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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00551-01

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2019-00551-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el ordinal 3.1.2. de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así: 3.1.2 Efectuar en el transcurso de un mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, visita a las bodegas de AGROSAN SAS ubicadas en Guayabito Bajo del municipio de Santa Rosa de Cabal en los momentos en los que se encuentre el subproducto cárnico almacenado y en los momentos de ingreso, almacenamiento y salida del subproducto de la bodega, con el fin de determinar si la actividad desarrollada por la sociedad AGROSAN requiere de permisos de emisión atmosférica en los términos Resolución 619 de 7 de julio de 1997; y en caso positivo, se le ordenará a la sociedad que en el término de un (1) mes, contado partir del concepto emitido por la CARDER, efectúe las acciones necesarias tendientes a obtener el referido permiso. En caso de que AGROSAN no tramite el permiso en el término concedido, deberá suspender inmediatamente su actividad hasta tanto no obtenga la autorización que se exige, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 39 Núm. único de radicación: 660012333000201900551-01 SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el numeral 4.º de la sentencia de 17 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así: “[…] 4. Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Risaralda, quien lo presidirá; la demandante o quien haga sus veces en calidad de Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira; un delegado del Municipio de Santa Rosa de Cabal y de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER; un represente de la Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. – AGROSAN S.A.S. y el Procurador Judicial núm. 37 en Asuntos Administrativos de la ciudad de Pereira […]”. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2019-00551-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 660012333000201900551-01
Actora: Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER y
Municipio de Santa Rosa de Cabal
Vinculada: Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. – AGROSAN S.A.S.1
Coadyuvante: Cotty Morales Caamaño2

Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER contra la sentencia de 17 de marzo de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira presentó
demanda3 en ejercicio del respectivo medio de control contra la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda –CARDER y el Municipio de Santa Rosa de Cabal

1
El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Risaralda profirió auto de 26 de noviembre de 2019
mediante el cual vinculó al proceso de la referencia a la Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. –
AGROSAN S.A.S. Cfr. Indice 21, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21 NUR:
660012333000201900551-00.
2
El Magistrado Sustanciador profirió auto de 20 de abril de 2021 en el trámite de la audiencia de pacto de
cumplimiento en el que aceptó la intervención de la señora Cotty Morales Caamaño en calidad de coadyuvante
de la parte demandante. Cfr. Índice 33 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
22_022ACTAAUDIENCIAPACTO(.PDF) NroActua 21.
3
Cfr. Indice 21, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21 NUR: 660012333000201900551-00.

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2

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con el objeto de obtener la protección del derecho e interés colectivo al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Sírvanse señores Magistrados declarar amenazado y vulnerado el derecho
colectivo al goce de un ambiente sano por la generación de olores ofensivos por
las actividades realizadas en las bodegas de almacenamiento de huesos en el
Barrio Guayabito Bajo de Santa Rosa de Cabal.

2. Sírvanse señores Magistrados declarar que los responsables de la amenaza y
afectación al derecho colectivo al goce de un ambiente sano son: el Municipio de
Santa Rosa de Cabal- Risaralda y la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda - CARDER, por haber omitido el cumplimiento de las obligaciones que
en relación a este tipo de amenazas debían ejercer, contempladas en la Ley 99
de 1993, la Ley 1801 de 2016 y las resoluciones 1541 de 2013 y 2087 de 2014
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Sírvanse señores Magistrados ordenar que en consecuencia de la anterior
declaración, el Municipio de Santa Rosa de Cabal - Risaralda y la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda - CARDER realicen todas las actuaciones
tendientes a evitar que continúe la amenaza y vulneración de los derechos
colectivos invocados. En consecuencia, ordenar a la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER- que de manera inmediata disponga de los
recursos técnicos y humanos requeridos y de cumplimiento a las resoluciones
1541 de 2013 y 2087 de 2017 (sic) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para el adecuado trámite de las quejas por olores ofensivos, así como
por parte del municipio aplicar el procedimiento para la imposición de medidas
correctivas en el marco de la Ley 1801 de 2016, de tal manera que la actividad
realizada por AGROSAN deje de generar olores ofensivos que afectan el derecho
a gozar de un ambiente sano a la comunidad vecina del barrio Guayabito Bajo del
municipio de Santa Rosa de Cabal. […]”4.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Afirmó que la comunidad del sector de Guayabito Bajo del Municipio de Santa
Rosa de Cabal ha denunciado la contaminación ambiental como consecuencia del
funcionamiento de las bodegas de almacenamiento de huesos o planta de
tratamiento de huesos de la Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. –
AGROSAN S.A.S., tal como consta en el derecho de petición de 15 de marzo del
20195.

4
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21. NUR
660012333000201900551-00.
5
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21 NUR
660012333000201900551-00.

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3

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3.2. Adujo que en atención a las quejas presentadas por los vecinos del sector la
Procuraduría requirió a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER
mediante oficio núm. PJAA-28-2595 de 10 de abril de 2019 con el objeto de que se
realizara una visita de verificación de las condiciones ambientales en la precitada
empresa y, de ser procedente, se impusieran medidas preventivas o se iniciara el
proceso sancionatorio ambiental.

3.3. Expuso que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER actuó
de manera renuente y solamente hasta el día 17 de julio de 2019 mediante oficio
núm. 11376 manifestó que para dar aplicación a la Resolución núm. 1541 del 2013
de 12 de noviembre de 20136, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la autoridad ambiental requería de personal con el que en ese momento
no contaba, por lo que precisó que se encontraba adelantando gestiones
contractuales para suplir esa necesidad de personal, sin indicar plazo alguno para
llevar a cabo el proceso de contratación.

3.4. Informó que requirió al Municipio de Santa Rosa de Cabal, entidad que
mediante oficio núm. 140.00.05.02-1251 de 13 de junio de 2019 suscrito por la
Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, informó que la solicitud fue remitida al
señor Juan Carlos Meza, Inspector Rural de Policía para que se adelanten desde
esa dependencia las investigaciones y actuaciones que considere pertinentes.

3.5. Aseguró que también requirió al precitado funcionario mediante el oficio PJAA-
28-2865 de 8 de julio de 2019, sin obtener respuesta, a la fecha de presentación de
la demanda.

3.6. Sostuvo que el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano de la comunidad
del barrio Guayabito Bajo del Municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra
amenazado y vulnerado por las omisiones en las que han incurrido el Municipio de
Santa Rosa de Cabal y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER,
al no aplicar los procedimientos establecidos en la Ley 1801 de 29 de julio de 20167
y las Resoluciones 1541 de 2013 y 2087 de 16 de diciembre de 2014 8, expedidas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3.7. Afirmó que mediante providencia de 24 de septiembre de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Risaralda en el trámite de una acción de cumplimiento,

6
“Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”.
7
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
8
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”.

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4

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se instó a la autoridad ambiental a que continuara el proceso de implementación de
las precitadas resoluciones, sin que al momento de presentación de la demanda se
haya verificado el cumplimiento.

Actuaciones en primera instancia

4. El Tribunal profirió auto de 13 de septiembre de 2019 9 en el que resolvió: i)
admitir la demanda; ii) notificar personalmente a la parte demandada, al Defensor
del Pueblo y al Ministerio Público; e iii) informar a los miembros de la comunidad, a
través de un medio masivo de comunicación.

Contestaciones de la demanda

5. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-10 presentó
escrito de 4 de octubre de 2019 mediante el cual contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así:

5.1. Precisó que no ha amenazado ni vulnerado el derecho colectivo invocado en
la demanda y ha cumplido sus funciones mediante la realización de visitas técnicas
a la empresa Agropecuaria San Fernando -AGROSAN S.A.S. en las que pudo
verificar que únicamente se realiza acopio de materiales orgánicos, por lo que a su
juicio, no se evidencia una presunta infracción ambiental ni ha identificado
afectación a los recursos naturales.

5.2. Manifestó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER
expidió la Guía Técnica para la validación de quejas por olores ofensivos aplicando
la NTC 6012-1, en la que se precisó que una vez recepcionada la queja, la autoridad
ambiental emite un concepto técnico, siendo uno de los componentes el informe de
visita, que en el caso de la empresa AGROSAN S.A.S. se concluyó que no existía
infracción ambiental, ni daba lugar a que se activara el Plan de Reducción de
Impacto de Olores Ofensivos -PRIO.

5.3. Expuso que respecto a la bodega de la empresa AGROSAN S.A.S. no se
presentaba ninguno de los eventos previstos en la Resolución núm. 1541, por lo
que la autoridad ambiental no podía imponer la implementación del plan de
contingencia.

9
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 1_001EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21 NUR
660012333000201900551-00.
10
Mediante apoderada judicial. Cfr. Ver folios 24 y 25 del archivo denominado expediente digital.

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5

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5.4. Sostuvo que la parte actora no aportó pruebas que demuestren la existencia
de molestias respiratorias padecidas por los vecinos de la empresa AGROSAN
S.A.S.

5.5. Afirmó que corresponde a la empresa AGROSAN S.A.S. implementar el Plan
de Reducción de Impacto por Olores Ofensivo –PRIO- de acuerdo con su actividad.

6. El Municipio de Santa Rosa de Cabal11 presentó escrito de 30 de octubre
de 2019 mediante el cual contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas. Adicionalmente, manifestó que no existe ninguna responsabilidad de la
entidad territorial en la presunta vulneración del derecho colectivo invocado, toda
vez que se trata de una actividad que realiza un particular.

7. La Agropecuaria San Fernando -AGROSAN SAS-12 presentó escrito de 1.º
de julio de 2020 mediante el cual contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

7.1. Señaló que no es posible determinar la responsabilidad de la empresa puesto
que no existe un criterio objetivo que determine si está vulnerando el derecho e
interés colectivo o si la afectación se presenta por factores externos13.

7.2. Sostuvo que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER
realizó visitas técnicas los días 10 y 29 de mayo de 2019, sin que identificara
infracciones ambientales ni afectación a los recursos naturales.

7.3. Indicó que la empresa ha desarrollado múltiples acciones tendientes a evitar
impactos que puedan derivarse de la actividad realizada como la formulación y
presentación voluntaria del Programa de Reducción de Impacto por Olores
Ofensivos –PRIO y la implementación de medidas de control y un seguimiento
periódico a las instalaciones para contribuir con el mejoramiento de las condiciones
ambientales en el sector.

7.4. Manifestó que “[…] hasta el momento no se cuenta con una medición de
calidad del aire asociada a olores como línea base para determinar el impacto de la

11
Mediante apoderado judicial.
12
Mediante apoderado judicial. Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial,
7_007CONTESTACIONAGROSAN2(.PDF ) NroActua 21 NUR 660012333000201900551-00.
13
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 7_007CONTESTACIONAGROSAN2(.PDF ) NroActua 21NUR
660012333000201900551-00.

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actividad realizada por AGROSAN S.A.S. en la comunidad de Guayabito Bajo,
Municipio de Santa Rosa de Cabal […]”14.

7.5. Señaló que el Municipio de Santa Rosa de Cabal debe adoptar las medidas
establecidas en la Resolución núm. 1541 de 2013 para la ejecución de actividades
que mejoren la calidad del aire y realizar un seguimiento y aplicación de las medidas
correspondientes frente a la sociedad AGROSAN S.A.S., respecto a la actividad de
almacenamiento de subproductos cárnicos.

Otras actuaciones

8. El Tribunal llevó a cabo la audiencia especial de pacto de cumplimiento el 20
de abril de 202115, la cual se declaró fallida por falta de acuerdo entre las partes.

Sentencia proferida, en primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia el 17 de marzo de
202216, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] 1. DECLÁRANSE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES, propuestas por las
entidades demandadas, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de este
fallo.

2. DECLÁRASE VULNERADO EL DERECHO COLECTIVO al goce de un ambiente
sano, ante la omisión de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER y
la Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. – AGROSAN SAS, para ejercer las
acciones pertinentes para evitar la generación de olores ofensivos por las actividades
realizadas en las bodegas de almacenamiento de subproductos cárnicos en el Barrio
Guayabito Bajo del municipio de Santa Rosa de Cabal.

3. ORDENÁSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO COLECTIVO al goce de un
ambiente sano para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la Sociedad Agropecuaria San
Fernando S.A.S. – AGROSAN SAS deberán efectuar las siguientes actuaciones:

3.1. Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER:

3.1.1 Implementar en forma completa la Resolución No. 1541 del 12 de noviembre de
2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se establecen
los niveles permisibles de calidad del aire o inmisión, el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras
disposiciones”, y efectuar el control, seguimiento y aplicación de las medidas
correspondientes frente a la Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. –
AGROSAN SAS, respecto de la actividad de almacenamiento de subproductos
cárnicos, ubicadas en el barrio Guayabito Bajo del Municipio de Santa Rosa de Cabal,
en relación con la generación de olores ofensivos, todo con el fin de impartir órdenes
correctivas hacía AGROSAN S.A.S. y en consecuencia controlar al máximo los olores

14
Ídem.
15
Cfr. Índice 21, Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
22_022ACTAAUDIENCIAPACTO(.PDF) NroActua 21.
16
Cfr. Indice 2 del Sistema de Gestion Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_SENTENCIA(.pdf) NroActua
2.

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ofensivos ocasionados en la zona. Para tal efecto, la entidad dispone de un término
máximo de CUATRO (4) MESES, a partir de la notificación de la presente sentencia,
conforme lo argumentado en la parte motiva.

3.1.2 Efectuar en el transcurso de un mes, contado a partir de la notificación de esta
providencia, visita a las bodegas de AGROSAN SAS ubicadas en Guayabito Bajo del
municipio de Santa Rosa de Cabal en los momentos en los que se encuentre el
subproducto de cárnico almacenado, con el fin de determinar si la actividad
desarrollada por la sociedad AGROSAN requiere de permisos de emisión atmosférica
en los términos Resolución 619 de 7 de julio de 1997; y en caso positivo, se le
ordenará a la sociedad que en el término de un (1) mes, contado partir del concepto
emitido por la CARDER, efectúe las acciones necesarias tendientes a obtener el
referido permiso. En caso de que AGROSAN no tramite el permiso en el término
concedido, deberá suspender inmediatamente su actividad hasta tanto no obtenga la
autorización que se exige, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

3.1.3 Así mismo, una vez la CARDER determine que AGROSAN debe tramitar el
permiso de emisión atmosférica, deberá notificar dicho concepto al municipio de
Santa Rosa de Cabal en un plazo que no podrá excede (sic) los 10 días, contados a
partir de su expedición, con el fin de que el ente territorial pueda ejercer su función
policiva y de protección del medio ambiente para garantizar el funcionamiento de las
bodegas con los permisos al día, de acuerdo a lo sustentado en la parte considerativa
de esta sentencia.

3.2 Municipio de Santa Rosa de Cabal:

3.2.1 Una vez la CARDER determine si AGROSAN requiere de permisos de emisión
atmosférica y dicho concepto sea notificado al municipio de Santa Rosa de Cabal en
los términos descritos en el numeral 3.1.3 de esta providencia, el ente territorial debe
garantizar el funcionamiento de las bodegas con los permisos al día y en caso
negativo deberá de imponer las sanciones legales que ello conlleva, en razón a su
función policiva y de protección al medio ambien (sic), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

3.3 Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. – AGROSAN SAS:

3.3.1 Implementar en lo de su competencia, la Resolución No. 1541 del 12 de
noviembre de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento
para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras
disposiciones”. Además, deberá realizar las actividades que la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER le señale y en el plazo otorgado por la autoridad
ambiental, tendientes a la disminución de los efectos generadores de olores
ofensivos, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
sentencia.

4. Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual
estará integrado por la demandante o quien haga sus veces en calidad de
Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, un delegado del municipio
de Santa Rosa de Cabal y de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, un represente de la Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. –
AGROSAN SAS, el Procurador Judicial No. 37 en Asuntos Administrativos de la
ciudad de Pereira y esta corporación judicial.

5. Sin costas en esta instancia. […]”.

Consideraciones del Tribunal

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10. El Tribunal se refirió a las pruebas que obran en el expediente y solucionó
los problemas jurídicos en los siguientes términos:

Usos del suelo en la zona donde se ubica la bodega de AGROSAN S.A.S.

11. Consideró que de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente la
bodega de la empresa AGROSAN S.A.S. se encuentra ubicada en zona suburbana
y rural, por lo que concluyó que funciona en un lugar permitido por el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa Rosa de Cabal.

Vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano

12. El Tribunal expuso los fundamentos constitucionales del derecho colectivo al
goce de un ambiente sano y consideró que en el caso concreto se vulneró el
precitado derecho colectivo al encontrar probada en el plenario la existencia de
olores ofensivos. Adicionalmente, fundamentó su decisión, entre otras razones, en
la sentencia proferida por esta Sección el día 13 de junio de 201917.

13. El Tribunal precisó que, aunque los olores ofensivos no son permanentes, sí
generan un efecto perjudicial en el medio ambiente, por lo que, a su juicio, resulta
necesario que las emisiones se sujeten a los parámetros que prevé la Resolución
núm. 1541 de 2013.

14. El Tribunal consideró que debido a que la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda -CARDER no ha implementado en su jurisdicción la Resolución núm.
1541 de 2013, no ha sido posible mitigar el impacto ambiental generado por la
empresa AGROSAN S.A.S. y, en consecuencia, concluyó que se ha vulnerado el
derecho colectivo al goce de un ambiente sano.

15. El Tribunal concluyó que la sociedad AGROSAN S.A.S. no ha implementado
en sus bodegas el Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos -PRIO
regulado en la Resolución núm. 2087 de 201418, habiendo sido presentado desde
el 9 de julio de 2019 ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -
CARDER.

16. El Tribunal consideró que si bien no existe una prueba técnica en el
expediente que demuestre la cuantificación de los olores ofensivos generados por
la empresa AGROSAN S.A.S., se encuentra probado en el expediente que la

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de
2019, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 680012333000201500962-01.
18
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”.

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Núm. único de radicación: 660012333000201900551-01

empresa al formular el Programa de Reducción de Impactos por Olores Ofensivos -
PRIO, afirmó que si se presentaban olores de manera discontinua, lo cual sucede
mientras se realiza la actividad de acopio para luego trasladar el material a la planta
de la empresa ubicada en el Municipio de Amagá, en el Departamento de Antioquia.

17. Adicionalmente, el Tribunal precisó que de conformidad con lo previsto en la
Resolución núm. 1541 no se requiere probar la contaminación atmosférica con una
prueba técnica, toda vez que ese requisito solamente se exige respecto de las
actividades sometidas a permisos de emisiones para determinar el cumplimiento de
los niveles de calidad de aire o de inmisión por mezclas de sustancias generadoras
de olores ofensivos, lo cual está a cargo del generador y no de la comunidad
afectada.

18. De la misma manera, el Tribunal destacó que tampoco era necesario que se
probara un daño a la salud humana, toda vez que la normativa ambiental define los
olores ofensivos como aquellos generados por sustancias o actividades industriales,
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud
humana.

Omisión por parte del Municipio de Santa Rosa de Cabal

19. El Tribunal considero que no había razones para declarar que el Municipio
de Santa Rosa de Cabal ha omitido el cumplimiento de sus funciones, hasta tanto
la autoridad ambiental defina si la empresa AGROSAN S.A.S. requiere permiso de
emisión atmosférica.

Recurso de apelación

20. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER presentó
escrito el día 23 de marzo de 202219 por medio del cual interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con base
en los siguientes argumentos:

Primer argumento: la actividad de acopio de materiales orgánicos no está
prevista en la Resolución 1541 de 2013

20.1. Afirmó que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER
realizó visita técnica a la empresa AGROSAN S.A.S. y evidenció que únicamente y

19
Cfr. índice 28 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
38_038RECURSOAPELACIONCARDER(. pdf) NroActua 28.

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exclusivamente se dedica al “[…] acopio de materiales orgánicos, de lo cual se pudo
concluir que no se da ninguno de los tópicos que se relacionan en la norma citada
anteriormente, ya que, allí no funciona ninguna planta de producción donde se
realicen procesos térmicos de deshidratación, descomposición, manufactura o
transformación de la materia prima que se almacena […]”.

20.2. Adujo que la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER
expidió la guía técnica para la validación de quejas por olores ofensivos en la que
se prevé un procedimiento que tiene como uno de sus componentes, la visita de
campo, la cual fue practicada por funcionarios de la autoridad ambiental a la
empresa AGROSAN S.A.S., quienes conceptuaron que no se estaban realizando
procesos de transformación de materias primas que implicara la activación del Plan
para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos -PRIO. Razón por la cual, la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER no impuso medidas
preventivas ni dio inicio a procesos sancionatorios.

Segundo argumento: inexistencia de afectación al medio ambiente

20.3. Adujo que no ha existido infracción ambiental ni afectación a los recursos
naturales y que tampoco obran pruebas que permitan concluir que los olores que
produce la planta de tratamiento hayan causado alguna afectación a los ciudadanos.

20.4. Afirmó que la Corporación ha dado cumplimiento a sus funciones como
autoridad ambiental y no ha vulnerado los derechos colectivos invocados.

20.5. Sostuvo que las órdenes impartidas en la sentencia son innecesarias toda
vez que la CARDER realizó visitas a la empresa AGROSAN S.A.S., ha emitido
conceptos técnicos, recomendaciones, y concluyó que la empresa no debía tramitar
el permiso de emisión atmosférica por no tener actividades de transformación de
materias primas.

Concesión del recurso de apelación

21. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Risaralda profirió
auto de 26 de abril de 202220 mediante el cual concedió, en efecto devolutivo, el
recurso de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER contra la sentencia, de primera instancia.

20
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CONCEDE(.pdf) NroActua 2.

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Actuaciones en segunda instancia

22. El Despacho sustanciador profirió auto de 1.º de agosto de 2022 21 mediante
el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – CARDER contra la sentencia de 17 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

23. Los sujetos procesales no presentaron pronunciamiento sobre el recurso de
apelación y el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

24. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial en materia de Derecho
Ambiental; v) el marco normativo y jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los principios
de prevención y precaución en materia ambiental; vii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial sobre la regulación de la emisión de olores ofensivos; viii)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez popular;
y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

25. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201922, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el 15023 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.

21
Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACIO N(.pdf) NroActua 4.
22
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
23
En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.

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26. Vistos los artículos 32024 y 32825 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201226,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
• CARDER.

27. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

28. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

28.1. Si está probada en el expediente la amenaza o vulneración al derecho
colectivo al goce de un ambiente sano por la emisión de olores ofensivos como
consecuencia de la actividad de acopio de subproductos cárnicos realizada por la
sociedad AGROSAN S.A.S.

28.2. Si el juez popular está facultado para impartir las órdenes de protección del
derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, tendiente a ordenar a la
autoridad ambiental que realice las actuaciones necesarias para dar cumplimiento
a la Resolución núm. 1541 de 2013, en el sentido de que la empresa AGROSAN
S.A.S. ajuste las emisiones que produce a los niveles permisibles de calidad del
aire.

29. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 17 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

24
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
25
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
26
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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30. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

31. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

32. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

33. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

34. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”27.

35. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial en materia de Derecho
Ambiental

36. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre los
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

37. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas (i) como un derecho de las personas, (iii) un servicio público
y, (iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

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38. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en
la Ley 23 de 19 de diciembre de 197328 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197429, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

39. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano

40. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.

41. La Corte Constitucional30 ha resaltado la importancia del medio ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,

28
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
29
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
30
H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.

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el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los principios de prevención
y precaución en materia ambiental

42. El principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio
17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual
“[…] deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente
haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la
decisión de una autoridad nacional competente […]”.

43. Es menester recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone
al Estado la obligación de prevenir los factores de deterioro ambiental; así las cosas,
al igual que el principio de precaución, el principio de prevención está señalado en
la Ley 99, principalmente por la remisión que efectúa el numeral 1 del artículo 1.º,
norma según la cual “[…] el proceso de desarrollo económico y social del país se
orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en
la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo […]”, postulado que también se manifiesta en el numeral 7 ibidem cuando
se refiere al principio de “quien contamina paga” al prever que “[…] el Estado
fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos
económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y
para la conservación de los recursos naturales renovables […]”.

44. La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 201531 se refirió al principio
de prevención definiéndolo en los siguientes términos:

“[…] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o
minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con
independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de
otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias,
administrativas o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que
el daño se produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido,
en nuestros días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo
curativo) sino que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio
de prevención en uno de los grandes principios estructurales de este sector del
derecho internacional público. La finalidad o el objeto último del principio de

31
Corte Constitucional. Sentencia C-449/15. Referencia: Expediente D-3748. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, numeral 6 (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3 (parcial),
de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Demandante: Ricardo Vanegas Sierra.
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, 23 de abril de 2002.

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Núm. único de radicación: 660012333000201900551-01

prevención es, por tanto, evitar que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual
se deben adoptar medidas preventivas’.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial
de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la
acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al
flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una
determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible
conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha
de determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda
adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el
principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta […]”.
(Destacado de la Sala).

45. Así las cosas, el principio de prevención abarca los supuestos en los cuales
el estado del conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que
sobre el medio ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es
necesario el despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se
concrete el riesgo o el daño previo a que ocurran.

Diferencia entre los principios de prevención y precaución

46. Una vez examinado el marco normativo y jurisprudencial de los principios de
prevención y precaución y las medidas previstas en el ordenamiento jurídico para
proteger el medio ambiente, la Sala analizará las diferencias de ambos postulados
superiores, aspectos que han sido abordados por la Corte Constitucional y esta
Corporación previamente.

47. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-703 de 201032,
haciendo alusión a la sentencia C-293 de 2002, expuso los elementos que deben
concurrir para invocar el principio de precaución y las diferencias entre este y el
principio de prevención, indicando inicialmente que “[…] Tratándose de daños o de
riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que
tendrá sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad,
de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el
riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de
evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se
materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental
o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la

32
Corte Constitucional, Sentencia C-703/10. Referencia: Expediente D-8019. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47,
48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan
otras disposiciones”. Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, 6 de septiembre de 2010.

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posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente […]”.

48. A continuación, la Corte Constitucional destaca que “[…] El previo
conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso
del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la
magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con
anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los
efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son
nocivos […]”.

49. Esta diferencia sustancial entre ambos principios ha sido reiterada por la
Corte Constitucional en sentencia sentencias C-595 de 2010, T-080 de 2015, T-
1077 de 2012, y C-166 de 2015.

50. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado33, precisó:

“[…] A diferencia del principio de prevención, llamado a operar en ámbitos en los
cuales se tiene claridad y certeza respecto de los impactos o implicaciones
ambientales de una determinada actividad, producto o proceso, de manera que
resulta imperioso anticipar, evitar o mitigar sus efectos nocivos sobre los
ecosistemas, el principio de precaución tiene como característica habilitar la
toma de decisiones en escenario de incertidumbre ocasionada por la
complejidad propia de la acción que se desarrolla en ámbitos técnicos o
científicos. Es, entonces, un mecanismo que busca impedir la parálisis de las
autoridades frente a la ausencia de certezas respecto de las eventuales
consecuencias negativas de una actividad, producto o proceso prima facie
legítimo, así como la falta de resultados efectivos en la evitación de daños de
la aplicación convencional de los instrumentos de policía administrativa
contemplados para la generalidad de las situaciones reguladas por el Estado.
En últimas, como establece el numeral 6 del artículo 1 de la ley 99 de 1993, de
conformidad con este principio, “cuando exista peligro de daño grave e irreversible,
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.
En esta misma línea, el Preámbulo de la CDB hace referencia a este principio,
señalando que “cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la
diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas
como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa
amenaza”. También apuntan en esta dirección el principio 15 de la Declaración de
Río sobre el medio ambiente y el desarrollo153 34, el artículo 3.3 de la Convención

33
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de
2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número 88001-23-31-000-2011-00011-01(AP).
34
Corresponde a la cita núm. 153 del texto original que señala: “[…] PRINCIPIO 15. Con el fin de proteger el
medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente […]”.

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Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático35 y el artículo 6 del Acuerdo
sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones
de peces transzonales y las poblaciones de peces migratorios, adoptado el 14 de
agosto de 1995. […]” (Destacado de la Sala).

51. De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, se puede señalar que el
principio de precaución se aplica en los casos en los que no existe certeza científica
absoluta acerca de que una determinada actividad conlleve consecuencias
negativas para el medio ambiente -incertidumbre científica-, habilitando a la
autoridad correspondiente para adoptar medidas tendientes a evitar que se concrete
un eventual daño y para verificar si estamos en presencia de la aplicación de este
principio se deben reunir tres (3) requisitos, a saber: i) la existencia de peligro de
daño que sea grave e irreversible; ii) la existencia de un principio de certeza
científica así esta no sea absoluta y iii) las medidas que se adopten deben atender
a los criterios de eficacia y proporcionalidad en función de impedir la degradación
del medio ambiente.

52. En ese orden de ideas, el principio de precaución no opera ante cualquier
categoría de daño, sino de aquel detrimento de gran impacto y relevancia, cuyos
efectos nocivos impidan que el bien jurídico protegido retorne a su condición
anterior, es por ello que es calificado como grave e irreversible.

53. De igual manera, la aplicación de este principio implica que no exista el
desarrollo suficiente de la ciencia para conocer sin asomo de duda la existencia o
no de un daño potencial al medio ambiente; no obstante, la Sala aclara que la falta
de certeza científica absoluta se torna relativa, en la medida que está sometida al
desarrollo científico, es decir, pueden presentarse dos supuestos: por un lado, que
el avance de la ciencia desvirtúe la existencia del riesgo o la ocurrencia del daño
que en un estado previo del conocimiento se tenían como consecuencias ciertas de
la ejecución de una actividad específica o, por otro, la evolución científica revele la
amenaza o los perjuicios de una actividad o situación particular que antes se
consideraba inofensiva, lo que implica que los límites entre los principios de
precaución y prevención no siempre son precisos.

35
Corresponde a la cita núm. 154 del texto original que señala: “[…] Artículo 3. Principios: Las Partes, en las
medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre
otras cosas, por lo siguiente:
(…)
3. Las Partes deberán tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del
cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no deberá
utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta
que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberán ser eficaces en función de los costos
a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberán tener
en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y
depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos
para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas […].

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54. La gravedad del daño determinará las medidas que deben implementarse
para mitigarlo las cuales están sujetas a los criterios de proporcionalidad y eficacia,
esto es, deben tener la virtualidad de producir el efecto deseado y su
implementación responder al impacto negativo sobre el medio ambiente.

55. A su turno, el principio de prevención se manifiesta en el supuesto según el
cual sí es posible conocer con certeza científica el daño grave e irreversible que
alguna actividad en particular provoque al medio ambiente de tal manera que la
autoridad respectiva pueda adelantar las medidas necesarias antes de que el riesgo
o el daño ciertos se materialicen, ello para evitar o mitigar esos efectos nocivos.

56. Así las cosas, en el evento en que el desarrollo científico descubra los efectos
nocivos de una actividad frente a la cual no existía certeza científica previa de ellos,
se realiza una metamorfosis jurídica del principio de precaución al principio de
prevención.

57. En ese sentido, el principio de precaución es un principio de acción en la
medida que está orientado a obligar la actuación inmediata para limitar los riesgos
hipotéticos o potenciales, a través de la adopción de medidas severas de protección
al medio ambiente mientras que el principio de prevención se enfoca en controlar
los riesgos probados.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la regulación de la emisión
de olores ofensivos

58. Vistos: i) el artículo 2.º de la Constitución Política, sobre los fines esenciales
del Estado, especialmente el que se refiere a servir a la comunidad y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución; ii) los
artículos 8.º y 73 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 197436, sobre la
contaminación del aire como factor que deteriora el medio ambiente y, sobre la
obligación de mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o
daños, o interfieran en el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y
de los recursos naturales renovables; iii) el artículo 5.º de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 1993, sobre las funciones del Ministerio del Medio Ambiente,
especialmente los numerales 11 y 25, sobre la función de dictar regulaciones de
carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones atmosféricas,
en todo el territorio nacional, y establecer los límites máximos permisibles de

36
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”.

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emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, respectivamente.

59. Vistos los siguientes artículos del Decreto 1079 de 26 de mayo de 2015 37: i)
el artículo 2.2.5.1.1.1, sobre el objeto del Reglamento de Protección y Control de la
Calidad del Aire, especialmente, en lo relacionado con la fijación de normas básicas
sobre la emisión de olores ofensivos; ii) el artículo 2.2.5.1.1.2. que define la
sustancia de olor ofensivo como “[…] aquella que por sus propiedades
organolépticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores
desagradables […]”; iii) el artículo 2.2.5.1.3.4. que prohíbe el funcionamiento de
establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales y asigna,
entre otros, a las Autoridades Ambientales competentes y, en especial, a los
Municipios determinar las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y
restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores
ofensivos; y iv) el artículo 2.2.5.1.7.2., especialmente el literal m y el parágrafo 1.º,
sobre el requisito de permiso de emisión atmosférica para las actividades
generadoras de olores ofensivos y la competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para establecer los factores a partir de los cuales se requiere
el precitado permiso, teniendo en consideración, entre otros criterios, el riesgo para
la salud humana y el riesgo ambiental inherente.

60. Vistas las Resoluciones núms.: i) 909 de 5 de junio de 200838; sobre
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas;
ii) 1541 de 12 de noviembre de 201339, sobre las reglas para la recepción de quejas,
los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión y la evaluación de las
emisiones de olores ofensivos; iii) 2087 de 16 de diciembre de 2014 40, sobre el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos; y iv) 2254 de
1.º de noviembre de 201741, que establece la norma de calidad del aire o nivel de
inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio
nacional, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

37
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
38
“Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera
por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”.
39
“Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”.
40
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”.
41
“Por a cuál se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”.

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61. Esta Sección profirió sentencia de 13 de junio de 2019 en la que se resolvió
un caso similar al que ocupa la atención de la Sala.

62. En esa oportunidad la Sala conoció en sede de apelación de una demanda
presentada por un grupo de ciudadanos en ejercicio de la acción popular contra el
Municipio de Bucaramanga, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga -CDMB, el Área Metropolitana de Bucaramanga y
algunas sociedades comerciales, con miras a obtener la protección de los derechos
colectivos: i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; y ii) el derecho a la seguridad
y salubridad pública, con ocasión de los olores ofensivos producidos por un conjunto
de empresas que desarrollan actividades industriales en la Zona Industrial de
Bucaramanga y por la falta de control por parte de las autoridades ambientales.

63. La Sala consideró lo siguiente42:

“[…] [L]a Resolución 1541 de 2013, “por la cual se establecen los niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento para la evaluación de actividades
que generan olores ofensivos”, al igual que otras regulaciones indicadas en la sección
X.7., define olor ofensivo como “el olor generado por sustancias o actividades
industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño
a la salud humana”.

Resulta evidente que una interpretación literal y aislada de lo que la ley define como
un olor ofensivo, no necesariamente conduce a verificar la vulneración de un derecho
colectivo. Por el contrario, la idea de concederle prioridad, sin más, a las sensaciones
de “fastidio”, “molestia” o “incomodidad” generadas en un grupo de personas con
ocasión del ejercicio de un derecho ajeno, sí entraña el peligro de adoptar medidas
desproporcionadas en relación con la garantía de otros bienes jurídicos que también
son importantes para el ordenamiento jurídico.

Así pues, a efectos de que el operador jurídico pueda constatar la perturbación de
derechos colectivos por cuenta la emisión de sustancias constitutivas de olores
ofensivos, la ley propuso dos normas o estándares de evaluación y emisión43 de
ese tipo de olores. El primero de ellos consiste en la fijación de umbrales de
tolerancia44 establecidos mediante pruebas estadísticas. Y el segundo refiere a
los niveles permisibles de calidad del aire. Valga precisar que este segundo criterio
presta utilidad como parámetro de evaluación, tanto para los niveles de inmisión45 de

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de
2019, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 68012333000201500962-01.
43
“Emisión. Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna
combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil”.
44
“Umbral de tolerancia. Para efectos de la presente resolución, el umbral de tolerancia es el nivel permisible
de calidad del aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos”.
45
“Inmisión. Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por inmisión a la
acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera.
Límite de inmisión. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, corresponde al valor de inmisión que
se deberá alcanzar en las zonas residenciales del área de afectación como consecuencia de la emisión
generada por la actividad generadora de olores ofensivos”.

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sustancias y mezclas de sustancias de olores ofensivos46, como para las
modelaciones de las mediciones directas de emisiones47.

En conclusión, olor ofensivo no es solamente aquel que produce fastidio, sino el que,
además, violenta las normas o estándares de evaluación y emisión correspondientes.
En este evento las autoridades y los particulares están avocados a adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar el recurso aire. Empero, la Sala aclara que
esta tesis no es obstáculo para que tanto autoridades como particulares desplieguen
las acciones adecuadas en caso de que se demuestre que los olores ofensivos
representan una amenaza cierta contra la salud o la vida humana, animal o vegetal,
los recursos naturales renovables, el patrimonio natural o la diversidad biológica.

La tesis anteriormente expuesta tampoco significa que se le esté dando prioridad al
desarrollo por sobre la protección y conservación de la biodiversidad. Como se
advirtió en el capítulo X.5., debe haber un equilibrio entre desarrollo y conservación,
por ello la ley ha fijado unas normas o estándares, a partir de los cuales se puede
determinar cuándo un olor ofensivo se torna insostenible por el uso irracional del
recurso natural renovable – aire.

En efecto, una interpretación sistemática de la regulación de contaminación
atmosférica por olores ofensivos conlleva a concluir que los olores ofensivos no se
acreditan con meras manifestaciones de “fastidio” realizadas por un colectivo de
personas, toda vez que, en aras del respeto por el ejercicio de los derechos ajenos –
en este caso, el de libertad de empresa- dicho concepto: olor ofensivo – fastidio,
requiere ser demostrado mediante alguno de los estándares de carácter objetivo
establecidos por la ley.

XI.3.2. La Resolución 2087 de 2014, por la cual se “adopta a nivel nacional el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]”, en su
capítulo introductorio, indica que:

“La aplicación de la Resolución 1541 de 2013 se realizará con base en la siguiente
secuencia:

1) presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;

2) evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;

3) requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;

4) implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y

5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos.

[…]”. [Subraya la Sala].

La Sala destaca que la aplicación excesivamente rigurosa de este instrumento
normativo puede conllevar a que el derecho sustancial sea puesto en detrimento, so
pretexto de la observancia de las reglas de carácter adjetivo. Sin duda, este proceder
ha sido proscrito por el ordenamiento jurídico colombiano48. Con base en esta

46
“Sustancia de olor ofensivo. Es aquella que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de
exposición puede causar olores desagradables”.
47
Decreto 948 de 1995, artículos 5.º y 16.
Resolución 1541 de 2013, artículos 1.º, 7.º y 16.
48
Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 228.

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premisa, se proponen los siguientes criterios hermenéuticos para tener en cuenta a
la hora de aplicar las resoluciones 1541 de 2013 y 2087 de 2014.

En primer lugar, es de anotar que las quejas por olores ofensivos no constituyen un
parámetro objetivo de evaluación y emisión de ese tipo de olores, toda vez que las
mismas corresponderían a la pura percepción sensorial puesta de manifiesto por
cualquier ciudadano.

Como pudo observarse en el acápite X.7., la queja por olores ofensivos está diseñada
para que la autoridad ambiental la analice y, si hay lugar, disponga de sus poderes
jurídicos en aras de verificar, técnicamente: los umbrales de tolerancia frente a olores
ofensivos mediante el criterio estadístico; y/o los niveles permisibles de calidad del
aire, mediante las evaluaciones de inmisión y/o de emisión de sustancias constitutivas
de olores ofensivos. Todo esto, se reitera, con el fin último de garantizar el debido
ejercicio de los derechos de la colectividad.

En la búsqueda del amparo de sus derechos, es muy probable que la colectividad se
encuentre en una posición de desventaja en atención a las eventuales dificultades
que le significaría valerse de los elementos técnicos requeridos por la ley para efectos
de demostrar que su “fastidio”, “molestia” o “incomodidad” se traduce, objetivamente,
en el desconocimiento de alguna de las normas o estándares de olores ofensivos.

De allí que la Sala destaque que la herramienta jurídica queja por olor ofensivo, no
puede suponer la imposición de la carga a los ciudadanos de constituir la prueba
técnica de contaminación, sea mediante el criterio estadístico o en la modalidad de
desconocimiento de los niveles permisibles de calidad del aire. Por ello, es
fundamental que las autoridades ambientales, ante las informaciones relativas a
olores ofensivos, defina con prontitud y de conformidad con el ordenamiento, si los
mismos se encuentran o no dentro de los límites permisibles.

En conclusión, la queja se constituye como el llamado de atención pronunciado por
los ciudadanos con el fin de que la autoridad ambiental determine si las normas o
estándares de evaluación y emisión de olores ofensivos están siendo o no
desconocidos y, en consecuencia, precise si los derechos colectivos están siendo o
no vulnerados.

El estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la magnitud de los olores
ofensivos percibidos por la comunidad, propiciado por la autoridad ambiental so
pretexto del cumplimiento litúrgico de la Resolución 2087 de 2014, sin duda lleva
implícito la posibilidad de perturbación de, entre otros, el derecho a gozar de un
ambiente sano. En ese caso, la acción popular se torna procedente en su modalidad
de daño contingente, es decir que, ante aquella afectación respecto de la cual no se
tiene certeza de su acaecimiento pasado o futuro, en relación con un hecho
potencialmente perjudicial, es deber del juez de la acción popular adoptar las medidas
adecuadas para eliminar el riesgo al que estarían sometidos los derechos colectivos
(finalidad preventiva -apartado X.2.-)49.

En segundo lugar, la encuesta estandarizada no puede ser considerada como un
presupuesto para convalidar las quejas por olores ofensivos, toda vez que, como se
ha venido sosteniendo, el mismo Decreto 948 de 1995 dispuso que dicho instituto es
un criterio objetivo para constatar el desconocimiento de las normas o estándares de
evaluación y emisión de olores ofensivos.

Ley 472 de 1998, artículos 5.° y 17.
49
Ley 472 de 1998, artículos 2.°, 9.° y 14.
La acción popular es el instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la acción popular le
asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas dirigidas a evitar el daño contingente
(finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se
presente contra los mismos (finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya
consumado el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en tanto sea
posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado anterior (finalidad restitutiva).

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En tal virtud, los resultados de la encuesta son determinantes para que la autoridad
ambiental adopte medidas definitivas en torno a la mitigación de los olores ofensivos
y, por supuesto, para el amparo de los derechos colectivos. Dichas medidas, pueden
variar entre la evaluación de los niveles permisibles de calidad del aire, la exigencia
del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos –PRIO-, o cualquiera
otra contenida en el ordenamiento.

La aplicación del precepto normativo según el cual, sólo será procedente la
evaluación de los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión de olores
ofensivos cuando se establezca el incumplimiento del PRIO, en el caso concreto,
significó durante un período el desconocimiento de los postulados de orden legal y
constitucional dirigidos a la protección del derecho al goce del medio ambiente sano
(X.7.), en tanto que el hecho de haber omitido el deber legal de realizar las respectivas
mediciones, hubiera prolongado de manera totalmente injustificada el estado de
vulneración de los derechos colectivos invocados.

Además de la implicación mencionada, la aplicación de la disposición referida también
supuso un proceder ineficiente desde el punto de vista de la coherencia del sistema
normativo en relación con sus objetivos, en la medida en que la autoridad ambiental
le impuso a algunas de industrias que operan en el sector afectado, la obligación de
diseñar un Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos –PRIO-, sin
siquiera saber, antes que nada, si ello era realmente necesario, en atención a la
incertidumbre de ese entonces sobre si el impacto de las actividades
correspondientes era o no jurídicamente admisible.

A juicio de la Sala, resulta irracional haber intentado resolver algo respecto de lo cual
se desconocía si verdaderamente era un problema. Ahora que se sabe que sí es un
problema y que a grandes rasgos también se conoce su dimensión, habrán de
reevaluarse las medidas contenidas en los PRIO que fueron aprobados, a efectos de
replantear de mejor manera la estrategia para que los olores ofensivos que se
producen en la zona industrial de Bucaramanga se ajusten a los niveles jurídicamente
permitidos.

Finalmente, debe destacarse que la aplicación de las medidas contempladas en la
Resolución 1541 de 2013 o cualquiera otra, tampoco puede estar condicionada al
nivel de abstracción referido en la Resolución 2087 de 2014. Es deber de la autoridad
ambiental analizar el caso concreto de contaminación atmosférica por olores
ofensivos, y de acuerdo a los niveles de afectación que arroje la encuesta o la
evaluación, adoptar todas las medidas (ordenación del PRIO o su modificación,
evaluación de niveles permisibles de calidad del aire u otras), en simultánea o en el
orden y los tiempos que se considere más adecuado, para efectos de conjurar la
situación de perturbación de derechos por olores ofensivos […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

64. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, el cual establece “[…] La
sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer
definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o

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el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante. […]”.

65. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 50, ha
considerado sobre los poderes del juez popular, “[…] resulta de gran importancia
precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se
ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de 1998 / Artículo 144
Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de
1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de
no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley
472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados,
como lo exige el artículo 88 constitucional. […]. Ciertamente, en la sentencia que
ampara los derechos colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que,
conforme a la situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para
obtener la protección de dichos derechos. […]. Lo anterior guarda coherencia con
el artículo 2º de la Constitución Política al establecer que “las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”. (Destacado incluido en el texto).

Análisis del caso concreto

66. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

50
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, Sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 21 de agosto de 2020, proceso
identificado con el número único de radicación 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia de 15 de mayo de
2014, proceso identificado con el número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).

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67. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida,
en primera instancia, el 17 de marzo de 2022.

Solución a los problemas jurídicos

68. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.

Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente

69. Escrito de fecha 26 de marzo de 2019 mediante el cual los habitantes del
sector de Guayabito Bajo del Municipio de Santa Rosa de Cabal presentaron queja
ante la Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-, en relación con
la supuesta afectación al medio ambiente que generan las bodegas de
almacenamiento de huesos que funcionan en el sector51.

70. Copia del oficio núm. 6991 de 7 de mayo de 2019 suscrito por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- en el que indica a la accionante que
“[…] [P]or motivo de ajustes en la programación de vehículos y en la asignación de
profesionales de apoyo para la atención de la presente solicitud, se programara vista
(sic) técnica para el día 10 de Mayo de 2019 con el propósito de responder a las
inquietudes relacionadas en el radicado CARDER 3794/2019, el cual cita en su
referencia “solución de problemática ambiental generada por bodegas de
almacenamiento de huesos” en el sector de Guayabito Bajo […]”.

71. Copia del acta de visita realizada por la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER el día 29 de mayo de 2019 a la empresa AGROSAN S.A.S. en
la que se indicó que se evidenciaba el acopio de materiales orgánicos en cuartos
fríos, se precisó que del “nivel de olores no se tienen control”, que al momento de la
visita no se percibieron olores ofensivos y se requirió a la empresa para que allegara
concepto de uso del suelo52.

51
Cfr. Expediente Digital. Archivo denominado: 2_002EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21.
52
Cfr. Folio 34 del archivo denominado expediente digital.

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72. Copia del oficio núm. 8839 del 31 de mayo de 2019, a través del cual el
Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda -CARDER-, informa53:

“[…] [E]l acta de visita CARDER 27718 del 10 de mayo de 2019 en el sitio de interés
ambiental AGROSAN SAS ubicado en el Barrio Guayabito Bajo con coordenadas N
4° 54 29" W 75° 37 37,9" del municipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) identificó
la actividad de almacenamiento de orgánicos (subproductos de origen animal), en la
visita se identificó que no existe tratamiento de subproductos.

La identificación de actividades de almacenamientos de orgánicos en un contenedor
con capacidad de 15 a 20 toneladas con potenciales impactos al agua, suelo y/ olores,
por tanto, fue solicitado de manera inmediata el concepto de uso del suelo conforme
por parte del municipio de Santa Rosa de Cabal, el generador de la actividad informó
que no lo disponía y lo solicitaría oficialmente al municipio.

Se aclara que el uso del suelo conforme es el primer filtro solicitado por la entidad
para poder solicitar requerimientos legales, no disponer de uso del suelo, la CARDER
en la competencia legal, trasladará al municipio la obligatoriedad de control con el
establecimiento, se advierte que solicitar requerimientos ambientales sin certeza del
uso del suelo, es una manera indirecta de documentar las actividades sin cumplir con
la jerarquía legal del orden del territorio.

[…]

Para la autoridad Ambiental resulta complejo el ejercicio de control en fuentes que
cuentan con uso conforme de suelo en una ubicación inadecuada, las
administraciones luego de otorgar uso conforme para actividades industriales en
lugares inapropiados acuden a la autoridad ambiental para buscar límite a las mismas
industrias ya" en funcionamiento, o el caso contrario, otorgan usos residenciales en
cercanías a zonas industriales previamente consolidadas.

Consideramos que esta situación se convirtió en una problemática estructural
originada por las administraciones municipales, de difícil solución mientras los POT
no logren determinar con argumentos técnicos y de manera previa la adecuada
ubicación de emisores y receptores de difícil coexistencia.

Se recuerda que los alcaldes municipales, tienen la función de establecer reglas y
criterios sobre protección del aire y dispersión de contaminantes en el ordenamiento
ambiental del territorio (Función asignada a los Municipios en el decreto 1076 del año
2015 MADS).

Con base en la reiteración por parte de la PROCURAURIA sobe (sic) el requerimiento
del día 24 de mayo de 2019 (PJAA-28-2716), se programó una segunda visita al
establecimiento AGROSAN SAS, la visita se ejecutó el día 29 de mayo de 2019 y el
acta de visita CARDER No 27722 nuevamente observó la actividad de
almacenamiento de orgánicos en cuartos fríos (contenedor), se reportó que el
almacenamiento cubre orgánicos de hueso, sebo, desperdicios de carnes de res,
cerdo, pescado con capacidad de 20 toneladas, los cuales se almacenan de manera
transitoria en cuarto frio y posteriormente se trasladan a una planta ubicada en el
municipio de amagá (Antioquia).

[…]

Se realizó nueva visita del día 29 de mayo de 2019, con el criterio técnico y subjetivo
del evaluador, carente de metodologías, no se considera viable como prueba para
proceder a la imposición de medidas, además la denuncia por calidad del aire se

53
Cfr. Ver folio 13 y siguientes del archivo denominado: 2_002EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21.

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descarta la presencia de procesos generadores de gases por combustión. Ante la
expedición de la resolución número 1541 de 2013 que establece niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión de sustancias de olores ofensivos, deberán
afrontarse las acciones institucionales mediante la Norma Técnica Colombiana NTC
6012-1 “Efectos y evaluación de los olores. Evaluación psicométrica de las molestias
por olores. Cuestionarios” y la Implementación del plan, evaluación y seguimiento
permanente por parte de la autoridad ambiental competente para actividades
generadoras para tres parámetros definidos para: Azufre Total Reducido (TRS),
Sulfuro de hidrógeno (H2S) y Amoníaco (NH3). La resolución 2087 de 2014 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó el Protocolo para el Monitoreo,
Control y Vigilancia de olores ofensivos, el cual establece los procedimientos para el
análisis y evaluación de las quejas, la evaluación de las emisiones de olores ofensivos
por sustancias o mezclas de sustancias, así como las especificaciones generales para
la medición, lo cual amerita el desarrollo de un esquema de trabajo de la Corporación
de aplicación no inmediata.

[…]

En la revisión de permisos ante la CARDER no se encontró ningún derecho ambiental
a la empresa AGROSAN SAS, por esta razón la solicitud del uso del suelo conforme
es la herramienta directa de solicitud de permisos y de no tenerlos se procederá
acorde con la Ley 1333 de 2009.

[…]

Hoy no se tienen pruebas técnicas de afectaciones (ambientales y salud) y al no tener
registro de derechos ambientales, no se han impuesto medidas ni sancionado al
presunto infractor AGROSAN SAS.

[…]

En materia de residuos, se recomienda al establecimiento, que las canecas que han
contenido los subproductos no se encuentren a la intemperie, estas deben estar
debidamente lavadas y almacenadas en sitio adecuado para el mismo, con el fin de
evitar la proliferación de vectores y olores. Además, se recuerda que los subproductos
de origen animal recolectados, siempre deben estar dentro del cuarto frio, hasta su
traslado a la planta en el departamento de Antioquia […]”.

73. Copia del oficio núm. 11376 de 17 de julio de 2019 suscrito por el Subdirector
de Gestión Ambiental Sectorial de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
-CARDER mediante el cual informa a la parte actora lo siguiente54:

“[…] [R]etomando lo señalado en el oficio 8839-2019 enviado por CARDER, la entidad
indicó que en los días-10 y 29 de mayo del presente año, se realizó visita al
establecimiento denominado AGROSAN S.A;S. localizado en el barrio Guayabito
Bajo del municipio de Santa Rosa de Cabal, identificando que tal establecimiento
corresponde con un centro de acopio de subproductos de origen animal que incluyen
huesos, sebo y desperdicios de carne los cuales se almacenan en cuarto frío para
después ser enviados al municipio de Amagá (Antioquia) para su transformación.

Durante la primera visita, se requirió al usuario presentar el certificado de uso del
suelo con el fin de determinar la compatibilidad de las actividades con las establecidas
para esa zona. El día 09 de julio de 2019 mediante radicado 8796-2019, el usuario
AGROSAN S.A.S. presentó el certificado de concepto de uso del suelo del
establecimiento y, una vez verificada la información, se pudo constatar que la

54
Cfr. Folio 25 del Expediente Digital. Archivo denominado: 2_002EXPEDIENTEDIGITAL(.PDF) N roActua 21.

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actividad que allí se desarrolla es compatible con lo establecido en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial.

En consideración del último requerimiento recibido por parte de la Procuraduría
General de la Nación, con respecto a dar el trámite correspondiente a la petición de
los vecinos del centro de acopio según lo establecido en la resolución 1541 de 2013,
es importante destacar que esta norma establece los niveles permisibles de calidad
de aire y las pautas o metodología para la evaluación de actividades generadoras de
olores ofensivos cuyo fin es el de determinar si una actividad en particular, susceptible
de generar olores ofensivos, amerita la implementación del Plan para la Reducción
del impacto por Olores Ofensivos y Plan de Contingencia - PRIO, el cual es una
herramienta diseñada con el fin de prevenir la generación de olores ofensivos a través
de buenas prácticas o mejoras técnicas.

La metodología señalada en la resolución 1541 de 2013 junto con la resolución 2087
de 2014 que establece el Protocolo para Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores
Ofensivos permite determinar de manera objetiva la existencia real de una afectación
por olores ofensivos a través de actividades de muestreo, aplicación de encuestas
estandarizadas con base en la NTC 8012-1, análisis estadísticos de la información y
estructuración del informe técnico concluyente, lo que implica la conformación de un
equipo de trabajo con personal con experiencia en la realización de encuestas y con
conocimiento normativo.

Frente a lo anterior, dado que la entidad, no cuenta con personal suficiente para
abordar completamente la metodología descrita en la ley, dará inicio a las gestiones
contractuales que sean necesarias para dar aplicabilidad a la norma señalada para el
caso de AGROSAN S.A.S. […]”.

74. Copia del oficio de 3 de julio de 2019 a través del cual AGROSAN SAS,
indica55:

“[…] [D]urante los pasados días 19, 29 de mayo y 26 de junio del año en curso, se
realizaron visitas por parte de la corporación a nuestro centro de acopio ubicado en
el sector de Guayabito del municipio de Santa Rosa de Cabal, para las debidas
inspecciones relacionadas a una queja de olor por parte de la comunidad.

De esta manera, y comprometidos con el cumplimiento a sus solicitudes, nos
permitimos enviar anexo el permiso de uso del suelo del predio donde nos
encontramos ubicados y adicionalmente, el plan de reducción de impacto por olores
ofensivos – PRIO, reglamentado por la Resolución 1541 de noviembre del 2013.

Finalmente, es importante dar claridad, de que el centro de acopio sirve de punto de
transbordo o transición a la recolección de nuestras materias primas, pero no se
realiza ningún proceso productivo o de transformación de las mismas. La planta
productiva tiene su sede en la vereda Piedecuesta del municipio de Amagá, Antioquia
[…]”.

75. Copia del Plan de Reducción de Impacto de Olores – PRIO presentado por
AGROSAN S.A.S56, en el que se indicó, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] [L]a causa principal de la generación de olores ofensivos puede darse por daño
o pérdida de energía en el sistema de refrigeración de la cava; para esto se cuenta
con un cronograma de mantenimiento de las dos unidades.

55
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 7_007CONTESTACIONAGROSAN2(.PDF ) NroActua 21NUR
660012333000201900551-00.
56
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 7_007CONTESTACIONAGROSAN2(.PDF ) NroActua 21NUR
660012333000201900551-00.

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[…]

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Reducir el nivel de posibles olores generados hacía el exterior.
• Eliminar las molestias en la comunidad vecina, manifestada en quejas recibidas.
• Validar el plan de trabajo con la autoridad ambiental, para sí proceder a implementar
lo propuesto, en los plazos estipulados.
• Ejecutar el 100% del cronograma anual de mantenimiento e inspección de unidades
de refrigeración […]”.

76. Copia del concepto de uso del suelo rural de 4 de junio de 2019, expedido
por la Secretaría de Planeación Municipal de Santa Rosa de Cabal, del cual se
destaca: “[…] [E]l predio en mención se encuentra en zona suburbana 200 metros
después del retiro vial y rural el resto del predio de uso agrícola debe cumplir con
carril de desaceleración para su acceso aprobado por la ANI para cualquier
construcción debe tener la respectiva licencia de construcción según lo indicado
anteriormente y permisos ambientales ante la CARDER y requisitos de Ley según
la actividad a realizar […]”.

77. Inspección y mantenimiento de sistema séptico realizada por Biosépticos –
Soluciones Ambientales a los sistemas sépticos ubicados en el Km 5 vía a
Manizales saliendo de Santa de Rosa de Cabal. Sector Guayabito, en el cual se
realizan algunas recomendaciones en materia de vertimientos, sin que se observen
aspectos relevantes en asuntos relacionados con emisiones atmosféricas 57.

78. Copia de certificación expedida por la empresa Tu Baño S.A.S. sobre los
residuos líquidos entregados por la empresa Agropecuaria San Fernando S.A.S.,
que corresponden al pozo séptico de la Planta ubicada en el sector Guayabito del
Municipio de Santa Rosa de Cabal.

79. Documento denominado “Guía Técnica de campo para encuestadores en
atención de quejas por olores ofensivos”, elaborada por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER58.

80. Documento denominado “Guía Técnica validación de quejas por olores
ofensivos aplicando la NTC 6012-1”, elaborada por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER59.

57
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 7_007CONTESTACIONAGROSAN2(.PDF ) NroActua 21NUR
660012333000201900551-00.
58
Cfr. Folio 35 en adelante del archivo denominado Expediente Digital.
59
Cfr. Folio 41 en adelante del archivo denominado Expediente Digital.

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81. La Sala considera que con las pruebas mencionadas supra es posible
concluir lo siguiente:

82. La comunidad del barrio Guayabito Bajo en el Municipio de Santa Rosa de
Cabal ha manifestado la existencia de olores ofensivos como consecuencia de la
actividad de acopio de subproductos cárnicos que realiza la empresa AGROSAN
S.A.S.

83. La parte actora realizó múltiples requerimientos a la autoridad ambiental para
que ejerciera sus funciones de control sobre la afectación al derecho colectivo al
goce del ambiente sano, como consecuencia de la emisión de olores ofensivos
producidos por la actividad que realiza la empresa AGROSAN S.A.S.

84. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER realizó visitas
técnicas a la mencionada empresa en las que, a su juicio, no existían razones para
iniciar procesos sancionatorios ambientales y solamente exigió la presentación del
concepto del uso del suelo, sin que se observen en el expediente pruebas realizadas
por la autoridad ambiental tendientes a medir las emisiones producidas por la
empresa. En este punto, es pertinente advertir que la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER le corresponde como autoridad ambiental ejercer
las funciones de control y evaluación ambiental y, adicionalmente, está en mejores
condiciones para verificar técnicamente que la empresa AGROSAN S.A.S. no esté
vulnerando el derecho colectivo invocado.

85. La Sala observa que las pruebas allegadas al expediente permiten evidenciar
que la autoridad ambiental no ha realizado los controles de emisión atmosférica
requeridos para determinar la ocurrencia de la contaminación ambiental por causa
de emisión de olores ofensivos, en el caso concreto. A esta conclusión se llega,
entre otras pruebas, al revisar el acta de visita realizada por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -CARDER el día 29 de mayo de 2019 a la empresa
AGROSAN S.A.S. en la que se indicó que se evidenciaba el acopio de materiales
orgánicos en cuartos fríos y se precisó que del “nivel de olores no se tiene control”.

86. En el mismo sentido, se evidencia en el oficio núm. 8839 del 31 de mayo de
2019, a través del cual el Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-, sostuvo que:

“[…] [S]e realizó nueva visita del día 29 de mayo de 2019, con el criterio técnico y
subjetivo del evaluador, carente de metodologías, no se considera viable como
prueba para proceder a la imposición de medidas, además la denuncia por calidad

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del aire se descarta la presencia de procesos generadores de gases por combustión.
Ante la expedición de la resolución número 1541 de 2013 que establece niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión de sustancias de olores ofensivos,
deberán afrontarse las acciones institucionales mediante la Norma Técnica
Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores. Evaluación psicométrica
de las molestias por olores. Cuestionarios” y la Implementación del plan, evaluación
y seguimiento permanente por parte de la autoridad ambiental competente para
actividades generadoras para tres parámetros definidos para: Azufre Total Reducido
(TRS), Sulfuro de hidrógeno (H2S) y Amoníaco (NH3). La resolución 2087 de 2014
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó el Protocolo para el
Monitoreo, Control y Vigilancia de olores ofensivos, el cual establece los
procedimientos para el análisis y evaluación de las quejas, la evaluación de las
emisiones de olores ofensivos por sustancias o mezclas de sustancias, así como las
especificaciones generales para la medición, lo cual amerita el desarrollo de un
esquema de trabajo de la Corporación de aplicación no inmediata […]”. (Destacado
de la Sala).

87. Adicionalmente, la Sala destaca que en el oficio núm. 11376 de 17 de julio
de 2019 suscrito por el Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER se informó lo siguiente:

“[…] [E]n consideración del último requerimiento recibido por parte de la Procuraduría
General de la Nación, con respecto a dar el trámite correspondiente a la petición de
los vecinos del centro de acopio según lo establecido en la resolución 1541 de 2013,
es importante destacar que esta norma establece los niveles permisibles de
calidad de aire y las pautas o metodología para la evaluación de actividades
generadoras de olores ofensivos cuyo fin es el de determinar si una actividad
en particular, susceptible de generar olores ofensivos, amerita la
implementación del Plan para la Reducción del impacto por Olores Ofensivos y
Plan de Contingencia - PRIO, el cual es una herramienta diseñada con el fin de
prevenir la generación de olores ofensivos a través de buenas prácticas o
mejoras técnicas.

La metodología señalada en la resolución 1541 de 2013 junto con la resolución
2087 de 2014 que establece el Protocolo para Monitoreo, Control y Vigilancia de
Olores Ofensivos permite determinar de manera objetiva la existencia real de
una afectación por olores ofensivos a través de actividades de muestreo,
aplicación de encuestas estandarizadas con base en la NTC 8012-1, análisis
estadísticos de la información y estructuración del informe técnico
concluyente, lo que implica la conformación de un equipo de trabajo con
personal con experiencia en la realización de encuestas y con conocimiento
normativo.

Frente a lo anterior, dado que la entidad, no cuenta con personal suficiente para
abordar completamente la metodología descrita en la ley, dará inicio a las
gestiones contractuales que sean necesarias para dar aplicabilidad a la norma
señalada para el caso de AGROSAN S.A.S […]”.

88. En este punto, resulta pertinente recordar los criterios expuestos por esta
Sección respecto de la aplicación de la Resolución núm. 1541 de 2013 60, referidos
supra:

“[…] [E]n primer lugar, es de anotar que las quejas por olores ofensivos no constituyen
un parámetro objetivo de evaluación y emisión de ese tipo de olores, toda vez que las

60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de
2019, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 68012333000201500962-01.

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mismas corresponderían a la pura percepción sensorial puesta de manifiesto por
cualquier ciudadano.

Como pudo observarse en el acápite X.7., la queja por olores ofensivos está
diseñada para que la autoridad ambiental la analice y, si hay lugar, disponga de
sus poderes jurídicos en aras de verificar, técnicamente: los umbrales de
tolerancia frente a olores ofensivos mediante el criterio estadístico; y/o los
niveles permisibles de calidad del aire, mediante las evaluaciones de inmisión
y/o de emisión de sustancias constitutivas de olores ofensivos. Todo esto, se
reitera, con el fin último de garantizar el debido ejercicio de los derechos de la
colectividad.

En la búsqueda del amparo de sus derechos, es muy probable que la colectividad se
encuentre en una posición de desventaja en atención a las eventuales dificultades
que le significaría valerse de los elementos técnicos requeridos por la ley para efectos
de demostrar que su “fastidio”, “molestia” o “incomodidad” se traduce, objetivamente,
en el desconocimiento de alguna de las normas o estándares de olores ofensivos.

De allí que la Sala destaque que la herramienta jurídica queja por olor ofensivo,
no puede suponer la imposición de la carga a los ciudadanos de constituir la
prueba técnica de contaminación, sea mediante el criterio estadístico o en la
modalidad de desconocimiento de los niveles permisibles de calidad del aire. Por ello,
es fundamental que las autoridades ambientales, ante las informaciones
relativas a olores ofensivos, defina con prontitud y de conformidad con el
ordenamiento, si los mismos se encuentran o no dentro de los límites
permisibles.

En conclusión, la queja se constituye como el llamado de atención pronunciado por
los ciudadanos con el fin de que la autoridad ambiental determine si las normas
o estándares de evaluación y emisión de olores ofensivos están siendo o no
desconocidos y, en consecuencia, precise si los derechos colectivos están
siendo o no vulnerados.

El estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la magnitud de los olores
ofensivos percibidos por la comunidad, propiciado por la autoridad ambiental so
pretexto del cumplimiento litúrgico de la Resolución 2087 de 2014, sin duda lleva
implícito la posibilidad de perturbación de, entre otros, el derecho a gozar de un
ambiente sano. En ese caso, la acción popular se torna procedente en su
modalidad de daño contingente, es decir que, ante aquella afectación respecto
de la cual no se tiene certeza de su acaecimiento pasado o futuro, en relación
con un hecho potencialmente perjudicial, es deber del juez de la acción popular
adoptar las medidas adecuadas para eliminar el riesgo al que estarían
sometidos los derechos colectivos (finalidad preventiva -apartado X.2.-)61.

En segundo lugar, la encuesta estandarizada no puede ser considerada como un
presupuesto para convalidar las quejas por olores ofensivos, toda vez que, como se
ha venido sosteniendo, el mismo Decreto 948 de 1995 dispuso que dicho instituto es
un criterio objetivo para constatar el desconocimiento de las normas o estándares de
evaluación y emisión de olores ofensivos […]”.

89. La Sala considera que si bien es cierto la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda -CARDER ha realizado visitas técnicas a la empresa AGROSAN

61
Ley 472 de 1998, artículos 2.°, 9.° y 14.
La acción popular es el instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la acción popular le
asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas dirigidas a evitar el daño contingente
(finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se
presente contra los mismos (finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya
consumado el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en tanto sea
posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado anterior (finalidad restitutiva).

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S.A.S., la autoridad ambiental no ha aplicado la metodología prevista en la
normativa ambiental para realizar mediciones de emisiones atmosféricas, lo cual se
evidencia en que la propia Corporación manifestó que se han emitido los informes
de las visitas “[…] con el criterio técnico y subjetivo del evaluador, carente de
metodologías […]”.

90. Esto permite a la Sala concluir que la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER, no ha cumplido su función de control como autoridad
ambiental respecto a la empresa AGROSAN S.A.S., toda vez que no verificó
técnicamente los umbrales de tolerancia frente a olores ofensivos, mediante el
criterio estadístico y/o los niveles permisibles de calidad del aire, y a partir de
evaluaciones de inmisión y/o emisión de sustancias constitutivas de olores
ofensivos.

91. En referencia al argumento expuesto por la Corporación en el recurso de
apelación, referido a la inaplicación de la Resolución núm. 1541 de 2013 al caso
concreto, por no estar enlistada la actividad realizada por AGROSAN S.A.S. en la
mencionada norma, la Sala destaca que el artículo 2 de la Resolución, sobre ámbito
de aplicación, prevé que “[…] [l]as disposiciones de la presente resolución aplican
a todas las actividades que generen emisiones de olores ofensivos en el
territorio nacional […]” y, en su artículo 5, sobre niveles permisibles de calidad del
aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos, se establecen la
necesidad de tratamiento de, entre otras actividades, las de “[…] [p]rocesamiento
y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos […]”, “[…]
[t]ratamiento térmico de subproductos de animales […]” y “[…] [o]tras actividades
[…]” que generen olores ofensivos62. En ese orden de ideas, se puede concluir que
a la actividad de acopio de subproductos cárnicos, en este caso concreto, le sería
aplicable esta normativa. (Destacado fuera de texto)

92. Asimismo, la Sala destaca que en el documento denominado Plan de
Reducción de Impacto de Olores – PRIO presentado por AGROSAN S.A.S63, en el
que se indicó, entre otras cosas, lo siguiente:

“[…] [L]a causa principal de la generación de olores ofensivos puede darse por
daño o pérdida de energía en el sistema de refrigeración de la cava; para esto se
cuenta con un cronograma de mantenimiento de las dos unidades.

[…]

62
La Resolución define “Olor ofensivo” como “[…] el olor generado por sustancias o actividades industriales,
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud humana […]”.
63
Cfr. Índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, 7_007CONTESTACIONAGROSAN2(.PDF ) NroActua 21NUR
660012333000201900551-00.

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Reducir el nivel de posibles olores generados hacía el exterior.
• Eliminar las molestias en la comunidad vecina, manifestada en quejas
recibidas.
• Validar el plan de trabajo con la autoridad ambiental, para sí proceder a
implementar lo propuesto, en los plazos estipulados.
• Ejecutar el 100% del cronograma anual de mantenimiento e inspección de
unidades de refrigeración […]”. (Destacado de la Sala)

93. La Sala considera que es evidente que la actividad de acopio de
subproductos cárnicos realizada por la empresa AGROSAN S.A.S. genera un riesgo
o amenaza de emisión de olores ofensivos que pueden afectar el medio ambiente y
la salud de las personas que habitan cerca a la empresa, lo cual se desprende de
las pruebas aportadas al proceso y, en especial, de las diversas quejas presentadas
por la comunidad por la generación de olores ofensivos; de la actividad empresarial,
en este caso, relacionada con el acopio de subproductos cárnicos; del riesgo de
pérdida de energía en el sistema de refrigeración de la cava y de la ausencia de
control ambiental por parte de la autoridad correspondiente, en el que se verifique
la aplicación de la metodología de evaluación prevista en la Resolución núm. 1541
de 2013.

94. En ese orden, la Sala considera que, en este caso, es necesario aplicar el
principio de prevención porque, si bien, no existe en el expediente una prueba que
permita concluir con certeza absoluta que se están emitiendo olores ofensivos por
parte de la empresa AGROSAN S.A.S., esa falta de certeza no es de naturaleza
científica o técnica, sino derivada de la omisión de la Corporación en verificar con
fundamento en la metodología prevista en la referida Resolución, los niveles de
emisión atmosférica generados por la empresa.

95. Por ende, en aplicación de este principio, resulta acertado confirmar la orden
para que la autoridad ambiental realice los controles de emisión atmosférica que le
corresponden e inicie los procedimientos conducentes para que la empresa
AGROSAN S.A.S. ajuste las emisiones atmosféricas a los niveles permitidos por la
normativa ambiental y cese la amenaza del derecho colectivo al medio ambiente.

96. Así las cosas, la Sala considera acertado el razonamiento del Tribunal en el
sentido de ordenar la aplicación de la Resolución núm. 1541 de 2013, respecto a la
actividad que realiza la empresa AGROSAN S.A.S., especialmente en lo
relacionado con la metodología de evaluación del cumplimiento de los niveles de
calidad del aire o de inmisión de sustancias o mezclas de sustancias de olores
ofensivos como consecuencia del almacenamiento o acopio de subproductos

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cárnicos que incluyen huesos, sebo y desperdicios de carne, los cuales se
almacenan en sus bodegas.

97. Asimismo, la Sala considera que es necesario que la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda -CARDER practique visitas técnicas periódicas; es decir, no
solamente en el momento en que se encuentre el subproducto cárnico almacenado,
sino también, en el momento en que estos productos ingresan y salen de la bodega,
con el fin de establecer que el traslado de ese material no afecte los derechos e
intereses colectivos, sub examine, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

98. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, dispuso lo siguiente:

“[…] Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el
cual estará integrado por la demandante o quien haga sus veces en calidad de
Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, un delegado del municipio
de Santa Rosa de Cabal y de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER, un represente de la Sociedad Agropecuaria San Fernando S.A.S. –
AGROSAN SAS, el Procurador Judicial No. 37 en Asuntos Administrativos de la
ciudad de Pereira y esta corporación judicial […]”.

99. La Sala considera que debe modificarse el numeral 4.º de la parte resolutiva
de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 17 de marzo
de 2022 en el sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal
deberá presidir el comité de verificación, tal como se precisará en la parte resolutiva
de la sentencia.

Conclusiones

100. La Sala considera que existen pruebas en el expediente que permiten
concluir que se encuentra probada la amenaza del derecho colectivo al goce de un
ambiente sano como consecuencia de la actividad de acopio de subproductos
cárnicos por parte de AGROSAN S.A.S. y por la ausencia de controles técnicos de
emisión atmosférica a cargo de la autoridad ambiental, requeridos para determinar
la ocurrencia de contaminación ambiental por causa de emisión de olores ofensivos,
en el caso concreto.

101. Asimismo, se encuentra probado que a la actividad de acopio de
subproductos cárnicos que realiza AGROSAN S.A.S. en este caso concreto, le es
aplicable la Resolución núm. 1541 de 2013 en la medida en que implica la

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generación de “olores ofensivos”, en los términos sus artículos 2 y 5, según los
cuales “[…] [l]as disposiciones de la presente resolución aplican a todas las
actividades que generen emisiones de olores ofensivos en el territorio nacional […]”
y, en especial, las de procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos
y moluscos, tratamiento térmico de subproductos de animales y otras actividades
generadoras de olores ofensivos.

102. Por lo anterior, se modificará el numeral 3.1.2. de la sentencia proferida, en
primera instancia, por el Tribunal, en el sentido de adicionar la orden para que las
visitas que debe realizar la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER no solamente se practiquen en el momento en que se encuentre el
subproducto cárnico almacenado sino, adicionalmente, en los momentos en que
ingresan y salen los subproductos de la bodega, con el objeto de establecer que el
manejo y acopio de ese material no afecte el medio ambiente por la superación de
los límites permisibles de emisión de olores ofensivos.

103. Asimismo, la Sala modificará el numeral 4.º de la sentencia proferida, en
primera instancia, en el sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del
Tribunal Administrativo de Risaralda debe presidir el Comité de Verificación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el ordinal 3.1.2. de la sentencia proferida el 17 de marzo de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así:

3.1.2 Efectuar en el transcurso de un mes, contado a partir de la notificación de esta
providencia, visita a las bodegas de AGROSAN SAS ubicadas en Guayabito Bajo del
municipio de Santa Rosa de Cabal en los momentos en los que se encuentre el
subproducto cárnico almacenado y en los momentos de ingreso, almacenamiento y
salida del subproducto de la bodega, con el fin de determinar si la actividad
desarrollada por la sociedad AGROSAN requiere de permisos de emisión atmosférica
en los términos Resolución 619 de 7 de julio de 1997; y en caso positivo, se le
ordenará a la sociedad que en el término de un (1) mes, contado partir del concepto
emitido por la CARDER, efectúe las acciones necesarias tendientes a obtener el
referido permiso. En caso de que AGROSAN no tramite el permiso en el término
concedido, deberá suspender inmediatamente su actividad hasta tanto no obtenga la
autorización que se exige, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

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SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el numeral 4.º de la sentencia de 17 de marzo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así:

“[…] 4. Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia,
el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo
de Risaralda, quien lo presidirá; la demandante o quien haga sus veces en calidad
de Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira; un delegado del
Municipio de Santa Rosa de Cabal y de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER; un represente de la Sociedad Agropecuaria San Fernando
S.A.S. – AGROSAN S.A.S. y el Procurador Judicial núm. 37 en Asuntos
Administrativos de la ciudad de Pereira […]”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 17 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Risaralda, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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