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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00912-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2022-00912-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: “Tercero: Se ordena al Municipio de San Carlos que en un término no superior a tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realice un censo que determine: i) la cantidad de habitantes por vivienda; ii) si se encuentran o no en alguna circunstancia de debilidad manifiesta o que permita catalogarlos como sujetos de especial protección constitucional; iii) la ubicación de cada vivienda en el mapa, identificando cuáles de ellas se encuentran en la ronda de la quebrada, del río o de cualquier otro cuerpo de agua natural que genere riesgo; y iv) el nivel de riesgo en que se encuentra cada grupo familiar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: “Cuarto: Ordenar al Municipio de San Carlos, respecto de los sectores que no se encuentren en zona de riesgo alto no mitigable, lo siguiente: 4.2. Realizar, dentro de los dos (2) meses siguientes a la elaboración del censo ordenado en el ordinal tercero de la parte resolutiva de esta sentencia, un estudio que permita, por un lado, establecer qué viviendas presentan pozos sépticos carentes de mantenimiento o con posibles derrames y, por el otro, determinar la situación socioeconómica de los integrantes del núcleo familiar de las viviendas seleccionadas, esto es: su calidad de empleado o no, si cuenta con alguna fuente distinta de recursos económicos, si se trata de padre o madre cabeza de familia, etc. Igualmente, establecer la edad de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2022-00912-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 050012333000202200912-01
Actores: Cecilia del Socorro Ayala Vélez, Carlos Alberto Agudelo y otros1
Demandados: Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento
de Antioquia; Municipio de San Carlos y Empresas Públicas de Medellín ESP.2
Vinculada: Corporación Educativa de Tecnologías Modernas3

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de
San Carlos contra la sentencia de 13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Los señores Cecilia del Socorro Ayala Vélez, Carlos Alberto Agudelo, Priscila
López Sierra, Claudia Lucero Duque Pérez, Gladis Amparo Ospina Hernández y
Verónica del Tránsito Gaviria Quiroz presentaron demanda4 contra la Nación -
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Departamento de Antioquia; el
Municipio de San Carlos y Empresas Públicas de Medellín ESP, en ejercicio del

1 Priscila López Sierra, Claudia Lucero Duque Pérez, Gladis Amparo Ospina Hernández y Verónica del Tránsito

Gaviria Quiroz.
2 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA NroActua 2.
3 Vinculada mediante auto admisorio proferido el 4 de agosto de 2022.
4 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_ACCIONPOPULARVILLA(.pdf) NroActua

2.

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respectivo medio de control, con el objeto de obtener la protección de los derechos
e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a la
seguridad y salubridad públicas; iii) al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; iv) al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; y v) a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] [Q]ue se proteja o cese la vulneración de los derechos e intereses colectivos y
fundamentales […] que están siendo amenazados y vulnerados a la comunidad del
Barrio Villa Triunfo (Vereda La Villa) por esa entidad; y en consecuencia se ordene:

1. Al Municipio de San Carlos, que en un tiempo máximo de seis meses adopte las
acciones administrativas pertinentes para la construcción de las obras que les
permitan a los habitantes del Barrio Villa Triunfo (Vereda la Villa) del Municipio de San
Carlos, gozar de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y por ende del
acceso al agua potable para el consumo humano, en condiciones suficientes,
salubres, accesibles y asequibles.

En consecuencia, se ordene a esta entidad que tome todas las medidas
presupuestales y de planeación que bien sea por ella misma, o en coordinación con
otras, deban llevarse a cabo y que permitan la construcción de las obras requeridas
para la garantía de los derechos antes señalados como vulnerados.

2. Adicional a lo anterior y en caso de considerarlo necesario, ordenar al Municipio
de San Carlos, que presente ante el Concejo Municipal, si fuera necesario para llevar
a cabo las obras, el proyecto de modificación del Plan de Ordenamiento Territorial,
ampliando el perímetro urbano del Municipio, de manera tal que se puedan llevar a
cabo las obras requeridas para la garantía de los derechos aquí señalados como
violados.

3. A Empresas Públicas de Medellín, que en virtud del principio de coordinación y
colaboración armónica y/o subsidiariedad, en contratación con el Municipio de San
Carlos y/o las demás entidades aquí demandadas, y/o de manera autónoma, adopte
las acciones pertinentes para la construcción de las obras que les permitan a los
habitantes del Barrio Villa Triunfo (Vereda la Villa) del Municipio de San Carlos, gozar
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y por ende del acceso a agua
potable para el consumo humano, en condiciones suficientes, salubres, accesibles y
asequibles.

En consecuencia, se solicita que se ordene a esta entidad que se tomen todas las
medidas presupuestales y de planeación que, ella por sí misma o en coordinación con
otras, deban llevarse a cabo y que permitan la construcción de las obras requeridas
para la garantía de los derechos antes señalados como vulnerados.

4. A la Gobernación de Antioquia, que en virtud del principio de coordinación y
colaboración armónica y/o subsidiariedad, con el Municipio de San Carlos y/o las
demás entidades aquí demandadas, y/o de manera autónoma, adopte las acciones
pertinentes para la construcción de las obras que les permitan a los habitantes del
Barrio Villa Triunfo (Vereda la Villa) del Municipio de San Carlos, gozar de los servicios

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públicos de acueducto y alcantarillado, y por ende del acceso a agua potable para el
consumo humano, en condiciones suficientes, salubres, accesibles y asequibles.

En consecuencia, se solicita que se ordene a esta entidad que se tomen todas las
medidas presupuestales y de planeación que ella, por sí misma o en coordinación con
otras, deban llevarse a cabo y que permitan la construcción de las obras requeridas
para la garantía de los derechos antes señalados como vulnerados.

5. A El Ministerio de Vivienda, Viceministerio del Agua y Saneamiento Básico, que
adopte las acciones de coordinación y asesoría pertinentes que se inscriben dentro
de sus competencias, para la construcción de las obras que les permitan a los
habitantes del Barrio Villa Triunfo (Vereda la Villa) del Municipio de San Carlos, gozar
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y por ende del acceso a agua
potable para el consumo humano, en condiciones suficientes, salubres, accesibles y
asequibles.

En consecuencia, se solicita a esta entidad que se tomen todas las medidas
presupuestales y de planeación que ella por sí misma, o en coordinación con otras,
deban llevar a cabo y que permitan la construcción de las obras requeridas para la
garantía de los derechos antes señalados como vulnerados […]”5.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. El barrio Villa Triunfo es un asentamiento con una extensión de 5 hectáreas
614 metros cuadrados ubicado en la vereda La Villa, zona rural del Municipio San
Carlos en el Departamento de Antioquia. Hace parte de un asentamiento más
grande denominado barrio Villa Esperanza, el cual cuenta con aproximadamente
2.200 personas; además, se encuentra cerca de la ribera del río San Carlos y está
identificado con folio de matrícula inmobiliaria núm. 018-53238, cédula catastral
6492001000003000108000000000 y ficha predial 18705186.

3.2. Es una zona de ocupación irregular a la que, a mediados del año 2019,
llegaron inicialmente 336 familias y a la fecha está habitada aproximadamente por
400 familias, quienes han adquirido predios con documentos privados de
compraventa o con declaraciones extra juicio en las que el poseedor del predio de
mayor extensión, quien se encuentra allí hace más o menos 25 años, les ha
otorgado.

3.3. Los habitantes del mencionado Barrio en su mayoría son víctimas de
desplazamiento forzado u otros hechos atribuibles al conflicto armado interno, son
población vulnerable, dentro de los que se identifican sujetos de especial protección

5 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_001DemandaAccionPopular.pdf(.PDF)

NroActua 2.

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constitucional, como adultos mayores, madres cabeza de familia, personas en
situación de discapacidad, menores de edad, entre otros.

3.4. Dicho terreno es propiedad de la Corporación Educativa de Tecnologías
Modernas, cuenta con una extensión de 9.072 hectáreas y, según el folio de
matrícula inmobiliaria 018-53238, una porción del predio equivalente a 3.172 metros
cuadrados fue restituida mediante sentencia núm. 4 de 5 de junio de 2019 proferida
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras
de Antioquia. Aquella porción de tierra fue separada de la matrícula inmobiliaria
inicial y se abrió una nueva con número 018-163461, así que la zona sobre la cual
recae la presente acción no es la misma al predio que fue restituido mediante la
sentencia referida.

3.5. En matrícula inmobiliaria núm. 018-53238, correspondiente al predio en
donde se ubica el barrio Villa Triunfo, se realizó la inscripción de la medida cautelar
del Registro Único de Predios y Territorios Abandonados – RUPTA, dispuesta por
el Comité Municipal de San Carlos para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia, con el propósito de prevenir a los registradores
abstenerse de inscribir actos de enajenación o transferencia a cualquier título de
bienes rurales según lo dispuesto por el Decreto 2007 de 24 de septiembre de
20016.

3.6. El Barrio no cuenta con un sistema de acueducto ni de alcantarillado, el agua
es tomada principalmente de un nacimiento ubicado en el mismo terreno y se
transporta, sin ningún tipo de tratamiento, desde un tanque instalado por la
comunidad hacia las diferentes viviendas mediante mangueras de 2 a 4 pulgadas
de diámetro.

3.7. Con el propósito de evaluar la calidad del agua, el 30 de mayo de 2022, la
Universidad de Antioquia realizó estudios físico químicos a dos muestras de agua
tomadas en distintos puntos de la Vereda, se detectaron coliformes fecales de
origen animal-humano y bacteria Escherichia coli, con lo que se prueba la
contaminación de las aguas con materia fecal, así se concluyó que desde el punto
de vista microbiológico no es apta para el consumo humano y causa graves
enfermedades en los seres humanos que la consumen.

6 “[…] por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 7°, 17 y 19 de la Ley 387 de 1997, en lo relativo a la

oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del retorno voluntario a su lugar
de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan medidas tendientes a prevenir esta situación […]”.

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3.8. Ante dichas circunstancias la comunidad le ha solicitado al Municipio de San
Carlos que instale la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado; sin embargo, la entidad territorial ha
manifestado que es imposible debido a que no puede disponer de recursos públicos
para ese fin, teniendo en cuenta que el predio es de carácter privado.

3.9. En el intento de superar la falta de acueducto se ha incurrido en factores de
riesgo al construir diseños rudimentarios, los cuales se han asociado a la
inestabilidad de terrenos por la filtración de aguas; además, para solventar la falta
de alcantarillado se construyeron una serie de pozos sépticos para la recolección
de aguas residuales, siendo esto un factor de riesgo importante para los habitantes.

3.10. El 14 de septiembre de 2021 la Fundación Forjando Futuros solicitó al
Municipio de San Carlos información respecto a si han realizado cambios en el Plan
de Ordenamiento Territorial para integrar al barrio Villa Triunfo en el área urbana.
En respuesta de 30 de noviembre de 2021, el Municipio indicó que no lo ha
examinado ni ha realizado estudio alguno para determinar la viabilidad de dicha
integración.

3.11. El 29 de julio de 2022 la parte accionante remitió escritos al Municipio de San
Carlos y a Empresas Públicas de Medellín, solicitando se tomen medidas para
proteger los derechos e intereses colectivos, a lo que el primero guardó silencio y el
segundo respondió manifestando que no tiene cobertura para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de San
Carlos. Afirmó que Empresas Públicas de Medellín presta los servicios de energía
eléctrica en el Barrio.

Contestaciones de la demanda

4. La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio7 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas8, así:

4.1. Señaló que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos de los
habitantes del barrio Villa Triunfo de la vereda La Villa en el Municipio de San Carlos
debido a que no es la parte legitimada a responder por lo que pretenden los
accionantes, no tiene competencia de prestador de servicios públicos domiciliarios.

7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 13 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Archivo denominado:
10_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 13.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200912-01

4.2. Indicó que no existe prueba que demuestre la supuesta vulneración, además,
que la parte actora no cumplió el requisito de procedibilidad de solicitar a la
autoridad que adopte las medidas para proteger el derecho e interés colectivo.

4.3. Manifestó que su actuar como rector de la política pública se ha concentrado
en brindar lineamientos frente a los requerimientos técnicos que deben tener en
cuenta las entidades territoriales al momento de formular sus proyectos
considerando la continuidad, cobertura y calidad de los servicios públicos.
Asimismo, ha realizado la evaluación para determinar si los proyectos del sector de
agua potable y saneamiento básico, en los cuales se solicite apoyo financiero de la
Nación, cumplen con las condiciones legales, financieras y ambientales requeridas
en la Resolución 661 de 23 de septiembre de 20199.

4.4. Advirtió que los municipios y los gestores del Plan Departamental de Aguas
son los encargados de iniciar la gestión de recursos y priorización de los proyectos
que soliciten apoyo de la Nación. Igualmente, expuso que los proyectos de
infraestructura de esta índole deben ser gestados al interior de la entidad territorial
de conformidad con las necesidades de la comunidad y que “[…] los participantes
en los PDA cuentan con el apoyo permanente del Ministerio de Vivienda[,] Ciudad
y Territorio, quien brinda asistencia técnica a las entidades territoriales, a las
autoridades ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en
el marco de las competencias señaladas para el sector en el Decreto 3571 de 2011
modificado por el 1604 de 2020 […]”.

4.5. Propuso como excepciones las denominadas: i) “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, ii) “falta de demostración de la afectación de los derechos por
parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” e iii) “incumplimiento de
requisito de procedibilidad”.

5. El Municipio de San Carlos10 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos11:

9 “[...] Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua

potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga
la Resolución número 1063 de 2016 y se dictan otras disposiciones […]”.
10 Por intermedio de apoderado.
11 Cfr. Índice 8 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Archivo denominado:
3_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACION000202(.pdf) NroActua 8.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200912-01

5.1. Adujo que el accionante no aportó elementos de prueba que sustenten la
presunta violación a los derechos e intereses colectivos, además, la ausencia de
sistemas hidráulicos de acueducto y alcantarillado en zona rural, sobre predios
privados, con riesgo de inundación no vulnera injustificadamente derecho colectivo
alguno y, por lo tanto, las pretensiones del actor deben ser desestimadas.

5.2. Adicionó que no le consta la ocupación del predio por la persona mencionada
en la demanda como quien ha otorgado predios, ni las negociaciones privadas
celebradas entre los habitantes de la zona.

5.3. Afirmó que se expidió decreto municipal ordenando la protección de predios
con ocasión de la violencia generalizada en los términos señalados en la demanda.

5.4. Indicó que el predio no cuenta con servicio público de alcantarillado debido a
que es privado, además que el Municipio no ha realizado estudios de la calidad de
agua del afluente que suministra el recurso al barrio Villa Triunfo.

5.5. Destacó que las obras solicitadas no se encuentran contempladas en el plan
de desarrollo del Municipio, ni se cuenta con los recursos ni con los diseños para la
construcción.

5.6. Manifestó que las pretensiones de la demanda se fundamentan en la
vulneración al derecho a la propiedad privada, a la normativa de la construcción, al
principio de planeación de la administración pública. Además, de realizarse la obra
se trataría de una donación a un particular o una ocupación de hecho con obras de
infraestructura urbana sobre el predio de un particular, siendo que el propietario no
ha cedido predios al Municipio.

5.7. Señaló que son terrenos de naturaleza rural, no se permite construcción de
vivienda, y se encuentran en alto riesgo de inundación.

5.8. Solicitó que, de comprobar la temeridad del demandante, sea condenado en
costas.

6. El Departamento de Antioquia12 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos13:

12 Por intermedio de apoderado.
13 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Archivo denominado:
17_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_202200912CONTESTAC(.pdf) NroActua 15.

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8

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6.1. Mencionó que tiene competencias complementarias y subsidiarias frente a
las situaciones que se plantean en los hechos, siendo el Municipio la autoridad
competente para atender esta circunstancia.

6.2. Adujo que no ha vulnerado o amenazado los derechos e intereses colectivos,
su función es de apoyo y coordinación a las entidades territoriales de orden
municipal, quienes tienen a su cargo la construcción de obras para el suministro de
agua potable.

6.3. Indicó que, a través de la Gerencia de Servicios Públicos del Departamento,
el Municipio debe tener la iniciativa de solicitar el apoyo, además, puede realizar la
gestión de proyectos en caso que se identifique solicitar la priorización a nivel
territorial.

6.4. Adicionó que el Municipio de San Carlos se encuentra vinculado al Plan
Departamental de Aguas, aun así, no ha manifestado solicitud o presentación de
proyecto con relación a los sistemas de acueducto y alcantarillado.

6.5. Señaló que, a pesar de no ser su competencia, al tratarse de inmuebles que
no tiene licencia de construcción y predios con titularidad en discusión, debe tenerse
en cuenta que la Corte Constitucional determinó unas reglas en materia de
acueducto y alcantarillado dentro de las cuales se encuentra la responsabilidad de
adelantar los trámites catastrales y urbanísticos respectivos a fin de cumplir con los
requisitos legales para la conexión de los servicios públicos mencionados

6.6. Propuso las excepciones denominadas: “inexistencia de responsabilidad por
parte del Departamento de Antioquia respecto de la presunta vulneración de los
derechos colectivos aducidos en la Acción Popular” y “actuación del Departamento
de Antioquia acorde con la Constitución y la Ley, que le asignan competencias
concurrentes, complementarias y subsidiarias frente a lo pretendido por los
accionantes”.

7. La Corporación Educativa de Tecnologías Modernas14 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así15:

14 Por intermedio de apoderado.
15 Cfr. Índice 36 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Archivo denominado:
37_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONF(.pdf) NroActua 36.

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7.1. Manifestó que la responsabilidad de la comunidad en la causación del riesgo,
cuando se instaló como asentamiento ilegal y contaminó los afluentes hídricos, no
constituye una causal de exoneración de responsabilidad para la autoridad
competente de la prestación de los servicios públicos.

8. Empresas Públicas de Medellín ESP.16 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas, así17:

8.1. Resaltó la discrepancia entre la extensión del predio donde se ubica el
asentamiento, inicialmente se habló de una extensión de 5 hectáreas y 614 mts 2 y
posteriormente, en el mismo escrito, se indicó que la extensión del predio es de
9,0972 hectáreas. En todo caso, correspondería a la parte demandante probar las
circunstancias narradas en este hecho.

8.2. Mencionó que no le corresponde prestar el servicio de acueducto o
alcantarillado debido a que no tiene cobertura para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el municipio de San Carlos,
Antioquia; por lo tanto, no es vulneradora de los derechos e intereses colectivos
invocados en la presente acción popular. Adicionalmente, señaló que ha sido el
Municipio de San Carlos quien asumió la prestación directa de dichos servicios.

8.3. Confirmó que, si bien presta el servicio de energía eléctrica en algunas
viviendas del barrio Villa Triunfo, no se puede señalar que sea la encargada de
prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, tanto así que Empresas Públicas
de Medellín no ha participado de invitación pública ni se ha ofrecido para prestar los
servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de San Carlos.

8.4. Propuso la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.

Audiencia de pacto de cumplimiento

9. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia celebró
la audiencia de Pacto de Cumplimiento el 3 de mayo de 202318, sin que existiera

16 Por intermedio de apoderado.
17 Cfr. Índice 14 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Archivo denominado:
12_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_05001_23_33_000_2022(.zip) NroActua 14.
18 Cfr. Índice 51 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Archivo denominado: 59_AUDIENCIACELEBRADA_00020220091200AC(.pdf) NroActua 51.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200912-01

propuesta de acuerdo, por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de
cumplimiento.

Sentencia proferida, en primera instancia

10. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante sentencia de 13 de septiembre de 2023, resolvió:

“[…] Primero: Declarar la falta de legitimación por pasiva propuesta por la Nación
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Empresas Públicas de Medellín.

Segundo: Amparar los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna, la seguridad y salubridad pública y al goce de
un ambiente sano.

Tercero: Se ordena al municipio de San Carlos que en un término no superior a tres
meses realice un censo de los habitantes de la comunidad de Villa Triunfo precisando
con exactitud si se encuentran o no en alguna circunstancia de debilidad manifiesta o
que permita catalogarlos como sujetos de especial protección constitucional.

Cuarto: Ordenar al municipio de San Carlos que en un término no superior a tres
meses garantice la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, a través
de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa para resolver las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del sector de Villa Triunfo,
medida que se prolongará hasta que las personas afectadas cuenten con el servicio
regular o convencional de acueducto y alcantarillado en el sector en que sean
reubicados.

Quinto: Se ordena al municipio de San Carlos realizar las actividades necesarias a
efectos de reubicar a la población respectiva en lugares donde se garantice la
adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Para
esto, el municipio contará con un plazo máximo de doce (12) meses.

Sexto: Confórmese un Comité de verificación integrado por el alcalde Municipal de
San Carlos, los actores populares, el Agente del Ministerio Público y por el Defensor
del Pueblo Regional Antioquia, para que se encarguen de comprobar el cumplimiento
de lo aquí ordenado.

Séptimo: Remítase por secretaría copia del presente fallo a la defensoría del pueblo
para que sea incluido en el registro público centralizado de acciones populares y de
grupo, previsto en el artículo 80 de la ley 472 de 1998.

Octavo: Sin costas en esta instancia.

Noveno: Háganse las anotaciones respectivas en el aplicativo ‘SAMAI’ […]”19.

Consideraciones del Tribunal

11. El Tribunal planteó los siguientes problemas jurídicos:

“[…] ¿Existe amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados, como
consecuencia de la ausencia de la infraestructura adecuada para la prestación de

19 Cfr. índice 72 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-00.
Archivo denominado: 86_SENTENCIA(.pdf) NroActua 72.

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los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el sector barrio
Villa Triunfo, Vereda la Villa del municipio de San Carlos – Antioquia?

En caso afirmativo, ¿determinar si los demandados y/o vinculados, son
responsables de dicha amenaza y/o vulneración?

De ser afirmativo lo anterior ¿establecer cuáles son las órdenes que se deben emitir
para la protección de los señalados derechos? […]”.

12. El Tribunal advirtió que había “[…] amenaza o vulneración de los derechos
colectivos invocados, por cuenta de la ausencia de la infraestructura adecuada para
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en
el Barrio Villa Triunfo Vereda La Villa del Municipio de San Carlos Antioquia […]”.

13. El Tribunal aludió a que los municipios son los primeros responsables de la
prestación de los servicios públicos domiciliarios y, si en alguna ocasión se ven
superados en su capacidad de gestión, deben acudir a distintas alternativas y
niveles de la administración pública para obtener la asistencia necesaria que les
permita materializar los fines esenciales del Estado.

14. El Tribunal precisó que el Municipio de San Carlos no había presentado
ningún proyecto de inversión al Departamento de Antioquia, encaminado a
garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, el
cual es un paso necesario para otorgar el apoyo.

15. En ese sentido, adujo que el Municipio es responsable de la vulneración de
los derechos e intereses colectivos, asimismo que debe participar en la ejecución
de las medidas adecuadas para salvaguardar dichos derechos; por lo tanto, se
ordenó que diera aplicación al principio de coordinación y promoviera la solución
para la circunstancia concreta, en un inicio, con la realización de un censo para
determinar si se encontraban o no en circunstancias de debilidad manifiesta o como
sujetos de especial protección constitucional.

16. El Tribunal encontró demostrado que la zona objeto de la presente acción
constitucional es parte de una zona categorizada como de amenaza alta y riesgo
alto a inundaciones, por lo cual era necesario que el Municipio restituyera el área
evacuando el asentamiento allí situado debido a que no era factible realizar la
instalación de las redes de acueducto y alcantarillado.

17. El Tribunal reiteró que, independientemente de las dificultades técnicas,
jurídicas, físicas o de legalidad de los predios, la entidad territorial debe garantizar
la prestación de los mismos, inicialmente con un mecanismo provisional que deberá

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ser reemplazado hasta que haya un servicio regular o convencional de acueducto y
alcantarillado. Asimismo, advirtió que el Municipio deberá surtir las acciones
necesarias tendientes a conceder subsidios a los habitantes del barrio Villa Triunfo
que por razones socioeconómicas no tengan la posibilidad de pagar las tarifas
correspondientes a la prestación provisional de los referidos servicios hasta cuando
cuenten con el servicio regular en el sitio en que fueron ubicadas.

18. En la misma decisión el Tribunal señaló que no se efectuó condena en costas
al no comprobarse causación de las mismas.

Recurso de apelación

19. El Municipio de San Carlos20 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó revocatoria de los
ordinales cuarto y quinto con fundamento en los siguientes argumentos:

19.1. Manifestó que no hay derechos colectivos transgredidos, se trata de
intereses individuales de varias personas que invadieron un predio privado, no
trasciende más allá de una controversia subjetiva y particular debido a que no se
evidencia un fin público, afirmando que “[…] la suma de acciones individuales nunca
se pueden(sic) convertir en un derecho colectivo […]”. No se trata de una falla en la
prestación del servicio sino la búsqueda de la prestación del mismo desde la
ilegalidad, con lo cual se está legitimando ese tipo de ocupaciones.

19.2. Señaló que los accionantes están ocupando la parte rivereña del río,
conducta que quebranta el espacio público, sin olvidar que se encuentra en zona de
inundación. Además, ellos mismos se han puesto en la condición de marginalidad
en la que se encuentran al construir sus viviendas en terrenos no propicios para la
construcción.

19.3. Indicó que se encuentra probado que los predios invadidos son de propiedad
privada, además, que parte del predio se encuentra en zona de alto riesgo
catastrófico por inundación de río. Aseveró que, a pesar de lo mencionado, el
Tribunal ordenó intervención para la prestación de los servicios públicos con
recursos inexistentes en una zona que demanda salvaguarda de las cuencas
hidrográficas.

20 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_APELACION65MEMORIA(.pdf)

NroActua 2.

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19.4. Advirtió que existe un procedimiento establecido y unos mecanismos legales
para el acceso a los servicios públicos, los cuales han sido obviados por los
accionantes y, a pesar de ello, el Municipio debe garantizar la prestación del
servicio. Destacó que la orden del Tribunal desconoce el principio de la anualidad
del gasto, el Municipio no cuenta con presupuesto suficiente para ejecutar las obras
ordenadas.

19.5. Indicó que a la fecha no existen estudios técnicos, ni diseños, ni recursos
para la ejecución de las obras ordenadas, aun ni para las provisionales; son gastos
que no se encuentran contemplados en el plan del desarrollo ni en el presupuesto.

19.6. Afirmó que el término de tres meses para garantizar el suministro de servicios
públicos es insuficiente debido a que, así se contara con los recursos, solo los
estudios y documentos previos llevarían más de un mes, reiterando que los estudios
previos son necesarios destacando el principio de planeación.

19.7. Al respecto reiteró que la realización de la planta de tratamiento de agua
potable y de aguas residuales, de conformidad con las órdenes del Tribunal,
implicaría la ocupación de hecho de bienes inmuebles privados, lo cual requiere
trámites previos como: un plan de manejo ambiental, consecución de autorizaciones
y licencias ambientales ante la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de
los Ríos Negro y Nare.

19.8. Mencionó que la zona del presente caso se encuentra por fuera de la
cabecera municipal y ni siquiera para el sector urbano existe planta de tratamiento
de aguas residuales.

19.9. Respecto a la reubicación de la población señaló que es una orden que se
asumió sin que estuviera en las pretensiones de la demanda, por lo cual el Municipio
no había tenido oportunidad de manifestarse al respecto y es una conducta que
configura una falta al debido proceso. Asimismo, en los procesos de reubicación
que se han llevado a cabo en dicha entidad territorial se han necesitado años de
planeación y apropiación de recursos para la compra de predios; por lo tanto,
consideró que la sentencia no tuvo en cuenta el principio de anualidad del gasto
público y para el cumplimiento de dicha orden sería necesario comprometer
presupuestos subsiguientes.

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Actuaciones en segunda instancia

20. El Magistrado Sustanciador de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia profirió auto de 25 de septiembre de 202321 mediante el
cual se concedió, en efecto suspensivo, el recurso de apelación presentado por el
Municipio de San Carlos contra la sentencia proferida, en primera instancia.

21. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 6 de
octubre de 202322, a través del cual ajustó al efecto devolutivo el recurso de
apelación interpuesto por el Municipio de San Carlos contra la sentencia de 13 de
septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

22. El Despacho sustanciador profirió auto de 15 de abril de 202423 mediante el
cual admitió el recurso de apelación presentado por el Municipio de San Carlos
contra la sentencia de 13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Las partes e intervinientes
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho ambiental
como garantía del goce de un ambiente sano; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho al goce de un ambiente sano; vi) el marco normativo y
jurisprudencial sobre el derecho e interés colectivo a la seguridad y la salubridad
públicas; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; viii) el marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el
saneamiento básico; ix) el marco normativo sobre las competencias de las
autoridades en materia de saneamiento básico y prestación del servicio público
domiciliario de alcantarillado; y xiv) el análisis del caso concreto.

21 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_66AUTOCONCEDERECURS(.pdf) NroActua 2.
22 Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado
AUTOQUEREVOCAOCORRIGELADECISION(.pdf) NroActua 4.
23 Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
31AUTOQUEADMITE_AP202291201CECILIADE(.pdf) NroActua 10.

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Competencia de la Sala

24. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201924, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15025 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

25. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

26. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Municipio de San Carlos en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con los
artículos 32026 y 32827 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201228, norma aplicable al
presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Problemas jurídicos

27. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:

27.1. Si el Municipio de San Carlos es o no responsable de la vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos ocasionada por la ausencia de
infraestructura para la prestación de los servicios públicos de acueducto y

24 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
25 Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...]

Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción [...]”. Aplicable en virtud del artículo 86 de la Ley 2080.
26 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
27 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
28 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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alcantarillado en el barrio Villa Triunfo ubicado en la vereda La Villa del Municipio
de San Carlos, objeto de esta acción popular; y, consecuencialmente, si esta
entidad es o no competente para cumplir las órdenes impartidas en la sentencia
proferida, en primera instancia, orientadas a la superación de la situación de
vulneración de los derechos e intereses colectivos

27.2. Si son procedentes o no las órdenes impartidas por el Tribunal en cuanto a
las medidas atinentes a reubicar a los habitantes y garantizar la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

27.3. Si la falta de recursos económicos es o no razón suficiente para no dar
cumplimiento a órdenes impartidas para garantizar la protección de los derechos e
intereses colectivos invocados.

28. Así, en consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

29. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

30. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

31. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

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32. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

33. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”29.

34. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

35. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).

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artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del goce de un ambiente sano

36. En el orden internacional30 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Rio de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo y como se establece en su preámbulo, tiene como
objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación
de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los
que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema
ambiental y de desarrollo mundial.

37. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera que más
de treinta disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos 8, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del Estado y de
las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función ecológica
de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de
especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos
fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

38. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que

30Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia de 19 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número.
270012331000201100179-02(AP).

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asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

39. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en
la Ley 23 de 19 de diciembre de 197331 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre
de 197432, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la
preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando
los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o
colectiva así como la actividad de la administración en lo que se refiere a las
relaciones que emanan del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

40. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano

41. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.

42. La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del medio ambiente sano
como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo
se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal,
y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera

31 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
32 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

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generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer,
toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta
desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto
universal del derecho […]”33.

43. En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho
alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la
calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con
los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son
titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la
obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las
condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del
Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos,
educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones
a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 88 superior […]”34.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo a la seguridad y la salubridad públicas

La seguridad pública

44. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

45. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional35 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: i) es un valor constitucional, ii) es
un derecho colectivo, y iii) es un derecho fundamental.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-699/2015. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. M.P.: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de
2017.
34 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.

núm. único de radicación 760012331000201101300-01(AP).
35 Corte Constitucional, Sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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46. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

47. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado36[…]”.

La salubridad pública

48. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200137, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200738 y 6.°, numeral 4.º, de la Ley 1801 de 29 de julio de 201639 , relativos
a la salud pública.

49. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

50. Asimismo, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. En esa línea, toda

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de

2007, núm. de radicación: 540012331000200400385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007,
núm. de radicación: 730012331000200301236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, núm. de radicación:
190012331000200500988-01(AP).
37 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
38 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan

otras disposiciones”.
39 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad.

51. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.

52. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

53. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.

54. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

55. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

56. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801, la salud
pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que
le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho de diferentes
connotaciones40.

57. Vista la Ley 9 de 24 de enero de 197941, el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,

40 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
41 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.

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sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii)
desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumación y exhumación,
trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y
control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.

58. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201742, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

59. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ‘salud
pública’ y ‘salubridad pública’ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”43.

60. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”44.

42 Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.

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61. Asimismo, esta Sección ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de
transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”45.

62. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]”46. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna

63. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

45 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 680012331

000201200485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 680012333000201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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64. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”47
(Destacado fuera de texto).

65. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente48, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.

Marco normativo internacional en materia del derecho al agua potable y
saneamiento básico

66. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales49 dispone que los estados parte reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Asimismo, el artículo 12 ibidem reconoce el derecho de
las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por medio
de medidas dirigidas a reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano

47 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
48 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número: 170012333

000201800493-01.
49 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI)

de 16 de diciembre de 1966. Además, fue aprobado mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, Por la cual
se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles
y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”.

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desarrollo de los niños; mejorar en todos sus aspectos la higiene del trabajo y del
medio ambiente; prevenir y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y crear condiciones que
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

67. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, por medio de la Observación General núm. 15 de 200250, interpretó los
artículos indicados supra y concluyó que constituye un derecho humano acceder al
agua y al saneamiento básico como una condición previa para la realización del
derecho a vivir dignamente.

68. Adicionalmente, la Asamblea General de Naciones Unidas, por un lado,
mediante la Resolución núm. 64/292 aprobada el 28 de julio de 201051, reconoció
que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; por el otro,
mediante la Resolución núm. 70/01 de 25 de septiembre de 2015 52, aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dirigida a la sostenibilidad económica,
social y ambiental de los estados miembros que la suscribieron, y cuyo objetivo
sexto consiste en garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, así
como el saneamiento para todos53; y, por último, mediante la Resolución 70/169
aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 201554, la Organización
de Naciones Unidas afirmó que los derechos humanos al agua potable y el
saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado son
esenciales para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos
humanos y reconoció que, en virtud del derecho humano al saneamiento, toda
persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable,
físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico.

50 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf
51 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
52 El Estado colombiano, con el objeto de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptó la Política

Pública CONPES 3918.
53 Con ello, en el año 2030 se busca lograr, entre otras cosas: i) el acceso universal y equitativo al agua potable

a un precio asequible para todos; ii) el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; iii) mejorar la
calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; y iv) proteger y
restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los
ríos, los acuíferos y los lagos.
54 https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/70/169

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Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico

69. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

70. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 de 11 de julio de 199455
señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos para garantizar la
atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico.

71. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 de 2 de junio de 199456
prevé que los municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de
agua potable y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo
con la normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.

72. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.

Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado

73. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.

55 […] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones

[…]”.
56 […] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios

[…]”.

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74. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente57, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental58 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios59.

75. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

76. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155160, la
norma señala lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

57 Artículo 79.
58 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974,

artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
59 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
60 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó

la Ley 136 de 2 de junio de 1994].

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Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

77. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”61; “[…] [v]elar porque quienes prestan
servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
servicios […]”62; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y
municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”63.

78. El artículo 67 de la misma Ley dispone que son funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-, en relación con los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las de:

“[…] 67.2. Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura
del servicio público que debe tutelar el ministerio, en el que se determinen las
inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas que deben estimularse.

67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y
colaborar en las negociaciones del caso; y procurar que las empresas del sector
puedan competir en forma adecuada por esos recursos.

67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer
las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación […]”.

61 Artículo 8.4.
62 Artículo 8.5.
63 Artículo 8.6.

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79. Asimismo, el artículo 162 ibidem enlista las funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- con relación a los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, entre las que se
destacan:

“[…] 162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales
y locales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de las decisiones
de la comisión de regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.
[…]

162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y
saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades
nacionales y seccionales.
[…]

162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse
y hacer la propuesta del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación
[…]” (Destacado fuera de texto).

80. En ese sentido, el Decreto 3571 de 27 de septiembre de 201164 estableció
las funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro de las cuales se
encuentran:

“[…] Artículo 2. Funciones. Además de las funciones definidas en la Constitución
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:

1. Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en
materia de vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y
saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su
implementación.
[…]

8. Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que
establezca la normativa vigente.
[…]

11. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos.
[...]

12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo
que cuenten con el apoyo financiero de la Nación […]” (Destacado fuera del
texto).

81. Así como, en el artículo 16 ibidem, dentro de la Dirección de Espacio Urbano
y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra la función

64 “[...] Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio [...]”.

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de “[…] 8. Apoyar la formulación de políticas de asentamientos humanos y
expansión urbana, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible […]”.

82. El artículo 19 ibidem, confirió dentro de las funciones del Despacho del
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio:

“[…] 1. Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de
agua potable y saneamiento básico.

2. Proponer los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento
para el sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación de
los recursos provenientes de dichas fuentes.
[…]

4. Presentar los criterios y lineamientos para la viabilización de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

5. Presentar los criterios y lineamientos para el seguimiento de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

6. Desarrollar esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos
que establezca la normativa vigente.
[…]

8. Liderar la elaboración de los estudios e informes sobre el desarrollo de las
políticas, planes, programas y proyectos impulsados por el Ministerio en
materia de agua potable y saneamiento básico.
[…]

10. Apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la
información de agua potable y saneamiento básico.
[…]

19. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión
Institucional, y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su
competencia […]” (Destacado fuera de texto).

83. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.

84. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su

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cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

85. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.

86. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.

87. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

88. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden de garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que

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consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.

89. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

90. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

91. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

92. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.

93. La Sección Primera del Consejo de Estado conoció de una acción popular
incoada con el objeto de que se amparan los derechos e intereses colectivos debido

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a que las autoridades demandadas se habían negado a conectar las acometidas
internas de las viviendas de la Asociación de Viviendas “Colinas de Calicanto” a la
red del sistema de alcantarillado propiedad de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, al tratarse de un asentamiento ilegal ubicado
sobre una falla geológica, cuyo terreno presentaba inestabilidad y riesgo de
deslizamiento. En esa oportunidad, la Sección advirtió, por un lado, que la referida
asociación de viviendas era un “[…] asentamiento subnormal […]”65 que no había
cumplido el proceso de legalización y, por el otro, que la empresa de servicios
públicos se encontraba imposibilitada para prestar el servicio de alcantarillado, en
atención al riesgo de desastre que supondría la instalación de la infraestructura
correspondiente.

94. Por estas razones, mediante sentencia de 1° de marzo de 2018, la Sala
decidió exonerar a la Empresa de Acueducto, de responsabilidad por la vulneración
de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, decidió confirmar la orden
dictada por el juez de primera instancia en el sentido de “[…] ‘ORDENAR a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. […] que brinde
acompañamiento al Municipio de Popayán (Cauca) en la realización de los estudios
de viabilidad para construcción del acueducto y alcantarillado en el Barrio Colinas
de Calicanto, así como en la ejecución del proyecto de construcción del mismo, si a
ello hubiese lugar […]’. A juicio de esta Sala esa orden es acertada, teniendo en
cuenta el deber de colaboración que asiste por igual a todos los sujetos, en aras a
que sea factible el efectivo cumplimiento de los cometidos estatales […]” 66.

95. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere
el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,

65 De conformidad con la definición prevista en el artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015,

el cual modificó el artículo 3 del Decreto 302 de 2000, a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 229 de
2002, cuando dispone lo siguiente: “[…] 13. Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de
servicios públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura
formal urbana […]”.
66 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018 con núm. único de radicación

190013331005201100294-01 (AP), M. P: Hernando Sánchez Sánchez.

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a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”67
(Destacado fuera del texto).

Marco normativo sobre las competencias de las entidades territoriales locales
en materia de saneamiento básico y prestación del servicio público
domiciliario de alcantarillado

96. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.

97. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente68, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental69 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios70.

98. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

99. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
68 Artículo 79.
69 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974,

artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
70 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.

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la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.

100. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

101. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.

102. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.

103. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1.º., 3.º y 6.º del artículo 5.° señala
que es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios
públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente
por la administración del ente territorial; disponer el otorgamiento de subsidios a los

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usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio; y apoyar
con inversiones y otros instrumentos a las empresas de servicios públicos
promovidas por los departamentos y la Nación para realizar actividades de su
competencia.

104. Igualmente, vistos los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de la Ley 388, sobre
la acción urbanística, la función pública del ordenamiento territorial se ejerce
mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a
las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias,
entre las cuales se encuentran localizar y señalar las características de la
infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento
de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos, así como los equipamientos
de servicios de interés público y social como centros docentes y hospitalarios; y
dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para los servicios públicos
domiciliarios, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas,
de conformidad con la ley.

105. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

106. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.

107. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,

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dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

108. De acuerdo con lo anterior, en el Régimen de los Servicios Públicos
Domiciliarios se establecieron unas condiciones para garantizar la prestación del
servicio público de acueducto en aquellas en las que fuere posible garantizar
condiciones de calidad, continuidad y cobertura del suministro, no obstante, en
algunas circunstancias no es posible su aplicación. Por ello, en virtud del principio
de coordinación el Decreto 2246 de 31 de octubre de 201271, definió en su artículo
3 el “Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA”
como “[…] un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional
formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los
recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico,
teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las
entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la
implementación efectiva de esquemas de regionalización […]”.

109. El artículo 2 del Decreto 2246 de 2012 señala que sus disposiciones son
aplicables “[…] a todos los participantes en la coordinación interinstitucional
del […] PAP-PDA; a los consejos directivos, gestores, instrumentos de manejo de
los recursos, departamentos y municipios, que en virtud de las Leyes 1176 de 2010
y 1151 de 2007, están sujetos al manejo de los recursos del Sistema General de
participaciones a través de Planes Departamentales de Agua […]”.

110. La misma regulación define las autoridades que, en virtud del principio de
articulación de la actividad administrativa, deben concurrir a planificar, diseñar
programar, y materializar las estrategias que se requieran en materia de los
servicios públicos de acueducto y saneamiento ambiental, así:

“[…] Artículo 4°. Participación en el PAP-PDA. Son participantes en la
coordinación interinstitucional de los PAP, los que se señalan a continuación:

1. El Departamento.

2. Los Municipios y/o Distritos.

3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

71 “Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 […]”.

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4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, y

5. Las autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios y/o distritos
ubicados en el territorio del respectivo departamento.

Parágrafo. Podrán tener esta condición, las personas jurídicas de derecho público,
privado o mixto, que aporten recursos financieros y/o técnicos y/o humanos, previa
aprobación del Comité Directivo […]” (Destacado fuera del texto).

111. Otra manifestación de la cooperación administrativa que se requiere en el
sector se evidencia en las denominadas “estructuras operativas”, conformadas por
un comité directivo y un ente gestor.

112. El Comité Directivo es definido como “[…] la máxima instancia de decisión y
coordinación interinstitucional del PAP-PDA […]” y está integrado por el
departamento, que fungirá como presidente a través de su gobernador, por los
municipios y distritos participantes representados por dos de sus alcaldes, por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por la autoridad ambiental competente,
por el Departamento Nacional de Planeación y por el ente gestor72.

113. Esta estructura se encarga principalmente “[…] de aprobar el ejercicio de
planificación y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un
análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el
nivel departamental […]”73. Asimismo, el parágrafo del artículo 5 del Decreto 2246
contempla la posibilidad de que el comité directivo contrate consultorías
especializadas cuando el ente gestor acredite “[…] debilidades puntuales para el
desarrollo de [sus] funciones […]”. Para ello, el comité deberá considerar “[…] las
condiciones técnicas e institucionales del departamento […]”.

114. Entre otras funciones, el comité directivo también se encarga de aprobar el
plan de aseguramiento de la prestación para los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo para cada municipio participante, de articularse
con el trabajo de la autoridad ambiental competente, de revisar y aprobar los
instrumentos de inversión y de revisar, ajustar y aprobar las metas del PAP-
PDA74.

115. El Decreto 2246 de 2012 integra en el plan general estratégico y de
inversiones: el componente de infraestructura, el componente de aseguramiento de
la prestación de los servicios del PAP-PDA y el componente ambiental. Dichos

72 Artículo 10.
73 Artículo 5, numeral 1.
74 Artículo 13, numerales 2 al 5.

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elementos aluden a la realización: de un diagnóstico técnico base del estado de la
prestación de los servicios del programa, de una línea base y metas con los
indicadores correspondientes para cada municipio participante, y de la definición de
las fuentes, usos y recursos a comprometer por actor y componente 75.

116. En ese sentido, otro de los instrumentos de planificación del PAP-PDA, es el
plan de aseguramiento de la prestación de los servicios, el cual se refiere
expresamente a que, antes de poner en marcha cualquier estrategia, es necesario
agotar unas fases de diagnóstico, prefactibilidad y diseño, cuya definición es la
siguiente:

“[…] 4. Plan de Aseguramiento de la Prestación: Es el documento que contiene el
conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y
regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad
de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio. En el documento se
definirán tres fases a saber:

4.1. Fase I: Diagnóstico y Prefactibilidad. Consolidación y desarrollo de diagnósticos
de los municipios y prestadores desde el punto de vista institucional, técnico,
capacidad y disponibilidad de pago, viabilidad financiera de los prestadores,
viabilidad empresarial, que precise por cada municipio la línea de base de los
indicadores de la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo, así
como los riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios, con
arreglo a los indicadores y a la metodología de identificación y valoración de riesgos
definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en colaboración con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

4.2. Fase II: A partir del resultado de la Fase I, se debe seleccionar un escenario de
acción frente a cada municipio: a) Fortalecimiento institucional, b) Transformación
empresarial (incluiría vinculación de operadores) y c) Revisión de contratos de
operación, en el que se precise para cada municipio como mínimo: Las metas de
cada uno de los indicadores que hagan viable la prestación de cada uno de los
servicio, así como las acciones propuestas para alcanzarlas, y para mitigar los
riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios. Para cada una de
las acciones se deberán definir resultados medibles y verificables, recursos
requeridos, responsables y cronogramas de ejecución […]”76.

117. Adicionalmente, un instrumento de planificación indispensable en el marco
del PAP-PDA es el plan ambiental, el cual “[…] tiene por objeto considerar en la
planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a
dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad […] considerando la oferta

75 Artículo 17, numeral 4.
76 Artículo 17, numeral 2.

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y demanda de recursos naturales renovables disponibles […]”77 (Destacado
fuera de texto).

118. El ente gestor puede ser “[…] una empresa de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental […]
[cuyos] estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos
del departamento que lo soliciten; o el departamento […]”. Este ente, “[…] [e]s el
responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-
PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el
departamento […]”78.

119. Otras funciones que se destacan del ente gestor en punto de articulación
interadministrativa están asociadas: a coordinar las acciones de los participantes
del programa; a ser el interlocutor entre los participantes del programa; a concertar
con el departamento y los municipios las propuestas de elaboración de los distintos
instrumentos de planificación del programa; a vincular al programa a los municipios,
a las autoridades ambientales competentes y demás participantes con la ayuda del
departamento, y a gestionar junto con los demás participantes del programa
alternativas de financiación de proyectos79.

120. Por último, la Nación está llamada a apoyar el sector de Agua y Saneamiento
Básico con aportes financieros provenientes del Presupuesto General de la Nación
en el marco de los PAP-PDA y con aportes en especie como la asistencia técnica80.

121. En síntesis, el cumplimiento adecuado de las competencias mencionadas de
manera armónica por todas las entidades competentes habrá de verse reflejado en
el logro de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento
básico, y de las metas de los PAP-PDA81.

122. Así las cosas, la Sala considera que los PAP-PDA no solo comprenden la
materialización de obras de infraestructura asociadas a los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico, sino que dicho instrumento está asociado a
múltiples estrategias que puedan generar valor en materia de los servicios

77 Artículo 17, numeral 5.
78 Artículo 5, numeral 2.
79 Artículo 14, numerales 2, 3, 4, 6, 13 y 14.
80 Artículo 20.
81 Artículo 14, numeral 14.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200912-01

mencionados, teniendo como punto de partida inexcusable la actividad planificadora
en la que participan todos los sectores de la administración, antes mencionados.

123. Además, el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015 creó los esquemas
diferenciales de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo en zonas rurales y urbanas. El decreto citado define los esquemas
diferenciales como “(...) un conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas,
sociales y de gestión para permitir el acceso al agua apta para el consumo humano
y al saneamiento básico en un área o zona determinada del suelo urbano,
atendiendo a sus condiciones particulares”.

124. En suma, para garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios
es pertinente la concurrencia del Departamento y de las entidades que en el marco
de sus competencias puedan colaborar en garantizar su prestación.

Análisis del caso concreto

125. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

126. En este aspecto, la Sala advierte que las pruebas relevantes para dirimir el
presente caso, son las siguientes82:

126.1. Copia del Certificado de Tradición y Libertad de la Matrícula Inmobiliaria
018-5323883 del predio que cuenta con área de 9.950 m2, propiedad de la
Corporación Educacional de Tecnologías Modernas.

126.2. Copia del plano de Georreferenciación Predial de 21 de mayo de 202284
levantado por una topógrafa de la Fundación Forjando Futuros, con la ubicación del
sector de Villa Triunfo.

126.3. Copia de contratos de compraventa y declaraciones extra juicio85
relacionadas con la adquisición de los predios.

82 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Archivo denominado: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79.
83 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_1FMI01853238(.pdf) NroActua

2.
84 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_3PLANODEGEORREFE(.pdf)

NroActua 2.
85 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_4COPIACONTRATOSY(.pdf)

NroActua 2.

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126.4. Copia de Oficio del Municipio de San Carlos, expedido el 30 de noviembre
de 202186, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de Fundación Forjando
Futuro87 que pedía información de las propuestas de integración a la red de servicios
públicos domiciliarios existen para el barrio Villa Triunfo.

126.5. Copia del Informe Técnico núm. 132-0194-2018 de 18 de julio de 201888,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare.

126.6. Copia de la ficha de emergencias y desastres del Departamento de
Antioquia, realizada el 16 de marzo de 202289 por la Coordinadora del Comité
Municipal de Gestión del Riesgo, en el cual relata los hechos de la inundación del
barrio Villa Triunfo.

126.7. Registro fotográfico90 del Municipio de San Carlos relacionado con las
inundaciones y la “[…] [a]tención a Villa Triunfo y Villa Esperanza […]”, en donde se
visualizan las siguientes imágenes:

86 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_8RESPUESTADPSAN(.pdf)

NroActua 2.
87 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_7PETICIONSANCARL(.pdf)

NroActua 2.
88 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: 132-0194-2018 (1) (1).
89 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: FICHA DE EMERGENCIA.pdf.
90 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: REGISTRO FOTOGRAFICO ..pdf.

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127. Copia de la Resolución 132-0049-2018 de 17 de abril de 201891, expedida
por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare,
mediante la cual se adoptaron las siguientes determinaciones frente a
asentamientos colindantes con la quebrada La Villa y el rio San Carlos:

“[…] teniendo en cuenta la [l]egislación ambiental vigente, lo evidenciado en campo,
el alto riesgo de inundación en el que se encuentra el asentamiento, es pertinente
requerir mediante la presente Resolución al Municipio de San Carlos para que d[é]
cumplimiento inmediato a las obligaciones que se impondrán en la parte resolutiva
del presente Acto.

RESUELVE

ART[Í]CULO PRIMERO: REQUERIR al Municipio de San Carlos […] y a la
Secretaria de planeación y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
(CMGRD), para que cumpla[n] inmediatamente con las siguientes obligaciones:

1. Suspender la construcción de viviendas o cualquier otro tipo de infraestructura en
el área de retiro del rio San Carlos y la quebrada la villa.

2. Formular y poner en práctica de manera inmediata un plan de contingencia para
inundaciones y avenidas torrenciales en el sector y aguas arriba del mismo,
estableciendo sitios de monitoreo y alertas tempranas sobre ambas corrientes.

3. Establecer un plan de evacuación y reubicación de las familias asentadas en la
zona de riesgo de ambas corrientes.

91 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: 132-0049-2018 (1) (1).PDF.

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4. Ejercer control sobre las construcciones ilegales, garantizando el tratamiento de
sus aguas residuales y la protección de los recursos naturales […]”.

128. Copia del Informe Técnico núm. 112-0401-2019 de 6 de abril de 201992,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare, mediante el cual hizo seguimiento a la gestión realizada en cumplimiento a
los requerimientos ordenados en la Resolución 132-0049-2018 de 17 de abril de
2018, expedida por la misma entidad.

129. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Solución a los problemas jurídicos

130. En ese orden de ideas, la Sala limitará su pronunciamiento a los precisos
argumentos expuestos por la entidad apelante, con la claridad de que no se
abordarán asuntos o materias que no fueron controvertidas, entre ellas, la situación
de existencia de una vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos
i) a la seguridad y salubridad públicas; ii) al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna; y iii) al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias. Con ocasión de la problemática planteada, tampoco se estudiarán
las órdenes de protección impartidas a autoridades diversas a la entidad recurrente.

131. Adicionalmente, el análisis de la Sala tendrá en consideración que los
argumentos presentados por la entidad apelante están orientados a controvertir: i)
la responsabilidad y competencia en torno a las medidas ordenadas para la
superación de la situación de amenaza y vulneración de los derechos e intereses
colectivos; ii) la diferencia entre lo solicitado por el actor popular y las órdenes
impartidas por el Tribunal; y iii) la falta de recursos financieros como motivo para no
implementar las medidas pertinentes.

92 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: IT 112-0401-2019 (1) (1).pdf.

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132. En ese orden y en armonía con los problemas jurídicos planteados, se
determinará si son procedentes o no las medidas impartidas por el Tribunal, en
especial, las relativas a reubicar a los habitantes y garantizar la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

De la responsabilidad y competencia del Municipio de San Carlos, en el caso
concreto

133. Entre las finalidades sociales del Estado se encuentra la de garantizar “[…]
[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población […]”.
En esa línea, dentro de sus obligaciones debe asegurar las condiciones mínimas
que faculten la vida en comunidad de forma óptima, es una responsabilidad ligada
con suministrar agua potable y evitar situaciones de índole sanitario que sean foco
de contaminación, epidemias u otras circunstancias que afecten el estado de
sanidad comunitaria.

134. La Sala reitera que la prestación de los servicios públicos está íntimamente
relacionada con los propósitos de bienestar general y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del Estado y, en ese orden, este debe asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo, constituye un
objetivo fundamental de la actividad del Estado, la solución de las necesidades
básicas insatisfechas en materia de, entre otras, acueducto y saneamiento básico,
porque, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-172 de 2014, la
prestación eficiente y oportuna de estos servicios públicos garantizan otros
derechos y principios como la vida, la dignidad y la igualdad.

135. Asimismo, en la Constitución Política93 se ha señalado que los Municipios, en
ejercicio de la descentralización territorial y administrativa, en forma directa o
indirecta, son responsables primarios en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, en el marco de ciertos estándares de calidad, de la promoción del
desarrollo en el territorio, de la garantía del bienestar general y de la solución de las
necesidades básicas de la población de su territorio. De la misma forma son
responsables de la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura para la prestación de los servicios, en orden a garantizar su eficiente
y oportuna prestación.

93 Artículo 311.

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136. En el caso concreto, atendiendo a los criterios de categorización de los
municipios, sobre la base del número de habitantes y los ingresos corrientes de libre
destinación, se clasificó al Municipio de San Carlos como municipio de sexta
categoría. Lo anterior evidencia que, para el correcto ejercicio de su función como
prestador de los servicios públicos domiciliarios, es posible que el Municipio tenga
la necesidad de gestionar apoyo financiero o técnico acudiendo a autoridades de
orden departamental o nacional.

137. En esa misma evaluación, la entidad apelante formuló reparo concreto en su
recurso de apelación con que los accionantes se han puesto en condición de
marginalidad y que el caso concreto tiene como finalidad protección de derechos
individuales, a lo cual la Sección Primera precisó que “[…] los derechos que se
protegen por vía de acción popular son los colectivos, es decir, aquellos que
pertenecen a la comunidad y son indivisibles. Por el contrario, los derechos
individuales son divisibles y pertenecen a cada sujeto de derecho en particular […]”94
(Destacado fuera de texto).

138. En ese sentido, la Corte Constitucional ha considerado que los derechos
colectivos excluyen motivaciones meramente subjetivas o particulares porque son
derechos de solidaridad, pertenecen a todos los individuos y no pueden existir sin
la intervención de la comunidad y el Estado. La Sala observa que dichos elementos
se configuran en el caso concreto, en tanto que toda la comunidad de Villa Triunfo
se ve afectada por la serie de inundaciones que allí han concurrido y por la falta de
red de acueducto y alcantarillado, teniendo en cuenta que es necesaria la
intervención del Estado debido a que las medidas que ellos como habitantes han
asumido para intentar solventar la situación, han sido insuficientes.

139. Asimismo, advirtió una serie de inconformidades que se estudiaran sobre
cada una de las órdenes impartidas al Municipio de San Carlos en la sentencia de
13 de septiembre de 2023, como pasa a realizarse a continuación:

Sobre la orden de realizar un censo orientado a establecer si los habitantes
de Villa Triunfo se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta o si se
trata de sujetos de especial protección constitucional, en el caso concreto

140. Respecto al ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida,
en primera instancia, en el que se ordenó al Municipio de San Carlos que, “[…] en

94 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de

2018, núm. único de radicación 080012331004201200243-01(AP).

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un término no superior a tres meses[,] realice un censo de los habitantes de la
comunidad de Villa Triunfo precisando con exactitud si se encuentran o no en alguna
circunstancia de debilidad manifiesta o que permita catalogarlos como sujetos de
especial protección constitucional […]”, la Sala señala que el artículo 56 de la Ley 9
de 11 de enero de 198995, modificado por el artículo 5 de la Ley 2 de 15 de enero
de 199196, establece que:

“[…] los alcaldes […] levantarán y mantendrán actualizado un inventario de las
zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos
humanos por ser inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos, o que
de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […] [c]ualquier
ciudadano podrá presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el
inventario una zona o asentimiento determinado […]”.

141. Por lo anterior, la Sala reitera que el Municipio de San Carlos debe tener
conocimiento de los asentamientos humanos que se encuentran en su jurisdicción,
sobre todo en el presente caso, debido a que se encuentra probado que las
viviendas están ubicadas en la ronda de dos fuentes hídricas que, en ocasiones,
han generado inundaciones. El Municipio debe tener pleno conocimiento sobre el
número de habitantes y las circunstancias de hecho en las que se encuentran; sin
embargo, no debe limitarse únicamente a saber si están en circunstancias de
debilidad manifiesta sino también advertir el lugar en donde están situadas las
viviendas para determinar cuáles de ellas deben ser reubicadas por encontrarse en
zona de ronda o de riesgo no mitigable.

142. Por lo tanto, la Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de ordenar al Municipio de
San Carlos que en el censo del barrio Villa Triunfo incluya un estudio que determine:
i) la cantidad de habitantes por vivienda; ii) si se encuentran o no en alguna
circunstancia de debilidad manifiesta o que permita catalogarlos como sujetos de
especial protección constitucional; iii) la ubicación de cada vivienda, identificando
cuáles de ellas se encuentran en la ronda de la quebrada, del río o de cualquier otro
cuerpo de agua natural que genere riesgo; y iv) el nivel de riesgo en que se
encuentra cada grupo familiar.

143. La Sala considera que, una vez se determine que algunas viviendas pueden
permanecer en el predio en el que se encuentran por contar con la seguridad que
no habrá riesgo de desastre natural, como inundaciones, se podrá dar cumplimiento

95 “[…] por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes

y se dictan otras disposiciones […]”.
96 “[…] por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 […]”.

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a las órdenes de garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado en ese mismo lugar; de lo contrario, deberán garantizarse
dichos servicios en el nuevo lugar al que sean reubicados los habitantes de Villa
Triunfo.

Sobre la orden de adoptar medidas provisionales para resolver la necesidad
de agua potable y saneamiento básico, en el caso concreto

144. Respecto al ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en
primera instancia, para que el Municipio de San Carlos, “[…] en un término no
superior a tres meses[,] garantice la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado, a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o
alternativa para resolver las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del
sector de Villa Triunfo, medida que se prolongará hasta que las personas afectadas
cuenten con el servicio regular o convencional de acueducto y alcantarillado en el
sector en que sean reubicados […]”, la Sala manifiesta que, en virtud del artículo 3
de la Ley 136 los municipios son competentes para:

144.1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.

144.2. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos,
programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia
necesarias.

144.3. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico
a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios públicos domiciliarios.

145. En ese sentido, como se indicó en el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre la competencia de las entidades territoriales de orden
municipal frente a la prestación de servicios públicos domiciliarios, son los
principales encargados de la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden de garantizar su eficiente y oportuna
prestación.

146. La Sala encontró probado que en el sector Villa Triunfo, ubicado en la vereda
La Villa del Municipio de San Carlos, no se prestan los servicios públicos de

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acueducto y alcantarillado por parte de empresas prestadoras sino directamente por
la entidad territorial de orden municipal97.

147. Se demostró que en atención a la falta de red, la Fundación Forjando Futuros
presentó solicitudes ante Empresas Públicas de Medellín y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio con relación a la construcción de obras para la prestación de los
servicios públicos, a lo cual Empresas Públicas de Medellín dio respuesta indicando
que no tiene cobertura en el Municipio de San Carlos para prestar los servicios de
acueducto y alcantarillado; además, advirtió que no es la prestadora de dichos
servicios insistiendo en que ni siquiera ha realizado gestiones administrativas o ante
el Concejo Municipal de San Carlos proponiendo ser la encargada de esas
funciones.

148. Asimismo, se evidenció que el Municipio de San Carlos expidió un Oficio el
30 de noviembre de 2021, mediante el cual manifestó que “[…] [a] la fecha no se
cuenta con una propuesta para la integración a la red de servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para el sector de Villa Triunfo; teniendo
en cuenta las condiciones en la cual se creó ese asentamiento humano […]”. Del
mismo modo, afirmó que ha otorgado apoyo económico para la construcción de
pozos sépticos si el posible beneficiario cumple con una serie de requisitos y que
no ha realizado estudios para verificar la viabilidad de integrar al área urbana del
Municipio al barrio Villa Triunfo, circunstancia que, a juicio del solicitante, facultaría
la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado.

149. Frente a lo mencionado, los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado no necesariamente deben ser prestados por los municipios, puede ser
una empresa privada que, dentro de los límites del bien común, respetando los
derechos a la libre competencia económica y la iniciativa privada, realice dicha
función. En esa medida, será la satisfacción de las garantías de los participantes en
el mercado como oferentes, competidores y consumidores; la que explica la
intervención económica del Estado, de modo tal que se asegure su eficacia y
competitividad.

150. En ese sentido, el régimen de prestación de servicios públicos arroja al
Estado la necesidad de garantizar el cumplimiento de las finalidades sin dejar de
lado la importancia de asegurar la libertad de empresa y actividad económica en

97 El artículo tercero del Acuerdo Municipal núm. 15 de 2012 establece que en el Municipio de San Carlos “[…]

[e]l municipio es el prestador directo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo
[…]”.

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una actividad que, bajo la supervisión y control de las autoridades, puede llevarse a
cabo de forma óptima y eficiente.

151. Al respecto, cuando una empresa, sea esta pública o privada, entra en el
mercado de la prestación de servicios públicos domiciliarios lo hace buscando, por
supuesto, eficiencia económica, de acuerdo a lo cual resuelve si invertir o no; ello
acorde con las reglas de definición del régimen tarifario, cuyos criterios orientadores
son: eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, redistribución,
simplicidad y transparencia; cada uno de los cuales son definidos en el artículo 87
de la Ley 142, con la idea de que la participación de éstos se propicie en los términos
que el mercado ofrece.

152. En ese orden de ideas, la Sala considera que es necesario que se realice
ordenadamente la construcción que corresponde bajo la realidad del barrio Villa
Triunfo, el prestador debe cumplir con su labor tal como señalan sus funciones de
construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura; así como de celebrar
convenios de cooperación y realizar operaciones financieras encaminadas a
obtener recursos para atender las obligaciones a su cargo. Todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad que recae en el Municipio de San Carlos, quien debe
desplegar activamente las herramientas que tiene como, por ejemplo, la
presentación de proyectos al Plan Departamental de Aguas o al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con la normativa vigente.

153. Teniendo en cuenta la manifestación del apelante cuando afirmó que el plazo
otorgado para adoptar medidas provisionales orientadas a la prestación de los
servicios públicos es insuficiente, la Sala está de acuerdo y considera que para el
cumplimiento de esta orden se requiere más tiempo. Teniendo en cuenta que se
trata de un municipio de sexta categoría y posiblemente deba acudir a autoridades
departamentales o nacionales para la apropiación de recursos que le permitan
ejecutar las actividades pertinentes, además que, como el Municipio debe asumir
distintas labores dependiendo las circunstancias que arroje el estudio de la
población del barrio Villa Triunfo, es necesario evaluar la medida apropiada para
cada condición.

154. Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala modificará el ordinal cuarto de la
parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de
ordenar al Municipio de San Carlos que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
finalización del censo, realice un estudio que permita, por un lado, establecer qué

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viviendas presentan pozos sépticos carentes de mantenimiento o con posibles
derrames y, por el otro, determinar la situación socioeconómica de los integrantes
del núcleo familiar de las viviendas seleccionadas, esto es: su calidad de empleado
o no, si cuenta con alguna fuente distinta de recursos económicos, si se trata de
padre o madre cabeza de familia, entre otras. Igualmente, establecer la edad de los
integrantes del grupo familiar, es decir, si se trata de niños, adultos o personas de
la tercera edad, así como, si son personas en condición de debilidad manifiesta o
con especial protección constitucional, y demás características, con el fin de
establecer medidas de financiamiento del valor del servicio de mantenimiento
mediante acuerdos de pago concertados con los usuarios y fijando para el caso de
las familias más pobres un subsidio que cubra un porcentaje del valor que se
determinará de la información obtenida con el censo y la norma aplicable y que será
fijado por el ente territorial. Lo anterior, con sujeción a los programas sociales con
los que cuente la entidad territorial, con la claridad de que, en caso de no contar con
ninguno, el valor completo del servicio deberá ser cancelado por la persona o familia
que se encuentre ocupando el respectivo bien inmueble.

155. En cuanto al fundamento normativo respecto del porcentaje de los subsidios
en aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de ingresos, se debe
tener en cuenta el artículo 368 de la Constitución Política, el cual establece que:
“[…] [l]a Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos,
para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas […]”.

156. Igualmente, debe ir en concordancia con i) el artículo 26 de la Ley 225 de 20
de diciembre de 199598, que determina la población objeto de los subsidios; y ii) el
artículo 5 de la Ley 142, sobre la competencia de los municipios en la prestación de
los servicios públicos, el cual ordena el otorgamiento de subsidios a los usuarios de
menores ingresos. A su vez, para la determinación de los porcentajes se deben
tener en cuenta los artículos 89 y 99 ibidem y el artículo 125 de la Ley 1450 de 16
de junio de 201199.

157. Ahora bien, con el fin de controlar que el beneficio sea recibido por quienes
realmente lo necesitan, se ordenará la programación de una revisión periódica en

98 “Por la cual se modifica la Ley Orgánica de Presupuesto”.
99 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”.

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un término prudencial, con la que se verifique que se mantengan las condiciones
socioeconómicas que habilitaron el beneficio y, en consecuencia, se otorgue hasta
cuando se compruebe que el núcleo familiar cuente con los recursos necesarios
para contratar el servicio y asumir el 100% del valor de la limpieza de los pozos
sépticos.

158. Dependiendo de las conclusiones de dicho estudio sobre las condiciones
económicas de la población, deberá gestionar la limpieza o descolmatar los pozos
sépticos y estructuras similares existentes en el lugar, conforme a lo cual analizará
la estrategia más viable para su ejecución directa o a través de terceros.

Sobre medidas definitivas para resolver la necesidad de agua potable y
saneamiento básico, en el caso concreto

159. Ahora bien, frente a la elaboración de un sistema de acueducto y
alcantarillado, es pertinente señalar que el Municipio puede escoger entre las
siguientes alternativas: i) los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA o ii) los esquemas diferenciales para
la prestación de los servicios públicos en zonas rurales.

160. Al respecto, el artículo 2.3.3.1.1.2. del Decreto 1077 de 26 de mayo de
2015100 define los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento como “[…] un conjunto de estrategias de
planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto
de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas
eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento
básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de
las entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las
comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de
regionalización y asociativos comunitarios […]”.

161. A su vez, el artículo 2.3.3.1.4.1. ibidem dispuso que los Departamentos y
Municipios debían cumplir los siguientes requisitos para la participación en los PDA:

“[…] 1. Los Departamentos. Los departamentos deberán suscribir un convenio con
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del cual se comprometen a:

100 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

[…]”.

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1.1. Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).

1.2. Implementar el instrumento para el manejo de recursos y aportar recursos para
contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).

1.3. Tomar las medidas que se requieran para facilitar la implementación y
garantizar la ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y realizar el seguimiento al Gestor,
cuando este sea una Empresa de Servicios Públicos.

1.4. Efectuar las gestiones que resulten pertinentes, ante las autoridades
municipales y fuerzas vivas del mismo, para su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).

2. Los Municipios y Distritos. Para que un municipio o distrito participe en los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) debe cumplir con los siguientes requisitos:

2.1. Celebrar un convenio interadministrativo de cooperación con el Gestor y el
departamento, mediante el cual se compromete a:

a) Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo y el presente capítulo.

b) Implementar el instrumento para el manejo de recursos.

c) Aportar recursos para contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).

d) Implementar el esquema para el aseguramiento de la prestación de los servicios
que se defina en desarrollo del mismo.

e) Tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y
los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico de su propiedad.

2.2. Autorizar el giro directo de los recursos comprometidos en virtud de este artículo
al respectivo instrumento para el manejo de los recursos.

El Comité Directivo determinará si para efectos de su participación en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) el municipio o distrito puede prescindir de los requisitos
previstos en los literales b y c del numeral 2.1 y el numeral 2.2. de este artículo, de
acuerdo con lo previsto en el Manual Operativo del que trata el artículo 2.3.3.1.5.2
del presente capítulo. En estos casos, previo a la firma del convenio, el Comité
Directivo aprobará la vinculación del municipio.

3. Las Autoridades Ambientales. las autoridades ambientales con jurisdicción en
los municipios y distritos ubicados en el territorio del respectivo departamento,
podrán participar en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Para ello deberán suscribir un convenio
con el departamento respectivo, precisando las actividades que se comprometen a
desarrollar, los recursos que destinarán para cumplir con los compromisos

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adquiridos, así como los demás aspectos necesarios para asegurar una adecuada
articulación de la autoridad ambiental con el Plan Departamental y sus estructuras
operativas.

Las autoridades ambientales que hayan suscrito con los respectivos departamentos
el Convenio Marco de Vinculación a los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), se entenderán
participantes de los Planes Departamentales, durante el tiempo que el convenio
permanezca vigente.

PARÁGRAFO 1. Se entenderán participantes de los Planes Departamentales para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) los
departamentos que suscribieron el convenio de cooperación técnica; asimismo se
entenderán participantes de los PDA los municipios y distritos que a la entrada en
vigencia del presente decreto suscribieron el Convenio de Cooperación y Apoyo
Financiero con el departamento y el Gestor.

PARÁGRAFO 2. Podrán participar, las personas jurídicas de derecho público,
privado o mixto, que aporten recursos financieros o técnicos o humanos, previa
aprobación del Comité Directivo […]” (Destacado fuera de texto).

162. En ese orden, el numeral 11 del artículo 2.3.3.1.2.3. ibidem precisó que los
Distritos y Municipios podrán presentar sus proyectos ante el mecanismo nacional
o departamental de viabilización de proyectos para el estudio de su financiación:

“[…] Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor:

[…]

11. Apoyar al departamento en la planeación y priorización de inversiones del sector
agua potable y saneamiento básico; realizar la estructuración y presentación de los
proyectos a través de los mecanismos de viabilización, así como, las correcciones
o modificaciones necesarias de los mismos. No obstante, lo anterior, los municipios
y distritos podrán presentar los proyectos ante el mecanismo nacional o
departamental de viabilización de proyectos [...]” (Destacado fuera de texto).

163. En cuanto al mecanismo departamental para la viabilización de proyectos, el
artículo 2.3.3.2.1.2. ibidem y el numeral 6.1. del artículo 2.3.3.2.1.6. ibidem indicaron
que los municipios podrán presentar, entre otros, proyectos para la construcción,
ampliación y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, para ser financiados
con los recursos del departamento. Las normas mencionadas establecen:

“[…] Artículo 2.3.3.2.1.2. Mecanismo departamental de viabilización de
proyectos. A través del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos
se evaluarán y viabilizarán aquellos proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico que han sido priorizados en el marco de los Planes
Departamentales de Agua y de los demás programas regionales para el manejo de
agua potable y saneamiento básico de que trata el Artículo primero del presente
capítulo y cuya financiación no incorpore recursos provenientes de la Nación.

[…]

Artículo 2.3.3.2.1.6. Proyectos A Presentar Al Comité Técnico Para Su
Viabilización. A través del Mecanismo de Viabilización Departamental, se
presentarán para su viabilización y de acuerdo a los usos que para cada fuente de

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recursos establezcan la ley, decretos, Resoluciones o Acuerdos, los proyectos
orientados a:

6.1. Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial, y aseo [...]” (Destacado fuera de texto).

164. Para la aprobación y financiación de dichos proyectos, éstos deberán cumplir
con los requisitos definidos para su inclusión en el banco de proyectos del
correspondiente PDA. Asimismo, se deberán acreditar las exigencias contempladas
en la “[…] Guía Para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos ante
el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos […]”, que
fue emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 672
de 21 de agosto de 2015101.

165. Y, finalmente, en los artículos 2.3.3.2.3.11., 2.3.3.2.3.12. y 2.3.3.2.3.13. se
determinaron los procedimientos para la evaluación, viabilización y aprobación de
los proyectos por parte del citado Mecanismo Departamental, siendo éstos:

“[…] Artículo 2.3.3.2.3.11. Procedimiento y plazos de evaluación, viabilización
y aprobación. Para la evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico presentados en el marco del presente decreto,
se atenderá el siguiente procedimiento:

11.1. Una vez formulado el proyecto por los entes territoriales, el mismo deberá ser
radicado para su evaluación ante la Secretaría Técnica del Mecanismo
Departamental de Viabilización de Proyectos.

11.2. El Gestor incorporará el respectivo proyecto al Plan de Acción del Municipio.

11.3. El Comité Técnico Departamental de Proyectos asignará un evaluador quien
deberá emitir revisión técnica en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

11.4. Una vez el proyecto cuente con revisión técnica favorable del evaluador, se
convocará al Comité Técnico Departamental de Proyectos para que sesione en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. En dicha sesión el Evaluador designado
sustentará el respectivo proyecto, y el Comité emitirá un concepto recomendando o
no la viabilización del mismo.

11.5. Una vez el Comité emita la recomendación con el respectivo concepto técnico,
el Gobernador mediante oficio dará a conocer a la entidad territorial correspondiente
y al Gestor la decisión de viabilidad o no del proyecto, acorde con la carta de
Viabilización modelo prevista en la Guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del
presente capítulo.

11.6. El valor final del proyecto corresponderá al consignado en la carta de
viabilización.

11.7. Igualmente se remitirá la carta de viabilización con su respectivo concepto al
Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de
Agua, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Gestor a fin de que éste
último de inicio al trámite de contratación en los términos previstos por el artículo
2.3.3.2.4.15 del capítulo 1 del título 3 de este Libro o la norma que lo sustituya o
101 “[…] Por la cual se adopta la Guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del Decreto 1077 de 2015 […]”.

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derogue y para que se le comunique a la entidad responsable de la administración
de los recursos, para que expida los respectivos Certificados de Disponibilidad de
Recursos – CDR, que permitan dar inicio a los procesos de contratación.” (Subrayas
de la Sala).

[…]

Artículo 2.3.3.2.3.12. Evaluación de proyectos. La evaluación de los proyectos
regionales presentados, se llevará a cabo por el personal profesional contratado o
vinculado por el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos del
respectivo departamento, de que trata el artículo 2.3.3.2.1.3. del presente capítulo,
el cual contará como mínimo con los perfiles que se definan en la guía de que trata
el artículo 2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.

En todo caso no podrán realizar la evaluación de proyectos aquellas personas
jurídicas y naturales que hayan participado en la formulación, diseño o planificación
de los proyectos.

Así mismo, no podrán realizar la ejecución, construcción o interventoría de los
proyectos aquellas personas jurídicas o naturales que participaron en las actividades
de evaluación y viabilización del mismo, con capacidad de voto.

Parágrafo primero. Los profesionales del equipo evaluador podrán ser funcionarios
o contratistas.

Parágrafo segundo. Los costos del Mecanismo Departamental de Evaluación de
Proyectos podrán ser asumidos con cargo a recursos propios del Departamento o
del SGP del Departamento (Sector Agua Potable y Saneamiento Básico), con previa
aprobación del Comité Directivo del PAP - PDA, y acorde con las directrices que
para tal efecto defina el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.”

[…]

Artículo 2.3.3.2.3.13. Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua potable
y saneamiento básico que presenten las entidades territoriales y el Gestor en el
marco del presente decreto podrán declararse viables por parte del Mecanismo
Departamental de Viabilización de Proyectos, una vez se hayan cumplido los
requisitos y documentos de presentación, el Comité Técnico Departamental haya
emitido el respectivo concepto de viabilidad y se cuente con los recursos disponibles
para su financiación […]” (Destacado fuera de texto).

166. Frente al mecanismo para la financiación de proyectos por parte de la Nación,
en la Resolución 661 de 2019 se establecieron los requisitos para esos fines. El
artículo 1º ibidem se dispuso:

“[…] Objeto. Por medio de la presente Resolución se establece el mecanismo y los
requisitos para la presentación, viabilización, reformulación y expedición de
conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento
básico que sean presentados por las entidades territoriales que soliciten apoyo
financiero de la Nación y se adoptan las guías para presentación y evaluación de
proyectos de agua potable y saneamiento básico […]” (Destacado fuera de texto).

167. Además, el artículo 9 ibidem señaló que la financiación de dichos proyectos
por parte de la Nación, entre otros, podrá ser solicitada por los Departamentos,
Municipios o el Gestor del PDA, así:

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“[…] Presentación de proyectos. Para efectos de la presente resolución, podrán
presentar proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico como entidad
formuladora responsable del proyecto los Departamentos, Municipios y Distritos.

En los casos en que sea el Gestor de los Planes Departamentales de Agua, El
Operador o Persona Prestadora de los Servicios, o cualquier entidad diferente al
municipio o distrito beneficiado quien realice el trámite para que se surta el proceso
de evaluación y viabilización del proyecto, deberá estar avalado por el (los)
municipio(s) o distrito(s) beneficiario(s) del mismo como solicitante del apoyo
financiero de la nación.

El procedimiento para la presentación y evaluación de proyectos se presentarán en
el artículo 13 de la presente resolución. […]” (Destacado fuera de texto).

168. Ahora, para la presentación de los aludidos proyectos ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, se deben cumplir con los requisitos dispuestos en el
artículo 13 ibidem, siendo estos los que se transcriben enseguida:

“[…] Artículo 13. Requisitos para la presentación de proyectos. Los proyectos
que presenten las entidades, deberán hacer parte de las políticas y/o de los
programas implementados o que implemente la Nación para el sector de agua
potable y saneamiento básico, en concordancia con la normativa aplicable al sector.
La entidad solicitante deberá presentar la totalidad de los documentos exigidos en
la presente resolución en los formatos establecidos en la Guía de Presentación de
Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida en Anexo número 1 de
la presente y cumplir los siguientes requisitos:

13.1. Documentales: Los proyectos deberán ser radicados con la totalidad de la
documentación que se relaciona en la Guía de presentación de proyectos de agua
potable y saneamiento básico, organizados en carpetas tamaño oficio, debidamente
foliadas.

13.2. Legales: Los proyectos deberán estar acompañados de los permisos que
exijan las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza del proyecto.

Para el caso de proyectos que se presenten a evaluación por etapas, la entidad
solicitante presentará los documentos de soporte siguiendo la Guía de Presentación
de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico contenida en Anexo número
1 de la presente resolución.

Para el caso de conceptos favorables (sin plan financiero definido o conceptos para
mitigación de riesgo o situación de desastre), el requisito establecido en el numeral
de la Guía 2.2.3. (Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la
infraestructura vial carretera concesionada y férrea), no será exigido. En todo caso
una vez se cuente con la(s) fuente(s) de financiación del proyecto, previo a la
emisión del concepto de viabilidad, se deberán verificar los requisitos, de
conformidad con lo establecido en la Guía de presentación de proyectos de agua
potable y saneamiento básico.

En cuanto al numeral de la Guía 2.2.5.2. (Consulta Previa) este podrá encontrarse
en trámite únicamente en los casos de proyectos que surjan como consecuencia de
una situación de desastre o de emergencia. En tal caso, se deberá indicar el estado
actual del trámite y adjuntar copia del documento mediante el cual se solicitó la
consulta, debidamente radicado ante la autoridad correspondiente.

13.3. Institucionales: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en la
Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico,

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incluyendo el esquema organizacional, el diagnóstico de la entidad prestadora de
los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, aspectos de fortalecimiento
institucional y la acreditación de pago de subsidios al prestador.

13.4. Técnicos: Los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo tanto para la
zona rural como urbana, presentados por las entidades territoriales deberán contar
con estudios y diseños de conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) que aplique, contenido en
las Resoluciones números 0330 de 2017, 501 de 2017 y 844 de 2018 o las normas
que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan, con la correspondiente
aprobación de quien realizó la interventoría o supervisión técnica de los mismos y
de la Entidad contratante de los diseños, exceptuando los proyectos de pre-inversión
que deberán presentar de forma explícita dentro del alcance de sus términos de
referencia la realización de los estudios y diseños siguiendo lo establecido en el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) que
le aplique o las normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o sustituyan.

En el caso de los proyectos rurales, enmarcados en la Resolución números 844 de
2018 y 501 de 2017 o las normas que la modifiquen, adicionen, denominados como
abastos, puntos de suministro y soluciones individuales, deberán seguirse los
requisitos técnicos establecidos en esta Resolución en cuanto a población,
dotaciones para consumo humano y subsistencia de la familia rural, incluyendo los
entornos. Así mismo, se debe tener en cuenta la evidencia sobre el proceso de
planeación realizada para este tipo de proyectos, iniciando por la etapa de “Perfil de
proyecto” y evidencia sobre todo el proceso de participación de las comunidades a
beneficiar en la zona de actuación.

Cuando los proyectos presentados al mecanismo de viabilización hagan parte de un
proyecto regional o de uno de mayor extensión para cuyo funcionamiento dependa
de la funcionalidad de las etapas precedentes, el(los) representante(s) legal(es) de
la(s) entidad(es) responsable(s) del proyecto, deberá(n) certificar que las etapas
anteriores se encuentran funcionando adecuadamente. Si la(s) etapa(s) anterior(es)
se encuentran en construcción a la fecha de presentación del proyecto, la
certificación deberá indicar el estado de avance de la construcción y la fecha
programada de terminación y puesta en funcionamiento de la misma, debidamente
avalados por la Interventoría de la Obra.

Las entidades territoriales contratantes responsables de las consultorías de diseño
deberán, desde la fecha de publicación de la presente resolución, adjuntar una copia
de la póliza de calidad vigente de los diseños, debidamente constituida por el
Consultor Responsable de los Diseños, que ampare el diseño presentado como
mínimo un (1) año más, posterior a la fecha de su radicación en el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, manteniendo como asegurado o beneficiario a la
Entidad Responsable del proyecto.

13.5. Financieros: Los proyectos deberán incluir los aspectos señalados en la Guía
de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico, incluyendo el
presupuesto detallado del proyecto, los soportes presupuestales de las fuentes de
financiación y el plan financiero. La información contenida respecto de Análisis de
Precios Unitarios y precios será en todo caso responsabilidad de la entidad
formuladora.

13.6. Ambientales: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, para la
presentación de los proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos estos
deberán contar con los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental
competente correspondientes a licencias ambientales, concesión de aguas y/o
permisos de exploración o prospección de aguas subterráneas, Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, permiso de vertimientos, permiso de
ocupación de cauce, autorización de canteras para la provisión de materiales,

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autorización de escombreras para la disposición del material sobrante (según
corresponda), de conformidad con la normatividad vigente.

Para los demás permisos deberán presentar como mínimo soporte de radicado de
solicitud ante la entidad y/o autoridad competente. En el caso de los proyectos de
pre- inversión, estos deberán presentar de forma explícita dentro del alcance de sus
términos de referencia que deberán cumplir con las necesidades de estudios y
diseños para la obtención de licencias y permisos requeridos por el proyecto, según
autoridad ambiental competente, por parte de la Entidad formuladora.

Para el caso de conceptos favorables (sin financiación o para proyectos de pre-
inversión e inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de
riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo, menores a 450
SMMLV), este requisito podrá encontrarse en trámite ante la respectiva autoridad
ambiental. En tal caso se deberá indicar el estado actual del trámite y adjuntar copia
del documento mediante el cual se solicita el permiso o licencia, debidamente
radicado ante la autoridad correspondiente. En todo caso una vez se cuente con
la(s) fuente(s) de financiación del proyecto, previo a la emisión del concepto de
viabilidad, se deberá contar con el acto administrativo de la autoridad ambiental
competente que lo otorgue.

Para el caso de proyectos presentados para el proceso de evaluación por etapas,
los requisitos de permisos de ocupación de cauce, licencias ambientales,
autorizaciones de canteras para la provisión de materiales y autorizaciones de
escombreras para la disposición del material sobrante (según corresponda), podrán
encontrarse en trámite ante la respectiva autoridad ambiental. En tal caso se deberá
indicar el estado actual del trámite y adjuntar copia del documento mediante el cual
se solicita el permiso o licencia, debidamente radicado ante la autoridad
correspondiente. En todo caso una vez se cuente con la(s) fuente(s) de financiación
del proyecto, previo a la emisión del concepto de viabilidad, se deberá contar con el
acto administrativo de la autoridad ambiental competente que lo otorgue.

En cualquiera de los casos mencionados, cuando la financiación del proyecto sea
otorgada por una entidad diferente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, este
no se hará responsable por el cumplimiento de los requisitos ambientales
normativos.

13.7. Prediales102: Con excepción de los proyectos de pre-inversión, y de los
proyectos que incluyan la adquisición de predios y el pago de los derechos de
servidumbre conforme lo establecido en los numerales 22 y 23 del numeral 10.1 del
artículo 10 de la presente resolución, los demás proyectos deben contar con los
predios, permisos de paso y/o servidumbres prediales según corresponda y dicha
documentación deberá ser anexada al proyecto en su presentación de acuerdo con
lo estipulado en la guía de presentación de proyectos de agua potable y
saneamiento básico, incluyendo la certificación de propiedad de los predios
(certificado de libertad y tradición a nombre del municipio y/o del prestador en el
caso de que el municipio sea accionista mayoritario de la empresa prestadora para
lo cual se deberá garantizar que la infraestructura será propiedad del municipio) y
las servidumbres necesarias para su ejecución. En el caso de los proyectos de pre-
inversión, estos deberán presentar de forma explícita dentro del alcance de sus
términos de referencia el grado de acompañamiento requerido por la Entidad
formuladora para la obtención de los predios y/o servidumbres definidas dentro del
diseño.

Parágrafo. Las Entidades Formuladoras podrán presentar los proyectos de agua y
saneamiento básico de forma digital previa reglamentación del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.

102 Modificado por el artículo 5 de la Resolución 418 de 2021.

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169. De esa forma, el procedimiento para la evaluación y viabilización de la
propuesta por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está regulado en
el Capítulo V ibidem.

170. Por otro lado, los esquemas diferenciales para la prestación del servicio
de alcantarillado en zonas rurales se encuentran regulados en el Decreto 1898
de 23 de noviembre de 2016103, que adicionó dicha materia al Decreto 1077 de
2015104.

171. El artículo 2.3.7.1.1.1. ibidem prevé el objeto del capítulo que los regula:

“[…] Artículo 2.3.7.1.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir
esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y
doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales del territorio nacional, en
armonía con las disposiciones de ordenamiento territorial aplicables al suelo rural,
acorde con lo dispuesto en los artículos 14 y 33 de la Ley 388 de 1997 o aquellas
disposiciones de ordenamiento del suelo rural que las modifiquen, adicionen o
sustituyan […]”.

172. En esa línea, el numeral 8 del artículo 2.3.7.1.1.3. y el artículo 2.3.7.1.3.3. de
esa misma norma indicaron que las soluciones para el manejo de aguas residuales
domésticas en zonas rurales incluirán las instalaciones sanitarias. Las disposiciones
en comento son del siguiente tenor:

“[…] Artículo 2.3.7.1.1.3. Definiciones. Para efectos del presente capítulo se
adoptan las siguientes definiciones.

[…]

8. Instalaciones sanitarias. Estructuras o elementos que sirven para evacuar las
excretas o las aguas residuales domésticas y para la higiene personal.

[…]

Artículo 2.3.7.1.3.3. Soluciones alternativas para el manejo de aguas
residuales domésticas. Las soluciones para el manejo de aguas residuales
domésticas en zonas rurales incluirán las instalaciones sanitarias. Las soluciones
individuales de saneamiento básico para viviendas dispersas localizadas en áreas
rurales se regularán por lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1753 de 2015 […]”.

173. Por su parte, el artículo 37 de la Resolución 844 de 8 de noviembre de 2018,
al reglamentar el Decreto 1898 de 2016, previó los siguientes tipos para la
recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas:

103 “[…] Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que

reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales […]”.
104 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

[…]”.

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“[…] Artículo 37. Tipos de sistemas para la recolección, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas. Los sistemas que pueden
implementarse para la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales
domésticas corresponden a los siguientes tipos:

1. Sistemas centralizados para el servicio público de alcantarillado que a su vez,
comprenden los componentes de:

a) Recolección y evacuación de aguas residuales domésticas.
b) Tratamiento de aguas residuales.
c) Disposición de las aguas residuales tratadas.

2. Soluciones individuales de saneamiento […]”.

174. Mientras que el artículo 38 ibidem dispuso lo siguiente:

“[…] Artículo 38. Selección de alternativas en recolección, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas. La selección de un sistema
centralizado o de una solución individual de saneamiento para la recolección,
transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas generadas en zonas
rurales, dependerá de la dispersión de las viviendas, las condiciones geográficas y
topográficas y la disponibilidad de agua para el diseño de sistemas con arrastre. Se
permite incluso la combinación de diferentes opciones tecnológicas que permitan
una adecuada administración, operación y mantenimiento. Cualquier alternativa
seleccionada deberá cumplir las normas ambientales vigentes […]”.

175. Entre tanto, sobre las redes de alcantarillado el artículo 41 ibidem expresó:

“[…] Artículo 41. Redes de alcantarillado en zonas rurales. Los sistemas de
redes de alcantarillado en zonas rurales, deberán diseñarse para la recolección y
evacuación de aguas residuales domésticas exclusivamente, teniendo en cuenta lo
siguiente:

1. No se permiten los alcantarillados combinados. Se podrá considerar un caudal de
contribuciones de aguas lluvias por conexiones erradas de acuerdo con el artículo
134 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Se debe impedir que los
caudales pluviales ingresen al sistema de alcantarillado.

2. Se identificarán puntos críticos en los que el sistema centralizado de alcantarillado
debe incluir infraestructuras adicionales para evitar el arrastre de sólidos, tales como
trampas de grasas o cárcamos.

3. Para la selección de alternativas tecnológicas en sistemas centralizados de
alcantarillado, deberá tenerse en cuenta la opción tecnológica más adecuada según
las condiciones particulares de la zona de actuación, eligiendo entre redes
convencionales y no convencionales.

4. Los alcantarillados simplificados deben ajustarse a lo dispuesto en el artículo 145
de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y además considerar el diseño con
pendientes favorables para autolimpieza.

5. Los alcantarillados condominiales deben ajustarse a lo dispuesto en el artículo
146 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya y además considerar lo
siguiente:

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a) Se debe contar con la aprobación expresa de los propietarios de los predios en
los que se ubicarán las redes.

b) La red condominial se extiende hasta la caja de inspección de cada vivienda.

6. Los alcantarillados Sin Arrastre de Sólidos (ASAS), deben ajustarse a lo dispuesto
en el artículo 147 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya y además
considerar lo siguiente:

a) Se debe asegurar que los tanques interceptores de solidos cuenten con facilidad
de acceso para labores de limpieza y mantenimiento.

b) Se debe definir la periodicidad y el mecanismo de retiro y disposición de los
sólidos.

c) Se debe asegurar la disponibilidad de equipos para el mantenimiento en sitio de
los tanques interceptores.

Parágrafo 1. Las aguas lluvias se deben manejar con drenajes superficiales y obras
de urbanismo. Este tipo de intervenciones no hacen parte del servicio de
alcantarillado.

Parágrafo 2. Las aguas residuales no domésticas podrán ser incorporadas al
sistema de alcantarillado solo si cumplen con lo establecido en la Resolución
número 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma
que la modifique, adicione o sustituya, con respecto a los límites máximos
permisibles de vertimiento puntuales a los sistemas de alcantarillado público […]”.

176. Ahora, para la ejecución de los esquemas diferenciales para la prestación del
servicio de alcantarillado, los lineamientos a aplicar son los establecidos en el
artículo 8 de la mencionada Resolución; visible así:

“[…] Artículo 8. Gestión de proyectos de esquemas diferenciales en zonas
rurales. Los proyectos de agua y saneamiento básico de que trata esta Resolución
deberán tener las siguientes etapas, que incluyen fases para la organización
secuencial de los proyectos:

1. Perfil del proyecto
2. Planeación
3. Construcción y puesta en marcha
Administración, operación y mantenimiento […]”.

177. Para mayor claridad, esta Sección105 explicó a detalle cada una de las etapas
señalando el perfil del proyecto, etapa de planeación, etapa de construcción y
puesta en marcha.

178. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que el Municipio de San
Carlos, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias;
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término otorgado para

105 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Núm. único de radicación

630012333000202000407-01. Sentencia de 30 de mayo de 2024. C.P. Oswaldo Giraldo López.

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realizar el precitado estudio y teniendo en cuenta adicionalmente la información
recaudada en el censo y en el estudio ordenados supra; deberá definir si como
medida definitiva para la prestación del servicio optará por realizar el proyecto que
permita la prestación del servicio en el barrio Villa Triunfo en la Vereda La Villa a
través del Plan Departamental de Aguas o mediante los esquemas diferenciales

179. En caso de que decida acudir al Plan Departamental de Aguas, dentro de los
seis (6) meses siguientes al vencimiento del anterior plazo, el Municipio, en
colaboración con el Departamento de Antioquia y la Corporación Autónoma
Regional de Antioquia, dentro del ámbito de sus competencias, deberán elaborar un
proyecto que cumpla con los requisitos definidos por el ordenamiento jurídico para
esos efectos.

180. Dentro de ese mismo término, el citado proyecto deberá ser presentado ante
la dependencia encargada del PDA del Departamento de Antioquia y del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que evalúen su aprobación y financiación.

181. En caso de que alguna de esas entidades requiera información adicional o
requiera correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de San
Carlos dentro de los dos (2) meses siguientes.

182. Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de
dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que
la apruebe, para que el Municipio de San Carlos realice la construcción de la
infraestructura y su puesta en operación.

183. Por otro lado, si se define que la construcción del sistema de acueducto y
alcantarillado en el barrio Villa Triunfo en la vereda La Villa en el Municipio de San
Carlos será con base en los esquemas diferenciales para la prestación del servicio,
el proyecto que se realice debe atender a los componentes definidos en el Decreto
1898 de 2016 y sus normas concordantes.

184. Para el efecto, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del primer término mencionado en este subtítulo de medidas definitivas,
para que el Municipio de San Carlos, el Departamento de Antioquia y la Corporación
Autónoma Regional de Antioquia, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias; y en observancia de las etapas de perfil
y planeación, elaboren un proyecto técnico que permita la prestación del servicio de
alcantarillado en la zona objeto de controversia.

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185. En ese mismo término, dicho proyecto deberá ser presentado ante la
dependencia encargada del Departamento de Antioquia y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, para el estudio de su financiación. En caso de que alguna de
esas entidades requiera información adicional o requiera correcciones, estas
deberán ser subsanadas por el Municipio de San Carlos dentro de los dos (2) meses
siguientes.

186. Asimismo, para la etapa de construcción y puesta en marcha del proyecto se
otorgará un plazo de dieciocho (18) meses. Dentro de ese lapso, se tendrá que
definir si el Municipio de San Carlos prestará directamente el servicio o a través de
una empresa de servicios públicos o por medio de la estructura organizacional que
se defina para esos efectos.

187. Para los casos en que las viviendas no cuenten con ninguna estructura
provisional que supla dichas necesidades y no tengan las posibilidades financieras
para asumirlo, el Municipio deberá gestionar la construcción de las mismas
asegurándose que cada vivienda cuente con un mecanismo que le permita disponer
de sus residuos adecuadamente y recibir agua potable.

188. En este punto, la Sala advierte que, independientemente de las dificultades
advertidas en los predios donde se requiere el suministro de los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado, las mismas no constituyen un argumento suficiente
para eximir al Municipio de prestar los servicios a través de cualquier medio idóneo
y, en esta ocasión, de forma provisional, para garantizar las necesidades básicas e
insatisfechas de los habitantes del barrio Villa Triunfo. Se trata de una medida que
se prolongará hasta que las personas afectadas cuenten con el servicio regular o
convencional, en el sector en el que habitan -si es una opción segura en materia de
posibles inundaciones- o en otro sector.

Sobre la orden de reubicar a los habitantes de Villa Triunfo, en el caso
concreto

189. Respecto al ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en
primera instancia, para que el Municipio de San Carlos “[…] reali[ce] las actividades
necesarias a efectos de reubicar a la población respectiva en lugares donde se
garantice la adecuada prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. Para esto, el municipio contará con un plazo máximo de doce (12)

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meses […]”, la Sala señala que el artículo 56 de la Ley 9 de 11 de enero de 1989106,
modificado por el artículo 5 de la Ley 2 de 15 de enero de 1991107, establece que:

“[…] los alcaldes […] con la colaboración de las entidades a que se refiere el Decreto
919 de 1989, adelantarán programas de reubicación de los habitantes o
procederán a desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los
asentamientos localizados en dichas zonas […]”.

190. Adicionalmente, los municipios tienen la responsabilidad de incluir, en el
componente urbano de los planes de ordenamiento territorial, “[…] los mecanismos
para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto
riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la estrategia para su
transformación para evitar su nueva ocupación [...]”108.
191. En cuanto a la orden de reubicación, esta es una medida procedente y que
se deriva del resultado directo de la intervención del Estado en la protección de los
derechos colectivos vulnerados y que guarda relación con la causa petendi de la
demanda en cuanto se solicita la construcción de obras para garantizar el acceso a
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, sin embargo la protección de
los derechos colectivos no se agota ante la imposibilidad de garantizarlos, ello cobra
relevancia cuando se trata de la protección de población ubicada en zonas de alto
riesgo, ante lo cual la única medida viable es la reubicación.

192. En el caso sub examine, se encuentra el mapa de georreferenciación, en el
cual es posible visualizar el área de Villa Triunfo y, a un costado, el recorrido de la
quebrada que colinda con el mismo cruzándose en varios puntos, lo cual es
demostración del riesgo en que se encuentran las viviendas construidas en el predio
objeto de la presente acción popular. Tal como se evidencia en la siguiente imagen:

106 “[…] por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de

bienes y se dictan otras disposiciones […]”.
107 “[…] por el cual se modifica la Ley 9 de 1989 […]”.
108 Numeral 5 del Artículo 13 de la Ley 388 de 1997.

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193. De ese modo, en el formato para consolidar la información sobre daños y
necesidades de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres FR-
1703-SMD-09 la Coordinadora Gestión del Riesgo del Municipio de San Carlos
indicó que “[…] [e]l día sábado 12 de junio del 2021 se presentan intensas lluvias
prolongadas que ocasionan el aumento de caudal de las fuentes hídricas,
presentándose crecientes súbitas e inundaciones en la quebrada la Villa, zona
rural, afectando 53 familias de los sectores de villa esperanza y 11 Villa triunfo,
adicionalmente la quebrada la iraca, zona urbana con 4 familias afectadas en el
barrio la Natalia […]”109.

194. De igual manera, en la ficha de emergencias y desastres de 16 de marzo de
2022 del Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, la
Coordinadora de Gestión del Riesgo del Municipio relató que “[…] [e]l día lunes a
las 4:30 p.m. iniciaron fuertes precipitaciones a lo largo del territorio, después de 1
hora aproximadamente se reciben alertas por inundación, motivo por el cual se
activa el CMGRD (Consejo municipal de Gestión de Riesgo) a las 6 de la tarde
recibió reportes de inundación en el sector Villa Esperanza y Villa Triunfo […]
inmediatamente se activan las alarmas de evacuación coordinado por la secretaria
agroambiental por medio del programa gestión de riesgo, en articulación con el
ejército y bomberos; las personas son evacuadas y posteriormente trasladadas a
los albergues […] [s]e identificaron 250 familias afectadas-personas 739, de las
cuales 239 [fueron] familias damnificadas-701 personas. Se reportan movimiento en
masa en las veredas Arenosas, La Esperanza, Arenosas, Dinamarca, El Tabor, La
Tupiada y en 2 centros educativos rurales y dos viviendas con pérdida de cubierta
[…]”110.

195. Además, respecto a la zona de Villa Triunfo, colindante con la Quebrada La
Villa, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
realizó informe técnico111, en el cual concluyó lo siguiente:

“[…] Considerando la naturaleza de las fuentes hídricas, Rio San Carlos y Q. La Villa,
las cuales dan lugar a las geoformas actuales (llanuras aluviales, barras, terrazas, etc.),
es posible indicar que la zona donde actualmente se realiza el asentamiento de
personas y de infraestructura está propensa a sufrir eventos de inundación,
procesos erosivos y corresponde a una zona planar donde la fuente La Villa realiza

109 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: FR-1703-SMD-09 consolidacion edan (1).
110 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: FICHA DE EMERGENCIA.pdf.
111 Visible en Informe Técnico núm. 132-0194-2018 de 18 de julio de 2018.

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procesos de descarga de caudal; por lo anterior, esta zona presenta una categoría de
amenaza alta y a su vez riesgo alto ante eventos de inundación y corresponde a la
llanura de inundación tanto del rio San Carlos como de la quebrada La Villa por lo cual
dicha área deberá ser restituida, evacuando el asentamiento existente.
• Se realiza vertimiento de aguas residuales domesticas a las fuentes hídricas de
interés ocasionando contaminación a la calidad de estas.
• Se realiza captación de agua para consumo humano sin el respectivo permiso de
ocupación de cauce.
• En el predio con coordenadas N0610'57.90* - W 74959'27.20* y 2: 977 msnm, ubicado
en la vereda La Villa del municipio de San Carlos, se continúa trasgrediendo el Acuerdo
Corporativo No. 251 de 2011, con el aumento de los asentamientos habitacionales
ilegales (viviendas informales).
• El municipio de San Carlos incumple con los requerimientos exigidos por la
Corporación mediante la Resolución con radicado No. 132-0049-2018 del 17 de abril de
2018, por medio de la cual se adoptan unas determinaciones […]”112.

196. Teniendo en cuenta la manifestación del apelante cuando afirmó que el plazo
otorgado para reubicar a los habitantes de Villa Triunfo es insuficiente, la Sala
considera que se demostró la existencia del riesgo y de conformidad con las
conclusiones del estudio realizado en cumplimiento del ordinal tercero de esta
sentencia, se podrá determinar qué viviendas tendrán que ser reubicadas. Así que,
para el cumplimiento de esta orden se requiere más tiempo del indicado por el
Tribunal en la sentencia proferida, en primera instancia, sobre todo porque es
necesario realizar la búsqueda del área a la que serán reubicados, teniendo en
cuenta que cumpla con las condiciones geográficas y técnicas para garantizar la
prestación de los servicios públicos domiciliarios.

197. Por lo mencionado, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de ordenar al Municipio que,
dentro de los dos (2) años siguientes a la finalización del censo mencionado, en el
evento en que el mismo se descarte toda posibilidad de construir la infraestructura
pertinente para la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
en el barrio Villa Triunfo o que el predio se encuentre en zona de riesgo alto no
mitigable; ejecute las actividades necesarias a efectos de reubicar las familias y
habitantes de Villa Triunfo a un lugar donde se garantice la adecuada prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

198. Lo anterior, en el evento de ser procedente y sin perjuicio de las eventuales
medidas en torno a la salvaguarda de derechos de quienes habitan en la zona con
relación a la pretensión de titularidad sobre los predios de Villa Triunfo -que se
reitera, no es objeto de este proceso-. Asimismo, teniendo en cuenta que la

112 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Número único de radicación: 050012333000202200912-

00. Carpeta: 100_ENVIOCONSEJODEESTADO_050012333000202200(.pdf) NroActua 79. Archivo
denominado: 132-0194-2018 (1) (1).

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reubicación sería necesaria para casos en que el censo haya advertido
circunstancias como, por ejemplo, entre otras: i) imposibilidad de prestación de los
servicios públicos; ii) imposibilidad de permanencia derivada de la ubicación de las
viviendas en zona de riesgo alto no mitigable; o iii) imposibilidad de legalización del
predio.

Sobre otras medidas que la Sala considera necesarias para la protección de
los derechos e intereses colectivos, en el caso concreto

199. En continuación al análisis de las medidas para el presente caso, se
adicionará la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia,
ordenando al Municipio de San Carlos que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias considerando la información obtenida en
el censo anteriormente ordenado, adopte las medidas necesarias para evitar
nuevos asentamientos en la zona, incluso aquellas derivadas del ejercicio de la
función de policía, orientadas a impedir el incremento del número de habitantes en
el sector estudiado en esta acción popular.

200. En este punto, la Sala resalta que, el Municipio de San Carlos debe evaluar
las medidas concretas y necesarias que sean de su competencia para cumplir con
su función de vigilancia y control en relación con los asentamientos ubicados en su
territorio, en aras de la poder adoptar las medidas necesarias para garantizar la
protección de los derechos e intereses colectivos de la comunidad.

201. Adicionalmente y teniendo en cuenta que el Municipio de San Carlos es el
principal obligado a garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado en su territorio, para efecto de determinar cuáles son las medidas
necesarias para superar la problemática planteada en este caso, la Sala tendrá en
cuenta la postura adoptada en la sentencia de 1.º de marzo de 2018 dentro del
proceso identificado con número único de radicación 190013331005201100294-01
en cuanto a la corresponsabilidad que es exigible a los propietarios de los predios y
las unidades habitacionales que se construyeron en el barrio Villa Triunfo, la cual
tiene sólidos fundamentos en nuestro ordenamiento jurídico. Ello sin perjuicio de las
circunstancias particulares que atañen a este proceso como, por ejemplo, aquella
atinente a la situación de controversia en torno a la titularidad del predio, lo cual no
es objeto de este trámite judicial.

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202. Tal como esta Sección determinó, “[…] la jurisprudencia113 de esta Sección
ha puesto de presente que cuando se demuestre que los riesgos a la seguridad y a
la prevención de desastres han sido causados por acciones atribuibles a los
ciudadanos, resulta procedente que el juez popular ordene que los sujetos
corresponsables concurran con las entidades gubernamentales a adoptar las
medidas que resultaren necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de
los derechos colectivos, en aras de hacer efectivos los deberes de precaución,
solidaridad y autoprotección que tanto en lo personal como en sus bienes les
impone el artículo 2 de la Ley 1523, concretamente, en materia de prevención del
riesgo […]”.

203. Asimismo, la Sala considera que se encuentra probada la responsabilidad
que le asiste a la comunidad en la amenaza y vulneración de los derechos es
intereses colectivos invocados, con ocasión, por un lado, de la contaminación por
aguas residuales y residuos sólidos que generan a las fuentes hídricas cercanas a
la vereda La Villa del Municipio de San Carlos y, por otro lado, en la alteración por
construcción de obras del cauce de las fuentes hídricas en el sector.

204. Lo anterior fue señalado, por la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE en su escrito núm. 132-0049-2018
de 17 de abril de 2018, en el que exponen las conclusiones de la visita técnica
realizada el 21 de marzo de 2018 en la zona objeto del litigio, al respecto indicó: i)
que “[…] [e]n la zona se evidenciaron considerables aportes directos de vertimientos
de aguas residuales domésticas hacia las fuentes hídricas cercanas de la zona y el
inadecuado manejo de los residuos y basuras que allí se generan […]”; y ii) que “[…]
[l]a fuente La Villa presenta procesos de intervención antrópica como la adecuación
de un gavión para controlar la salida del agua hacia el no San Carlos como se
evidencia en la siguiente imagen. Este hecho constituye una modificación en la
dinámica natural de la fuente […]”.

205. Al respecto, la Sala adicionará la parte resolutiva de la sentencia proferida,
en primera instancia, en el sentido de instar a los habitantes del barrio Villa Triunfo
a que se abstengan de contaminar las fuentes hídricas cercanas con las aguas

113 Cfr. La sentencia de 27 de febrero de 2003. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Número único de Radicación

2000-3448-01 (AP 3448). Actor: José del Carmen Espinoza Rincón. Demandados: Municipio de Rionegro y
CAR. Sentencia de 4 de febrero de 2010. C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso. Número único de Radicación
73001-23-31-000-2011-01676-01. Actor: Félix Eduardo Martínez. Demandado: Municipio de Ibagué. Sentencia
de 31 de marzo de 2011. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Número único de Radicación 6001-23-31-000-2004-
01624-01(AP) Demandado: Municipio de Cali.

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residuales y, en general, a través de cualquier otro residuo contaminante. Asimismo,
concurran con el Municipio de San Carlos y coadyuven las gestiones que se
requiera adelantar con miras a completar el proceso de implementación de medidas
provisionales para casos en que las viviendas no se encuentren en zona de riesgo,
de conformidad con las conclusiones del censo ordenado previamente y, en
consecuencia, no deban ser reubicadas. Igualmente, aquellos habitantes que sí se
encuentren en riesgo, también deberán contribuir con las labores que apareje la
reubicación y el proyecto de construcción o adecuación de los sistemas de
acueducto y alcantarillado.

206. En suma, la Sala reitera que, en este caso, el Municipio de San Carlos es la
entidad principal y competente conforme con la Constitución, la ley y los
reglamentos, para realizar las acciones indicadas en los acápites anteriores,
orientadas a garantizar la protección de los derechos o intereses colectivos. En ese
marco, la Sección Primera ha advertido que “[…] el proceder adecuado de la
Alcaldía […] no es el de esgrimir simple y llanamente falta de capacidad114 [y se
agrega, la presencia de situaciones que impidan la garantía de los derechos], sino
que, ante ello, es su deber poner en conocimiento de otras autoridades […] las
dificultades propias de su gestión, con el objeto de obtener de ellas la cooperación
que se requiera y así, de consuno, poder gestionarlas y superarlas […]” 115.

207. En efecto, tal y como se advirtió anteriormente, los trámites, procedimientos,
acciones y operaciones que tenga que agotar la Administración Pública, no deben
suponer un obstáculo para garantizarle a las personas el acceso a los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado.

Otros argumentos del recurso de apelación, en el caso concreto

208. Respecto a lo indicado por el apelante cuando afirmó que el Tribunal había
ordenado realizar una planta de tratamiento de agua potable y de aguas residuales,
la Sala manifiesta que lo impartido en sentencia proferida en primera instancia no
incluyó la realización de tales infraestructuras directamente; si bien se señaló que

114 Respecto de la alegada carencia de recursos financieros para ejecutar las medidas de amparo, en reiterada

jurisprudencia, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que la falta de disponibilidad
presupuestal no es óbice para ordenar el restablecimiento de los derechos colectivos cuya vulneración se
demostró en el proceso judicial. Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 25 de octubre de 2001,
Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 70001233100020000512-01,
Expediente 0303. Actor: Adalberto Castro Meléndez.
115 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.

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Núm. único de radicación: 050012333000202200912-01

deben realizarse estudios para determinar cuál es la medida apropiada para el caso,
no necesariamente se indicó que debía ser esa.

209. Frente a la manifestación del recurrente sobre la falta de coherencia entre lo
solicitado por el actor popular y las órdenes de reubicación de los habitantes de Villa
Triunfo, la Sala considera que el juez popular está facultado y, más importante, está
obligado a adoptar medidas que conforme a las circunstancias probadas sean
conducentes y pertinentes para garantizar la protección de los derechos e intereses
colectivos.

210. Ahora bien, si eventualmente las administraciones municipales consideran
que pueden verse superadas en su capacidad de gestión debido a la magnitud de
las circunstancias, lejos de constituir un motivo para negarse a desarrollar la
actividad administrativa, devienen en un apremio a fin de satisfacer con mayor
diligencia y cuidado las necesidades e intereses de los habitantes, más aún en
tratándose de la ausencia de servicios públicos esenciales como el de alcantarillado.

211. En relación con la falta de recursos económicos, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, reiteró que las
autoridades no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial o la garantía
de los derechos con fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, se
precisó lo siguiente:

“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.

83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”116 (Destacado fuera de texto).

212. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de forma reiterada, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el

116 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01.

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restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

213. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal sexto, lo siguiente:

“[…] Sexto: Confórmese un Comité de verificación integrado por el alcalde Municipal
de San Carlos, los actores populares, el Agente del Ministerio Público y por el
Defensor del Pueblo Regional Antioquia, para que se encarguen de comprobar el
cumplimiento de lo aquí ordenado […]”.

214. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en lo relacionado con la conformación del Comité de
Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar que: i) el Magistrado
Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité de verificación; y ii) se incluirá a
un delegado del Departamento de Antioquia para que participe de conformidad con
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la
materia; tal como se precisará en la parte resolutiva de la sentencia.

215. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en
el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la
sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

216. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones de la Sala

217. En suma, la Sala, por las razones expuestas en esta providencia: i)
modificará en los términos indicados supra los ordinales tercero, cuarto y quinto de
la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia; ii) ordenará
medidas adicionales al Municipio de San Carlos; iii) instará a los habitantes del

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barrio Villa Triunfo; iv) modificará la composición del comité de verificación de
cumplimiento; y v) confirmará en lo demás la sentencia de 13 de septiembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en primera instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

“Tercero: Se ordena al Municipio de San Carlos que en un término no
superior a tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia,
y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, realice un censo que determine: i) la cantidad de habitantes
por vivienda; ii) si se encuentran o no en alguna circunstancia de debilidad
manifiesta o que permita catalogarlos como sujetos de especial protección
constitucional; iii) la ubicación de cada vivienda en el mapa, identificando
cuáles de ellas se encuentran en la ronda de la quebrada, del río o de
cualquier otro cuerpo de agua natural que genere riesgo; y iv) el nivel de
riesgo en que se encuentra cada grupo familiar, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia”.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en primera instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

“Cuarto: Ordenar al Municipio de San Carlos, respecto de los sectores que
no se encuentren en zona de riesgo alto no mitigable, lo siguiente:

4.2. Realizar, dentro de los dos (2) meses siguientes a la elaboración del
censo ordenado en el ordinal tercero de la parte resolutiva de esta sentencia,
un estudio que permita, por un lado, establecer qué viviendas presentan
pozos sépticos carentes de mantenimiento o con posibles derrames y, por el
otro, determinar la situación socioeconómica de los integrantes del núcleo
familiar de las viviendas seleccionadas, esto es: su calidad de empleado o
no, si cuenta con alguna fuente distinta de recursos económicos, si se trata
de padre o madre cabeza de familia, etc. Igualmente, establecer la edad de
los integrantes del grupo familiar, es decir, si se trata de niños, adultos o
personas de la tercera edad, así como, si son personas en condición de

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debilidad manifiesta o con especial protección constitucional, y demás
características, con el fin de establecer medidas de financiamiento del
valor del servicio de mantenimiento mediante acuerdos de pago
concertados con los usuarios y fijando para el caso de las familias más
pobres un subsidio que cubra un porcentaje del valor, el cual definirá el ente
territorial. Lo anterior, con sujeción a los programas sociales con los que
cuente la entidad territorial y, en caso de no contar con ninguno, el valor
completo del servicio deberá ser cancelado por la persona o familia que se
encuentre ocupando el respectivo bien inmueble.

4.1.1. Con el fin de controlar que el beneficio sea recibido por quienes
realmente lo necesitan, deberá programar una revisión periódica en un
término prudencial, con la que se verifique que se mantengan las condiciones
socioeconómicas que habilitaron el beneficio y, en consecuencia, se otorgue
hasta cuando se compruebe que el núcleo familiar cuente con los recursos
necesarios para contratar el servicio y asumir el 100% del valor de la limpieza
de los pozos sépticos.

4.1.2. Dependiendo de las conclusiones de dicho estudio sobre las
condiciones económicas de la población, deberá gestionar la limpieza o
descolmatar los pozos sépticos y estructuras similares existentes en el lugar,
conforme a lo cual analizará la estrategia más viable para su ejecución directa
o a través de terceros.

4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias; dentro de los dos (2) meses
siguientes al término otorgado para el estudio, teniendo en cuenta la
información recaudada en el censo y el estudio ordenado supra, defina si
como medida permanente para la prestación del servicio se optará por
realizar el proyecto que permita la prestación del servicio de alcantarillado en
el barrio Villa Triunfo en la Vereda La Villa a través del Plan Departamental
de Aguas o mediante los esquemas diferenciales.

4.2.1. En caso de que decida acudir al Plan Departamental de Aguas,
dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del anterior plazo, el
ente territorial de orden municipal, en colaboración con el Departamento de
Antioquia y de la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, dentro del
ámbito de sus competencias, deberán elaborar un proyecto que cumpla con
los requisitos definidos por el ordenamiento jurídico para esos efectos.

Dentro de ese mismo término, el citado proyecto deberá ser presentado ante
la dependencia encargada del PDA del Departamento de Antioquia y del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que evalúen su aprobación
y financiación.

En caso de que alguna de esas entidades requiera información adicional o
requiera correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de
San Carlos dentro de los dos (2) meses siguientes.

Una vez aprobado el financiamiento de la obra, se concederá un plazo de
dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que la apruebe, para que el Municipio de San Carlos realice la
construcción de la infraestructura y su puesta en operación.

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4.2.2. Por otro lado, si se define que la construcción del sistema de
acueducto y alcantarillado en el barrio Villa Triunfo en la vereda La Villa en el
Municipio de San Carlos será con base en los esquemas diferenciales para
la prestación del servicio, el proyecto que se realice debe atender a los
componentes definidos en el Decreto 1898 de 2016 y sus normas
concordantes.

Para el efecto, se concederá un plazo de seis (6) meses contados a partir del
vencimiento del primer término mencionado en este subtítulo de medidas
definitivas, para que el Municipio de San Carlos, el Departamento de
Antioquia y la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias; y en
observancia de las etapas de perfil y planeación, elaboren un proyecto
técnico que permita la prestación del servicio de alcantarillado en la zona
objeto de controversia.

En ese mismo término, dicho proyecto deberá ser presentado ante la
dependencia encargada del Departamento de Antioquia y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, para el estudio de su financiación. En caso de
que alguna de esas entidades requiera información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de San Carlos
dentro de los dos (2) meses siguientes.

Asimismo, para la etapa de construcción y puesta en marcha del proyecto se
otorgará un plazo de dieciocho (18) meses. Dentro de ese lapso, se tendrá
que definir si el Municipio de San Carlos prestará directamente el servicio o
a través de una empresa de servicios públicos o por medio de la estructura
organizacional que se defina para esos efectos.

4.3. Para los casos en que las viviendas no cuenten con ninguna estructura
provisional que supla dichas necesidades y no tengan las posibilidades
financieras para asumirlo, el Municipio deberá gestionar la construcción de
las mismas asegurándose que cada vivienda cuente con un mecanismo que
le permita disponer de sus residuos adecuadamente y recibir agua potable”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
13 de septiembre de 2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en primera instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

“Quinto: Se ordena al Municipio de San Carlos que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de los dos
(2) años siguientes a la finalización del censo y estudio mencionados, en el
evento en que el mismo descarte toda posibilidad de construir la
infraestructura pertinente para la prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado en el barrio Villa Triunfo o que el predio se
encuentre en zona de riesgo alto no mitigable; ejecute las actividades
necesarias a efectos de reubicar las familias y habitantes de Villa Triunfo a
un lugar donde se garantice la adecuada prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia”.

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CUARTO: MODIFICAR, el ordinal sexto de la sentencia de 13 de septiembre de
2023 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera:

“Sexto: Se ordena conformar un comité de verificación integrado por el
magistrado sustanciador del Tribunal, quien lo presidirá; el alcalde del
Municipio de San Carlos; un delegado del Departamento de Antioquia; los
actores populares; el agente del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo
Regional Antioquia, para que se encarguen de comprobar el cumplimiento de
lo aquí ordenado.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia”.

QUINTO: ORDENAR al Municipio de San Carlos que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, teniendo en cuenta la
información obtenida en el censo anteriormente ordenado, adopte las medidas
necesarias para evitar nuevos asentamientos en la zona, incluso aquellas derivadas
del ejercicio de la función de policía, orientadas a impedir el incremento del número
de habitantes en el sector estudiado en esta acción popular.

SEXTO: INSTAR a la comunidad del barrio Villa Triunfo a que se abstengan de
contaminar las fuentes hídricas cercanas con las aguas residuales y, en general, a
través de cualquier otro residuo contaminante. Asimismo, para que concurran con
las autoridades y coadyuven en las gestiones que se requiera adelantar para el
cumplimiento de las órdenes impartidas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SÉPTIMO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 13 de septiembre de 2023
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

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NOVENO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

DÉCIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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