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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00455-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00455-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2020 por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Núm. único de radicación: 250002341000201900455-01 SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2019-00455-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 250002341000201900455-01
Actor: José Gregorio Tamayo Gutiérrez
Accionados: Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES; Instituto
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca – INDEPORTES
y el Municipio de Villeta
Coadyuvante: Mauricio Ramos Zabala1
Temas: Falta de mantenimiento de polideportivo y deterioro de infraestructura
deportiva

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia de 14 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección “A”.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. José Gregorio Tamayo Gutiérrez presentó demanda2, en ejercicio del
respectivo medio de control, contra el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre –
COLDEPORTES; el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de
Cundinamarca – INDEPORTES y el Municipio de Villeta, con el objeto de que se
protejan los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa; al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la

1 Reconocido como coadyuvante mediante auto de 29 de julio de 2019, visible a folio 121.
2 En enero de este año.

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defensa del patrimonio público; a la seguridad y salubridad públicas; y a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, establecidos en los literales
“b”, “d”, “e”, “g” y “l” del artículo 4.° de la Ley 472 de 19983.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] 1. PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a la moralidad administrativa,
al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la
defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas, y a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, vulnerados gravemente por los
accionados, al no velar por la guarda y cuidado del mentado escenario deportivo.

2. SEGUNDO: ORDENAR a COLDEPORTES E INDEPORTES, que en el término
improrrogable de seis (6) meses, siguientes a la ejecutoria de la sentencia que
ampare los derechos colectivos, lleven a cabo todas las gestiones de carácter
administrativo, presupuestal, precontractual y técnico que sean necesarias para que
de manera inmediata sea aprobado y ejecutado completamente el proyecto de
rehabilitación integral del polideportivo del Barrio Obrero del Municipio de Villeta, de
conformidad con la prueba pericial que sea practicada dentro del proceso.

3. Ordenar para la verificación del cumplimiento de esta sentencia conformar el
Comité correspondiente, integrado por el actor popular, el director de Coldeportes, el
director de Indeportes, el Alcalde del Municipio de Villeta, el defensor regional del
pueblo y el procurador judicial competente […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, para fundamentar sus pretensiones que,
el escenario deportivo conocido como "Polideportivo del Obrero", se encuentra
ubicado en el Barrio Obrero del Municipio de Villeta – Cundinamarca, en el inmueble
con el folio de Matrícula Inmobiliaria núm. 156-62681 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Facatativá, y es de propiedad del Municipio de Villeta.

4. Señala que este escenario deportivo fue construido con el objetivo de brindar
a la comunidad un espacio que propiciará la práctica del deporte, la recreación, la
vida sana y el aprovechamiento del tiempo libre, especialmente para los niños, niñas
y adolescentes de los barrios Obrero, El Paraíso y veredas aledañas.

5. Indicó que el escenario deportivo estaba integrado por una cancha de
microfútbol y baloncesto y contaba con infraestructura para su iluminación.
Asimismo, precisó que no contaba con encerramiento, graderías, cubiertas, servicio
de agua ni baterías sanitarias.

3 Visible a folios 1 a 4 y 69 a 74.
4 Ibidem pie de página 5.

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6. Puso en conocimiento que, desde el momento de su construcción, el
escenario deportivo no ha sido objeto de mantenimiento ni intervención en su
infraestructura. Refiere que, actualmente, dicho escenario no existe, dado que, por
aguas de escorrentías y filtraciones, las placas del piso se fracturaron y se
deslizaron; además, que no existe muro de contención, ni manejo de aguas.

7. De esta manera indicó, que la negligencia, el descuido y el abandono de las
accionadas, han conllevado a que el escenario deportivo desapareciera, con lo cual
se vulneran los derechos e intereses colectivos aducidos.

Contestaciones de la demanda

Actuaciones en primera instancia

8. El término para contestar la demanda venció el 28 de junio de 2019, de
conformidad con el informe secretarial del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sin que las partes accionadas allegaran el escrito correspondiente.

9. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES contestó la
demanda de forma extemporánea el 4 de julio de 2019.

La audiencia de pacto de cumplimiento

10. El 21 de agosto de 20195 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, pero se declaró fallida por ausencia del representante judicial del
Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca –
INDEPORTES.

Sentencia proferida, en primera instancia

11. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia6 el 14 de mayo de 2020, en la que resolvió lo
siguiente:

“[…] PRIMERO. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

5 Visible a folios 121 y 131 a 139.
6 Ibidem pie de página núm. 2.

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SEGUNDO.- NIÉGASE la solicitud de desistimiento de la coadyuvancia, presentada
por el señor Mauricio Ramos.

TERCERO.- En firme esta providencia, por Secretaría, ENVIESE copia de la misma
al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de Grupo, de conformidad
con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 y archívese el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso […]”.

Consideraciones del Tribunal

12. La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca desestimó las pretensiones de la demanda.

13. El a quo estableció como problema jurídico, analizar si las accionadas
amenazaron o vulneraron los derechos e intereses colectivos alegados en la
demanda, por la omisión en el mantenimiento del escenario deportivo del barrio
Obrero del Municipio de Villeta.

14. Reiteró que la carga probatoria en las acciones populares le corresponde al
actor. Al respecto, de un lado, consideró que –en este caso– el accionante no probó
los hechos, las acciones u omisiones que constituyen la causa de la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos, comoquiera que, no basta con
afirmar que determinado hecho viola algún derecho colectivo para que se tenga por
cierta su afectación.

15. Y, por el otro, concluyó que, de las pruebas allegadas y practicadas en el
proceso, entre ellas, el dictamen pericial se evidencia que no hay rastro de un
polideportivo en el predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 156-62681, el
cual se encuentra ocupado por desechos de basura, escombros y maleza. De allí
que, consideró “[…] materialmente imposible [ordenar] una rehabilitación integral
del escenario polideportivo, como lo pretende la parte demandante […]”.

16. Además, señaló que, aún bajo el escenario en el que se considerara que
existió una cancha o algunos elementos del escenario del polideportivo, de las
pruebas no es posible concluir que su deterioro se deba a acciones u omisiones de
los entes accionados, entre tanto, no se probó que hubiesen sido informados sobre
el deterioro del mismo, menos que ello hubiese conllevado al detrimento del lugar.

17. Asimismo, indicó que no hay medios de prueba que demuestren que los
recursos públicos fueran administrados de manera ineficiente o irresponsable por la

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administración, ni se logró demostrar la existencia de recursos asignados a algún
proyecto de rehabilitación o construcción del escenario polideportivo que no se
usaran debidamente.

18. Señaló que, según lo informado por la Oficina de Planeación de la Alcaldía
de Villeta, en inmediaciones del barrio Obrero se encuentran los barrios El Paraíso,
Arenal del Río y la Vereda Salitre Negro que cuentan con escenarios polideportivos
dotados de canchas múltiples que pueden ser usadas por habitantes del barrio
Obrero.

19. Consideró que ordenar una medida de rehabilitación en lo que “[…] alguna
vez existió es impracticable, pues lo que existe es un lote de terreno y, en estas
condiciones, resulta impropio ordenar una medida de rehabilitación […]”. Ahora
bien, indicó que distinto es que, en ese lote –tal como lo planteó el perito en su
dictamen– deba llevarse a cabo la construcción de un polideportivo por un valor
estimado de $620.000.000; sin embargo, consideró que ello no fue lo que se planteó
en las pretensiones.

Recurso de apelación

20. El actor recurrió la sentencia proferida en primera instancia para lo cual
solicitó revocar la decisión. Planteó tener en cuenta un precedente jurisprudencial
en el que se ampararon los derechos e intereses colectivos a la seguridad y a la
prevención de desastres previsibles técnicamente con ocasión de las precarias y
deficientes condiciones de infraestructura del polideportivo del barrio “la Colmena”
ubicado en el Municipio de Villeta. En consecuencia, pidió estudiar la vulneración
de los derechos colectivos “diferentes” a la moralidad administrativa y a la defensa
del patrimonio público.

21. Señaló que en la placa de concreto que aún queda en el espacio que
constituye el escenario deportivo del barrio Obrero aún juegan los niños, niñas y
adolescentes, lo que genera un riesgo para ellos.

22. Destacó que no es cierto que en proximidades del barrio existan otros
escenarios deportivos, en tanto los de los barrios El Paraíso, Arenal del Río y
Vereda Salitre Negro son muy alejados a la comunidad.

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23. Indicó que la construcción de un escenario deportivo no se deprecó en las
pretensiones de la demanda porque no cuenta con conocimientos de ingeniería civil
que le permitieran precaver la reconstrucción. Sin embargo, al tratarse de una
acción constitucional, pidió resolver de manera ultra o extra petita, debido a que la
vulneración de los derechos colectivos es evidente en esta comunidad, lo que
derivaría en que se convierta en un espacio para el consumo de sustancias
estupefacientes y la comisión de conductas delictivas.

Otras actuaciones en primera instancia

24. Mediante auto proferido el 28 de septiembre de 2020, el Despacho
Sustanciador concedió el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la
sentencia proferida el 14 de mayo del mismo año.

Actuaciones en segunda instancia

25. El 26 de noviembre de 2020 se repartió este asunto al Despacho Ponente.
Mediante auto de 14 de mayo de 2021, el Despacho admitió el recurso de apelación
interpuesto por el actor contra la sentencia proferida en primera instancia.

26. El Despacho Ponente negó la solicitud probatoria de la parte actora
presentada en el recurso de apelación mediante auto de 26 de mayo de 2023.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

27. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho a la
seguridad y salubridad públicas; ix) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y x)
el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

28. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de

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12 de marzo de 20197, sobre la distribución de los asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y iii) el artículo 1508 de la Ley 1437, sobre la competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer
del recurso de apelación que se presenta contra la sentencia proferida en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

29. La Sala procederá a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte actora en el recurso de apelación, contra la sentencia de 14 de mayo de 2020,
proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con los artículos 3209, 32210 y 32811 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201212, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 37 de la Ley 472.

Problema jurídico

30. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora, si:

31. De conformidad con las pruebas allegadas y practicadas en el proceso existe
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y
salubridad públicas; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente con ocasión de la situación del polideportivo del barrio Obrero del
Municipio de Villeta, Cundinamarca.

32. En este orden de ideas, la Sala concluirá si debe confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 14 de mayo de 2020, proferida en primera instancia por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

7 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
8 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[...] Por medio de la cual se reforma

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
9 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine

la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
10 “[…] Artículo 322. […] PARÁGRAFO. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por otra de

las partes, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión podrá presentarse
ante el juez que lo profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior hasta el
vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite apelación de la sentencia. El escrito de adhesión
deberá sujetarse a lo previsto en el numeral 3 de este artículo.
La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal […]”.
11 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
12 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

33. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

34. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

35. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

36. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

37. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
está presentada la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”13.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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Núm. único de radicación: 250002341000201900455-01

38. La Sala resalta que, conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la
Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las
cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida
por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de
control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros
y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirigen las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con
fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se
pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

39. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

40. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

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Núm. único de radicación: 250002341000201900455-01

41. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 14, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

42. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]15”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público

43. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política; ii)
el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198916 y el artículo 2.° de la Ley 769
de 6 de julio de 200217; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199818 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 2005 19, sobre el uso y goce del espacio
público.

44. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a la
Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los bienes
de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía que los
bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece a todos los
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos […]”.

45. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su

14 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
15 Ibidem.
16 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes

y se dictan otras disposiciones […]”.
17 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
18 “[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
19 “[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.

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Núm. único de radicación: 250002341000201900455-01

naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:

“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa
o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las
edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos
básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento
urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público
y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la
conservación, y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la
ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y
fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y
corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en
las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por
consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]".

46. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional20 consideró que “[…]
[s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que identifica a
Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la garantía de
una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación (artículo 52 C.P.),
el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de un medio ambiente
sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de un espacio físico a
disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera del texto).

47. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de uso
público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras
de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.

48. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.

20 Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José Cepeda

Espinosa.

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Núm. único de radicación: 250002341000201900455-01

49. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.

49.1. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de los
“Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus
autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su destinación
al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en materia de
ordenamiento territorial.

50. En oportunidades anteriores, la Sala se ha referido a los elementos que
componen el espacio público y al deber que surge de los municipios de garantizar
la circulación libre y segura a nivel peatonal y vehicular, por lo cual, ha indicado lo
siguiente: “[…] tanto las calles, carreras, y en general las vías públicas, como los
andenes, constituyen espacio público, respecto del cual el Estado tiene la obligación
de resguardar, preservar al uso común, y mantener en óptimas condiciones, tarea
que a nivel territorial compete a los municipios en pro de garantizar la libre y segura
circulación tanto peatonal como vehicular por las respectivas zonas, y su utilización
para los fines previstos, de conformidad con su particular reglamentación21 […]”.

51. De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que, a los alcaldes, como
primera autoridad de policía de sus municipios, les corresponde proteger el uso y
goce del espacio público, en el marco de las normas constitucionales de los artículos
82 y 315 numeral 1.°, legales –entre otras, el artículo 5.° de la Ley 9 de 1989– y
reglamentarias -como el artículo 5.° del Decreto 1504 de 1998 y el Decreto 1538 de 2005-.

52. De igual manera, es oportuno señalar que el buen uso, el libre acceso y la
preservación del espacio público son aspectos que en una sociedad contribuyen a
mejorar la calidad de vida y a garantizar la existencia de un escenario de
convivencia libre que acerca a todos los habitantes de una ciudad en condiciones
de igualdad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
a la seguridad y salubridad públicas

La seguridad pública

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García

González, providencia de 7 de abril de 2011, núm. único de radicación 25000-23-25-000-2005-00458-01(AP).

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53. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

54. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional22 ha considerado que
tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un
derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.

55. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

56. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado23 […]”.

La salubridad pública

57. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200124, 32 de la Ley 1222 de 9 de

22 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-

000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
24 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.

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enero de 200725 y 6.°, numeral 4.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201626, relativos
a la salud pública.

58. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

59. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

60. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

61. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de
julio de 201627, la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica
la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un
derecho de diferentes connotaciones28.

62. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 2017, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

25 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se

dictan otras disposiciones […]”.
26 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
27 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
28Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de

inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.

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63. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ´salud
pública´ y ´salubridad pública´ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”29.

64. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso
de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos
están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar
que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria30 […]”.

65. Asimismo, la esta Sala ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio,
necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así
como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión,
al reconocer la interdependencia mutua.

[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público
necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]31”.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-

000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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66. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]32”. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

67. Visto el artículo 2.º de la Constitución Política33 sobre los fines esenciales del
Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

68. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las
trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.

69. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.

70. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala34 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la efectividad

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
33 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
34 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número: 13001-23-31-

000-2011-00315-01(AP).C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En tal sentido ha
señalado lo siguiente:

“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida
en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de
las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su
bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por
la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

71. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera
efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por desastres
naturales previsibles o antrópicos.

Análisis del caso concreto

72. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales señalados la Sala procede a resolver el caso concreto.

73. La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que la
parte actora no probó los fundamentos fácticos, aunado a que el dictamen pericial
practicado en el proceso dio cuenta de la inexistencia de la infraestructura
polideportiva en el barrio Obrero del Municipio de Villeta.

74. La parte actora pidió revocar la sentencia referida y en su lugar declarar
vulnerados los derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; a la seguridad y salubridad
públicas; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

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75. Definido lo anterior, la Sala procederá al análisis del material probatorio y
posteriormente a la resolución de los problemas jurídicos planteados supra.

Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente

76. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes 35
para resolver el caso sub examine son las siguientes:

77. Copia del Informe suscrito por la Jefe de la Unidad de Desarrollo Social del
Municipio de Villeta, Cundinamarca, elaborado el 26 de agosto de 2019. Según el
cual, se informó que: en los barrios Obrero, El Paraíso y la Vereda Salitre Negro,
habitan 86 niños de cero a 10 años, 76 niñas de cero a 10 años, 162 adolescentes
y 217 adultos mayores de 60 años. Así mismo, señaló que en el Barrio Obrero
habitan 369 personas; en el Barrio El Paraíso 362 personas y en la Vereda Salitre
Negro 463 personas.

77.1. Además, indicó que los barrios Buenos Aires, San Jorge, Arenales y El
Paraíso, se encuentran cerca al escenario deportivo del barrio Obrero.

78. Copia del Informe Técnico allegado por la Oficina de Planeación del Municipio
de Villeta, Cundinamarca, que indica que en los barrios El Paraíso, Arenal del Río y
en la Vereda Salitre Negro hay escenarios polideportivos. Señala que el más
moderno es el del Barrio Arenal del Río, pues se trata de una infraestructura
construida entre los años 2017 y 2018, consta de campo deportivo con gradería y
cubierta, zona de camerinos y tarima para eventos culturales. Las fotografías
contenidas en el informe dan cuenta de tres escenarios deportivos con canchas
multifuncionales.

79. Dictamen pericial "Mantenimiento Integral Polideportivo Barrio Obrero" ,
elaborado por el perito Libardo Ramírez Barrios, Ingeniero Civil.

79.1. En la Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento se nombró al perito
Ingeniero Civil Libardo Ramírez Barrios, con el fin de elaborar un diagnóstico y
determinar lo que se requiere para la rehabilitación integral del escenario
Polideportivo del barrio Obrero del Municipio de Villeta.

35 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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79.2. En cumplimiento de lo anterior, el perito allegó el dictamen correspondiente,
en los siguientes términos:

“[…] 1. No existe escenario polideportivo, ni construcción alguna, sino una
especie de elementos de demolición, de lo que en algún momento fue una
cancha.

2. El sitio actualmente presenta desplazamiento del terreno ya que algunas
placas de concreto aparecen fracturadas y deslizadas.

3. Este sitio no se recomienda para hacer ningún tipo de construcción.

4. En la parte alta se evidencia signos de erosión, ya que estas construcciones
NO cuentan con alcantarillado pluvial ni de aguas servidas. Como también se
evidencia mangueras a nivel superficial de conducción de agua potable sin el manejo
adecuado en sus uniones que permiten filtraciones sobre el terreno igualmente las
tuberías sanitarias que están al nivel de la superficie.

5.- En el recorrido que hicimos se pudo evidenciar un terreno del municipio en la parte
baja muy cerca de la vía principal de este sector, el cual requerirá una adecuación
muy técnica hacia la parte de la montaña […]”. (Destacado fuera del texto original)

79.3. Una vez revisado el dictamen pericial, el perito considera como opción la
construcción de un Polideportivo Tipo Cancha Múltiple, que deberá construirse en
un sitio que cumpla con las condiciones que garanticen la estabilidad del terreno
que soporte los elementos y la sostenibilidad del proyecto.

79.4. El 13 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la contradicción del dictamen y
se impuso al perito la carga de allegar el Certificado Catastral del IGAC
correspondiente a dicho inmueble. El documento respectivo fue aportado al
expediente. Conforme a dicho certificado, se advierte que el predio identificado con
el folio de Matrícula Inmobiliaria núm. 156-62681 es de propiedad del Municipio de
Villeta, Cundinamarca.

80. De conformidad con lo anterior, la Sala pasará a analizar los planteamientos
expuestos en el recurso de apelación.

Sobre los planteamientos del recurrente

81. La parte actora solicitó amparar los derechos e intereses colectivos al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; a la
seguridad y salubridad públicas; y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, en consideración a las omisiones que dieron lugar a los
daños ocurridos en el denominado polideportivo del barrio Obrero, del Municipio de

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Villeta. Para ello, pidió tener en cuenta un precedente de la Corporación en el que
se ampararon los derechos colectivos de la comunidad del barrio La Colmena del
Municipio de Villeta e incluso solicitó proferir una decisión extra petita o ultra petita.

82. No obstante, la Sala considera que, en este caso particular y concreto a
diferencia del precedente citado por el recurrente, no es dable el amparo de los
derechos e intereses colectivos en consideración a las conclusiones del dictamen
pericial según las cuales:

“[…] 1. No existe escenario polideportivo, ni construcción alguna, sino una
especie de elementos de demolición, de lo que en algún momento fue una
cancha.

2. El sitio actualmente presenta desplazamiento del terreno ya que algunas
placas de concreto aparecen fracturadas y deslizadas.

3. Este sitio no se recomienda para hacer ningún tipo de construcción.

4. En la parte alta se evidencia signos de erosión, ya que estas construcciones
NO cuentan con alcantarillado pluvial ni de aguas servidas. Como también se
evidencia mangueras a nivel superficial de conducción de agua potable sin el manejo
adecuado en sus uniones que permiten filtraciones sobre el terreno igualmente las
tuberías sanitarias que están al nivel de la superficie.

5.- En el recorrido que hicimos se pudo evidenciar un terreno del municipio en la parte
baja muy cerca de la vía principal de este sector, el cual requerirá una adecuación
muy técnica hacia la parte de la montaña […]”. (Destacado fuera del texto original)

83. Teniendo en cuenta que, en el inmueble de propiedad del Municipio de Villeta
no se recomienda hacer ningún tipo de construcción, aunado a que presenta erosión
en la parte alta y no cuenta con alcantarillado, la Sala no puede ir más allá en el
sentido de ordenar algún tipo de construcción de infraestructura en este lugar,
teniendo en cuenta lo probado en este proceso.

84. En este orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de mayo de 2020 por la
Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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