Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-33-33-006-2024-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-33-33-006-2024-00003-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 63001-33-33-006-2024-00003-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
Actora: Defensoría del Pueblo Regional Quindío
Demandados: Municipio de Montenegro, Departamento del Quindío y Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP1
Vinculados: Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Corporación
Autónoma Regional del Quindío2; Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y Anderson Farid Jaramillo Calvo3
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP, el Municipio de Montenegro, el Departamento del
Quindío y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la
sentencia de 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Defensoría del Pueblo - Regional Quindío presentó demanda4 contra el
Municipio de Montenegro, el Departamento del Quindío y Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP5, en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de
obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) a la seguridad y
1 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.PDF) NroActua 2.
2 Vinculada, junto con la anterior entidad, mediante auto de 25 de enero de 2024.
3 Vinculado, junto con la anterior entidad, mediante auto de 8 de febrero de 2024.
4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 1-5.
5 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.PDF) NroActua 2.
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salubridad públicas; ii) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; iii) al acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y
oportuna; y iv) a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Amparar los Derechos Colectivos de Acceso y Prestación Oportuna
y Eficiente del Servicio Público de Agua Potable, Seguridad y Salubridad Públicas y
el Acceso a una Infraestructura de Servicios que Garanticen la Salubridad Pública
de todos los habitantes del municipio de Montenegro Quindío.
SEGUNDO: Que consecuente con la decisión anterior, se ordene al MUNICIPIO DE
MONTENEGRO QUINDIO (Representado por su Alcalde Municipal), a
EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P. (Representada por su
Gerente) y a la GOBERNACION DEL QUINDIO (Representada por el señor
Gobernador del Quindío), lo siguiente:
A- Realizar por medio de personal idóneo, en un término perentorio mínimo,
que usted establecerá a su buen juicio, los estudios técnicos y financieros
para la construcción de una Infraestructura que solucione de manera
definitiva la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado
teniendo en cuenta que sea acorde con el número de habitantes del
municipio de Montenegro Quindío para efectos de su abastecimiento.
B- Realizar mediante personal idóneo, en un término perentorio que usted
dispondrá, los estudios técnicos y financieros del Sistema de Acueducto
y Alcantarillado existentes actualmente en el municipio de Montenegro
Quindío evidenciando si el mismo es viable o inviable y si en todo, o en
parte puede servir para ser utilizado en las nuevas obras que se
determinen con el estudio que se efectúe para el efecto, de acuerdo con
la orden enunciada en el literal anterior.
TERCERO: Con base en los resultados de los estudios indicados anteriormente,
ordenar al MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDIO (Representado por su
Alcalde Municipal), a EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO S.A. E.S.P.
(Representada por su Gerente) y a la GOBERNACION DEL QUINDIO
(Representada por el señor Gobernador del Quindío), realizar de inmediato las
obras de construcción de la Infraestructura que dé solución definitiva a la prestación
del Servicio Público de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Montenegro
Quindío.
CUARTO: Que las medidas o intervenciones que deban tomarse sean perentorias
y rápidas en aras de garantizar los derechos colectivos de los ciudadanos afectados
y residentes en el municipio de Montenegro Quindío […]”6.
6 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 5.SubsanacionDemandaDefensoria(.pdf) NroActua 4. Página 14.
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Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. En el Municipio de Montenegro hay aproximadamente 40.000 habitantes y la
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado se realiza por
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP, anteriormente denominada Empresa
Sanitaria del Quindío – ESAQUIN S.A., creada desde 1989, fecha desde la cual
presta el servicio en el Municipio.
3.2. Adujo que desde hace varios años el Municipio viene sufriendo serios
problemas de abastecimiento de agua en condiciones de potabilidad resaltando que
a diario se interrumpe el suministro, así también existen problemas con las redes de
alcantarillado debido a que hay muchos daños en la infraestructura. Dicha
circunstancia se ha puesto en conocimiento de la empresa encargada, así como del
Municipio, indicando que en ocasiones la población reconoce su falta de potabilidad
en su color y olor; sin embargo, las medidas que han implementado no han servido
para superar la problemática.
3.3. Agregó que el Municipio cuenta con tres (3) líneas de conducción de agua
denominadas La Acequía, la Línea de Gravedad Vieja y la Línea de Gravedad
Nueva; sin embargo, ninguna de ellas ha suplido la problemática del abastecimiento.
Indicó que, a pesar de la problemática de desabastecimiento y calidad del agua, el
cobro de las facturas sigue incrementando.
3.4. Manifestó que la empresa prestadora recibe cada mes el pago que realizan
los usuarios y el pago que realiza el Municipio por concepto de los subsidios que
otorga la Nación para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3; ello es reflejo de una
robusta fuente de ingresos para la empresa que no se ve reflejada en la satisfacción
de la prestación de los servicios públicos ni la intención de mejora, sobre todo
teniendo en cuenta que muchas personas se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad y no tienen posibilidad de acceder a un suministro suficiente y de
calidad de agua potable.
Contestaciones de la demanda
4. El Municipio de Montenegro7 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos:
7 Cfr. índice 21 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 38_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 21.
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4.1. Reconoció los problemas relacionados con el suministro de agua y la
infraestructura, admitiendo que la prestación del servicio ha sido intermitente y que
existen daños en las líneas de conducción de las aguas; sin embargo, argumentó
que, aunque está comprometido con la garantía de derechos para los habitantes,
no tiene responsabilidad directa en la prestación del servicio porque Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP tiene a cargo esa función y es quien gestiona, opera
y recibe los pagos por dicho servicio.
4.2. Señaló que no tiene legitimación en la causa, dado que la responsabilidad de
prestar el servicio y garantizar su calidad recae exclusivamente en Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP, debido a que no existe una conexión directa entre
las fallas en el servicio y la responsabilidad de la administración municipal, en ese
sentido, no son “[…] los responsables por las afectaciones a la comunidad […]”
derivadas de la deficiencia del servicio.
4.3. Presentó un informe técnico elaborado por la Secretaría de Planeación del
Municipio en la cual se detallan las acciones emprendidas para evaluar el estado de
las líneas de acueducto y las recomendaciones para mejorar el sistema. Este
informe identifica varios daños en la infraestructura y propone medidas urgentes
para resolver los problemas, como son, entre otras: i) la reparación y sustitución de
tuberías; ii) el mantenimiento de las bocatomas; y iii) la recuperación estructural y
del sistema de bombeo de la Sequía-Canal.
5. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio8 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos9:
5.1. Alegó que no se cumplió con el requisito de procedibilidad, conforme a los
registros contenidos del sistema “Gesdoc”, no se presentó ninguna petición previa
sobre la vulneración de derechos e intereses colectivos ante la cartera ministerial.
5.2. Señaló que la acción popular es improcedente en tanto el Ministerio no es la
entidad responsable de la prestación directa de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado, dado que su competencia está limitada a la formulación de políticas
públicas en estos sectores y no abarca la ejecución de obras o servicios específicos.
8 Por intermedio de apoderado.
9 Cfr. índice 22 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 45_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 22.
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5.3. Indicó que, conforme al marco normativo que rige las funciones y deberes de
los municipios, el ente territorial es quien debe garantizar un suministro de agua
continuo, eficiente y en condiciones de potabilidad; por lo tanto, corresponde al
Municipio de Montenegro asegurar la prestación adecuada los servicios de
acueducto y alcantarillado.
5.4. Destacó que su responsabilidad no recae en “[…] temas ambientales, […] la
construcción de obras del sistema de acueducto y alcantarillado ni mucho menos
[en ser] el encargado de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura y calidad […]”.
5.5. Agregó que no se demostró en el material probatorio alguna vulneración o
amenaza de los derechos colectivos invocados, tampoco se han presentado
solicitudes que permitan inferir dicha afectación como consecuencia de la acción u
omisión a su cargo.
5.6. Sostuvo que no es la entidad legitimada para llevar a cabo las obras
solicitadas, dado que su competencia se circunscribe a la formulación de criterios
de viabilidad y elegibilidad de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo, así
como a la aprobación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
3571 de 27 de septiembre de 201110.
5.7. Manifestó que su intervención en el sector de agua potable y saneamiento
básico se estructura en dos dimensiones claras: por un lado, como rector de la
política institucional en esta materia, encargado de formular las directrices para su
adecuado desarrollo; y, por otro lado, brindando apoyo financiero a los entes
territoriales y/o a las empresas de servicios públicos que cumplan con los requisitos
establecidos por la normatividad vigente. Esta función dual refuerza que el papel del
Ministerio es de carácter técnico y financiero, y no operativo, lo que excluye su
responsabilidad en la ejecución directa de las obras solicitadas por el demandante.
5.8. Adicionó, que, conforme a la información proporcionada por sus
dependencias, el único proyecto radicado por la entidad territorial del Municipio de
Montenegro es el titulado: “CONSTRUCCIÓN COLECTORES, SECTOR
QUEBRADA LA PLANTA Y SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO,
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”. Este proyecto recibió un concepto no favorable
en la ficha de evaluación de 14 de febrero de 2018 y su estado en la plataforma
10“[…] Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio […]”..
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SIGEVAS aparece como “Devuelto”; dicha devolución revela que a la fecha no se
ha presentado ningún otro avance técnico ni se han adoptado acciones adicionales
por parte del ente territorial, lo que exime al Ministerio de responsabilidad en cuanto
a la ejecución y seguimiento de dicho proyecto.
5.9. Destacó que ha brindado cinco jornadas de asistencia técnica al Municipio
de Montenegro, de acuerdo con los registros del Sistema de Inversiones en Agua
Potable y Saneamiento Básico.
5.10. Presentó la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.
6. La Corporación Autónoma Regional Del Quindío contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos11:
6.1. Sostuvo que no tiene competencia para garantizar la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado, por lo que no existe legitimación material en
la causa que le permita asumir dicha responsabilidad y, por ello, subrayó que “[…]
el hecho de que exista la necesidad de un acompañamiento técnico por parte de la
Entidad […] en las actividades a realizar por demás Entidades involucradas en este
asunto y quienes sí son realmente competentes, no puede equipararse a una
omisión o vulneración de derechos colectivos […]”.
6.2. Resaltó que, conforme a la Constitución Política, la Ley 142 de 11 de julio de
199412 y la Ley 1551 de 6 de julio de 201213, la responsabilidad de la prestación de
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado recae en el Municipio de
Montenegro, siendo esta la autoridad competente para garantizar la adecuada
prestación de dichos servicios.
6.3. Reiteró que no tiene la facultad para llevar a cabo las obras solicitadas por la
parte actora debido a que las entidades encargadas de ejecutar las actividades
necesarias para resolver la problemática son el Municipio de Montenegro o, en su
defecto, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP.
11 Cfr. índice 24 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 054Contestación demanda CRQ(.pdf) NroActua 24.
12 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”
13 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”
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7. El Departamento del Quindío14 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos15:
7.1. Señaló que lo planteado por el actor es subjetivo y carece de sustento
probatorio, en consecuencia, no debe ser tenido como hecho. Igualmente advirtió
que el accionante no fundamenta la materialización de ninguna de las siguientes
tres situaciones señaladas en la acción popular: i) la falta de líneas de
abastecimiento que garanticen el suministro constante de agua; ii) la mala calidad
del agua; y iii) la suspensión recurrente del servicio.
7.2. Enfatizó que, según lo corroborado por Oficios de 14 de agosto de 2023,
remitidos por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP a la Defensoría del Pueblo
• Regional del Quindío, el suministro de agua en el Municipio de Montenegro es
constante y no presenta interrupciones significativas. Las suspensiones que se han
registrado han sido atribuidas a situaciones imprevistas y han sido resueltas con
prontitud, lo que refuerza el argumento de que no se ha vulnerado ningún derecho
colectivo.
7.3. Sostuvo que no tiene legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene
competencia en la prestación directa del servicio de acueducto y alcantarillado, esta
responsabilidad recae sobre Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP. y el
Municipio de Montenegro que son las entidades competentes.
7.4. Explicó que, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 142 y la jurisprudencia
asociada, la competencia del Departamento en relación con los servicios públicos
es únicamente de apoyo y coordinación, pero no de prestación directa.
7.5. Argumentó que las pruebas presentadas en el proceso, incluyendo los
Oficios de 17 de junio y 14 de agosto de 2023, expedidos por el Subgerente de
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP., demuestran que se tiene el control del
sistema de abastecimiento de agua, cuenta con las líneas de conducción necesarias
y ha garantizado el suministro constante de agua en el Municipio. En consecuencia,
reiteró que no tiene responsabilidad en los hechos presentados en la demanda.
7.6. Afirmó que, según el oficio del 30 de junio de 2022 emitido por la Secretaría
de Salud Departamental del Quindío, se realizaron visitas de inspección a los
sistemas de suministro de agua para consumo humano en el municipio de
14 Por intermedio de apoderada.
15 Cfr. índice 25 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 55_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 25.
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Montenegro. Dichas visitas fueron periódicas y cumplieron con los requerimientos
establecidos por el riesgo sanitario de la zona.
7.7. Explicó que, según el Oficio de 22 de febrero de 2022, se presentaron
deslizamientos en las zonas de media ladera donde se encuentran ubicadas las
redes de acueducto, lo que ocasionó rupturas y suspensiones temporales en el
servicio; sin embargo, enfatizó que este tipo de eventos están fuera del control de
las entidades prestadoras del servicio, y Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP.
ha realizado las acciones correctivas de manera inmediata, lo que demuestra su
diligencia y capacidad para responder ante situaciones imprevistas.
7.8. Citó la Sentencia T-401 de 2022, en la cual se estableció que la
responsabilidad primaria en la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado recae en los municipios, quienes deben garantizar que el servicio se
preste de manera eficiente y continua, ya sea directamente o a través de empresas
especializadas, por lo cual concluyó que es el Municipio de Montenegro junto a de
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP. los llamados a responder por las
deficiencias alegadas del servicio.
7.9. Formuló como excepciones las denominadas “inexistencia o amenaza de los
derechos colectivos reclamados” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
8. La Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios16 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos17:
8.1. Señaló que ninguno de los hechos presentados en el proceso hace referencia
a acciones u omisiones atribuibles a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, por lo que no se evidencia una posible vulneración de derechos
colectivos por parte de la entidad.
8.2. Aseveró que no tiene la responsabilidad de prestar los servicios de acueducto
y alcantarillado, siendo sus funciones las encaminadas a la inspección, vigilancia y
control, lo cual excluye su participación directa en la presunta afectación.
8.3. Advirtió que, de las pruebas documentales aportadas por la parte actora, se
desprende que la Superintendencia ha actuado dentro del marco de sus
16 Por intermedio de apoderada.
17 Cfr. índice 27 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 58_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 27.
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competencias. Esto se refleja en la organización de mesas de trabajo con la
ciudadanía para abordar y tratar de resolver la problemática objeto de la litis.
Asimismo, destacó que las acciones desplegadas incluyen requerimientos formales
dirigidos a Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., lo que demuestra su
actuación diligente y la inexistencia de una vulneración de los derechos colectivos
alegados a su cargo.
8.4. Afirmó que, de acuerdo con el precedente establecido por la Sección Tercera
del Consejo de Estado en sentencia de 26 de febrero de 2015, la función de
vigilancia y control de la Superintendencia no implica asumir los riesgos inherentes
a las entidades vigiladas ni garantizar la efectividad del servicio prestado por estas.
En consecuencia, la supervisión no genera una obligación de resultado, sino de
medio, lo que implica que la responsabilidad no puede recaer sobre la entidad
vigilante por daños ocasionados por las empresas prestadoras del servicio.
8.5. Añadió que, conforme al precedente jurisprudencial, sus funciones se limitan
en la inspección, vigilancia y control sin involucrarse en la prestación directa de los
servicios públicos domiciliarios, por ende, la responsabilidad solidaria solo aplica
cuando hay una concurrencia en la causación del daño, lo cual no es el caso en los
asuntos que involucran a la Superintendencia, ya que la entidad no participa en la
prestación del servicio ni en la ejecución de las actividades operativas.
Audiencia de pacto de cumplimiento
9. El Tribunal Administrativo del Quindío celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el día 2 de abril de 202418, sin que existiera acuerdo y ante la
inasistencia del Municipio de Montenegro, declaró fallida la posibilidad de pacto de
cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
10. El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia de 25 de julio de
2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLÁRESE que el MUNICIPIO DE MONTENEGRO, las
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO – E.P.Q. S.A., el DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, y la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, se encuentran
vulnerando los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, el acceso
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y al acceso de los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de
18 Cfr. índice 52 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
109ActaAudEspecialPactoCumplimiento(.pdf) NroActua 52.
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las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordena y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes consagrados en la Ley 472 de 1998, por la prestación ineficiente de los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a la población de
Montenegro Quindío; así como también, se amenaza el derecho colectivo al goce de
un ambiente sano, por la contaminación generada con los vertimientos de aguas
residuales a las fuentes hídricas y el suelo por el estado del sistema de alcantarillado
del municipio; conforme a lo considerado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE:
1. A Empresas Públicas del Quindío – EPQ S.A. ESP adopte de manera
INMEDIATA las medidas administrativas y presupuestales para que:
1.1. Garantice el mantenimiento preventivo y limpieza general a los sistemas
de acueducto y alcantarillado del municipio de Montenegro.
1.2. Suministre la información al SUI de los IRCAs mensuales.
2. Al Municipio de Montenegro, Empresas Públicas del Quindío – EPQ S.A. ESP,
al Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío
– CRQ, que de manera coordinada y complementaria, adopten todas las gestiones
técnicas, administrativas, financieras, apropiación de recursos presupuestales,
contratación y demás que se requieran para garantizar la prestación de los servicios
de acueducto y alcantarillado en condiciones legales de calidad, eficiencia y
eficacia, en el municipio de Montenegro Quindío; para lo cual en el marco de sus
competencias y en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de
esta providencia, presenten un plan que permita llevar a cabo las diferentes fases
de formulación y ejecución de los siguientes proyectos y obligaciones:
2.1. Adecuación y/o instalación de la Estación de Bombeo el sector El Roble 2, como
sistema de contingencia de suministro de agua. Para esos efectos, tendrán en cuenta
el proceso de contratación iniciado por el Plan Departamental de Agua PDA.
2.2. Adecuación y/o instalación de la Estación de Bombeo el sector El Roble. Para
esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.3. Arreglo de los daños existentes en los sistemas de captación, aducción y
condición de la línea de gravedad “vieja” y la Acequia, detectados por el Ingeniero
Sanitario Duvan Ordoñez Ibarra de la Secretaría de Planeación de Montenegro y en
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 2020-2024.
2.4. Construcción de colectores en los sectores quebrada La Planta, Barrio
Santander y Chica. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación
de los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.5. Construcción y optimización de los colectores Las Animas, Arabia, Cajones.
Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación de los diseños de
solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan Departamental de
Agua PDA.
2.6. Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en el sector río
Roble. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación de los diseños
de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan Departamental
de Agua PDA.
2.7. Construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
la quebrada Cajones. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación
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de los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.8. Construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
sector Balastrera. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación
de los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.9. Construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
sector Calle 10. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación de
los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.10. Operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP ubicada en el
barrio La Isabela.
2.11. Reposición y/u (sic) Optimización de redes de alcantarillado identificado, para
lo cual deberá priorizar por estado, comportamiento hídrico y capacidad de redes.
2.12. Caracterización de los sectores donde se presentan con mayor frecuencia
daños en la red de distribución de agua con el fin de establecer y corregir los
determinantes que propician la falla.
2.13. Implementación de sistemas de medición del caudal que permita determinar en
cualquier momento la cantidad de agua captada de entrada y salida, así como, de
dispositivos que permitan leer de manera precisa el volumen de agua almacenada en
los tanques de la planta.
2.14. Implementación del programa de reducción de pérdidas “PRP” en el sistema,
acorde con la normatividad vigente.
2.15. Ejecución de programa de educación ambiental para el uso eficiente del agua y
uso adecuado de las redes públicas de alcantarillado.
2.16. Ejecución de programa de monitoreo a vertimientos y cuerpos de agua.
2.17. Ejecución de programa de seguimiento a usuarios especiales del alcantarillado.
2.18. Implementación del proceso de restauración activa (siembras) en los linderos
de los predios o zonas amortiguadoras de los predios vecinos para reducir el impacto
generado en las UH de donde se toma el agua para la población.
2.19. Implementación adecuada y completa de la sectorización de la red, para evitar
los cortes totales del servicio de acueducto en zonas si se presenta un daño. Para
esos efectos, tendrán en cuenta los diseños contratados por el Plan Departamental
de Agua PDA.
2.20. Implementación óptima de la Planta del sistema de suministro de agua para
consumo humano. Para esos efectos, tendrán en cuenta el informe pericial de la
Secretaría de Salud del Departamento del Quindío.
Dicho plan, deberá contener en cada punto como mínimo (i) un análisis que precise
la fuente de financiación de dichas obras, (ii) el cronograma para su elaboración y (iii)
el o los responsables en su realización.
En caso, de determinarse que es necesario el auxilio de la Nación para el desarrollo
de alguno de los proyectos, se concederá el término de un (1) mes contado a partir
de la culminación del anterior término, para que una petición en ese sentido sea
radicada de forma completa, adecuada y con base en la metodología que se exige
ante la entidad competente para su estudio. Y en el evento de que ésta última solicite
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alguna información adicional o la corrección de dicho documento, esta deberá ser
elaborada en un plazo que no supere los quince (15) días.
Finalmente, para la construcción de dichas obras se atenderá lo previsto en el
cronograma contenido en la propuesta técnica, sin que el término supere la vigencia
definida en los Planes o a los dieciocho (18) meses, contados a partir de la aprobación
de la fuente de su financiación.
Por último, se advierte que los anteriores términos, podrán ser modificados por el
Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, en el marco de Comité de
Verificación de la sentencia, cuando existan razones válidas para ello.
3. A la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
3.1. Elabore un Plan de Descontaminación de las fuentes hídricas receptoras de los
vertimientos sin tratamiento las aguas residuales, basado en el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, en asocio con el Municipio de Montenegro Quindío y el
Departamento del Quindío.
Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento,
buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación hídrica;
así como, monitoreos ambientales periódicos, medidas de evaluación, control y
seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio; campañas de socialización
del plan con los demás actores involucrados en la protección del medio ambiente y
con la comunidad, entre otras que sean necesarias.
3.2. Presente un cronograma de avance de los Procesos Sancionatorios
Ambientales No. 033 y No. 186 de 2023, adelantados por la Oficina Asesora de
Procesos Sancionatorios Ambientales y Procesos Disciplinarios con base en los
informes contentivos de presuntos incumplimientos a las disposiciones, metas y
obligaciones del PSMV relacionados con la eliminación de vertimientos en las
vigencias 2020, 2021 y 2022 desde la red de alcantarillado público y construcción de
colectores para transporte de aguas residuales.
Para el cumplimiento de las anteriores órdenes, se le otorga a la CRQ un plazo de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia.
3. (sic) Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico, se insta para prestar la asistencia técnica a los proyectos
señalados en el punto anterior y dar prioridad a los estudios de viabilidad respecto
de los cuales se radiquen ante el Ministerio.
4. (sic) A la Superintendencia de Servicios Públicos, ejercer de manera inmediata
activamente las funciones de vigilancia y control a la empresa de servicios públicos
domiciliarios Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP para determinar si hay
incumplimiento la finalidad social del estado con la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, que implica el deber de las prestadoras de garantizar que
el agua suministrada sea apta para el consumo humano; así como, el de alcantarillado
sea prestado de manera oportuna y eficiente.
5. (sic) A la Secretaría de Salud Departamental del Quindío para que, en ejercicio
de sus competencias de vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano,
realice de manera inmediata los monitoreos de las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua en la red de distribución y otros medios, según los
lineamientos del Decreto 1575 de 2007, en el sistema de suministro de agua que
atiende al municipio de Montenegro; reportando los IRCAs mensuales al subsistema
SIVICAP.
TERCERO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el que estará conformado
por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Quindío, quien lo presidirá;
un representante de la Defensoría del Pueblo Regional Quindío; el Personero
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Municipal de Montenegro; el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal; un
delegado del municipio de Montenegro, un delegado del Departamento del Quindío o
de la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico PAD-PDA Quindío; un delegado de
Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.; un delegado de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío –CRQ, y un delegado del Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El comité que se constituirá
dentro del mes siguiente a la notificación de la presente providencia y deberá rendir
a esta Corporación, informes sobre el cumplimiento de esta sentencia cada cuatro (4)
meses y uno final al culminar sus labores.
CUARTO: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por
secretaría REMÍTANSE las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: En firme este fallo y verificado su cumplimiento, CANCÉLESE su
radicación, previa anotación en el Sistema Informático SAMAI […]”19.
Consideraciones del Tribunal
11. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] ¿Las entidades accionadas -Municipio de Montenegro, el Departamento del
Quindío, las Empresas Públicas del Quindío –EPQ, la Corporación Autónoma
Regional del Quindío – CRQ, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o la
Superintendencia de Servicios Públicos amenazan o vulneran los derechos e
intereses colectivos de la población del Municipio de Montenegro Quindío, como
consecuencia de carencia de infraestructura que les permita gozar del suministro
continuo de agua potable, salubre y de calidad?
Asimismo, se debe establecer ¿si por el estado del sistema de alcantarillado del
municipio, se presenta daños continuos que vulneran o amenazan los derechos
colectivos a la seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública (sic) y el acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna? […]”20.
12. El Tribunal adujo que en el Municipio de Montenegro se presenta una
problemática debido a que hay una infraestructura ineficiente para el sistema de
acueducto e inexistencia de infraestructura para la prestación del servicio de
alcantarillado.
13. Señaló que, respecto al servicio de acueducto, está probado que, aunque se
ofrece las 24 horas, no se presta de forma efectiva y permanente, periódicamente
se realizan suspensiones que no solo ocurren por fuerza mayor con aviso a la
comunidad sino por interrupciones no programadas del suministro, circunstancia
que se presentó durante todos los meses de los años 2022 y 2023.
14. El Tribunal precisó que las suspensiones no solamente se presentaron en la
temporada de invierno o en época vacacional, ocurrió todos los meses, y se debe
19 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
9ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2. Páginas 126-130.
20 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
9ED_SentenciadePrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2. Página 27.
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en gran medida a la obsolescencia de la infraestructura como es el caso de la Línea
de Gravedad Vieja que tiene más de 50 años y a la cual se une la línea de acueducto
“Nuevo”, y la Acequia que tiene más de 40 años encontrándose inoperante.
15. Además, señaló que hay falta de mantenimiento en el sistema de acueducto
debido a que no pudieron ingresar al predio La Elba por falta de autorización del
propietario, a lo que indicó que el Municipio y la empresa prestadora cuentan con
las acciones legales pertinentes para lograr ese fin; sin embargo, no las ejercieron
con prontitud.
16. Agregó que la estructura de algunos tramos presenta altos grados de
sedimentación y derrumbes que disminuyen el caudal de agua, además, hay
vulnerabilidad estructural de los tramos de conducción de agua cruda presentados
por efectos del clima y la variación de la resistencia del suelo.
17. Indicó que la falta de operación óptima de la estación de bombeo reduce la
eficiencia del sistema y hay déficit de la estructura de los tanques de
almacenamiento frente al volumen de regulación requerido por factores de riesgo
como cambio climático, disminución de la capacidad de los sistemas, contaminación
de fuentes y otros.
18. Adujo que se suscribió el Contrato de Obra núm. 004 de 2021, cuyo objeto
era la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, y tenía como
última fecha de terminación el 24 de abril de 2024; sin embargo, no hay constancia
alguna que sustente su finalización.
19. Manifestó que para la mejoría en la capacidad de tratamiento resulta
necesaria la ejecución de otros proyectos como: i) la construcción y optimización de
las estaciones de bombeo El Roble y El Roble 2, estando la segunda en ejecución
del Contrato de Consultoría núm. 020 de 2023 para los diseños con fecha de
terminación 19 de mayo de 2024, sin constancia de terminación en el expediente; y
ii) la realización de los diseños para la sectorización del sistema de acueducto
especialmente de la red de distribución que permita garantizar el adecuado
mantenimiento por zonas que evite la suspensión por labores de reparación.
20. Señaló que deben subsanarse los hallazgos identificados por la Secretaría
de Salud y Secretaría de Planeación del Departamento, los cuales dan cuenta del
mal estado de la infraestructura. Además, que no se encuentra probado que
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP. haya dado cumplimiento a sus
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obligaciones, otorgadas por las Resoluciones 960 de 22 de junio de 2016 y 3093 de
5 de diciembre de 2019, relacionadas con, entre otras, mantenimientos periódicos
para la detección y reparación de fugas en cada uno de los sistemas de transporte
de agua, seguimiento a los caudales extraídos en cuanto a cantidad y calidad del
recurso, instalación de sistemas de regulación y de medición de caudal, así como
mantener los niveles adecuados en las mediciones de todos los parámetros de
calidad del agua.
21. Advirtió que las prácticas de manejo de residuos sólidos e inorgánicos, las
actividades agrícolas y asentamientos humanos son factores de riesgo que han
generado como resultado que la caracterización del agua cruda en la fuente de agua
del sistema de abastecimiento de agua del Municipio de Montenegro indique que
hay características microbiológicas dentro del rango no permisible por la
Organización Mundial de la Salud.
22. Igualmente, informó que, si bien se han ejecutado obras de optimización de
la red y se tienen proyectadas varias acciones, son insuficientes frente a la
problemática del sistema de acueducto en el Municipio debido a la falta de ejecución
de los proyectos e incumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades
responsables de garantizar la prestación de dicho servicio público esencial.
23. Respecto al sistema de alcantarillado, pese a que se realizó reposición de
tubería de varios tramos de la red, indicó que en los últimos dos años se han
presentado daños continuos como filtraciones, rebosamientos, empozamiento de
aguas residuales y malos olores ocurridos en los barrios Balastrera, Ciudad Alegría,
La Julia, La Esperanza, Uribe y de manera general en el Municipio.
24. Agregó que se evidenció la falta de mantenimiento de los componentes del
sistema y la desarticulación de la PTAR ubicada en el barrio La Isabela antes de ser
puesta en funcionamiento; además, hay falta de inversión en los colectores y las
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y, si bien se han ejecutado obras, hay
un atraso en la ejecución de las mismas.
25. Señaló que las obras necesarias para la descontaminación del Municipio no
se han ejecutado por falta de capacidad financiera, dentro de dichas labores se
encuentran: i) la construcción de la Planta de Tratamiento Cajones; ii) la reposición
de red de alcantarillado en el casco urbano identificado; iii) la construcción de
colectores y/o solución vertimientos para los sectores de la quebrada La Planta, los
barrios Santander y Chica; iv) la optimización del colector La Arabia; v) la
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construcción del colector Las Ánimas; vi) la construcción y optimización del colector
en Cajones hasta la PTAR; vii) la solución de vertimientos en el sector El Roble; y
viii) la operación de la PTAR La Isabela.
26. Adujo que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio
estableció que los responsables de la construcción de las obras de infraestructura
que se requieren frente al sistema de alcantarillado son la Administración Municipal,
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP. y el Plan Departamental de Aguas – PDA
del Departamento del Quindío.
27. Destacó que en 2019 fue aprobada la inclusión de la compra del lote para la
construcción e implementación de la PTAR Cajones en el PSMV a cargo del
Municipio; sin embargo, no hay prueba que sustente el cumplimiento de dicho
compromiso ni el avance en estudios o diseños de la PTAR.
28. Manifestó que la Corporación Autónoma Regional del Quindío ha sido
omisiva en no tomar decisiones de tipo sancionatorio siendo la competente de
controlar y hacer seguimiento al PSMV; únicamente hasta el año 2023 inició el
proceso administrativo debido a que no hay avances adicionales a la realización de
los estudios y diseños contratados en 2018. Igualmente, que el incumplimiento de
dicho Plan genera la vulneración del derecho colectivo a la prestación eficiente del
servicio público.
29. Indicó que hay evidencia de la falta de planeación y ejecución de las
entidades demandadas considerando que el Contrato de Consultoría núm. 033 de
2018, el cual tiene como objeto realizar “[…] [e]studios y diseños para la
construcción y optimización de los colectores, (sic) Las Animas, Arabia, Cajones y
análisis, estudios y diseños para solución del sistema de redes de alcantarillado del
barrio Comuneros, en el municipio de Montenegro Quindío […]” no se llevó a cabo
y del año 2019 al 2023 no se adelantó el proceso completo ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, fue devuelto por falta del requisito de interventoría
externa en tanto que la supervisión de la construcción de dichos colectores fue
realizada directamente por el PDA y hasta la vigencia 2025 se volverá a presentar;
además, el proyecto de descontaminación se tenía programado iniciar en el año
2007.
30. Agregó que, al no contar con sistemas completos de tratamiento de aguas
residuales, las aguas se vierten sin tratamiento a fuentes hídricas como el río El
Roble y la quebrada Cajones -que a su vez descarga en el río Espejo y aquel en el
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río La Vieja-, vulnerando los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública;
al acceso infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; al acceso
de los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la
realización de las construcciones que den prevalencia a las necesidades de sus
habitantes, con el propósito de mejorar su calidad de vida; y al goce de un ambiente
sano.
31. Afirmó que la empresa prestadora del servicio de alcantarillado no probó que,
en cumplimiento al PSMV, hubiera reportado a la autoridad ambiental: i) las
conexiones erradas, pendientes y fraudulentas; ii) la identificación de los
asentamientos humanos no formales; iii) la ejecución del programa de educación
ambiental para el uso eficiente del agua y uso adecuado de las redes públicas de
alcantarillado; iv) las gestiones adelantadas para consecución de recursos en aras
de invertir en obras de descontaminación de fuentes hídricas; ni v) la operación
adecuada de la PTAR La Isabela.
32. Como tampoco se acreditaron acciones tendientes al control de pérdidas
técnicas de agua generadas por asentamientos subnormales ilegales por conexión
errada ni de disposición de recursos propios para cumplir la meta de construcción
de colectores.
33. Reiteró que el Municipio es el primer responsable de la prestación de los
servicios públicos pero que, no obstante, las demás autoridades accionadas
resultan comprometidas, tanto en materia técnica como financiera, en virtud del Plan
Departamental de Aguas. Igualmente, destacó que los servicios de acueducto y
alcantarillado son prestados por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP., en ese
sentido, le corresponde asegurar que el servicio se preste en forma continua y
eficiente, así como efectuar el mantenimiento y reparación de las redes públicas de
acueducto y alcantarillado; obligaciones que han sido desatendidas.
34. Respecto al actuar de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, afirmó que únicamente se demostró la realización de mesas de
trabajo en actividades de participación denominadas “superservicios escucha” en el
año 2023 sin acreditar resultados que den solución a la problemática de servicios
públicos del presente caso, ello aun cuando la sanción con multa impuesta a
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP. por incumplimiento a los parámetros del
agua de tomas realizadas en el año 2020 debería ser un aviso para el ejercicio de
sus funciones de control.
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35. Agregó que, si bien, la Corporación Autónoma Regional y la
Superintendencia no tienen la obligación de prestar los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, han omitido ejercer en tiempo sus funciones de control,
lo que ha contribuido a que la problemática se agrave con el tiempo y, en
consecuencia, son responsables de la vulneración a los derechos e intereses
colectivos.
36. Adujo que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no tiene peticiones ni
proyectos radicados pendientes, distintos al relacionado con el corregimiento de
Pueblo Tapao que ya cuenta con sentencia en firme amparando los derechos; por
lo tanto, no se considera responsable de la vulneración de derechos colectivos. Sin
embargo, consideró que debe ser parte del comité de verificación para la vigilancia
de las órdenes y la asesoría técnica a los proyectos.
Recursos de apelación
37. El Municipio de Montenegro21 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
37.1. Señaló que se encuentra acreditada la falta de legitimación en la causa por
pasiva debido a que la encargada de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado es Empresas Públicas del Quindío S.A.
ESP. y el Municipio no es responsable por la acción u omisión que generó la
transgresión reclamada.
37.2. Advirtió que en el proceso hay pruebas que acreditan los avances
realizados por el Municipio, el Departamento del Quindío y Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP. para mejorar las condiciones de la prestación de los servicios
públicos, no se tuvo en cuenta que las entidades han celebrado contratos tendientes
a definir estudios, diseños y análisis para determinar qué obras se deben ejecutar,
respecto a las cuales también se han celebrado contratos de obra pública.
37.3. En orden a lo anterior, adujo que el Tribunal desconoció que los recursos
públicos no son ilimitados y que el presupuesto anual debe ser invertido a fin de
garantizar una pluralidad de fines al considerar que el Municipio vulneró los
derechos colectivos por estimar como insuficientes las medidas hasta el momento
adoptadas.
21Cfr. índice 121 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 249Recurso de apelación
Municipio de Montenegro(.pdf) NroActua 121.
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38. El Departamento del Quindío22 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
38.1. Señaló que las órdenes impartidas al Departamento desconocen los
principios de subsidiariedad, coordinación y apoyo en tanto dispusieron, para todas
las entidades condenadas, que se adoptaran todas las gestiones técnicas,
administrativas, financieras para apropiación de recursos presupuestales,
contratación y demás que se requieran en aras de garantizar la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Montenegro.
38.2. Adujo que los departamentos no están encargados de prestar el servicio
público, ni de vigilar su prestación, a ellos les corresponde la función de apoyo y
coordinación con el prestador, bien sea el Municipio o una empresa de carácter
oficial, privado o mixto. En ese orden, indicó que no existe prueba alguna que
demuestre que el Municipio de Montenegro o Empresas Públicas del Quindío S.A.
ESP. hayan puesto en conocimiento del Departamento que se encuentran en
incapacidad de prestar de manera eficiente los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado en su circunscripción territorial ni que el Departamento ha infringido
alguna norma.
38.3. Indicó que la entidad municipal es quien debe estar encargada de la
prestación de los servicios públicos citados, la cual puede ser llevada a cabo por
terceros, tal como en esta ocasión son prestados por Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP. La misma empresa tiene a cargo garantizar la prestación
adecuada, la realización de las reparaciones o mantenimiento correspondiente, así
como invertir en lo que sea necesario en tanto es quien recibe el pago de los
usuarios.
38.4. Advirtió que en la sentencia C-504 de 202023 se estableció que la prestación
de los servicios públicos puede darse por comunidades organizadas o particulares
y que la garantía de prestación eficiente de dichos servicios está acompañada por
la posibilidad de que las empresas prestadoras recuperen sus costos y puedan
invertir en el mismo sector con eficiencia y competitividad.
22 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_RecursodeApelacion(.pdf)
NroActua 2.
23 Corte Constitucional, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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38.5. Solicitó que se impartieran las órdenes directamente a los responsables de
la prestación del servicio público y que el Departamento sea incluido en el comité
de verificación actuando únicamente dentro de sus competencias subsidiarias de
coordinación y apoyo.
39. Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP.24 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:
39.1. Señaló que el Tribunal había incurrido en un defecto fáctico en cuanto no
contaba con suficiente sustento probatorio que acreditara la decisión tomada.
39.2. Advirtió que la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado se
presta de manera óptima y continua, tal como apoyó el informe rendido el 24 de abril
de 2024 por profesionales idóneos de la entidad. Asimismo, que se han realizado
todas las gestiones técnicas, administrativas, financieras, y operativas para mejorar
la prestación del servicio.
39.3. En orden a lo anterior, adujo que no se tuvieron en cuenta los factores
externos no imputables a la entidad por los cuales se debe interrumpir el servicio de
manera temporal como asentamientos subnormales ilegales, desabastecimiento en
las fuentes abastecedoras por fenómenos naturales, llegada masiva de turistas y
población no residente, casos de fuerza mayor en temporada de lluvias como
deslizamientos. En aquellos casos en que era necesario se informaba a la
comunidad con el fin de que tomaran las medidas pertinentes.
39.4. Indicó que no se tuvieron en cuenta las pruebas que demostraron lo
siguiente:
“[…] -Los tanques de almacenamiento de agua del Municipio de Montenegro,
funcionan con normalidad.
-Se realizaron obras de optimización de la red de alcantarillado POIR, y se realiza
seguimiento a las mismas.
-Se realizan cambios inmediatos, cuando se presentan daños en la tubería, y se
encuentra proyectada, a través del plan de sectorización del municipio, las tuberías
que requieren reposición, encontrando con esto, un diseño preventivo en cuanto a
la optimización de las redes de acueducto.
-Se realizan labores permanentes con personal de cuadrilla, para la limpieza de
sumideros, igualmente con carro succión, lo que permite realizar evacuaciones
24 Cfr. índice 117 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 241_MemorialWeb_Recurso-RecursoApelacionSe(.pdf) NroActua 117.
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cuando se tiene obstrucción en tuberías y/o cámaras, y según necesidad que se
requiera. Soportados en […] CPS-120 de 2023 y Contrato de Obra 005 de 2023.
-A la fecha, se cumplió con el porcentaje en un 100% del plan de obras e inversiones
POIR, y se encuentran pendientes, aun por ejecutar[,] pero dentro del plazo
establecido dentro del plan.
-La entidad dentro del municipio de Montenegro, cuenta con un Plan de Uso
Eficiente de Ahorro y agua, aprobado por la CRQ, el cual se cumple a cabalidad.
-El sistema de abastecimiento del acueducto, funciona con total normalidad, y en la
acequia se realizan actividades técnicas específicas, relacionadas al mantenimiento
técnico, como es su funcionamiento y habilitación.
-Se tienen todos los instrumentos de medición, de caudal para la prestación optima
del servicio.
-Que la interrupción del servicio, se debe por razones externas, no imputables a la
entidad, como lo son los asentamientos subnormales ilegales, y desabastecimiento
en las fuentes de abastecimiento por fenómenos naturales como lo es la ola de calor.
-Que cuando se presentan interrupción del servicio, se informa a la comunidad por
medios masivos de comunicación, con el fin de no vulnerar sus derechos.
-Se ejecutaron en vigencias del 2022 y 2023, la reposición de redes de acueducto
para disminuir perdidas y mejorar la presión, con el fin de garantizar un mejor
servicio para el municipio, al igual que en la presente vigencia.
-Se realiza seguimiento y acompañamiento a las obras a cargo del Plan
Departamental de Aguas (PDA) en el municipio, en donde proporciona apoyo
técnico en su intervención.
-Finalmente en caso de contingencias, se tiene suscrito contrato 013 de 2024, el
cual tiene como objeto ‘PRESTAR SERVICIO DETRANSPORTE (sic) Y
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES, A LOS MUNICIPIOS
EN DONDE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO- EPQ- S.A E.S.P, PRESTA EL
SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO, ESTO EN CASO DE EMERGENCIA,
CONTINGENCIA QUE POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO SE REQUIERA’, por
lo tanto[,] el desabastecimiento de agua ha sido cubierto y se ha suministrado el
agua de manera constante, también es importante mencionar que el abastecimiento
de agua con carrotanques se da de acuerdo a las necesidades presentadas y a las
programaciones previas […]”.
40. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios25 interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que
solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
40.1. Señaló que el artículo 6 del Decreto 1575 de 9 de mayo de 200726 dispone
que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la autoridad
competente para iniciar las investigaciones administrativas e imponer las sanciones
a que haya lugar a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua
25 Cfr. índice 118 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 243Recurso de apelación Superservicios(.pdf) NroActua 118.
26 “[…] por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano […]”.
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Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
para consumo humano por incumplimiento de la regulación en dicha materia, sin
perjuicio de lo que sea competencia de la autoridad sanitaria.
40.2. En orden a lo anterior, adujo que en las pruebas se relacionaron las
Resoluciones SSPD-20234400022145 de 11 de enero de 2023 y SSPD-
20244400027815 de 22 de enero de 2024, mediante las cuales impuso y se
confirmó una sanción a Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP. por
incumplimiento a los valores aceptables para los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos que debe cumplir el agua suministrada en el Municipio de
Montenegro. Destacó que la decisión fue adoptada por evaluación de algunas
muestras tomadas en 2020 con lo que demostró que el Municipio recibió durante
varios días agua con riesgo para el consumo humano.
40.3. Advirtió que, en la sentencia proferida, en primera instancia, se consideró
que no ejerció a tiempo las funciones de control y “[…] al no coaccionar a las
autoridades el cumplimiento de sus deberes […]” ha contribuido a que la
problemática se agrave con el tiempo; sin embargo, aclaró que las competencias de
la Superintendencia no incluyen coaccionar a los prestadores sino investigar y
sancionar cuando a ello hay lugar.
40.4. Indicó que el Tribunal determinó que la Superintendencia vulneraba los
derechos colectivos “por no prestar de manera adecuada y eficiente los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado” a pesar que ya se ha reiterado
que no es la encargada de prestar dichos servicios públicos.
40.5. Manifestó que no ejerce ninguna competencia relacionada con la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas; por lo tanto, no debería haber sido incluida en la
declaración de vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos.
Actuaciones en segunda instancia
41. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Quindío profirió
auto de 5 de agosto de 202427 mediante el cual se concedieron, en efecto
suspensivo, los recursos de apelación interpuestos por Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP., el Municipio de Montenegro, el Departamento del Quindío y la
27 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 2ED_AutoConcede(.pdf) NroActua
2.
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Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra la sentencia proferida,
en primera instancia.
42. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 21 de
agosto de 202428 mediante el cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de
apelación presentados por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Departamento del Quindío
y el Municipio de Montenegro contra la sentencia de 25 de julio de 2024 proferida,
en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Quindío.
43. Posteriormente, el Despacho sustanciador profirió auto de 6 de septiembre
de 202429 mediante el cual admitió los recursos de apelación mencionados supra.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
44. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e
interés colectivo al goce de un ambiente sano; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna; vi) el marco constitucional y legal en
materia del derecho al agua y el saneamiento básico; vii) el marco normativo sobre
las competencias de las autoridades en materia de saneamiento básico y prestación
del servicio público domiciliario de alcantarillado; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
45. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201930, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15031 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
28 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
11Autoqueadecua_APa2024301Defensoria(.pdf) NroActua 4.
29 Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
17Autoqueadmite_APa2024301Defensoria(.pdf) NroActua 10.
30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
31 Modificado por las leyes 1564 y 2080, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
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contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.
46. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
47. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Municipio de Montenegro en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, de conformidad con los artículos 32032 y 32833 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201234, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
48. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
48.1. Si el Departamento del Quindío, el Municipio de Montenegro, Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios son o no responsables de la vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos ocasionada por el estado en el que se encuentra la red de
acueducto y alcantarillado del Municipio de Montenegro; y, consecuencialmente, si
las citadas entidades son o no competentes para cumplir las órdenes impartidas en
la sentencia proferida, en primera instancia, orientadas a la superación de la
situación de vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos.
48.2. Si la falta de recursos económicos y la gestión realizada hasta el momento,
en los términos argumentados por los recurrentes, constituye o no razón suficiente
para modificar las órdenes impartidas en primera instancia.
32 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
33 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
34 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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49. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
50. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
51. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
52. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
53. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
54. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
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materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”35.
55. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
56. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce a un ambiente sano
57. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
58. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
59. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197336 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197437, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.
60. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
36 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
37 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
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61. A su vez, la Corte Constitucional38 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
62. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
63. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”39
(Destacado fuera de texto).
64. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
38 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
39 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente40, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.
Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico
65. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
66. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 41
señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos para garantizar la
atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico.
67. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 de 2 de junio de 199442
prevé que los municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de
agua potable y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo
con la normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
68. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.
40 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número:
170012333000201800493-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
41 […] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones
[…]”.
42 […] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
[…]”.
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Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado
69. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.
70. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente43, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental44 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios45.
71. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.
72. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155146, la
norma señala lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
43 Artículo 79.
44 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
45 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
46 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó
la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
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Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)
73. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”47; “[…] [v]elar porque quienes prestan
servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
servicios […]”48; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y
municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”49.
74. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
47 Artículo 8.4.
48 Artículo 8.5.
49 Artículo 8.6.
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mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.
75. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.
76. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.
77. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.
78. Además, el artículo 76 de la Ley 715 ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
79. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
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los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden de garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.
80. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:
“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
81. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.
82. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.
83. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.
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84. La Sección Primera del Consejo de Estado conoció de una acción popular
incoada con el objeto de que se amparan los derechos e intereses colectivos debido
a que las autoridades demandadas se habían negado a conectar las acometidas
internas de las viviendas de la Asociación de Viviendas “Colinas de Calicanto” a la
red del sistema de alcantarillado propiedad de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, al tratarse de un asentamiento ilegal ubicado
sobre una falla geológica, cuyo terreno presentaba inestabilidad y riesgo de
deslizamiento. En esa oportunidad, la Sección advirtió, por un lado, que la referida
asociación de viviendas era un “[…] asentamiento subnormal […]”50 que no había
cumplido el proceso de legalización y, por el otro, que la empresa de servicios
públicos se encontraba imposibilitada para prestar el servicio de alcantarillado, en
atención al riesgo de desastre que supondría la instalación de la infraestructura
correspondiente.
85. Por estas razones, mediante sentencia de 1° de marzo de 2018, la Sala
decidió exonerar a la Empresa de Acueducto, de responsabilidad por la vulneración
de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, decidió confirmar la orden
dictada por el juez de primera instancia en el sentido de “[…] ‘ORDENAR a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. […] que brinde
acompañamiento al Municipio de Popayán (Cauca) en la realización de los estudios
de viabilidad para construcción del acueducto y alcantarillado en el Barrio Colinas
de Calicanto, así como en la ejecución del proyecto de construcción del mismo, si a
ello hubiese lugar […]’. A juicio de esta Sala esa orden es acertada, teniendo en
cuenta el deber de colaboración que asiste por igual a todos los sujetos, en aras a
que sea factible el efectivo cumplimiento de los cometidos estatales […]” 51.
86. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere
50 De conformidad con la definición prevista en el artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015,
el cual modificó el artículo 3 del Decreto 302 de 2000, a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 229 de
2002, cuando dispone lo siguiente: “[…] 13. Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de
servicios públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura
formal urbana […]”.
51 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018 con núm. único de radicación
190013331005201100294-01 (AP), M. P: Hernando Sánchez Sánchez.
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el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”52
(Destacado fuera del texto).
Análisis del caso concreto
87. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
88. El Tribunal Administrativo del Quindío amparó los derechos e intereses
colectivos i) a la seguridad y salubridad pública; ii) al acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública; iii) al acceso de los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; iv) a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes; y v) al goce de un ambiente sano.
89. Lo anterior, luego de considerar que se probó la vulneración con la prestación
ineficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a la
población de Montenegro y la amenaza con la contaminación generada con los
vertimientos de aguas residuales a las fuentes hídricas y el suelo por el estado en
que se encuentra el sistema de alcantarillado.
90. En ese sentido, ordenó: i) al Municipio de Montenegro adoptar las medidas
para garantizar el mantenimiento preventivo y limpieza general a los sistemas de
acueducto y alcantarillado, así como reportar mensualmente los Índices de Riesgo
de la Calidad del Agua para Consumo Humano; ii) al Municipio de Montenegro, a
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP., al Departamento del Quindío y a la
Corporación Autónoma Regional del Quindío que, en un plazo de dos (2) meses,
presenten un plan que permita llevar a cabo las diferentes fases de formulación y
ejecución de una serie de proyectos; iii) a la Corporación Autónoma Regional del
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
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Quindío que, en un plazo de dos (2) meses, presente un plan de descontaminación
de las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos sin tratamiento y un
cronograma de avance de los procesos sancionatorios ambientales núms. 033 y
186 de 2023; iv) al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que preste asistencia
técnica a los proyectos señalados previamente; v) a la Superintendencia de
Servicios Públicos que ejerza activamente sus funciones de vigilancia y control; vi)
a la Secretaría de Salud departamental que realice los monitoreos de las
características físicas, químicas y microbiológicas del agua en la red de distribución;
y vii) conformar un comité de verificación para el cumplimiento de la sentencia.
91. Contra esta decisión se interpusieron recursos de apelación en los cuales, en
primer lugar, el Departamento del Quindío argumentó que su función es de apoyo y
asistencia al prestador del servicio público, razón por la cual no incurrió en conducta
vulneradora de derechos colectivos; en segundo lugar, Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP. indicó que el servicio público se presta de forma óptima y
continua agregando que el Tribunal no tuvo en cuenta los factores externos que
pueden afectar esa continuidad; en tercer lugar, la Superintendencia de Servicios
Públicos manifestó que ha adelantado trámites en ejercicio de su función y que no
es la encargada de la prestación del servicio; y, en cuarto lugar, el Municipio de
Montenegro advirtió que no es el encargado de prestar el servicio, su función se
limita a vigilar, que en el proceso se acreditaron avances de su gestión y los recursos
públicos son limitados.
92. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine son las siguientes53:
92.1. Copia del formato de acta de visita llevada a cabo el 1 de abril de 202254, por
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en el cual señaló lo siguiente:
“[…] [s]e realiza visita en el predio La Elba donde se evidencia daño de
tubería de aducción del sistema de abastecimiento para el acueducto de
Montenegro, en el momento de la visita se evidencia filtración directa de agua
hacia el terreno que por su forma de valle ha empozado el agua generando
vegetación de humedad y por ende la estabilidad del suelo (licuefacción del
suelo).
Se informa por parte del propietario del predio que se han generado
deslizamiento (sic) en el mismo predio por el canal del agua del sistema de
abastecimiento, indica que hay 1800m aproximadamente de tubería que
recorre el predio de 2 tuberías y de canal de aducción.
53 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
54 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Página 26.
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EPQ indica que requiere autorización por parte del propietario para evaluar y
reparar.
Se indica por parte del […] [propietario] que para autorizar el ingreso al predio
se requiere por parte de EPQ una propuesta económica que incluya el pago
y la indemnización por daños causados en los últimos 10 años [...]”.
92.2. Copia del Oficio 006242-22 de 8 de abril de 202255, expedido por el
Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Regional del
Quindío, mediante el cual se señaló que se realizó una visita al daño de la tubería
de aducción del sistema de abastamiento del Municipio de Montenegro generando
filtración directa de agua hacia el terreno generando empozamiento y formación de
vegetación propia de humedal, también se indicó que realizaron revisión del informe
de seguimiento al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
empresa prestadora encontrando que hubo “[…] proceso de mantenimiento del
canal y acequia del municipio de Montenegro y limpieza del canal hasta sector de
Turín sector finca Damelines (predio la Elba), sin reportar las acciones correctivas
adelantadas sobre la red de tubería que pasa por el predio la Elba, donde se
presenta el daño, hasta la planta de tratamiento […] [d]ebido al daño en la tubería
evidenciado, se solicita que se tomen las acciones inmediatas y urgentes para la
evaluación y reparación de tubería que se localiza en el predio la Elba, así como
acudir a diferentes instancias policivas y/o judiciales, que permitan el ingreso de
personal de la empresa prestadora al predio, con el fin de realizar la reparación de
la tubería […]”.
92.3. Copia del Oficio 10600-2022-2238 de 17 junio de 202256, expedido por el
Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios de Empresas Públicas del Quindío
S.A. ESP, en el cual informó que en el sistema de acueducto del Municipio de
Montenegro se encuentran tres (3) líneas de conducción: i) la Acequía, la cual
transporta entre 80 y 86 l/s, tiene un poco más de cincuenta años de construida y
con el tiempo ha ido sufriendo deterioro que se ha incrementado con la ola invernal;
ii) la Línea de Gravedad “Vieja” fue puesta en funcionamiento en 1983 y genera
captación de aguas que transcurren una tubería en asbesto, transporta entre 60 y
90 l/s dependiendo la cantidad de lluvias; y iii) el Acueducto de Gravedad “Nuevo”
que tiene la disponibilidad de ofertar el caudal de 180 l/s aunque el Municipio
requiere un caudal promedio de 130 l/s para el total de abastecimiento, el cual se
55 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CUADERNO10028400P(.PDF)
NroActua 2. Páginas 83-86.
56 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 5.SubsanacionDemandaDefensoria(.pdf) NroActua 4. Páginas 29-32.
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suple con la operación de los dos acueductos por gravedad sin hacer uso de la
Acequía.
92.3.1. Allí mismo se señaló que ante la negativa del propietario del predio ubicado
a la altura de la tubería de 12’’ en la Línea de Gravedad Vieja, el sistema de
acueducto del Municipio se vio afectado durante mucho tiempo. Sin embargo, a la
fecha la Línea de Gravedad Vieja y la Acequía funcionan en óptimas condiciones
gracias al trabajo realizado por los fontaneros del Municipio y la cuadrilla adscrita a
la empresa prestadora, quienes han limpiado rejillas, retirado excesos de arenas y
realizado reparaciones puntuales en tramos de tubería del agua captada.
92.3.2. En el mismo documento agregó que “[…] se tiene conocimiento de
gestiones adelantadas desde el Gobierno Departamental en cabeza del Plan
Departamental de Agua PDA en las cuales se contemplan ESTUDIOS Y DISEÑOS
DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO, EN EL SECTOR EL ROBLE 2, PARA LA
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTINGENCIA DE SUMINISTRO
DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO por un valor $105.655.103.00. Dicho proyecto se encuentra radicado en
la Secretaría Jurídica y de Contratación para inicio del proceso de contratación […]”.
92.4. Copia de Oficio MOPFO-E-241-2022 de 28 de junio de 202257, expedido por
la Subsecretaria de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Montenegro,
en la cual se resaltó que “[…] la interrupción en la prestación del servicio se debe
en mayor medida a las fuertes condiciones climáticas que se presentan en la cuenca
media del Río Roble en la cual las altas y constantes precipitaciones traen como
consecuencia derrumbes y movimientos de tierra ocasionando la perdida de tubería
de las líneas de gravedad y taponamiento de la acequia, así mismo, la topografía
del terreno que es fuertemente ondulada por donde pasan las líneas de conducción
de agua hasta su ingreso a la Planta de tratamiento del municipio, es otro de los
factores que agudizan la problemática en mención […]”.
97.5.1. Agregó que “[…] [o]tro de los factores naturales que influye en la
interrupción del suministro de agua se debe a la alta turbidez (presencia de
partículas de gran tamaño que añaden color indeseable al agua) que en muchos
casos presenta el Rio Roble y las demás microcuencas abastecedoras, debido a
que el volumen de partículas en suspensión supera la capacidad de mezcla de los
floculadores de la planta de tratamiento, impidiendo el tratamiento, desinfección y
57Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 4.DemandaAnexosAccionPopular(.pdf) NroActua 3. Páginas 23-25.
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potabilización del agua captada […]”. En ese sentido, advirtió que se suscribió
Contrato de Obra núm. 004 de 2021 con el objetivo de realizar la optimización de la
planta de tratamiento de agua potable del Municipio, se hacen recorridos
permanentes por las líneas de conducción de aguas para hacer reparación de
tuberías y se hace seguimiento a los mapas de riesgo de calidad de agua para el
consumo humano.
97.6. Copia de Oficio C.R.132.141.01 de 30 de junio de 202258, expedido por la
Secretaría de Salud del Departamento de Quindío, en el cual se señaló que se ha
realizado la vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano, para el
periodo entre enero y diciembre de 2021 se analizaron un total de 16 muestras y en
el periodo entre enero y junio de 2022 arrojó un resultado de 18 muestras como sin
riesgo.
97.7. Copia de Oficio 4132 de 19 de septiembre de 202259, expedido por Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP., mediante el cual se indicó que la empresa tiene
cobertura del 100% en el Municipio para la prestación de servicios de acueducto y
alcantarillado. Asimismo, indicaron que se cuenta con una Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales – PTAR en el corregimiento Pueblo Tapao, otra en el barrio La
Isabela y una proyectada para ser construida en 2026 denominada “cajones”.
Igualmente, se afirmó que cuentan con una Planta de Tratamiento de Agua Potable
– PTAP ubicada en la cabecera del Municipio junto a la escuela La Gran Colombia,
donde el mayor porcentaje del agua captada corresponde al río Roble, a las
quebradas La Paloma, La Soledad y Turín.
92.5. Copia del Oficio 110-2024-1282 de 25 de abril de 202460, expedido por el
gerente general de Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP., mediante el cual dio
respuesta al requerimiento ordenado por el Tribunal. En dicho documento afirmó,
entre otros, lo siguiente:
“[…] 5.1.7.1 Informe sobre los estudios, proyectos u otras actividades
adelantadas para el proceso de modernización de Ia planta de tratamiento de
agua potable del municipio, motivo por el cual se efectuó Ia demolición de uno
de los tanques de almacenamiento.
Los tanques de almacenamiento del municipio de Montenegro no han sido
demolidos ni modificados en Ia actual intervención que se lleva a cabo en Ia Planta
de Tratamiento de agua potable por parte del Plan Departamental de Aguas del
58 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 4.DemandaAnexosAccionPopular(.pdf) NroActua 3. Páginas 55-56.
59 Cfr. índice 3 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.
Archivo denominado: 4.DemandaAnexosAccionPopular(.pdf) NroActua 3. Páginas 68-70.
60 Cfr. índice 77 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
173RECEPCIONMEMOR_RESPUESTAREQUERIMIEN(.pdf) NroActua 77.
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Quindío, estos funcionan con normalidad. En cuanto a estudios, proyectos y otras
actividades es menester informar que estos Ítems han sido del resorte
exclusivamente del PDA, toda vez que tanto los estudios de consultoría como Ia
ejecución de obra e interventoría fueron contratas por el PDA y es este mismo quien
ejerce Ia supervisión de las obras mencionadas.
[…]
5.2.4 La relación de los cortes del servicio de acueducto programados
y no programados en los últimos dos (2) años, indicando Ia causa de
estos.
Se anexa información de los cortes del servicio de acueductos programados y no
programados.
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5.2.5 Explique cuál es Ia infraestructura física con que cuenta
actualmente el acueducto de Montenegro para Ia captación de agua
desde sus fuentes.
Tres desarenadores, tres líneas de aducción principales, una planta de tratamiento
convencional.
5.2.6 Como opera actualmente el sistema de abastecimiento del
acueducto del municipio de Montenegro
Cuenta con cinco captaciones de agua en R[í]o Roble (2), una en Ia Quebrada La
Paloma, una en la Quebrada La Soledad y una en Ia quebrada Turín. Cada una con
sus correspondientes desarenadores.
Líneas de Aducción:
El sistema de aducción cuenta con tres líneas para conducir el agua, Ia primera
recoge el agua del desarenador La Soledad y La Paloma y a conduce por gravedad
hasta llegar a Ia planta de tratamiento ubicada en cercanías del Municipio de
Montenegro. La segunda línea comienza a bocatoma El Roble en un canal en tierra,
al qua aguas abajo llega el afluente de Ia bocatoma Turín hasta llegar a la estación
de bombeo El Roble, en cercanías de la Planta de Tratamiento y desde allí se
impulsa hasta Ia PTAP. La Tercera línea es Ia captación […] en el Río Roble que
se conduce por gravedad hasta Ia Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Planta de Tratamiento
El sistema de tratamiento se localiza en las coordenadas 1'148,702.702 m Este y
997,910.153 m Norte. A Ia planta ingresan tres líneas de aducción en dos entradas,
Ia primera de ellas es Ia que conduce el caudal proveniente de Ia estación de
bombeo (Río Roble y Turín) Ia cual se une con Ia red por gravedad nuevo, e ingresan
en una tubería de 14’’ polietileno Ia segunda tubería conduce el caudal que llega por
gravedad viejo de las quebradas La Soledad y La Paloma en 12’’ asbesto cemento.
El promedio de caudal que ingresa a Ia planta de tratamiento está entre 90 y 120L/s,
entre las dos líneas de conducción. La capacidad instalada en Ia planta es de
120L/s. Actualmente se disminuye el tiempo de operación de Ia estación de bombeo,
ingresando mucho más caudal por el sistema de gravedad. Para garantizar Ia
calidad del agua se realiza Ia prueba de cloro residual cada hora. Actualmente esta
planta es objeto de modernización mediante un contrato suscrito por el Plan
Departamental de Aguas del Quindío con una firma privada.
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5.2.9 [¿]Cuáles son las fuentes de abastecimiento del municipio de
Montenegro?
Rio Roble
Quebrada Turín
Quebrada Soledad
Quebrada La Paloma
5.2.13 ¿Cuenta Ia empresa con Ia instrumentación o equipos de
medición de caudal en los diferentes componentes del sistema de
acueducto, como en las bocatomas, estaciones de bombeo, canales?
La Empresa cuenta con una canaleta parshall de 9’’ para Ia medición de caudales a
Ia entrada de Ia Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y está proyectada Ia
calibración del vertedero para medición de caudales a Ia salida de Ia planta en el
momento que terminen las obras de optimización y mejoramiento de Ia Planta.
5.2.17 ¿Cuál es Ia capacidad máxima real y actual del sistema de
acueducto en el municipio de Montenegro?
La capacidad máxima real del sistema del sistema de acueducto del municipio es
de 180 lt/seg de Ia optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP
5.2.18 ¿Cuál es el cálculo de Ia demanda futura de caudales?
La demanda futura para una población proyectada al 2050 es de 179,35 lt/seg,
5.2.19 ¿Cuál es el porcentaje de operación actual, de déficit o exceso
del sistema de acueducto en el municipio de Montenegro?
El porcentaje de operación actual del sistema de acueducto del municipio equivale
a un 72.22% de Ia capacidad del sistema, pues solo se tratan 130 It/seg de 180
lt/seg de capacidad.
5.2.20 ¿Cuáles son las causas que afectan Ia continuidad en el servicio
de acueducto?
En el servicio prestado a la comunidad se han presentado interrupciones, no
obstante, las mi[s]mas son consecuencia de emergencias presentadas o
turbiedades, es decir surgen de Ia necesidad inmediata y no obedecen a una
programación periódica, cuando el servicio es suspendido por turbiedad se debe a
que Ia planta de tratamiento de agua potable se encuentra en optimización por parte
del Plan Departamental de Aguas PDA, entidad vinculada a Ia Gobernación del
Quindío, es importante aclarar que se ha presentado un retraso critico de Ia
ejecución de Ia obra, se ve reflejado en Ia suspensión del servicio de acueducto
cuando Ia planta no tiene Ia capacidad de tratar altas concentraciones de turbiedad,
sobre todo en época invernal, lo cual se ve reflejado en la calidad del agua, Io que
provoca el desvío del caudal, generando Ia suspensión del servicio a la salida de las
redes de distribución, afectando todo el municipio de Montenegro.
[…]
5.2.27 Desde Ia construcción del sistema, han sido ampliados y
optimizados los sistemas de bombeo y plantas de tratamiento para
dotar agua al municipio y de ser así, con que contrato se ejecutaron.
La entidad viene realizando acompañamiento en Ia ejecución del contrato de obra
de Ia Gobernación de Quindío en Ia optimización de Ia planta de tratamiento de agua
potable, en (sic) Ia cual se encuentra a cargo del Plan Departamental de Aguas
(PDA), en este sentido Ia entidad proporciona apoyo técnico en su intervención
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Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
[…]
5.2.28 ¿Qué acciones ha realizado la empresa para suministrar el
servicio de agua potable las 24 horas del día en temporada vacacional,
donde la demanda crece debido a Ia afluencia de turistas en el
municipio do Montenegro?
En relación al abastecimiento por media de carrotanques, la entidad cuenta con el
contrato No 013 de 2024 el cual tiene como objeto ‘PRESTAR SERVICIO DE
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CARRO TANQUES, A
LOS MUNICIPIOS EN DONDE EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO- EPQ- S.A
E.S.P, PRESTA EL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO, ESTO EN CASO DE
EMERGENCIA, CONTINGENCIA QUE POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO SE
REQUIERA’, por lo tanto el desabastecimiento de agua ha sido cubierto y se ha
suministrado el agua de manera constante, también es importante mencionar que el
abastecimiento de agua con carrotanques se da de acuerdo a las necesidades
presentadas y a las programaciones previas.
[…]
El alcance del contrato de obra N° 008 de 2022 cuyo objeto es ‘CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE MACROMEDICION DEL CAUDAL EN LINEA, TENDIENTES A
MEDIR EL CAUDAL EN DISTINTOS SECTORES HIDRAULICOS, EN LOS
MUNICIPIOS DE: MONTENEGRO, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS’, y el porcentaje de ejecución, especialmente
respecto a Ia instalación de macro medición en el municipio.
[…]
5.2.30. ¿Cómo opera actualmente el sistema de alcantarillado del
municipio de Montenegro?:
El sistema de alcantarillado del municipio de Montenegro recolecta por medio de
tuberías las aguas residuales de las viviendas a través de redes domiciliarias que
entregan sus aguas servidas a Ia red principal y éstas Ia transporta hacia los
colectores; se poseen puntos de vertimiento autorizados por Ia Corporación
Autónoma Regional del Quindío, los cuales se van recogiendo a medida que se van
construyendo los colectores y conduciendo hacia Ia Planta de tratamiento de aguas
residuales, ésta no ha sido construida ya que se está a Ia espera de que Ia entidad
municipal de Montenegro adquiera el predio y posteriormente gestionar los recursos
para su construcción.
5.2.31. ¿Cuál o cuáles son las causas frecuentes de los daños en el
sistema de alcantarillado del municipio?:
Los daños más frecuentes se presentan por el mal uso que se le da al alcantarillado
por parte de los usuarios, debido a que se arrojan cualquier cantidad de elementos
tanto por Ia red domiciliaria, como en las calles (papeles, bolsas, materiales de
construcción, juguetes etc., los cuales son conducidos por arrastre hacia los
sumideros y estos a las redes causando taponamiento y daños en Ia infraestructura
del alcantarillado, de igual manera algunos daños se han presentado por
obsolescencia de la tubería al cumplir su vida útil […]”.
97.8. Copia del informe del dictamen pericial sobre “potabilidad del agua
suministrada por las Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. en el Municipio de
Montenegro” realizado en mayo de 202461, expedido por el Secretario de Salud del
61 Cfr. índice 97 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.
Archivo denominado: 209_MemorialWeb_Otro-INFORMEPERICIALpdf(.pdf) NroActua 97.
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Departamento de Quindío, mediante el cual se señalaron las siguientes
conclusiones:
“[…] 1. El índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano es
bajo, con lo cual se requiere que el prestador garantice la disponibilidad de la
dotación básica en el laboratorio para los ensayos de agua cruda en planta según
lo establecido en la resolución 2115 de 2007, adicionalmente que el total de
operarios de la planta sean certificados en las normas colombianas de competencia
laboral de la titulación 180201002 de sistemas de potabilización de agua - Nivel 3.
2. Por otra parte se debe mantener [e]l nivel de riesgo por buenas prácticas
sanitarias en el Sistema de Suministro de Agua para Consumo Humano de la
persona prestadora es medio, lo cual requiere garantizar las medidas de seguridad
química necesarias para los productos químicos que se manipulan en la planta, la
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con respecto a
señalización de áreas, demarcación de escaleras, revisión y mantenimiento
periódico de los elementos de protección personal, la dotación de un área exclusiva
para consumo de alimentos, implementación de los sistemas de medición de caudal
de entrada y de salida, así como de dispositivos que permitan leer de manera precisa
el volumen de agua almacenada en los tanques de la planta, garantizar adecuado
cerramiento de la planta y condiciones de orden y limpieza en todas las áreas, libres
de residuos, inservibles, vegetación y animales, factores de riesgo para la calidad
del agua de consumo humano en la planta.
3. documentadas las bitácoras, formatos, etc. con los registros de las novedades
presentadas y la gestión efectuada en la planta y red distribución, así como la
atención y oportuna respuesta a quejas y fallas reportadas por los suscriptores en
la red de distribución.
4. Se requiere la sectorización de la red de distribución que permita garantizar el
adecuado mantenimiento, por zonas que evite la suspensión de la red en su mayoría
por labores de reparación.
5. De acuerdo a los informes consolidados en el SIVICAP el IRCA promedio anual
para el municipio de Montenegro se clasifico como nivel de riesgo (sin riesgo) cabe
aclarar que de los últimos 12 meses solo se encuentra registro de 6 meses donde
el mes de agosto del 2023. Según los parámetros analizados, la muestra de agua
se clasifica en el nivel de riesgo: MEDIO. Presenta valores para Cloro Residual Libre
que la apartan de los valores aceptables desde el punto de vista Químico según la
resolución 2115 del 2007 del MPS / MAVDT de igual manera para el mes de mayo
de 2024 reporta un riesgo bajo por la misma causal de incumplimiento cloro residual
libre por fuera del rango permisible.
6. Se hace necesario documentar e implementar por parte de la empresa prestadora
los planes de mejoramiento a los que haya lugar para la optimización y mejora de la
calidad de agua suministrada a la población atendida (Municipio de Montenegro)
[…]” (Destacado fuera de texto).
92.6. Copia de la Resolución 813 de 3 de abril de 201862, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, por medio de la cual se ajustó el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Montenegro, ampliando
el periodo hasta el año 2026 para la ejecución de las obras señaladas en el PSMV
y, entre otras cosas, estableció como obligación la presentación de un informe anual
62 Cfr. Índice 76 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo
denominado: 159RECIBEMEMORIAL_PSMVMONTENEGRORESOLU(.pdf) NroActua 76.
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consolidado que de cuentas de las actividades desarrolladas para el cumplimiento
del mismo, una de las cuales era entregar la PTAR La Isabela a la empresa
prestadora para que la ponga en funcionamiento.
92.7. Copia de las Resoluciones núms. SSPD- 20234400022145 de 11 de enero
de 202363 y SSPD- 20244400027815159 de 22 de enero de 202464, expedidas por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante las cuales se
impuso y se confirmó una sanción por el cargo único de “[…] incumplimiento de los
valores máximos aceptables para los parámetros físicos, químicos y microbiológicos
que debe cumplir el agua suministrada en los Municipios de Buenavista, Circasia,
Finlandia (sic), La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento todos del
Departamento del Quindío en las muestras tomadas en el año 2020 […] de
conformidad con el artículo 9 del Decreto 1575 de 2007 y los artículos 2, 4, 7, 9 y
11 de [la] Resolución 2115 de 2007 de los entonces Ministerios de la Protección
Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial […]”; y, en consecuencia,
impuso una multa por la suma de trescientos noventa y cuatro millones
cuatrocientos mil pesos m/cte. ($394.400.000,oo) equivalentes a trescientos
cuarenta salarios legales mensuales vigentes de 2023.
98. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
Solución a los problemas jurídicos
99. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
la entidad apelante, con la claridad de que no se abordarán asuntos o materias que
no fueron controvertidas, entre ellas, la situación de existencia de una vulneración
o amenaza de los derechos e intereses colectivos invocados, con ocasión de la
problemática planteada, así como las órdenes de protección impartidas a
autoridades diversas a las entidades recurrentes.
63 Cfr. Índice 96 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo
denominado: 206Recibe memorial_RESOLUCIONIMPONESANC(.pdf) NroActua 96.
64 Cfr. Índice 96 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo
denominado: 205Recibe memorial_RESOLUCIONpdf(.pdf) NroActua 96.
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De los argumentos expuestos por el Departamento de Quindío, en el caso
concreto
100. Con relación al argumento relativo a que sus funciones se ciñen a apoyar y
coordinar a los prestadores de servicios, más no a realizar la prestación y, por tal
razón, no es posible endilgarle afectación a los derechos e intereses colectivos; se
debe tener en cuenta que el artículo 63 de la Ley 99 señala sobre el principio de
armonía regional que “[…] [l]os Departamentos, los Distritos, los Municipios, […]
ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica,
con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política
Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente
de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
101. Como se observa teniendo en cuenta lo indicado supra, los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional
deben permitir la articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus
competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio
o en la conservación del entorno natural involucrado ese servicio público.
102. Si bien es cierto, como se indicó en el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial supra, los municipios son los principales obligados a garantizar la
prestación de servicios públicos en su jurisdicción, para efectos de ello pueden
evaluar la necesidad de gestionar el apoyo de las entidades de los órdenes
departamental y nacional, con el propósito de lograr la adopción de medidas
orientadas a garantizar la prestación y consecuencialmente proteger los derechos
e intereses colectivos relacionados con los servicios públicos domiciliarios y, en
especial, los de acueducto y alcantarillado.
103. En este caso, el Municipio de Montenegro se vinculó al Plan Departamental
de Aguas – PDA del Quindío mediante el “Convenio de Cooperación y Apoyo
Financiero para la Vinculación del Municipio de Montenegro al Plan Departamental
de Agua y Saneamiento Básico suscrito con el Departamento del Quindío”.
104. Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso, la Sala considera que, dada la
vinculación del Municipio de Montenegro al Plan Departamental de Aguas de
Quindío, el Departamento adquiere precisas competencias de apoyo directo, en los
términos de los artículos 2.3.3.1.2.4 y 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1425 de 2019, en el
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marco del respectivo Plan, sobre integración del Comité Directivo, recursos y
participación de los Departamentos en el PDA; lo cual implica la adopción de
acciones conjuntas en aras de garantizar la prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, que puede incluir la construcción o mantenimiento de
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR o de una Planta de
Tratamiento de Agua Potable – PTAP.
105. En ese sentido, la Sala advierte que el Departamento deberá intervenir,
dentro del marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
en el trámite de gestión para la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado conforme a lo expuesto en esta sentencia y en los términos del
respectivo PAP-PDA.
106. En este punto, y en iguales circunstancias a lo planteado anteriormente, la
Sala considera que las órdenes impartidas al Departamento no obedecen a la
determinación de la existencia de una acción u omisión que implique amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados por parte de esa
entidad, sino por su condición de “[…] entidad administrativa encargada de proteger
el derecho o el interés colectivo afectado […]”65 y por la importancia de la acción
coordinada, concurrente, subsidiaria, complementaria y armónica entre los órdenes
municipal y departamental, en este caso, en la superación de la situación
evidenciada en torno a los derechos e intereses colectivos objeto de
pronunciamiento.
107. La Sala reitera que, en el marco de los principios de coordinación,
concurrencia, complementariedad y armonía regional, el Municipio de Montenegro
y Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP., al ser prestadores de servicios públicos
domiciliarios deben trabajar articuladamente con las entidades departamentales, en
el ejercicio de sus competencias propias, y propender por la solución de la
problemática planteada en el caso concreto relacionada con la deficiencia en el
sistema de acueducto y alcantarillado del Municipio.
108. De esa forma, se confirmará la inclusión del Departamento del Quindío en las
ordenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, en el marco de
sus competencias legales, constitucionales, reglamentarias y contractuales.
65 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
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De los argumentos expuestos por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP.,
en el caso concreto
109. En el artículo 365 de la Constitución Política se estableció que “[…] los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional
[…]”, los cuales podrán ser prestados de forma directa o indirecta, por comunidades
organizadas, o por particulares.
110. De conformidad con lo establecido en la Resolución 1471 de 9 de noviembre
de 201766, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP. es la empresa prestadora de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de
Montenegro, la cual fue constituida mediante Escritura Pública núm. 826 de 26 de
abril de 1989 como sociedad anónima entre entidades públicas y clasificada como
Empresa de Servicios Públicos Oficial de conformidad con la Ley 142.
111. Dentro de sus funciones para el cumplimiento de su objeto social se
encuentran las siguientes:
“[…] Realizar la construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura
necesaria para prestar los servicios públicos domiciliarios a su cargo. […] Celebrar
convenios de cooperación técnica con entidades nacionales y extranjeras en
desarrollo de su objeto. […] Contratar empréstitos y realizar operaciones financieras
encaminadas a obtener recursos para atender las obligaciones a su cargo. […]
Expedir los demás actos, celebrar los contratos y realizar las operaciones
necesarias para el cumplimiento de su objeto social […]”.
112. Con relación a la circunstancia en particular, se encontró demostrado en el
expediente que persisten fallas en las redes de acueducto y alcantarillado, entre
otras, “[…] debido a los deslizamientos causados por la ola invernal y la topografía
a media ladera por donde se encuentran ubicadas estas líneas hacen que las
mismas sufran rupturas y taponamientos en las tuberías impidiendo que el caudal
no llegue de manera continua a la planta de tratamiento y por consiguiente a los
usuarios, en algunas épocas del año […]”67.
113. Además, respecto al alcantarillado de los barrios Alaska y Comuneros
ubicados en el Municipio de Montenegro se señaló que “[…] desde su construcción
fue concebido con unas profundidades muy altas y con pendientes muy pequeñas,
esta condición y el uso inadecuado de la red por parte de los usuarios ocasiona
66 “[…] Por medio de la cual se ajusta el contrato de condiciones uniformes de Empresas Públicas del Quindío
– EPQ S.A. E.S.P., y se incorpora el anexo técnico de los servicios de acueducto y alcantarillado […]”.
67 Cfr. índice 3 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.
Archivo denominado: 4.DemandaAnexosAccionPopular(.pdf) NroActua 3. Páginas 68-70.
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constantes taponamientos que hacen que se presenten reboses en la tubería […]”68.
Anomalías que se han expuesto, en múltiples ocasiones, tanto al Municipio como a
la empresa prestadora, con el objetivo de ser subsanadas y acceder a una
prestación óptima de los servicios públicos domiciliarios.
114. Adicionalmente, en el informe del dictamen pericial realizado en mayo de
2024 se señaló que si bien en “[…] los informes consolidados en el SIVICAP el IRCA
promedio anual para el [M]unicipio de Montenegro se clasifico como nivel de riesgo
(sin riesgo) cabe aclarar que de los últimos 12 meses solo se encuentra registro de
6 meses donde el mes de agosto del 2023 Según los parámetros analizados, la
muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: MEDIO. Presenta valores para
Cloro Residual Libre que la apartan de los valores aceptables desde el punto de
vista Químico según la resolución 2115 del 2007 del MPS / MAVDT de igual manera
para el mes de mayo de 2024 reporta un riesgo bajo por la misma causal de
incumplimiento cloro residual libre por fuera del rango permisible […]”. En ese
sentido, en el mismo documento se consideró que “[…] [s]e hace necesario
documentar e implementar por parte de la empresa prestadora los planes de
mejoramiento a los que haya lugar para la optimización y mejora de la calidad de
agua suministrada a la población atendida […]”.
115. Así las cosas, para la Sala es evidente que Empresas Públicas del Quindío
S.A. ESP. es competente en la adopción de medidas para solucionar la vulneración
y amenaza de los derechos e intereses colectivos debido a que ostenta la
responsabilidad, junto con el Municipio, de construir, mantener y financiar las obras
que contribuirán a la superación de la problemática que, para este caso, se trata del
tratamiento del agua para adecuar su potabilidad dentro de los parámetros
permitidos y el mantenimiento o reposición de las redes de alcantarillado para evitar
contaminación en los cuerpos hídricos y el suelo.
116. Asimismo, respecto al argumento de la entidad recurrente relacionado con la
falta de valoración del informe rendido el “[…] 24 de abril de 2024 […]”, la Sala aclara
que el Oficio 110-2024-1282, relacionado con la gestión y preparación de Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP., fue suscrito el 25 de abril de 2024, el cual se
encuentra mencionado en el numeral 39 de la relación probatoria de la sentencia
proferida, en primera instancia, mencionado para desglosar la información
relacionada con la continuidad del servicio de acueducto en el Municipio de
Montenegro.
68Cfr. índice 3 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.
Archivo denominado: 4.DemandaAnexosAccionPopular(.pdf) NroActua 3. Páginas 68-70.
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117. En dicho documento se señaló que entre 2022 y 2023 hubo racionamiento
por fuerza mayor del servicio de acueducto con aviso a la comunidad en 77 días y
respecto a suspensiones programadas no avisadas se indicó que para el año 2022
sucedió en 187 días y para el año 2023 ocurrió en 225 días. Lo anterior evidencia
la necesidad de una optimización del sistema en cuanto a que el porcentaje de
suspensión del servicio es elevado, contrario a lo señalado por la entidad apelante,
se evidencia que no se trata de un servicio que se preste las 24 horas todos los días
de la semana y que, esporádicamente, se suspende por causas de fuerza mayor.
118. En ese sentido, la Sala destaca que no se encuentra probada tal condición
enunciada en el recurso sobre casos de fuerza mayor en temporada de lluvias como
deslizamientos, únicamente se hace mención a dichas condiciones sin demostrar
dicha circunstancia. Adicional a ello, tal como señaló Empresas Públicas del Quindío
S.A. ESP. en Oficio núm. 10600-2022 2238 del 17 junio de 2022, en la explicación
sobre las líneas de conducción de agua en el Municipio, se señaló que: i) la Acequía
tiene más de 50 años de construida y que con el transcurrir del tiempo ha sufrido un
deterioro en toda su estructura; y ii) la Línea de Gravedad Vieja se puso en
funcionamiento en el año 1983, aproximadamente; en ese sentido, es evidente que
dichas locaciones requieren mantenimiento, reformas y adecuaciones para una
óptima prestación del servicio público.
119. Adicionalmente, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP adujo que no se
tuvieron en cuenta ciertos factores externos, que constituyen las razones por las
cuales se ha interrumpido el servicio de manera temporal como: i) los asentamientos
subnormales ilegales; ii) el desabastecimiento en las fuentes abastecedoras por
fenómenos naturales; iii) la llegada masiva de turistas y población no residente; y
iv) los casos de fuerza mayor en temporada de lluvias como deslizamientos.
120. Al respecto, la Sección69 ha señalado que la ocurrencia de un eximente de
responsabilidad, como lo es la fuerza mayor, no releva el deber del juez de impartir
las órdenes necesarias en aras de garantizar la protección de los derechos e
intereses colectivos por cuanto las autoridades están en la obligación de garantizar
la prestación a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o
69 Ver sentencia de 14 de diciembre de 2018, proceso identificado con radicación núm.
540012333000201500189-01, Sección Primera del Consejo de Estado. Allí se advirtió que “[…] en lo ateniente
a la presunta configuración de la causal de exoneración de responsabilidad por fuerza mayor, conforme a la
cual la inoperancia de la planta de tratamiento de aguas residuales se debe a los acontecimientos derivados de
la ola invernal suscitada en las vigencias 2010 y 2011, lo cierto es que han pasado siete años desde aquellos
eventos y aun el municipio no ha adoptado acciones pertinentes para corregir el impacto que, desde esa época
hasta la actualidad, se está causando en el recurso hídrico […]”.
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alternativa para resolver las necesidades básicas insatisfechas, en consecuencia,
el reproche propuesto por la Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP no cuenta
con vocación de prosperidad.
121. En ese orden de ideas, la Sala considera que, si bien la empresa prestadora
ha realizado trámites para gestionar algunas soluciones, es necesario que se realice
ordenadamente la gestión para mejorar la potabilidad del agua y adelantar los
arreglos pertinentes en la red de alcantarillado, tal como señalan sus funciones de
construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura; así como de celebrar
convenios de cooperación y realizar operaciones financieras encaminadas a
obtener recursos para atender las obligaciones a su cargo. Todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad que recae, tal como se señaló en la sentencia proferida, en
primera instancia, en el Municipio de Montenegro quien debe desplegar activamente
las herramientas que tiene como, por ejemplo, la presentación de proyectos al Plan
Departamental de Aguas o al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de
conformidad con la normativa vigente.
122. En ese marco, la Sección Primera ha advertido que “[…] el proceder
adecuado […] no es el de esgrimir simple y llanamente falta de capacidad70 [y se
agrega, la presencia de situaciones que impidan la garantía de los derechos], sino
que, ante ello, es su deber poner en conocimiento de otras autoridades […] las
dificultades propias de su gestión, con el objeto de obtener de ellas la cooperación
que se requiera y así, de consuno, poder gestionarlas y superarlas […]” 71.
123. Es por lo mencionado que se confirmará la sentencia proferida, en primera
instancia, en lo relacionado con la inclusión de Empresas Públicas del Quindío S.A.
ESP en las ordenes allí impartidas, señalando que debe tomar las medidas en caso
que no se hayan hecho hasta el momento.
De los argumentos expuestos por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en el caso concreto
124. El artículo 14.30 de la Ley 142 determinó que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios es “[…] un organismo de carácter técnico, adscrito
70 Respecto de la alegada carencia de recursos financieros para ejecutar las medidas de amparo, en reiterada
jurisprudencia, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que la falta de disponibilidad
presupuestal no es óbice para ordenar el restablecimiento de los derechos colectivos cuya vulneración se
demostró en el proceso judicial. Cfr.: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 25 de octubre de 2001,
Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 70001233100020000512-01,
Expediente 0303. Actor: Adalberto Castro Meléndez.
71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
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Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
al Departamento Nacional de Planeación, sin personería jurídica y con autonomía
administrativa y financiera […]”.
125. En el artículo 3 ibidem se establece que “[…] [t]odos los prestadores
quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a
todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en
especial, a las regulaciones de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia de
la Superintendencia de Servicios Públicos […]”.
126. Respecto a sus funciones, el artículo 7972 ibidem indicó que “[...] [l]as
personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen
actividades que las haga sujeto de aplicación de la presente Ley, estarán sujetos al
control y vigilancia de la Superintendencia […]”, agregando como funciones
especiales, entre otras, las de: i) vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y
actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en
cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios
determinados; y sancionar sus violaciones; ii) evaluar la gestión financiera, técnica
y administrativa de las empresas de servicios públicos, de acuerdo con los
indicadores definidos por las comisiones, y el Superintendente podrá acordar con
las empresas programas de gestión para que se ajusten a los indicadores que hayan
definido las comisiones de regulación e imponer sanciones por el incumplimiento; y
iii) verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con
los requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios.
127. El artículo 6 del Decreto 1575 de 2007 dispone que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios “[…] será la autoridad competente para iniciar las
investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a las
personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano
por incumplimiento de las disposiciones del presente decreto y en los actos
administrativos que lo desarrollen, sin perjuicio de la competencia de la autoridad
sanitaria en dicha materia […]”.
128. El mismo Decreto en su artículo 23 establece que “[…] [l]a[s] autoridad[es]
sanitaria[s] de los departamentos, distritos y municipios y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, entidades encargadas de la vigilancia y del
control de la calidad del agua para consumo humano, previa identificación,
tendrán libre acceso a los sistemas de suministro de agua, a los libros de registros
72 Modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y adicionado por el artículo 96 de la Ley 1151 de 2007.
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estadísticos y a los diferentes inmuebles que hacen parte del sistema de agua para
consumo humano […]” (Destacado fuera de texto).
129. En ese sentido, la Sala reitera que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios tiene funciones de vigilancia y control relacionadas con la calidad del
agua para consumo humano, es competente para iniciar las investigaciones
administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a las personas
prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano en caso que
incumplan la regulación; y debe supervisar que los prestadores cumplan con
estándares de calidad del agua, sin perjuicio de la competencia que le corresponde
a las demás autoridades, incluidas las sanitarias.
130. Asimismo, de conformidad con el artículo 1173 de la Resolución 4716 de
2010, la precitada Superintendencia es la encargada de realizar el seguimiento al
plan de trabajo correctivo para reducir el riesgo que se establezca en el Mapa de
Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano que las personas
prestadoras deben adelantar.
131. Para este caso, en el proceso obra copia de las Resoluciones núms. SSPD-
20234400022145 de 11 de enero de 202374 y SSPD- 20244400027815159 de 22
de enero de 202475, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, mediante las cuales se impuso y se confirmó una sanción a Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP por incumplir los valores máximos aceptables para
los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que debe cumplir el agua
suministrada en el Municipio de Montenegro y, en consecuencia, le impuso una
multa por la suma de trescientos noventa y cuatro millones cuatrocientos mil pesos
m/cte. ($394.400.000,oo)
132. Es por ello que la Sala considera que la Superintendencia ha ejercido su
función de vigilancia y control de la actividad realizada por las entidades prestadoras
de servicios públicos dando cumplimiento a sus responsabilidades en seguimiento
del actuar de Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP, tal como pretende la
mención de la sentencia proferida, en primera instancia.
73 “[…] ARTÍCULO 11.- SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CORRECTIVO PARA REDUCIR EL RIESGO
SANITARIO ELABORADO POR LAS PERSONAS PRESTADORAS. La Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, en el marco de sus competencias, realizará el seguimiento a las acciones enmarcadas
en el plan de trabajo correctivo para reducción del riesgo que adelanten las personas prestadoras […]”.
74 Cfr. Índice 96 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo
denominado: 206Recibe memorial_RESOLUCIONIMPONESANC(.pdf) NroActua 96.
75 Cfr. Índice 96 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo
denominado: 205Recibe memorial_RESOLUCIONpdf(.pdf) NroActua 96.
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133. Frente al argumento de la entidad expuesto en su recurso de apelación
respecto a que no es la encargada de la prestación de los servicios públicos citados,
la Sala afirma que no es la prestadora de los servicios y, de conformidad con las
atribuciones asignadas por ley, ha adelantado los trámites pertinentes investigando
la actividad de la empresa prestadora y sancionando por aquellos descubrimientos
que van en contravía de los parámetros legales.
134. Por lo tanto, se revocará el numeral 4 del ordinal segundo y modificará el
ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia,
por el Tribunal Administrativo del Quindío, en cuanto la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no es responsable de la vulneración ni amenaza de
los derechos e intereses colectivos, por las razones mencionadas supra.
De los argumentos expuestos por el Municipio de Montenegro, en el caso
concreto
135. Entre las finalidades sociales del Estado se encuentra la de garantizar “[…]
[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población […]”.
En esa línea, dentro de sus obligaciones debe asegurar las condiciones mínimas
que faculten la vida en comunidad de forma óptima, es una responsabilidad ligada
con evitar situaciones de índole sanitario que sean foco de contaminación,
epidemias u otras circunstancias que afecten el estado de sanidad comunitaria.
136. La Sala reitera que la prestación de los servicios públicos está íntimamente
relacionada con los propósitos de bienestar general y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del Estado y, en ese orden, este debe asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o indirecta,
por comunidades organizadas, o por intermedio de particulares. Asimismo,
constituye un objetivo fundamental de la actividad del Estado, la solución de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de, entre otras, saneamiento básico
y acueducto, porque, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-172 de
2014, la prestación eficiente y oportuna de estos servicios públicos garantizan otros
derechos y principios como la vida, la dignidad y la igualdad.
137. Asimismo, en la Constitución Política76 se ha señalado que los Municipios, en
forma directa o indirecta, son responsables primarios en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, en el marco de ciertos estándares de calidad, de la
76 Artículo 311.
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promoción del desarrollo en el territorio, de la garantía del bienestar general y de la
solución de las necesidades básicas de la población de su territorio.
138. En ese orden, el municipio es el principal obligado a garantizar la prestación
de, entre otros, el servicio de saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción
en su modalidad de alcantarillado, de acuerdo con las normas que regulan los
servicios públicos domiciliarios; así como de la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los
servicios, en orden a garantizar su eficiente y oportuna prestación.
139. En virtud del artículo 3 de la Ley 136 los municipios son competentes para:
134.1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
134.2. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos,
programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia
necesarias.
134.3. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico
a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios públicos domiciliarios.
140. Como se indicó en el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la
competencia de las entidades territoriales de orden municipal frente a la prestación
de servicios públicos domiciliarios, son los principales encargados de la
construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura, en
orden de garantizar su eficiente y oportuna prestación.
141. Si bien en el Municipio de Montenegro la prestación del servicio público se
realiza a través de Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP, el rol de la entidad
territorial es supervisar y controlar la gestión del prestador directo para garantizar
que los servicios públicos lleguen de forma óptima y eficiente, como ha manifestado
la Sección77 en anteriores ocasiones, “[…] será la satisfacción de las garantías de
los participantes en el mercado como oferentes, competidores y consumidores; la
que explica la intervención económica del Estado, de modo tal que se asegure su
eficacia y competitividad […]”.
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de
mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
050012333000202200912-01.
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142. En este caso se evidencian falencias en la prestación de los servicios
públicos, como en el resultado de los análisis78 realizados en el agua suministrada
en el Municipio de Montenegro, cuando se evidencia presencia de elementos como
aluminio, nitritos y turbidez. Así como el estado de la red de alcantarillado que
presenta rebote de las aguas residuales y en donde está pendiente la construcción
de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, debido a que la entidad
municipal no ha adquirido el predio.
143. Es por lo mencionado que la Sala considera necesaria la participación del
Municipio de Montenegro en la ejecución de las medidas adoptadas para la
superación de la problemática que afecta los derechos e intereses colectivos
invocados en el presente caso.
144. En relación con la falta de recursos económicos, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, reiteró que las
autoridades no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial o la garantía
de los derechos con fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, se
precisó lo siguiente:
“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.
83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”79 (Destacado fuera de texto).
145. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de forma reiterada, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.
78 Cfr. Índice 99 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo
denominado: 214_MemorialWeb_Otro-ANEXO1pdf(.pdf) NroActua 99.
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de
mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01.
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146. Lo mencionado acaece en razón a la importancia de la comparecencia del
Municipio de Montenegro con fundamento en, por un lado, su condición de “[…]
entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo
afectado […]”80; y, por el otro, que en el ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, tiene la responsabilidad de contribuir en
la superación de la problemática evidenciada en torno a los derechos e intereses
colectivos objeto de pronunciamiento.
147. Es por lo citado que se confirmará la sentencia proferida, en primera
instancia, en lo relacionado con la inclusión del Municipio en las órdenes allí
impartidas.
148. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
149. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal tercero, lo siguiente:
“[…] TERCERO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el que estará
conformado por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Quindío,
quien lo presidirá; un representante de la Defensoría del Pueblo Regional Quindío;
el Personero Municipal de Montenegro; el Procurador Judicial Delegado ante este
Tribunal; un delegado del municipio de Montenegro, un delegado del Departamento
del Quindío o de la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico PAD-PDA Quindío;
un delegado de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.; un delegado de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ, y un delegado del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. El comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la notificación de
la presente providencia y deberá rendir a esta Corporación, informes sobre el
cumplimiento de esta sentencia cada cuatro (4) meses y uno final al culminar sus
labores […]”.
150. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento, en el
sentido de precisar que en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se
observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las
autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del
80 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
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Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones de la Sala
151. En suma, la Sala considera que el Municipio de Montenegro, Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP y el Departamento del Quindío tienen la
responsabilidad de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la presente
sentencia, teniendo en cuenta que sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias así lo determinan. Además, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios ha adelantado los trámites pertinentes a su gestión y, en ese
sentido, no será necesaria su participación en las actividades ordenadas en esta
sentencia.
152. En consecuencia, se modificarán los ordinales primero, segundo y tercero de
la sentencia de 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío y se confirmará lo demás la precitada sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de
25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
PRIMERO: DECLARAR que el MUNICIPIO DE MONTENEGRO, EMPRESAS
PÚBLICAS DEL QUINDÍO – E.P.Q. S.A., el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, se encuentran
vulnerando los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, al acceso
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; al acceso de los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes consagrados en la Ley 472 de 1998, por la
prestación ineficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado a la población de Montenegro Quindío; así como también, se amenaza
el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, por la contaminación generada
con los vertimientos de aguas residuales a las fuentes hídricas y el suelo por el
estado del sistema de alcantarillado del municipio; conforme a lo considerado en la
parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENAR:
1. A Empresas Públicas del Quindío – EPQ S.A. ESP que adopte de manera
INMEDIATA las siguiente medidas administrativas y presupuestales:
1.1. Garantice el mantenimiento preventivo y limpieza general a los sistemas
de acueducto y alcantarillado del municipio de Montenegro.
1.2. Suministre la información al SUI de los IRCAs mensuales.
2. Al Municipio de Montenegro, Empresas Públicas del Quindío – EPQ S.A. ESP,
al Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío
– CRQ, que de manera coordinada y complementaria, adopten todas las gestiones
técnicas, administrativas, financieras, apropiación de recursos presupuestales,
contratación y demás que se requieran para garantizar la prestación de los servicios
de acueducto y alcantarillado en condiciones legales de calidad, eficiencia y
eficacia, en el municipio de Montenegro Quindío; para lo cual en el marco de sus
competencias y en un plazo de dos (2) meses contados a partir de la notificación de
esta providencia, presenten un plan que permita llevar a cabo las diferentes fases
de formulación y ejecución de los siguientes proyectos y obligaciones:
2.1. Adecuación y/o instalación de la Estación de Bombeo el sector El Roble 2, como
sistema de contingencia de suministro de agua. Para esos efectos, tendrán en cuenta
el proceso de contratación iniciado por el Plan Departamental de Agua PDA.
2.2. Adecuación y/o instalación de la Estación de Bombeo el sector El Roble. Para
esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.3. Arreglo de los daños existentes en los sistemas de captación, aducción y
condición de la línea de gravedad “vieja” y la Acequia, detectados por el Ingeniero
Sanitario Duvan Ordoñez Ibarra de la Secretaría de Planeación de Montenegro y en
el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 2020-2024.
2.4. Construcción de colectores en los sectores quebrada La Planta, Barrio
Santander y Chica. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación
de los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.5. Construcción y optimización de los colectores Las Animas, Arabia, Cajones.
Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación de los diseños de
solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan Departamental de
Agua PDA.
2.6. Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales en el sector río
Roble. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación de los diseños
de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan Departamental
de Agua PDA.
2.7. Construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en
la quebrada Cajones. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación
de los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
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2.8. Construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
sector Balastrera. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación
de los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.9. Construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
sector Calle 10. Para esos efectos, tendrán en cuenta el proceso de contratación de
los diseños de solución para la problemática de vertimientos iniciado por el Plan
Departamental de Agua PDA.
2.10. Operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP ubicada en el
barrio La Isabela.
2.11. Reposición y/u Optimización de redes de alcantarillado identificado, para lo cual
deberá priorizar por estado, comportamiento hídrico y capacidad de redes.
2.12. Caracterización de los sectores donde se presentan con mayor frecuencia
daños en la red de distribución de agua con el fin de establecer y corregir los
determinantes que propician la falla.
2.13. Implementación de sistemas de medición del caudal que permita determinar en
cualquier momento la cantidad de agua captada de entrada y salida, así como, de
dispositivos que permitan leer de manera precisa el volumen de agua almacenada en
los tanques de la planta.
2.14. Implementación del programa de reducción de pérdidas “PRP” en el sistema,
acorde con la normatividad vigente.
2.15. Ejecución de programa de educación ambiental para el uso eficiente del agua y
uso adecuado de las redes públicas de alcantarillado.
2.16. Ejecución de programa de monitoreo a vertimientos y cuerpos de agua.
2.17. Ejecución de programa de seguimiento a usuarios especiales del alcantarillado.
2.18. Implementación del proceso de restauración activa (siembras) en los linderos
de los predios o zonas amortiguadoras de los predios vecinos para reducir el impacto
generado en las UH de donde se toma el agua para la población.
2.19. Implementación adecuada y completa de la sectorización de la red, para evitar
los cortes totales del servicio de acueducto en zonas si se presenta un daño. Para
esos efectos, tendrán en cuenta los diseños contratados por el Plan Departamental
de Agua PDA.
2.20. Implementación óptima de la Planta del sistema de suministro de agua para
consumo humano. Para esos efectos, tendrán en cuenta el informe pericial de la
Secretaría de Salud del Departamento del Quindío.
Dicho plan, deberá contener en cada punto como mínimo: (i) un análisis que precise
la fuente de financiación de dichas obras, (ii) el cronograma para su elaboración y (iii)
el o los responsables en su realización.
En caso, de determinarse que es necesario el auxilio de la Nación para el desarrollo
de alguno de los proyectos, se concederá el término de un (1) mes contado a partir
de la culminación del anterior término, para que una petición en ese sentido sea
radicada de forma completa, adecuada y con base en la metodología que se exige
ante la entidad competente para su estudio. Y. en el evento de que ésta última solicite
alguna información adicional o la corrección de dicho documento, esta deberá ser
elaborada en un plazo que no supere los quince (15) días.
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Finalmente, para la construcción de dichas obras se atenderá lo previsto en el
cronograma contenido en la propuesta técnica, sin que el término supere la vigencia
definida en los Planes o a los dieciocho (18) meses, contados a partir de la aprobación
de la fuente de su financiación.
3. A la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
3.1. Elabore un Plan de Descontaminación de las fuentes hídricas receptoras de los
vertimientos sin tratamiento, basado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, en asocio con el Municipio Montenegro Quindío y el Departamento del
Quindío.
Dicho plan deberá contener las medidas preventivas, correctivas y de seguimiento,
buscando la minimización de los impactos producidos por la contaminación hídrica;
así como, monitoreos ambientales periódicos, medidas de evaluación, control y
seguimiento ambiental; el procedimiento sancionatorio; campañas de socialización
del plan con los demás actores involucrados en la protección del medio ambiente y
con la comunidad, entre otras que sean necesarias.
3.2. Presente un cronograma de avance de los Procesos Sancionatorios
Ambientales No. 033 y No. 186 de 2023, adelantados por la Oficina Asesora de
Procesos Sancionatorios Ambientales y Procesos Disciplinarios con base en los
informes contentivos de presuntos incumplimientos a las disposiciones, metas y
obligaciones del PSMV relacionados con la eliminación de vertimientos en las
vigencias 2020, 2021 y 2022 desde la red de alcantarillado público y construcción de
colectores para transporte de aguas residuales.
Para el cumplimiento de las anteriores órdenes, se le otorga a la CRQ un plazo de
dos (2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia.
4. Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico, se insta para prestar la asistencia técnica a los proyectos
señalados en el punto anterior y dar prioridad a los estudios de viabilidad respecto de
los cuales se radiquen ante el Ministerio.
5. A la Secretaría de Salud Departamental del Quindío que, en ejercicio de sus
competencias de vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano, realice
de manera inmediata los monitoreos de las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua en la red de distribución y otros medios, según los
lineamientos del Decreto 1575 de 2007, en el sistema de suministro de agua que
atiende al municipio de Montenegro; reportando los IRCAs mensuales al subsistema
SIVICAP.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
TERCERO: INTEGRAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, que estará conformado
por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Quindío, quien lo presidirá;
un representante de la Defensoría del Pueblo Regional Quindío; el Personero
Municipal de Montenegro; el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal; un
delegado del municipio de Montenegro, un delegado del Departamento del Quindío
o de la Dirección de Aguas y Saneamiento Básico PAD-PDA Quindío; un delegado
de Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P.; un delegado de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío –CRQ, y un delegado del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El comité se
constituirá dentro del mes siguiente al término de la ejecutoria de la presente
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Núm. único de radicación: 630013333006202400003-01
providencia y deberá rendir al Tribunal de origen los informes sobre el cumplimiento
de esta sentencia cada cuatro (4) meses y uno final al culminar sus labores.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.
CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 25 de julio de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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