Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00324-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2019-00324-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2019-00324-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 730012333000201900324-01
Actor: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima y Personería
Delegada en Servicios Públicos, Medio Ambiente y Control Urbano de la Personería
Municipal de Ibagué
Demandados: Interaseo S.A.S. E.S.P.; Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios; Municipio de Ibagué; Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA; Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –
INFIBAGUE; y Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
Temas: Relleno sanitario La Miel; funcionamiento irregular por manejo inadecuado
de lixiviados; problemas de erosión de taludes y proliferación de vectores
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Ibagué e
Interaseo S.A.S. E.S.P. y la apelación adhesiva interpuesta por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA contra la sentencia de 26 de octubre
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima1.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima y la Personería
Delegada en Servicios Públicos, Medio Ambiente y Control Urbano de la Personería
Municipal de Ibagué, en ejercicio del respectivo medio de control, presentaron
1 Cfr. Índice 171 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Tolima, expediente
digital, archivo denominado: “45_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA(.pdf) NroActua 171”.
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demanda2 contra Interaseo S.A., la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, el Municipio de Ibagué, la Corporación Autónoma Regional del Tolima
• CORTOLIMA, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué -
INFIBAGUE, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos a: i) el goce de
un ambiente sano; ii) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público; iii) a la seguridad y salubridad públicas; iv) el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; v) el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y, vi) la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; dispuestos en los literales “a”, “d”, “g”, “h”, “j” y “m”
del artículo 4.° de la Ley 472 de 1998 –respectivamente–.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones3:
“[…] 3.1.- EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS RECLAMADOS.
Que se ordene a los demandados INTERASEO S.A. E.S.P. Y/O INTERASEO S.A.S.
E.S.P., MUNICIPIO DE IBAGUE, INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 'INFIBAGUÉ”, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA", LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, que garanticen el goce de un ambiente
sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias, El [sic] goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, la Moralidad Administrativa, La [sic] seguridad y salubridad
públicas, El [sic] acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes, a saber, que de manera inmediata
y sin dilaciones injustificadas de conformidad con sus funciones:
A la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:
3.1.1. Efectúe de manera inmediata las actuaciones necesarias para que se dé
estricto cumplimiento a los principios orientadores y a las funciones consagradas en
el Decreto 990 de 2002, en lo que corresponde a la garantía de los derechos
colectivos de la comunidad en cuanto a las actividades que ha pasado por alto la
empresa INTERASEO S.A. E.S.P. Y/O INTERASEO S.A.S. E.S.P. en el desarrollo
del proyecto Parque Industrial de Residuos Sólidos "La Miel" en la ciudad de Ibagué.
A la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico:
3.1.1. Efectúe de manera inmediata las actuaciones necesarias para que se
garanticen los derechos colectivos de la comunidad en cuanto a las actividades que
ha pasado por alto la empresa INTERASEO S.A. E.S.P. Y/O INTERASEO S.A.S.
E.S.P. en el desarrollo del proyecto Parque Industrial de Residuos Sólidos "La Miel"
en la ciudad de Ibagué.
2 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2”.
3 Ibidem pie de página 3.
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A la Administración Municipal de Ibagué:
3.1.2- Efectúe de manera inmediata las actuaciones necesarias para que se
garantice la protección de las aguas y la ronda hídrica de la quebrada "Guacari", en
la zona rural de la ciudad de Ibagué.
3.1.3- Adelante las actuaciones administrativas y presupuestales que garanticen la
preservación del medio ambiente y la recuperación de las aguas y la ronda hídrica
de la quebrada "Guacarí", en la zona rural de la ciudad de Ibagué, así como el
saneamiento e integridad del recurso hídrico, específicamente, para evitar la
contaminación por el manejo inadecuado de lixiviados y adelante las acciones
pertinentes para la descontaminación de la fuente hídrica, en caso de ser necesario.
A la Corporación Autónoma Regional del Tolima ‘CORTOLIMA’:
3.1.4.- Que efectué un control detallado de las obligaciones contenidas en la licencia
ambiental y de manera permanente y oportuna, garantice que las aguas y la zona de
ronda hídrica de la quebrada "Guacán" o de cualquier otra fuente hídrica superficial
o subterránea no se afecte por el manejo inadecuado de lixiviados por parte de la
empresa INTERASEO S.A. E.S.P. Y/O INTERASEO S.A.S., provenientes del Parque
Industrial de Residuos Sólidos "La Miel".
3.1.5.- Que garantice la reforestación de la ronda hídrica de la quebrada "Guacarí"
en la zona rural de la ciudad de Ibagué, en caso de ser necesario, y adicionalmente
que adelante los procesos sancionatorios contra INTERASEO S.A. E.S.P. Y/O
INTERASEO S.A.S. E.S.P. y contra de las personas naturales o jurídicas que
contaminen la fuente hídrica denominada 'Guacarí"., por el incumplimiento de las
obligaciones ambientales derivadas de las licencias o de los requerimientos elevados
con ocasión de las actividades de evaluación, seguimiento y control que adelante la
citada autoridad ambiental.
A la Empresa INTERASEO S.A. E.S.P. Y/O INTERASEO S.A.S. E.S.P.:
3.1.6.- Que cumpla con las obligaciones contenidas en la licencia ambiental de
manera eficiente, permanente y oportuna, garantizando no contaminar con lixiviados
provenientes del Parque Industrial de Residuos Sólidos “La Miel", las aguas y la zona
de ronda hídrica de la quebrada “Guacarí” o de cualquier otra fuente hídrica
superficial o subterránea que pueda verse afectada por el manejo los procesos al
interior del complejo industrial de residuos.
3.1.7.- Que de manera inmediata adelante las actuaciones administrativas y
presupuestales que garanticen la preservación del medio ambiente y la recuperación
de las aguas y la zona de ronda hídrica de la quebrada “Guacarí" o de cualquier otra
fuente hídrica superficial o subterránea que pueda verse afectada por el manejo de
los procesos al interior del Parque Industrial de Residuos Sólidos "La Miel".
3.1.8.- Que se garantice que la planta de tratamiento existente, efectivamente se
encuentra conformada por una cámara de distribución de caudales que permita el
reparto de los caudales hacia dos reactores UASB, que dichos reactores presenten
las válvulas de control de lodos a diferentes alturas del mismo, que en dichos
reactores se realice oportunamente la aplicación de inóculo para favorecer la
degradación biológica de la carga contaminante, y que luego de su tratamiento
biológico, las aguas (lixiviado tratado) se conduzcan a un tanque homogenizador en
donde se realice eficientemente la floculación de los sólidos presentes en el lixiviado,
y que efectivamente se realice la aplicación de poliacrilamida en concentraciones que
permitan generar flocs que incidan en la precipitación de sólidos, para que luego se
pase a otro tanque homogenizador, para dirigir las aguas a un filtro con sistema de
retrolavado, con el fin de posteriormente, pasarlas por un filtro de carbón activado
para eliminar olores y posteriormente aplicarle cloro mediante dosificador, a fin de
controlar coliformes, en armonía con los documentos aprobados por la autoridad
ambiental para el otorgamiento de la licencia ambiental.
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3.1.9. En lo que corresponde a la licencia ambiental, que se cumpla con:
• Cobertura diaria de los residuos sólidos.
• Reconformación adecuada de los residuos con cubrimiento sintético.
• Manejo preventivo de los vectores (aves).
• Control de los procesos erosivos.
• Adecuada conducción del lixiviado.
• Control de la re-suspensión del material particulado en vías.
3.1.10. Que de manera inmediata se realicen las gestiones de carácter técnico,
administrativo y financiero que permitan actualizar el área aprobada para intervención
objeto de inventario forestal, la cual fue aproximadamente de 6 Ha ya que
actualmente se han intervenido más de 12 Ha.
3.1.11. En lo que corresponde a Permiso de Vertimientos:
• Se dé cumplimiento en las concentraciones de salida de algunos parámetros
fisicoquímicos del vertimiento a la fuente hídrica, conforme a las previsiones
de la licencia ambiental.
• Se efectué de manera inmediata la entrega de la información complementaria
para la renovación del permiso de vertimientos establecida en el artículo 6ª
de la Resolución CORTOLIMA 1529, de fecha Mayo [sic] 5 de 2017.
3.1.12. Que de manera inmediata se realicen las gestiones de carácter técnico,
administrativo y financiero que permitan eliminar el rastro de líquidos con mal olor
que producen los camiones recolectores al momento de efectuar la compactación de
las basuras en el recorrido diario que efectúan en los diferentes puntos de la ciudad
[…]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones que el
Parque Industrial de Residuos Sólidos “La Miel”, se encuentra ubicado en las
inmediaciones de la Hacienda denominada de la misma forma. Allí se disponen los
residuos sólidos de las poblaciones de: Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras,
Rovira, San Luis, Santa Isabel, Valle de San Juan, Venadillo e Ibagué, en virtud del
contrato suscrito con la empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P.
4. Señaló que el Parque Industrial de Residuos Sólidos cuenta con licencia
ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA, mediante Resolución núm. 0354 de 26 de marzo de 2014, modificada
mediante Resolución núm. 927 de 6 de mayo de 2014, por medio de la cual, la
Corporación amplió la vigencia de la licencia según la vida útil del relleno –que
proyectó a 30 años, es decir, hasta el año 2035–.
5. Informó que, fueron recibidas varias solicitudes de usuarios presentadas ante la
Personería Municipal de Ibagué en las que pedían tomar acciones en relación con:
i) el vertimiento de aguas residuales o lixiviados provenientes del relleno sanitario
“La Miel” al arroyo que desemboca en la quebrada Guacarí; y, ii) la canalización y
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desviación del cauce de la quebrada, lo cual afecta los cultivos aledaños que se
encuentran en inmediaciones del proyecto.
6. Expuso que en la mesa de trabajo adelantada el 9 de julio de 2019, en las
instalaciones de CORTOLIMA se pudo concluir lo siguiente: i) el incumplimiento en
las concentraciones de salida de algunos parámetros fisicoquímicos del vertimiento
a la fuente hídrica, según monitoreos realizados por CORTOLIMA en los últimos 3
años; ii) el incumplimiento de las concentraciones de los parámetros de importancia
ambiental, según caracterizaciones del mes de marzo de 2017 y febrero de 2018,
en los parámetros sólidos sediméntales, sólidos suspendidos totales, demanda
química de oxígeno y cloruros; iii) los vertimientos del relleno están incrementando
los parámetros DBO5, DQO, SST, disminuyen el oxígeno disuelto e influencian
negativamente el estado de la fuente hídrica y la ictiofauna asociada a esta; iv) el
incumplimiento en la entrega de información complementaria para la renovación del
permiso de vertimientos establecida en el artículo 6.° de la Resolución núm. 1529
de 5 de mayo de 2017, expedida por CORTOLIMA; v) el incumplimiento de las
medidas de manejo ambiental solicitadas por CORTOLIMA, relativas a : la cobertura
diaria de residuos sólidos, la reconformación adecuada de los residuos con
cubrimiento sintético, el manejo preventivo de vectores (aves), el control de
procesos erosivos, la adecuada conducción de lixiviados, el control de la re-
suspensión del material particulado en las vías y el área aprobada para intervención
objeto de inventario forestal.
7. Agregó que la tubería que conduce los lixiviados, trasporta aguas residuales de
color oscuro que presentan olores ofensivos, lo que representa contaminación a la
fuente hídrica. En tal sentido, afirmó que las actividades que se vienen desarrollando
en el relleno sanitario no guardan armonía con el medio ambiente y el equilibrio
ecológico, ni con el bienestar de las comunidades; situación que categoriza de grave
y preocupante, por lo que, solicita se tomen medidas urgentes, en aras de evitar un
daño mayor al recurso hídrico.
8. Además, indicó que los camiones recolectores de basuras, al momento de
realizar la compactación de los residuos sólidos en el recorrido que realizan por la
ciudad, dejan a su paso un rastro de líquidos con malos olores que afectan el
entorno, motivo por el cual plantea que dicha situación debe corregirse de manera
inmediata.
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Actuaciones en primera instancia
La audiencia de pacto de cumplimiento
9. El 17 de febrero y el 24 de marzo de 20214 se llevó a cabo la audiencia de pacto
de cumplimiento, no obstante, se declaró fallida por falta de fórmulas de arreglo.
Contestaciones de la demanda
10. El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué -
INFIBAGUÉ se opuso a las pretensiones de la demanda dirigidas contra la entidad5
y formuló las excepciones que denominó: falta de legitimación en la causa por
pasiva y omisión de la carga de la prueba.
11. Argumentó que no debió ser vinculada al proceso, comoquiera que la demanda
carece de fundamentos fácticos y jurídicos que den cuenta sobre la forma en la que
se están vulnerando los derechos e intereses colectivos de la comunidad.
12. Expresó que le fueron asignadas funciones de alumbrado público, plazas de
mercado, parques, zonas verdes y de aseo dentro del esquema operacional vigente,
mientras se desarrollaban los esquemas empresariales que cumplirían dicho objeto.
En tal orden de ideas, pidió su desvinculación del proceso, en tanto, la entidad no
tiene a su cargo obligaciones legales sobre el Parque Industrial de Residuos Sólidos
“La Miel”, ni en actividades relacionadas con el manejo del relleno sanitario.
13. El Municipio de Ibagué mediante escrito de contestación de la demanda6, se
opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó: i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, ii) inexistencia de vulneración de los derechos
e intereses colectivos, iii) falta de prueba y iv) reconocimiento oficioso de
excepciones.
14. Argumentó que no se configura ninguna acción u omisión que conlleve a la
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos por parte de la
administración municipal, comoquiera que, la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P., en
el marco de sus funciones y de conformidad con lo dispuesto en la licencia 0354 de
2004, es quien debe responder por los eventuales daños que se puedan ocasionar
a las propiedades de particulares o al medio ambiente, con ocasión de la operación
y mantenimiento del relleno sanitario La Miel.
4 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“13ED_Audienciadepacto2018(.zip) NroActua 2”.
5 Cfr. Folios 263 a 266.
6 Cfr. Folios 282 a 287.
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15. Asimismo, sustentó que en el expediente no obra –siquiera– prueba sumaria que
permita evidenciar la vulneración de algún derecho e interés colectivo.
16. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA7
presentó escrito de contestación de la demanda8, mediante el cual, expresó su
disenso en relación con las pretensiones relacionadas con la entidad, a –su juicio–
no existen fundamentos de hecho ni de derecho que las respalden. Indicó que la
situación que se plantea en la demanda escapa de su competencia, comoquiera
que, la Comisión no ejerce vigilancia sobre las empresas prestadoras de servicios
públicos y no tiene la posibilidad de adoptar medidas jurídicas, administrativas,
técnicas, presupuestales o institucionales para que cesen las actividades que se
vienen desarrollando en rellenos sanitaros y que no tienen armonía con el bienestar
de las comunidades aledañas, ni con el medio ambiente y el equilibrio ecológico.
17. Interaseo S.A.S. E.S.P. presentó escrito de contestación de la demanda9, por
medio del cual se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que
denominó: “daños ambientales inexistentes”, “carencia absoluta de causa” e
“inexistencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos”; sustentó que la
empresa ha venido cumpliendo todas las obligaciones establecidas en la licencia
ambiental y expresó que no existe prueba que permita evidenciar la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos. Al respecto, subrayó que no
están probadas las afirmaciones relacionadas con las malas prácticas operativas en
el relleno sanitario.
18. Destacó que viene ejerciendo control de los procesos erosivos y que realiza una
adecuada conducción de lixiviados. Sobre el primer punto, indicó que efectúa
mantenimiento de vías al interior del relleno con el fin de manejar un bombeo
adecuado, que conduce el agua a los puntos de disipación de energía (bajante
hidráulico) y, de ese modo, evacúa el agua fuera de la masa de residuos. En relación
con la segunda obligación, argumentó que cada uno de los vasos está técnicamente
adecuado y construido con el objeto de ser drenado, de manera que el lixiviado es
conducido a la planta de tratamiento. Adicionalmente, señaló que cuenta con la
construcción de filtros internos dentro de la masa de residuos y filtros perimetrales
para evitar posibles contaminaciones, lo cual garantiza que los lixiviados en su
totalidad lleguen a la planta de tratamiento.
7 Mediante auto de 21 de enero de 2020, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
fue desvinculada y en su lugar, se integró a la litis al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como entidad
demandada.
8 Folios 294 a 302.
9 Folios 303 a 329.
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19. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentó escrito de
contestación de la demanda10 mediante el cual se opuso a las pretensiones de la
demanda y propuso como excepciones: la falta de legitimación en la causa por
pasiva, la desnaturalización de la acción popular, la legalización de las actuaciones
de la Comisión de Regulación de Agua Potable y la inexistencia de violación de los
derechos e intereses colectivos.
20. Expresó que las pretensiones de la demanda no son procedentes respecto de
la entidad ni de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
en tanto, estas no se encuentran relacionadas con sus funciones, ni con sus
competencias, toda vez que, aluden a situaciones de responsabilidad del ente
territorial y de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios.
21. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Corporación
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA guardaron silencio.
Sentencia proferida, en primera instancia
22. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia11 el 26 de octubre de
2023, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por INFIBAGUÉ y el MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT, de conformidad a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por el Municipio de Ibagué, así como inexistencia
de vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados, formulada por el
Municipio de Ibagué, la denominada Daños ambientales inexistentes, carencia
absoluta de causa e inexistencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados, propuestas por INTERASEO S.A E.S.P. y desnaturalización de la acción
popular y legalización de las actuaciones de la CRA e inexistencia de violación de
derechos colectivos por parte de la CRA, formulada por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
TERCERO: DECLARAR que INTERASEO S.A, EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ y LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA ‘CORTOLIMA’ vulneraron
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y la
utilización y la defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicas,
el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el
acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes invocados por la parte accionante.
CUARTO: PROTEGER los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce
del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público, seguridad
10 Folios 432 a 441.
11 Ibidem 2.
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y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente
y oportuna y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, de conformidad a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
QUINTO: En aras de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos
vulnerados, impartir las siguientes órdenes:
• Municipio de Ibagué y Empresa INTERASEO S.A E.S.P.
1. ORDENAR a la Empresa INTERASEO S.A E.S.P que en el término de doce (12)
meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, solicite a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA la respectiva modificación de la licencia
ambiental de las áreas a intervenir para las nuevas celdas o vasos de disposición de
residuos sólidos denominados ‘D2’ y ‘E2’, que se pretenden construir en el Relleno
Sanitario La Miel, y respecto de los cuales existe aprobación de planos y diseños por
parte de la Autoridad Ambiental, según Resolución No. 2255 del 23 de noviembre
de 2020, previo a la presentación del estudio de impacto ambiental de forma completa
y con el cumplimiento de los requerimientos legales, en caso que se adopte como
medida la ampliación del referido RELLENO SANITARIO, pues de acuerdo con la
información obrante en el plenario, éste presenta un predio de 41 Hras. y sólo se han
intervenido aproximadamente 12 Hras.
1.1 ORDENAR a INTERASEO S.A E.S.P que adopte medidas tendientes a estabilizar
las celdas A y B, verificando si tienen capacidad de soportar el peso colocado sobre
éstas, al almacenar 1.350 m3 de lixiviados, con el fin de evitar infiltraciones de estas
sustancias por fuera de las lagunas de oxidación, que generen afectaciones al medio
ambiente y en especial, a la cuenca hídrica Quebrada Guacarí.
1.2 ORDENAR a INTERASEO S.A E.S.P que adopte medidas inmediatas, con el
fin que realice de manera diaria el cubrimiento de los residuos sólidos depositados en
las zonas de las celdas C, D1 y E1, y así, evitar el incremento del índice de vectores
sobre dicha zona, en especial de gallinazos. Así mismo, deberá realizar el control de
conducción de lixiviados directamente a la planta de tratamiento, en aras de garantizar
una adecuada deposición final de los mismos, evitando que se genere afectación al
medio ambiente, y en especial a la Cuenca Hídrica, Quebrada Guacarí.
2. En caso que resulte insuficiente la adopción de la anterior medida, debido a
la finalización de la vida útil del Relleno Sanitario la Miel, se dispone:
2.1 ORDENAR al Municipio de Ibagué, que en el término de veinticuatro (24)
meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, realice el Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, señalando el lugar o potenciales lugares
para la disposición de residuos sólidos y, si ello es necesario, la localización del nuevo
relleno sanitario.
2.2 ORDENAR al Municipio de Ibagué y a la Empresa INTERASEO S.A.S. E.S.P.
que, en un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia, realicen todas las diligencias necesarias para el trámite de
licenciamiento, construcción y puesta en funcionamiento del nuevo relleno sanitario,
si esa es la alternativa escogida de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos - PGIRS, con el cumplimiento de la normatividad vigente,
especialmente lo dispuesto en el Decreto 838 de 2005.
2.3 ORDENAR a la Empresa de Servicios Públicos INTERASEO S.A.S. E.S.P. que
elabore y lleve a cabo un plan de cierre, clausura y post clausura del Relleno Sanitario
La Miel, aplicando las especificaciones técnicas conforme a lo normado en el Decreto
838 de 2005, en caso de advertir que la ampliación del referido Relleno sea
insuficiente para continuar realizando la deposición final de los residuos sólidos del
Municipio de Ibagué; máxime cuando su vida útil se estimó hasta el año 2022.
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De adoptarse esta última determinación (cierre del Relleno Sanitario la Miel), el
Municipio de Ibagué y la Empresa de Servicios Públicos INTERASEO S.A.S.
E.S.P. deberán efectuar un plan de contingencia para la disposición de los residuos
sólidos en otro sitio de manera provisional o en el mismo relleno mientras se elabora
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, si técnicamente ello es
posible, sin que, de ninguna manera, se afecten los derechos colectivos aquí
protegidos.
• Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
a. ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA –
CORTOLIMA efectuar la correspondiente modificación de la licencia ambiental a
INTERASEO S.A, de las áreas a intervenir para las nuevas celdas o vasos de
disposición de residuos sólidos denominados ‘D2’ y ‘E2’, que se pretenden construir
en el Relleno Sanitario La Miel, y respecto de los cuales existe aprobación de planos
y diseños por parte de la Autoridad Ambiental, según Resolución No. 2255 del 23
de noviembre de 2020, previo a la presentación del estudio de impacto ambiental de
forma completa y con el cumplimiento de los requerimientos legales por parte de la
Empresa de Servicios Públicos, en caso que se adopte como medida la ampliación
del referido RELLENO SANITARIO, atendiendo que, de acuerdo con la información
obrante en el plenario, éste presenta un predio de 41 Hras. y sólo se han intervenido
aproximadamente 12 Hras
b. En caso que se adopte como medida, la ubicación de un nuevo lugar para la
construcción de otro relleno sanitario, CORTOLIMA deberá prestar la asesoría técnica
necesaria para la escogencia del lugar, exigirá el cumplimiento de todos y cada uno
de los requisitos de construcción y funcionamiento y seguirá cumpliendo con sus
funciones de vigilancia y control.
c. Se INSTA a CORTOLIMA, para que continúe adelantando el trámite de los
procesos sancionatorios de manera eficaz y célere.
SEXTO: INTEGRAR un comité de verificación, el cual estará conformado por el titular
de este Despacho, las partes y el Ministerio Público, con el fin de determinar el
cumplimiento a las órdenes impartidas, en atención a lo señalado en el artículo 34 de
la ley 472 de 1998.
El comité así establecido, deberá presentar a esta Corporación, con una periodicidad
no mayor a seis (06) meses, los respectivos informes debidamente documentados,
comunicando las actuaciones adelantadas con miras a dar cumplimiento a las
órdenes impuestas dentro del presente proveído.
SÉPTIMO: ABSTENERSE de condenar en costas a las entidades accionadas, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”.
Consideraciones del Tribunal
23. El Tribunal Administrativo del Tolima analizó como problema jurídico, si las
entidades accionadas incurren en amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos, al incumplir –presuntamente– con la obligación de
preservación, vigilancia, seguimiento, control y cuidado del medio ambiente, con
ocasión del funcionamiento irregular del Parque Industrial Relleno Sanitario “La
Miel”, por el manejo inadecuado de: i) lixiviados que contaminan la ronda hídrica
“Quebrada Guacarí”, así como la falta de cobertura de residuos sólidos; ii) vectores;
iiii) control de procesos erosivos y, iv) el material particulado en vías al momento del
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transporte de los residuos sólidos hacia el relleno sanitario; o si por el contrario, de
las pruebas obrantes en el proceso se puede determinar, que el relleno sanitario “La
Miel” cumple los requerimientos técnicos para su funcionamiento.
24. El a quo consideró que existe una grave afectación e impacto ambiental sobre
la zona donde se encuentra ubicado el relleno sanitario “La Miel”, debido a que –en
la actualidad– persisten problemas relacionados con: i) el cubrimiento de los residuos
sólidos; ii) el incremento del índice de vectores en la zona; iii) el manejo y
conducción de lixiviados; iv) problemas erosivos en los taludes de las celdas A y B,
lo cual constituye una amenaza para el medio ambiente, dado que, de no
controlarse lo relacionado con las piscinas de oxidación, así como, la estabilidad del
terreno, la contaminación de las cuencas hídricas Adobe y Guacarí sería inminente;
máxime cuando ya se alcanzó la vida útil del relleno sanitario, pues tal y como lo
precisó la Corporación en la Resolución núm. 2255 de 23 de noviembre de 2020, el
tiempo de vida útil del relleno es menor a un año, y con las celdas D2 y E2
presentaría una ampliación de su vida útil, potencialmente, a dos años más; es
decir, hasta el año 2022.
25. En virtud de lo anterior, amparó los derechos e intereses colectivos a: el goce
de un ambiente sano; el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los
servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna; y, a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, de conformidad con lo pretendido en la demanda.
26. Declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados, formulada por el Municipio de Ibagué. En el mismo sentido, declaró no
probadas las excepciones denominadas “daños ambientales inexistentes”,
“carencia absoluta de causa” e “inexistencia de vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados”, propuestas por Interaseo S.A E.S.P.
27. En lo que respecta al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Tribunal
determinó que no tiene ninguna injerencia en el esquema de prestación del servicio
público domiciliario de aseo del Municipio de Ibagué, en tanto, no existen
documentos y/o informes que acrediten alguna relación contractual o legal. En
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consecuencia, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de esta entidad.
28. Ahora, en lo que alude al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo
de Ibagué – INFIBAGUÉ, el Tribunal consideró que, de acuerdo con el objeto social
y funciones12 asignadas a la entidad, éstas no están relacionadas con la prestación
del servicio público de aseo, ni con el manejo o disposición de residuos sólidos. De
allí que, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el Instituto.
29. Consideró que el Municipio de Ibagué y la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.
deben solicitar a la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA la
respectiva modificación de la licencia ambiental13 de las áreas a intervenir para las
nuevas celdas o vasos de disposición de residuos sólidos denominados “D2” y “E2”,
que se pretenden construir en el relleno sanitario “La Miel”, sobre los cuales existe
aprobación de planos y diseños por parte de la Autoridad Ambiental, según
Resolución núm. 2255 de 23 de noviembre de 2020.
30. Asimismo, ordenó a Interaseo S.A.S. E.S.P. que adopte medidas tendientes
a estabilizar las celdas A y B, y verifique si tienen capacidad para soportar el peso
para almacenar 1.350 m3 de lixiviados, con el fin de evitar filtraciones, que generen
afectaciones al medio ambiente y, en especial, a la cuenca hídrica “Quebrada
Guacarí”.
31. De igual modo, le ordenó que adopte medidas inmediatas, con el fin de que
realice de manera diaria el cubrimiento de los residuos sólidos depositados en las
zonas de las celdas C, D1 y E1, y así, evitar el incremento del índice de vectores
sobre dicha zona, en especial de gallinazos negros.
32. Además, le ordenó realizar la conducción de lixiviados directamente a la
planta de tratamiento, en aras de garantizar una adecuada disposición final para
evitar la afectación al medio ambiente, y –en especial– a la cuenca hídrica, quebrada
Guacarí.
33. Ahora bien, determinó que, en caso de que la anterior medida resulte
insuficiente debido a la finalización de la vida útil del relleno sanitario “La Miel”, el
Municipio de Ibagué debe efectuar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
12 Relacionadas con alumbrado público, asesoría administrativa, financiera y técnica a entidades territoriales,
entre otros aspectos.
13 Previa presentación del estudio de impacto ambiental de forma completa y con el cumplimiento de los
requerimientos legales.
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en el que se señale el lugar o potenciales lugares para la disposición de residuos
sólidos. En consecuencia, le ordenó al Municipio de Ibagué y a la Empresa Interaseo
S.A.S. E.S.P. que, realicen todas las diligencias necesarias para el trámite de
licenciamiento, construcción y puesta en funcionamiento del nuevo relleno sanitario,
si es la alternativa escogida de acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos – PGIRS.
34. De igual modo, le ordenó a la Empresa de Servicios Públicos Interaseo S.A.S.
E.S.P. que elabore y lleve a cabo un plan de cierre, clausura y post clausura del
relleno sanitario “La Miel”, de conformidad con las especificaciones técnicas, según
lo dispuesto, en el Decreto 838 de 23 de marzo de 200514, en caso de que se
advierta que la ampliación del referido relleno sea insuficiente para continuar
realizando la disposición final de los residuos sólidos.
35. Finalmente, consideró que la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA ha venido cumpliendo su función de control, seguimiento y vigilancia
respecto de las obligaciones contraídas por Interaseo S.A.S. E.S.P. en cuanto a la
licencia de funcionamiento, permiso de vertimientos y demás requerimientos
efectuados, en lo que atañe al funcionamiento del relleno sanitario “La Miel”. No
obstante, consideró que la Corporación está en la obligación de brindar apoyo a la
empresa en las actividades de: (i) plan de cierre, clausura y postclausura del relleno
sanitario “La Miel” y (ii) en la escogencia del lugar en el que funcionará el nuevo
relleno, en caso que se determine que la ampliación del mismo es una medida
insuficiente, en punto a la recolección y disposición final de los residuos sólidos.
Recursos de apelación
Municipio de Ibagué
36. El Municipio de Ibagué15 recurrió la sentencia de primera instancia, para lo
cual expresó que se opone a todas las pretensiones, reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y en sus alegaciones, y pidió revocar
la decisión proferida el 26 de octubre de 2023.
37. Puntualmente, en lo que alude a las órdenes establecidas en los numerales
2.1, 2.2 y 2.3 del ordinal quinto de la parte resolutiva, manifestó la necesidad de
modificar el término para su cumplimiento, para que el plazo no sea contabilizado
desde la ejecutoria de la sentencia, sino a partir de que se decida el cierre, clausura
14 “Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras
disposiciones”.
15 Mediante apoderado judicial. Folios 1149 a 1152 del tomo 6.
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o abandono del actual relleno sanitario, o se “apruebe el trámite de ampliación de
residuos”.
38. A su vez, subrayó que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9.° del
artículo 3.° de la Ley 136 de 2 de junio de 199416, los planes de ordenamiento
territorial deben ser presentados para revisión ente el Concejo Municipal o Distrital
cada 12 años. Refirió que no es el Municipio de Ibagué el responsable de la licencia
ambiental otorgada para el funcionamiento del Parque Industrial de Residuos
Sólidos “La Miel” sino que –en su entender– es una responsabilidad de Interaseo
S.A.S. E.S.P.
39. Informó que la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Municipio de
Ibagué solicitó, mediante oficio de 28 de septiembre de 2023, a distintas entidades
como: Empresa Metropolitana de Aseo EMAS S.A. E.S.P., Ser Ambiental S.A.
E.S.P., Empresa de Servicios Públicos de la Dorada E.S.P., Empresa de Servicios
Públicos de Natagaima Tolima ESPUNAT S.A. E.S.P., la recepción de los residuos
sólidos del Municipio de Ibagué, como un plan de contingencia respecto el relleno
sanitario “La Miel”.
40. De igual modo, indicó que la Dirección de Información y Aplicación a la Norma
Urbanística – DIANU y la Secretaría de Planeación Municipal emitieron concepto en
relación con las áreas potenciales para la ubicación de sitios o áreas para la
disposición final de residuos sólidos del Municipio de Ibagué, mediante el
memorando 48078 de 20 de octubre de 2023.
41. Asimismo, expresó que la Secretaría de Planeación Municipal – Dirección de
Información y Aplicación de la Norma Urbanística, mediante oficio 1220-41056 de 7
de julio de 2023, emitió información para la localización del predio –con las áreas
potenciales para la ubicación de sitios o áreas para la disposición final de residuos sólidos
del Municipio de Ibagué– según lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial,
Decreto Municipal 1000-0823 de 2014, artículo 411ª, relativo a los usos del suelo
rural.
42. Con sustento en las anteriores actividades desplegadas, el Municipio de
Ibagué solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia el 26 de octubre
de 2023, o en su defecto modificar el término o plazo concedido, en los numerales
del ordinal quinto de la parte resolutiva.
16 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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Empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.
43. La Empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.17 interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida en primera instancia. Solicitó, como petición principal, que se
revoque la decisión de 26 de octubre de 2023, teniendo en cuenta las actuaciones
“positivas” desplegadas por Interaseo S.A.S. E.S.P. en relación con la prestación
del servicio público, en el componente de disposición final que conlleva la operación
del relleno sanitario “Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel”, lo que permite
demostrar que no existe vulneración de los derechos e intereses colectivos.
44. De forma subsidiaria, solicitó modificar las órdenes de los numerales 1, 1.1,
1.2, 2.2 y 2.3 del ordinal quinto de la parte resolutiva, comoquiera que las mismas
ya se encuentran “surtidas” por la empresa y por la Corporación Autónoma Regional
del Tolima – CORTOLIMA, como se puede evidenciar en el expediente.
45. Para sustentar sus solicitudes, expuso lo siguiente: indicó que el numeral 1.°
del ordinal quinto, relativo a la modificación de la licencia ambiental no es
procedente, debido a que no se requiere dicha modificación, comoquiera que la
Resolución núm. 0354 de 26 de marzo de 2004, por medio de la cual se otorgó la
licencia ambiental a la empresa, autorizaba las etapas “D” y “E” y solo se exigía que
cuatro (4) meses antes a su entrada en funcionamiento, Interaseo S.A.S. E.S.P.
presentara diseños, planos generales y de detalle, para revisión y aprobación de
CORTOLIMA.
46. Precisó que la solicitud de aprobación de diseños y planos correspondientes
a las celdas de disposición final “D2” y “E2” fue entregada a la Corporación el 29 de
julio de 2019, con el radicado núm. 14102. En virtud de ello, señaló que
CORTOLIMA aprobó los diseños mediante la Resolución núm. 2255 de 23 de
noviembre de 2020.
47. En relación con la orden del numeral 1.1. del ordinal quinto, expresó su
inconformidad al considerar que la misma resulta innecesaria, toda vez que, en
virtud de las medidas adoptadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima
– CORTOLIMA, la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. elaboró el concepto técnico de
estabilidad del talud de los vasos de disposición final “A” y “B”18 en el que se definió
que el factor de seguridad obtenido es superior al exigido por la norma. Además,
17 A través de apoderado judicial. Folios 1192 a 1203 del Tomo 6.
18 Por la construcción del punto de rebombeo de lixiviados en la Planta Integral de Residuos Sólidos.
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sustentó que la empresa realiza acciones constantes para velar por el cumplimiento
de sus obligaciones en virtud de la licencia ambiental obtenida.
48. Respecto de la orden contenida en el numeral 1.2 del ordinal quinto de la
parte resolutiva, relativa a la adopción de medidas para el cubrimiento de los
residuos sólidos depositados en las zonas de las celdas C, D1 y E1, expresó que
en la operación cotidiana del relleno sanitario se realiza el cubrimiento térreo y
cobertura sintética de la masa de residuos para el manejo y control de aguas lluvias
y vectores.
48.1. Al tiempo informó que se retomó la actividad de recirculación de los lixiviados
mediante aspersores sobre la masa de residuos para aprovechar la evaporización
de estos. Subrayó que la conducción de lixiviados se realiza por bombeo mediante
mangueras y tuberías que se dirigen a las lagunas de almacenamiento de la Planta
de Tratamiento de Lixiviados de la Planta Integral de Residuos Sólidos “La Miel”. De
este modo, señaló que la orden queda subsumida en una actividad operativa del
relleno sanitario.
49. En relación con la orden del numeral 2.2 del ordinal quinto de la parte
resolutiva, atinente a realizar las diligencias necesarias para el trámite del
licenciamiento, construcción y puesta en funcionamiento del nuevo relleno sanitario
–en caso de ser la alternativa escogida de conformidad con el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos– expresó que esta medida por ser subsidiaria de las otras, resulta
improcedente e inconducente, al evidenciarse que la orden del numeral 1 es
improcedente y que las de los numerales 1.1. y 1.2. se vienen realizando en la
operación del relleno.
49.1. Alegó que la disposición final de los residuos sólidos se realiza en los lugares
que dispone la administración municipal en el Plan de Ordenamiento Territorial y
que a la fecha no se ha dispuesto de un nuevo sitio y que no es posible disponer de
uno diferente hasta tanto no se cumpla con la vigencia del relleno actual. Advirtió
que el nuevo lugar deberá ser tramitado por el gobierno municipal.
49.2. Además, refirió que la empresa elevó ante la Corporación Autónoma
Regional del Tolima – CORTOLIMA solicitud de modificación de la licencia
ambiental para el funcionamiento del Parque Industrial de Residuos Sólidos “La
Miel”, el 25 de noviembre de 2022, con el fin de construir dos (2) nuevas celdas de
disposición final (Vaso F y Vaso G), con los cuales se pretende prolongar la vida útil
del relleno en quince (15) años más.
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50. Por último, en lo relativo a la orden del numeral 2.3. del ordinal quinto de la
parte resolutiva, referente a elaborar un plan de contingencia para la disposición de
los residuos sólidos en otro sitio de manera provisional o en el mismo relleno
mientras se elabora el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS,
expuso que no es cierto que el relleno sanitario “La Miel” tenga un plazo de duración
establecido. Al respecto, adujo que la licencia ambiental concedida a la empresa la
autorizó a operar el relleno por el tiempo que dure su vida útil y con ocasión de la
solicitud de modificación de la licencia en los términos referidos en el párrafo
anterior, considera que este tiempo puede ser de por lo menos quince (15) años
más.
50.1. En este orden de ideas, refirió que las situaciones que –al parecer de la parte
actora– venía infringiendo Interaseo S.A.S. E.S.P. han estado siendo superadas.
Adicionalmente, cuestionó que los accionantes no cumplieron con la carga
probatoria, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, lo que
impide proteger los derechos e intereses colectivos aducidos en la demanda.
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
51. La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, mediante
escrito de 14 de noviembre de 202319, presentó recurso de apelación adhesiva
contra la sentencia de 26 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Solicitó revocar el ordinal tercero de la parte resolutiva,
en tanto, argumentó que la Corporación no es responsable de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos, comoquiera que, ha venido ejerciendo sus
funciones de control y vigilancia respecto del funcionamiento del relleno sanitario
“La Miel”, en el marco de sus competencias establecidas en el artículo 31 de la Ley
99 de 22 de diciembre de 199320.
52. Aunado a lo anterior, señaló la imposibilidad de cumplir la orden dispuesta en
el literal A del ordinal quinto, relativa a que la Corporación efectúe la correspondiente
modificación de la licencia ambiental a Interaseo S.A.S. E.S.P., de las áreas a
intervenir para las nuevas celdas o vasos de disposición de residuos sólidos
denominados “D2” y “E2”, debido a que, para ello, requiere adelantar un
procedimiento reglado establecido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 21 y
19 Cfr. índice 5 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
27_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 5 […]”.
20 “Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental -SINAy se dictan otras disposiciones”.
21 “Por medio del cual se expide el Decrto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
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sus normas concordantes. Pese a ello, indicó que se encuentra adelantando el
trámite legal de la modificación de la licencia ambiental otorgada a Interaseo S.A.S.
E.S.P., en lo que atiende a la incorporación de las áreas de las nuevas celdas o
vasos de disposición de los residuos sólidos denominados D2 y E2.
53. Además, indicó que, respecto de las demás órdenes, relativas a prestar
asesoría técnica para la escogencia de un nuevo lugar para la construcción de un
relleno sanitario y la tendiente a adelantar los procesos sancionatorios pertinentes,
resultan innecesarias, en la medida que estas son obligaciones que la Ley le asigna
a la Corporación.
Actuaciones en segunda instancia
54. En auto de 27 de noviembre de 202322, el Magistrado Sustanciador concedió
los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Ibagué y la empresa
Interaseo S.A.S. E.S.P. Sin embargo, no concedió el recurso de apelación
presentado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, por
presentarse de manera extemporánea.
55. El 19 de enero de 202423 se repartió este asunto al Despacho Ponente. En
auto de 8 de marzo de este año24, el Despacho ajustó el efecto en el que fueron
concedidos los recursos de apelación interpuestos, de suspensivo a devolutivo.
Mediante auto de 15 de abril de 202425, se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por el Municipio de Ibagué y la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. contra
la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023. Asimismo, mediante auto de 22 de
julio de 202426 se admitió el recurso de apelación adhesiva interpuesto por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA27.
56. En auto de 20 de septiembre de 202428, el Despacho Ponente negó la
solicitud probatoria presentada por el Municipio de Ibagué, contenida en el acápite
22 Cfr. Índice 183 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Tolima , expediente
digital, archivo denominado: “54_AUTOCONCEDEAPELACION(.pdf) NroActua 183”.
23 Cfr. Índice 1 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital.
24 Cfr. Índice 7 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado:
“31AUTOQUEADECUA_APA201932401PROCURAD(.pdf) NroActua 7”.
25 Cfr. Índice 24 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado: “Auto que
admite recurso de apelación”.
26 Cfr. Índice 24 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado: “Auto que
admite recurso de apelación”.
27 Cfr. Índice 5 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
27_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 5 […]”. Recurso interpuesto mediante escrito de 14 de noviembre de
2023.
28 Cfr. Índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital, archivo denominado: “Auto que
niega pruebas”.
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“[…] Anexos […]” del recurso de apelación, comoquiera que no se subsume en
ninguno de los supuestos fácticos previstos en el artículo 327 de la Ley 1564.
57. Las partes no presentaron alegaciones en segunda instancia, ni el Ministerio
Público rindió concepto.
58. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes29
manifestó impedimento en los términos de los numerales 3.° y 4° del artículo 130
de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
59. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
al goce de un ambiente sano; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho a el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
seguridad y salubridad públicas; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; ix) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; x) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna; xi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; xii) el marco
normativo sobre la competencia de los concejos municipales para reglamentar el
uso del suelo en su territorio por medio de los planes de ordenamiento territorial;
xiii) el marco normativo sobre rellenos sanitarios; y, xiv) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
60. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
29 Escrito de 17 de octubre de 2024.
30 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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12 de marzo de 201931, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y, iii) el 15032 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo
de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en
segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las
sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el
trámite de las acciones populares.
61. La Sala se pronunciará sobre los argumentos expuestos en los recursos de
apelación por el Municipio de Ibagué y por la Empresa Interaseo S.A.S. E.S.P., así
como, por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, en el
recurso de apelación adhesiva, interpuestos contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de octubre de 2023, de conformidad con los
artículos 32033, 32234 y 32835 de la Ley 1564, norma aplicable al presente caso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
62. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes
63. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 17 de octubre de 202436, invocando para ello las causales previstas en los
numerales 3.° y 4.° del artículo 130 de la Ley 1437, que establecen lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
31 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
32 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de Radicación. Modificado
Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
33 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
34 “[…] Artículo 322. […] PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de
las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse
ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión
deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]”.
35 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
36 Cfr. índice 40 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
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[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado.
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de
las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición
de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades
contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados […]” (Destacado
fuera de texto).
64. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 3.° por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandante en el proceso
de la referencia […]”.
65. Asimismo, expresó que, considera se encuentra incurso en la causal prevista
en el numeral 4.° porque “[…] el señor Jorge Enrique Osorio Cifuentes, quien es
pariente del suscrito en el segundo grado de consanguinidad (hermano),
actualmente es contratista de la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA, parte demandada en el proceso de la referencia […]”.
66. Vistos: i) los artículos 130, numerales 3.° y 4.°; y 13137, numeral 3.°, de la Ley
1437, sobre causales, así como, el trámite para manifestar impedimento; y ii) 44 de
la Ley 472, sobre aspectos no regulados.
67. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil 38, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:
“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.
“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
37 Modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
38 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
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segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.
68. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
69. La Corte Constitucional39 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto
70. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:
71. Por un lado, se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la
Procuraduría General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del
Consejero de Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa
entidad.
72. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0040, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4.° del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:
39 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
40 Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
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“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).
73. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en una de las entidades que funge como parte
actora en este asunto, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una
perspectiva material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera
que, en este caso, se configura la causal de impedimento invocada.
Análisis de la causal de impedimento prevista en el numeral 4.° del artículo
130 de la Ley 1437, en el caso concreto
74. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 4.º del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera que se
debe establecer el tipo y grado de parentesco que tenga alguna de las partes, su
representante o apoderado con el Juez o Magistrado que manifiesta su
impedimento.
75. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, es contratista de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, entidad demandada dentro del proceso de la referencia, la Sala
considera que, en este caso, se configura la causal de impedimento invocada.
76. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configuran las
causales de impedimento previstas en los numerales 3.° y 4.° del artículo 130 de la
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Ley 1437, conforme se indicó supra, el Consejero de Estado impedido se separará
del conocimiento de este proceso, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.
Problemas jurídicos
77. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación
interpuestos por el Municipio de Ibagué y por la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.,
así como, en el recurso de apelación adhesiva interpuesto por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA:
77.1. Si, en el caso sub examine se configura o no la amenaza o vulneración de
los derechos e intereses colectivos a: i) el goce de un ambiente sano; ii) el goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; iii) a la
seguridad y salubridad públicas; iv) el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; v) el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; y, vi) la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, con ocasión de las situaciones derivadas de la operación del relleno
sanitario “Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel”, entre ellas, por el manejo
inadecuado de lixiviados que contaminan la ronda hídrica “Quebrada Guacarí”.
77.2. En caso de encontrarse probada la amenaza o vulneración de los derechos
e intereses colectivos, la Sala resolverá si la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA es o no competente para adelantar acciones tendientes a su
protección.
77.3. De igual modo, la Sala decidirá si las gestiones adelantadas hasta el
momento, en los términos argumentados por el Municipio de Ibagué y por la
empresa Interaseo S.A.S. E.S.P., constituyen o no razón suficiente para modificar
las órdenes impartidas en primera instancia.
77.4. En este orden de ideas, la Sala determinará si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 26 de octubre de 2023 proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Tolima.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
78. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
79. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
80. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
81. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
82. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”41.
83. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
84. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce de un ambiente sano
85. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
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86. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas (i) como un derecho de las personas, (ii) un servicio público
y, (iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
87. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197342 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197443, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.
88. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
89. A su vez, la Corte Constitucional44 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
42 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
43 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
44 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
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por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público
90. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198945 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200246; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199847 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 48, sobre el uso y goce del espacio
público.
91. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto, el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.
92. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:
“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa
o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento
urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público
y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la
conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la
ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
45 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones […]”.
46 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
47 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
48 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
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corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]".
93. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional49 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).
94. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.
95. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.
96. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] [l]a ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.
96.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.
97. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar
la circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
49 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda
Espinosa.
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andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea
que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación50 […]”.
98. De igual manera, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de
convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones
de igualdad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas
La seguridad pública
99. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.
100. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional51 ha considerado que
tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.
101. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García
González, providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).
51 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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102. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado52 […]”.
La salubridad pública
103. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200153, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200754 y 6.°, numeral 4.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201655, relativos
a la salud pública.
104. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
105. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.
106. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
52 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-
000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
53 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
54 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones […]”.
55 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
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realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
107. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de
julio de 201656, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica
la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un
derecho de diferentes connotaciones57.
108. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 2017, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.
109. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ´salud
pública´ y ´salubridad pública´ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”58.
110. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:
“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso
de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos
están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar
que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria59 […]”.
56 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
57Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de
2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
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111. Asimismo, la esta Sala ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio,
necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así
como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión,
al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público
necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]60”.
112. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]61”. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
113. Vistos los artículos 2.°, 24, y 366 de la Constitución Política sobre el deber
del Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala
“[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
60 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-
000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,
radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.
114. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.
115. Así, en sentencia de 19 de abril de 200762 el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:
“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.
Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]
El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del ‘acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es un servicio
público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la
proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien,
el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra ‘infraestructura’ la cual
debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para
la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la
posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud
preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas
enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado63.
Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse
con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de
esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces
una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de tal modo que solo
se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre
demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada;
se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, radicación número: 54001-23-31-000-2003-00266-01(AP).
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre
de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
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Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de
servicios […]”.
116. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación
o epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”64.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo e interés
colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna
117. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
118. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”65
(Destacado fuera de texto).
119. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
64 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-
2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
65 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente66, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
120. Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472, sobre el derecho colectivo a
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
121. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]67”.
122. De igual forma, esta Sección, mediante sentencia proferida el 7 de abril de
201168, consideró que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad69; ii) protección del espacio público procurando adelantar
cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio70; y iv) atender los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, promoviendo su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible71.
66 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número: 170012333
000201800493-01.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, radicación número: AP-2005-00901,
Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
68 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2011, Consejero ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno, radicación número: 63001-23-31- 000-2004-00688-01(AP).
69 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
70 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.
71 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.
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123. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho e interés en
mención abarca el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven
de guía para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de
modo que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
contenidas en estos72. Así como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre
usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito;
necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de
conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros73.
124. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, concierne a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y a los particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la colectividad. En
efecto, esta Sección74 ha manifestado al respecto que:
“[…] [E]l derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio
de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[…]”.
125. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes supone el desobedecimiento de la normativa en
materia urbanística y de usos del suelo por parte de las autoridades y particulares.
Al tiempo, exige la demostración del daño o la amenaza al interés general 75.
72 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de
2007, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).
74 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta, Radicación número: 17001-23-31-000-2004- 01492-01(AP).
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre
de 2010, CP. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.
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126. La finalidad de la gestión de riesgos de desastres se acompasa con el fin
previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 –relativo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes– en tanto en el proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, acciones, entre otros,
para el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de desastres, está
orientado a contribuir a la seguridad, el bienestar, a la calidad de vida de las
personas y a su desarrollo.
127. Ahora, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno Nacional podrá
promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan,
de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos
en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de
operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos
para atender la declaratoria de situación de desastre.
128. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el “[…] proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos
aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[…]”.
129. De la anterior, se colige que la adopción de los planes de ordenamiento
territorial permite garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, en la
medida que, de forma anticipada se determina la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.
130. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental. Asimismo, considerar el riesgo de desastres,
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como condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma
de evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
131. Así las cosas, para la Sala el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, es transversal a otros derechos de la misma naturaleza,
entre ellos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en
la medida que, el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión
del riesgo de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial. En este
instrumento deben incluirse aspectos de desarrollo urbano, ordenamiento
ambiental del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la prevención y
atención de desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
132. Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472, sobre el derecho colectivo a
la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.
133. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]76”.
134. De igual forma, esta Sección, mediante sentencia proferida el 7 de abril de
201177, consideró que el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad78; ii) protección del espacio público procurando adelantar
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, radicación número: AP-2005-00901,
Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
77 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2011, Consejero ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno, radicación número: 63001-23-31- 000-2004-00688-01(AP).
78 Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
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cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respetar los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio79; y iv) atender los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, promoviendo su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible80.
135. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho e interés en
mención abarca el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven
de guía para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de
modo que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
contenidas en estos81. Así como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre
usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito;
necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de
conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros82.
136. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, concierne a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y a los particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística, es decir, la forma como avanza y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o
rurales– con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la colectividad. En
efecto, esta Sección83 ha manifestado al respecto que:
“[…] [E]l derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio
de la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[…]”
137. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
79 Artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política.
80 Artículo 3.º de la Ley 388 de 1997.
81 Artículo 5.º de la Ley 388 de 1997.
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de
2007, Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).
83 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta, Radicación número: 17001-23-31-000-2004- 01492-01(AP).
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disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes supone el desobedecimiento de la normativa en
materia urbanística y de usos del suelo por parte de las autoridades y particulares.
Al tiempo, exige la demostración del daño o la amenaza al interés general84.
138. La finalidad de la gestión de riesgos de desastres se acompasa con el fin
previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998 –relativo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes– en tanto en el proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, acciones, entre otros,
para el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de desastres, está
orientado a contribuir a la seguridad, el bienestar, a la calidad de vida de las
personas y a su desarrollo.
139. Ahora, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno Nacional podrá
promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan,
de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos
en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de
operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos
para atender la declaratoria de situación de desastre.
140. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el “[…] proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos
aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[…]”.
84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre
de 2010, CP. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.
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141. De la anterior, se colige que la adopción de los planes de ordenamiento
territorial permite garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, en la
medida que, de forma anticipada se determina la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.
142. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental. Asimismo, considerar el riesgo de desastres,
como condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma
de evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
143. Así las cosas, para la Sala el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, es transversal a otros derechos de la misma naturaleza,
entre ellos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en
la medida que, el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión
del riesgo de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial. En este
instrumento deben incluirse aspectos de desarrollo urbano, ordenamiento
ambiental del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la prevención y
atención de desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes.
Marco normativo sobre la competencia de los concejos municipales para
reglamentar el uso del suelo en su territorio por medio de los planes de
ordenamiento territorial
144. Vistos: i) el artículo 313 de la Constitución Política; ii) el inciso segundo del
artículo 41 de la Ley 152 de 15 de julio de 199485; iii) la Ley 388 de 18 de julio de
199786, en especial, los artículos 8.°, 9.°, 11, 14, 15, 20 y 30.
145. El numeral 7.° del artículo 313 de la Constitución Política, sobre competencia
de los concejos municipales, establece que a los concejos municipales les
corresponde, en su territorio, “[…] [r]eglamentar los usos del suelo […]”.
146. Dicha reglamentación tiene lugar mediante los planes de ordenamiento
territorial y, al efecto, el artículo 41 de la Ley 152, sobre planes de acción en las
85 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo”.
86 “Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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entidades territoriales, establece que, en los municipios, además de los planes de
desarrollo, debe existir “[…] un plan de ordenamiento que se regirá por las
disposiciones especiales sobre la materia […]”.
147. El artículo 8.º de la Ley 38887, sobre la acción urbanística, la define como
aquella referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas,
relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del
suelo. Esa norma enumera a título enunciativo como acciones urbanísticas que
deben estar contenidas o autorizadas en los planes de ordenamiento territorial,
entre otras, las siguientes: i) “[…] Clasificar el territorio en suelo urbano, rural y de
expansión urbana […]”; ii) “[…] Localizar y señalar las características de la
infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición
y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes
y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos […]”; iii) “[…] [l]ocalizar las áreas
críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]”; iv) “[…]
[i]dentificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio,
de común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, para su
protección y manejo adecuados […]”. La norma establece adicionalmente que estas
acciones urbanísticas deberán estar contenidas o autorizadas en los planes de
ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen o complementen,
en los términos previstos en la ley.
148. La Ley 388 en su artículo 9.° establece, sobre los planes de ordenamiento
territorial, que “[…] es el instrumento básico para desarrollar el proceso de
ordenamiento del territorio municipal […]”; y lo define “[…] como el conjunto de
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y
normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo […]”, el cual, en los términos del artículo 11, está integrado por
los siguientes componentes: i) general, el cual estará constituido por los objetivos,
estrategias y contenidos estructurales de largo plazo; ii) urbano, el cual estará
constituido por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y
administrar el desarrollo físico urbano; y iii) rural, constituido por “[…] las políticas,
acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción
entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente
utilización del suelo […]”.
87 Vigente para la fecha de los hechos y, en especial, en que se expidió la licencia ambiental.
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149. El componente rural de los planes de ordenamiento territorial fue
desarrollado por el numeral 3.° del artículo 14 de la Ley 388, que establece que
este, entre otros aspectos, debe contener, por un lado, “[…] [e]l señalamiento de
las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de
producción agropecuaria, forestal o minera […]”; y, por el otro, la “[…] delimitación
de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos,
geográficos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, o que
formen parte de los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios88
o de disposición final de desechos sólidos o líquidos […]”.
150. Ahora bien, el artículo 1589 ibidem, sobre normas urbanísticas, las clasifica
en: i) estructurales; ii) generales; y iii) complementarias. En relación con las “normas
urbanísticas estructurales”, las define como aquellas “[…] que aseguran la
consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en el componente general del
plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del componente urbano.
Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de que las regulaciones de los
demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse contraviniendo lo que en ellas
se establece, y su propia modificación solo puede emprenderse con motivo de la
revisión general del plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde municipal o
distrital, con base en motivos y estudios técnicos debidamente sustentados […]”;
en consecuencia, la disposición incluye en los numerales 1.1 y 1.5., dentro de las
normas urbanísticas estructurales, por un lado, las que “[…] clasifican y delimitan
los suelos, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV de esta ley […]”; y, por
el otro, “[…] [l]as que definan las áreas de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las
que conciernen al medio ambiente, las cuales en ningún caso, salvo en el de la
revisión del plan, serán objeto de modificación […]”.
88 En sentencia de 8 de marzo de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del
expediente núm. 110010324000200900113-00, con ponencia del Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo
López, sobre las actividades que hacen parte del servicio público de aseo, entre ellas la disposición final de
residuos, se dijo: “[…] Vista la regulación legal de la materia, lo que se puede concluir hasta aquí es que el
concepto de servicio público de aseo depende de la existencia misma del residuo o desecho y por supuesto,
parte de la base de regular actividades como su recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final,
sin que se vislumbre ninguna clasificación. (…) [E]l servicio ordinario de aseo es todo aquél que no se encuentre
dentro de las previsiones catalogadas como especiales previstas en ese mismo Decreto, lo que implica que
TODA actividad de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos constituye un
servicio público de aseo, pues el calificado como “ordinario” incorpora todo aquel que no tiene la connotación
de especial. Desde esta perspectiva, cuando se trata de la recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos y hospitalarios, se evidencia que no corresponde exclusivamente a un tema
ambiental, pues tales actividades constituyen también servicios públicos, por lo que debe definirse si son
ordinarios o especiales, de conformidad con las normas que regulan la materia. A este respecto se observa que,
de acuerdo con la definición transcrita del servicio especial de aseo, se incluye en ella todo lo relacionado con
las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos que por su
naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados o tratados
normalmente por la persona prestadora del servicio […]”.
89 Modificado por el artículo 1.° de la Ley 902 de 2004.
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151. El Capítulo IV de la Ley 388, sobre clasificación del suelo, y, en especial, el
artículo 30, sobre clases de suelo, dispone que “[…] [l]os planes de ordenamiento
territorial clasificarán el territorio de los municipios y distritos en suelo urbano, rural
y de expansión urbana. Al interior de estas clases podrán establecerse las
categorías de suburbano y de protección […]”; y, en relación con el suelo rural, el
artículo 33 establece que “[…] [c]onstituyen esta categoría los terrenos no aptos
para el uso urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a usos
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas […]”.
152. Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 30 y 33 ibidem, el artículo
35 de la Ley 388, sobre suelo de protección, establece que este se encuentra “[…]
[c]onstituido por las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de
las anteriores clases (incluida la rural), que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para
la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios
o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse […]”.
153. En todo caso, es importante resaltar que, en los términos del artículo 20
ibidem, sobre obligatoriedad del plan de ordenamiento territorial, “[…] [n]ingún
agente público o privado podrá realizar actuaciones urbanísticas que no se ajusten
a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial, a su
desarrollo en planes parciales y a las normas estructurales del plan o
complementarias del mismo […]”.
Marco normativo sobre rellenos sanitarios
154. El marco normativo actual en Colombia para el manejo de rellenos sanitarios
abarca una serie de regulaciones que buscan optimizar la gestión y operación de
estas instalaciones, así como mitigar su impacto ambiental. El Decreto 1784 de
201790 define los criterios para la localización de áreas para nuevos rellenos
sanitarios; en su artículo 2.3.2.3.9. establece como requisitos: la identificación de
determinantes ambientales, la cercanía a aeropuertos, y áreas con riesgo no
90“[...] Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades
complementarias de tratamiento. y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo [...]”.
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mitigable, junto a la necesidad de realizar estudios técnicos para definir las áreas
potenciales.
155. Lo anterior, corresponde a una función de los entes territoriales, los cuales
deben integrar en sus planes de ordenamiento territorial, tanto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, las áreas potenciales para nuevos rellenos
sanitarios, considerando criterios ambientales y de uso del suelo.
156. De acuerdo con el artículo 2.3.2.3.10. ibidem, se establecen condiciones
mínimas de diseño y operación para categorizar los rellenos sanitarios según el
volumen de residuos que manejan diariamente comprendiendo su división en: i)
categoría 1, de O a 50 ton/día; ii) categoría II, mayor de 50 hasta 500 ton/día; iii)
categoría III, mayor de 500 hasta 3000 ton/día; y iv) categoría IV. Mayor de 3000
ton/día. Por lo cual, se deben realizar estudios técnicos detallados antes de la
construcción o ampliación de cualquier relleno.
157. Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la
Resolución 0938 de 19 de diciembre de 201991, reitera y detalla los requisitos para
la operación segura y ambientalmente sostenible de los rellenos sanitarios,
proporcionando un marco más riguroso para el monitoreo y la gestión a largo plazo
de estos sitios. Este enfoque busca asegurar que la disposición final de residuos se
maneje de manera que minimice los impactos ambientales y cumpla con las
normativas vigentes.
158. En el marco del diseño y operación de rellenos sanitarios en Colombia,
establecido por la normativa indicada supra, se requiere una serie de estudios
técnicos y ambientales críticos en cada fase del proyecto para garantizar la
sostenibilidad y seguridad del manejo de residuos sólidos. Durante la fase de
diseño, es obligatorio realizar estudios topográficos y geológicos que proporcionen
un conocimiento detallado del terreno, asegurando que la infraestructura se adecue
a las condiciones físicas y geológicas del sitio. Paralelamente, se debe elaborar un
Estudio de Impacto Ambiental - EIA para identificar y mitigar posibles efectos,
complementado con un análisis de la vida útil del relleno, basado en la capacidad
proyectada y la cantidad de residuos a gestionar.
91 “[...] Por la cual se reglamenta el Decreto 1784 del 2 de noviembre de 2017 en lo relativo a las actividades
complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo [...]”
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159. Además, es crucial diseñar adecuadamente sistemas para el tratamiento de
lixiviados y la captura y tratamiento de gases, como el metano, que son generados
durante la descomposición de los residuos. Estos sistemas deben planificarse
meticulosamente para evitar contaminación y minimizar emisiones nocivas. En la
fase de operación, se busca implementar un riguroso proceso de monitoreo e
instrumentación, requerido para controlar continuamente las operaciones y las
condiciones ambientales del relleno. Este monitoreo es esencial para adaptar las
operaciones a cualquier cambio y para garantizar el cumplimiento continuo con las
normativas ambientales.
160. Finalmente, la fase de clausura del relleno sanitario exige la elaboración de
un plan de cierre y posclausura, que debe contemplar no sólo la gestión final de los
residuos sino también la restauración y el seguimiento del sitio a largo plazo. Este
plan debe incluir estrategias detalladas para asegurar que el uso futuro del suelo
sea seguro y compatible con el desarrollo sostenible, además de requerir un
periodo de seguimiento que puede extenderse por más de 20 años después del
cierre formal del relleno, según lo establece la normativa vigente.
161. Estos protocolos y estudios no solo cumplen con requisitos legales, sino que
también reflejan un compromiso con la gestión ambiental responsable y la salud
pública, pilares fundamentales para la sostenibilidad urbana y regional en
Colombia.
162. El Decreto 1784, en su artículo 2.3.2.3.20. establece que “[...] las
metodologías tarifarías del servicio público de aseo que establezca la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA deberán incentivar el
desarrollo de la actividad complementaria de tratamiento [...]”.
163. La Resolución CRA 943 de 2021 establece regulaciones importantes
respecto a los costos y tarifas relacionadas con la operación de rellenos sanitarios
en Colombia. En particular, define que, si se requiere seleccionar un nuevo relleno
sanitario debido a la vida útil del actual o por mandato de las autoridades, se deben
ajustar los costos tarifarios para reflejar las nuevas condiciones operativas y de
infraestructura. Esto asegura que los costos se distribuyan de manera justa y
eficiente entre los usuarios y las entidades prestadoras del servicio público de aseo.
164. Estas medidas son parte de un esfuerzo por mejorar la calidad ambiental del
país y asegurar una gestión de residuos más sostenible y eficiente. Además, las
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normativas se actualizan periódicamente para adaptarse a las nuevas necesidades
y avances tecnológicos en el sector.
Análisis del caso concreto
165. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales señalados la Sala procede a resolver el caso concreto.
166. El Tribunal Administrativo del Tolima declaró que la empresa Interaseo S.A.S.
E.S.P., el Municipio de Ibagué y la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA vulneraron los derechos colectivos a: el goce de un ambiente sano; el
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la
seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y que su
prestación sea eficiente y oportuna; y, a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, luego de considerar que se encuentran probados problemas
relacionados con: el manejo de lixiviados que desembocan en la cuenca hídrica
Guacarí y Adobe, la cobertura de residuos sólidos y en el control de vectores y
procesos erosivos en los taludes de las celdas A y B.
167. En tal sentido, el Tribunal concluyó que, resultaba clara la existencia de una
grave afectación e impacto ambiental en la zona donde se encuentra ubicado el
relleno sanitario “La Miel”. En consecuencia, impartió órdenes al Municipio de
Ibagué, a la Empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. y a la Corporación Autónoma Regional
del Tolima – CORTOLIMA.
168. El Municipio de Ibagué y la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. interpusieron
recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia. A su vez, la
Corporación Autónoma Regional del Tolima interpuso recurso de apelación
adhesiva contra la decisión anterior.
169. El Municipio y la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. solicitaron revocar la
sentencia proferida en primera instancia. El ente territorial sustentó que no es el
responsable de la licencia ambiental otorgada para el funcionamiento del Parque
Industrial de Residuos Sólidos “La Miel”; pese a ello, describió las actividades que
ha venido desplegando en aras de resolver la problemática relacionada con la
disposición de residuos sólidos del Municipio de Ibagué. De manera subsidiaria, el
ente territorial pidió modificar el término para el cumplimiento de las órdenes
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dispuestas en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del ordinal quinto de la parte resolutiva,
en el sentido de que el plazo no sea contabilizado desde la ejecutoria de la
sentencia, sino a partir de que se decida el cierre, clausura o abandono del actual
relleno sanitario, o se “apruebe el trámite de ampliación de residuos”.
170. La empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. solicitó revocar la sentencia proferida en
primera instancia teniendo en cuenta las acciones positivas que ha venido
adelantando respecto de la operación del relleno sanitario “Parque Industrial de
Residuos Sólidos La Miel”, lo que, a su modo de ver, permite demostrar que no
existe vulneración de los derechos e intereses colectivos.
171. De forma subsidiaria, pidió modificar las órdenes de los numerales 1, 1.1, 1.2,
2.2 y 2.3 del ordinal quinto de la parte resolutiva, por considerarlas improcedentes
o innecesarias. Puntualmente, indicó que la orden del numeral 1 del ordinal quinto
no resulta procedente, comoquiera que la empresa no requería solicitar la
modificación de la licencia ambiental, toda vez que, la Resolución núm. 0354 de 26
de marzo de 2004 autorizó las etapas “D” y “E” y solo exigía que cuatro (4) meses
antes de su entrada en funcionamiento, la empresa presentara diseños, planos
generales y de detalle, para revisión y aprobación de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima - CORTOLIMA.
172. Argumentó que la orden del numeral 1.1. del ordinal quinto es innecesaria
dado que en virtud de las medidas adoptadas por la Corporación Autónoma
Regional del Tolima – CORTOLIMA, la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. elaboró el
concepto técnico de estabilidad del talud de los vasos de disposición final “A” y “B”92
en el que se definió que el factor de seguridad obtenido es superior al exigido por la
norma. Además, sustentó que la empresa realiza acciones constantes para velar
por el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la licencia ambiental obtenida.
173. En cuanto a la orden contenida en el numeral 1.2. del ordinal quinto de la
parte resolutiva, relativa a la adopción de medidas para el cubrimiento de los
residuos sólidos depositados en las zonas de las celdas C, D1 y E1, expresó que
en la operación cotidiana del relleno sanitario se realiza el cubrimiento térreo y
cobertura sintética de la masa de residuos para el manejo y control de aguas lluvias
y vectores.
173.1. Al tiempo informó que se retomó la actividad de recirculación de los lixiviados
mediante aspersores sobre la masa de residuos para aprovechar la evaporización
92 Por la construcción del punto de rebombeo de lixiviados en la Planta Integral de Residuos Sólidos.
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de estos. Subrayó que la conducción de lixiviados se realiza por bombeo mediante
mangueras y tuberías que se dirigen a las lagunas de almacenamiento de la Planta
de Tratamiento de Lixiviados de la Planta Integral de Residuos Sólidos “La Miel”. De
este modo, señaló que la orden queda subsumida en una actividad operativa del
relleno sanitario.
174. En relación con la orden del numeral 2.2 del ordinal quinto de la parte
resolutiva, atinente a realizar las diligencias necesarias para el trámite del
licenciamiento, construcción y puesta en funcionamiento del nuevo relleno sanitario
–en caso de ser la alternativa escogida de conformidad con el Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos– expresó que, esta medida por ser subsidiaria de las otras, resulta
improcedente e inconducente, al evidenciarse que la orden del numeral 1 es
improcedente y que las de los numerales 1.1. y 1.2. se vienen realizando en la
operación del relleno.
175. En cuanto a la orden del numeral 2.3. del ordinal quinto de la parte resolutiva,
referente a elaborar un plan de contingencia para la disposición de los residuos
sólidos en otro sitio de manera provisional o en el mismo relleno mientras se elabora
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, precisó que no es cierto
que el relleno sanitario “La Miel” tenga un término de vida útil definido, comoquiera
que, con la solicitud de modificación de la licencia, que viabilizaría la construcción
de dos (2) nuevas celdas de disposición final (Vaso F y Vaso G), el relleno podría
tener por lo menos quince (15) años más de vida útil.
176. Por último, indicó que con las acciones desplegadas por la empresa se han
venido superando las situaciones que se pusieron de presente en esta acción
constitucional. Al mismo tiempo, cuestionó que la parte actora no cumplió con la
carga probatoria en los términos exigidos por el artículo 30 de la Ley 472 de 1998,
lo que impide proteger los derechos e intereses colectivos aducidos en la demanda.
177. La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA sustentó en
su recurso de apelación adhesiva que no es responsable de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos, comoquiera que ha venido ejerciendo sus
funciones de control y vigilancia respecto del funcionamiento del relleno sanitario
“La Miel”, en el marco de sus competencias establecidas en el artículo 31 de la Ley
99 de 22 de diciembre de 1993, en tal sentido, solicitó revocar el ordinal tercero de
la parte resolutiva.
178. Asimismo, advirtió la imposibilidad de cumplir la orden dispuesta en el literal
A del ordinal quinto, relativa a que la Corporación efectúe la correspondiente
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modificación de la licencia ambiental a Interaseo S.A.S. E.S.P., respecto de las
áreas a intervenir para las nuevas celdas o vasos de disposición de residuos sólidos
denominados “D2” y “E2”, debido a que, para ello, requiere adelantar un
procedimiento reglado establecido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 93 y
sus normas concordantes.
179. Además, expresó su desacuerdo con las demás órdenes relativas a prestar
asesoría técnica para la escogencia de un nuevo lugar para la construcción de un
relleno sanitario y la tendiente a adelantar los procesos sancionatorios pertinentes,
al considerarlas innecesarias, en la medida que estas son obligaciones que la Ley
le asigna a la Corporación.
180. Definido lo anterior, la Sala procederá al análisis del material probatorio y
posteriormente a la resolución de los problemas jurídicos planteados supra.
Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente
181. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes 94
para resolver el caso sub examine son las siguientes:
Actos Administrativos
182. Copia de la Resolución núm. 0354 de 26 de marzo de 2004 95, por medio de
la cual se le otorgó licencia ambiental a Interaseo S.A.S. E.S. P., en los siguientes
términos:
“[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental a INTERASEO S.A. E.S.P., con
registro mercantil No. 00044530 de la Cámara de Comercio de Santa Marta y con
NIT. 819000939-1 para el proyecto, ‘PARQUE INDUSTRIAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS LA MIEL IBAGUÉ - DISPOSICIÓN FINAL’ localizadas en la Hacienda La
Miel de la vereda Buenos Aires, en zona rural, del municipio de Ibagué,
Departamento del Tolima, aproximadamente a 18 kilómetros de la vía Ibagué -
Bogotá.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo del proyecto INTERASEO S.A. E.S.P.
deberá dar estricto cumplimiento a los diseños y los demás componentes
contenidos en el documento presentado para evaluación a CORTOLIMA Y
denominado ‘ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE INDUSTRIAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS LA MIEL IBAGUÉ - DISPOSICIÓN FINAL’, a el [sic]
Plan de Manejo Ambiental que lo contiene y las siguientes obligaciones:
1. Para el desarrollo de las etapas B, C, D y E del sitio de disposición final o
Relleno Sanitario, cuatro (4) meses antes a su entrada en funcionamiento,
93 “Por medio del cual se expide el Decrto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
94 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital.
95 Cfr. Folios 114 a 143.
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INTERASEO S.A. E.S.P., deberá presentar los diseños, planos generales y de
detalles de cada una de ellas para revisión y aprobación de CORTOLIMA.
2. El Plan de Gestión Social se debe desarrollar dentro de los cuatro (4) meses
siguientes, al otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental, para lo cual deberá
informar previamente al desarrollo de cada taller a CORTOLIMA y posteriormente
anexar las actas respectivas de asistencia.
3. Dentro de los tres (3) meses siguientes al otorgamiento de la Licencia Ambiental,
se deberá cercar perimetralmente el lote de disposición final de residuos o Relleno
Sanitario con alambre de púas y dos (2) líneas internas de cerca viva con Limón
Swinglia sembrado en triangulo cada 30 cm.; cerca viva a la cual INTERASEO S.A.
E.S.P. debe hacerle mantenimiento permanente.
4. Se prohíbe el vertimiento de lixiviados o cualquier otro percolado a las
fuentes de agua superficiales o subterráneas.
5. De acuerdo con el Cronograma propuesto en el EIA, se deberá monitorear la
calidad de las aguas de la Quebrada Guacarí y el Canal - Quebrada Los Adobes,
una vez durante la etapa constructiva (dentro del mes siguiente al otorgamiento de
la Licencia Ambiental) y posteriormente un monitoreo cada cuatro (4) meses.
Los puntos de monitoreo deben ser:
50 mts. Antes del límite del lote proyecto
50 mts. Después del límite del lote del proyecto
Los parámetros a analizar son: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda
Química de Oxígeno (DQO), PH, Acidez, Alcalinidad, Conductividad, Sólidos
Totales, Sólidos Suspendidos, Nitritos, Nitratos, Metales Pesados, Coliformes
Totales y Coliformes Fecales.
6. De acuerdo con el Cronograma propuesto en el EIA, se deberá monitorear la
calidad de las aguas subterráneas una vez cada seis (6) meses; y dentro de los
cuatro (4) meses siguientes al otorgamiento de la Licencia Ambiental respectiva se
debe realizar el primer monitoreo en cada uno de los 4 pozos de monitoreo
propuestos y en el pozo profundo del proyecto Avícola Catalina.
Los parámetros a analizar son: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda
Química de Oxígeno (DQO), pH, Acidez, Alcalinidad, Conductividad, Sólidos
Totales, Sólidos Suspendidos, Nitritos, Nitratos, Metales Pesados, Coliformes
Totales y Coliformes Fecales.
7. La calidad del aire (partículas totales) se debe de monitorear una vez al año en
tres puntos diferentes aledaños al proyecto y un punto dentro del caserío de la
Hacienda La Miel.
8. En forma permanente se deben recoger plásticos y demás residuos que se
puedan caer de los carros recolectores en la vía de acceso al sitio de disposición
final.
9. INTERASEO S.A. E.S.P. en su calidad de operador del sitio de disposición final *
Relleno Sanitario, debe garantizar el cubrimiento permanente de los residuos, de tal
forma que la celda diaria de trabajo, al final de la jornada se encuentre cubierta con
material térreo.
10. Se deben colocar avisos de reducción de velocidad y circulación de tráfico
pesado, 100 metros antes y después de la entrada a la Hacienda La Miel, en ambos
sentidos de la vía Ibagué - Bogotá y capacitar a los conductores de los carros
recolectores de residuos sobre las medidas y cuidados a tener en cuenta por el
transito sobre esta vía y el cruce respectivo para entrar al proyecto.
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11. Se deben colocar reductores de velocidad en los sitios por donde la vía interna
pase por viviendas, escuela y demás lugares de permanencia de los habitantes de
la hacienda La Miel.
12. Se prohíbe el acceso al sitio de disposición final de personal dedicado al
reciclaje.
13. Cualquier eventualidad o contingencia ambiental o social que suceda durante la
construcción, operación y funcionamiento del proyecto de disposición final o en el
transporte de los residuos hasta este sitio de disposición final, debe ser informada
en forma inmediata a CORTOLIMA.
14. En relación con las acciones de seguridad, se debe cumplir con el reglamento
de higiene y seguridad contemplada en el Decreto 2222 de 1993, de acuerdo a las
actividades que allí se realizan; Talleres, transporte y almacenamiento de
combustibles entre otras.
15. El titular de la licencia ambiental debe realizar un monitoreo mensual por un
geotecnista, sobre la estabilidad de los terraplenes construidos, estado de los cortes
antes de de [sic] depositar residuos; del cuerpo de los residuos, sobre la ubicación
de los piezómetros de hilo vibrátil (2) y Piezoconos sísmicos sobre el relleno y sobre
la estabilidad del macizo rocoso.
16. Se debe llevar un control sobre las obras del manejo de las aguas lluvias y de
escorrentía (incluyendo las aguas provenientes del cerro Los toros y la zona del
relleno) e informar al respecto en los informes de interventoría.
17. Se debe contemplar un programa de recuperación de las riberas de drenajes
naturales y quebradas que se localizan en el área de influencia del proyecto, con
prácticas de reforestación protectora con especies nativas, así mismo en taludes
estabilizados del proyecto como en áreas adyacentes de la vía de acceso, de
acuerdo a las medidas de restauración, revegetalización y reforestación
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental presentado, además de especies
protectoras invasoras como gramíneas (pastos) para evitar efectos negativos como
derrumbes igualmente como medida compensatoria a la masa forestal a intervenir.
18. Se debe contemplar el programa de mantenimiento de la revegetalización,
restauración y reforestación realizada, por un período mínimo de tres (3) años, con
el fin de que se garantice el prendimiento y crecimiento normal de las especies
vegetales establecidas.
19. No se permitirá la movilización ni la comercialización de los productos y
subproductos de la madera aprovechada, se deberá utilizar para realizar las obras
propias del proyecto o para uso doméstico del propietario del predio donde se
intervendrán las especies forestales.
20. No se permitirá la intervención de especies vegetales no contempladas en el
inventario forestal.
21. El titular de la Licencia Ambiental deberá ejecutar un programa de compensación
forestal con una relación 1:3, es decir por cada hectárea intervenida de las
coberturas de bosque secundario intervenido (Bsi) y bosque secundario muy
intervenido (Bsmi), el permisionario deberá reponer tres hectáreas en actividades
de reforestaciones protectoras, con especies nativas.
22. Se deberá realizar programas de recuperación de las riberas de drenajes
naturales y quebradas que se localizan en el área de influencia del proyecto, con
prácticas de reforestación protectora con especies nativas, así mismo en taludes
estabilizados del proyecto como en áreas adyacentes de la vía de acceso, de
acuerdo a las medidas de restauración, revegetalización y reforestación
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental presentado, además de especies
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protectoras invasoras como gramíneas (pastos) para evitar efectos negativos como
derrumbes.
23. Se debe contemplar el programa de mantenimiento de la compensación,
revegetalización y restauración realizada, por un período mínimo de tres (3)
años, con el fin de que se garantice el prendimiento y crecimiento normal de las
especies vegetales establecidas.
24. Para el aprovechamiento de la masa forestal referenciada, se debe de
conservar, preservar y proteger un área mínima de 100 metros a la redonda de
nacimientos que se localicen en el área, al igual que 30 metros a lado y lado de los
cauces de quebradas y drenajes naturales, de acuerdo a lo estipulado en la
normatividad ambiental vigente.
25. Para el cumplimiento de las anteriores medidas compensatorias, el
permisionario deberá entregar a CORTOLIMA el programa de establecimiento y
mantenimiento de cada una de las unidades de cobertura a compensar, donde se
contemplen todas las especificaciones técnicas de plantación y mantenimiento, este
último debe tener una duración mínimo de tres (3) años, con el fin de garantizar un
buen prendimiento y desarrollo de las especies plantadas.
26. No se permitirá la intervención de unidades vegetales y especies forestales
no contempladas en el inventario forestal.
ARTÍCULO TERCERO.- INTERASEO S.A. E.S.P. deberá tramitar en forma
inmediata ante Ingeominas el permiso minero - ambiental o contrato de concesión
de la zona de préstamo de material de cobertura, de acuerdo a lo determinado por
la ley 685 de 2001 y el decreto 1180 de 2003, y enviarlo a CORTOLIMA una vez se
tenga, para el trámite pertinente.
ARTÍCULO CUARTO.- Otorgar a INTERASEO S.A. E.S.P., permiso de
aprovechamiento forestal de 121.32 M3 /Ha., para la cobertura vegetal de Bosque
secundario intervenido, para un total de 414.68 M' y de 98.03 M®/Ha., para el
Bosque secundario muy intervenido, para un total de 197.77 M', para un volumen
total de aprovechamiento de 612.45 Mª.
PARÁGRAFO PRIMERO.- El permiso de aprovechamiento que trata el presente
artículo comprende las especies de Arrayán, Bayo, Guacharaco, Huesito, Azulejo,
Ulanda, Capote, Laurel tuno, Quimulá, Moló y Ondequera.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Se prohíbe la movilización, comercialización de los
productos y subproductos de la madera a que hace referencia el presente artículo;
dichos productos solo podrán ser utilizados para realizar las obras propias del
proyecto o para uso doméstico de los habitantes de la Hacienda La Miel.
PARÁGRAFO TERCERO.- Por concepto del permiso de aprovechamiento forestal
a que hace referencia el presente artículo, el titular de la Licencia Ambiental deberá
cancelar a CORTOLIMA la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($3.534.954.00)
M/CTE, de acuerdo a lo establecido en la Resolución No.
0264 de 2004, expedida por esta Corporación.
ARTÍCULO QUINTO.- INTERASEO S.A. E.S.P. debe presentar informes de
interventoría cada cuatro (4) meses donde se recoja los resultados y el análisis de
los monitoreos que se realicen durante ese periodo de tiempo al igual que el avance
del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental.
PARÁGRAFO.- Para los análisis y monitoreos que trata el presente artículo, se
deberá avisar a CORTOLIMA con diez (10) días de anticipación, para que en caso
de ser necesario supervisar los trabajos de campo y tomar las contra muestras
respectivas.
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ARTÍCULO SEXTO.- INTERASEO S.A. E.S.P., debe dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1713 de 6 de Agosto [sic] de 2002, en especial lo
consagrado en el capítulo VIII sobre disposición final.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- INTERASEO S.A. E.S.P., será responsable de los
eventuales daños que se pudieran ocasionar a propiedades particulares, a terceras
personas, al medio ambiente o los recursos naturales, por la ejecución propia de los
trabajos y de los efectos que resultasen del desarrollo, operación y mantenimiento
de la obra o actividad objeto de la presente Licencia Ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO.- INTERASEO S.A. E.S.P., deberá cancelar a favor de
CORTOLIMA, la tarifa de seguimiento ambiental en periodos anuales, conforme lo
consagra la Resolución No. 0264 de 2004 y/o las normas que lo sustituyan o
modifiquen.
ARTÍCULO NOVENO.- La presente Licencia Ambiental, se otorga por el término que
dure el proyecto y no podrá ser traspasada total o parcialmente sin la aprobación de
CORTOLIMA.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Envíese copia del presente Acto Administrativo a la
Personería y Alcaldía de Ibagué, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- INTERASEO S.A. E.S.P., deberá publicar en el
boletín oficial de CORTOLIMA la presente Resolución, dentro de los diez (10) días
siguientes a su ejecutoria entendiéndose cumplida esta obligación, cuando se
presente por parte del interesado el respectivo recibo de pago.
PARÁGRAFO.- Hasta tanto se cumpla con este requisito el presente Acto
administrativo no producirá efectos jurídicos
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Contra la presente providencia procede el
Recurso de Reposición ante el Director General de CORTOLIMA, el cual podrá ser
interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación personal
o por edicto […]” (Destacado fuera del texto original).
183. Copia de la Resolución núm. 0289 de 18 de marzo de 200596, por medio de
la cual se le otorgó permiso de vertimientos a Interaseo S.A.S. E.S.P., así:
“[…] RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- Otorgar permiso de vertimientos a INTERASEO S.A.
E.S.P. para el vertimiento de aguas residuales del proyecto Parque Industrial
Residuos Sólidos La Miel, Vereda Buenos Aires, municipio de Ibagué,
departamento del Tolima.
Parágrafo.- El presente permiso de vertimientos de aguas residuales de las
actividades del proyecto Parque Industrial Residuos Sólidos La Miel, se concede por
el termino de cinc (5) años a partir de la ejecutoria de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO.- INTERASEO S.A E.S.P, beneficiario del permiso de
vertimientos otorgado en el anterior artículo deberá cumplir con todas las
recomendaciones y obligaciones que se estipulan en la parte considerativa de la
presente resolución.
ARTICULO TERCERO.- INTERASEO S.A E.S.P deberán dar cumplimiento a las
siguientes recomendaciones:
-Las condiciones mínimas que debe cumplir el vertimiento son los valores de los
parámetros del vertimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales según lo
96 Cfr. Folios 144 a 152.
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establecido en los artículos 40 y 72 del decreto 1594 de 1984 y especialmente los
siguientes:
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Núm. único de radicación: 730012333000201900324-01
184. Copia de la Resolución núm. 0927 de 6 de mayo de 201497, por medio de la
cual, se modifica una licencia ambiental y se establecen otras disposiciones
ambientales, en la que se resolvió:
97 Cfr. Folios 636 a 641.
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185. Copia de la Resolución núm. 2255 de 23 de noviembre de 202098, por medio
de la cual, se aprueban los planos y diseños de unas celdas de disposición de
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones ambientales. En este acto
administrativo la Corporación Autónoma Regional del Tolima resolvió aprobar los
planos y diseños de las nuevas celdas o vasos de disposición de residuos sólidos
denominados “D2” y “E2” localizados en el Parque Industrial de Residuos Sólidos
La Miel.
Autos expedidos por la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA:
186. Copia del Auto núm. 7365 de 21 de diciembre de 201599, por medio del cual
se dio inicio al trámite de renovación del permiso de vertimientos.
98 Cfr. Folios 642 a 647.
99 Cfr. Folios 338 a 340.
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187. Copia del Auto núm. 3635 de 11 de mayo de 2022100, mediante el cual, la
Corporación realiza un requerimiento a la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.
Informes y actas
188. Copia del Informe de visita de evaluación de seguimiento al Parque Industrial
de Residuos Sólidos relleno sanitario La Miel, elaborado por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y la Contraloría Municipal de
Ibagué101, el 2 de abril de 2019, en virtud del cual se conceptúa lo siguiente:
“[…] 1. El Relleno Sanitario Parque Industrial de Residuos Sólidos La Miel continúa
realizando su operación, se evidencia que se encuentra en operación la Planta de
separación para reciclaje, se volvió a dañar la cubierta de la zona de biotecnología,
se informa operación normal de las celdas de disposición final y la planta de
tratamiento de lixiviados.
2. El proyecto presenta continuidad en la disposición de los residuos en la zona D. la
disposición de material vegetal en la zona A y disposición de los residuos inocuos de
proyectos ambientales en la zona B.
3. Se continúan con los inconvenientes en el cubrimiento intermedio de los
residuos, los mismos se vienen cubriendo parcialmente con material sintético
y ferra en un bajo espesor, observándose todavía áreas sin cubrimiento y las
zonas cubiertas con material sintético sin la adecuada conformación para evitar
el ingreso de aguas lluvias.
4. Se observa en la zona inicial del talud de la zona D la adecuación del filtro perimetral
para el manejo de los lixiviados, la instalación de una polimalla para el control de los
volátiles, entre otros de carácter operativo.
5. Se destaca que se continúan con los controles de vectores como moscas con
la fumigación, y el ahuyentamiento de los gallinazos, no obstante estos últimos
sobrevuelan el sector y habitan la zona del cerro el toro.
6. El sitio de disposición actual obedece a la zona D y E, para las zonas A y B
se indica que se llegó al nivel 31, no se informa el cumplimiento de la altura de
100 Cfr. Folios 803 a 806.
101 Cfr. Folios 28 a 87.
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diseño, observándose una homogeneidad al nivel indicado, sin presentar los
estudios de topografía que permitan verificar los niveles autorizados.
7. Se apreció un área aproximada de 800 m2 con residuos sin cobertura en la celda
operativa, se presentaba un área de 4000 m2 con material sintético y solo 2200 m2
con cubrimiento en material terreo para un área aproximada de 7000 m2 de la zona D
y E.
8. Se apreció que la maquinaria amarilla presenta un leve mejoramiento, algunas de
ellas al parecer fueron evacuadas del relleno sanitario, se apreció el mantenimiento
de una retro.
9. A la fecha se continúa incumpliendo con el respecto del área de la celda diaria
autorizada por CORTOLIMA, y no se aprecia en los comunicados de la empresa la
necesidad de modificar la celda diaria de disposición final autorizada.
10. La cobertura terrea en los taludes del relleno presenta procesos erosivos en
surcos y cárcavas las cuales requieren implementar medidas de control que
eviten su continuidad.
11. Las [sic] reconformación de los vasos con la creación de las bermas para
estabilidad han contribuido en la disminución de los procesos erosivos, no obstante
en las cunetas de cada berma se presenta acumulación del material terreo que se
erosiona sin que se realicen las respectivas actividades de mantenimiento.
12. En las zonas de las bermas no se han conformado las cunetas para el
escurrimiento de los lixiviados que afloran en sus inmediaciones,
observándose que los mismos arrastran parte del material de cubrimiento, en
especial en los eventos de lluvias.
13. Se continúa observando el transporte del lixiviados que sale de los taludes
conduciéndose de manera superficial en la bermas y pie de taludes del relleno
sin su adecuada captura.
14. La planta de tratamiento de lixiviados continua con su operación, se
continua sin operar de manera regular la unidad de potabilización del lixiviado,
a la fecha de la visita se presentaba vertimiento a la quebrada Los Adobes
evidenciando el cambio de coloración del agua antes del vertimiento y 100
metros después del vertimiento, indicando una potencial afectación de la fuente
hídrica.
15. A la fecha no se ha establecido el plan de contingencia para evitar que el
vertido de los lixiviados tratados a la quebrada los Adobes afecte dicha fuente
hídrica, en especial cuando no se presente caudal para la dilución.
16. Se destaca la presentación de información sobre los muestreos de estabilidad
indicando el cambio del consultor, se informa que el relleno es estable bajo
condiciones de sismo o saturación, no obstante dicho informe se observa
generalizado, la escala de las imágenes y el bajo conocimiento específico del lugar
por parte del consultor hacen que el estudio quede generalizado, sin reportarse la
zona local especifica (A, B, C o D) donde se puede generar la inestabilidad, entre
otros.
17. Del estudio de estabilidad se observa la necesidad de mejorar la configuración de
la zona localizada en el perfil 2 del estudio, recomendando el terraceo con la
adecuación de la berma que genere mejor estabilidad.
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18. Se presenta información sobre el monitoreo del biogás, del mismo se indica que
los porcentajes de metano y otros gases son característicos del biogás, se establece
que no existen anormalidades al interior de la celda (migraciones y/o combustión
interna de residuos), se infieren niveles de toxicidad por H2S en la zona C a fin de
tener precaución en las chimeneas de la zona (24, 25, 26 y 27). De la información
entregada no se realiza análisis de los porcentajes de LEI. Adicionalmente no se
presentan los certificados de calibración de los equipos empleados, se destaca que
al homogenizar las áreas del relleno los resultados se vuelven generalizados, y que
los puntos muestreados fueron prácticamente en la zona C, D y E, se observan
errores al indicar el uso de 52 chimeneas cuando solo se muestrearon 50 y una sin
medición, además no se muestrearon los puntos de importancia por dichos gases
como la PTL, la zona administrativa entre otros de importancia. Las figuras de
interpretación de resultados presentan bajo detalles en especial para el metano.
19. A la fecha se continua con el incremento del número de viviendas en el área
aledaña al relleno, incumpliendo lo relacionado en el POT de Ibagué en donde se le
asigna un valor de 1000 metros, no se establece el proceso de socialización de la
empresa con los parceleros de la zona para evitar la continuidad de este tipo de
situación.
20. Es necesario que la oficina jurídica emita pronunciamiento sobre los
incumplimiento [sic] reiterativos de la empresa Interaseo SA ESP en la operación del
relleno la Miel.
21. La Empresa INTERASEO S.A. E.S.P. debe realizar de manera inmediata:
a) Dar cumplimiento a los Actos Administrativos de CORTOLIMA y las
recomendaciones de los conceptos técnicos.
b) Reportar de manera trimestral las cantidades de residuos sólidos mensuales que
ingresan al relleno por cada municipio o entidad.
c) Realizar la compactación y reconformación de los residuos dispuestos antes
de la instalación de la cobertura temporal, a fin de evitar el ingreso de aguas
lluvias.
d) Mejorar la estabilidad de la zona del perfil 2 del estudio de estabilidad (radicado
148 de enero 4 de 2019) con su respectivo terraceo y adecuación de la berma.
e) Acatar la recomendación donde se infieren niveles de toxicidad por H2S en la zona
C a fin de tener precaución en las chimeneas de la zona (24, 25, 26 y 27) con el uso
adecuado de EPP.
f) Cumplir con el proceso de cubrimiento continuo de los residuos sólidos.
g) Cumplir con el ahuyentamiento de los vectores en la masa de residuos sólidos, en
especial la presencia de gallinazos en la zona.
h) Mejorar el sistema de captación de los lixiviados que afloran en los taludes del
relleno, permitiendo su incorporación a la masa de residuos y los filtros de lixiviados:
i) Continuar con la operación del sistema de tratamiento de los lixiviados, verificando
que se cumple con las normas de vertimientos actuales, relacionados en el artículo
14 de la Resolución 631 de 2015.
Continuar con la recirculación de los lixiviados para el riego de la cobertura vegetal
de las celdas abandonadas, o de la celda actual, ya que la fuente hídrica receptora
se encuentra afectada por las altas cargas vertidas y se incumple en algunos
parámetros de la norma.
k) Realizar irrigación de las vías internas del relleno sanitario, evitando la alta re-
suspensión de partículas.
l) Continuar con el control de material particulado con la instalación de la polimalla en
los airededores de la celda.
m) Contar con un adecuado programa de mantenimiento de la maquinaria amarilla, a
fin de evitar la falta de compactación de los residuos y la inadecuada conformación
de los mismos.
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n) Realizar la instalación de la cobertura sintética una vez los residuos esten
compactados y conformados adecuadamente, a fin de evitar montículos que
ocasionen el ingreso de aguas de escorrentía a la masa de residuos.
o) Informar a CORTOLIMA la ocurrencia de situaciones de contingencia que
ocasionan y han ocasionado la no cobertura de los residuos sólidos durante varios
días.
p) Realizar las obras hidráulicas que permitan el manejo, control y descarga de
las aguas de escorrentía, dichas obras deberán evitar la exposición y arrastre
del material de cobertura a la red interna de evacuación de lixiviados.
q) Realizar el mantenimiento a todos los filtros de lixiviados perimetrales a las cunetas
de aguas de escorrentía, facilitando su captación y transporte a la red de lixiviados
t) Controlar el flujo de sedimentos que caen a la red de lixiviados del proyecto
a través de cunetas en suelo cemento.
s) Evitar la descarga de lixiviados a las cunetas de aguas lluvias a través de la
reparación de sus filtraciones, el mantenimiento de las redes de filtros y
chimeneas.
t) Realizar el debido control de los taludes erosionados en las zonas A, B y C,
en donde se presenta erosión en surcos y algunas cárcavas.
u) Evitar la descarga de lixiviados de los vehículos en zonas no impermeabilizadas
del relleno sanitario.
v) Realizar el mantenimiento continuo de los sólidos en las unidades de pre-
tratamiento y la primera piscina de oxidación, evitando su rápida colmatación.
w) De los estudios realizados para estabilidad y monitoreo del biogás evitar la
generalización de la información, estableciendo para cada zona la información
específica de su estado o condición actual, mejorar la presentación gráfica de los
resultados, la especificación real de los puntos de muestreo, las fechas de realización
y ejecución de los estudios, entre otros aspectos relacionados en el conceptúa [sic] y
el análisis de la información técnica.
x) Informar las gestiones realizadas en pro de mejorar las relaciones sociales con las
propiedades y viviendas que se localizan en la zona de restricción fijada en el POT,
indicando el soporte de las actividades realizadas […] (Destacado fuera del texto
original).
189. Copia del Acta de la visita técnica al relleno sanitario “La Miel”, el 14 de mayo
de 2019, elaborada por la Personería Municipal de Ibagué, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y la Secretaría de Ambiente y Gestión
del Riesgo, por problemas de vertimientos a la quebrada y en la cobertura de vaso
de relleno102, en la que se evidencia el siguiente registro fotográfico con las
conclusiones correspondientes:
102 Cfr. Folios 88 a 113.
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“[…]
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190. Copia de los Oficios103 de 27 de junio y de 23 de octubre de 2019, por medio
de los cuales Interaseo S.A.S. E.S.P. radica ante la Corporación Autónoma Regional
del Tolima – CORTOLIMA la documentación requerida para la renovación del
permiso de vertimientos.
191. Copia del Oficio104 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Gestión
Ambiental y Control Fauna de la Aeronáutica Civil, que tiene por asunto “Mesa de
Trabajo y Visita al Relleno Sanitario la Miel” de 12 de noviembre de 2019, según el
cual se evidencia la presencia de gallinazos negros en inmediaciones del
Aeropuerto Perales de Ibagué consecuencia de los residuos depositados en el
relleno sanitario.
103 Cfr. Folios 331 a 334.
104 Cfr. Folio 342.
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192. Copia del Informe105 de la visita realizada al relleno sanitario “La Miel”, el 25
de febrero de 2021, que contó con la participación de representantes de la
Personería de Ibagué, del Municipio de Ibagué, de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, personal de Interaseo S.A.S. E.P.S., integrantes de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA y del laboratorio
Ambiental CORCUENCAS, según el cual se concluye lo siguiente:
193. Copia de los Informes106 de la mesa de trabajo realizada el 23 de marzo de
2021, en la cual se verificó el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos
105 Cfr. Folio 587 y ss.
106 Cfr. Folios 564 a 586 y 603 a 627.
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ambientales a cargo y/o elevados a INTERASEO S.A, respecto del “Proyecto
Parque Industrial Relleno Sanitario La Miel”.
194. Copia del Oficio de 31 de agosto de 2021107, por medio del cual, INTERASEO
S.A E.S.P, informa sobre las funciones y obligaciones de la entidad de conformidad
con su objeto.
195. Copia del Informe108 de visita de evaluación y seguimiento al relleno sanitario
“La Miel” por personal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA el 31 de agosto de 2021, en el cual se conceptuó lo siguiente:
“[…] Para el componente abiótico se observó la realización de mejores técnicas de
estabilización de los taludes, la realización de rápidas de manejo de aguas lluvias en
geo-membrana al igual que las cunetas en las zonas C, D1 y E, la recirculación de los
lixiviados, la adecuación de filtros perimetrales para conducción de lixiviados en zonas
A, B C y D1.
Se continúa con los procesos erosivos en las zonas C posterior y B, la no
recolección de algunos residuos caídos en los taludes de la zona A, un alto nivel
de las tres piscinas de lixiviados, y el revuelo de gallinazos que se activan según
la operación del relleno sanitario.
En el sitio de vertimiento se observó que pese a que van más de un año y medio con
el cambio de las condiciones del vertimiento, se presentaba un aporte de aguas
negras al parecer con lixiviados en uno de los predios de la hacienda el aceituno,
observándose como sobrantes de riego, que afectaban la fuente hídrica receptora
debido al caudal aportado, no obstante no se corroboro la fuente de origen,
indicándose por parte de la gerente de Interaseo que ellos siempre están tratando el
vertimiento hasta el proceso terciario. Por lo cual se asume que dichas aguas pueden
provenir de un reservorio que hacía uso del agua que viene de la quebrada los adobes
y que antes del otorgamiento del permiso a las condiciones actuales presentaba
coloración negra, no obstante dicha situación se corroborara en próximos recorridos
exclusivos para identificar la fuente que aporta la coloración negra del agua.
En cuanto a la contaminación de la fuente hídrica quebrada Guacarí se observa
que con el permiso de vertimientos según. Resolución 4482 de 2019 y la
Resolución 642 de 2020, se genera un cambio total en la situación anteriormente
observada, ya que solo se permite el vertimiento a la salida del sistema de
tratamiento terciario o unidad de osmosis inversa, la cual genera una remoción
hasta del color, permitiendo establecer que no se presentara contaminación de
la fuente receptora ni de la quebrada adobes por donde pasa de manera aledaña
la tubería de descarga, esto debido a las condiciones de tratamiento exigidas
en el permiso de vertimientos.
La Empresa INTERASEO S.A.S E.S.P. debe cumplir con las siguientes obligaciones:
ASPECTOS SOCIALES DEL PROYECTO
a) Se debe garantizar el cubrimiento a diario de los residuos que llegan al relleno, a
fin de mitigar los impactos ambientales que puede ocasionar la proliferación de
vectores, en este caso el tema de las moscas.
b) Realizar los ajustes que se requieran al programa de gestión social, garantizando
a través de este, los acercamientos, encuentros y acuerdos con las comunidades
aledañas.
107 Cfr. Folios 729 y 730.
108 Cfr. Folios 737 a 779.
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c) Es necesaria la vinculación directa de la comunidad en las capacitaciones y
campañas de sensibilización con respecto al manejo adecuado de desechos, y su
posible aprovechamiento, es de vital importancia teniendo en cuenta los impactos
ambientales que estos producen.
d) Se recomienda diseñar de manera, urgente una propuesta metodológica para el
manejo de residuos, con esto se pueden evitar las problemáticas ambientales, a corto
y mediano plazo, permitiendo que al relleno solo lleguen materiales de fácil absorción
y degradación, ya que esto alarga la vida útil de los sitios de disposición final
e) Entre otras recomendaciones sobre la prestación del servicio de aseo se
consideran:
• Se debe organizar el fomento de la educación ambiental y así concientizar a la
población acerca de que la basura es una realidad, y que hay material que puede ser
reutilizado o reciclado, que en las manos correctas llega a tener un gran valor y
muchos beneficios para todos.
• Es preciso que la comunidad en general y los recicladores, sean involucrados en
algunas dinámicas del manejo ambiental y que hagan parte fundamental en las
actividades tales como reacondicionamiento de áreas impactadas por desechos,
asimismo, se deben hacer campañas ambientales alineadas a mantener una
consciencia del reúso, la reducción de residuos sólidos y el reciclaje de los mismos,
permitiendo con esto, la oportunidad de acceder, a un ingreso económico que genere
mejor calidad de vida.
• Es necesaria la vinculación directa de la comunidad en las capacitaciones y
campañas de sensibilización con respecto al manejo adecuado de desechos, y su
posible aprovechamiento, es de vital importancia teniendo en cuenta los impactos
ambientales que estos producen.
• Se debe implementar la separación en la fuente, así se facilita la recolección y
disminuye la disposición final y se generan oportunidades económicas para los
recuperadores.
• Es recomendable, que haya organización para que se realice el ' seguimiento al plan
de gestión de Residuos, que participen en los protocolos de seguimiento y evaluación,
de las actividades del plan de mejoramiento y al momento del evaluar el impacto de
las acciones adelantadas.
• El trabajo articulado, genera mayores beneficios comunitarios, permitiendo, que
todos sean vigías de las acciones que benefician la comunidad.
ASPECTOS COMPONENTE BIÓTICO DEL PROYECTO
1) INTERASEO S.A.S.E.S.P. para el predio facilitado por la Alcaldía de Ibagué en la
zona cercana al relleno Combeima debe presentar un plan de compensación forestal
que incluya las actividades tanto de establecimiento como de mantenimiento por un
periodo de tres años, de tal manera que de alcance total al requerimiento de la medida
compensatoria establecida en la resolución nro.
354 del 26 de marzo de 2004 y demás actos administrativos que contengan esta
obligación.
g) Completar totalmente el cerramiento perimetral con cerca viva del área del
Parque Industrial de Residuos Sólidos - PIRS, La Miel, además de continuar con las
labores de mantenimiento a la cerca viva ya establecida.
h) INTERASEO S.A.S.E.S.P., debe garantizar la protección y conservación de las
márgenes protectoras y coberturas vegetales de los cuerpos hídricos presentes en
las áreas adyacentes del Parque Industrial de Residuos Sólidos - PIRS, La Miel, de
tal manera que la actividad licenciada no afecte estas zonas.
ASPECTOS COMPONENTE ABIÓTICO DEL PROYECTO
i) Presentar informe ejecutivo sobre el avance en el llenado de la celda, indicando el
volumen de residuos depositado, el volumen de residuos que todavia falta por
enterrar, el cumplimiento del diseño aprobado, y el estado de j)
avance de las excavaciones de la zona E2.
j) Realizar la gestión del cambio de uso del suelo con la Alcaldía Municipal del lugar
donde se planifica la ampliación del relleno la miel, y en donde se desarrolla la
actualización del Estudio de Impactos Ambientales, a fin de evitar contratiempos
posteriores.
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k) Presentar un informe ejecutivo sobre el proceso de actualización del estudio de
impacto ambiental del área planificada como crecimiento del relleno sanitario la miel,
indicando el grado de avance de la línea base, y de los diferentes numerales del ElA,
el avance con la comunidad en la socialización y concertación de compromisos, el
avance en las solicitudes de los permisos ante la alcaldía para el uso del suelo y
riesgos, ante el [CANH para la parte antropológica, con el ministerio del interior para
las comunidades indígenas, entre otros que apliquen.
l) Revisar de manera adecuada la exposición de los filtros del ple del talud de las
zonas A, B y C. con la incidencia en el incremento de los lixiviados en las piscinas de
oxidación, permitiendo la toma de decisiones si se realiza su cubrimiento terreo o con
plástico para evitar que se trasladen aguas de escorrentía a la red de lixiviados:
m) Presentar las caracterizaciones in situ diarias de manera mensual de lo que va
corrido del año 2021 y de los meses que faltan. de la operación del sistema de
tratamiento, en las cuales se refleje la salida del lixiviado tratado según lo aprobado
según Resolución 4482 de 2019 y la Resolución 642 de 2020, con los parámetros que
se monitoreen. en el sitio (PH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, color,
entre otros que se monitoreen para el control interno de la empresa), permitiendo la
verificación de la operación constante del sistema de tratamiento terciario, a fin de
evitar malas interpretaciones en el tratamiento del lixiviado.
n) Informar ante CORTOLIMA los correctivos al ser tomados para evitar
situaciones como la evidenciada el 31 de agosto de 2021 sobre la presencia de aguas
negras que se aportaban a la quebrada adobes, entre ellos verificación del cauce de
la quebrada adobes para la bioremediación de los sedimentos en su cauce, recambio
de las aguas del reservorio existente en la zona con su respectivo tratamiento de
sedimentos, la apertura de los canales de dialogo con los vecinos para verificar la
fuente de estos aportes, entre otros que eviten la referenciación de la empresa en
este tipo de situaciones.
o) Presentar de manera semestral el estudio geotécnico de la conformación de los
taludes de las celtas, que permita conoce el comportamiento de los
mismos.
p) Realizar la recolección de los residuos sólidos caídos en los taludes de las zonas
A, B y C, propendiendo por su adecuada disposición final, igualmente las llantas
observadas promoviendo su entrega como residuo posconsumo.
q) Informar a CORTOLIMA el proceso piloto que se está llevando a cabo con las
instalaciones de la planta de separación del relleno operada por la ONG QUOS en
cuanto al suministro de combustible de residuos sólidos ante CEMEZ, indicando las
cantidades y tipos de residuos que se están destinando para las pruebas pilotos.
1) Se debe continuar con la implementación de las siguientes medidas:
> Prevención de la re-suspensión del material particulado en la zona administrativa y
donde permanezca mayor cantidad de personal mediante el uso de los elementos de
protección personal, la irrigación de las vías internas del relleno, el control de la
velocidad de los vehículos, entre otros.
• Cobertura de los residuos sólidos a través de la adecuada conformación
geomorfológica de los residuos, el uso de cobertura sintética, el empleo de material
terreo sin residuos vegetales como raíces y tallos, entre otros que contribuyan a evitar
el incremento de lixiviados en el relleno.
• Implementación de zanjas de coronación y cunetas para el manejo de aguas lluvias
con su, ecuarimiento [sic] en geomembrana que evite la continuidad de los surcos y
demás procesos erosivos en la cobertura terreo del relleno especialmente zonas A, B
y C.
> Cobertura terrea en los taludes:
> Procesos de recirculación del lixiviado en la celda actual en los momentos en que
no se realice operación del sistema de tratamiento terciario y el vertimiento del
lixiviado tratado solo a la salida del sistema de tratamiento terciario o unidades de
osmosis inversa.
> Ahuyentamiento de las aves en el relleno la miel, ya sea con el personal o mediante
métodos mecánicos
> Captación de los lixiviados que afloran en los taludes del relleno, promoviendo su
incorporación inmediata a la masa de residuos, chimeneas y filtros existentes, al igual
que realizar el mantenimiento de estos últimos evitando que los lixiviados afloren
sobre la cobertura terrea
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> Control del material volátil ya sea con la recolección diaria por el personal del relleno
o con el uso de mallas que permitan su contención.
s) Se amplía el plazo de entrega a 60 días de la información referente, a las
excavaciones y uso del material terreo, recebo, gravas canto rodado, que es usado
para actividades de conformación de taludes y filtros, de la siguiente
manera.
• Total de material extraído de la excavación que permite la construcción de la celda.
• Total de material necesario usado para la conformación de taludes.
• Topografía antes y después de la realización de la excavación, además de las
dimensiones de las mismas.
• Sitio donde se adquirió el recebo, gravas y canto rodado con los que se conforman
los filtros,
• Copia de las autorizaciones ambientales de los sitios donde se adquieren los
materiales comprados por parte de una autoridad ambiental competente
En cuanto a la intervención de las laderas naturales de la colina que colinda con la
vía de acceso a la celda D2, que actualmente se está llenando, se observa que se ha
realizado recientemente cortes en el talud, según lo informado en la visita fue
necesario retirar material que se derrumbó. En este punto se deja claridad que la no
se encuentra autorizado realizar cortes de laderas naturales ni la utilización de este
material y que en caso de presentarse derrumbes o cualquier situación que implica la
intervención de dichas laderas deberá informarse a CORTOLIMA.
OBLIGACIONES SOBRE EL PERMIOS DE VERTIMIENTOS:
De acuerdo con lo evidenciado en los radicados No. A771, del 09/04/2021, No. 4789
del 12/04/2021 y No 11240 del 23/07/2021, por parte del Parque Industrial de
Residuos Sólidos PIRS - La Miel: Se conceptúa lo siguiente:
1. El usuario INTERASEO SAS ESP, da cumplimiento a las obligaciones interpuestas
dentro del permiso de vertimientos otorgado mediante la Resolución No. 4882 del 30
de diciembre de 2019 […]
Es pertinente mencionar que no se realizó el cálculo del Índice de Calidad del Agua:
(ICA) y el Índice de Contaminación por Materia Orgánica (ICOMO al no contar con los
análisis de todos los parámetros requeridos para lo pertinente.
2. Allegan el muestreo realizado para el primer trimestre del año 2021, al vertimiento
generado a la salida de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL), evidenciando
que se llevó a cabo el monitoreo y análisis de los parámetros fisicoquímicos
establecidos dentro de la Resolución No.0631 de
2015. en su Artículo 14. Cabe resaltar que los parámetros analizados cumplen con
los valores límites máximos permisibles, a excepción de los Sólidos Sedimentables
(SSED) y grasas y aceites, los cuales no presentan resultado alguno.
3. El usuario INTERASEO SAS ESP, presenta el manejo de los lodos que han sido
generados durante la limpieza y mantenimiento de las unidades del sistema de
tratamiento; Por lo cual, están siendo dispuestos de manera correcta hasta los lechos
de secado, para finalmente ser enviados a las celdas de disposición final.
4. Se solicita a la Empresa INTERASEO SAS ESP, seguir dando cumplimiento a las
obligaciones establecidas dentro de los actos administrativos emitidos por
CORTOLIMA […]” (Destacado fuera del texto original).
196. Copia del Informe109 de visita de evaluación y Seguimiento – Permiso de
Vertimientos – licencia ambiental, efectuado por la Corporación Autónoma Regional
del Tolima – CORTOLIMA el 3 de agosto de 2022, según el cual:
109 Cfr. Folios 806 a 857.
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197. Copia del Acta110 de la Reunión Mesa de Trabajo del relleno sanitario “La
Miel” celebrada el 19 de enero de 2023, en la que participaron integrantes de
Interaseo S.A.S. E.S.P, de la Personería, de la Procuraduría, de INFIBAGUÉ, IBAL,
CORTOLIMA, de la Policía Nacional, de la Secretaría de Gobierno, de Salud, de
Planeación, entre otros.
198. Copia del Acta111 de la Reunión de la mesa de trabajo del relleno sanitario “la
Miel” celebrada el 31 de marzo de 2023, en la que participaron integrantes de
Interaseo S.A.S. E.S.P., de la Personería, de la Procuraduría, de INFIBAGUÉ, IBAL,
CORTOLIMA, de la Policía Nacional, de la Secretaría de Gobierno, de Salud, de
Planeación, entre otros.
Sobre la vulneración de los derechos e intereses colectivos
199. De conformidad con las pruebas allegadas al proceso la Sala encuentra que
en el año 2004 se le otorgó licencia ambiental a Interaseo S.A.S. E.S.P. para la
construcción y operación del relleno sanitario “La Miel”. Asimismo, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima le otorgó a esta empresa permiso de vertimientos
mediante la Resolución núm. 0289 de 18 de marzo de 2005.
200. El proyecto Parque Industrial de Residuos Sólidos “La Miel” está localizado
en la hacienda denominada con el mismo nombre, en la Vereda Buenos Aires, en
la zona rural del Municipio de Ibagué, aproximadamente a 18 kilómetros de la vía
Ibagué – Bogotá.
201. La Sala encuentra probado que existe una problemática relacionada con la
operación del relleno sanitario, derivada del manejo de los lixiviados, los cuales
afectan las cuencas hídricas Guacarí y Adobe. Además, existen dificultades
asociadas a la cobertura de residuos sólidos, en materia de control de vectores y
procesos erosivos; ello, aunado a la necesidad de tomar acciones que viabilicen la
disposición de residuos sólidos teniendo en cuenta la vida útil del proyecto.
202. Si bien, resulta cierto que, con ocasión de la interposición de la presente
acción constitucional, además de las decisiones que ha venido adoptando la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, se han tomado medidas con miras a
corregir las acciones que resultan adversas al medio ambiente y a los demás
derechos e intereses colectivos, la Sala considera que persiste la vulneración –
110 Cfr. Folios 1054 a 1059.
111 Cfr. Folios 1035 a 1041.
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como quedó evidenciado de las pruebas– contrario a lo manifestado por el Municipio
de Ibagué y la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.
203. El Municipio de Ibagué refiere que no es el responsable de la licencia
ambiental otorgada para el funcionamiento del Parque Industrial de Residuos
Sólidos “La Miel”. No obstante, resulta del caso reiterar que los rellenos sanitarios
son lugares técnicamente seleccionados con el objeto de prestar un servicio público
y con el propósito de evitar el peligro, daño o riesgo a la salud pública. Además, la
normativa establece que los entes territoriales son responsables de asegurar
que el servicio público de aseo se preste a los habitantes sin poner en peligro
la salud humana y, en particular, sin ocasionar riesgos para los recursos de
agua, aire y suelo.
204. En tal sentido, el Municipio de Ibagué y la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.
son responsables por las acciones y omisiones que se evidencian de la prestación
del servicio de aseo, en el componente de disposición de residuos sólidos.
205. Ahora bien, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
sustentó en su recurso de apelación adhesiva que no es responsable de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos, comoquiera que ha venido
ejerciendo sus funciones de control y vigilancia respecto del funcionamiento del
relleno sanitario “La Miel”, en el marco de sus competencias establecidas en el
artículo 31 de la Ley 99, razón por la cual, solicitó revocar el ordinal tercero de la
parte resolutiva.
206. Como se mencionó en el marco normativo y en el desarrollo jurisprudencial,
las Corporaciones Autónomas Regionales son responsables de: i) ejercer funciones
de vigilancia y control en las materias propias de su competencia; ii) imponer y
ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; iii) asesorar a las entidades
territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental; y iv) ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación
o recuperación del medio ambiente.
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207. Aunado a lo anterior, esta Sección en sentencia de 16 de mayo de 2019112,
concluyó que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen competencia para la
ejecución de obras que permitan garantizar el saneamiento ambiental, lo cual, de
forma razonable, comprende la realización de diseños y estudios para la
construcción de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos.
208. Pues bien, en este caso no se encuentra probado un actuar omisivo de parte
de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, motivo por el cual,
la Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, en la cual se declaró responsable a dicha entidad.
209. Sin embargo, esta Sala considera que la participación de la Corporación
Autónoma resulta necesaria para la solución definitiva de la problemática estudiada
en este asunto, razón por la cual, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, en especial, la establecida en el numeral 20113 del artículo
31 de la Ley 99, deberá cumplir lo dispuesto en los literales b y c del numeral 2.3
del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera
instancia.
210. De conformidad con el análisis de la Sala, no le asiste razón a la empresa
Interaseo S.A.S. E.S.P. al señalar que las partes no probaron los fundamentos de
hecho en los términos del artículo 30 de la Ley 472, toda vez que, quedó demostrada
la vulneración de los derechos e intereses colectivos como se indicó previamente.
Sobre las órdenes cuestionadas en los recursos de apelación
211. La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA cuestionó la
orden contenida en el literal a del numeral 2.3 del ordinal quinto, por cuanto sustenta
que para modificar la licencia ambiental e incluir las celdas “D2” y “E2” debe
adelantar un procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de
2015114 y en sus normas concordantes. Pese a lo anterior, la Sala encuentra que la
orden que se cuestiona es la referente al numeral 1.° del ordinal quinto, por el
contenido cuestionado.
212. En relación con esta misma orden, la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. indicó
que no tenía la obligación de solicitar la modificación de la licencia ambiental para
112 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de
2019, núm. único de radicación 850012333000201400230-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
113 Según el cual, las Corporaciones Autónomas Regionales deben “[e]jecutar, administrar, operar y mantener
en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”.
114 “Por medio del cual se expide el Decrto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
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la construcción de estas celdas, comoquiera que en la Resolución núm. 0354 de 26
de marzo de 2004115, se le otorgó licencia ambiental para el desarrollo de estas
etapas y solo debía cumplir con el requisito de “[…] presentar los diseños, planos
generales y de detalles de cada una de ellas para revisión y aprobación de
CORTOLIMA […]”116.
213. La Sala encuentra que le asiste razón a la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P.,
comoquiera que, en la Resolución referida se concedió licencia para el desarrollo
de las etapas B, C, D y E, motivo por el cual, se revocará el numeral 1.° del ordinal
quinto de la parte resolutiva.
214. Asimismo, la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. cuestionó las órdenes de los
numerales 1.1, 1.2, 2.2 y 2.3 del ordinal quinto de la parte resolutiva, por
considerarlas improcedentes o innecesarias teniendo en cuenta las acciones que
se han venido adelantando. La Sala considera oportuno mantenerlas dada la
gravedad de la afectación al medio ambiente, en especial, del recurso hídrico. Sin
embargo, se precisará que deberán llevarse a cabo, en caso de que a la fecha no
se hayan ejecutado; además, en los numerales 2.2 y 2.3 se agregará la condición
que se explica en el párrafo siguiente.
215. Por último, el Municipio de Ibagué pidió de manera subsidiaria modificar el
término para el cumplimiento de las órdenes dispuestas en los numerales 2.1, 2.2 y
2.3 del ordinal quinto de la parte resolutiva, en el sentido de señalar que el plazo no
sea contabilizado desde la ejecutoria de la sentencia, sino a partir de que se decida
el cierre, clausura o abandono del actual relleno sanitario, o se “apruebe el trámite
de ampliación de residuos”. Al respecto, la Sala considera idónea esta precisión en
la medida que permite a la administración municipal desarrollar un cronograma de
actividades congruente a la toma de decisiones, de conformidad con los análisis
pertinentes.
115 Cfr. Folios 114 a 143.
116 “[…] RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental a INTERASEO S.A. E.S.P., con registro mercantil No.
00044530 de la Cámara de Comercio de Santa Marta y con NIT. 819000939-1 para el proyecto, ‘PARQUE
INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LA MIEL IBAGUÉ - DISPOSICIÓN FINAL’ localizadas en la Hacienda
La Miel de la vereda Buenos Aires, en zona rural, del municipio de Ibagué, Departamento del Tolima,
aproximadamente a 18 kilómetros de la vía Ibagué - Bogotá.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el desarrollo del proyecto INTERASEO S.A. E.S.P. deberá dar estricto
cumplimiento a los diseños y los demás componentes contenidos en el documento presentado para
evaluación a CORTOLIMA Y denominado ‘ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PARQUE
INDUSTRIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LA MIEL IBAGUÉ - DISPOSICIÓN FINAL’, a el [sic] Plan de Manejo
Ambiental que lo contiene y las siguientes obligaciones:
1. Para el desarrollo de las etapas B, C, D y E del sitio de disposición final o Relleno Sanitario, cuatro (4)
meses antes a su entrada en funcionamiento, INTERASEO S.A. E.S.P., deberá presentar los diseños,
planos generales y de detalles de cada una de ellas para revisión y aprobación de CORTOLIMA.
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Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
216. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal sexto, lo siguiente:
“[…] SEXTO: INTEGRAR un comité de verificación, el cual estará conformado por el
titular de este Despacho, las partes y el Ministerio Público, con el fin de determinar el
cumplimiento a las órdenes impartidas, en atención a lo señalado en el artículo 34 de
la ley 472 de 1998.
El comité así establecido, deberá presentar a esta Corporación, con una periodicidad
no mayor a seis (06) meses, los respectivos informes debidamente documentados,
comunicando las actuaciones adelantadas con miras a dar cumplimiento a las
órdenes impuestas dentro del presente proveído […]”.
217. La Sala considera necesaria la modificación de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Tolima en lo relacionado con la conformación del Comité de Verificación de
cumplimiento, en el sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal
deberá presidir el comité de verificación.
218. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la providencia.
Conclusión
219. La Sala confirma la protección de los derechos e intereses al goce de un
ambiente sano, al goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes
de uso público, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y
que su prestación sea eficiente y oportuna y a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, comoquiera que se encuentra probada la afectación al recurso hídrico y
al medio ambiente, como consecuencia de la operación del relleno sanitario “La
Miel”.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
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III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 26 de octubre de 2023, por las razones expuestas en la
parte motiva, el cual quedará así:
“[…] TERCERO: DECLARAR que INTERASEO S.A. S. E.S.P. y EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del
espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público, seguridad y
salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente
y oportuna y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes invocados por la parte
accionante […]”.
TERCERO: REVOCAR el numeral 1.° del ordinal quinto de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de octubre de 2023, por las razones
expuestas en la parte motiva.
CUARTO: CONFIRMAR los numerales 1.1 y 1.2, del ordinal quinto de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 26 de octubre de 2023, siempre
y cuando a la fecha no se hayan adelantado dichas acciones, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: MODIFICAR los numerales 2.1, 2.2 y 2.3, en el sentido de señalar que el
plazo para el cumplimiento de cada una de las órdenes se contará a partir de la
decisión de cierre, clausura o abandono del actual relleno sanitario, o se “apruebe
el trámite de ampliación de residuos”, siempre y cuando a la fecha no se hayan
adelantado dichas acciones, según lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEXTO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima el 26 de octubre de 2023, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva, el cual quedará así:
“[…] SEXTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de
Cumplimiento, que deberá estar presidido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo del Tolima. Además, estará integrado por la parte actora, un delegado
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Núm. único de radicación: 730012333000201900324-01
del Municipio de Ibagué, un delegado de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA, un delegado de la empresa Interaseo S.A.S. E.S.P. y un
delegado de la Defensoría del Pueblo.
En el evento que, durante la ejecución de esta sentencia, se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo
que incluye todas las órdenes de la sentencia, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
SÉPTIMO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 26 de octubre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.
NOVENO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Aclara voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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