
Actuaciones en segunda instancia
62. En auto de 8 de mayo de 201928, el Magistrado Sustanciador concedió en el
efecto suspensivo ante el Consejo de Estado los recursos de apelación interpuestos
por el Departamento del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible contra la sentencia proferida en primera instancia.
63. El 4 de junio de 201929 se repartió este asunto al Despacho Ponente.
Mediante auto de 15 de julio de 201930, se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por el Departamento del Quindío, la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío el 25 de abril de 2019.
28 Cfr. Folio 1034.
29 Cfr. Folio 1049.
30 Cfr. Folio 1051.
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64. Mediante auto de 17 de septiembre de 2019 31, el Despacho Sustanciador
ordenó la presentación de los alegatos por escrito y dispuso surtir el traslado al
Ministerio Público para que rindiera concepto una vez vencido el término de los diez
días concedido a las partes.
65. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Personería Municipal de
Quimbaya allegaron sus alegatos el 30 de septiembre de 2019 y el 8 de octubre del
mismo año –respectivamente–. La Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de
Estado rindió concepto el 22 de octubre de 2019, por medio del cual solicitó
confirmar la sentencia de 25 de abril de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, excepto en lo relativo a la inclusión del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible en el numeral quinto del ordinal cuarto de la parte
resolutiva.
66. Mediante auto de 6 de agosto de 2024, el Despacho Ponente negó las
solicitudes probatorias presentadas por el Departamento del Quindío y las
Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. contenidas en el acápite “[…] Pruebas
[…]” de los recursos de apelación, con fundamento en que no se subsumen en
ninguno de los supuestos fácticos previstos en el artículo 327 de la Ley 1564 de 12
de julio de 201232.
67. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes33
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201134.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
68. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) las facultades del juez popular; vi) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas;
vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; viii) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo de
31 Cfr. Folio 1063.
32 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
33 Escrito de 9 de octubre de 2024.
34 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; ix) el
marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado;
x) el marco normativo sobre los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA y xi) el análisis del
caso concreto.
69. Competencia de la Sala
70. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201935, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y, iii) el 15036 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo
de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el
trámite de las acciones populares.
La Sala se pronunciará sobre los argumentos expuestos por el Departamento del
Quindío, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P. y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío el 25 de abril de 2019, de conformidad con los artículos
32037, 32238 y 32839 de la Ley 1564, norma aplicable al presente caso, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
35 Expedido por la Sala Plena de esta Corporación, “[…] [p]or medio del cual se expide el reglamento interno
del Consejo de Estado […]”.
36 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. Modificado
Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
37 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
38 “[…] Artículo 322. […] PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de
las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse
ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión
deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]”.
39 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
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71. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes
72. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 9 de octubre de 202440, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.°
del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).
73. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 3.° por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandante en el proceso
de la referencia […]”.
74. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13141, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, así como, el trámite para manifestar impedimento; y ii) 44 de la Ley
472, sobre aspectos no regulados.
75. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil 42, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:
“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.
40 Cfr. índice 40 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
41 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
42 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
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“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.
76. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
77. La Corte Constitucional43 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto
78. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:
79. Por un lado, se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del
Consejero de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa
entidad.
80. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0044, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:
43 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
44 Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
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“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).
81. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad que funge como coadyuvante en
este asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva
material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este
caso, se configura la causal de impedimento invocada.
82. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al Consejero de
Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
Problemas jurídicos
83. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por el Departamento del Quindío, la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible:
83.1. Si, en el caso sub examine, estas entidades son o no competentes para
cumplir las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, de
conformidad con sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, en lo que
respecta a la problemática de contaminación de fuentes hídricas que afectan el río
La Vieja por el vertimiento de aguas residuales, debido a la falta de terminación de
las obras de colectores interceptores y por la omisión en la construcción de la Planta
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de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de Quimbaya, Departamento
del Quindío.
83.2. De igual modo, la Sala decidirá si las gestiones adelantadas hasta el
momento, en los términos argumentados por los recurrentes, constituye o no razón
suficiente para modificar las órdenes impartidas en primera instancia.
83.3. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 25 de abril de 2019 proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Quindío.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
84. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
85. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
86. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
87. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
88. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
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además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”45.
89. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
90. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
91. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
92. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 46, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
93. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]47”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas
La seguridad pública
94. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.
46 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
47 Ibidem.
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
95. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional48 ha considerado que
tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.
96. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
97. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado49 […]”.
La salubridad pública
98. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200150, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200751 y 6.°, numeral 4.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201652, relativos
a la salud pública.
99. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
48 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
49 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-
000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
50 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
51 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones […]”.
52 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
100. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.
101. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
102. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de
julio de 201653, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica
la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un
derecho de diferentes connotaciones54.
103. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 2017, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.
104. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ´salud
pública´ y ´salubridad pública´ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”55.
105. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:
53 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
54Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso
de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos
están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar
que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria56 […]”.
106. Asimismo, esta Sala ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio,
necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así
como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión,
al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público
necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]57”.
107. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]58”. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de
2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
57 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-
000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,
radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública
108. Vistos los artículos 2.°, 24 y 366 de la Constitución Política sobre el deber del
Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala que
“[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.
109. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.
110. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:
“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.
Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]
El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad,
es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios
que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse
de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando
disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio
de tiempo determinado59.
Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede
confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la
posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se
verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de
tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo,
cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de
servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la
infraestructura de estos.
Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras
de servicios […]”60 (Destacado fuera del texto original).
111. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o
epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”61.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
112. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
113. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre
de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).
61 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 680012333000
201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 850012333000201400034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”62
(Destacado fuera de texto).
114. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente63, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.
Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado
115. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.
116. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente64, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental65 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios66.
62 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
63 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número: 170012333
000201800493-01.
64 Artículo 79.
65 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
66 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
117. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.
118. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155167, la
norma señala lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera del texto original)
67 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó
la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
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119. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es la entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.
120. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.
121. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.
122. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.
123. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
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normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
124. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden de garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.
125. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:
“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
126. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.
127. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10.°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.
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128. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.
Marco normativo sobre los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA
129. Visto el artículo 1° del Decreto 1425 del 6 de agosto de 201968, que establece
un marco actualizado para los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, dichos planes se conciben como el
“[…] conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional
formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos
y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso
a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales,
la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de
los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva
de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios […]”.
130. Esta normativa es aplicable a “[…] todos los participantes en la
planeación, coordinación y ejecución interinstitucional de los […] - PDA, y a
los instrumentos de administración de los recursos, que en virtud de la Ley 1176 de
2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1530 de 2012 y Ley 1753 de 2015 o las normas que
las modifiquen, complementen o sustituyan, pueden y deben ejecutarse a través de
los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento […]”.
131. La misma regulación establece que las autoridades deben actuar de manera
articulada para planificar, diseñar, programar y ejecutar las estrategias necesarias
en los servicios de acueducto y saneamiento ambiental, asegurando una
colaboración eficaz entre entidades de distintos niveles. En relación con las
entidades municipales, el alcalde y las empresas prestadoras de servicios son
los encargados de la ejecución de las obras y la prestación continua de los servicios.
En el ámbito departamental, el gobernador asume un rol central en la dirección del
PDA, encabezando el Comité Directivo y coordinando actividades entre las
diferentes entidades involucradas. A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda,
68 “[…] Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento […]”
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Ciudad y Territorio establece las directrices técnicas y supervisa la correcta
implementación de los PDA. Además, el Departamento Nacional de Planeación
realiza evaluaciones financieras y técnicas, orientadas a asegurar que los proyectos
sean sostenibles y cumplan con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
132. En esa misma línea, las Corporaciones Autónomas Regionales, como
autoridades ambientales tienen la responsabilidad de asegurar que los proyectos
ejecutados en el marco de los PDA cumplan con la normativa ambiental vigente,
protegiendo las fuentes hídricas y asegurando la sostenibilidad ambiental de las
actividades relacionadas con la gestión del agua y el saneamiento.
133. Dentro de la cooperación administrativa, se destacan las “estructuras
operativas”, que, según el Decreto mencionado, estarán integradas por un comité
directivo y un ente gestor.
134. El ente gestor puede ser “[…] el departamento o las empresas de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que
sus estatutos permitan la vinculación como socios a los municipios y distritos del
respectivo departamento que así lo soliciten […]”. Este ente “[…] es el responsable
de la gestión, planeación, implementación, ejecución de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento
básico en el departamento […]”.
135. Las funciones del ente gestor son múltiples y abarcan, entre otras, i) la
coordinación de las acciones de los distintos participantes en el programa; ii) la
provisión de asistencia técnica y administrativa a los municipios; iii) la planificación
y priorización de inversiones; iv) la estructuración de proyectos; y v) la búsqueda de
fuentes de financiación. Además, es su deber supervisar los procesos de
contratación, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales y la
transparencia en la selección de oferentes. Igualmente, debe rendir cuentas de
manera periódica al Comité Directivo y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
a través de informes detallados que describan los avances y la utilización de los
recursos; y llevar a cabo audiencias públicas para asegurar la transparencia y el
control social.
136. Si la gestión es realizada por empresas de servicios públicos, estas deben
formalizar contratos específicos que detallen sus obligaciones y la remuneración por
los servicios prestados.
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137. El gestor debe coordinar las actividades del PDA bajo la dirección del Comité
Directivo, el cual es definido como “[…] la instancia encargada de aprobar el
ejercicio de planificación y seguimiento para el desarrollo de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA […] incorporando un análisis de necesidades, recursos
disponibles, metas e indicadores definidos por el departamento, el Gestor y los
municipios y distritos […]”.
138. Este comité está compuesto por: i) el gobernador del departamento, quien lo
preside; ii) un secretario departamental; iii) dos alcaldes en representación de los
municipios y distritos participantes; iv) un representante del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio; v) un delegado de la autoridad ambiental competente; vi) un
representante del Departamento Nacional de Planeación; y vii) el ente gestor, que
ejerce la secretaría técnica.
139. Entre otras funciones, este comité tiene la responsabilidad de aprobar los
instrumentos de planeación, la revisión y ajuste de las metas según las fuentes de
financiación disponibles, y la articulación con las autoridades ambientales.
140. La participación de las entidades territoriales y las autoridades ambientales
en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento - PDA está condicionada al cumplimiento de una serie de
requisitos en cabeza de:
140.1. Los departamentos, quienes deben de suscribir un convenio con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, comprometiéndose a adoptar los
lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los PDA e implementar el
instrumento para el manejo de recursos y aportar los recursos necesarios para
cerrar financieramente los proyectos dentro de los PDA. Asimismo, tienen la
obligación de facilitar la implementación, asegurar la ejecución efectiva de los PDA
y realizar el seguimiento a los gestores, en especial, cuando estos sean empresas
prestadoras de servicios públicos.
140.2. Los municipios y distritos que deseen participar deben celebrar un
convenio interadministrativo con el gestor y el departamento, comprometiéndose a
adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los PDA. Sumado a lo
anterior, deberán asegurar la implementación del instrumento para el manejo de
recursos y esquemas, así como autorizar el giro de los aportes de los recursos
financieros necesarios para garantizar la prestación continua de los servicios.
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140.3. Las autoridades ambientales, con jurisdicción en los municipios y distritos
involucrados, deben suscribir un convenio con el departamento, precisando las
actividades que se comprometen a desarrollar, los recursos que destinarán y los
mecanismos de articulación con los PDA. En los casos en que las autoridades
ambientales hayan firmado el Convenio Marco de Vinculación serán consideradas
participantes activos de los PDA durante la vigencia de dicho convenio.
141. Agregado a lo anterior, otros participantes de los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA son el
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
142. Al respecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como autoridad
nacional, participará en los Comités Directivos de dichos Planes bajo los siguientes
términos:
“[…] 1.1. Nivel Alto. Para aquellos departamentos que resulten clasificados en el
Nivel Alto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no hará parte del Comité
Directivo del respectivo Plan Departamental.
1.2. Nivel Medio. Para aquellos departamentos que resulten clasificados en el Nivel
Medio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hará parte del Comité Directivo
del respectivo Plan Departamental con voz y voto para la aprobación y modificación
de los instrumentos de planeación a que hace referencia la Sección 5 del presente
capítulo.
1.3. Nivel Bajo. Para aquellos departamentos que resulten clasificados en el Nivel
Bajo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hará parte del Comité Directivo
del respectivo Plan Departamental con voz y voto para la aprobación y modificación
de los instrumentos de planeación a que hace referencia la Sección 5 de este
capítulo y verificará la estructura interna del Gestor con el fin de realizar
recomendaciones al Gobernador, sin que ello implique corresponsabilidad en la
supervisión a las labores que este desarrolla […]”69.
143. El Ministerio participará en los Comités Directivos con voz y voto para la
aprobación y modificación de los instrumentos de planeación en los niveles medio
y bajo, igualmente apoyará en la formulación del Plan Ambiental, asegurando que
los planes, programas y proyectos de agua y saneamiento básico se articulen con
los lineamientos ambientales definidos por la respectiva corporación autónoma
regional. Asimismo, el Ministerio formulará acciones y prestará asistencia técnica
diferenciada basada en la medición del desempeño, la cual se brindará en todos los
niveles de clasificación.
144. Es de agregar que el Departamento Nacional de Planeación, en el marco
de sus competencias, tiene la función de aprobar los instrumentos de planeación,
69 Artículo 2.3.3.1.3.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015.
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aunque no se requiere su participación para su modificación. Asimismo, es
responsable de medir la capacidad institucional y los resultados de los PDA,
utilizando índices desarrollados a partir de información nacional y de los reportes
proporcionados por los gestores. Esta medición permite clasificar a los gestores en
niveles alto, medio o bajo, con el fin de orientar mejor las acciones de supervisión y
apoyo.
145. El Decreto 1425 de 2019 integra en el Plan Estratégico de Inversiones -
PEI las metas de operación y servicio para la ejecución de los proyectos. El PEI se
elabora a partir de un diagnóstico detallado de las necesidades locales y regionales
en términos de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento
básico. Este plan debe ser actualizado anualmente para adaptarse a las
circunstancias cambiantes, asegurando así, un uso eficiente de los recursos y el
cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDA.
146. En ese sentido, otro de los instrumentos de planificación del PDA, es el Plan
de Aseguramiento de la Prestación, que se enfoca en garantizar la sostenibilidad
a mediano y largo plazo de los servicios de agua y saneamiento. Para su
elaboración es necesario agotar tres fases:
“[…] 1. Fase 1: Diagnóstico y prefactibilidad. Con base en un análisis de la
situación actual se elaborará un diagnóstico desde el punto de vista institucional,
legal, financiero, comercial, social, administrativo y técnico operativo de la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en cada
municipio o distrito, de tal manera que se pueda determinar la línea base de los
indicadores de la prestación, así como, los riesgos financieros y operacionales
del prestador de los servicios, con arreglo a los indicadores y a la metodología
de identificación y valoración de riesgos sectoriales, conforme a la normativa
vigente.
Con base en el diagnóstico se definirá la viabilidad del prestador y se
determinarán las acciones a seguir para garantizar el aseguramiento de la
prestación de los servicios, enmarcadas en alguna de las siguientes estrategias:
a) fortalecimiento institucional, b) transformación empresarial (incluye
vinculación de operadores o creación de empresas) o c) revisión de contratos de
operación, estrategia que deberá ser concertada con la entidad territorial.
2. Fase 2: Definición de la estrategia a seguir para el aseguramiento de la
prestación del servicio. A partir del resultado de la Fase 1, se deberán formular
las actividades, productos, cronograma y presupuesto a seguir en cada
municipio o distrito, según la estrategia seleccionada, las cuales deberán estar
alineadas con las metas establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI)
y con la mitigación de los riesgos financieros y operacionales del prestador de
los servicios públicos.
3. Fase 3: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase 2.
Ejecución y seguimiento de las actividades y productos propuestos en la Fase 2
y verificación de su cumplimiento de conformidad con el cronograma definido y
el presupuesto asignado […]”70.
70 Artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015.
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147. Adicionalmente, el Plan Ambiental tiene como objetivo asegurar que el
desarrollo de los proyectos no comprometa la sostenibilidad de los recursos
naturales en las regiones donde se implementan los PDA; por lo cual, tanto el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como el ente gestor realizarán
seguimiento cada seis meses. Este plan debe incluir:
“[…] 1. Marco de la Planificación Ambiental, el cual deberá contemplar como
mínimo una caracterización ambiental asociada a los Planes Departamentales para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA;
requerimientos ambientales para los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo
previstos en los Planes Departamentales; criterios para la priorización de proyectos
de saneamiento, los cuales deben ser articulados a los instrumentos de planificación
de cada autoridad ambiental; y criterios para la priorización de proyectos de
conservación.
2. Marco Económico y Financiero del Componente Ambiental, deberá tener
previstas las fuentes de financiación de ley asociadas a este componente de los
entes territoriales, autoridades ambientales cuando estas sean participantes de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA; empresas de servicios públicos, exenciones tributarias;
recursos de cooperación internacional; mecanismos de crédito y financiación, y
recursos de banca multilateral, entre otros.
3. Concertación de Obras e Inversiones entre el departamento, el Gestor y las
Autoridades Ambientales cuando estas sean participantes de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA con base en el diagnóstico del sector; priorización de proyectos
y las inversiones disponibles […]”71.
148. El Plan de Gestión Social busca que los diferentes actores con competencia
en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
promuevan la participación activa de las comunidades en la planificación y ejecución
de los proyectos del PDA. Este plan tiene como objetivo implementar las siguientes
tres líneas de trabajo: i) participación ciudadana; ii) comunicación; y iii) capacitación,
con el objetivo de que, a través de estos procesos participativos, las comunidades
pueden involucrarse directamente en el diseño y la supervisión de las obras,
garantizando que los proyectos respondan a las demandas locales y fomentando la
apropiación social de los servicios de agua y saneamiento.
149. Finalmente, el Plan del Riesgo Sectorial se enfoca en identificar y gestionar
los riesgos asociados con la prestación de los servicios de agua y saneamiento.
Este plan incluye una evaluación de los riesgos financieros, técnicos y
operacionales, y propone medidas de mitigación para asegurar la continuidad de los
servicios en situaciones de contingencia. Además, establece mecanismos de
monitoreo y revisión periódica para ajustar las estrategias de mitigación en función
de la evolución de los riesgos.
71 Artículo 2.3.3.1.5.5. ibidem.
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150. Es de agregar que la Nación está llamada a apoyar el sector de agua y
saneamiento básico con aportes financieros provenientes del Presupuesto General
de la Nación en el marco de los PDA, a través de bolsas de apoyo financiero que
serán asignados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a las entidades
territoriales.
151. En síntesis, el cumplimiento adecuado de las competencias mencionadas de
manera armónica por todas las entidades competentes habrá de verse reflejado en
el logro de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento
básico, y de las metas de los PDA.
152. Así las cosas, la Sala considera que los PDA no solo comprenden la
materialización de obras de infraestructura asociadas a los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico, sino que dicho instrumento está asociado a
múltiples estrategias que puedan generar valor en materia de los servicios
mencionados, teniendo como punto de partida inexcusable la actividad planificadora
en la que participan todos los sectores de la administración, antes mencionados.
Análisis del caso concreto
153. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales señalados la Sala procede a resolver el caso concreto.
154. El Tribunal Administrativo del Quindío encontró probado que las aguas
residuales del Municipio de Quimbaya se están vertiendo a las fuentes hídricas –sin
ningún tratamiento– debido a la falta de construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales – PTAR, aunado a que los colectores construidos no se
encuentran funcionando dado que no se ha ejecutado la fase II de las obras
requeridas.
155. El a quo concluyó que las políticas ambientales en materia de saneamiento
de las fuentes hídricas del municipio fueron incumplidas por Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P. –a quien le correspondía no solo formular el plan de saneamiento y
manejo de vertimientos sino también ejecutarlo–. Al respecto, indicó que, si bien, la
Corporación Autónoma Regional del Quindío aprobó el ajuste al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, que amplió el plazo del
cronograma de actividades, ello no conlleva a desconocer que la problemática
ambiental ha persistido debido a los vertimientos de aguas residuales sin ningún
tratamiento técnico en las quebradas del Municipio de Quimbaya.
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156. Destacó que resultaba notoria la pasividad del Municipio y de Empresas
Públicas del Quindío –principales responsables de atender esta situación–. Respecto
del Municipio cuestionó que no exigiera a Empresas Públicas del Quindío que la
prestación del servicio fuera eficiente y que diera cumplimiento a todas las metas
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV. A su vez, anotó la
dejadez con la que asumió la devolución del proyecto para la construcción de la fase
II de los colectores interceptores en el año 2016 –en tanto, a la fecha, no existe prueba
que los requisitos de la lista de chequeo fueran subsanados–. De igual manera, evidenció
ocurrió con el proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales – PTAR, que fue devuelto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en 2014, el cual, sólo se volvió a presentar ante dicha entidad en el año
2018 –esto es, con posterioridad a la presentación de esta acción popular–. Así las cosas,
encontró que el Municipio -como primera autoridad administrativa y policiva en su
jurisdicción, no ha adoptado medidas de planeación, inspección, control y vigilancia
en relación con el cumplimiento de normas urbanísticas relacionadas con la
protección del medio ambiente.
157. De igual modo, concluyó que la gestión del Departamento del Quindío se
limitó a recibir los proyectos y a remitirlos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, sin que prestara su apoyo técnico para lograr su ajuste y la consecuente
obtención de los recursos solicitados a la Nación, además que, tampoco ha
adoptado ninguna medida tendiente a corregir las deficiencias en el saneamiento
básico del Municipio.
158. En tal sentido, concluyó que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el
Departamento del Quindío no han actuado de forma concurrente y ágil con el
Municipio y las Empresas Públicas del Quindío “[…] en la elaboración y formulación
de los proyectos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales – PTAR y en la red de colectores interceptores faltantes, para que estos
se ajusten a los parámetros establecidos por las disposiciones expedidas en la
materia, para que puedan acceder a recursos a través del Plan Departamental de
Aguas de la Nación, de la tasa retributiva y del propio departamento […]”.
159. En relación con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el Tribunal
consideró que no ejerció oportuno y eficaz seguimiento y control al cumplimiento del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Quimbaya.
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160. Así las cosas, concluyó que ha existido falta de coordinación, planeación y
gestión administrativa de las entidades responsables, en tanto, no se ha garantizado
–eficientemente– el servicio público domiciliario de alcantarillado y saneamiento
básico de la comunidad, lo cual conlleva la vulneración de los derechos e intereses
colectivos a: el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la salubridad
pública; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; y, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
161. El Departamento del Quindío, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible interpusieron recurso de apelación contra la sentencia
proferida en primera instancia, para lo cual, argumentaron lo siguiente: i) el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió ser excluido de la orden del
numeral quinto del ordinal cuarto de la parte resolutiva, en tanto, de acuerdo con
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, no es procedente que
se le exija la financiación de planes, programas, proyectos, obras y actividades
orientados a los sistemas de tratamiento de aguas residuales; ii) el Departamento
del Quindío, de un lado, cuestionó las ordenes de los numerales primero, cuarto y
quinto del ordinal cuarto de la sentencia proferida en primera instancia –
puntualmente– solicitó ser excluido de estas órdenes. Y, de otro lado, pidió que se
especifique en las órdenes de los numerales quinto y séptimo del ordinal cuarto,
que el Departamento del Quindío cooperará en la consecución de recursos para la
ejecución de las obras e inversiones definidas en el plan de inversiones del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV; iii) la Corporación Autónoma
Regional del Quindío pidió revocar la decisión, para lo cual, sustentó que las
órdenes ya han sido acogidas o se encuentran contenidas en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Quimbaya. Así las
cosas, se opuso a las órdenes de los numerales primero, segundo, quinto, séptimo,
noveno, décimo y décimo primero del ordinal cuarto de la sentencia proferida en
primera instancia. Y, iv) Empresas Públicas del Quindío solicitó revocar la sentencia
proferida en primera instancia, comoquiera que ha demostrado gestión e interés en
la terminación de las obras de construcción de colectores faltantes en el Municipio
de Quimbaya, así como, en la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales, con el objeto de lograr la descontaminación de las fuentes hídricas
tributarias al río La Vieja en el Departamento del Quindío.
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162. Definido lo anterior, la Sala procederá al análisis del material probatorio y
posteriormente a la resolución de los problemas jurídicos planteados supra.
Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente
163. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del
silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
164. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:
165. Copia del Convenio Interadministrativo de Transferencia de Recursos y
Cofinanciación SID núm. 01 de 2 de mayo de 201272, suscrito entre el Departamento
del Quindío y la Empresa Sanitaria del Quindío, actualmente, Empresas Públicas
del Quindío S.A. E.S.P., que tiene como objeto unir esfuerzos económicos, técnicos
y financieros para ejecutar proyectos específicos en el Municipio de Quimbaya.
Estos proyectos incluyen: i) la modelación hidráulica para la sectorización y
localización de macromedidores de las redes de acueducto del casco urbano, por
un valor de $69,600,000; y, ii) el rediseño de la planta de tratamiento de aguas
residuales, por un valor de $50,000,000.
165.1. Este convenio se enmarca en el Plan Anual General Estratégico de
Inversiones 2012, en línea con el Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los servicios públicos de agua y saneamiento, y busca cumplir con la meta 18
del Plan de Desarrollo 2008-2011 “Quindío Unido”, que consiste en “[d]iseñar,
elaborar e implementar el Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico en
beneficio de la población quindiana y en especial niños, y adolescentes y ejecutar
su plan de acción”. De las consideraciones expuestas, se destaca lo siguiente:
“[...] La operadora de los servicios aportara al presente convenio los soportes
técnicos para la contratación de los estudios y diseños y la interventora lo cual se
cuantifica y la elaboración de los alcances técnicos para contratación de los estudios
de PTAP y PTAR de cada uno de los proyectos específicos (EL PDA entregara el
Alcance técnico para la contratación de Modelación Hidráulica), ya identificados
valorados en la suma de $13.000.000. La consultoría deberá tener en cuenta todos
los estudios y diseños de planes maestros, programas y proyectos municipales y
regionales existentes relacionados directa o indirectamente con los proyectos de
Modelación Hidráulica para la sectorización y localización los Macromedidores de
las redes de acueducto del casco urbano de los diferentes municipios, con el fin de
que el consultor desarrolle un modelo de simulación de cada sistema de distribución
72 Visible a fol. 742 a 749
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del sistema de Acueducto a partir de la información catastral referente a la topología
de las redes (...). La consultoría que sea contratada deberá realizar los estudios
técnicos de factibilidad y diseños de ingeniería definitivos para la formulación
de Estudios que permitan la optimización de plantas de tratamiento de residual
teniendo en cuenta que las aguas de los municipios se están vertiendo a las
fuentes hídricas sin ningún control, la CRQ cuenta con unos diseños de
plantas desde el año 2002 realizados mediante convenio forec y CRQ, por lo
cual se hace necesario una evaluación integral estructural e hidráulica de
todos y cada uno de los componentes de los sistemas, con el propósito de
realizar la complementación y actualización del diagnóstico y diseño [...]”
(Destacado fuera del texto original).
166. Copia del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV para el
Municipio de Quimbaya, formulado por las Empresas Públicas del Quindío S.A.
E.S.P., aprobado mediante la Resolución núm. 1098 de 27 de noviembre de 200973
proferida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ.
166.1. El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV establece las
siguientes actividades a desarrollar en el período 2008 – 2017: (i) renovación de
emisarios finales dentro de los componentes de optimización de redes de
alcantarillado y alcantarillado combinado; (ii) construcción de interceptores entre
2010 y 2017 para la descontaminación de las quebradas Agua Linda, Buenavista,
Campo Alegre, La Valencia-Rocío y Mina Rica, que recogerán diversas descargas;
y (iii) construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR –
específicamente, entre los años 2012 a 2017.
166.2. En el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, Empresas
Públicas del Quindío S.A. E.S.P. se obligó a reducir la carga contaminante en las
quebradas del Municipio de Quimbaya, así: en un 80% en las quebradas
Buenavista, Agua Linda, Campo Alegre, La Valencia-Rocío y Mina Rica; en un 60%
en la carga total de DBO5 y en garantizar la eficiencia del 70% en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, para cumplir con los objetivos de calidad
establecidos en la Resolución núm. 107 de 2007, para el año 2017. Además,
conforme a la Resolución núm. 1098 de 2009, ESAQUIN, hoy Empresas Públicas
del Quindío S.A. E.S.P. se obligó a presentar informes semestrales ante la
Corporación Autónoma Regional del Quindío sobre el avance en la ejecución del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, así como un informe
anual74 que incluya un inventario actualizado de cargas generadas y reducidas,
además de muestreos de aguas residuales. También se comprometió a realizar
monitoreos anuales con un laboratorio acreditado por el IDEAM. Por su parte, la
73 Visibles a Fol.s 262 a 266, 267 a 271 y en el CD del Fol. 1 C. d medidas cautelares. Carpeta: ANEXOS
DEMANDA. Archivo: PSMV QUIMBAYA Resolución 1098.pdf
74
En el mes de agosto.
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Corporación Autónoma Regional del Quindío, a través de la Subdirección de Control
y Seguimiento Ambiental, se obligó a llevar a cabo tres visitas anuales al Municipio:
dos para verificar el cumplimiento del plan físico y una para comprobar los
procedimientos de reducción de cargas contaminantes. Y, dispuso continuar con el
proceso sancionatorio ambiental.
167. Copia del Convenio Interadministrativo SID núm. 006 de 2013, suscrito entre
el Departamento del Quindío y Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., para dar
cumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, mediante
el proyecto denominado "ESTUDIOS Y REDISEÑOS DE LOS COLECTORES,
INTERCEPTORES DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, CALARCÁ,
CIRCASIA, GÉNOVA, PIJAO, QUIMBAYA Y SALENTO DEL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO"75.
168. Copia de los siguientes contratos celebrados por Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P. con el propósito de dar cumplimiento al Convenio
Interadministrativo SID núm. 006 de 2013: i) Contrato de Consultoría núm. 003 de
2013 con el Ingeniero Jhon Jairo González Guerra, encargado de los diseños finales
del PAP-DPA, que incluía el diseño de colectores en el municipio de Quimbaya 76;
posteriormente, ii) Contrato de Obra núm. 041 de 23 de septiembre de 2014,
suscrito con la Unión Temporal Quimbaya para la "CONSTRUCCIÓN
COLECTORES INTERCEPTORES PARA AVANZAR EN LA
DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENTA
DEL RÍO LA VIEJA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”77; y iii) la Interventoría
núm. 003 de 201478, en relación a la precitada obra de los colectores en Agua Linda,
Buenavista, Campo Alegre, Rocío y Mina Rica. Los recursos para estos contratos
fueron aprobados por el OCAD del Eje Cafetero y Antioquia mediante los Acuerdos
núms. 004 y 10 de 2014.
169. Copia del Informe de la Veeduría Ciudadana79 que ejerce control al Contrato
de Obra núm. 041 de 2014, según el cual: existen problemas en la ejecución del
proyecto de construcción de la planta de tratamiento en un terreno de propiedad del
señor Jaime Ospina, colindante con la quebrada Buenavista, debido a pendientes
excesivas, que lo hacen inadecuado para la construcción. Del mismo modo, refiere
75 Visible en el CD del Fol. 700. Archivo: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SID 06 DE 2013.PDF
76 Antecedentes aportados en CD a Fol. 700 y planos del Fol. 701 a 739, correspondiendo al municipio de
Quimbaya los planos del Fol. 714 a 719 (localización y levantamiento planímetro, al métrico y topográfico del
colector interceptor - sector Agualinda) y del 720 a 723 (localización y levantamiento planímetro, almétrico y
topográfico del colector interceptor - Sector Buenavista).
77 Fol. 25 a 30
78 Fol. 25 a 30
79 Fol. 156 a 159.
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deficiencias en la ejecución del contrato, como el almacenamiento inadecuado de
tuberías sin protección, su instalación en terrenos rocosos sin la base de arena
necesaria, la falta de llenado de brechas para prevenir filtraciones y daños, la
ruptura de tuberías, la perforación de túneles sin maquinaria adecuada, y el
vertimiento de aguas residuales sin tratamiento en tres puntos, así como la ausencia
de tramos de colectores interceptores que debían ser construidos antes del cierre
de la obra.
170. Copia del Oficio núm. 10600-2017 2051 de 1 de junio de 201780, expedido
por Empresas Públicas del Quindío, en respuesta a los cuestionamientos realizados
por la veeduría en los siguientes términos:
"[...] [E]l Plan de ordenamiento vigente en el municipio de Quimbaya es el
aprobado mediante el acuerdo 013 del 27 de junio del año 2000. El cual no hace
alusión a sitios exactos de plantas de tratamiento, sino que se limita a explicar los
proyectos existentes a la fecha los cuales fueron del DAR y de RIPAQ.
A continuación se presenta el texto que sobre aguas residuales presenta el
mencionado acuerdo:
‘TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS Y NEGRAS.
Actualmente no existe un tratamiento de las aguas residuales, pero si existen
dos proyectos de futuros tratamientos, uno de ellos realizado por el DAR, en el
que se encuentra diseñado un colector paralelo a la quebrada Buenavista, que
recogería las aguas servidas que llegan a dicha quebrada y las llevaría a una
planta de tratamiento de aguas residuales, construida en la zona rural al Sur
Occidente del municipio.
Existe otro proyecto, contemplado en el RIPAQ, que sería la canalización de la
quebrada Mina Rica, llevando las aguas servidas hasta una planta de
tratamiento de aguas residuales, ubicada al Nor- Occidente del barrio
Clementina López, en la zona rural del municipio’.
Como se puede observar en el texto traído a colación, en el mismo no se hace alusión
a un lote en particular y/o a propietarios.
[...]
Con respecto al vertimiento de las aguas residuales en un solo punto en la Quebrada
Buena vista (...)
La propuesta de vertimientos ha sido presentada a la Corporación Autónoma Regional
del Quindío, ante las preocupaciones presentadas por la veeduría. A la fecha nos
encontramos a la espera de la respuesta por parte de la Corporación, pues la mismas
[sic] es la competente para revisar, examinar y dictaminar si al realizar los vertimientos
en estos tres puntos es viable y ambientalmente conveniente.
[...]
Para superar los diferentes accidentes topográficos presentados en el recorrido de
los colectores, fue necesario ejecutar diferentes procesos constructivos para dar
continuidad al trazado de la tubería. Uno de los procesos constructivos
implementados, fue la excavación de túneles mineros, desarrollados siguiendo los
protocolos establecidos por cada una de las áreas de gestión, ejecutándose 776,8 ml
de túneles en 4 tramos, sin ningún inconveniente durante su desarrollo.
Como es normal en cualquier desarrollo de obra civil, existen numerosos impactos a
la comunidad y al medio ambiente, los cuales para esta obra fueron mitigados
teniendo en cuenta los planes y programas planteados desde el área social y
ambiental, y los cuales fueron aprobados desde el inicio del proyecto. Para este
proyecto el principal impacto generado desde el área ambiental y el cual no es posible
solucionar en 100%, es la condición del terreno, puesto que debido a la topografía
80 Fol. 164 a 179.
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donde se desarrolla el proyecto y los periodos de fuertes lluvias presentados, se
generaron en algunos tramos cambios en la forma del terreno, sin embargo, durante
la ejecución de las obras, los sitios que requirieron intervenciones para la
estabilización de sus laderas fueron intervenidos, la limpieza de las zonas de trabajo
y el retiro del material sobrante fueron ejecutados por el contratista una vez finalizaron
las obras en cada tramo, porque es importante aclarar que el contrato tuvo una
intervención en 8.822 ml de terreno. La interventoría ha estado atenta a verificar la
restitución de las condiciones de cada uno de los sitios intervenidos por el contratista
procurando en lo posible, dejar la zona igual o mejor que su estado inicial. Soporte de
los manejos realizados y los inconvenientes presentados se han dejado consignados
en los informes mensuales presentados por el contratista y la interventoría.
[...]
El contrato de obra Núm. 041 de 2014, presentó variación en la longitud de
colector a construir, teniendo en cuenta las diferentes situaciones técnicas
presentadas y la necesidad de ejecutar actividades no contratadas y necesarias
para dar cumplimiento el objeto del contrato ‘CONSTRUCCIÓN DE
COLECTORES INTERCEPTORES PARA AVANZAR EN LA
DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA
DEL RÍO LA VIEJA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO’ (Subrayado fuera de texto). Con las obras ejecutadas se da cumplimiento al objeto del contrato y se copa
el presupuesto asignado, quedando pendiente para cumplir con el ‘proyecto’
algunos tramos de colector, donde los propietarios NO permitieron el desarrollo
de las obras. Por lo tanto y en cumplimiento al plan de gestión social, el contratista
da inicio a la elaboración de las actas de cierre, las cuales serán aplicadas a todos y
cada uno de los predios intervenidos, y para lo cual se inicia socializando con la
procuraduría, veeduría y presidentes de juntas de acción comunal tal actividad. Es
importante tener presente que el contrato de obra Núm. 041 de 2014 ejecutado
por la Unión Temporal Quimbaya 2014, solo es una parte del PSMV radicado
ante la CRQ por las Empresa Públicas del Quindío SA ESP, al cual se le debe
dar continuidad hasta la terminación de la construcción de los colectores y la
posterior construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el
Municipio de Quimbaya. Por otra parte en cuanto al manejo de las servidumbres de los predios por los cuales
se instaló y debe instalar la tubería, el municipio de Quimbaya aportó los Decretos
Núm. 024 del 02 de Abril de 2014, Núm. 060 del 11 de Julio de 2014, Núm. 096 del
14 de Noviembre de 2014, por medio de los cuales impuso las respectivas
servidumbres, pues cabe resaltar que dichas actuaciones administrativas recaen en
cabeza del Ente municipal. Tanto así que dichos decretos eran requisito para la
aprobación del proyecto ante el OCAD. Dando respuesta a las preguntas endilgadas por la veeduría, mediante escrito esta
Entidad le manifiesta lo siguiente: 1.
Si falta una parte por constituir, ¿cuánto es el dinero sobrante de dicho contrato?
R/ Que Empresas Públicas del Quindío, en aras de avanzar en el cumplimiento de los
PSMV aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío y teniendo en
cuenta las dificultades encontradas a lo largo de la ejecución del proyecto cuyo objeto
es: ´CONSTRUCCIÓN COLECTORES INTERCEPTORES PARA AVANZAR EN LA
DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA
DEL RIO LA VIEJA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO’, modificó las condiciones
iniciales del mismo; por tal razón y en aras de culminar el mencionado proyecto el
municipio mediante oficio radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el día 12 de agosto de 2016, solicitó recursos de inversión, estimando
en el oficio que el proyecto tiene un costo total cuya suma asciende a $
3.560.887.865; cabe resaltar que a la fecha de contestación del requerimiento de
la referencia, dicho valor se encuentra en ajustes para su posterior viabilización. 2. Se firmará un nuevo contrato para terminar la obra?
R/ Como se mencionó en el punto anterior a la fecha la solicitud de recursos se
encuentra radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el momento
en que este sea aprobado y se designe ejecutor, se iniciará el proceso contractual del
mismo y posterior a esto la culminación del proyecto atrás mencionado. 3. Cómo se puede recibir la obra y pagarla sin hacer las pruebas técnicas pertinentes?
R/ Dicho cuestionamiento no es cierto, toda vez que a la fecha la obra se
encuentra terminada y en proceso de recibido y aún falta el pago final del
contrato, el cual se realizará en el momento en que el contratista realice las
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pruebas correspondientes y las mismas sean avaladas por la interventoría y la
supervisión del contrato.
4. Si el contrato se está terminando por falta de dineros, de donde sacaran lo que
hace falta de este contrato?.
R/ Como se ha venido reiterando a lo largo de este escrito, una vez se hayan
aprobado los recursos de inversión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, se iniciará el proceso contractual del mismo y posterior a esto la
culminación del proyecto atrás mencionado (Destacado fuera del texto original).
171. Copia del Informe Final elaborado por el Director de Interventoría del Contrato
de obra núm. 041 de 201481, en el que indicó que la obra se extendió del 10 de
diciembre de 2014 al 20 de octubre de 2017, y precisó que el resultado fue la
construcción de 9,050 ml de colectores, 7 aliviaderos y 272 cámaras de inspección,
así como, viaductos y túneles.
172. Copia del Contrato de Consultoría núm. 002 de 13 de agosto de 2012 82,
suscrito entre ESAQUIN S.A. E.S.P. con el Consorcio T-M, cuyo objeto fue el
"REDISEÑO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LOS
MUNICIPIOS DE CIRCASIA, FILANDIA, GÉNOVA Y QUIMBAYA", por un valor de
$199,553,872, cuyos pagos serían gestionados por el Consorcio FIA a través del
Departamento del Quindío, previa acta de interventoría y supervisión. En este
contrato acordaron que ESAQUIN S.A. E.S.P. no podría gestionar el último pago a
los contratistas hasta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aprobara
técnicamente todos los proyectos ejecutados en el marco del convenio, así como la
los ajustes pertinentes83.
173. El interventor notificó que durante la ejecución del contrato hubo
incumplimiento por parte del contratista, quien no entregó el proyecto final de varias
PTAR, incluida la de Quimbaya. Esto condujo a la práctica de la audiencia que
establece la Ley 174 de 2011, en la cual, el contratista argumentó que el lote en La
Granja era inviable debido a la proximidad de viviendas y pendientes pronunciadas.
Tras gestionar un nuevo predio, el 2 de octubre de 2013, el Consorcio T-M presentó
el diseño de la PTAR para revisión: El 7 de julio de 2014, el interventor aprobó los
rediseños de la consultoría núm. 002 de 2012, permitiendo a la empresa contratante
dar por cumplido el contrato.
81 Contenido en CD del Fol. 198.
82 Contrato de Consultoría 002 de 2012 Archivo: CARPETA 1. PDF (CD fol. 700 pág. 170 a 172) y antecedente
de 2012. carpeta 1 y 2; y el plano del Fol. 707 que contiene planimetría - altimetría de la PTAR de fecha 12 de
septiembre.
83 CD fol. 700 Carpeta: Contrato de Consultoría 002 de 2012. Archivo: CARPETA 1.PDF (pág. 215 a 217).
Según copia del Informe Preliminar del Contrato, el terreno para la construcción de la planta se ubica en la
vereda La Granja, pero los trabajos topográficos se retrasaron debido a la falta de trámites de adquisición por
parte de la alcaldía, lo que impidió el contacto con los propietarios.
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57
Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
174. Copia del Oficio núm. 2014ER005961784, de 11 de julio de 2014, suscrito por
la Directora de Aguas y Saneamiento Básico del PAP-PDA Quindío, dirigido a la
Directora de Inversiones Estratégicas del Ministerio de Vivienda, en virtud del cual,
solicitó apoyo financiero a la Nación para el proyecto "Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Quimbaya Quindío", que tiene un costo total de
$9,968,152,272 y beneficiará a 28,856 habitantes del municipio, con una proyección
de 38,862 habitantes en 25 años. Asimismo, informó que el Plan Departamental de
Aguas del Quindío será el encargado de su ejecución; y ha sido definido como
prioritario en el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo del
municipio. Además, mencionó la prórroga de la concesión de aguas superficiales
otorgada a la Empresa Sanitaria del Quindío, aprobada mediante la Resolución
núm. 818 del 4 de septiembre de 2009.
84
Folio 754.
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Núm. único de radicación: 630012333000201800057-01
175. Copia del Oficio núm. 2017EE0109173, de 29 de noviembre de 2017 85, en el
cual el Ministerio de Vivienda indica que, para continuar la evaluación del proyecto
identificado con el código núm. 1-2014-233 para la construcción de la PTAR del
Municipio de Quimbaya, se requiere cumplir con la siguiente lista de chequeo 86
cuyos requisitos aún no han sido subsanados.
Documentos requeridos Rpta Observación
Carta de presentación, firmada por el No SE APORTA CARTA DE PRESENTACIÓN
representante legal de la Entidad AVALADA POR LA DIRECTORA DE
Territorial dirigida al Ministerio de AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL
Vivienda Ciudad y Territorio, precisando QUINDÍO. SE DEBE PRESENTAR CARTA
valor del proyecto, monto solicitado, FIRMADA YA SEA POR EL GOBERNADOR
contrapartida en caso que corresponda. O EL ALCALDE DEL MUNICIPIO, ELLOS
85 Fol. 196 a 197.
86 Fol. 755 a 756.
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59
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En esta el ente territorial debe certificar COMO REPRESENTANTES LEGALES DEL
haber dado cumplimiento a lo previsto en ENTE TERRITORIAL. AVALES
la Ley 142 de 1994 (haber adelantado, se DIFERENTES NO SE ACEPTAN Y DEBEN
encuentre adelantando, o vaya iniciar un SER SUBSANADOS.
proceso de mejoramiento en la Gestión
Empresarial o que haga parte de un plan 1. PRESENTA FORMATO DIAGNÓSTICO
de mejoramiento), que el proyecto está EMPRESARIAL. DEBE SER REVISAROY
incluido en el Plan de Desarrollo, en el AJUSTADO ELBE ACLARAR EFICIENCIA
Plan de Ordenamiento Territorial o LABORAL EN COSTOS DE PERSONAL.
Esquema de Ordenamiento Territorial y ES NECESARIO APORTAR CONSTANCIA
Banco de proyectos de inversión del CON AVAL DE CONTADOR PÚBLICO O
municipio. Para aquellos proyectos en REVISOR FISCAL, EN LA QUE APORTE
los que el municipio aporta recursos, CERTIDUMBRE SOBRE LOS DATOS
certificar la disponibilidad de los mismos SUMINISTRADOS EN EL FORMATO EN
y adjuntar Certificado de Disponibilidad CUESTIÓN.
Presupuestal. Documento que evidencie
los permisos ambientales según 2. DEBE APORTAR CERTIFICACIÓN DE
corresponda permiso de concesión de PAZ Y SALVO POR GIRO DE SUBSIDIOS
agua, permiso de exploración pozo AVALADO POR EL ALCALDE Y EL
profundo, permiso de vertimiento, SECRETARIO DE HACIENDA DE LA
permiso de ocupación de cauce, en caso LOCALIDAD Y MÍNIMO DEL ÚLTIMO
de encontrarse en trámite anexar carta PERIODO 2013.
de radicación ante la autoridad ambiental
competente. 3. SE PRESENTA COPIA DE LA
RESOLUCIÓN 1098 DE NOVIEMBRE DE
La entidad territorial solicitante, deberá 2009, CON LA QUE LA AUTORIDAD
acreditar que se encuentra a paz y salvo AMBIENTAL DEL QUINDIO APRUEBA EL
por concepto de subsidios en favor de PSMV DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA.
(los) prestador (es) de los servicios de
acueducto, alcantarillado o aseo, que
Fichas MGA y EBI, diligenciadas acorde No SE ANEXA CD, PERO ESTE NO
con lo dispuesto en la Resolución DNP CONTIENE INFORMACIÓN VISIBLE AL
1450 de 2013 o aquella que la adicione o SISTEMA. DEBE APORTAR MGA CON
modifique. INCLUSIÓN DEL ARCHIVO DE
TRANSMISIÓN DAT, Y CON AJUSTE DE
ACUERDO A LAS VARIACIONES DEL
PRESUPUESTO QUE RESULTEN DE LAS
OBSERVACIONES TÉCNICAS
EXPUESTAS EN ESTA LISTA DE
VERIFICACIÓN
Documento que acredite la propiedad del No 1. NO APORTA NINGÚN DOCUMENTO
inmueble por parte de la Entidad QUE INDIQUE EL USO DE ESPACIO
Territorial o la persona prestadora de los PÚBLICO PARA EJECUCIÓN DEL
servicios públicos (certificado de libertad PROYECTO. ADEMAS DEBE APORTAR
y tradición expedido dentro de los tres (3) PLANO CATASTRAL, CON EL FIN DE
meses anteriores a la radicación del EVIDENCIAR SI SE REQUIERE O NO
proyecto, o posesión y/o permisos de PERMISOS DE SERVIDUMBRE PARA
servidumbre. PASO DE REDES
2. NO APORTA CERTIFICADOS DE
TRADICIÓN Y LIBERTAD DE LOS
PREDIOS A UTILIZAR PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR ELLOS A
NOMBRE DEL MUNICIPIO
Documentos requeridos Rpta Observación
Estudios y Diseños de los componentes No APORTA INFORMACIÓN EN MEDIO
del proyecto que cumplan con el FÍSICO, FALTA EL MEDIO DIGITAL DE LO
Reglamento Técnico del Sector - RAS en PRESENTADO SE ESTABLECE QUE:
medio físico y digital que incluya:
Formato resumen del proyecto, estudios 1. APORTA FICHA RESUMEN. DEBE
topográficos, memorias de cálculo, COMPLEMENTAR CUANTIFICACIÓN DE
estudios y diseños hidráulicos, POBLACIÓN. DEBE, ADEMÁS, INCLUIR
hidrogeológicos, hidrológicos,
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60
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estructurales, de suelos, eléctricos, LO CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE
electromecánicos, topografía, y planos ALTERNATIVAS, ELLA AJUSTADA A LA
por cada uno de ellos, tanto los planos SELECCIÓN DEL TIPO DE PTAR, NO DE
como los estudios y memorias de cálculo OTRO OBJETIVO, INCLUIR DATOS DE
deben venir firmados por el diseñador. PARÁMETROS DE DISEÑO
Especificaciones técnicas de RESPONSABLES.
construcción y equipos a adquirir,
presupuesta y análisis de precios 2. SE APORTA UN ACTA QUE INDICA EL
unitarios, lista de equipos y materiales, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA RAS-
plan financiero del proyecto, cronograma 2000, LA CUAL NO SE ACEPTA COMO
y flujo de fondos de inversión. Se deberá VÁLIDA PARA EL RECIBIDO DEL
Incluir aprobación de los diseños por PRODUCTO TÉCNICO POR LA
parte de la interventoría. Licencia INTERVENTORIA DEL PROYECTO. DEBE
Ambiental para construcción de presas, APORTARSE DOCUMENTO QUE
represas o embalses, para construcción EXPRESE LA APROBACIÓN EN LA
de sistemas de tratamiento de aguas INGENIERIA DE LA MATEMÁTICA.
residuales superiores a 200.000 mil DESARROLLADA PARA EL
habitantes, construcción y operación de DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA
rellenos sanitarios y plantas de PROPUESTO.
aprovechamiento y valorización de
residuos mayores o iguales a 20.000 3. SE DEBE SOLICITAR POR EL
toneladas/año y rectificación o EVALUADOR, RESPETUOSAMENTE AL
desviación de cauces. GESTOR, PARA QUE ORGANICE LA
INFORMACIÓN, PUESTO QUE EL
DESORDEN ES TOTAL DE LOS
INFORMES Y DOCUMENTOS
ENTREGADOS, HECHO ESTE QUE
DIFICULTA LA INTERPRETACIÓN DEL
PROYECTO.
4. SE DESCONOCE DE DÓNDE SURGE EL
PROYECTO, NO HAY DIAGNÓSTICO
(INCLUIDO ACUEDUCTO DE FORMA
BREVE), IDENTIFICACIÓN DE
PROBLEMAS, JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO (ASI PAREZCA EVIDENTE,
ES RESPONSABILIDAD ÉTICA SE
DESCRIBA LAS SITUACIONES ACTUALES
DE VERTIDO), ANÁLISIS DE
PROYECCIONES DE POBLACIÓN,
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE LA
PTAR A ADOPTAR PARA DISEÑO Y EN
GENERAL DISTA EL INFORME EN
DEMASÍA DE UN APROPIADO ORIGEN DE
UN PROYECTO DE TAL MAGNITUD E
IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD Y
CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES.
5. ESTÁ DEBIL EL SOPORTE DEL
PROYECTO, QUE INCLUSO EN TABLA 1-
1, PARÁMETROS DE DISEÑO, SE
DESCONOCE EL CAUDAL DE DISEÑO Y
REMITE AL RAS-2000. ES TOSCO EN
CONCLUSIÓN EL PRINCIPIO CE [sic] UN
DISEÑO A ESTE NIVEL. POR LO TANTO
EL EVALUADOR NO TIENE
HERRAMIENTAS PARA ESTABLECER
QUE VOLÚMENES, FUERON
ADOPTADOS Y POR TANTO LOS
CRITERIOS DE AQUÍ EN ADELANTE NO
SON VÁLIDOS PARA CONTINUAR UNA
REVISIÓN SI QUIERA MODESTA EN SU
PRECISIÓN.
POR LO TANTO, EL EVALUADOR SE
ABSTIENE DE COMENTAR LOS
RESULTADOS DE DIMENSIONAMIENTO
[sic] HIDRÁULICO, PUESTO QUE NO HAY
INGENIERÍA DE SOPORTE ENTREGADA
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PARA VALIDAR SI QUIERA [sic] EL
CONCEPTO DEL PROYECTO.
6. DEBE APORTAR ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS, QUE INCLUYAN
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN,
OPERACIONALES Y DE EVIDENCIA DE LA
ADECUADA SELECCIÓN DEL SISTEMA.
DEBE APORTAR DATOS RELACIONADOS
CON MUESTREOS DEL AGUA SERVIDA A
TRATAR.
7. PRESENTA UNAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS QUE NO SE ENTIENDEN Y
QUE SE ADAPTAN DE MANERA NO
ADECUADA A LOS ALCANCES
PREVISTOS DEL PROYECTO
8. PRESENTA UNAS TABLAS QUE DAN LA
IMPRESIÓN (PUES NO HAY ENLACE EN
EL ESTUDIO DE ABSOLUTAMENTE
NADA) DE DISEÑO O REVISIÓN DE UN
COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES. EN
ESTE CASO DEBE EXPLICAR A QUE
CORRESPONDE Y POR QUÉ SE INCLUYE
EN EL ESTUDIO
ESTO INVOLUCRADO EN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
ENTONCES QUE REFIERE DICHA
INFORMACIÓN.
9. SE APORTA UN ESTUDIO
ESTRUCTURAL. DEBE ENTREGAR AVAL
DEL ESPECIALISTA Y COPIA DE LA
TARJETA PROFESIONAL NO APORTA
ESTUDIO DE SUELOS. ENTREGA UNO
GEOTECNICO.
DEBE PRESENTAR FIRMAS DE
ESPECIALISTAS Y DE LABORATORISTA
RESPONSABLE.
11. APORTA TOPOGRAFÍAS. DEBE
ENTREGAR INFORME DE AMARRES
REALIZADOS Y CONSTANCIAS DE IGAC
A DICHAS PLACAS. DEBE ENTREGAR
CONSTANCIA DE CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS
12. SE PRESENTA UN INFORME
ELÉCTRICO QUE NO PARECE SER DEL
PROYECTO. REVISAR Y AJUSTAR A UNA
PRESENTACIÓN ADECUADA A UN PLAN
DE INGENIERÍA.
13. DEBE PRESENTAR CONSTANCIA
AVALADA POR EL JEFE DE PLANEACIÓN
EN LA QUE SE INDIQUE QUE EN LA ZONA
DEL APTAR POR CONSTRUIR NO ES
ZONA DE RIESGO O DE INUNDACION.
14 DEBE PRESENTAR EVALUACIÓN
HIDROLÓGICA, EN LA QUE SE
ESTABLEZCA LA COTA DE INUNDACIÓN
EN AGUAS MÁXIMAS DE LA QUEBRADA
DONDE SE VERTERÁN LAS AGUAS
TRATADAS
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15. DEBE PRESENTAR PLANOS EN
TAMAÑOS DE PAPEL UNIFICADOS Y CON
UNA BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN.
VARIOS DE LOS APORTADOS NO SE
ENTIENDE NADA PORQUE LA TINTA SE
CORRIÓ O POR LA CALIDAD DEL PAPEL.
DEBE INCLUIR UN FORMATO ÚNICO
PARA TODOS LOS PLANOS
16. EN PLANO DE PERFIL HIDRÁULICO
DEBEN DIBUJARSE Y APORTARSE
CONVENCIONES CLARAS. SI FUERA
POR LO ENTREGADO, SE DIERA LA
SENSACIÓN QUE LA PTAR QUEDARÍA
FLOTANDO. NO ES ADECUADO EL
MANEJO DE INFORMACIÓN TAN
IMPORTANTE PARA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.
17. LOS PLANOS TODOS DEBEN RE
IMPRIMIRSE. NO SE ACEPTAN TRES
FIRMAS DEL MISMO INGENIERO
(DISEÑANDO, APROBANDO Y
REVISANDO).
18. LOS PLANOS TODOS DEBEN RE
IMPRIMIRSE. NO SE ACEPTAN TRES
FIRMAS DEL MISMO INGENIERO
(DISEÑANDO, APROBANDO Y
REVISANDO).
19. SE REVISARÁN PLANOS UNA VEZ SE
TENGA UN INFORME CLARO DE
INGENIERÍA, IGUAL EL PRESUPUESTO.
Observaciones:
NO SE PODRÁ CONTINUAR CON LA EVALUACIÓN HASTA TANTO NO SE CUMPLA CON
LA ENTREGA DEL TOTAL DE REQUISITOS DEFINIDOS POR EL SISTEMA DE VENTANILLA
UNICA EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 0379 DE 25 DE JUNIO DE 2012.
Estado del Proyecto Devuelto Ajustes Fecha: 01/09/2014
175.1. Copia del Oficio de 10 de diciembre de 2015 mediante el cual el
representante legal del Consorcio T-M responde a la Subgerencia Operativa de
ESAQUIN S.A. E.S.P. que la lista de chequeo se generó debido a que el PDA-
Quindío envío el proyecto incompleto87.
87 CD fol. 700 Carpeta: Contrato de Consultoría 002 de 2012. Archivo: CARPETA 2.PDF, específicamente, en
relación a Quimbaya 149 a 150). En los antecedentes del Contrato de Consultoría núm. 002 de 2012, se observa
que varios proyectos de rediseño de las PTAR fueron devueltos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
En respuesta, ESAQUIN solicitó al contratista realizar los ajustes pertinentes.
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175.2. Copia del Oficio R-33638 de 22 de diciembre de 2015 88 , suscrito por el
Subgerente Operativo y Gestión Ambiental de ESAQUIN S.A. E.S.P. dirigido a la
Directora de Aguas y Saneamiento Básico PAP-PDA Quindío, en virtud del cual,
remitió los documentos correspondientes para el cumplimiento de las observaciones
a los proyectos de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, incluida
la del Municipio de Quimbaya, de conformidad con la lista de chequeo.
88
CD fol. 700 Carpeta: Contrato de Consultoría 002 de 2012. Archivo: CARPETA 2.PDF (pág. 142).
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176. Copia del Oficio de 12 de agosto de 201689, con radicado núm.
2016ER0089164 en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En este oficio se
solicita apoyo financiero para el proyecto "CONSTRUCCIÓN FASE DOS (2)
COLECTORES INTERCEPTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE
FUENTES HÍDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA RÍO LA VIEJA, MUNICIPIO
DE QUIMBAYA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", con un costo total de
$3,560,887,865. En este oficio se indica que el valor solicitado al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio es por la totalidad del costo del proyecto y que el
ejecutor será Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P.
89Visible en el CD del Fol. 387. Carpeta: COLECTOR QUIMBAYA. Archivo: carta Quimbaya proyecto.pdf.
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176.1. En este oficio se indicó que el proyecto se encuentra inscrito en el banco de
proyectos de inversión del municipio, aunado a que está categorizado como
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prioritario en el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo del
Municipio.
177. Copia del Oficio núm. 2016EE0100809, de 25 de octubre de 2016, mediante
el cual se devolvió el proyecto "CONSTRUCCIÓN FASE DOS (2) COLECTORES
INTERCEPTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS
TRIBUTARIAS A LA CUENCA RÍO LA VIEJA, MUNICIPIO DE QUIMBAYA,
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO” al Alcalde Municipal, en tanto requiere de ajustes
de conformidad con la Resolución núm. 379 de 2012, modificada por la Resolución
núm. 0504 de 2013 y 0770 de 2014 y anexa la lista de chequeo. Se indicó que, de
no cumplir en un plazo de 5 días, el proyecto sería rechazado.
178. Copia del Decreto 096, de 12 de noviembre de 201490, que derogó los
Decretos 024 del 2 de abril de 201491 y 096 del 11 de julio de 201492, mediante el
90 Visible en el CD del Fol. 261. Archivo: DECRETOS SERVIDUMBRES.pdf.
91 Visible en el CD del Fol. 261. Archivo: DECRETOS 024 SERVIDUMBRES.pdf.
92 Visible en el CD del Fol. 261. Archivo: DECRETOS SERVIDUMBRES.pdf.
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cual el alcalde de Quimbaya impuso servidumbres de alcantarillado en los predios
necesarios para la instalación del colector del proyecto "CONSTRUCCIÓN
COLECTORES INTERCEPTORES PARA AVANZAR EN LA
DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS TRIBUTARIAS A LA CUENCA
RÍO LA VIEJA", con el objetivo de alcanzar las metas de calidad en la
descontaminación de aguas residuales que afectan la cuenca.
179. Copia del Oficio núm. SSOPI-244-16, de 27 de julio de 2016, mediante el cual
el Municipio informó que se contrató a un arquitecto para realizar avalúos y
determinar la indemnización a los propietarios afectados por las servidumbres.
180. Copia del Informe de Auditoría – Modalidad Especial, de la Contraloría
General del Quindío a Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P.93,
elaborado en septiembre de 2017, en el cual se evaluó el cumplimiento de los
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, según el cual, se indicó que: en
el caso de Quimbaya, se presentan los siguientes resultados: (i) en la construcción
de colectores, se logró un 83.13% de ejecución, cumpliendo 9,983 ml de los 12,009
ml programados; (ii) se alcanzó un cumplimiento del 92% en la reducción de
emisores, cerrando 11 de los 12 puntos de vertimiento establecidos; (iii) en lo
referente a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) indicó un total incumplimiento, que afecta gravemente la calidad del recurso
hídrico debido a los vertimientos de aguas residuales domésticas en las fuentes
receptoras. Esta situación fue confirmada por la CRQ en su informe de evaluación
de los PSMV 2017, que subraya que la falta de construcción de la PTAR resulta en
el incumplimiento de las metas de descontaminación, destacando que los
vertimientos de aguas residuales son una de las principales fuentes de
contaminación en la región ya que “[…] [e]l incremento del Facto(sic) Regional de
cada tramo, y asi mismo [sic] el aplicado a cada Municipio, por uso del agua para
descarga de vertimientos del alcantarillado público, es proporcional y está ligado al
aumento de carga contaminante aportada a las fuentes hídricas, sin embargo su
aplicación está dada en función del cumplimiento del PSMV correspondiente. De
esta manera, los incumplimientos de lo planificado, claramente representan
estancamiento o retrasos en el saneamiento de cuerpos de agua, pero peor aún, el
aumento efectivo de la contaminación de los mismos, adicionalmente, por los
efectos del crecimiento de la población en los centros urbanos del Quindío […]”
93 Contenido en CD-ROM del Fol. 198.
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180.1. Este incumplimiento dio lugar al hallazgo número 1 administrativo, con
implicaciones disciplinarias. En respuesta, la Empresa Sanitaria del Quindío E.P.Q.
S.A. ESP, señaló que ha gestionado los estudios y diseños de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. Al respecto, indicó que el proyecto fue
radicado el 15 de julio de 2014, bajo el número 2014ER0059617, por un valor de
$9.968.152.272.
180.2. La Contraloría identificó dificultades significativas en la construcción de las
PTAR en Quimbaya, destacó la falta de predios adecuados para su desarrollo. Este
hallazgo, clasificado como administrativo núm. 5, destaca que debido a las
condiciones topográficas, se requieren al menos dos PTAR para abordar la
descontaminación del agua en el sector urbano. Aunque el municipio informó sobre
la adquisición de un terreno en la finca Bellavista por $470.000.000, el proceso no
se ha completado, lo que interfiere con el cumplimiento de las metas de
saneamiento.
180.3. En el informe referido, la Contraloría anotó que el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos – PSMV de Quimbaya reporto 0% de cumplimiento en sus
metas, lo que incluían la reducción del 80% en la carga contaminante de varias
quebradas, un 60% en la carga total de DBO5, y una eficiencia del 70% en la PTAR
a implementar, debido a que Empresas Públicas del Quindío no reportó los informes
de seguimiento entre 2010 y 2017, como pasa a verse:
“[...] [D]eficiente seguimiento, evaluación y control por parte de la empresa, de
los municipios y de la autoridad ambiental (CRO), al no evidenciar informes
semestrales desde el inicio de la ejecución de los planes (desde el año
2010), que den cuenta del progreso o avance físico de las actividades e
inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta
individual de reducción de carga contaminante establecida, como lo
define el artículo 6 de la resolución 1433 de 2004, y tampoco se observa la
aplicación por parte de la autoridad ambiental, de llamados de atención o
medidas preventivas y/ o sancionatoria por el incumplimiento al avance de las
metas como lo define el artículo 8 de la misma resolución ...Situación que se
confirma al encontrar únicamente dos informes de seguimiento a los planes de
saneamiento y manejo de vertimiento: uno el que presenta EPQ en el mes de
agosto del año 2016 ante la CRQ y el segundo, el informe consolidado por
parte de la autoridad ambiental CRO, el cual se basa en la información
reportada por la empresa prestadora de servicios públicos y que es presentado
por la CRQ en el desarrollo de la presente auditoria [...]" (Destacado fuera del
texto original).
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181. Copia de la comunicación sobre el Plan de Mejoramiento94 suscrito por el
Gerente de Empresas Públicas del Quindío respecto los hallazgos 1 y 5. Este plan
incluye acciones correctivas que abarcan la modificación de los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío y la incorporación de la adquisición de predios en el plan de
obras e inversiones de la empresa, los cuales serán financiados a través del modelo
tarifario para el periodo 2016-2026. Estas acciones se materializaron mediante el
Acuerdo de la Junta Directiva de Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P.
núm. 015 del 27 de diciembre de 201795.
182. Copia de las respuestas del Municipio de Quimbaya96, del Departamento97 y
de Empresas Públicas del Quindío98 a los requerimientos de la Personera Municipal.
183. Copia del Oficio con radicado núm. 2016EE0089601 de la Contraloría
General de la República - Delegada para el Sector Medio Ambiente99, en el que se
señala la falta de evidencias que respalden el seguimiento y evaluación del
cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del
Municipio de Quimbaya por parte de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, así como la ausencia de asesoría y acompañamiento técnico necesarios
para este proceso.
184. Copia del informe de seguimiento y control a los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos - PSMV del Departamento del Quindío 100 , elaborado en
enero de 2018 por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, donde se
detallan labores de evaluación y seguimiento que incluyen visitas técnicas para
verificación de obras, recorridos de fuentes hídricas receptoras de descargas de
aguas residuales urbanas y reuniones con empresas de alcantarillado y la
comunidad. En este documento, se concluyó, para el Municipio de Quimbaya, un
cumplimiento del 46,99% relacionado con la construcción de colectores e
interceptores para la recolección de aguas residuales –aunque esté pendiente su
funcionamiento– así como la optimización de redes de alcantarillado existentes.
Además, refirió que: “[…] de esta manera, los incumplimientos de los planificado,
claramente representan estancamiento o retrasos en el saneamiento de cuerpos de
agua, pero más allá significa el aumento efectivo de la contaminación de los
94 Contenido en CD del Fol. 700. Archivo: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL M.A. 17-17
PSMV. Pdf.
95 Fol. 394.
96 Fol. 237.
97 Fol. 238.
98 Fol. 240.
99 Fol. 243 a 260.
100 Visible en el CD del Fol. 330. Archivo: informe CRQ – Municipios del Departamento del Quindio.pdf.
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mismos, traducida en incrementos en los montos a facturar por concepto de Tasa
Retributiva, ante la aplicación de FR en alza […]”.
185. Bajo tal contexto, recomendó ajustar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV de conformidad con un diagnóstico real, asegurar su
verificación por parte de la autoridad ambiental y promover la participación activa de
los alcaldes en las actuaciones técnicas, administrativas y jurídicas del plan.
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186. Copia de la respuesta de Empresas Públicas del Quindío al Procurador 34
Judicial 1 Ambiental y Agrario de Armenia, contenida en el Oficio núm. 4826 de 19
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de diciembre de 2017101, así como de la información proporcionada por el Alcalde
del Municipio de Quimbaya102, en las cuales se señala que en los años 2012 y 2013
se llevaron a cabo gestiones para la construcción de colectores, que incluyeron la
modificación de tramos, la obtención de recursos a través del OCAD Regional por
valor de $9.488.780.096 y la construcción de 9,044 metros lineales de colector de
un total proyectado de 12,009 metros, además de la radicación del proyecto fase II
de colectores ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante el radicado
núm. 2016ER0089164 de 15 de agosto de 2016.
101 Visible en el CD del Fol. 330. Archivos: respuesta EPQ parte 1.pdf y respuesta EPQ parte 2.pdf.
102 Visible en el CD del Fol. 330. Archivos: respuesta municipio de Quimbaya.pdf.
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187. Copia de la Resolución núm. 1267 de 16 de agosto de 2016103, mediante la
cual la Corporación Autónoma Regional del Quindío inició el proceso de consulta
con los sujetos pasivos de la tasa retributiva para verificar y ajustar las metas de
carga contaminante definidas para los cuerpos de agua o tramos de estos,
establecidas para el quinquenio 2014-2018 a través del Acuerdo del Consejo
Directivo núm. 005 de 2015104, justificado en la entrada en vigencia de la nueva
103 Visibles en el CD que obra en el expediente a Fol. 613. CARPETA: INFORMACIÓN TRIBUNAL PSMV
QUIMBAYA / RESOLUCIONES. Archivo: Resolución CRO 1267 de 2016.PDF.
104 Visible a Fol. 617 a 629 y en el CD del Fol. 766. En la cual se definió dentro de la meta global de carga
contaminante para los parámetros DBOs y SST, para el tramo 23 comprendido desde casco urbano del
Municipio de Quimbaya hasta la desembocadura de Río La Vieja en 2.117.075,87 kg/año y 1.777.741 kg/año,
y especificamente para el sector doméstico del municipio 2.088.144 Kg/año en DBO y 1.754.040,96 Kg/año en
SST, de línea base y de ahí progresivamente hasta el año 2018 un aumento en la meta. Así también, se
estableció para el mismo municipio la eliminación de 4 vertimientos.
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normativa de vertimientos –Resolución 631 de 2015 con vigencia a partir del 1.° de enero
de 2016–.
188. Copia del ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV
105
, elaborado en 2017 por Empresas Públicas del Quindío – E.P.Q. S.A. E.S.P.,
que modificó las metas individuales y grupales en virtud del Decreto 1076 de 2015,
la Resolución núm. 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la Resolución núm. 1267 de 2016 de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío.
105 Fol. 199 a 229.
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189. Copia de la Resolución núm. 812 de 3 de abril de 2018106, por medio de la
cual “se ajusta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del
Municipio de Quimbaya y se dictan otras disposiciones”, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, según la cual:
“[…] RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
• PSMV del Municipio de Quimbaya, aprobado originalmente a través de la
Resolución N° 1098 de 2009, de acuerdo con [la] propuesta formulada por Empresas
Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P., con el propósito de lograr el Saneamiento de
los Cuerpos de Agua, y el Tratamiento de las Aguas Residuales Descargadas al
Recurso Hídrico a través del sistema público de alcantarillado.
Parágrafo Primero: Modificar la Resolución N° 1098 de 2009, de acuerdo con el
ajuste aprobado en el presente Artículo, para lo que se deber considerar entonces
los aspectos regulados en este Acto Administrativo, en especial lo relativo al
Horizonte de Planificación.
Parágrafo Segundo: El ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
• PSMV del Municipio Quimbaya implica un ajuste en la proyección inicialmente
considerada, fijando entonces como Horizonte de Planificación el año 2026.
Parágrafo Tercero: El Ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -
PSMV de que trata el presente Artículo, conlleva las siguientes obligaciones:
1. Determinación de conexiones erradas, conexiones pendientes, y conexiones
fraudulentas: La Empresa deberá revisar periódicamente el estado de la conexión de
sus usuarios, evitando de cualquier manera que se generen vertimientos sin
tratamiento sobre los Recursos Naturales, y garantizando que la totalidad de las
Aguas Residuales Municipales sean gestionadas. Las actividades desarrolladas en el
marco de la presente obligación deberán reportarse dentro del informe anual
consolidado de que trata el literal B del numeral 7 del presente Artículo, especificando
cuando menos, las conexiones identificadas bajo estas características, actividades
realizadas y/o proyectadas para la respectiva solución.
2. Dentro del año siguiente a la ejecutoria del presente Acto Administrativo, la ESP
realizará ejercicio de identificación de los Asentamientos Humanos no formales,
ubicados dentro del área urbana del Municipio o en el área de prestación del Servicio,
determinando las condiciones de los mismos frente a la gestión de las aguas
residuales; del desarrollo de la actividad deberá desprenderse un informe, que se
entregará a la Autoridad Ambiental como anexo al Informe anual consolidado, en el
que además se incluyan las actuaciones que se deban surtir para la solución de las
problemáticas identificadas y de ser el caso, la información deberá trasladarse a las
Autoridades competentes.
3. Garantizar la Disminución de Puntos de Vertimientos, considerando que No se
admiten puntos de vertimiento nuevos salvo cuando se trate de una descarga
resultante de la recolección y/o reubicación de otras.
4. Efectuar las labores de mantenimiento y operación de la infraestructura existente
(recolección, conducción, tratamiento, y disposición final), garantizando su adecuado
funcionamiento y la perduración en el tiempo, con el fin de evitar afectaciones a los
Recursos Naturales y el Ambiente, así como a la Salud Humana.
5. Tramitar previo al desarrollo de cualquier obra u actividad, y de manera oportuna,
el respectivo (s) permiso ambiental y/o urbano, a fin de poder llevar a feliz término el
106 Visible en el CD del Fol. 613. Carpeta: RESOLUCIONES. Archivo: RESOLUCION CRO 812 DEL 03-04-
2018.pdf.
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desarrollo de la misma, incluso efectuando socialización en la comunidad cuando las
normas así lo determinen, o cuando se considere pertinente.
6. El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, NO constituye Permiso
de Vertimientos, por lo cual previo a la implementación de la Planta de Tratamiento,
la Empresa de Servicios públicos deberá Tramitar el Respectivo Permiso de
Vertimientos.
7. Entregar los siguientes dos (2) Informes en los que se dé cuenta del cumplimiento
del Plan, los cuales para efectos de la valoración de la información y el análisis del
cumplimiento del PSMV, deberán incorporar entre otros, la Información base para el
cálculo de los indicadores de Seguimiento planteados y establecidos en el presente
Acto Administrativo:
a. Informe Parcial primer semestre del año: Reporte de ejecución de actividades
programadas e inversiones efectuadas, en el cual se dé cuenta de las actividades e
inversiones realizadas en el primer semestre del año (enero - junio); éste deberá
presentarse dentro el mes de Julio de cada año.
b. Informe anual consolidado: Reporte de cumplimiento de la Meta Individual de Carga
Contaminante, y de eliminación de Puntos de Vertimiento y consolidado de obras
realizadas durante el año; éste deberá presentarse dentro del mes de Enero de cada
vigencia, primer mes del año siguiente al periodo objeto de evaluación, y contendrá
cuando menos, la siguiente información:
✓ Ejecución de Actividades, Proyectos, obras e inversiones programadas para
el año objeto de evaluación.
✓ Cumplimiento de Meta de Carga Contaminante proyectada para el año objeto
de evaluación, sustentado a partir de caracterizaciones de los vertimientos.
✓ Cumplimiento de Meta de Eliminación de Puntos de Vertimiento prevista para
el año objeto de evaluación.
✓ Reporte de ejecución y resultados de Programa de Monitoreo de
Vertimientos Puntuales de la Red de Alcantarillado definido en el presente Acto
Administrativo.
✓ Reporte de Conexiones erradas, conexiones pendientes, y conexiones
fraudulentas.
✓ Reporte de identificación de los Asentamientos Humanos no formales
(asentamientos con desarrollos incompletos) ubicados en el área urbana, con
problemática o dificultades para el manejo de aguas residuales.
✓ Reporte de ejecución de Programa de Educación Ambiental para el Uso
✓ Eficiente del Agua y Uso adecuado de las Redes Públicas de Alcantarillado.
✓ Reporte de Gestiones adelantadas para la consecución de recursos para
inversión en obras de descontaminación de fuentes hídricas.
✓ Reporte de Indicadores de Ejecución del PSMV.
✓
8. Las demás que se generan en los artículos siguientes y/o que se encuentren
contenidas en el Concepto Técnico del que se desprende la presente Resolución.
Parágrafo Cuarto: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución CRQ N°
1098 de 2009 que no sean objeto de ajuste mediante el presente Acto Administrativo,
conservan su vigencia, y por tanto son de obligatorio cumplimiento.
Parágrafo Quinto: La localización descrita en el documento técnico
correspondiente a la ubicación ideal proyectada para la instalación de la PTAR
(Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), es prevista por la ESP, sobre la
base de los requerimientos técnicos correspondientes; por lo que se advierte
que en la presente Resolución NO se aprueba la misma, ya que además debe
cumplir con las condiciones previstas por el RAS, el área que se proyecta, para
el tratamiento de aguas residuales municipales debe cumplir con las
Determinantes Ambientales, debe considerar además Riesgos Ambientales
Potenciales, y debe ser considerada por el Ente Territorial como zona para
aprovisionamiento de servicios públicos básicos, dentro de su Ordenamiento
Territorial.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar parcialmente el Cronograma de ejecución del
PSMV definido a través del Artículo primero de la Resolución N° 1098 del 2009,
de acuerdo con lo establecido en la propuesta de ajuste formulada por
Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P. como Prestador del Servicio de
Alcantarillado del Municipio Quimbaya, y aprobar como Cronograma de
ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, para los
próximos diez (10) años, el siguiente:
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ARTÍCULO TERCERO: Acoger el Plan Financiero presentado por la Empresa,
con el cual pretende cumplir con las Metas del cronograma de ejecución del
PSMV aprobado en la presente resolución, tal y como se presenta en la siguiente
tabla:
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Parágrafo Primero: Tal y como se evidencia en el Parágrafo tercero del Artículo
segundo, La medición del cumplimiento del PSMV no se efectúa en pesos invertidos,
ya que los mismos obedecen a proyecciones efectuadas por la misma Empresa, entre
otros, frente a insumos y materiales a utilizar, situación que es de su estricta
responsabilidad.
Parágrafo Segundo: El cumplimiento del PSMV está garantizado con recursos
ciertos, la Empresa a través de los documentos aportados demostró la
capacidad financiera para cumplir con el PSMV propuesto, el cual será cubierto
con recursos vía tarifa cuya financiación depende exclusivamente de los
recursos de Costo Medio de Inversión-CMI, que se destinan al plan de inversiones
de acuerdo a la proyección presupuestal.
Parágrafo Tercero: El Plan Financiero acogido en el presente Artículo podrá ser
modificado en cualquier momento a petición de parte, siempre que no lleve a una
flexibilización del Plan, y que se garantice el cumplimiento del PSMV con recursos
ciertos provenientes de otra fuente de financiación.
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el siguiente cronograma para la gestión de
recursos formulado por la Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P. con
el fin de avanzar de manera efectiva en el saneamiento.
Parágrafo Primero: La ESP deberá reportar las actuaciones al respecto, allegando
dentro del informe de que trata el Literal b, del Numeral 7 del Artículo Primero de la
presente Resolución, las evidencias que den cuenta de la gestión efectiva adelantada
y los resultados obtenidos, cuando a ello haya lugar; en este sentido, considerando
que la base para la Gestión de Recursos para inversión en Obras de
Descontaminación de Fuentes Hídricas, ante cualquiera de los potenciales
financiadores (MVCT, SGR, Municipio, PDA, CRQ), es la formulación y
presentación de proyectos de inversión, cada año, dentro del Informe Anual de
Ejecución de PSMV que debe allegar la ESP a la Autoridad Ambiental vencido
el año objeto de evaluación, deberá la Empresa Prestadora reportar las
gestiones adelantadas para la consecución de recursos para inversión en
Obras de Descontaminación y asimismo anexar las evidencias
correspondientes a: i) Inversión en estudios técnicos y diseños de colectores
y/o PTAR; ii) Proyectos formulados para construcción y/u optimización de
colectores y/o PTAR; iii) Proyectos radicados para inversión en Obras de
Descontaminación de Fuentes Hídricas, y iv) Proyectos avalados y/o ejecutados
por Ente Financiador, entre otros.
Parágrafo Segundo: Para la gestión de recursos la ESP garantizará los elementos
mínimos requeridos por la potencial fuente de financiación para la valoración de las
propuestas o proyectos.
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Parágrafo Tercero: Una vez asegurados los recursos de gestión para la ejecución
de obras o actividades de las consagradas en el cronograma contenido en el Articulo
Segundo de la presente Resolución, la Persona Prestadora informará a la Autoridad
Ambiental, a fin de convenir los términos bajo los cuales se modificará el cronograma
para la optimización del cumplimiento del PSMV, sin que todo el proceso exceda de
seis meses (6).
[…]
ARTÍCULO OCTAVO: La Ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos - PSMV del Municipio Quimbaya se encuentra a cargo de Empresas
Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P.; sin perjuicio de las obligaciones y
responsabilidades atribuidas por la Constitución y la Ley a la Nación y a los
Entes Territoriales en materia de Saneamiento.
Parágrafo Primero: A fin de garantizar la gestión adecuada de las aguas residuales
urbanas, y evitar la contaminación de los recursos naturales, al momento de evaluar
cualquier tipo de licencia o permiso de urbanismo (Construcción, Parcelación,
Subdivisión), el Ente Territorial deberá considerar las condiciones actuales existentes
en materia de prestación de servicios públicos, garantizando el acceso a los mismos,
y en caso de otorgarse, realizará además seguimiento a las condiciones bajo las
cuales se concedió el permiso y exigirá su cumplimiento.
Parágrafo Segundo: El Ente Territorial Municipal deberá realizar Control Urbano
periódico, con el propósito de evitar el establecimiento de actividades no permitidas,
especialmente en áreas de protección ambiental, que puedan derivar en la descarga
inadecuada de aguas residuales, generando riesgo y/o contaminación ambiental.
Parágrafo Tercero: Las labores enmarcadas en la planificación Territorial, deberán
efectuarse en armonía con la Planificación Ambiental, en especial considerando el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV vigente, a fin de que no se
generen desequilibrios frente al ambiente, los recursos naturales, y la salubridad
(Desarrollo Sostenible) (Destacado fuera del texto original).
189.1. El ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del
Municipio de Quimbaya tiene un horizonte de planificación hasta el año 2026107.
189.2. El parágrafo quinto del artículo primero de la Resolución núm. 812 de 2018,
establece que la localización propuesta para la instalación de la PTAR debe cumplir
con los requerimientos técnicos y condiciones ambientales del RAS, considerando
los riesgos ambientales y su inclusión en el Ordenamiento Territorial.
189.3. El artículo segundo modificó parcialmente el cronograma de ejecución de
obras definido en la Resolución núm. 1098 de 2009. Se planearon obras relativas
a: i) la optimización de redes de alcantarillado, ii) eliminación de puntos de
vertimientos a través de la conexión de las descargas a los colectores ya
construidos, iii) la construcción de la fase II del Colector de Agua Linda – Buenavista,
iv) la actualización y ajuste del diseño de la PTAR y v) la construcción de la PTAR
Quimbaya.
107 Visible en el CD que obra en el expediente a
Fol. 613. CARPETA: INFORMACIÓN TRIBUNAL PSMV
QUIMBAYA/RESOLUCIONES. Asimismo, la Resolución CRQ 432 de 2018 a Fol. 645 a 654.
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189.4. El parágrafo segundo del artículo tercero establece que el cumplimiento del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Quimbaya
está garantizado con recursos ciertos, cubiertos vía tarifa “[…] cuya financiación
depende exclusivamente de los recursos de Costo Medio de Inversión -CMI, que se
destinan al plan de inversiones de acuerdo a la proyección presupuestal […]”.
189.5. Además, el parágrafo primero, del artículo cuarto, prevé que Empresas
Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P. gestionará recursos ante los potenciales
financiadores tales como: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Sistema
General de Regalías, el Municipio, la Corporación Autónoma Regional del Quindío
y el Plan Departamental de Aguas108. Y de las actuaciones adelantadas deberá
allegar un informe anual consolidado, en el mes de enero de cada vigencia, en el
que se de cuenta de las gestiones adelantadas para la consecución de los recursos
para inversión de descontaminación de fuentes hídricas.
189.6. Para abordar la problemática de los vertimientos en el Municipio de
Quimbaya, el ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV
define: i) un programa de monitoreo anual de los vertimientos del alcantarillado y de
los cuerpos receptores, que debe llevarse a cabo conforme el parágrafo 4° y la nota
aclaratoria del artículo 2.°; ii) un programa de seguimiento a usuarios especiales de
alcantarillado, orientado a verificar el cumplimiento de la norma de vertimientos; iii)
un programa de educación ambiental que fomente el uso eficiente y adecuado de la
red de alcantarillado, con el objeto de reducir la carga contaminante; y iv) la
obligación de que la planificación territorial se realice en armonía con la ambiental,
especialmente, en lo relacionado al PSMV, para evitar desequilibrios que puedan
afectar el medio ambiente y la salubridad.
190. Copia del Plan de Gestión de Riesgos del Municipio, denominado "ANÁLISIS
DE VULNERABILIDAD Y GESTIÓN DEL RIESGO: SERVICIO DE
ALCANTARILLADO. MUNICIPIO DE QUIMBAYA", elaborado conjuntamente por
Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. y el Municipio de Quimbaya 109
presentado ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en el año 2017.
191. En el procedimiento de aprobación del Plan Ambiental del PAP-PDA Quindío,
se concertaron diversas obras e inversiones ambientales entre el Departamento del
108 Fol. 674 a 691.
109 Mediante memoriales de fecha 26 de junio y 03 de agosto de 2018 del municipio de Quimbaya, visibles en
los Folios 52 y 59 del cuaderno de medidas, y por EPQ SA ESP en memorial a Folios 61 a 67 ibidem.
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Quindío, a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, y la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, en cumplimiento del Decreto 2246 de 2012. Se
incluyó la línea estratégica de saneamiento básico, que abarcó el proyecto
"Inversión en descontaminación de fuentes hídricas" y la "Construcción fase II de
colectores Quimbaya", con el objetivo de interceptar todos los vertimientos del
municipio. Asimismo, en la línea estratégica de planeación ambiental regional, se
destacó el proyecto "Apoyo en el ajuste y/o cumplimiento de las metas del PSMV
en 11 municipios del Departamento", orientado a la construcción del componente
de calidad de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, incluyendo el
monitoreo de aproximadamente 20 puntos de vertimientos.
191.1. Conforme a lo informado por la Coordinadora del Grupo de Desarrollo
Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se consideró esencial
que la gestión del PAP-PDA Quindío coordinara con la Corporación Autónoma
Regional del Quindío las inversiones ambientales y reportara semestralmente la
ejecución y seguimiento del Plan al Viceministerio. Se reiteró en el Oficio núm. SINF-
001943 de 28 de diciembre de 2017110 la relevancia de la colaboración efectiva entre
las entidades para asegurar la adecuada implementación y supervisión de los
proyectos ambientales.
192. Copia del Oficio núm. 60.07.02 INF: 01213 de 28 de noviembre de 2018 111,
suscrito por el Director Jurídico con delegación de funciones de Secretario de Aguas
e Infraestructura, en el que se comunicó que el Departamento del Quindío estructuró
el proyecto denominado "AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LOS
MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, CIRCASIA, FILANDIA, GÉNOVA,
MONTENEGRO, PIJAO Y QUIMBAYA, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
DE LA PTAR EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA". En dicho documento se destacó
que el proyecto contaba con un certificado de disponibilidad de recursos para
adquirir compromisos núm. 5594112, suscrito el 31 de julio de 2018, con una vigencia
de seis meses. Además, se incluyó un compromiso contractual del municipio de
Quimbaya para transferir, de forma expresa, irrevocable e incondicional, al
Patrimonio Autónomo FIA los recursos suficientes para atender el proyecto,
descontando el valor de los compromisos ya celebrados, por un total de
$47,060,000.
110 Visible en el CD del Fol. 330. Archivos: respuesta PLANEACION, GOBERNACION, EPA.pdf.
111 Fol. 741.
112 Fol. 757.
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193. Copia de los documentos allegados por la Municipio de Quimbaya 113, en los
que se menciona que, mediante el Acuerdo Municipal núm. 018 de 27 de septiembre
de 2018114, el Concejo autorizó contratar con la banca pública y/o privada un crédito
de hasta $500,000,000 para adquirir a nombre del municipio un lote destinado a la
construcción de la PTAR. Este lote, ubicado en la vereda La Granja, Finca
Bellavista, en el lote núm. 1° con matrícula inmobiliaria núm. 280-188036 y ficha
catastral núm. 00-02-0002-0303-000, fue considerado un punto estratégico para la
conexión de los colectores a la PTAR, según lo indicado por Empresas Públicas del
Quindío. La autoridad ambiental realizó visitas al lugar y recomendó la realización
de estudios geotécnicos, así como la implementación de obras de drenaje y
estabilización necesarias. Además, expresó que se adquirieron compromisos en las
mesas de trabajo en la Defensoría del Pueblo Regional Quindío para gestionar
aportes por aproximadamente $3,418,476,740, que incluían el préstamo para la
adquisición del lote y financiamiento de los proyectos de reposición de redes de
acueducto y alcantarillado, dentro del POIR del Municipio de Quimbaya, como parte
del programa "5.3. Gobierno Social para la Ejecución de Proyectos". Además, dio
cuenta de la intención de venta del predio, manifestada por escrito por todos los
propietarios del terreno115.
194. Copia del Oficio núm.10.07.02-DG 0388 de 05 de septiembre de 2018116, en
el cual se advierte que el Departamento del Quindío, a través de la Dirección de
Agua y Saneamiento Básico, se comprometió en las mesas de trabajo realizadas
en la Defensoría del Pueblo a llevar a cabo las siguientes acciones: (i) recibir el
proyecto formulado por Empresas Públicas del Quindío y el Municipio de Quimbaya
para la construcción de la fase 2 de los colectores, con el objetivo de presentarlo al
mecanismo regional de viabilización y así obtener recursos de la tasa retributiva
disponibles para inversión en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, así
como recursos del SGP APSB administrados por el PAP-PDA Quindío; y (ii) avanzar
en la etapa precontractual del proyecto denominado "AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN
DE LOS DISEÑOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, PTAR DE LOS MUNICIPIOS […] Y QUIMBAYA", con el propósito
de presentar dichos diseños ante los entes nacionales para gestionar su
financiación a través de recursos como regalías o estratégicos de la Nación.
Además, dejó constancia de que se podría hacer uso de los recursos transferidos
al consorcio FIA como parte del Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero en la
113 Visibles a Fol. 518 a 576.
114 Dicho decreto fue aprobado y sancionado, según constancias visibles a Folios 603 a 605.
115 Visible a los Folios 606 a 607.
116 Visibles a Fol. 540.
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construcción de obras de APSB, siempre que se cumplieran los requisitos
establecidos en el Decreto 1063 de 2016.
195. Copia del Decreto núm. 496 de 5 de septiembre de 2017, “por el cual se
adopta el mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de proyectos
del sector de agua potable y saneamiento básico a financiar con recursos que no
provienen de la Nación y se crea el Comité Técnico Departamental de Proyectos en
los términos del artículo 2.3.3.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015”, según el cual:
“[…]
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Mecanismo Departamental para la evaluación y
viabilizacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico a
financiar con recursos que no provienen de la Nación y créese el Comité Técnico
Departamental de Proyectos, el cual estará integrado como mínimo por los miembros
dispuestos en el artículo 2.3.3.2,1.3 del Decreto 1077 de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: ALCANCE. A través del Mecanismo Departamental de
Viabilización de Proyectos se evaluarán y viabilizarán aquellos proyectos del sector
de agua potable y saneamiento básico que han sido priorizados en el marco de los
Planes Departamentales de Agua y de los demás programas regionales para el
manejo de agua potable y saneamiento básico cuya financiación no incorpore
recursos provenientes de la Nación.
ARTÍCULO TERCERO: FUNCIONES: El Comité Técnico de Proyectos tendrá como
funciones las señaladas en el artículo 2.3.3.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015 y las
demás que le sean asignadas por disposición legal.
[…]
ARTÍCULO SEXTO: PROYECTOS FINANCIABLES: A través del Mecanismo de
Viabilización Departamental, se presentarán para su viabilización y de acuerdo a los
usos que para cada fuente de recursos establezca la Ley, Decretos, Resoluciones o
Acuerdos, los proyectos establecidos en el artículo 2.3.3.2.1.6 del Decreto 1077 de
2015.
ARTÍCULO SÉPTIMO: CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS. Los proyectos que presenten las entidades territoriales requieren
haber sido priorizados en el marco del Plan Departamental de Agua así como
en los demás Programas Regionales para el manejo de agua potable y
saneamiento básico.
El esquema de priorización de proyectos se realizará siguiendo la metodología para
seleccionar proyectos prioritarios en materia de agua potable y saneamiento básico,
definido en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento RAS.
Igualmente, los proyectos deben cumplir con los requisitos previstos por el
Departamento del Quindío para su inclusión en el Banco de proyectos de Planeación
Departamental.
ARTÍCULO OCTAVO: REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS
PROYECTOS. Los proyectos que presenten las entidades territoriales para su
viabilización por parte del Comité Técnico de Proyectos deberán, además de cumplir
con los requisitos previstos por el Departamento para su inclusión en el banco de
proyectos, acreditar los requisitos que se definan en la resolución 672 de 2015
expedida por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
ARTICULO NOVENO: PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN, VIABILIZACIÓN
Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS. Para la evaluación, viabilización y
aprobación de los proyectos de agua potable y saneamiento básico presentados en
el marco del presente decreto, se atenderá el procedimiento indicado en el artículo
2.3.3.2.3.11 del Decreto 1077 de 2015 […]”.
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196. Copia del Informe de seguimiento y cumplimiento de los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimiento del Departamento del Quindío,
correspondiente al periodo de implementación desde 2009 hasta su rendición en
diciembre de 2013 117 , la autoridad ambiental observó el incumplimiento de
compromisos por parte de la Empresa Sanitaria del Quindío, hoy EPQ S.A. E.S.P,
al no eliminar vertimientos ni realizar los monitores pactados. Se destacó la falta de
inversión en colectores, interceptores y en la construcción de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales para reducir las cargas contaminantes. A pesar
de que se realizaron inversiones en renovación de redes de alcantarillado, estas
fueron insuficientes. El informe recomendó llevar a cabo controles ambientales
continuos y fue enviado a la oficina de procesos sancionatorios mediante el
comunicado núm. 1153. Se solicitó una revisión para aclarar inconsistencias, lo que
dio inicio a una indagación preliminar mediante el Auto núm. 252118, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, en el
expediente OAPASD - 041- 2015. Esta indagación culminó con el Auto núm. 061 de
14 de abril de 2016, que encontró mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio
ambiental por la presunta vulneración de normas ambientales.
197. Copia del Auto núm. 062 de 14 de abril de 2016, mediante el cual la autoridad
ambiental abrió una investigación sancionatoria ambiental contra todos los
municipios del departamento del Quindío y las empresas prestadoras de servicios
públicos, en el proceso OAPASD - AS 41 - 2015, por presunto incumplimiento del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Este acto fue notificado
personalmente al alcalde el 16 de agosto de 2016, junto con el Auto núm. 179 de
25 de julio de 2016119, que aclaró que la investigación se refería específicamente al
Municipio de Quimbaya. Según el comunicado interno OAPSAPD-346120, el proceso
se encontraba en indagación preliminar.
198. Copia del proceso sancionatorio ambiental radicado núm. SCSA-ISA-002-01-
12121, iniciado contra la Empresa Sanitaria del Quindío - ESAQUIN S.A. ESP por
incumplimiento de compromisos en los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV, incluido el del Municipio de Quimbaya. Este proceso se
fundamentó en un concepto técnico emitido el 26 de diciembre de 2011 por la
Subdirección de Control y Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío122, que evidenció constantes requerimientos a la empresa y
117 Contenido en el CD 1 del Fol. 613. Archivo: OAPSADP – AS-2015 Incumplimiento PSMV Municipio de
Quimbaya.PDF (pág. 3 a 47).
118 Ibidem (pág. 56 a 107).
119 Ibidem pág. 258 a 261.
120 Fol. 630.
121 CD del Fol. 613.
122 Ibidem pág. 2 a 7.
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su reiterado incumplimiento, así como la falta de informes sobre el seguimiento a
las metas de reducción de carga. Además, mediante Auto núm. 123 del 26 de mayo
de 2016123, se formuló un pliego de cargos contra ESAQUIN por incumplimiento de
requerimientos ambientales y compromisos relacionados con los planes de manejo
de vertimientos de varios municipios, incluido Quimbaya. Las infracciones se
sustentaron en lo dispuesto en el artículo 8 literal a. del Decreto Ley 2811 de 1974
y el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978. Mediante Auto núm. 156 de 07 de junio
de 2018124, se abrió el periodo probatorio.
199. Copia del Comunicado Interno SRCA núm. 1382 de diciembre 03 de 2018125,
suscrito por el Subdirector de Regulación y Control Ambiental y de los reportes126
de laboratorio allegados por la Corporación Regional del Quindío. Como resultado
de los monitoreos realizados a la quebrada Buenavista en las fechas 20/10/2016,
18/07/2017 y a la quebrada Agua Linda el 24/10/2016 y 18/07/2017, en las cuales
se evidenció un mal estado en ambas quebradas, con la presencia de residuos
sólidos y olores desagradables, como se dejó constancia en las observaciones 127.
200. Copia del Acuerdo del Consejo Directivo CRQ núm. 003 de 2018128, mediante
el cual se ajustó las metas de carga contaminante definidas en el Acuerdo núm. 005
de 2015. Este ajuste tomó en cuenta los Objetivos de Calidad para las fuentes
hídricas del Departamento del Quindío, establecidos en la Resolución núm. 107 de
2007, 1035 de 2008 y 326 de 2017; al igual que el Plan de Ordenamiento del
Recurso Hídrico del río Quindío y las metas ajustadas del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos – PSMV, incluida la eliminación de puntos de vertimiento
en el municipio de Quimbaya para el 2018.
201. Copia del Informe Técnico elaborado por Jorge Alberto Duque Montoya,
Profesional universitario de la Subdirección de Regulación y Control Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional del Quindío 129, según el cual, las quebradas
Agua Linda, Buenavista, Campo Alegre, Rocío, Mina Rica y Valencia -que forman
parte de la cuenca del río La Vieja- están contaminadas por vertimientos del
alcantarillado público de Quimbaya. El análisis se centró en las quebradas
Buenavista y Agua Linda, siguiendo la priorización del PSMV. Las quebradas
Valencia y Rocío confluyen en la Quebrada La Silenciosa, que desemboca en
123 Ibidem pág. 35 a 49.
124 Ibidem pág. 60 a 63.
125 Visibles en el expediente a Fol. 614 a 616.
126 Visibles en el CD que obra en el expediente a Fol. 613. CARPETA: INFORMACIÓN TRIBUNAL PSMV
QUIMBAYA / REPORTES LABORATORIO.
127 Visibles en el CD que obra en el expediente a Fol. 613. CARPETA: INFORMACION TRIBUNAL PSMV
QUIMBAYA / REPORTES LABORATORIO. Archivo: REPORTE 046-16 Q. BUENAVISTA.PDF; y Archivo:
Reporte 052-16 Q. Agualinda.Pdf.
128 Fol. 792 A 807.
129 Fol. 813 A 819.
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Buenavista, mientras que Agua Linda lo hace en Campo Alegre. Se identificó que
18 de los 26 puntos de vertimiento del alcantarillado afectan directamente estas
quebradas. En respuesta, la Empresa de Servicios Públicos planea construir
colectores interceptores para gestionar las aguas residuales, concentrando los
vertimientos en tres puntos: dos en la Quebrada Buenavista y uno en Agua Linda.
Algunas de las conclusiones presentadas fueron:
“[…]
• Los índices de Calidad del Agua constituyen una aproximación al estado de
calidad del Cuerpo de Agua objeto de estudio; sin embargo, su aplicación está
avalada por el IDEAM.
• De acuerdo con los resultados expuestos en las tablas anteriores, se determina
un índice de calidad de agua medio o regular para la quebrada Buenavista tanto
en el punto aguas arriba del casco urbano de Quimbaya como después de su
paso por el mismo, lo que indica que dicho cuerpo de agua presenta buena
capacidad de resiliencia.
• De acuerdo con los resultados expuestos en las tablas anteriores, respecto a la
quebrada Agua Linda, el índice de calidad de agua se determina como medio en
el casco urbano, pero después del mismo desciende a malo, lo que indica una
limitada capacidad de asimilación.
• La Quebrada Agua Linda, es receptora de vertimientos del Alcantarillado del
Municipio de Quimbaya, desde pocos metros después de su nacimiento, lo que
no le permite tener una mejor calidad, y/o presentar mayor capacidad de
asimilación […]”.
202. Copia del Comunicado Interno SRCA núm. 1494 de 2018130, expedido por el
Subdirector de Regulación y Control Ambiental, en el cual se informó que, que, tras
los monitoreos de aguas superficiales, se incumple el parámetro de oxígeno disuelto
(OD) en el tramo urbano de la quebrada Agua Linda, según lo dispuesto en el
artículo 45 del Decreto 1594 de 1984, compilado en el Decreto 1076 de 2015. Y
exhorta a la Corporación a adoptar las guías de modelación establecidas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Resolución 959 de 2018.
203. Copia del PBOT de Quimbaya, adoptado mediante Acuerdo núm. 013 de 27
de junio de 2000131, en el cual se identifican como quebradas contaminadas por el
desagüe de aguas servidas las quebradas Buenavista, Agua Linda, Mina Rica, El
Rocío, El Despacito y La Valencia. Estas se clasificaron dentro de las "Áreas de
recuperación y mejoramiento ambiental - Áreas contaminadas", como zonas que
han sufrido deterioro y presentan diversos tipos de degradación, ya fuera por
factores antrópicos, naturales, o por ser causadas por procesos indeseables que
requieren intervención. El acuerdo también estableció las siguientes estrategias
130 Fol. 812.
131 CD del Fol. 598.
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para la prestación del servicio de acueducto en relación con las fuentes de
abastecimiento: i) diseñar y ejecutar un programa de saneamiento ambiental en el
área rural que defina el manejo y disposición de las aguas residuales; ii) prohibir de
manera definitiva las descargas de aguas residuales sin tratamiento previo; y iii)
conectar todos los alcantarillados al sistema de colectores, construyendo sistemas
individuales de tratamiento para viviendas ubicadas en suelo suburbano, conforme
al Programa de Saneamiento Ambiental. Además, las actuaciones en la dimensión
ambiental del plan de ejecución del PBOT se definieron como obligatorias: (i) el plan
de manejo y recuperación de las quebradas Buenavista y Agua Linda; (ii) el estudio,
diseño y construcción del colector perimetral urbano; (iii) el estudio y diseño de
interceptores de aguas negras y una planta de tratamiento para el manejo de aguas
residuales; y (iv) la construcción de interceptores y una planta de tratamiento de
aguas residuales, entre otros.
204. Declaración de José Edwin Soto, el testigo es ingeniero civil contratista del
municipio de Quimbaya y respondió a las preguntas así: explicó que su vinculación
consistió en apoyar la construcción de colectores. Describió cómo, durante su
vinculación, compartió varios procesos técnicos, que incluyeron la localización de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la construcción de los colectores.
Indicó que la obra tiene un avance del 80% en los colectores y que para la PTAR
aún se estaba en el proceso de adquisición del predio para su construcción. Recalcó
que el proyecto no dependía exclusivamente del municipio, ya que estaban
implicadas otras entidades y la viabilidad técnica debía ser aprobada por
organismos como la Corporación Autónoma Regional del Quindío, ya que dependía
de condiciones técnicas topográficas de cobertura y cercanía con el proyecto de
colectores. Explicó que la PTAR funcionará exclusivamente con el flujo por
gravedad. Indicó que el sitio elegido para la construcción estaba en el sector
suroccidental del municipio, siguiendo las recomendaciones de la empresa
prestadora y la localización georreferenciada. Agregó que se obtuvo un concepto
favorable de la Corporación para la construcción de la PTAR.
205. Declaración de Gloria Patricia Jaramillo Macías, la testigo es geóloga con
estudios en administración ambiental, se desempeñó como asesora de la veeduría
ciudadana, y respondió a las preguntas así: indicó que se realizó varias visitas al
sitio con funcionarios de la Procuraduría Ambiental, la Alcaldía, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío y el contratista, donde evaluaron los posibles
perjuicios y beneficios del proyecto. Durante estos recorridos, revisaron el tramo de
la obra desde la quebrada Buenavista y zonas cercanas, aunque en ese momento
no se había definido con claridad el sitio para la planta. Señaló que, en el Plan de
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Ordenamiento Territorial de Quimbaya se estableció que el predio de Jairo Ospina
sería utilizado para la construcción de la planta. Sin embargo, surgieron
preocupaciones por el impacto en las fincas cercanas que desarrollan actividades
turísticas, particularmente en las veredas La Granja y Palermo. También mencionó
la dificultad para acceder a los documentos del PSMV del municipio, lo que afectó
el análisis de la capacidad de la quebrada para recibir la carga contaminante. Esta
situación llevó a que la CRQ realizara una nueva línea base para determinar si la
quebrada tenía la capacidad de autodepuración, y se sugirió la posibilidad de tener
tres puntos de descarga para reducir el impacto. Asimismo, reportó varias
irregularidades durante la ejecución de la obra, como el mal almacenamiento de la
tubería, rupturas y la instalación de materiales inadecuados, lo que afectó la calidad
de la obra. Mencionó que seis meses después de sus visitas se contrató un estudio,
que reveló problemas con los niveles freáticos. Esto sumado a la falta de permisos,
que se evidenciaron con posterioridad. Finalmente, señaló que el terreno debía
cumplir con las normas del RAS.
206. Declaración de Mónica Paola Bolívar Forero, la testigo es ingeniera ambiental
y funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, quien manifestó
que en el ejercicio de sus funciones realizó el seguimiento a las obras de
saneamiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV de
Quimbaya. Durante su monitoreo, observó que históricamente el municipio enfrentó
un rezago en infraestructura de alcantarillado, lo que provocó que las aguas
residuales fueran vertidas directamente en las fuentes hídricas. Explicó que esto
ocurrió porque el crecimiento del municipio superó la capacidad de las obras macro
de recolección de aguas residuales, lo cual resultó en la contaminación de varios
cuerpos de agua. Detalló que, con la expedición de la Resolución núm. 1433 de
2004, se comenzaron a formular y ejecutar los PSMV, puntualmente, indicó que el
del Municipio de Quimbaya se aprobó en 2009. Explicó que una de las principales
metas era la implementación de colectores para sanear las fuentes hídricas
urbanas. Destacó la importancia de la quebrada Buenavista, con mayor capacidad
de asimilación de contaminantes debido a su caudal y características, como una
prioridad para redirigir las aguas residuales mientras se completaba la red de
colectores y se construía la PTAR. Indicó que para 2016, el avance en la red de
colectores era del 80%, aunque la topografía del terreno y las fuertes pendientes en
Quimbaya dificultaban la construcción, aumentando los costos por las obras de
mitigación del riesgo. Durante la obra, se presentaron quejas de la ciudadanía sobre
aspectos técnicos. En relación con la PTAR, indicó que se propuso un sitio en las
afueras del casco urbano, el cual cumplía con las normativas ambientales, es decir
la RAS 2017, no obstante, precisó que sería necesario implementar medidas de
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mitigación de riesgos. Aseguró que los impactos ambientales esperados serían
menores que los generados actualmente por las fuentes hídricas contaminadas.
Precisó que la Resolución núm. 0631 de 2015 y el Decreto 1594 de 1984, fueron
fundamentales para regular los vertimientos y definir los procedimientos necesarios
para la implementación de los PSMV. Finalmente, señaló que la PTAR estaba
programada para entrar en funcionamiento en 2024, mientras que la red de
colectores se optimizaría entre 2022 y 2023. Finalmente, destacó que la afectación
actual de la quebrada de Agua Linda se ha reducido.
207. Declaración de Patricia Rojas Sánchez, la testigo es consultora del proyecto
desde el año 2016 y respondió a las preguntas así: manifestó que conocía el Plan
de Saneamiento y Vertimientos de Quimbaya, el cual incluía proyectos y obras con
el objetivo de descontaminar las quebradas del municipio. Explicó que su función
consistía en aplicar los instrumentos económicos para financiar esos proyectos
mediante la recaudación de la tasa retributiva. Además, mencionó que el Plan
contemplaba los requisitos técnicos aprobados y que no conocía la existencia de
algún proyecto específico para la construcción de colectores en esa área.
208. Declaración de Rafael Arango Uribe, el testigo es consultor del proyecto
desde 2016 y respondió a las preguntas así: precisó que fue contratado por el
presidente de la veeduría, para realizar un estudio del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Quimbaya y analizar un
modelamiento de la calidad de agua de la quebrada Buenavista realizado por la
CRQ en 2015. En su análisis, encontró que el PSMV, con vigencia hasta 2017,
carecía de sustento adecuado y presentaba errores tanto de forma como de fondo.
Precisó que uno de los principales problemas era que el PSMV no contemplaba
adecuadamente la carga total de vertimientos, lo que genera un impacto mayor
aguas abajo, especialmente, en la vereda Palermo, que se abastece de agua del
río. Además, el PSMV acredita resultados sin especificar el laboratorio que realizó
los análisis de calidad del agua. Señaló que el modelamiento de la quebrada
Buenavista solo consideró datos de un día específico en diferentes años, lo que no
permite conocer el comportamiento de la quebrada bajo distintas condiciones
climáticas. Asimismo, observó inconsistencias en los datos, como la falta de claridad
sobre el número de vertimientos y caudales, lo que complica la evaluación del
impacto ambiental. Recomendó la construcción urgente de la PTAR y un
replanteamiento del proyecto, debido a que se estaba trabajando con información
desactualizada, incluyendo un catastro de ocho años de antigüedad que no refleja
las condiciones actuales del municipio. También destacó que el informe agregado
al expediente revelaba un mayor deterioro de la calidad del agua en 2015 en
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comparación con 2014, y que la quebrada Buenavista no podría asimilar todas las
cargas contaminantes previstas sin un estudio más exhaustivo. Finalmente, advirtió
que la demora en la construcción de la PTAR aumentará los costos de
descontaminación, ya que se requerirá dragar la quebrada, repoblar fauna y flora, y
potabilizar el agua para las poblaciones aguas abajo, lo cual resultaría más costoso
y demora el proceso de recuperación del ecosistema.
Solución a los problemas jurídicos
209. De conformidad con lo probado en el proceso, la Sala pasará a analizar los
argumentos presentados en los recursos de apelación y resolverá el caso concreto,
para lo cual, estudiará cada una de las órdenes controvertidas.
Sobre la orden del numeral primero del ordinal cuarto de la parte resolutiva,
relativo a la elaboración de un diagnóstico del problema de vertimientos de
aguas residuales sin tratamiento en las quebradas del Municipio de Quimbaya
210. El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó que el Municipio de Quimbaya,
Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., el Departamento del Quindío y la
Corporación Autónoma Regional del Quindío realicen –de manera coordinada– un
completo y detallado diagnóstico del problema de vertimientos de aguas residuales
sin tratamiento en las quebradas del Municipio y dispuso que dicho documento
contenga las conclusiones y las acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo,
así como la determinación de los responsables y los recursos con los cuales se
financiarán. Para ello, concedió el término de un año.
211. El Departamento del Quindío planteó su inconformidad respecto de esta
orden con sustento en que: i) el diagnóstico ya fue elaborado por Empresas Públicas
del Quindío S.A. E.S.P. y el Municipio de Quimbaya en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos – PSMV132, así como en su ajuste –el cual obtuvo aprobación
por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío mediante la Resolución núm.
812 de 2018–; y, ii) no es de su competencia realizar el diagnóstico en caso de que
éste no existiera, por cuanto, considera que su competencia se limita a
complementar la gestión de recursos y brindar el apoyo frente al tema de ejecución
del plan de inversiones del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.
132
Aprobado en 2009.
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212. En términos similares, la Corporación Autónoma Regional del Quindío
argumentó que la orden de elaborar el diagnóstico resultaba inadecuada, en tanto,
el Municipio y Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. ya lo elaboraron en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV; particularmente, resaltó
que el diagnóstico fue actualizado por las entidades al realizar el ajuste a dicho Plan
en cual constan las obras y actividades a desarrollar en el corto, mediano y largo
plazo.
212.1. Asimismo, indicó que la planificación se acompaña de un Plan Financiero,
soportado en recursos ciertos y advirtió que de darse cumplimiento a la orden
precitada se desconocería tal planificación, lo que llevaría a ver truncados los
avances del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.
213. Al respecto, la Sala encuentra probado que, en efecto, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, mediante la Resolución núm. 1098 de 27 de
noviembre de 2009, aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –
PSMV para el Municipio de Quimbaya, presentado por las Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P.
214. De conformidad con el manejo dado a los vertimientos del Municipio, este
Plan estableció las siguientes actividades a desarrollar en el período 2008 – 2017:
(i) renovación de emisarios finales dentro de los componentes de optimización de
redes de alcantarillado y alcantarillado combinado; (ii) construcción de interceptores
entre 2010 y 2017 para la descontaminación de las quebradas Agua Linda,
Buenavista, Campo Alegre, La Valencia-Rocío y Mina Rica, que recogerán diversas
descargas; y (iii) la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
– PTAR – específicamente, programó la construcción de esta obra entre los años
2012 a 2017.
215. Mediante la Resolución núm. 812 de 2018, la Corporación Autónoma
Regional del Quindío resolvió ajustar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV del Municipio de Quimbaya, aprobado en la Resolución núm.
1098 de 2009, de conformidad con la propuesta presentada por Empresas Públicas
del Quindío S.A. E.S.P. Específicamente, ajustó el horizonte de planificación y
estableció que éste sería hasta el año 2026. De conformidad con ello, modificó
parcialmente el cronograma de ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV para el periodo 2017-2026.
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216. De la revisión del ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -
PSMV 133, elaborado en 2017 por Empresas Públicas del Quindío – E.P.Q. S.A.
E.S.P., la Sala concluye que le asiste razón al Departamento y a la Corporación
Autónoma Regional del Quindío, comoquiera que, en efecto, existe un diagnóstico
a partir del cual se determinó la estrategia administrativa, financiera, ambiental e
institucional para el saneamiento y manejo de vertimientos en el Municipio de
Quimbaya, el cual, no solo está actualizado, sino que además se encuentra vigente,
toda vez que la planificación está definida hasta el año 2026.
217. El diagnóstico elaborado por Empresas Públicas del Quindío se compone de
los siguientes ítems: i) los avances en la ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos – PSMV; ii) el estado de la red de alcantarillado; iii) la
descripción general de las estructuras de alcantarillado; iv) el inventario de los
puntos de vertimiento existentes –localización, georreferenciación y disposición
final–; v) la problemática ambiental y el estado de las fuentes hídricas receptoras de
vertimientos –análisis de calidad–; vi) el inventario y clasificación de los usuarios;
vii) el tratamiento de aguas residuales; viii) la identificación de las necesidades de
obras y acciones, entre ellas: 1. La culminación de la construcción del colector fase
II; 2. la construcción de la PTAR; Y, 3. La renovación de redes; ix) el estado
financiero actual de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.; x) la definición de
responsabilidades entre los actores; y, xi) los programas, proyectos, obras y
actividades.
218. La Sala considera que el diagnóstico elaborado satisface los parámetros
establecidos en la orden del numeral primero del ordinal cuarto y, en tal sentido
deberá revocarse. Adicionalmente, la Sala encuentra que en la Resolución núm.
812 de 2018, se acogió el Plan Financiero presentado por Empresas Públicas del
Quindío, se aprobó el cronograma para la gestión de recursos y se definió la entrega
de informes de seguimiento puntuales.
219. La Sala encuentra oportuno ordenar a las Empresas Públicas del Quindío
S.A. E.S.P. que dé cumplimiento al Ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV en los términos aprobados por la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, en la Resolución núm. 812 de 2018, para lo cual, en aplicación
de los principios de coordinación y concurrencia, deberá apoyarse en el Municipio
de Quimbaya, en el Departamento del Quindío y en la Corporación Autónoma
133 Fol. 199 a 229.
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Regional del Quindío, cada una en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias.
220. Ahora bien, el Departamento del Quindío argumentó que en caso de que el
diagnóstico no existiera, no es la autoridad competente para realizarlo, al respecto,
la Sala considera necesario reiterar que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 298 de la Constitución Política, los departamentos “[…] ejercen funciones
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que
determinen la Constitución y las leyes […]”. Además, les asisten funciones de apoyo
y coordinación en materia de servicios públicos, en los términos del artículo 367 de
la Constitución.
221. Aunado a ello, según lo previsto en los artículos 7.° de la Ley 142 y 74 134 de
la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001135, los departamentos tienen deberes de
apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.
222. Por lo anterior, la Sala considera que no resulta cierto que, en caso de que
no existiera dicho diagnóstico, el Departamento no tendría la competencia para
participar en su elaboración, ello, en tanto, su participación no se limita a la gestión
de recursos y brindar el apoyo en cuanto a la ejecución del plan de inversiones del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.
Sobre la orden del numeral segundo del ordinal cuarto de la parte resolutiva:
definir como una prioridad la atención eficiente de la problemática de
vertimientos en el Municipio de Quimbaya
223. El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó en el numeral segundo del
ordinal cuarto que el Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas del Quindío S.A.
134 “[...] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios
y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: […] 74.1. Planificar y orientar las políticas de
desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
[…] 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental […] 74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando
la tengan […] 74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento
y con la Nación […] 74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a
las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando
a ello haya lugar […] 74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la
prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación,
autoridades locales y a la comunidad [...]”.
135 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
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E.S.P., el Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del
Quindío en su actividad administrativa, de planeación y ejecución presupuestal
adopten como una prioridad la atención eficiente a la problemática identificada en
este asunto.
224. La Corporación Autónoma Regional del Quindío expresó en su recurso de
apelación que la problemática en materia de vertimientos es una situación de
preocupación diaria de la entidad. Además, manifestó que está en disposición
permanente de atender las solicitudes de los usuarios, para brindar asesoría y
acompañamiento en los procesos relacionados con el saneamiento. Sobre este
aspecto, indicó que ha invitado a los Municipios y a las Empresas de Servicios
Públicos para que presenten proyectos que puedan ser financiados con recursos de
la Tasa Retributiva, puntualmente, en lo que atañe al Municipio de Quimbaya
expresó que no ha realizado ninguna solicitud en este sentido.
224.1. A su vez, refirió que las funciones de la Corporación están dadas de forma
principal en materia de regulación, control y seguimiento al uso y aprovechamiento
de los recursos naturales, razón por la cual, debe ejercer vigilancia a la ejecución
de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, y en caso de
incumplimientos imponer las sanciones que establezca la norma.
225. Como se mencionó en el marco normativo y en el desarrollo jurisprudencial,
las corporaciones autónomas regionales son responsables de: i) ejercer funciones
de vigilancia y control en las materias propias de su competencia; ii) imponer y
ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; iii) asesorar a las entidades
territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental; y iv) ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación
o recuperación del medio ambiente.
226. Asimismo, si bien las corporaciones autónomas regionales no tienen
competencias para la prestación de servicios públicos domiciliarios, sí pueden, por
un lado, destinar recursos de la línea de redescuento con tasa compensada a la que
se refiere el Decreto 3333 de 5 de septiembre de 2008136, “[…] para financiar y
136 Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la Financiera de Desarrollo
Territorial S. A., Findeter, para el Financiamiento de las Inversiones en Agua, FIA, dentro de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA y se modifica el
Decreto 280 del 31 de enero de 2006.
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cofinanciar estudios, diseños e inversión en interceptores, emisarios finales,
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, rellenos sanitarios
municipales o regionales, y financiar o cofinanciar los demás proyectos del
componente ambiental de su competencia, en el marco los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) […]” (Destacado fuera de texto).
227. Y, por el otro, realizar inversión en obras de infraestructura en el sector de
agua potable y saneamiento básico para ser entregadas como aportes a los
municipios o empresas operadoras de servicios públicos, en los términos del artículo
22 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011137.
228. Igualmente, la Corporación tiene funciones relacionadas con asesorar y
apoyar la proyección de asuntos relacionados con los servicios públicos
domiciliarios a cargo de las entidades territoriales de orden municipal. Asimismo,
tiene responsabilidad de vigilancia y control respecto a los asuntos de materia
ambiental.
229. De acuerdo con lo anterior, la Sala considera oportuno mantener la orden
dispuesta en el numeral segundo del ordinal cuarto, comoquiera que lo que pretende
el Tribunal es cohesionar los esfuerzos de las distintas entidades involucradas en la
situación, con miras a lograr una solución definitiva a la problemática de vertimientos
a las fuentes hídricas del Municipio de Quimbaya, a partir de un compromiso cierto
de parte de quienes están llamados a hacerlo en el ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias.
230. Además, tal como lo advirtió el a quo, la gestión de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío puede ser más célere y eficiente en cuanto al seguimiento del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, esto, teniendo en cuenta
que, pese a haber conocido del incumplimiento por parte de Empresas Públicas del
Quindío respecto de los compromisos del plan desde el año 2013, no había definido
de fondo ninguno de los procesos administrativos sancionatorios al año 2018.
231. Así las cosas, el exigir que el Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas del
Quindío S.A. E.S.P., el Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma
Regional del Quindío definan como prioritaria su atención en la situación de
contaminación hídrica que aqueja al Municipio de Quimbaya, permite que se
137 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
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acentúen las acciones a adoptar con el fin de lograr metas concretas en los términos
definidos.
Sobre la orden del numeral cuarto del ordinal cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia: gestiones técnicas, administrativas,
interadministrativas, presupuestales, financieras y demás para adelantar el
proceso de contratación de las obras de construcción de colectores en su fase
II
232. El a quo ordenó que, una vez viabilizado el proyecto por parte del Ministerio,
el Departamento del Quindío –en su calidad de coordinador y gestor del Plan
Departamental de Aguas– deberá adelantar las gestiones técnicas, administrativas,
interadministrativas, presupuestales, financieras y demás para llevar a cabo el
proceso de contratación de las obras de construcción de colectores del Municipio
en su fase II, para lo cual, le concede un término de doce (12) meses, y le otorga un
término igual para realizar la obras de optimización.
233. El Departamento del Quindío solicitó ser excluido de esta orden, con
fundamento en que el proyecto “Construcción Fase II Colectores Quimbaya” fue
incluido en el plan de obras e inversiones del Plan Ambiental del PAP-PDA Quindío
y concertado con la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Indicó que, de
acuerdo con lo acordado, se convino que el proyecto sería ejecutado directamente
por la Corporación con recursos de la tasa retributiva, en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 1863 de 2012, por lo cual, esta entidad es quien realizará la contratación.
Adicionalmente, señaló que, en caso de que el proyecto sea enviado al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su correspondiente evaluación y viabilización,
el Departamento tampoco realizará la contratación, en tanto el Ministerio es
Autónomo de decidir con quien ejecutará el proyecto.
234. Revisado el Oficio núm.10.07.02-DG 0388 de 5 de septiembre de 2018, se
advierte que, el Departamento del Quindío –a través de la Dirección de Agua y
Saneamiento Básico– se comprometió a recibir el proyecto elaborado por Empresas
Públicas del Quindío y por el Municipio de Quimbaya para la construcción de la fase
II de los colectores, con el objetivo de presentarlo al mecanismo regional de
viabilización y así obtener recursos de la tasa retributiva disponibles para inversión
con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, así como recursos del SGP
APSB administrados por el PAP-PDA Quindío; además, dejó constancia de que se
podría hacer uso de los recursos transferidos al consorcio FIA como parte del
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Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero en la construcción de obras de APSB,
siempre que se cumplieran los requisitos establecidos en el Decreto 1063 de 2016.
235. Adicionalmente, la Sala encuentra que en el Ajuste al Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos – PSMV se definió que para el proyecto de “construcción
fase II colector Agualinda – Buenavista” existe la posibilidad de gestionar recursos
con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Sistema General de Regalías,
el Municipio, el PDA y la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
236. De acuerdo con lo anterior y ante la falta de prueba que demuestre que
entidad tiene a su cargo la ejecución del proyecto, la Sala modificará la orden del
numeral cuarto del ordinal cuarto de la parte resolutiva, en el sentido de señalar que,
el Departamento del Quindío y/o la Corporación Autónoma Regional del Quindío –
según corresponda– deberán adelantar las gestiones técnicas, administrativas,
interadministrativas, presupuestales, financieras y demás que se requieran para
llevar a cabo el proceso de contratación de las obras de construcción de colectores
del Municipio de Quimbaya, en su fase II, para lo cual contará con un término de 12
meses y se confirmará que una vez celebrados dichos contratos, las obras de
optimización se desarrollaran en el término de doce (12) meses más.
Sobre la orden del numeral quinto del ordinal cuarto de la parte resolutiva:
obras y proyectos que se requieren para la efectiva operación de los
colectores y la construcción de las plantas de tratamiento de las aguas
residuales del municipio de Quimbaya
237. El Tribunal dispuso en el numeral quinto del ordinal cuarto de la parte
resolutiva que, el Municipio de Quimbaya, Empresas Públicas del Quindío S.A.
E.S.P., Departamento del Quindío, a la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio deben apalancar “[…] planes, programas, proyectos, obras y
actividades que se proyecten en el diagnóstico y/o los proyectos, planes, obras o
programas que ya se encuentren debidamente sustentados técnicamente, y se
orienten a la protección de las quebradas que atraviesan el municipio de Quimbaya,
teniendo como eje central la ejecución de un sistema de recolección y tratamiento
de aguas residuales que ofrezca técnicamente un adecuado y eficiente servicio
público a la población del municipio […]. Y priorizar las obras y proyectos que se
requieran para la efectiva operación de los colectores y la construcción de las
plantas de tratamiento de las aguas residuales del Municipio de Quimbaya.
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238. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento del
Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío apelaron esta orden, con
fundamento en que: i) el Ministerio no tiene competencia para financiar planes,
programas, proyectos, obras y actividades orientados a los sistemas de tratamiento
de aguas residuales; ii) el Departamento solicitó precisar que contribuirá en la
consecución de los recursos para la ejecución de las obras e inversiones
establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV; y, iii) la
Corporación precisó que los recursos disponibles para el saneamiento del
Municipio, correspondientes a la tasa retributiva, deben estar enmarcados en el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Quimbaya.
239. Al respecto, la Sala considera que, si bien, las funciones del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, según lo dispuesto en la Ley 99 y en el Decreto
1682 de 17 de octubre de 2017138, aluden a:
“[…] 1) Formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental
de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente;
2) Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, y el
uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de
actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio
natural;
3) Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes,
programas y proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos
naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a
los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Investigaciones
que el gobierno somete a consideración del Congreso;
4) Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las
actividades en materia ambiental, de las entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental, SINA;
[…]
11) Dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir las
contaminaciones geosféricas, hídricas, del paisaje, sonoras y atmosféricas, en todo
el territorio nacional; […]”.
240. De conformidad con las funciones de organismo rector de la gestión del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables de este recurrente, la Sala
considera oportuno excluir a dicha entidad, toda vez, de sus competencias no se
deriva –específicamente– las de “financiar y apalancar” planes, programas,
proyectos, obras y actividades.
138 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se determinan las
funciones de sus dependencias”.
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241. Ahora bien, en punto a los argumentos planteados por el Departamento y la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Sala considera –en términos
similares a los expuestos en el estudio de la orden del numeral primero del ordinal cuarto–
que las acciones tendientes a la financiación y ejecución de los planes, programas,
proyectos, obras y actividades orientados a la protección de las quebradas que
atraviesan el Municipio de Quimbaya corresponderán a aquellos definidos en el
Ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, aprobado en
2018.
Sobre la orden del numeral séptimo del ordinal cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia: gestión de recursos financieros
242. El a quo, dispuso en el numeral de la referencia que “[…] los entes
accionados deberán concurrir administrativa, técnica y financieramente para que el
[M]unicipio de Quimbaya cuente con un sistema de recolección y tratamiento de
aguas residuales domésticas que garantice el respeto a las normas superiores y, de
ser imprescindible, gestionarán ante organismos internacionales y/o multilaterales
los recursos financieros y logísticos que sean necesarios para que los planes,
programas, proyectos, obras y actividades proyectadas se ejecuten […]”.
243. El Departamento y la Corporación Autónoma Regional del Quindío apelaron
esta orden. En primer lugar, el Departamento solicitó precisar que contribuirá en la
consecución de recursos para la ejecución de las obras e inversiones definidas en
el plan de inversiones del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.
Y, en segundo lugar, la Corporación explicó que los proyectos a ser financiados
deben provenir de los Municipios y/o de las entidades prestadoras. Aunado a ello,
indicó que efectúa seguimiento y control al cronograma de gestión de recursos del
Ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV.
244. Sobre esta orden, la Sala considera oportuno precisar que los recursos se
gestionarán ante las entidades definidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV para las actividades allí definidas, en los términos del
cronograma aprobado para la gestión de recursos.
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Sobre las órdenes de los numerales noveno, décimo y décimo primero de la
parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia : relacionadas
con el manejo de vertimientos
245. El Tribunal Administrativo del Quindío ordenó en el numeral noveno al: “[…]
Municipio de Quimbaya y [a] Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. E.S.P.,
activar de manera INMEDIATA el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos, con el fin de mitigar los impactos y efectos negativos a los recursos
naturales y al ambiente, para lo cual deberá incluir en él las acciones a ejecutar y el
cronograma, para ese ajuste tendrán el término de seis (6) meses. Dicho plan
deberá contener campañas de sensibilización a la comunidad para el manejo de las
aguas residuales […]”.
246. La Corporación apeló esta orden y señaló que el Plan de Gestión del Riesgo
para el manejo de vertimientos será un instrumento que se elaborará con
posterioridad a la construcción de la PTAR y destacó que el artículo sexto del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV incluyó el programa de
educación ambiental orientado al uso eficiente de la red de alcantarillado.
247. La Sala considera oportuno modificar la orden referida, para en su lugar
ordenar que Empresas Públicas del Quindío adelante las acciones propuestas en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, en materia de vertimientos
y educación ambiental, en los términos correspondientes.
248. De forma similar ocurre con las órdenes de los numerales décimo y décimo
primero, en tanto se dispone que, la Corporación Autónoma Regional del Quindío y
las Empresas Públicas deben elaborar un plan de descontaminación de las
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quebradas receptoras de los vertimientos de las aguas residuales del Municipio de
Quimbaya y un programa de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de aguas
receptoras.
249. Sobre el particular, la Sala revocará dichas órdenes por cuanto implicarían
un esfuerzo adicional al que se viene ejerciendo por parte de las Empresas Públicas
del Quindío de acuerdo con lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos – PSMV, que es objeto de seguimiento por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío.
Sobre el recurso de apelación interpuesto por Empresas Públicas del Quindío
S.A. E.S.P.
250. Empresas Públicas del Quindío solicitó revocar la sentencia proferida en
primera instancia, comoquiera que, ha demostrado gestión e interés en la
terminación de las obras de construcción de colectores faltantes en el Municipio de
Quimbaya, así como, en la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas
residuales, con el objeto de lograr la descontaminación de las fuentes hídricas
tributarias al río La Vieja en el Departamento del Quindío.
251. La Sala no desconoce los avances que se han venido realizando por parte
de la Empresa y las demás entidades en este asunto. Sin embargo, pese a las
importantes acciones y gestiones efectuadas, no cabe duda, que la Empresa debe
comprometerse de manera contundente con la problemática y dar cumplimiento a
las acciones y planes establecidos en el Ajuste al Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos – PSMV, de conformidad con el cronograma definido.
Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
252. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:
“[…] QUINTO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el que estará
conformado por el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal, quien lo presidirá;
un delegado del municipio de Quimbaya, el Director de Aguas y Saneamiento Básico
PAD-PDA Quindío, un delegado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -
CRQ, un delegado del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, un delegado de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., el Procurador
34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia Quindío y un delegado de la Personería
Municipal de Quimbaya; comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de la presente providencia y deberá rendir a esta Corporación, informes
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semestrales sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno final, al culminar sus
labores […]”.
253. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia proferida el 25 de abril
de 2019 por el Tribunal Administrativo del Quindío en lo relacionado con la
conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar
que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité de
verificación.
254. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: REVOCAR los numerales primero, décimo y décimo primero de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO: MODIFICAR los numerales cuarto, quinto, séptimo y noveno del ordinal
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO: ORDENAR a las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. que dé
cumplimiento al Ajuste del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV
en los términos aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en
la Resolución núm. 812 de 2018, para lo cual, en aplicación de los principios de
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coordinación y concurrencia, deberá apoyarse en el Municipio de Quimbaya, en el
Departamento del Quindío y en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: MODIFICAR el ordinal quinto, correspondiente al Comité de Verificación
de Cumplimiento, en los términos expuestos en la parte motiva.
SEXTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 25 de abril de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.
OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Quindío, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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