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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00522-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00522-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia de 29 de noviembre de 2023 proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] SEXTO: Ordenar la conformación de un comité de verificación de cumplimiento de la sentencia integrado por la Magistrada Sustanciadora del TRIBUNAL, quien lo presidirá; la parte demandante; la empresa San José Inversiones S.A.S; el municipio de Marinilla; la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare- CORNARE; y el Ministerio Público. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Núm. único de radicación: 05001-23-33-000-2023-00522-01 En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 29 de noviembre de 2023 proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2023-00522-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 05001-23-33-000-2023-00522-01
Actor: Carlos Armando González Gómez
Demandada: San José Inversiones SAS
Vinculados: Municipio de Marinilla y Corporación Autónoma Regional de los Ríos
Negro y Nare - CORNARE1

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la empresa SAN
JOSÉ INVERSIONES SAS2 contra la sentencia proferida el 29 de noviembre de
20233 por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia4.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor CARLOS ARMANDO GONZÁLEZ GÓMEZ presentó demanda en
ejercicio del respectivo medio de control contra la EMPRESA, con el objeto de
obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

1 El Tribunal mediante auto de 20 de septiembre de 2021 vinculó al proceso al Municipio y a CORNARE. Cfr.

índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
82ED_017202100156ADMITEAC(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.
2 En adelante la EMPRESA.
3 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
12ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.
4 En adelante el TRIBUNAL.

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aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; y iii) la seguridad y salubridad públicas.

Pretensiones

2. La parte actora solicitó que “[…] mediante orden judicial, provea tutela judicial
efectiva de los derechos e intereses colectivos vulnerados aquí ampliamente
detallados, y cese la amenaza sobre ellos […]”5.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Expuso que en la vía Marinilla – El Peñón, aproximadamente en el kilómetro 9
+ 600 sobre el costado izquierdo, está ubicada la Granja San José, dedicada a la
cría de cerdos a escala industrial.

3.2. Adujo que en la Granja San José se arroja estiércol producido por los animales
a una quebrada que pasa por el predio y a potreros cercanos, situación que ha
producido abortos en vacas lecheras que beben el agua contaminada, malos olores,
plagas de moscas y degradación de la fuente hídrica.

3.3. Señaló que la situación relacionada con los olores ofensivos en la zona fue
puesta en conocimiento de la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y
Nare - CORNARE6, la Secretaría de Planeación del Municipio de Marinilla7 y la
Policía de Marinilla.

3.4. Afirmó que aún cuando en el artículo 13.2 del Acuerdo 13 de 2008 se regulan
los asentamientos agroindustriales en el MUNICIPIO, la EMPRESA persiste en la
práctica contaminante, causando olores ofensivos que se hacen más fuertes
cuando llueve.

5 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
“[…] ED_01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua 2 […]”.
6 En adelante CORNARE.
7 En adelante el MUNICIPIO.

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Contestaciones de la demanda

4. El MUNICIPIO8 contestó la demanda y afirmó que en el año 2018 se expidió
certificado de uso del suelo, precisando que la EMPRESA cumplía con las
especificaciones técnicas.

4.1. Adujo que la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del MUNICIPIO ha
adelantado diversas actuaciones en procura de garantizar los derechos colectivos
y que, en todo caso, no es posible prohibir la actividad porcícola, toda vez que el
PBOT previó los lugares viables y las condiciones para su ejercicio.

4.2. No obstante lo anterior, señaló que CORNARE ha recibido múltiples quejas
relacionadas con malos olores, por lo que ha procedido contra los administradores
de la granja.

5. La empresa SAN JOSÉ INVERSIONES SAS9 allegó escrito en el que se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda con fundamento en los
siguientes argumentos:

5.1. Señaló que no existe daño contingente o amenaza respecto a los derechos
colectivos, toda vez que la actividad porcícola se hace en el marco de los permisos,
autorizaciones y realizando los esfuerzos para que la producción sea
ambientalmente sostenible.

5.2. Manifestó que la fertilización se realiza de conformidad con lo indicado por el
ICA y por la autoridad ambiental de acuerdo con el permiso de vertimientos; sin
embargo, advirtió que se presentaron algunas contingencias de descarga de
porcinaza en la quebrada pero que fueron mínimas y se ejecutó el plan de
contingencia, por lo que no existe riesgo actual de que se pueda presentar una
situación similar, en consecuencia, planteó la existencia de la carencia actual de
objeto por hecho superado.

5.3. Aseguró que no existe prueba de la generación de olores ofensivos ni que la
actividad que realiza la EMPRESA produzca vectores, por lo que indicó que lo
afirmado en la demanda corresponde a apreciaciones subjetivas que desconocen
la realidad física y operativa desplegada en la granja.

8 Mediante apoderada judicial. Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]

99ED_034CONTESTACIONPRUEB(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.
9 Mediante apoderado judicial. Cfr. Índice 37 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo

denominado: “[…] 13_ED_011CONTESTACIONDE(.pdf) NroActua 37 […]”.

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6. CORNARE10 contestó la demanda en el sentido de oponerse a las
pretensiones de conformidad con los siguientes argumentos:

6.1. Señaló que no se demostró la omisión en que supuestamente incurrió la
entidad y, por el contrario, aseguró que como autoridad ambiental, ha realizado
actividades de control y seguimiento respecto a las quejas presentadas por la
generación de malos olores.

6.2. Indicó que ha efectuado múltiples requerimientos a la EMPRESA con el
objeto de que ajuste las actividades que realiza a la normativa ambiental y permita
la sana convivencia con los vecinos.

Otras actuaciones

7. El TRIBUNAL celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día
5 de julio de 202311, la cual se declaró fallida porque las partes no llegaron a ninguna
fórmula de acuerdo.

8. El TRIBUNAL profirió auto de 19 de octubre de 202312 mediante el cual corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión. La parte actora, el MUNICIPIO,
CORNARE y la EMPRESA presentaron escritos en los que reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones, respectivamente.

9. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

10. El TRIBUNAL profirió sentencia el día 29 de noviembre de 2023, en la que
resolvió lo siguiente13:

“[…] PRIMERO. Amparar los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la
existencia del equilibrio ecológico y, a la seguridad y salubridad públicas, vulnerados
por San José Inversiones S.A.S., el municipio de Marinilla y la Corporación Autónoma
Regional de los Ríos Negro y Nare-CORNARE.

La principal autoridad ambiental llamada a cumplir con las órdenes que se emitirán
en la presente sentencia es CORNARE, sin que ello obste para que la CAR como
máxima autoridad ambiental le haga exigencias al municipio, de acuerdo con los
principios de armonía regional y gradación normativa.

10 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
97ED_032RespuestaaccionPo(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 [...]”.
11 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
20ED_009ActaAudienciaCump(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.
12 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
54ED_043AutoTrasladoAlega(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.
13 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_SentenciaPrimeraInst(.pdf)

NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

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SEGUNDO: Ordenar a CORNARE dar aplicación a la Resolución No. 1541 del 12 de
noviembre de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento
para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras
disposiciones”. Adicionalmente, realizará control y seguimiento y aplicará las medidas
correspondientes a la sociedad San José Inversiones S.A.S. respecto de la actividad
porcícola desarrollada en la granja Sandra Milena, ubicada en la vereda La Milagrosa
del municipio de Marinilla. Para lo anterior, se concede a la entidad el término máximo
de cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia.

También ejercerá control, seguimiento y adoptará las medidas pertinentes respecto
de la sociedad San José Inversiones S.A.S., en cuanto al cumplimiento de los
permisos ambientales de vertimientos y concesión de aguas y, de manera especial,
en cuanto a la fertilización con porcinaza y/o biol, así como cualquier otra acción
ambiental correspondiente en relación con la actividad porcícola desarrollada en la
granja Sandra Milena, ubicada en la vereda La Milagrosa del municipio de Marinilla.

En tal sentido, CORNARE realizará visita a la granja Sandra Milena y a la finca La
Aldea (donde se fertiliza con porcinaza y/o biol proveniente de la granja Sandra
Milena) dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia para verificar el
cumplimiento de la normas ambientales, de los permisos ambientales concedidos y
todo lo relacionado con el proceso de fertilización con porcinaza y/o biol y, dentro del
mes siguiente a la visita adoptará las medidas pertinentes, en orden a proteger los
derechos colectivos.

TERCERO: Ordenar a la sociedad San José Inversiones S.A.S., dar aplicación a la
Resolución No. 1541 del 12 de noviembre de 2013 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del
aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan
olores ofensivos y se dictan otras disposiciones” e implementar dentro de su
competencia lo ordenado en esta y deberá adoptar, realizar y ejecutar todas las
acciones y medidas que ordene CORNARE y el municipio de Marinilla, en torno a la
protección de los derechos colectivos que se protegen en la presente sentencia.

CUARTO: Ordenar al municipio de Marinilla, decidir respecto del plan de implantación
previsto en el artículo 184 del PBOT (Acuerdo N° 7 de 2022), presentado por la
sociedad en el término máximo de un (1) mes, término que se contabilizará una vez
sean entregadas las respuestas al requerimiento que ya había efectuado el ente
territorial. En el caso de que la respuesta al requerimiento se hubiese efectuado el 25
de octubre de 2023 por la sociedad San José Inversiones S.A.S, tal y como se indicó
en los alegatos de conclusión, ese término se contará a partir de la ejecutoria de la
presente sentencia. En el evento de no aprobarse el plan de implantación a la
sociedad San José Inversiones S.A.S., la entidad deberá adoptar de inmediato las
medidas correspondientes, de conformidad con la Ley. La sociedad San José
Inversiones S.A.S. deberá atender a todos los requerimientos que efectúe el municipio
de Marinilla en relación con el plan de implantación.

QUINTO: Ordenar a CORNARE efectuar visita a la granja Sandra Milena y a la finca
La Aldea (donde se fertiliza con porcinaza y/o biol proveniente de la granja Sandra
Milena) para que determine si la actividad porcícola y de fertilización con porcinaza
y/o biol requiere permiso de emisión atmosférica de conformidad con el artículo 73
del Decreto 948 de 2005. Lo anterior, deberá ser realizado en el término máximo de
un (1) mes a partir de la ejecutoria de la sentencia.

En caso de establecerse la necesidad del referido permiso, la sociedad San José
Inversiones S.A.S. deberá efectuar las gestiones necesarias para dicho permiso en el
término de un (1) mes, contado a partir de que CORNARE profiera dicho concepto.
Ante el incumplimiento del trámite del permiso dentro del tiempo indicado por parte
de la sociedad, San José Inversiones S.A.S. deberá suspender sus actividades hasta
que se conceda el permiso respectivo.

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SEXTO: Ordenar la conformación de un comité de seguimiento para la verificación
del cumplimiento de la sentencia integrado por el demandante, San José Inversiones
S.A.S, el municipio de Marinilla, la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro
y Nare-CORNARE y el Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento a lo ordenado en el
fallo e informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten.

SÉPTIMO. Sin condena en costas, de conformidad con la parte motiva.

OCTAVO. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, una vez
ejecutoriada la presente providencia, se remitirá copia de la misma a la Defensoría
del Pueblo […]”.

11. El TRIBUNAL consideró que de acuerdo con las pruebas allegadas al
proceso debía concluirse que existía amenaza y vulneración de los derechos e
intereses colectivos objeto de protección. En concreto, señaló que había evidencia
de múltiples y constantes quejas presentadas desde el año 2021 referidas al
derrame de porcinaza, la contaminación de cuerpos de agua, la generación de
olores ofensivos y la proliferación de vectores, afectaciones que han perdurado en
el tiempo, tal como aconteció con un hecho presentado el día 13 de septiembre de
2023, cuando se produjo un nuevo evento de derrame de porcinaza sobre la fuente
hídrica afluente de la “Quebrada El Chocho – Montañita”.

12. El TRIBUNAL resaltó que de conformidad con el informe técnico elaborado
por CORNARE en el mes de octubre de 2023, el biodigestor de la Granja Porcícola
Sandra Milena no se encuentra en funcionamiento, por lo que la fertilización se está
realizando con porcinaza y no con biol, incumpliéndose la autorización otorgada por
la autoridad ambiental.

13. De acuerdo con lo probado en el proceso, el TRIBUNAL concluyó que existía
vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos deprecados por lo
que los amparó.

Recurso de apelación

14. La EMPRESA presentó escrito de 4 de diciembre de 2023 por medio del cual
interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia
con fundamento en los siguientes argumentos:

14.1. Afirmó que la sentencia incurre en un error inducido, toda vez que el ordinal
tercero impone a la EMPRESA la aplicación de la Resolución 1541 de 2013, la cual
no establece obligaciones que deba cumplir la EMPRESA. En otras palabras,
señaló que únicamente sería sujeto pasivo de la resolución si media un

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requerimiento de la autoridad ambiental y se surten las diligencias previstas en la
Resolución 2087 de 2014.

14.2. Manifestó que la orden debe circunscribirse a que “[…] La sociedad San José
Inversiones S.A.S. deberá adoptar, realizar y ejecutar todas las acciones y medidas
que ordene CORNARE y el municipio de Marinilla, en torno a la protección de los
derechos colectivos que se protegen en la presente sentencia […]”, esto es, sin
incluir en la orden la implementación de lo ordenado en la Resolución 1541 de 2013.

14.3. Por otro lado, sostuvo que era inocua la orden impartida en el ordinal quinto
de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de noviembre de 2023, en razón a que
no es exigible el permiso de emisiones atmosféricas para la actividad porcícola y/o
de fertilización de conformidad con lo previsto en el artículo 73 del Decreto 948 de
2005 (compilado en el artículo 2.2.5.1.7.2. del Decreto 1076 de 2015).

14.4. Adujo que en lo relacionado con la obligación de obtener permiso de emisión
atmosférica por actividades generadoras de olores ofensivos, el Ministerio de
Ambiente expidió la Resolución 619 de 7 de julio de 1997, a través de la cual
estableció los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas y que de la lectura del artículo 1.º de la Resolución
619 se concluye que no toda actividad que genere olores ofensivos requiere permiso
de emisión atmosférica, lo cual, a juicio del apoderado de la EMPRESA, también
fue advertido por el Consejo de Estado en la sentencia de 14 de septiembre de
2020. Por lo que concluyó que como en las actividades enlistadas en el Resolución
619 de 1997 no estaba la porcícola ni la de fertilización de suelos con biol, estas
actividades no requieren permiso de emisiones atmosféricas.

14.5. Afirmó que de ninguno de los pronunciamientos realizados por CORNARE
se desprende la exigibilidad del permiso de emisiones atmosféricas, máxime cuando
su exigibilidad es a priori, esto es, que requiere su obtención antes del inicio de la
actividad.

14.6. Sostuvo que con lo resuelto en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada es suficiente para proteger los derechos colectivos amparados.

14.7. Finalmente, solicitó la revocatoria de los ordinales tercero y quinto de la parte
resolutiva de la sentencia de 29 de noviembre de 2023.

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Concesión del recurso de apelación

15. La Magistrada Sustanciadora del TRIBUNAL profirió auto de 24 de enero de
202414, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por la
EMPRESA contra la sentencia proferida, en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

16. El Despacho sustanciador profirió auto de 7 de mayo de 202515 mediante el
cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA contra la
sentencia proferida en primera instancia. Asimismo, se advirtió al procurador
delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado que podía
emitir concepto y a las partes procesales que podían solicitar el decreto de pruebas
y pronunciarse en relación con el recurso de apelación interpuesto hasta la
ejecutoria del auto admisorio.

17. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

18. El Ministerio Público presentó escrito de 15 de mayo de 202516, mediante el
cual emitió concepto en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia proferida
en primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las emisiones
atmosféricas y de los olores ofensivos; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas; y vii) el
análisis del caso concreto.

14 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
“[…] 6ED_AutoConcede(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.
15 Cfr. índice 8 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Aechivo denominado: “[…]
140Autoqueadmite_APa20230052201Carlos(.pdf) NroActua 8 […]”.
16 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
Memorial_JCU_146Concepto(.pdf) NroActua 15 […]”.

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Competencia de la Sala

20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia
para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201917, sobre la distribución de asuntos entre
las secciones del Consejo de Estado; y en el 15018 de la Ley 1437, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, se precisa que esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

21. Asimismo, de conformidad con los artículos 32019 y 32820 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201221, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones
a los cuales se contrae el recurso interpuesto por la EMPRESA.

22. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

23. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

23.1. Si es cierto que la orden impartida en el ordinal tercero de la sentencia
apelada contiene un error inducido consistente en que la norma cuya aplicación se
impone a la EMPRESA no contiene obligaciones que deba cumplir sin que medie
un requerimiento por parte de la autoridad ambiental y, en consecuencia, la orden
resulta de imposible cumplimiento.

17 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
18 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.

19 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
20 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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23.2. Si lo ordenado por el TRIBUNAL, en el ordinal quinto de la sentencia
proferida en primera instancia, es inocuo, por cuanto la actividad porcícola y/o de
fertilización con biol no requiere permiso de emisión atmosférica.

24. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 29 de noviembre de 2023 proferida por el TRIBUNAL.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

25. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone
que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

26. El artículo 2.° de la Ley 472 define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

27. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

28. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

29. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la

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materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”22.

30. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales

31. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre las
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

32. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

33. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197323 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197424, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

34. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.

35. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional25 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos

23 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
24 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
25 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de

inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.

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por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las emisiones
atmosféricas y de los olores ofensivos

36. En referencia al control de emisiones atmosféricas y de olores ofensivos, es
pertinente destacar lo previsto en: i) el artículo 2.º de la Constitución Política, sobre
los fines esenciales del Estado, especialmente el relativo a servir a la comunidad y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la
Constitución; ii) los artículos 8.º y 73 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 197426,
sobre la contaminación del aire como factor que deteriora el medio ambiente y,
sobre la obligación de mantener la atmósfera en condiciones que no causen
molestias o daños, o interfieran en el desarrollo normal de la vida humana, animal
o vegetal y de los recursos naturales renovables; y iii) el artículo 5.º de la Ley 99 de
22 de diciembre de 1993, sobre las funciones del Ministerio del Medio Ambiente,
especialmente los numerales 11 y 25, sobre la función de dictar regulaciones de
carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones atmosféricas,
en todo el territorio nacional, y establecer los límites máximos permisibles de
emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, respectivamente.

37. De conformidad con lo previsto en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201527:
i) el artículo 2.2.5.1.1.1, sobre el objeto del Reglamento de Protección y Control de
la Calidad del Aire, especialmente, en lo relacionado con la fijación de normas
básicas sobre la emisión de olores ofensivos; ii) el artículo 2.2.5.1.1.2. que define la
sustancia de olor ofensivo como “[…] aquella que por sus propiedades
organolépticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores
desagradables […]”; iii) el artículo 2.2.5.1.3.4. que prohíbe el funcionamiento de
establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales y asigna,
entre otros, a las autoridades ambientales competentes y, en especial, a los

26
“[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
27
Por medio del cual se expide el decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

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municipios determinar las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y
restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores
ofensivos; y iv) el artículo 2.2.5.1.7.2., especialmente el literal m y el parágrafo 1.º,
sobre el requisito de permiso de emisión atmosférica para las actividades
generadoras de olores ofensivos y la competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para establecer los factores a partir de los cuales se requiere
el precitado permiso, teniendo en consideración, entre otros criterios, el riesgo para
la salud humana y el riesgo ambiental inherente.

38. De acuerdo con lo previsto en las Resoluciones: i) 909 de 5 de junio de
200828; sobre estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera
por fuentes fijas; ii) 1541 de 12 de noviembre de 2013 29, sobre las reglas para la
recepción de quejas, los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión y la
evaluación de las emisiones de olores ofensivos; iii) 2087 de 16 de diciembre de
201430, sobre el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores
Ofensivos; y iv) 2254 de 1.º de noviembre de 201731, que establece la norma de
calidad del aire o nivel de inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso
aire en el territorio nacional, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.

39. La Resolución 1541 de 201332 define el olor ofensivo como aquel “generado
por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce
fastidio, aunque no cause daño a la salud humana”. La misma norma detalla las
etapas del procedimiento administrativo de evaluación de tales olores, así:

“[…] Artículo 4. Recepción de quejas. Para la recepción de quejas por olores
ofensivos, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Una vez radicada la queja, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días hábiles para la evaluación de la misma y dentro del mismo término podrá
practicar una visita a la actividad.

2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el cual se
pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de un plan
para la reducción del impacto por olores ofensivos (PRIO).

28 “[…] Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones […]”.
29 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para

la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones […]”.
30 “[…] Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]”.
31 “[…] Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
32 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento

para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos […]”.

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3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el titular
de la actividad deberá presentar un plan para la reducción del impacto por olores
ofensivos, (PRIO), de conformidad con lo establecido en el capítulo V de la presente
resolución.

Parágrafo 1. Para la evaluación de la queja, la autoridad ambiental competente
seguirá el procedimiento establecido en el protocolo para el monitoreo, control y
vigilancia de olores ofensivos […]”.

40. El protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos,
aprobado mediante Resolución 2087 de 2014, en su capítulo introductorio, explica
que la Resolución 1541 de 2013 debe aplicarse siguiendo esta secuencia:

“[…] 1) Presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;

2) Evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;

3) Requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;

4) Implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y

5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos […]”.

41. En materia de contaminación ambiental por olores ofensivos, la Sección
Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de junio de 2019 33, reiterada
entre otras34, en las sentencias de 25 de agosto de 2023 y 25 de julio de 202435, ha
venido fijando criterios hermenéuticos al momento de aplicar las Resoluciones 1541
de 2013 y 2087 de 2014, en los términos que se trascriben a continuación.

“[…] [L]a Resolución 1541 de 2013, ‘por la cual se establecen los niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento para la evaluación de actividades
que generan olores ofensivos’, al igual que otras regulaciones indicadas en la sección
X.7., define olor ofensivo como “el olor generado por sustancias o actividades
industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño
a la salud humana”.

Resulta evidente que una interpretación literal y aislada de lo que la ley define como
un olor ofensivo, no necesariamente conduce a verificar la vulneración de un derecho
colectivo. Por el contrario, la idea de concederle prioridad, sin más, a las sensaciones

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de

2019, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 68012333000201500962-01.
34 Consejo de Estado, Sección Primera, 14 de septiembre de 2020, proferida en el expediente con número único

de radicación 66001-23-33-000-2018-00079-01(AP) y sentencia de 13 de diciembre de 2023, proferida en el
expediente con número único de radicación 68001233300020170144901, ambos con ponencia de la consejera
Nubia Margoth Peña Garzón.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de

2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 660012333000201900551-01. Asimismo,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2024,
CP. Hernando Sánchez Sanchez, número único de radicación: 170012333000202200095-01.

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de ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ generadas en un grupo de personas con
ocasión del ejercicio de un derecho ajeno, sí entraña el peligro de adoptar medidas
desproporcionadas en relación con la garantía de otros bienes jurídicos que también
son importantes para el ordenamiento jurídico.

Así pues, a efectos de que el operador jurídico pueda constatar la perturbación de
derechos colectivos por cuenta la emisión de sustancias constitutivas de olores
ofensivos, la ley propuso dos normas o estándares de evaluación y emisión36 de ese
tipo de olores. El primero de ellos consiste en la fijación de umbrales de tolerancia37
establecidos mediante pruebas estadísticas. Y el segundo refiere a los niveles
permisibles de calidad del aire. Valga precisar que este segundo criterio presta utilidad
como parámetro de evaluación, tanto para los niveles de inmisión38 de sustancias y
mezclas de sustancias de olores ofensivos39, como para las modelaciones de las
mediciones directas de emisiones40.

En conclusión, olor ofensivo no es solamente aquel que produce fastidio, sino
el que, además, violenta las normas o estándares de evaluación y emisión
correspondientes.

En este evento las autoridades y los particulares están avocados a adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar el recurso aire. Empero, la Sala aclara que
esta tesis no es obstáculo para que tanto autoridades como particulares desplieguen
las acciones adecuadas en caso de que se demuestre que los olores ofensivos
representan una amenaza cierta contra la salud o la vida humana, animal o vegetal,
los recursos naturales renovables, el patrimonio natural o la diversidad biológica.

La tesis anteriormente expuesta tampoco significa que se le esté dando prioridad al
desarrollo por sobre la protección y conservación de la biodiversidad. Como se
advirtió en el capítulo X.5., debe haber un equilibrio entre desarrollo y conservación,
por ello la ley ha fijado unas normas o estándares, a partir de los cuales se puede
determinar cuándo un olor ofensivo se torna insostenible por el uso irracional del
recurso natural renovable – aire.

En efecto, una interpretación sistemática de la regulación de contaminación
atmosférica por olores ofensivos conlleva a concluir que los olores ofensivos
no se acreditan con meras manifestaciones de ‘fastidio’ realizadas por un
colectivo de personas, toda vez que, en aras del respeto por el ejercicio de los
derechos ajenos – en este caso, el de libertad de empresa- dicho concepto: olor
ofensivo – fastidio, requiere ser demostrado mediante alguno de los estándares
de carácter objetivo establecidos por la ley.

XI.3.2. La Resolución 2087 de 2014, por la cual se ‘adopta a nivel nacional el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]’, en su
capítulo introductorio, indica que:

‘La aplicación de la Resolución 1541 de 2013 se realizará con base en la siguiente
secuencia:

1) Presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;

36 “Emisión. Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna

combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil”.
37 “[…] Umbral de tolerancia. Para efectos de la presente resolución, el umbral de tolerancia es el nivel permisible

de calidad del aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos […]”.
38 “[…] Inmisión. Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por inmisión a la

acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera […]”.
“[…] Límite de inmisión. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, corresponde al valor de inmisión
que se deberá alcanzar en las zonas residenciales del área de afectación como consecuencia de la emisión
generada por la actividad generadora de olores ofensivos […]”.
39 “[…] Sustancia de olor ofensivo. Es aquella que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo

de exposición puede causar olores desagradables […]”.
40 Decreto 948 de 1995, artículos 5.º y 16. Resolución 1541 de 2013, artículos 1.º, 7.º y 16.

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2) Evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;

3) Requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;

4) Implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y

5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos […]”. (Subrayas fuera de texto).

La Sala destaca que la aplicación excesivamente rigurosa de este instrumento
normativo puede conllevar a que el derecho sustancial sea puesto en
detrimento, so pretexto de la observancia de las reglas de carácter adjetivo. Sin
duda, este proceder ha sido proscrito por el ordenamiento jurídico
colombiano41. Con base en esta premisa, se proponen los siguientes criterios
hermenéuticos para tener en cuenta a la hora de aplicar las resoluciones 1541
de 2013 y 2087 de 2014.

En primer lugar, es de anotar que las quejas por olores ofensivos no
constituyen un parámetro objetivo de evaluación y emisión de ese tipo de
olores, toda vez que las mismas corresponderían a la pura percepción sensorial
puesta de manifiesto por cualquier ciudadano.

Como pudo observarse en el acápite X.7., la queja por olores ofensivos está
diseñada para que la autoridad ambiental la analice y, si hay lugar, disponga de
sus poderes jurídicos en aras de verificar, técnicamente: los umbrales de
tolerancia frente a olores ofensivos mediante el criterio estadístico; y/o los
niveles permisibles de calidad del aire, mediante las evaluaciones de inmisión
y/o de emisión de sustancias constitutivas de olores ofensivos. Todo esto, se
reitera, con el fin último de garantizar el debido ejercicio de los derechos de la
colectividad.

En la búsqueda del amparo de sus derechos, es muy probable que la colectividad se
encuentre en una posición de desventaja en atención a las eventuales dificultades
que le significaría valerse de los elementos técnicos requeridos por la ley para efectos
de demostrar que su ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ se traduce, objetivamente,
en el desconocimiento de alguna de las normas o estándares de olores ofensivos.

De allí que la Sala destaque que la herramienta jurídica queja por olor ofensivo,
no puede suponer la imposición de la carga a los ciudadanos de constituir la
prueba técnica de contaminación, sea mediante el criterio estadístico o en la
modalidad de desconocimiento de los niveles permisibles de calidad del aire.
Por ello, es fundamental que las autoridades ambientales, ante las informaciones
relativas a olores ofensivos, defina con prontitud y de conformidad con el
ordenamiento, si los mismos se encuentran o no dentro de los límites permisibles.

En conclusión, la queja se constituye como el llamado de atención pronunciado por
los ciudadanos con el fin de que la autoridad ambiental determine si las normas o
estándares de evaluación y emisión de olores ofensivos están siendo o no
desconocidos y, en consecuencia, precise si los derechos colectivos están siendo o
no vulnerados.

El estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la magnitud de los
olores ofensivos percibidos por la comunidad, propiciado por la autoridad
ambiental so pretexto del cumplimiento litúrgico de la Resolución 2087 de 2014,
sin duda lleva implícito la posibilidad de perturbación de, entre otros, el derecho
a gozar de un ambiente sano. En ese caso, la acción popular se torna

41 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 228.

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procedente en su modalidad de daño contingente, es decir que, ante aquella
afectación respecto de la cual no se tiene certeza de su acaecimiento pasado o
futuro, en relación con un hecho potencialmente perjudicial, es deber del juez
de la acción popular adoptar las medidas adecuadas para eliminar el riesgo al
que estarían sometidos los derechos colectivos (finalidad preventiva -apartado
X.2.-)42.

En segundo lugar, la encuesta estandarizada no puede ser considerada como
un presupuesto para convalidar las quejas por olores ofensivos, toda vez que,
como se ha venido sosteniendo, el mismo Decreto 948 de 1995 dispuso que dicho
instituto es un criterio objetivo para constatar el desconocimiento de las normas o
estándares de evaluación y emisión de olores ofensivos.

En tal virtud, los resultados de la encuesta son determinantes para que la autoridad
ambiental adopte medidas definitivas en torno a la mitigación de los olores ofensivos
y, por supuesto, para el amparo de los derechos colectivos. Dichas medidas, pueden
variar entre la evaluación de los niveles permisibles de calidad del aire, la
exigencia del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos –PRIO-
, o cualquiera otra contenida en el ordenamiento.

[…]

Finalmente, debe destacarse que la aplicación de las medidas contempladas en
la Resolución 1541 de 2013 o cualquiera otra, tampoco puede estar
condicionada al nivel de abstracción referido en la Resolución 2087 de 2014. Es
deber de la autoridad ambiental analizar el caso concreto de contaminación
atmosférica por olores ofensivos, y de acuerdo a los niveles de afectación que
arroje la encuesta o la evaluación, adoptar todas las medidas (ordenación del
PRIO o su modificación, evaluación de niveles permisibles de calidad del aire u
otras), en simultánea o en el orden y los tiempos que se considere más
adecuado, para efectos de conjurar la situación de perturbación de derechos
por olores ofensivos […]”. (Destacado fuera de texto).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas

La seguridad pública

42. De conformidad con el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución
Política, sobre el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el
Preámbulo de la Constitución Política establece que el Pueblo de Colombia,
representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, en
ejercicio de su poder soberano, con el fin de asegurar la vida, la convivencia y la
paz, entre otros valores constitucionales, promulgó la Constitución. Y, por el otro, el
artículo 2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la

42 Ley 472 de 1998, artículos 2.°, 9.° y 14.

La acción popular es el instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la acción popular le
asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas dirigidas a evitar el daño contingente
(finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se
presente contra los mismos (finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya
consumado el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en tanto sea
posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado anterior (finalidad restitutiva).

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independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

43. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional43 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii)
es un derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.

44. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

45. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado44 […]”.

La salubridad pública

46. Según lo previsto en el artículo 49 de la Constitución Política referente a la
atención de la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo
del Estado; y, los artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200145, 32 de la
Ley 1222 de 9 de enero de 200746 y 6.°, numeral 4.º de la Ley 1801 de 29 de julio
de 201647, relativos a la salud pública.

47. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal

43 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

44 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-31-

000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
45 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
46 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se

dictan otras disposiciones […]”.
47 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.

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sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

48. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

49. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

50. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 2016, la
salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la
responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho
de diferentes connotaciones48.

51. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 2017, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

52. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ´salud
pública´ y ´salubridad pública´ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”49.

48 Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).

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53. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido
general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso
de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos
están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar
que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y
en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria50 […]”.

54. Asimismo, esta Sección ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio,
necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así
como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión,
al reconocer la interdependencia mutua.

[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público
necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]51”.

55. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.
51 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-

000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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salud y la tranquilidad de la comunidad […]52”. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

Análisis del caso concreto

56. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

57. El TRIBUNAL profirió sentencia de 29 de noviembre de 2023 en la que
resolvió amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia
del equilibrio ecológico y la seguridad y salubridad públicas, vulnerados por la
EMPRESA, el MUNICIPIO y CORNARE. Asimismo, impartió ordenes a las
entidades accionadas con el objeto de garantizar los derechos colectivos
vulnerados.

58. La EMPRESA interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, en el que expuso los siguientes argumentos:

58.1. Afirmó que la sentencia incurrió en un error inducido, toda vez que el ordinal
tercero impone a la EMPRESA la obligación de aplicar la Resolución 1541 de 2013,
la cual no establece obligaciones que la EMPRESA deba cumplir, sin que medie un
requerimiento por parte de la autoridad ambiental.

58.2. Sostuvo que era inocua la orden impartida en el ordinal quinto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, en razón a que no es exigible el permiso de
emisiones atmosféricas para la actividad porcícola y/o de fertilización con biol, lo
que fundamentó en lo previsto en el artículo 73 del Decreto 948 de 2005 (compilado
en el artículo 2.2.5.1.7.2. del Decreto 1076 de 2015).

59. Por lo anterior, solicitó la revocatoria de los ordinales tercero y quinto de la
parte resolutiva de la sentencia de 29 de noviembre de 2023.

60. La Sala precisa que en el recurso de apelación no se cuestiona la vulneración
de los derechos e intereses colectivos amparados, por lo que el análisis de la Sala
se concretará en estudiar los argumentos expuestos por la EMPRESA y que giran
en torno a la imposibilidad de cumplir la orden judicial impartida en el ordinal tercero
de la sentencia apelada y a que no es necesaria la obtención del permiso de

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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emisiones atmosféricas para el ejercicio de la actividad porcícola y de fertilización,
en relación con lo resuelto en el ordinal quinto de la sentencia de 29 de noviembre
de 2023.

61. La Sala procederá a resolver los problemas jurídicos formulados supra,
teniendo en cuenta los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 anteriormente indicados
y los límites de los recursos de apelación.

Solución a los problemas jurídicos

Sobre la imposibilidad de cumplir el ordinal tercero de la sentencia apelada

62. La EMPRESA en el recurso de apelación afirmó que la sentencia proferida,
en primera instancia, incurrió en un error inducido, toda vez que el ordinal tercero le
impone la obligación de aplicar la Resolución 1541 de 2013, la cual, a juicio del
apoderado judicial, no establece obligaciones específicas que deba cumplir la
EMPRESA. En otras palabras, señaló que únicamente sería sujeto pasivo de la
resolución si media un requerimiento de la autoridad ambiental y se surten las
diligencias previstas en la Resolución 2087 de 2014.

63. Asimismo, manifestó que la orden debe circunscribirse a que “[…] [L]a
sociedad San José Inversiones S.A.S. deberá adoptar, realizar y ejecutar todas las
acciones y medidas que ordene CORNARE y el municipio de Marinilla, en torno a
la protección de los derechos colectivos que se protegen en la presente sentencia
[…]”, esto es, sin incluir en la orden la implementación de lo ordenado en la
Resolución 1541 de 2013.

64. En este específico punto, la Sala destaca las siguientes consideraciones
realizadas por el TRIBUNAL53:

“[…] En desarrollo de las facultades previstas en el Decreto 948 de 1995, entre otras
normas, el Ministerio del Medio Ambiente emite a Resolución 1541 de 2013 “Por
la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión,
el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores
ofensivos y se dictan otras disposiciones”, en la cual establece los niveles de
olores ofensivos permitidos en diversas actividades, entre estas, la producción
pecuaria, la cual engloba la producción avícola, bovina y porcícola, entre otras.
Adicionalmente, establece el procedimiento para la recepción de las quejas por
olores ofensivos y prescribe que la autoridad se pronunciará sobre la viabilidad
o no de la exigencia de un plan para la reducción del impacto por olores
ofensivos PRIO.

53 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
12ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.

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Por su parte, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la
Resolución 2087 de 2014, “adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y
Vigilancia de Olores Ofensivos” y determina el procedimiento para la
evaluación de la queja y de los niveles de calidad del aire o inmisión de olores
ofensivos por sustancias o mezclas de sustancias.

[…]

De acuerdo con las normas antes referenciadas, la autoridad ambiental
competente para ejercer el control y la vigilancia en relación con la sociedad
demandada que desarrolla actividades en la granja Sandra Milena ubicada en la
vereda La Milagrosa del municipio de Marinilla, que en la actualidad se encuentra
localizada según el PBOT del año 2022 en suelo suburbano es CORNARE, y así fue
incluso reconocido por la aludida entidad.

[…]

Es de resaltar respecto de CORNARE que no obstante encontrarse que la entidad ha
realizado control y seguimiento a través de múltiples actuaciones, lo cual le
corresponde como autoridad ambiental, lo cierto es que materialmente su gestión no
ha sido lo suficientemente efectiva para conjurar la afectación a los derechos
colectivos y la amenaza que sobre estos se cierne por las acciones y omisiones de la
sociedad demandada y que no ha dado aplicación a la Resolución 1541 de 2013, en
torno a la existencia de los olores ofensivos.

En tal sentido, para la Sala deviene con toda claridad que CORNARE confluye a la
vulneración de los derechos colectivos en esa ausencia de una actuación eficaz que
logre los fines para los cuales se encuentra establecida, esto es, su actividad de
control ambiental y de autoridad de tal carácter.

[…]

Por lo anteriormente expuesto, la Sala emitirá las siguientes órdenes: CORNARE
deberá dar aplicación a la Resolución No. 1541 del 12 de noviembre de 2013 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecen los niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de
actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”.
Adicionalmente, realizará control y seguimiento y aplicará las medidas
correspondientes a la sociedad San José Inversiones S.A.S. respecto de la
actividad porcícola desarrollada en la granja Sandra Milena, ubicada en la vereda
La Milagrosa del municipio de Marinilla. Para lo anterior, se concede a la entidad el
término máximo de cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
sentencia.

También ejercerá control, seguimiento y adoptará las medidas pertinentes
respecto de la sociedad San José Inversiones S.A.S., en cuanto al cumplimiento
de los permisos ambientales de vertimientos y concesión de aguas y, de manera
especial, en cuanto a la fertilización con porcinaza y/o biol, así como cualquier
otra acción ambiental correspondiente en relación con la actividad porcícola
desarrollada en la granja Sandra Milena, ubicada en la vereda La Milagrosa del
municipio de Marinilla. En tal sentido, CORNARE realizará visita a la granja Sandra
Milena y a la finca La Aldea (donde se fertiliza con porcinaza y/o biol proveniente
de la granja Sandra Milena) dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la
sentencia para verificar el cumplimiento de la normas ambientales, de los
permisos ambientales concedidos y todo lo relacionado con el proceso de
fertilización con porcinaza y/o biol y, dentro del mes siguiente a la visita
adoptará las medidas pertinentes, en orden a proteger los derechos colectivos.

La sociedad San José Inversiones S.A.S., deberá dar aplicación a la Resolución
No. 1541 del 12 de noviembre de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de

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inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores
ofensivos y se dictan otras disposiciones” e implementar dentro de su competencia
lo ordenado en esta y deberá adoptar, realizar y ejecutar todas las acciones y
medidas que ordenen CORNARE y el municipio de Marinilla, en torno al amparo
de los derechos colectivos que se protegen en la presente sentencia […]”.
(Destacado fuera de texto).

65. El ordinal tercero de la sentencia de 29 de noviembre de 2023 dispuso lo
siguiente54:

“[…] TERCERO: Ordenar a la sociedad San José Inversiones S.A.S., dar
aplicación a la Resolución No. 1541 del 12 de noviembre de 2013 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecen los niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades
que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones” e implementar dentro
de su competencia lo ordenado en esta y deberá adoptar, realizar y ejecutar
todas las acciones y medidas que ordene CORNARE y el municipio de Marinilla,
en torno a la protección de los derechos colectivos que se protegen en la presente
sentencia […]”. (Destacado fuera de texto).

66. La Resolución 1541 de 2013 “Por la cual se establecen los niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de
actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”, tiene por
objeto establecer las “[…] reglas para la recepción de quejas, los niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión y la evaluación de las emisiones de olores ofensivos
[…]” y regular “[…] el plan para la reducción del impacto por olores ofensivos y plan
de contingencia […]”.

67. Asimismo, el artículo 2.º de la Resolución 1541 de 2013 dispuso que esa
norma se aplica “[…] a todas las actividades que generen emisiones de olores
ofensivos en el territorio nacional […]”.

68. El artículo 4.º de la resolución reguló la recepción de quejas por olores
ofensivos y estableció en el procedimiento que si la autoridad ambiental determina
la viabilidad de exigir el PRIO el titular de la actividad debe presentarlo. Asimismo,
los artículos 8.º y 9.º prevén el contenido y la evaluación y plazo para la
implementación del PRIO.

69. Por su parte, el artículo 10 de la resolución regula lo relacionado con la
modificación del PRIO, precisando que corresponde al titular de la actividad tramitar
y obtener la modificación del PRIO.

54 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
12ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.

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70. La Sala considera que de la lectura de la Resolución 1541 de 2013 es posible
concluir que el objeto, el ámbito de aplicación y los procedimientos para la
evaluación de actividades que generan olores ofensivos deben ser acatados no solo
por la autoridad ambiental, sino por los titulares de la actividad que genera los olores
ofensivos.

71. Al respecto, la Sala considera que la Resolución 1541 de 2013 vincula
directamente a la EMPRESA, toda vez que como quedó demostrado en el proceso
y sobre lo cual no hubo oposición de la apelante en el recurso, es un hecho cierto
que la EMPRESA vulneró los derechos colectivos relacionados con el goce de un
ambiente sano, el equilibrio ecológico y la seguridad y salubridad pública, con
ocasión del manejo que viene dando a la porcinaza y/o al biol que utiliza para
fertilizar el suelo y respecto del cual se han generado vertimientos a fuentes
hídricas.

72. Así las cosas, la EMPRESA debe acatar los niveles permisibles de calidad
de aire e inmisión previstos en la Resolución 1541 de 2013, sin que para ello deba
mediar requerimiento alguno de CORNARE.

73. Adicionalmente, la Sala destaca que la orden no puede entenderse de
manera aislada de las demás órdenes impartidas en la sentencia proferida en
primera instancia, principalmente aquellas que fueron impartidas a la autoridad
ambiental y que se relacionan con la verificación de las condiciones en que la
EMPRESA está realizando sus actividades de disposición y tratamiento de la
porcinaza y del biol que produce para la fertilización de suelos.

74. Por lo anterior, no es de recibo el argumento expuesto por el apoderado de
la EMPRESA, analizado en este acápite y, por el contrario, la Sala considera que el
TRIBUNAL acertó en la orden impartida en el ordinal tercero de la sentencia
apelada, la cual debe ser cumplida por la EMPRESA.

Sobre la inexigibilidad del permiso de emisiones atmosféricas para el ejercicio
de la actividad porcícola y de fertilización con biol

75. La EMPRESA en el recurso de apelación sostuvo que era inocua la orden
impartida en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de
noviembre de 2023, en razón a que no es exigible el permiso de emisiones
atmosféricas para la actividad porcícola y/o de fertilización de conformidad con lo

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previsto en el artículo 73 del Decreto 948 de 2005 (compilado en el artículo
2.2.5.1.7.2. del Decreto 1076 de 2015).

76. Asimismo, adujo que en lo relacionado con la obligación de obtener permiso
de emisión atmosférica por actividades generadoras de olores ofensivos, el
Ministerio de Ambiente expidió la Resolución 619 de 7 de julio de 1997, a través de
la cual estableció los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas. Manifestó que de la lectura del artículo 1.º de la
Resolución 619 se concluye que no toda actividad que genere olores ofensivos
requiere permiso de emisión atmosférica, lo cual, a juicio del apoderado de la
EMPRESA, también fue advertido por el Consejo de Estado en la sentencia de 14
de septiembre de 2020. Por lo que concluyó que como en las actividades enlistadas
en el Resolución 619 de 1997 no estaba la porcícola ni la de fertilización de suelos
con biol, estas actividades no requieren permiso de emisiones atmosféricas.

77. La EMPRESA afirmó que de ninguno de los pronunciamientos realizados por
CORNARE se desprende la exigibilidad del permiso de emisiones atmosféricas,
máxime cuando su exigibilidad es a priori, esto es, que requiere su obtención antes
del inicio de la actividad.

78. Por su parte, el TRIBUNAL hizo las siguientes consideraciones55:

“[…] en atención a que el artículo 73 del Decreto 948 de 2005, establece que las
actividades generadoras de olores ofensivos requieren de permiso de emisión
atmosférica y según lo dispuesto en Resolución N° 619 del 7 de julio de 1997,
requieren de dicho permiso las indicadas en el artículo 1°, es claro que no toda
actividad generadora de olores ofensivos requiere tal autorización y, por esto,
no hay claridad si para el presente asunto se requiere del permiso de emisión
atmosférica, por lo cual, se dispone que CORNARE realice visita a la granja
Sandra Milena y a la finca La Aldea (donde se fertiliza con porcinaza y/o biol
proveniente de la granja Sandra Milena) para que determine si la actividad
porcícola y de fertilización con porcinaza y/o biol requiere dicho permiso. Lo
anterior, deberá ser realizado en el término máximo de un (1) mes a partir de la
ejecutoria de la sentencia.

En caso de establecerse la necesidad del referido permiso, la sociedad San
José Inversiones S.A.S. deberá efectuar las gestiones necesarias para dicho
permiso en el término de un (1) mes, contado a partir de que CORNARE profiera
dicho concepto. Ante el incumplimiento del trámite del permiso dentro del tiempo
indicado por parte de la sociedad, San José Inversiones S.A.S., esta deberá
suspender sus actividades hasta que se conceda el permiso respectivo […]”.
(Destacado fuera de texto).

55 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
12ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.

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79. El ordinal quinto de la sentencia de 29 de noviembre de 2023 dispuso lo
siguiente56:

“[…] QUINTO: Ordenar a CORNARE efectuar visita a la granja Sandra Milena y a la
finca La Aldea (donde se fertiliza con porcinaza y/o biol proveniente de la granja
Sandra Milena) para que determine si la actividad porcícola y de fertilización con
porcinaza y/o biol requiere permiso de emisión atmosférica de conformidad con
el artículo 73 del Decreto 948 de 2005. Lo anterior, deberá ser realizado en el
término máximo de un (1) mes a partir de la ejecutoria de la sentencia.

En caso de establecerse la necesidad del referido permiso, la sociedad San José
Inversiones S.A.S. deberá efectuar las gestiones necesarias para dicho permiso en el
término de un (1) mes, contado a partir de que CORNARE profiera dicho concepto.
Ante el incumplimiento del trámite del permiso dentro del tiempo indicado por parte
de la sociedad, San José Inversiones S.A.S. deberá suspender sus actividades hasta
que se conceda el permiso respectivo […]”. (Destacado fuera de texto).

80. De lo anterior, la Sala pone de presente que la orden contenida en el primer
inciso del ordinal quinto de la sentencia apelada está dirigida a CORNARE,
atendiendo a que el TRIBUNAL advirtió que “[…] no hay claridad si para el presente
asunto se requiere del permiso de emisión atmosférica, por lo cual, se dispone que
CORNARE realice visita a la granja Sandra Milena y a la finca La Aldea (donde se
fertiliza con porcinaza y/o biol proveniente de la granja Sandra Milena) para que
determine si la actividad porcícola y de fertilización con porcinaza y/o biol requiere
dicho permiso […]”.

81. En este orden de ideas, la Sala considera que carece de sustento el
argumento expuesto por el apoderado de la EMPRESA, en razón a que no es cierto
que el TRIBUNAL haya impuesto la obligación de obtener el permiso de emisión
atmosférica regulado en el artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, sino que,
por el contrario, ordenó a CORNARE que determinara si la actividad porcícola y de
fertilización con porcinaza y/o biol requiere o no el precitado permiso, y solo, en caso
de que la autoridad ambiental así lo determine, corresponderá a la EMPRESA
realizar las acciones necesarias para su obtención.

82. Adicionalmente, esta Sección en sentencia de 14 de septiembre de 202057
consideró lo siguiente:

“[…] la Sala advierte que el literal m) del artículo 73 del Decreto 948 de 1995,
prevé que las actividades generadoras de olores ofensivos requieren permiso
previo de emisión atmosférica. Sin embargo, el parágrafo 1° de la norma ídem
ordenó al Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible) que en los casos como el enunciado en el literal m),

56 Cfr. índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
12ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3 […]”.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre

de 2020, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 66001-23-33-000-2018-00079-01.

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Núm. único de radicación: 05001-23-33-000-2023-00522-01

debía establecer los factores a partir de los cuales se requiera permiso previo
de emisión atmosférica, para lo cual debía tener en cuenta criterios tales como:
“[…] los valores mínimos de consumo de combustibles, los volúmenes de
producción, el tipo y volumen de las materias primas consumidas, el tamaño y la
capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente,
la ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o
actividad, el consumo de los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad
de residuos generados, según sea el caso […]”.

En cumplimiento de lo anterior, el entonces Ministerio del Medio Ambiente,
expidió la Resolución 619 de 7 de julio de 1997, en la que enlistó las actividades
y las características particulares de cada una de ellas que requieren permiso de
emisión atmosférica. Siendo ello así, a juicio de la Sala, resulta claro que no toda
actividad que genere olores ofensivos requiere permiso de emisión
atmosférica, toda vez que dicha autorización solamente se exige para aquellas
labores que reúnan los parámetros establecidos en el artículo 1° de la
Resolución en comento, el cual prevé:

“[…] ARTICULO 1o. Industrias, obras, actividades o servicios que
requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto
en el parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de 1995, las siguientes
industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión
atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos,
gases, vapores, polvos o partículas, provenientes del proceso de producción,
de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de
hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a
continuación se indican […].

Con fundamento en lo precedente, en atención a que en el caso concreto no se
tiene certeza de si la actividad desarrollada por la sociedad accionada
requiere permiso de emisión atmosférica en los términos de la normativa
aplicable, se adicionará la sentencia apelada en el sentido de ordenarle a la
CARDER que efectúe una visita a las granjas “CASTILLA” y “MANAURE” en
los momentos en los que cambian los lotes de pollo y con el manejo de la
pollinaza, con el fin de determinar si la actividad avícola desarrollada por la
sociedad AGROCLAP requiere de dicho permiso; y en caso de que ello sea así,
se le ordenará a la sociedad que en el término de un (1) mes, contado partir del
concepto emitido por la CARDER, efectúe las acciones necesarias tendientes a
obtener el referido permiso. En caso de que AGROCLAP no tramite el permiso en
el término concedido, deberá suspender inmediatamente su actividad hasta tanto
no obtenga la autorización que se exige […]”. (Destacado fuera de texto).

83. Como puede observarse en la transcripción que antecede, esta Sección en
un caso similar y, que fue mencionado en el recurso de apelación, consideró que
ante la falta de certeza respecto a la exigibilidad o no del permiso de emisión
atmosférica en los términos de la normativa aplicable, lo procedente era ordenar a
la autoridad ambiental que efectuara una visita para que determinara la necesidad
del permiso, en los mismos términos en que lo resolvió el TRIBUNAL en la sentencia
proferida en primera instancia.

84. Con fundamento en lo anterior, el argumento expuesto por el apoderado
judicial de la EMPRESA, analizado en este acápite no tiene vocación de
prosperidad.

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Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

85. Atendido a que el TRIBUNAL, en la sentencia apelada, omitió incluir a la
Magistrada Sustanciadora en el comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia, la Sala modificará el ordinal sexto de la parte resolutiva, en el sentido de
incluir a la Magistrada, quien presidirá el comité.

86. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las ordenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

Conclusiones

87. La Sala considera que es necesario modificar el ordinal sexto de la sentencia
proferida, en primera instancia, en el sentido de incluir a la Magistrada
Sustanciadora del TRIBUNAL en el comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia, quien lo presidirá. En lo demás, la Sala confirmará la sentencia proferida
en primera instancia.

88. Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia de 29 de noviembre de
2023 proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará así:

“[…] SEXTO: Ordenar la conformación de un comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia integrado por la Magistrada Sustanciadora del TRIBUNAL, quien lo
presidirá; la parte demandante; la empresa San José Inversiones S.A.S; el municipio
de Marinilla; la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare-
CORNARE; y el Ministerio Público.

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Núm. único de radicación: 05001-23-33-000-2023-00522-01

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones
que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las
ordenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 29 de noviembre de 2023
proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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