Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2015-00189-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Recurso de apelación contra sentencia de acción popular: modifica decisión que accedió a las pretensiones de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2015-00189-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-33-000-2015-00189-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
31 de enero de 2019
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR - Modifica decisión que accedió a las pretensiones de la demanda / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO - Por la falta de adopción de acciones encaminadas a la solución de la problemática de contaminación generada al río Pamplonita por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos contaminantes, sin el idóneo y debido tratamiento previo / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA
[E]stá probado en el plenario que el municipio de Pamplonita vierte directamente al río Pamplonita los residuos líquidos provenientes del sistema de alcantarillado, toda vez que su planta de tratamiento de aguas residuales aún no se encuentra en operación. (…) La Sala advierte que dicha inoperancia persiste en la actualidad conforme a la afirmación efectuada por el apoderado judicial del ente territorial, contenida en el recurso de apelación interpuesto el 19 de mayo de 2017, así como en el escrito de 3 de noviembre de 2017, presentado para alegar de conclusión en segunda instancia. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye, luego de analizar el material probatorio obrante en primera instancia, tal como acertadamente lo advirtió el a quo en la sentencia de 27 de abril de 2017, que el vertimiento directo de las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado del casco municipal al río Pamplonita, constituye una vulneración de los derechos colectivos contemplados en los literales a) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Adicionalmente, encuentra la Sala que las pruebas recaudadas en el sumario ofrecen certeza respecto de la vulneración del derecho colectivo contemplado en el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Así, la relación existente entre el daño generado al recurso hídrico y el nexo causal de responsabilidad atribuible a la conducta de las entidades condenadas, conlleva necesariamente a enmarcar dicha vulneración dentro de la obligación del Estado de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos. Por esta causa se deberá modificar la declaración de responsabilidad adoptada en este sentido por el juez de primera instancia a efectos de precisar que la vulneración recae sobre los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia. (…) En aras de desatar el recurso de apelación, en lo ateniente al argumento esgrimido por el ente territorial según el cual se configuró el fenómeno jurídico denominado carencia actual de objeto por hecho superado, la Sala procederá a examinar el estado actual de la solución definitiva de la problemática de vertimientos del municipio de Pamplonita. En tal sentido, se advierte que en el presente caso persiste la vulneración de los precitados derechos colectivos y, en consecuencia, el deber de ordenar la adopción acciones conducentes a su amparo. Así, está demostrado el vertimiento directo al río Pamplonita a pesar de que, a lo largo del debate judicial, el apoderado del referido municipio ha manifestado que el ente territorial adelantó la totalidad de acciones a su cargo tendientes a desarrollar aquella obra hidráulica de saneamiento. (…) como acertadamente lo precisó el Tribunal de instancia, lo cierto es que las circunstancias de las cuales deriva la vulneración de los derechos colectivos bajo análisis no han desaparecido y, por el contrario, las actuaciones del ente territorial han sido insuficientes ante la gravedad de la problemática. Precisamente, la inoperancia del sistema de tratamiento de aguas residuales vulnera y amenaza los derechos colectivos relacionados con: el acceso a los servicios públicos, el derecho al goce de un ambiente sano y a la existencia de un equilibrio ecológico de los habitantes del pluricitado municipio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 54001-23-33-000-2015-00189-01(AP)
Actor: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DEFENSORÍA REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Demandado: MUNICIPIO DE PAMPLONITA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el municipio de Pamplonita y por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, en contra de la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dentro de la acción popular con número de radicación 54001-23-33-000-2015-00189-01.
SOLICITUD
El Defensor del Pueblo Regional de Norte de Santander, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Carta Política y desarrollada por las Leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, presentó demanda en contra del municipio de Pamplonita, con miras a lograr la protección de los derechos colectivos relacionados con: i) el goce de un ambiente sano; ii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales y la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas; iii) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; iv) la defensa del patrimonio público; v) la seguridad y salubridad públicas; vi) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; vii) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, cuya vulneración atribuyó al vertimiento de aguas residuales al río Pamplonita sin tratamiento previo, por la inoperancia de la respectiva planta de saneamiento y manejo de vertimientos.
LOS HECHOS
Los hechos que fundamentaron la demanda de acción popular fueron los siguientes:
II.1. Señaló el demandante que las aguas residuales, provenientes de uso doméstico, industrial y comercial del municipio de Pamplonita, son altamente contaminantes y requieren de un tratamiento previo a su vertimiento en el río Pamplonita.
II.2. Precisó que, a través de la Resolución 1433 de 2004, se reglamentó el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, definiendo los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, como “[…] el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. […]”.
II.3. Como colorario de lo anterior, informó que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, mediante Resolución 0882 de 28 de noviembre de 2008, aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Pamplonita, con un horizonte de 10 años, fijando los siguientes compromisos:
“[…] se ordenó al Municipio, cumplir con los programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones en la fase de corto, mediano y largo plazo descritas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos presentado para el Municipio de Pamplonita. De igual forma, en el ARTICULO TERCERO de ese acto, se ordenó al Municipio, realizar anualmente una caracterización de los vertimientos líquidos y de las fuentes receptoras (antes y después de las descargas de aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado), para verificar la meta individual de reducción de la carga contaminante, debiendo presentar informes correspondientes a CORPONOR. Esta última entidad, igualmente se comprometió en el reseñado acto, a efectuar semestralmente el seguimiento y control a la ejecución del PSMV, en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas anualmente, con respecto a la meta individual de reducción de la carga contaminante establecida, y debiendo la empresa prestadora del servicio presentar los informes correspondientes. […]”
II.4. El actor popular alegó que, conforme al citado Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la principal fuente de contaminación del río Pamplonita, en el área de influencia del municipio, no es otra que “[…] el aporte de aguas residuales domesticas provenientes del sistema de alcantarillado de la ciudad, las cuales se vierten directamente sin ningún tratamiento toda vez que la planta de tratamiento actualmente no se encuentra en funcionamiento […]”.
II.5. Adicionalmente y con base en el referido plan, anotó que la planta de saneamiento y manejo de vertimientos “[…] fue construida en el año 1998, que para la época fue calculada para una población de 623 habitantes, que para el año es de 2017 de 1.339 habitantes, diseñada para caudales de 1.72 L/s por persona día y un coeficiente de retorno del 90%; circunstancias todas estas de modo, tiempo y lugar que nos permiten inferir que la contaminación del Río Pamplonita sigue en un alto grado, y que no es como muy aceptable que el Municipio Accionado, argumente que la contaminación de la fuente receptora ha bajado, cuando es claro y evidente que ni siquiera que la planta de tratamiento se encuentra en funcionamiento […]”.
II.6. Señaló que la contaminación del río Pamplonita estaba acreditada con lo afirmado en las conclusiones emanadas de los informes de seguimiento del citado plan de 30 de marzo de 2011, 9 y 10 de julio de 2012 y 21 de febrero de 2014, elaborados por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental.
Precisamente, según el informe de visita 30 de marzo de 2011, el municipio de Pamplonita no entregó a CORPONOR los informes técnicos de avance de las obras de inversión del segundo semestre del año 2010. En igual sentido, conforme al informe de visita del 9 y 10 de julio de 2012 y de 21 de febrero de 2014, la mencionada entidad territorial no había reparado el sistema de conducción y de manejo de aguas residuales, así como la planta de tratamiento.
II.8. Finalmente, advirtió que la Alcaldía de ese municipio informó, mediante oficio DSN-259 el 24 de julio de 2014, que se encontraba gestionando los recursos para ejecución de las obras de recuperación de la planta de tratamiento de aguas residuales.
PRETENSIONES
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primera-. Que se declare responsable al MUNICIPIO DE PAMPLONITA DE NORTE DE SANTANDER POR Violación AL DERECHO A UN AMBIENTE SANO; LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR su DESARROLLLO SOSTENIBLE, su CONSERVACIÓN, RESTAURACION o SUSTITUCION; LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES; LA PROTECCIÓN DE ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA, DE LOS ECOSISTEMAS SITUADOS EN LAS ZONAS FRONTERIZAS, ASÍ COMO LOS DEMAS INTERESES DE LA COMUNIDAD RELACIONADOS CON LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE; EL GOCE DEL ESPACIO PUBLICO Y LA UTILIZA CIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE uso PÚBLICO; LA DEFENSA DEL PA TRIMONIO PÚBLICO; LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS; EL ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA, EL ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS Y A QUE SU PRESTACION SEA EFICIENTE Y OPORTUNA de todos Ios habitantes del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, todo en razón y por lo expuesto anteriormente.
Segunda-. Que se ordene al MUNICIPIO DE PAMPLONITA (SIC) colocar en funcionamiento la totalidad de Ia planta de tratamiento del municipio, dentro de un término prudencial que fije el Operador Judicial, termino prudencial que podría NO ser superior a dos (02) años, pues científicamente se encuentra evidenciado que el calentamiento global ha colocado en un grado alto de desaparición el elemento agua del planeta y por ende Ia vida en él.
Tercera-. En su defecto, ante un eventual cambio del proyecto, se ordene de manera inmediata al MUNICIPIO DE PAMPLONITA, Ia construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, para cuyos efectos deberá adelantar de conformidad con la Ley 80 de 1993, demás leyes y sus decretos reglamentarios, la APERTURA DE UN PROCESO LICITATORIO o el que corresponda, que tenga por objeto LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO o del mecanismo que corresponda, DE LAS AGUAS RESIDUALES O SERVIDAS DEL MUNICIPIO […]”.
ACTUACIONES PROCESALES RELEVANTES
A través de auto de 28 de octubre de 2014, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Norte de Santander, admitió la acción popular y dispuso notificar al municipio de Pamplonita de la demanda.
Posteriormente, mediante auto de 17 de marzo de 2015, vinculo en calidad de sujetos pasivos de la acción a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR y al Departamento de Norte de Santander.
Con ocasión de la anterior vinculación y de las competencias asignadas por la Ley 1395 de 2010, por auto de 14 de mayo de 2015, remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por factor de competencia funcional.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia de 1° de junio de 2015, avocó conocimiento del asunto.
CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
V.1. El municipio de Pamplonita, a través de apoderada judicial, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas por la parte actora, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Puso de presente que la entidad territorial cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual se encuentra fuera de servicio debido a un hecho de fuerza mayor producto del fenómeno de remoción en masa ocasionado con la ola invernal del año 2011.
Advirtió que, atendiendo a las capacidades fiscales del municipio de Pamplonita, se tiene programada la construcción de una planta de tratamiento, para lo cual se provee contratar una consultoría que precise las características de aquella obra.
Con base en lo anterior, solicitó negar las pretensiones propuestas por la parte demandante, pues a su juicio, se configuró la excepción de inexistente afectación de los derechos colectivos invocados.
V.2. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, por intermedio de su apoderada judicial, se opuso a la demanda, manifestando que dicho ente público no tiene ninguna responsabilidad respecto de las pretensiones que reclama la parte actora, dado que “[…] ninguno de los hechos en que se sustenta la demanda, permiten establecer que Corponor haya vulnerado o puesto en peligro los derechos colectivos invocados como violados por parte de la entidad actora. […]”. Y, adicionalmente, “[…] no depende de Corponor la instalación, construcción o puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta es una actividad que está en cabeza de los municipios, porque además de comporta acciones de saneamiento básico, está asociada a la prestación del servicio público de alcantarillado que de acuerdo con lo señalado en Ley 142 de 1994 […]”.
Sostuvo que esa autoridad ambiental carece de legitimación en la causa por pasiva en el asunto bajo análisis, puesto que al margen de sus funciones no le compete prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, por ello, señaló lo siguiente:
“[…] Las acciones reclamadas en la demanda, deben ser ejecutados por el Municipio de Pamplonita, bien directamente, o a través de la empresa prestadora de servicios públicos contratada para el efecto, tal como se desprende del contenido del artículo 14.23 de la Ley 142 de 1994 […]”
V.3. Por intermedio de apoderado judicial la Gobernación de Norte de Santander contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas por el actor, con fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó que, según las disposiciones constitucionales y legales aplicables al tema, no es de su competencia prestar el servicio público de alcantarillado, puesto que tal función está asignada expresamente en el artículo 78 de la Ley 715 de 2001 y 76 de la Ley 142 de 1994, a los municipios.
Con base en lo anterior, el apoderado judicial solicitó desestimar las pretensiones de la demanda por “falta de legitimación en la causa por pasiva”, en lo que respecta al Departamento de Norte de Santander.
VI.- AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
El 23 de junio de 2015 tuvo lugar la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
La Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, citó a la audiencia de que trata la norma en cita, a la que comparecieron el actor popular, la entidad demandada, las entidades vinculadas y el agente del Ministerio Público. Ante la ausencia de fórmulas de acuerdo, la Magistrada ponente dispuso declarar fallida la diligencia y, en consecuencia, procedió a decretar pruebas conforme a lo establece el artículo 28 de la Ley 472 de 1998.
VII.- LA PROVIDENCIA APELADA
VII.1. El 27 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia en primera instancia, mediante la cual declaró vulnerados los derechos colectivos relacionados.
VIII.2. Dicha Corporación judicial expuso como tesis central de su fallo, la siguiente:
“[…] Para la Sala, en el presente caso se vislumbra evidencia de una afectación a los derechos e intereses colectivos, en tanto que el ecosistema del río Pamplonita está sufriendo incontrolada recepción de desechos contaminantes provenientes del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, que indudablemente colocan en peligro las calidades y características naturales del cuerpo de agua, y a falta de argumentos válidos por parte de las entidades demandadas para su no atención oportuna, la Sala encuentra viable su protección mediante la intervención de las autoridades competentes en materia de saneamiento ambiental para recuperarlo, y por ello, queda desvirtuada la excepción propuesta de inexistencia de la violación de los derechos colectivos; no obstante lo anterior, de acuerdo al análisis normativo y jurisprudencial hecho en la presente providencia, esto no implica desligar al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y CORPONOR, dado que también, por una parte, a CORPONOR le corresponden las funciones de asesoría técnica a las entidades territoriales y de coordinar los planes, programas y proyectos que éstas adelanten en el campo ambiental, realizar la caracterización tanto de la descarga como de la corriente de agua, adelantar y finalizar procesos sancionatorios por contaminación a las fuentes hídricas, realizar campañas con participación comunitaria sobre el manejo de los recursos naturales y protección ambiental y ejerza las funciones de evaluación, control y seguimiento a las actividades que puedan generar deterioro ambiental.
Y de otra, al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, le corresponde dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a CORPONOR y al MUNICIPIO DE PAMPLONITA, en la ejecución de actividades, programas, proyectos, tareas e inversiones que sean necesarias para Ia solución de la problemática de contaminación generada al río Pamplonita por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos sin el idóneo y debido tratamiento previo […]”.
VI.2. El a quo fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:
VI.2.1. En primer lugar advierte que, a la luz de las pruebas obrantes en el proceso, no se evidencia la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos, razón por la cual concede el amparo exclusivamente al derecho al goce de un ambiente sano, a la conservación de las especies animales y vegetales, a la protección de sus áreas de especial importancia ecológica y a la existencia del equilibrio ecológico y su aprovechamiento sostenible.
VII.2.2. La Corporación Judicial, una vez revisada la normativa que regula el control de los vertimientos líquidos y sólidos a los cuerpos de aguas, concluyó, del análisis del acervo probatorio, que el municipio de Pamplonita no había desplegado actividades o acciones encaminadas a la solución de la problemática de contaminación generada al rio Pamplonita por el vertimiento de los residuos sólidos y líquidos provenientes del sistema de alcantarillado. Por ello, advirtió que “[…] su conducta omisiva tiene incidencia directa en el daño ambiental por la desatención frente a la contaminación de la fuente hídrica por los vertimientos que genera el Municipio […]”.
VII.2.3. En cuanto al argumento esbozado por el ente territorial consistente en que el municipio de Pamplonita carece de los recursos económicos necesarios para desarrollar las obras, el Tribunal no lo encontró fundado, atendiendo al criterio jurisprudencial sostenido en esta materia por el Consejo de Estado, según el cual “[…] la falta de recursos públicos no es excusa para no proteger los derechos e intereses colectivos, pues la efectividad de los derechos colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea debidamente atendida […]”.
VII.2.4. En relación con el departamento de Norte de Santander el Tribunal señaló que en el expediente se hizo evidente la conducta omisiva por parte de dicho ente territorial, respecto de la ejecución de acciones de apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo. Asimismo, consideró que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental no ha ejercido sus funciones en materia de “[…] asesoría técnica a las entidades territoriales y de coordinar los planes, programas y proyectos que éstas adelanten en el campo ambiental, realizar la caracterización tanto de la descarga como de la corriente de agua, adelantar y finalizar procesos sancionatorios por contaminación a las fuentes hídricas, realizar campañas con participación comunitaria sobre el manejo de los recursos naturales y protección ambiental y ejerza las funciones de evaluación, control y seguimiento a las actividades que puedan generar deterioro ambiental. […]”.
VII.2.5. En ese orden de ideas, la Corporación judicial consideró que no debían prosperar las alegadas excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, planteadas por el ente departamental y por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental.
VII.3. Finalmente, la Corporación judicial, en la sentencia proferida el 27 de abril de 2017, en la parte resolutiva, impartió las siguientes medidas de protección:
“[…] SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de (i) inexistencia de la afectación de los derechos colectivos mencionados propuesta por el MUNICIPIO DE PAMPLONITA, y (ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL -CORPONOR, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo al goce de ambiente sano, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de sus áreas de especial importancia ecológica, la existencia del equilibrio ecológico y su aprovechamiento sostenible, la conservación y restauración de estos recursos, vulnerados por el MUNICIPIO DE PAMPLONITA, el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR, por la falta de adopción de actividades o acciones encaminadas a la solución de la problemática de contaminación generada al río Pamplonita por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos contaminantes, sin el idóneo y debido tratamiento previo, provenientes del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al MUNICIPIO DE PAMPLONITA, AL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTALCORPONOR, para que acorde a sus competencias y en aplicación de los principios y normas contenidas en los artículos 298, 311, 315, 365 y 366 de la Constitución Política; artículos 2 de la Ley 60 de 1993, 64 y 65 de la Ley 99 de 1993, 3 a 5 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, 43, 44, 75 y 105 de la Ley 715 de 2001, y 23, 30, 31 y 63 de la Ley 99 de 1993; artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, reglamentario de la Ley 23 de 1973; capítulo VI del Decreto 1594 de 1984, reglamentario de la Ley 9 de 1979; artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente; artículo 1 de la Resolución 1433 de 2004 y el documento Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR) fechado junio de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, procedan a adelantar de manera inmediata, coordinada y armónica y en un plazo máximo de un (1) año siguiente a Ia ejecutoria de la presente providencia, las medidas técnicamente exigibles, jurídicas y presupuestalmente viables, a fin de dar tratamiento previo idóneo y suficiente a los vertimientos de residuos sólidos y líquidos al río Pamplonita provenientes del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, como lo son, entre otras, el diseño, la construcción y/o adecuación, y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, y el cumplimiento efectivo de la meta de reducción y demás compromisos fijados en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, que fuera aprobado por CORPONOR, a través de la Resolución Nº 0882 de 20 de noviembre de 2008.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por lo considerado en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: CONFORMAR el Comité para la vigilancia del cumplimiento de la sentencia, acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en el cual participarán, además de las partes, un representante de la Personería del MUNICIPIO DE PAMPLONITA y de la Defensoría del Pueblo Seccional Norte de Santander, un representante del DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CORPONOR, y el señor Procurador Judicial para Asuntos Administrativos Delegado ante el Tribunal, quien lo presidirá […]”.
VIII.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
VIII.1. El apoderado judicial del municipio de Pamplonita interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con base en las siguientes consideraciones:
Puso de presente que, con ocasión de la ola invernal 2010 – 2011, la planta de tratamiento de aguas residuales municipales quedó fuera de funcionamiento. A pesar de lo anterior, el apoderado judicial consideró que no existe omisión por parte de esa autoridad puesto que ha adelantado gestiones a efectos de procurar la solución de aquella problemática. Para tal efecto, informó lo siguiente:
“[…] La realización del contrato de consultoría 149 de 2015, en el cual se estableció el estudio y diseños para la adecuación de la planta de tratamiento residual del casco urbano del Municipio, el cual fue debidamente aportado con los alegatos de la demanda. Así mismo, se ha solicitado ante el Ministerio de Ambiente desde el año 2016 con radicado 2016-010732 presentado el 13 de abril de 2016, en el cual se presentó el proyecto de adecuación y optimización de la planta de tratamiento de plantas residuales y emisario final del alcantarillado sanitario del Municipio de Pamplonita, por un valor de $1.676.007.311 por el sector de inversión de saneamiento básico, el cual se encuentra en fase 1 de observaciones y revisión de proyecto en el cual se entregaron planos y estudios de diseños realizados y resultado del contrato de consultoría una vez ejecutado, y actualmente se encuentra en espera de su viabilidad y aprobación para la ejecución de la construcción y mejoramiento del manejo de residuos para su tratamiento previo al vertimiento al Río Pamplonita […]”
Finalmente, a su juicio se configuró “un hecho superado”, en razón a que “[…] no existen las circunstancias que venían produciendo la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados por la actora, por la omisión de no iniciar el proceso de solicitar recursos financieros para la adecuación necesario para el manejo de residuos, por lo que ante la cesación del hecho que dio origen al presente trámite de la acción popular, cualquier orden resulta inocua o superflua […]”
VIII.2. La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, por intermedio de apoderado judicial, impugnó la sentencia de 27 de abril de 2017, al considerar que la misma adolece de defectos materiales sustantivos y facticos.
El motivo de inconformidad de la autoridad ambiental radica en lo ordenado en el ordinal cuarto de la parte resolutiva del fallo de primera instancia.
Precisó que la declaratoria de responsabilidad de Corponor se fundamentó en una normativa que no le es aplicable a dicha entidad y que se encuentra derogada, tal como acontece con el artículo 2 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 12 del Decreto 2003.
En el mismo sentido, la autoridad ambiental sostuvo que la sentencia proferida en primera instancia se basó en lo dispuesto en el documento denominado “Plan Nacional de Manejo de aguas Residuales (PMAR), fechado junio de 2014, aunque el mismo “[…] no tiene ninguna capacidad vinculante, en primer lugar, por no estar ya vigente, y en segundo lugar por no representar una norma vinculante y mucho menos un acto administrativo […]”.
A su juicio, el Tribunal no valoró los elementos probatorios que reposan en el expediente, orientados a demostrar que CORPONOR ha ejercido sus competencias como autoridad ambiental encargada de vigilar la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Con base en ello, expuso lo siguiente:
“[…] Si como lo asegura en el fallo, la vulneración de los derechos colectivos se debe a la falta de tratamiento o adecuada disposición de las aguas residuales proveniente del alcantarillado del Municipio de Pamplonita y vertidas sin ningún tratamiento al Río Pamplonita; quien tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para que esta situación no se siga presentando es la entidad encargada de la prestación del servicio público de alcantarillado, que en el presente caso, corresponde al municipio de Pamplonita, como lo reconoce su propio alcalde en el oficio del 11 de noviembre de 2014, dirigido al Tribunal y visible 8 folio 54 del expediente […]”.
En este orden de ideas, encontró incongruente tanto el razonamiento jurídico sostenido por el a quo, como la subsecuente orden de amparo contenida en el artículo cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, en tanto excede su ámbito de competencias y no se encuentra debidamente sustentada.
VIII.3. La apoderada judicial del departamento de Norte de Santander interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por extemporáneo, mediante auto de 7 de junio de 2017, proferido por el Tribunal de Norte de Santander.
IX-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
Mediante auto del 11 de octubre de 2017, el Magistrado ponente ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran, si así consideraban, alegatos de conclusión y concepto de fondo, respectivamente, dentro de esta etapa procesal.
IX.1. El apoderado judicial del municipio de Pamplonita, en los alegatos de conclusión, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, señalando que la administración local ha adelantado todas las gestiones administrativas y financieras posibles para atender la problemática; sin embargo, ello no se ha logrado dado que el municipio de Pamplonita es de sexta categoría y, en consecuencia, no cuenta con la capacidad presupuestal para asumir los costos de esta obra. Entre estas gestiones, señaló la celebración del contrato de consultoría 149 de 2015 y los tramites presupuestales adelantados ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo durante la vigencia 2016..
Por otra parte, aportó una prueba sobreviniente consistente en “[…] la Resolución N.º 621 del 21 de septiembre de 2017, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander - CORPONOR, proferida dentro del proceso administrativo sancionatorio ambiental SAN 00230/2012 adelantado contra el Municipio de Pamplonita, por el presunto incumplimiento de las acciones pertinentes ante el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo al río Pamplonita por la ruptura de varios tramos del emisario final (tubería de gres) producto de la temporada invernal 2010-2011, encontró la autoridad ambiental que existió una causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor o caso fortuito […]”
IX.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, basado en los mismos fundamentos del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del a quo, solicitó la modificación del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de abril de 2017 y, en consecuencia, la exclusión de la responsabilidad de CORPONOR en el asunto sub examine.
IX.3. La apoderada judicial del departamento de Norte de Santander, mediante oficio radicado el 9 de noviembre de 2017, presentó sus alegatos de conclusión de forma extemporánea.
X. CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado, a través de memorial de 3 de noviembre de 2017, en concepto rendido dentro del presente trámite, solicitó confirmar la sentencia proferida en primera instancia. Para ello puso de presente el insuficiente ejercicio de las funciones encomendadas al municipio de Pamplonita y a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, en virtud del cual no se han adoptado las acciones pertinentes que permitan controlar el daño ambiental causado al río Pamplonita.
En efecto, advirtió que la entidad territorial tardó más de 5 años en presentar ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el proyecto para la construcción de la obra hidráulica requerida para tratar las aguas vertidas. Adicionalmente, no le hizo seguimiento al citado proyecto, radicado el 12 de abril de 2016, a pesar de que el mismo, se presentó hace más de 1 año.
Así, precisó que “[…] la atención de dicho problema ambiental, es una de sus competencias y este debía atenderlo, buscando fuentes de financiación directas o indirectas, con recursos propios o del Sistema General de Participaciones u otros recursos, no obstante, dentro del expediente no obra prueba alguna que demuestre que el municipio ha buscado incansablemente esos recursos y que no cuenta con los recursos suficientes para financiar la obra total o parcialmente, lo que pone en evidencia que no he realizado, ningún esfuerzo fiscal propio del ente territorial, para atender la situación […]”.
Posteriormente, luego de precisar las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, reprochó el hecho consistente en que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental hubiese desplegado ciertas actividades de seguimiento, sin que aquellas fueran eficaces y suficientes para controlar la causa que afecta el derecho constitucional vulnerado.
Finalmente, a juicio del Ministerio Público, las órdenes impartidas por el a quo a CORPONOR, son de su competencia según lo previsto por los numerales 11, 17 y 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
XI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
XI.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer, como ocurre en el presente caso, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.
XI.2. Las acciones populares y su procedencia
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
“[…] (i) por ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado la Sección en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; (iii) la carencia de objeto por hecho superado en la acción popular; y (iv) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
XI.3. Planteamiento del problema a resolver.
La Defensoría del Pueblo Regional de Norte de Santander atribuyó al municipio de Pamplonita la vulneración de los derechos colectivos relacionados con: i) el medio ambiente sano; ii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; iii) la conservación de las especies animales y vegetales; iv) la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; v) el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; vi) la defensa del patrimonio público; vii) la seguridad y salubridad públicas; viii) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ix) el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Según el actor popular, dicha vulneración de los derechos colectivos se debe a los impactos ambientales causados al río Pamplonita por el vertimiento de aguas residuales que no son tratadas previamente para reducir su carga contaminante, en virtud de la inoperatividad de la planta de saneamiento y manejo de vertimientos.
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander amparó los derechos colectivos previstos en los literales a) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, al considerar que el Municipio de Pamplonita ha sido negligente “en la adopción de actividades o acciones encaminadas a la solución de la problemática de contaminación generada al rio Pamplonita por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos sin el idóneo y debido tratamiento previo. Así las cosas, su conducta omisiva tiene incidencia directa en el daño ambiental por la desatención frente a la contaminación de la fuente hídrica por los vertimientos que genera el Municipio”.
Respecto a la responsabilidad de CORNOR, indicó que le “corresponden las funciones de asesoría técnica a las entidades territoriales y de coordinar los planes, programas y proyectos que éstas adelanten en el campo ambiental, realizar la caracterización tanto de la descarga como de la corriente de agua, adelantar y finalizar procesos sancionatorios por contaminación a las fuentes hídricas, realizar campañas con participación comunitaria sobre el manejo de los recursos naturales y protección ambiental y ejerza las funciones de evaluación, control y seguimiento a las actividades que puedan generar deterioro ambiental”.
De otro lado, puso de presente que al Departamento Norte de Santander, le corresponde dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a Corponor y al Municipio, en la ejecución de actividades, programas, proyectos, tareas e inversiones que sean necesarias para la solución de la problemática de contaminación generada al río Pamplonita por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos sin el idóneo y debido tratamiento previo.
Inconformes con la anterior decisión, el municipio de Pamplonita y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, interpusieron oportunamente los respectivos recursos de apelación.
El apoderado judicial del municipio de Pamplonita, en su impugnación, informó que el casco urbano carece de planta de tratamiento de aguas residuales, en tanto la misma se averió durante la ola invernal presentada en la vigencia 2010 – 2011. En tal sentido, para subsanar dicha problemática, informó del desarrollo del contrato de consultoría 149 de 2015, suscrito con el consorcio Estudios Aguas Pamplonita, a través de la cual se elaboraron los estudios y diseños necesarios para la adecuación de la obra hidráulica.
Precisó que, ante la incapacidad presupuestal del municipio para desarrollar la obra, con fecha 13 de abril de 2016 radicó ante Ministerio de Ambiente el respectivo proyecto para su financiamiento. En tal sentido, alegó la presunta configuración de un hecho superado toda vez que “[…] no existen las circunstancias que venían produciendo la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados por la actora, por la omisión de no iniciar el proceso de solicitar recursos financieros para la adecuación necesario para el manejo de residuos, por lo que ante la cesación del hecho que dio origen al presente trámite de la acción popular, cualquier orden resulta inocua o superflua […]”
Por su parte, el apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, consideró que la sentencia de 27 de abril de 2017 está afectada por un defecto material sustantivo en tanto la decisión adoptada en la providencia se fundamentó en una normativa que no le es aplicable a dicha entidad y que se encuentra derogada.
Cuestionó el análisis probatorio efectuado por el a quo, el cual no tuvo en cuenta el ejercicio de control adelantado por Corponor a la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Pamplonita.
Por ello, el motivo de inconformidad de la autoridad ambiental recayó en la orden de amparo contenida en el artículo cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, la cual, a su juicio, excede el ámbito de sus competencias y carece de sustento jurídico.
Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si ¿les es atribuible a las autoridades recurrentes la vulneración de los derechos colectivos amparados por cuenta de que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Pamplonita, vierte aguas residuales al Río Pamplonita sin el brindar un tratamiento de remoción de carga contaminante?
Antes de entrar a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar los siguientes temas: (i) núcleo esencial y alcance de los derechos colectivos alegados como vulnerados y del derecho al agua como derecho humano fundamental; (ii) el marco jurídico del manejo de los vertimientos de las aguas residuales provenientes de los sistema de alcantarillado; (iii) las competencias de los municipios en materia de saneamiento básico, (iv) la cooperación armónica entre las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en materia de saneamiento básico; para, finalmente, (vi) proceder a resolver el caso concreto.
XI.4. Núcleo esencial de los derechos colectivos alegados como vulnerados
Como se anotó, las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos e intereses colectivos, por lo que, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra una amenaza o daño a un derecho o interés común; además, por ser intereses que le pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la colectividad, para su protección y garantía puede recurrirse ante las autoridades que ejercen la función de administrar de justicia.
Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas, tal y como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación en la providencia AP- 527 del 22 de enero de 2003:
“[…] Los colectivos son intereses de representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad.
Por eso ha dicho la Corte Constitucional que, es imposible enmarcar el interés colectivo en un ámbito meramente subjetivo o particular, pero que cualquier persona perteneciente a un grupo o una comunidad pueden acudir ante los jueces para exigir la defensa de tal colectividad, con lo cual logra simultáneamente proteger su propio interés.
Por otra parte, si bien la Constitución, en el artículo 88, menciona algunos intereses colectivos, tal enumeración no es taxativa, pues, la ley o los tratados internacionales pueden calificar como tales otros intereses similares a los contenidos en el artículo 88 de la Carta. […]”.
Ahora bien, en el caso sub examine, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia de 27 de abril de 2017, amparó los derechos colectivos contemplados en los literales a) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, por ello, la Sala procederá a efectuar algunas consideraciones respecto de los mencionados derechos colectivos.
XI.4.1. Del derecho al goce de un ambiente sano y su relación con la existencia del equilibrio ecológico.
La protección del medio ambiente es un fin esencial del régimen constitucional colombiano. La preservación, conservación y salvaguarda de los elementos naturales, fue reglada por 34 disposiciones superiores que fijan los presupuestos regulatorios de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. A este compendio normativo, la jurisprudencia constitucional le ha denominado la "Constitución Ecológica".
Así, los artículos 8, 58, 79, 80 y 95 de la Carta Política, entre otros, consagran, respectivamente, i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano; iii) el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el principio de desarrollo sostenible.
Atendiendo a este marco constitucional, el goce de un ambiente sano ha sido entendido por la Corte Constitucional y por esta Corporación judicial, como un derecho multidimensional fundamental y colectivo, caracterizado por lo siguiente:
“[…]Resulta lógico que dicho derecho cuente con varias dimensiones, toda vez que ostenta la calidad de i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar la supervivencia de las generaciones presentes y futuras) y, iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar). […]”
Al tenor del precitado criterio jurisprudencial, el derecho al goce de un ambiente irradia múltiples escenarios constitucionales, los cuales fueron recopilados por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 19 de julio de 2018, de la siguiente manera:
“[…] 84. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe desde tres perspectivas i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de objetivo social.
85. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte Constitucional ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
86. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la Ley 23 de 19 de diciembre de 1973 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente. […]”
XI.4.2. Del manejo de los vertimientos de las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado del municipio de Pamplonita.
Conforme al artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado cuya prestación se rige por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Este servicio se relaciona con el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, previsto en el artículo 79 de la Constitución Política.
Ahora bien, al tenor de la relación existente entre la preservación del entorno natural y el manejo integral de los residuos, el saneamiento ambiental está ligado a los servicios domiciliarios de alcantarillado y aseo. Precisa el numeral 23 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, que el servicio de alcantarillado incluye el tratamiento y la disposición final de los residuos, principalmente líquidos.
Sobre este último aspecto, el artículo 2.2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 050 de 2018, recopiló y señaló la prohibición de realizar vertimientos en las siguientes áreas: i) en las cabeceras de las fuentes de agua; ii) en los cuerpos de aguas o aguas costeras, destinadas para recreación y usos afines que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este uso; iii) en un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente; así como, iv) los que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.1 del presente decreto, y, que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos.
En este marco de control al recurso hídrico, el artículo 10 del Decreto 2667 de 2012, derogatorio del Decreto 3100 de 2003, establece que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), contiene la meta, individual de reducción de carga contaminante de los usuarios del servicio de alcantarillado, cuyo cumplimiento evalúa la autoridad ambiental competente de acuerdo con los compromisos allí establecidos.
Respecto del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, es pertinente anotar que la Resolución 1433 de 2004, le define, como “[…] el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua”.
El artículo 2º de la precitada Resolución, establece que las autoridades ambientales competentes para aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, son: i) las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; ii) las Unidades Ambientales Urbanas, de los Municipios, Distritos y Áreas Metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de habitantes y; iii) las autoridades ambientales a las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 31 de julio 2002.
A su turno, el artículo 2.2.3.3.5.18 del decreto 1076 de 2015, al abordar el seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, establece que: “[…] Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios […]”.
Cabe traer a colación que la Resolución 631 de 2015, proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Así mismo, define los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales, comerciales o de servicios. Es por lo anterior que el artículo 19 ibidem precisa que los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, deberán ser ajustados y aprobados, al tenor del régimen de transición previsto para tal efecto por la norma.
En este orden de ideas, los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se han convertido en la herramienta base de planificación y control de las cargas contaminantes generadas por los usuarios del servicio de alcantarillado.
XI.4.3. De las competencias de los municipios en materia de saneamiento básico
Los servicios públicos constituyen garantías prestacionales inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por ello, comprenden una finalidad social del Estado y, en consecuencia, se debe asegurar su prestación eficiente a los habitantes del territorio nacional, para lo cual se deben ejercer las competencias en materia de regulación, control y vigilancia y brindar una solución a las necesidades básicas insatisfechas de la colectividad.
El artículo 311 de la Constitución establece que:
“[…] Al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […]”.
Por su parte, el artículo 367 Superior preceptúa:
“[…] La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada Municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. […]”.
El Legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa constitucional asignando a los municipios y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad de todos sus habitantes.
Al efecto, se tiene que la Ley 136 de 2 de junio de 1994, prescribe en los ordinales 10 y 19 del artículo 3°, que compete a los municipios:
“[…] 10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y ambientales, de conformidad con la constitución y la ley; […]
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios. […]”.
Por su parte, la Ley 142 de 11 de julio de 1994, en su artículo 5°, le atribuye a los municipios la competencia para prestar los servicios públicos. Al respecto, dispone:
“[…] Es competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: (…)
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo Municipio en los casos previstos en el artículo siguiente […]”.
Acerca de la responsabilidad de los municipios en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios, los ordinales 2 y 9 del artículo 8º de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, disponen:
“[…] Artículo 8º.- Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones urbanísticas, entre otras:
[…]
Localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos.
[…]
9. Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes […]”.
De otra parte, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, señala que corresponde a los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos. Su tenor literal dispone:
“[…] Artículo 76. Competencias del Municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos.
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos […]”.
Respecto de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, con destinación específica para el sector agua potable y saneamiento básico, el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, precisa lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 11. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS. Los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico que se asignen a los distritos y municipios, se destinarán a financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, en las siguientes actividades: (…)
b) Pago del servicio de la deuda originado en el financiamiento de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, mediante la pignoración de los recursos asignados y demás operaciones financieras autorizadas por la ley;
c) Preinversión en diseños, estudios e interventorías para proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico;
d) Formulación, implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en las zonas urbana y rural;
e) Construcción, ampliación, optimización y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, e inversión para la prestación del servicio público de aseo; (…)
h) Adquisición de los equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y saneamiento básico […]”.
El anterior recuento normativo permite inequívocamente concluir que la prestación directa o indirecta del servicio público de alcantarillado constituye una función principalísima a cargo de los municipios; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento en su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y oportuna prestación.
Los citados entes territoriales en virtud de su autonomía, podrán realizar la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la Ley.
XI.4.4. El servicio público domiciliario de alcantarillado
El artículo 211 del Decreto 1541 de 26 de julio de 1978, dispone que “[s]e prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. (…)”.
Por su parte, el Decreto 1594 de 1984, reglamentario de la Ley 9ª de 1979, “(…) prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación”. De igual forma, dispone que “[l]os sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos”.
La Ley 142 de 11 de julio de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 1° dispuso que la misma se aplicaría “(…) a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley”. [Resalta la Sala].
A su turno, el artículo 14 de la misma regulación definió los siguientes conceptos relevantes:
“14.19. SANEAMIENTO BÁSICO. Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarlos de alcantarillado y aseo.
(…).
14.23. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. (…)”[]. [Subraya la Sala].
Igualmente, el Decreto 302 de 25 de febrero de 2000 “por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, señala que “[l]os usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado”.
XI.5. La cooperación armónica entre las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales en materia de saneamiento básico.
Sea lo primero precisar que el artículo 288 de la Carta Política, desarrolla los principios que deben guiar la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, al siguiente tenor:
“[…] Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley […].
En tal sentido, la Ley 136 de 2 de junio de 1994, modificada por La Ley 1551 de 6 de julio de 2012, profundiza en los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, de la siguiente manera :
“[…] Artículo 3°. El artículo 4° de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Por ello, la Sala encuentra que los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad actúan como principios orientadores de la distribución de competencias entre el poder central y las entidades territoriales; es decir, que dichos principios definen la forma de articulación para el ejercicio de las competencias adscritas a las entidades del orden nacional y a las entidades territoriales, a partir del modelo de ordenamiento territorial que adoptó la Constitución Política de 1991.
En materia ambiental y atendiendo al referido criterio normativo, el artículo 63 de la Ley 99, además de establecer los principios generales en materia ambiental, contempló el principio de armonía regional, según el cual:
“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la nación […]”.
En el marco del dialogo que se debe promover entra las autoridades públicas de distintos niveles, es necesario armonizar el ejercicio de las funciones de las corporaciones autónomas regionales y las entidades territoriales. En efecto, las primeras son entidades encargadas de administrar el medio ambiente y propender por un desarrollo sostenible dentro del área de su jurisdicción, la cual puede contener o sobrepasar el territorio de otras autoridades gubernamentales locales.
Cabe precisar que para el desarrollo de su objeto, las corporaciones autónomas regionales, conforme lo previsto en la Ley 99, tienen establecidas las siguientes funciones:
“[…] Artículo 31º.- Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (…)
2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; (…)
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; (…)
6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas; (…)
8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional;
9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente. (…)
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; (…)
17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;
18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales; (…)
20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; (…)
26) Asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías o con otros de destinación semejante; (…)
Parágrafo 4º.- Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia […]” (Destacado de la Sala).
Como se observa, las corporaciones autónomas regionales están facultadas para, entre otras competencias: i) ejercer funciones de vigilancia y control; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental; iii) asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental; y, iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente.
En lo ateniente a la última competencia aludida en el párrafo anterior, esta Sección, en la sentencia de 21 de julio de 2018, se pronunció de la siguiente manera:
“[…] La competencia señalada en el artículo 31, numeral 20, de la ley 99 a las corporaciones autónomas regionales, para la construcción, mantenimiento, administración, ejecución y operación de obras públicas de infraestructura, destinadas a “la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”, comprende la ejecución de obras de saneamiento básico entre ellas las de acueducto y alcantarillado, dentro de su jurisdicción territorial, en concurrencia con la competencia atribuida a los municipios para “[…] construir las obras que demande el progreso municipal y la solución de necesidades de saneamiento ambiental y de garantía de prestación de los servicios públicos […]” (Destaca la Sala)..
Esta competencia de las corporaciones tiene por objeto las obras de infraestructura, la cual encuentra en la legislación especial de servicios públicos domiciliarios un límite en sus alcances, toda vez que la ley 142 establece los sujetos prestadores de los servicios, siguiendo un criterio de especialidad orgánica, excluyendo la posibilidad de que otros sujetos allí no comprendidos, cumplan dichas funciones de prestación de servicio o desarrollo de dicha actividad económica, sin embargo con el fin de dar soluciones a las necesidades de saneamiento ambiental y en ejercicio de las demás funciones atribuidas por la ley, dichas autoridades ambientales podrán intervenir para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables […]”.
Asimismo, al referirse a la coordinación y cooperación armónica institucional que debe suscitarse en materia de servicios públicos, en sentencia de 19 de julio de 2018, la Sección Primera de esta Corporación judicial advirtió lo siguiente:
“[…] en materia de protección y recuperación ambiental, las empresas de servicios públicos obrando a su vez como concesionarias de los recursos naturales, las entidades territoriales y las corporaciones autónomas deben actuar de manera coordinada y brindando cooperación entre sí, de acuerdo con las competencias específicas a su cargo […]”.
De lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que las amplias facultades reconocidas a las corporaciones autónomas regionales en los numerales 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20 y 26 del artículo 31 de la Ley 99, interpretadas al tenor de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional, comportan el deber de aquella autoridad ambiental de intervenir y preservar el recurso hídrico, a través de acciones de control, vigilancia, sanción, asesoría y apoyo de programas ambientales, ligados al ejercicio de las competencias atribuidas a las entidades territoriales, en materia de servicios públicos, sin que ello implique que deban asumir directamente la prestación de los mismos.
XII. RESOLUCIÒN DEL CASO CONCRETO
En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar de acuerdo con los hechos descritos por la parte demandante, las pruebas obrantes en el proceso y los argumentos de inconformidad consignados en los recursos de apelación y en los alegatos de conclusión interpuestos de forma oportuna, si es procedente conceder o denegar las súplicas de la demanda.
Revisados los recursos de apelación presentados por el municipio de Pamplonita y por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, se advierte que las inconformidades de los recurrentes se refieren a la supuesta configuración de un “hecho superado” y a la desestimación de los fundamentos facticos y jurídicos invocados por el a quo para atribuirle responsabilidad a CORPONOR por la vulneración de los derechos colectivos.
Con base en lo anterior, es claro que en el presente asunto se controvierte si se produjo la referida vulneración o amenaza derechos colectivos amparados por el Tribunal de primera instancia, así como la forma en la que ordenó su protección.
XII.1. De la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda y la responsabilidad de las entidades demandadas
En cuanto al manejo de los vertimientos generados por los usuarios del servicio de alcantarillado, la Sala encuentra acreditado en el proceso que, mediante Resolución 882 de 28 de noviembre de 2008, proferida por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, el municipio de Pamplonita del departamento Norte de Santander, adoptó su Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
De la parte resolutiva de aquel acto administrativo se extrae lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- presentado por el municipio de Pamplonita, departamento Norte de Santander para su suelo urbano.
PARÁGRAFO. La vigencia del PSMV será de diez (10) años.
ARTÍCULO SEGUNDO. La empresa prestadora del servicio público de alcantarillado (municipio de Pamplonita), deberá cumplir con los programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo descritas en el PSMV.
ARTICULO TERCERO. La empresa prestadora del servicio público de alcantarillado (municipio de Pamplonita) deberá realizar anualmente una caracterización de los vertimientos líquidos y de las fuentes receptoras (antes y después de las descargas de aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado), para verificar la meta individual de reducción de la carga contaminante. La empresa prestadora del servicio público de alcantarillado (municipio de Pamplonita) presentará los informes correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO. CORPONOR efectuara semestralmente el seguimiento y control a la ejecución de PSMV en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas y anualmente con respecto a la meta individual de reducción de la carga contaminante establecida. La empresa prestadora del servicio público de alcantarillado (municipio de Pamplonita) presentará los informes correspondientes […]”
Conforme al citado Plan, el municipio de Pamplonita contaba con una planta de tratamiento de aguas residuales de las siguientes características:
“[…] [E]s de tipo PALECAFA (proceso anaeróbico de lecho estacionario), diseñada para una población de 1339 habitantes e construida a mediados del año 1998, en predios comprados por el municipio al señor José Parada, la cual tiene una población de diseño calculada para los años 1995 (623 habitantes) y para el año 2017 de (1339 habitantes), fue diseñada para caudales de 1.72 Lts por persona día y un coeficiente de retorno del 90%; la carga orgánica para el municipio de pamplonita es baja debido a la mezcla de aguas residuales y de nacientes, por lo tanto un valor de 500 gramos por persona día. (…)
Este diseño está conformado por cuatro biorreactores anaerobios los cuales están constituidos por es lechos estacionarios bien definidos funcionando de manera ascendente con un sistema preliminar de sólidos suspendidos (rejillas) […]”
Respecto del sitio de disposición de los vertimientos, el mencionado Plan señala que “[…]
se encuentra ubicado en la vereda bataga cuyas coordenadas son X: 1159084,46 y: 1315057,93. El cuerpo receptor de las aguas tratadas es el rio pamplonita […]”. Adicionalmente, contempla un “Programa de Monitoreo de las Aguas Residuales Domésticas del casco urbano”, a cargo del ente territorial, cuyo objetivo es “[…] realizar evaluación y seguimiento a los vertimientos de aguas residuales domésticas y establecer metas de reducción en contaminación de las fuentes hídricas […]”.
En este orden de ideas, es claro para la Sala que el municipio era el responsable de ejecutar el Programa de Monitoreo de las Aguas Residuales Domésticas del casco urbano, cuya vigilancia y control atañe a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, conforme lo dispone el artículo 4 de la Resolución 882 de 28 de noviembre de 2008.
De otra parte, está demostrado en el plenario, con base en los “Informes de Seguimiento General Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos” correspondiente a las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014, la transgresión de la prohibición de vertimientos a la que se refieren los literales 1, 3 y 9 del artículo 2.2.3.3.4.3. del Decreto 1076 de 2015, así como la inoperancia de la planta de tratamiento de las aguas residuales provenientes de la cabecera municipal de Pamplonita.
Del contenido de los citados informes cabe destacar lo siguiente:
• Conforme al acápite de descripción del informe de 30 de marzo de 2011, CORPONOR, a través de la labor de seguimiento, evidenció el “[…] incumplimiento de la Resolución 0882 del 28 de noviembre de 2008, por parte del municipio de Pamplonita en cuanto a (…) la realización de la caracterización de los vertimientos de aguas residuales y de la fuente receptora del mismo año […]”. Adicionalmente, de acuerdo con el título de observaciones, “[…] se establecieron como compromisos (…) la entrega del estudio de las caracterizaciones de los vertimientos de aguas residuales y de la fuente receptora (río Pamplonita), de acuerdo con el acta de reunión de fecha 30/03/2011[…]”.
• En el informe de 10 de marzo de 2012, suscrito por el Coordinador Proyecto Gestión para la Descontaminación Hídrica y el Subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible de CORPONOR, se indica:
“[…] DESCRIPCIÓN
No hay información referente a:
Estudio de la caracterización de los vertimientos de aguas residuales y fuente receptora de los años 2009 y 2011.
De acuerdo a lo anterior, el municipio de Pamplonita no se encuentra al día con la información referente al cumplimiento del acto administrativo que aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV.
OBSERVACIONES
Se evidencia incumplimiento por parte del municipio de Pamplonita en la presentación del estudio de la caracterización de los vertimientos de aguas residuales y fuente receptora de los años 2009 y 2011.
REQUERIMIENTOS
Se recomienda establecer sanciones pertinentes por Incumplimiento del acto administrativo con base en observaciones y se deberá realizar seguimiento a los compromisos establecidos en el acta de reunión correspondiente […]”.
• El acta de visita técnica de 9 y 10 de julio de 2012, se puso de presente que “[…] las aguas corren por canal en tierra debido a que el sistema se dañó con la ola invernal […]”. Por ello, en el acápite de requerimientos se lee lo siguiente:
“[…] El municipio de Pamplonita debe reparar el sistema de conducción y de manejo de las aguas residuales del Municipio. La planta se encuentra dañada y no está prestando ninguna función […]”.
• En el informe de 10 de julio de 2012, elaborado con ocasión de la precitada visita técnica, quedaron plasmadas las siguientes observaciones:
“[…] DESCRIPCIÓN
No hay información referente a:
Estudio de la caracterización de los vertimientos de aguas residuales y fuente receptora de los años 2009 y 2011. (…)
En la visita se observó que la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio no está funcionando, debido a la rotura en varios tramos del emisario final (tubería de gres) producto de la temporada invernal 2010-2011, lo que implica que las aguas residuales se vierten al río Pamplonita sin tratamiento previo.
OBSERVACIONES
Se evidencia incumplimiento por parte del municipio de Pamplonita en la presentación del estudio de la caracterización de los vertimientos de aguas residuales y fuente receptora de los años 2009 y 2011. (…)
REQUERIMIENTOS
Se recomienda establecer sanciones pertinentes por incumplimiento del acto administrativo con base en observaciones.
Se debe requerir al municipio de Pamplonita el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución de aprobación del PSMV. Así como el desarrollo de actividades para la optimización y puesta en marcha de la PTAR […]”.
• El informe de 4 de abril de 2013, describe los daños causados a la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Pamplonita, con ocasión de la ola invernal, al siguiente tenor:
“[…] El día 4 de abril 2013 se realizó visita al municipio de Pamplonita como seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- para observar el estado actual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR-, se contó con la presencia del señor José Mauricio Contreras e de Servicios Públicos.
Las anteriores fotografías corresponden a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- en la siguiente ubicación: E: 1.159.139 N: 1.315.025. La cual no se encuentra en funcionamiento debido a los daños causados en algunas partes de su estructura que se ocasionaron producto de la temporada invernal que se presentó en los años 2010 y 2011.
En la visita se observó que la caja de entrada (Tanquilla), el canal perimetral, el floculador, canal colector y los disipadores de energía se encuentran en mal estado presentando agrietamiento y fisuras en gran parte de su estructura. El sistema consta de 4 pozos filtrantes los cuales a la vista no presentan ningún daño. solo dos de sus tapas en encuentran en regular estado.
Existe un sistema adicional el cual entra en funcionamiento cuando la planta principal está en mantenimiento, se evidenció que se encuentra en mal estado presentando fisuras y agrietamiento en su estructura y tubería.
Se evidenció un empalme en la última caja de quiebre de la tubería en gres del sistema antiguo a una tubería de 6 de PVC de 30 mt de longitud para captar las aguas residuales y disponerlas directamente al río sin ningún tratamiento previo.
El caudal que se está vertiendo directamente al río es de 3.6 L/s, generando una carga contaminante para DBO de 47 .84 Kg/día y para SST de 27.57 Kg/día […]”.
Finalmente, el informe de 21 de febrero de 2014 recopila la información referente al programa de monitoreo de aguas residuales domesticas al casco urbano, en el siguiente cuadro analítico:
“[…]
PLAZO ESTABLECIDO
2008-2018
AVANCE A LA FECHA EXPEDIENTE
El municipio presentó los informes de caracterización de aguas residuales y fuente receptoras en los siguientes años 2010, 2012 y 2013. En la vigencia 2009 y 2011 no reposa información del monitoreo de aguas residuales domesticas del casco urbano del municipio de Pamplonita.
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA
Avance del 60 %
SEGUIMIENTO
Se hizo un recorrido por el vertimiento generado por la población urbana, el cual es vertido directamente al Río Pamplonita.
Población aferente: al punto de vertimiento del casco urbano del municipio de Pamplonita es de 887 habitantes.
EMBED PBrush
[…]”.
En tal sentido, está probado en el plenario que el municipio de Pamplonita vierte directamente al río Pamplonita los residuos líquidos provenientes del sistema de alcantarillado, toda vez que su planta de tratamiento de aguas residuales aún no se encuentra en operación. En efecto, mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2015, remitido por la Alcaldía Municipal, se informa lo siguiente:
“[…] [A]ctualmente la planta de tratamiento de aguas residuales existente en el municipio, a raíz de la ola invernal presentada para los años 2010-2011, sufrió daños en su estructura física, lo cual afectó su funcionamiento. Además de ello, también sufrió el área de influencia directa de su ubicación, debido a que se presentó un fenómeno de remoción en masa que alteró la ubicación y estabilidad de la planta y un tramo del emisario final lo cual no permitía seguir con su funcionamiento “[…].
La Sala advierte que dicha inoperancia persiste en la actualidad conforme a la afirmación efectuada por el apoderado judicial del ente territorial, contenida en el recurso de apelación interpuesto el 19 de mayo de 2017, así como en el escrito de 3 de noviembre de 2017, presentado para alegar de conclusión en segunda instancia.
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye, luego de analizar el material probatorio obrante en primera instancia, tal como acertadamente lo advirtió el a quo en la sentencia de 27 de abril de 2017, que el vertimiento directo de las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado del casco municipal al río Pamplonita, constituye una vulneración de los derechos colectivos contemplados en los literales a) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
Adicionalmente, encuentra la Sala que las pruebas recaudadas en el sumario ofrecen certeza respecto de la vulneración del derecho colectivo contemplado en el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Así, la relación existente entre el daño generado al recurso hídrico y el nexo causal de responsabilidad atribuible a la conducta de las entidades condenadas, conlleva necesariamente a enmarcar dicha vulneración dentro de la obligación del Estado de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos.
Por esta causa se deberá modificar la declaración de responsabilidad adoptada en este sentido por el juez de primera instancia a efectos de precisar que la vulneración recae sobre los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.
XII.2. De la adopción de una solución definitiva a la problemática de vertimientos de aguas residuales al río Pamplonita.
En aras de desatar el recurso de apelación, en lo ateniente al argumento esgrimido por el ente territorial según el cual se configuró el fenómeno jurídico denominado carencia actual de objeto por hecho superado, la Sala procederá a examinar el estado actual de la solución definitiva de la problemática de vertimientos del municipio de Pamplonita.
En tal sentido, se advierte que en el presente caso persiste la vulneración de los precitados derechos colectivos y, en consecuencia, el deber de ordenar la adopción acciones conducentes a su amparo. Así, está demostrado el vertimiento directo al río Pamplonita a pesar de que, a lo largo del debate judicial, el apoderado del referido municipio ha manifestado que el ente territorial adelantó la totalidad de acciones a su cargo tendientes a desarrollar aquella obra hidráulica de saneamiento.
Precisamente, obra en el expediente el oficio dirigido al a quo de fecha 25 de agosto de 2013, suscrito por el entonces alcalde municipal de Pamplonita, José Guillermo Bermúdez García, a través del cual se informa que “[…] el municipio viene adelantando todas las actividades pertinentes y necesarias para poder dejar establecidos técnicamente los estudios y diseños para la puesta en marcha nuevamente de la planta de tratamiento, de lo cual se está adelantando el proceso de contratación CNA-004-2015, cuyo objeto es “Servicio de Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para la recuperación de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Pamplonita […]”.
Adicionalmente, obra en el plenario el pliego de condiciones del concurso de méritos CMA-004-2015, cuya fecha es agosto 19 de 2015, con el objeto de subastar el “[…] servicio de consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para la recuperación de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de Pamplonita […]”
Asimismo, reposa en el expediente oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de fecha 12 de abril de 2016, remitido por el Alcalde municipal, a través del cual presenta el proyecto de “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER" con el propósito de solicitar su financiación.
Ahora bien, antes de pronunciarse respecto de la eventual configuración de un hecho superado, cabe anotar que esta Sección, en la sentencia de 27 de abril de 2016, precisó que: “[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió, pero desapareció […]”.
Con base en ello y como acertadamente lo precisó el Tribunal de instancia, lo cierto es que las circunstancias de las cuales deriva la vulneración de los derechos colectivos bajo análisis no han desaparecido y, por el contrario, las actuaciones del ente territorial han sido insuficientes ante la gravedad de la problemática. Precisamente, la inoperancia del sistema de tratamiento de aguas residuales vulnera y amenaza los derechos colectivos relacionados con: el acceso a los servicios públicos, el derecho al goce de un ambiente sano y a la existencia de un equilibrio ecológico de los habitantes del pluricitado municipio.
Por otra parte, respecto de la alegada carencia de recursos financieros para emprender la obra, esta Sala ya ha tenido la oportunidad de desvirtuar este argumento presentado por el municipio de Pamplonita. Así, en reiterada jurisprudencia, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que la falta de disponibilidad presupuestal no es óbice para ordenar el restablecimiento de los derechos colectivos cuya vulneración se demostró en el proceso judicial.
Específicamente, en sentencia de 16 de marzo de 2012, la Sección Primera puso de presente que:
“[…] Es de recordarse que las órdenes emanadas del juez popular no obedecen a su capricho, sino a que con su oportuno cumplimiento se protejan los derechos colectivos que se encuentran amenazados o conculcados, siendo esta la única finalidad de esta acción constitucional, pues esta corporación ha sido clara en precisar que compete al juez popular impartir las ordenes adecuadas con el fin de proteger los derechos colectivos vulnerados […].
En igual sentido, en lo ateniente a la presunta configuración de la causal de exoneración de responsabilidad por fuerza mayor, conforme a la cual la inoperancia de la planta de tratamiento de aguas residuales se debe a los acontecimientos derivados de la ola invernal suscitada en las vigencias 2010 y 2011, lo cierto es que han pasado aproximadamente siete años desde aquellos eventos y aun el municipio no ha adoptado acciones pertinentes para corregir el impacto que, desde esa época hasta la actualidad, se está causando en el recurso hídrico.
La Sala recuerda que la autoridad municipal, como garante de la prestación del servicio público de saneamiento básico, al abordar hechos categorizados como de fuerza mayor, no puede postergar indefinidamente la adopción de decisiones y acciones necesarias para subsanar los daños y prevenir la generación de los riesgos derivados de los mismos. Al respecto, en la sentencia de 13 de abril de 2014, esta Sección advirtió lo siguiente:
“[…] La Sala encuentra inaceptable que, ante tan grave problemática, hayan transcurrido más tres años desde que se produjo el colapso de la planta de tratamiento sin que se advierta un avance gradual y progresivo en las gestiones interinstitucionales que permitan asegurar a la población de Yopal que la nueva planta de tratamiento entrará en funcionamiento en un plazo cierto y próximo. Más grave aún, el colapso del tanque No. 4 de la nueva Planta Modular, ocurrido en diciembre, pone en evidencia que subsisten las deficiencias técnicas y de gestión que se han documentado en este análisis.
La Sala es categórica en advertir que no es dable a las autoridades posponer ni dilatar indefinidamente en el tiempo la solución a las necesidades básicas insatisfechas y, menos aún, tratándose de un asunto de tan trascendental importancia como lo es el suministro de agua potable, derecho primerísimo cuya efectividad debe ser asunto de primer orden para las autoridades nacionales, departamentales y municipales. […]”.
Así, a pesar de que la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, mediante Resolución 621 de 2017, haya resuelto “[…] No declarar responsable de infringir la normatividad ambiental al municipio de Pamplonita […]”, encuentra la Sala que no por ello el ente territorial puede abstenerse de emprender las acciones necesarias para resolver la problemática bajo análisis.
Lo anterior se debe a que la prestación del servicio de alcantarillado es responsabilidad directa de los municipios, según lo disponen los artículos 311, 315, 365 y 367 de la Constitución Política, 3 de la Ley 136 de 1994, 8 de la Ley 388 de 1997 y 76 de la Ley 715 de 2001. Por tanto, resulta inexcusable que las autoridades del municipio de Pamplonita estén desatendiendo sus responsabilidades constitucionales y legales en este asunto tan trascendental, más aún si se tiene en cuenta que el Legislador ha previsto varios mecanismos presupuestales tendientes a garantizar que, en el marco y desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, se financien este tipo de obras de infraestructura.
XII.3. De la responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – Corponor
Dentro de los argumentos sostenidos por la autoridad ambiental, la Sala encuentra la afirmación consistente en que no le es atribuible la vulneración de los derechos colectivos cuyo amparo solicitó la parte actora, puesto que ha hecho seguimiento y control al Programa de Monitoreo de las Aguas Residuales Domésticas del casco urbano incluido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Pamplonita, y una muestra de ello son los informes de seguimiento de las vigencias 2011 a 2014, obrantes en el acervo probatorio.
Frente a lo manifestado, la Sala advierte que la sola realización de los informes de seguimiento, resultó una acción insuficiente ante a la gravedad de la problemática que presenta el municipio de Pamplonita, la cual demanda de Corponor, como máxima autoridad ambiental: i) brindar apoyo y asesoría en la formulación y ejecución del proyecto de infraestructura para la protección del ambiente en el caso objeto de estudio; ii) ejercer control y vigilancia de los usos del agua; e, iii) imponer las medidas de policía y las sanciones que considere necesarias.
Como se registró en líneas atrás, la Constitución Política estableció en su artículo 288 que los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad deben guiar el ejercicio de las funciones entre las autoridades públicas. Siendo ello así, la labor de asesoría, seguimiento y control a cargo de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental ha sido insuficiente, más aún si se observan las amplias facultades reconocidas a esta autoridad ambiental en los numerales 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20 y 26 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Por lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón al recurrente cuando asevera que en el presente caso se configuró un defecto sustantivo y factico en lo ateniente a su declaratoria de responsabilidad, en tanto Corponor no ha cumplido plenamente su deber de intervenir y preservar el recurso hídrico, a través de acciones de control, vigilancia, sanción, asesoría y apoyo de programas ambientales, ligados al ejercicio de las competencias atribuidas a las entidades territoriales.
XII.4. De las órdenes proferidas a efectos de controlar los vertimientos directos de aguas residuales al rio Pamplonita
El segundo motivo de inconformidad de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental radica en que no está de acuerdo con el fundamento jurídico contenido en el ordinal cuarto del fallo de 27 de abril de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que a la letra dice:
“[…] CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al MUNICIPIO DE PAMPLONITA, AL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTALCORPONOR, para que acorde a sus competencias y en aplicación de los principios y normas contenidas en los artículos 298, 311, 315, 365 y 366 de la Constitución Política; artículos 2 de la Ley 60 de 1993, 64 y 65 de la Ley 99 de 1993, 3 a 5 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 2012, 43, 44, 75 y 105 de la Ley 715 de 2001, y 23, 30, 31 y 63 de la Ley 99 de 1993; artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, reglamentario de la Ley 23 de 1973; capítulo VI del Decreto 1594 de 1984, reglamentario de la Ley 9 de 1979; artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente; artículo 1 de la Resolución 1433 de 2004 y el documento Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR) fechado junio de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, procedan a adelantar de manera inmediata, coordinada y armónica y en un plazo máximo de un (1) año siguiente a Ia ejecutoria de la presente providencia, las medidas técnicamente exigibles, jurídicas y presupuestalmente viables, a fin de dar tratamiento previo idóneo y suficiente a los vertimientos de residuos sólidos y líquidos al rio Pamplonita provenientes del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, como lo son, entre otras, el diseño, la construcción y/o adecuación, y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, y el cumplimiento efectivo de la meta de reducción y demás compromisos fijados en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, que fuera aprobado por CORPONOR, a través de la Resolución Nº 0882 de 20 de noviembre de 2008 […]”
En tal sentido, reprocha el recurrente que el a quo soportó su decisión en normas derogadas y, por ende, sin fuerza vinculante, así como en disposiciones que se refieren a competencias atribuidas a otras entidades públicas.
La Sala pone de presente que, efectivamente, dos de las normas citadas en el ordinal cuarto de la parte resolutiva del citado fallo se encuentran derogadas, esto es, el artículo 2 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003; sin embargo, es claro que las demás disposiciones se encuentran vigentes, son aplicables al caso y sirven de fundamento en la atribución a las entidades condenadas de responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos que aquí se amparan.
Cabe resaltar que dicho fundamento jurídico debe entenderse en armonía con las disposiciones que sirvieron de soporte de la parte considerativa de esta providencia, en cuyo marco se aclaró que los numerales 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20 y 26 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, interpretados a la luz de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, atribuyen a las Corporaciones Autónomas Regionales funciones en materia de control, vigilancia y asesoría en la formulación y ejecución del proyecto de infraestructura necesaria para la protección del ambiente.
Así, al tenor de las normas previamente analizadas y de las pruebas obrantes en el plenario, se demostró que las entidades condenadas deben actuar de forma armónica y colaborativa para subsanar el daño ambiental que fundamenta la solicitud de amparo, para lo cual la Sala considera necesario expedir órdenes precisas.
Entonces, resulta imprescindible modificar el fallo impugnado, en el sentido de desglosar las órdenes dadas por el a quo a las entidades condenadas, de tal suerte que, en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994,
le sea posible a estas su cumplimiento para, de esta manera, lograr el restablecimiento de los derechos colectivos protegidos.
En tal sentido, la Sala modificará el ordinal CUARTO del fallo de 27 de abril de 2012, en los siguientes términos:
“[…] CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE PAMPLONITA, al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, que en el término de un (1) año siguiente a la ejecutoria de la presente providencia, dentro del ámbito de sus competencias y en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, adelanten las medidas técnicas, jurídicas y presupuestal requeridas, a fin de dar tratamiento suficiente a las aguas residuales provenientes del casco urbano del municipio de Pamplonita, de manera previa a su vertimiento en el río Pamplonita, así:
4.1. ORDENAR al Municipio de Pamplonita, en su calidad de garante del servicio de alcantarillado:
Adelantar todas las acciones técnicas y ambientales, de carácter administrativo, presupuestal y contractual, requeridas con el propósito de reducir y controlar el impacto que genera al medio ambiente del municipio por el vertimiento de las aguas residuales sin el tratamiento técnico correspondiente, al río Pamplonita, a través de la puesta en funcionamiento de una planta de saneamiento y manejo de aguas residuales.
Dentro del plazo de doce meses (12) aquí fijado deberá la administración de Pamplonita gestionar los convenios, identificar las fuentes de financiación propias o externos (presentes y futuros), solicitar los permisos y diseñar, constituir y poner en operación un sistema integral de tratamiento de aguas residuales, para que cese la vulneración de los derechos colectivos protegidos.
En coordinación con el Departamento Norte de Santander y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elaborar un cronograma de trabajo que contenga las medidas que sean pertinentes para la protección de los derechos colectivos amparados, precisando las actividades a cargo de cada una de las entidades condenadas.
4.2. ORDENAR al Departamento Norte de Santander
Brindar apoyo técnico para consolidar y poner en funcionamiento el aludido proyecto definitivo y selección de la alternativa más viable, en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4º de la Ley 136 de 2 de junio de 1994.
4.3. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental:
Brindar asesoría y apoyo en la formulación del proyecto al que se refiere el literal a) del numeral 4.1. de este artículo.
Vigilar y proteger el derecho colectivo invocado tomando las medidas necesarias para controlar la contaminación que están produciendo las aguas servidas y residuales para evitar que se siga contaminando el rio Pamplonita.
De manera inmediata, iniciar los procesos administrativos sancionatorios que tengan como finalidad establecer la vulneración de las normas ambientales que rigen en materia de vertimientos de aguas residuales y que afectan el rio Pamplonita, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1333 de 2009.
De lo anterior, deberá presentar un informe dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, adjuntando los soportes documentales respectivos.
Darle prioridad al procedimiento de evaluación de las licencias y permisos que se requieran para la realización de las obras necesarias para garantizar los derechos colectivos aquí amparados. […]”
De la misma manera, advierte la Sala que, de conformidad con el parágrafo del artículo 1° de la Resolución 882 de 28 de noviembre de 2008, la vigencia del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Pamplonita culminó el 28 de noviembre de 2018. Adicionalmente, el precitado Plan no se encontraba ajustado a los parámetros y valores límites máximos permisibles de vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado, previstos en la Resolución 631 de 2015.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que dicho Plan será el instrumento del cual depende la estrategia de tratamiento de aguas residuales, el fallo será adicionado en el sentido de ordenar al municipio de Pamplonita y a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, adelantar las actuaciones administrativas de sus competencias tendientes a actualizar y adoptar el precitado Plan dentro de los cinco (5) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.
Finalmente, resulta pertinente anotar que el Tribunal de conocimiento en la parte resolutiva de la sentencia de 27 de abril de 2017, conformó de manera inadecuada el mecanismo previsto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998. Por lo anterior, se modificará el ordinal sexto de la parte resolutiva de la citada providencia, con miras a integrar adecuadamente el comité de verificación del cumplimiento de la sentencia.
En ese orden de ideas los recursos de apelación no prosperan y, por lo tanto, la sentencia impugnada se confirmará y adicionará en los términos arriba indicados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual quedará así:
“[…] TERCERO: AMPARAR el derecho colectivo al goce de ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, vulnerados por el MUNICIPIO DE PAMPLONITA, el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, por la falta de adopción de actividades o acciones encaminadas a la solución de la problemática de contaminación generada al río Pamplonita por el vertimiento de residuos sólidos y líquidos contaminantes, sin el idóneo y debido tratamiento previo, provenientes del MUNICIPIO DE PAMPLONITA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia […]”.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual quedará así:
“[…] CUARTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE PAMPLONITA, al DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, que en el término de un (1) año siguiente a la ejecutoria de la presente providencia, dentro del ámbito de sus competencias y en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, adelanten las medidas técnicas, jurídicas y presupuestal requeridas, a fin de dar tratamiento suficiente a las aguas residuales provenientes del casco urbano del municipio de Pamplonita, de manera previa a su vertimiento en el río Pamplonita, así:
4.1. ORDENAR al Municipio de Pamplonita, en su calidad de garante del servicio de alcantarillado:
Adelantar todas las acciones técnicas y ambientales, de carácter administrativo, presupuestal y contractual, requeridas con el propósito de reducir y controlar el impacto que genera al medio ambiente del municipio por el vertimiento de las aguas residuales sin el tratamiento técnico correspondiente, al río Pamplonita, a través de la puesta en funcionamiento de una planta de saneamiento y manejo de aguas residuales.
Dentro del plazo de doce meses (12) aquí fijado deberá la administración de Pamplonita gestionar los convenios, identificar las fuentes de financiación propias o externos (presentes y futuros), solicitar los permisos y diseñar, constituir y poner en operación un sistema integral de tratamiento de aguas residuales, para que cese la vulneración de los derechos colectivos protegidos.
En coordinación con el Departamento Norte de Santander y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, elaborar un cronograma de trabajo que contenga las medidas que sean pertinentes para la protección de los derechos colectivos amparados, precisando las actividades a cargo de cada una de las entidades condenadas.
4.2. ORDENAR al Departamento Norte de Santander
Brindar apoyo técnico para consolidar y poner en funcionamiento el aludido proyecto definitivo y selección de la alternativa más viable, en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994.
4.3. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental:
Brindar asesoría y apoyo en la formulación del proyecto al que se refiere el literal a) del numeral 4.1. de este artículo.
Vigilar y proteger el derecho colectivo invocado tomando las medidas necesarias para controlar la contaminación que están produciendo las aguas servidas y residuales para evitar que se siga contaminando el rio Pamplonita.
De manera inmediata, iniciar los procesos administrativos sancionatorios que tengan como finalidad establecer la vulneración de las normas ambientales que rigen en materia de vertimientos de aguas residuales y que afectan el rio Pamplonita, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1333 de 2009.
De lo anterior, deberá presentar un informe dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, adjuntando los soportes documentales respectivos.
Darle prioridad al procedimiento de evaluación de las licencias y permisos que se requieran para la realización de las obras necesarias para garantizar los derechos colectivos aquí amparados […]”.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual quedará así:
“[…]SEXTO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de lo decidido, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través de su magistrado ponente, quien lo presidirá, la Defensoría del Pueblo Seccional Norte de Santander, por la Administración Municipal de Pamplonita, por la Administración Departamental de Norte de Santander, por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –Cornor-, por el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento a lo ordenado en el fallo e informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten […]”.
CUARTO: ADICIONAR un ordinal NOVENO a la parte resolutiva de la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual quedará así:
“[…] NOVENO: ORDENAR al municipio de Pamplonita y a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, en el término de cinco (5) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, que adelanten, en el ámbito de sus competencias, las actuaciones administrativas tendientes a actualizar, formular y adoptar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del plurimencionado municipio […]”.
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 27 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de julio de 1998.
SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ……… Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. […] Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo de que trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personal […]”. Ley 1437 de 2011, articulo 144.
“Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.”
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones. Artículo 1 de la Resolución 1433 de 2004. Folio 43 del cuaderno 1. Folios 84 y 85 del cuaderno 1. Folios 121 del cuaderno 1. Folios 130 del cuaderno 1. Folios 55 a 59 del cuaderno 1. Folio 55 del cuaderno 1. Folio 58 del cuaderno 1. Folio 92 del cuaderno 1. Folio 95 del cuaderno 1. Folios 158 a 159. Cuaderno No. 1.
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Folios 396 a 399. Cuaderno No. 2. Expediente acción popular. Folios 209 a 219. Cuaderno No. 2. Folio 215. Cuaderno No. 2. Folio 217. Cuaderno No. 2. Folio 218. Cuaderno No. 2. El Tribunal citó las siguientes sentencias: del 25 de octubre de 2001, expediente: 200-0512-01 AP P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; sentencia del 5 de septiembre de 2002, Expediente 2001-0303-01 AP531. MP. Camilo Arciniegas Andrade. sentencia de 10 de abril de 2008, en el proceso radicado con el número 200101961-01(AP), con ponencia del Magistrado Camilo Arciniegas Andrade. sentencia de 15 de septiembre de 2011, en el proceso radicado con el número 2004-01241-01(AP), con ponencia de a Magistrada María Claudia Rojas Lasso. Folio 218. Cuaderno No. 2. Folio 218. Cuaderno No. 2. Reverso folio 218 y folio 219. Cuaderno No. 2. Reverso folio 229. Cuaderno No. 2. Reverso folio 229. Cuaderno No. 2. Folios 622. Cuaderno No. 3. Expediente acción popular. Folio 275 del cuaderno 2. Folio 281 cuaderno 2
Folios 454 a 458. Cuaderno 2. Folio 456. Cuaderno 2. Folios 320 a 322. Cuaderno 2. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01.
En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). El ente territorial no aportó el citado contrato al acervo probatorio. Reverso folio 229. Cuaderno No. 2. La Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de Constitución Ecológica, término que se adoptó desde la sentencia T-411 de 1992, las siguientes disposiciones sobre el tema:“Preámbulo (vida),2º(fines esenciales del Estado: proteger la vida),8º(obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación),11(inviolabilidad del derecho a la vida),44(derechos fundamentales de los niños),49(atención de la salud y del saneamiento ambiental),58(función ecológica de la propiedad),66(créditos agropecuarios por calamidad ambiental),67(la educación para la protección del ambiente),78(regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios),79(derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales),80(planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales),81(prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares),82(deber de proteger los recursos culturales y naturales del país),215(emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico),226(internacionalización de las relaciones ecológicas,268-7(fiscalización de los recursos naturales y del ambiente),277-4(defensa del ambiente como función del Procurador),282-5(el Defensor del Pueblo y las acciones populares como mecanismo de protección del ambiente),289(programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente),300-2(Asambleas Departamentales y medio ambiente),301(gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas),310(control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales),313-9(Concejos Municipales y patrimonio ecológico),317y294(contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales),330-5(Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales),331(Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente),332(dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables),333(limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334(intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano),339(política ambiental en el plan nacional de desarrollo),340(representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación),366(solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)”. Corte Constitucional. Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 31 y 40 (parcial) de la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”. Actor: Luis Eduardo Montealegre Lynett. Exp. D-8379. Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP)
H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de 2017.
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 68001-23-31-000-2011-00882-01(AP)
“Articulo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.”
Lo anterior, conforme a la definición prevista por el numeral del artículo 14 de la Ley 142 de 1994
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"
"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones"
«Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones»
Artículo 13 de la Ley por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta señala que los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios”.
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Modificado por el artículo 6 de la Ley 1551 de 6 de julio de 2012 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”, el cual actualizó y adicionó las funciones de los Municipios.
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 26 de noviembre de 2015, Rad. N.º 76001-23-31-000-2010-01545-01(AP), C. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; 18 de septiembre de 2015, Rad. N.º 05001-23-31-000-2011-00032-01(AP), C. P.: Guillermo Vargas Ayala; 6 de septiembre de 2012, Rad. N.º 76001-23-31-000-2011-00314 01(AP) y 18 de agosto de 2011, Rad. N.º 47001-23-31-000-2004-00454-01(AP), C. P.: María Claudia Rojas Lasso.
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973” Modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981.
“Por la cual se dictan medidas sanitarias”. Diario Oficial 35.308 de 1979 (julio 16). Artículo 60. Artículo 70. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de marzo de 2002. Rad. Núm: 11001-03-24-000-2000-00030-01(7259). C. P: Olga Inés Navarrete Barreto. Artículo 6º.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Consejo De Estado, Sección Primera, Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 15001-23-31-000-2011-00206-01(AP)
Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), Radicación número: 68001-23-31-000-2011-00882-01(AP)
Folios 23 a 25 del cuaderno 1. Todos los informes reposan en CD a folio 40 del cuaderno 1 del expediente. El Documento fue suscrito por María Victoria Acevedo; Yeri Pamela Calderon: Edgar Arturo Gutierrez Limas, en su calidad de Coordinador Proyecto Gestión para la Descontaminación Hídrica y José Gabriel Roman Medina el Subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible
Folio 180 del cuaderno 1 del expediente. CD a folio 40 del cuaderno 1 del expediente. El Documento fue suscrito por German Salamanca; Jairo Alberto Suarez Comesaña en calidad de Director Territorial de Pamplona y Jorgue Arenas Hernandez, Subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible. Folio 33 del cuaderno 1 del expediente. El documento fue suscrito por Wilmar Rangel Ropero, Andrea Lizcano, Jenny Niño, Milena Quiroga en calidad de Coordinadora proyecto Control de Calidad Recurso Hidrico y Jorgue Arenas Hernandez, Subdirector de Desarrollo Sectorial Sostenible. CD a folio 40 del cuaderno 173 del expediente. Folios 38 y 39 del cuaderno 1 del expediente. Folio 192 del cuaderno 1 del expediente. Folio 295 a 297 del cuaderno 2 del expediente. Folio 192 del cuaderno 1 del expediente. Cd en el folio 193. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de abril de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 29 de agosto de 2013, Radicación No. 25000-23-24-000-2010-00616-01(AP), Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 25 de octubre de 2001, Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Exp. 70001-23-31-000-2000-0512-01./ Expediente 0303. Actor: Adalberto Castro Meléndez
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de marzo de 2012, C.P. María Claudia Rojas Lasso, radicación número: 88001-23-31-000-2010-00071 01(AP)
Por medio de la cual se decide un Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental y se dictan otras disposiciones.
Folio 301 del cuaderno 1 del expediente.
De manera concreta, para hacer realidad este cometido estatal el artículo 356 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2007, ordena destinar los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad, entre otros, a los servicios públicos domiciliarios de saneamiento básico, con miras a garantizar su efectiva prestación.
Adicionalmente, el artículo 2.2.9.7.5.3 del Decreto 1076 de 2015 determina que los recaudos de la tasa retributiva por vertimientos al agua se destinarán a proyectos de inversión en descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua, entendiendo por aquellos las inversiones destinadas al mejoramiento, monitoreo y evaluación de la calidad del recurso hídrico, incluyendo los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas conforme al artículo 2.2.9.7.2.1 de la norma ibídem.
Sumado a ello, el Decreto 1207 de 2018 adicionó un Capítulo 5 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, a efectos de establecer un mecanismo para la inclusión de costos adicionales a los establecidos por las normas ambientales, destinados a garantizar la adecuada protección de las cuencas y fuentes de agua, por parte de las personas prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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