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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00435-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00435-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 4 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se dispone: PRIMERO. AMPARAR los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano y el desarrollo sostenible. SEGUNDO: ORDENAR: A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA que, dentro del término de tres (3) meses, adelante y agote el procedimiento previsto en el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 Número único de radicación: 73001 23 33 000 2021 00435 01 Actores: Héctor Julio Guzmán Ospina y Ramiro Valencia Gutiérrez Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087 de 2014), con el fin de que evalúe en términos objetivos las sustancias constitutivas de olores ofensivos emitidas con ocasión de la actividad de producción avícola que se desarrolla en la finca La Gaviota y, conforme a los resultados, adopte las medidas que encuentre necesarias para hacer cesar los hechos que estarían desconociendo la norma de calidad del aire, mitigar los posibles impactos o prevenir cualquier amenaza futura. TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación de esta sentencia, el cual estará integrado por el magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá; por los demandantes; por un delegado del MUNICIPIO DE IBAGUÉ; por un delegado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA; por los señores Agustín Rivera Martínez y María Arnobia Bocanegra Valencia; y por el delegado del Ministerio Público ante dicha Corporación Judicial. CUARTO: INSTAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que, en el marco de sus competencias, determine o clarifique de manera precisa cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para calificar la actividad avícola como agropecuaria tecnificada o de baja densidad en el suelo del sector donde se ubica la finca La Gaviota. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2021-00435-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00435-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: HÉCTOR JULIO GUZMÁN OSPINA Y RAMIRO VALENCIA
GUTIÉRREZ

TESIS: SE DICTAN MEDIDAS PREVENTIVAS DE AMPARO PORQUE,
LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA QUE SE DESARROLLA EN
LA FINCA LA GAVIOTA ESTÁ RELACIONADA CON SUSTANCIAS
CONSTITUTIVAS DE OLORES OFENSIVOS, LO CUAL, POR SUS
ANTECEDENTES, HACE NECESARIO QUE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL ADELANTE Y AGOTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN
EL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE
OLORES OFENSIVOS.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO,
GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS
BIENES DE USO PÚBLICO, Y SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los señores

HÉCTOR JULIO GUZMÁN OSPINA y RAMIRO VALENCIA

GUTIÉRREZ contra la sentencia de 4 de abril de 2024, proferida por

el Tribunal Administrativo del Tolima1.

1 En adelante el TRIBUNAL.

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Número único de radicación: 73001 23 33 000 2021 00435 01
Actores: Héctor Julio Guzmán Ospina y Ramiro Valencia Gutiérrez

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

Los señores HÉCTOR JULIO GUZMÁN OSPINA y RAMIRO

VALENCIA GUTIÉRREZ2, en ejercicio de la acción popular prevista

en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley

472 de 5 de agosto de 19983, presentaron demanda ante el Tribunal

contra el MUNICIPIO DE IBAGUÉ4, la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA5 y los señores AGUSTÍN

RIVERA MARTÍNEZ y MARÍA ARNOBIA BOCANEGRA

VALENCIA, tendiente a que se protegieran los derechos colectivos

al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico,

al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de

uso público y a la seguridad y salubridad públicas.

I.2. Hechos

2 En adelante los accionantes.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante el MUNICIPIO.
5 En adelante CORTOLIMA.

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Manifestó que el territorio de la vereda Ramos y Astilleros, en el

corregimiento de Llanitos del municipio de Ibagué, tiene vocación

agropecuaria y turística, pues allí se cultiva café, banano, plátano,

yuca, maíz, cacao y aguacate, se desarrolla la actividad de ganadería

y se tienen fincas de recreo.

Adujo que los señores María Arnobia Bocanegra Valencia y Agustín

Rivera Martínez construyeron en el predio La Gaviota del referido

sector, unos galpones con capacidad aproximada para 12.000 aves,

en el cual se desarrollan las actividades de cría, engorde, cuidado,

sacrificio y comercialización avícola, desde hace varios años.

Aseguró que las referidas actividades de explotación avícola se

desarrollan “[…] sin permiso ambiental, licencia de construcción y

desconociendo el uso del suelo permitido para la vereda […], no

cumple las condiciones mínimas sanitarias, pues presenta galpones

en mal estado (animales muertos, la descomposición de pollinaza –

gallinaza y el material utilizado para la cama de los pollos […]”.

Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, los habitantes de la

vereda tienen que soportar olores nauseabundos (ofensivos),

circunstancia que trasciende el límite de lo soportable y perturba de

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manera directa la intimidad de los hogares en el sentido de que no

pueden desarrollar sus actividades normales.

Indicó que el mal estado de los galpones atrae roedores, gallinazas,

zancudos e insectos dañinos como la mosca verde, al igual que

genera enfermedades infectocontagiosas como diarrea, infecciones,

fiebre, erupciones en la piel y dolor en el cuerpo, lo cual afecta

especialmente a la población infantil.

Advirtió que los galpones no cuentan con certificación de granja

biosegura por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), motivo

por el cual “[…] las actividades de explotación avícola ponen en riesgo

la sanidad y calidad de los productos (influenza aviar y newcastle)

circunstancia que expone a sus consumidores a graves enfermedades

[…]”.

Sostuvo que los afluentes aledaños a la finca La Gaviota, presentan

un alto grado de contaminación causada por el vertimiento de aguas

residuales y disposición de residuos, como sangre, cloacas, plumas,

pollos muertos y camas que produce la actividad avícola denunciada.

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Informó que CORTOLIMA impuso medida preventiva a los titulares

de la actividad avícola e inició proceso administrativo sancionatorio.

Sin embargo, dicha autoridad ha omitido garantizar los derechos

colectivos alegados, pues no ha clausurado definitivamente el

establecimiento.

Señaló que, asimismo, la Inspección de Policía del corregimiento de

Villa Restrepo de la secretaría de gobierno municipal, no ha dado una

solución a la problemática que aqueja a la comunidad.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos

colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los

demandados, lo siguiente:

“[…] 2.2. Que se ordene al MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
”CORTOLIMA”, el señor AGUSTÍN RIVERA MARTÍNEZ y la señora
MARÍA ARNOBIA BOCANEGRA VALENCIA, cesar en forma
inmediata y definitiva las actividades de explotación avícola (cría,
engorde, cuidado, sacrificio y comercialización) que desarrolla en el
predio La Gaviota de la Vereda Ramos y Astilleros del Corregimiento
de Llanitos de Ibagué Tolima, por no cumplir las condiciones mínimas
sanitarias, no tener permiso ambiental, el uso del suelo para
desarrollar actividades de explotación avícola, ni contar con una
certificación del ICA como granja biosegura.

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2.3. Que se ordene al MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
“CORTOLIMA”, el señor AGUSTÍN RIVERA MARTÍNEZ y la señora
MARÍA ARNOBIA BOCANEGRA VALENCIA, la demolición de la
estructura de galpones construidas en el predio La Gaviota, ubicada
en la Vereda Ramos y Astilleros del Corregimiento de Llanitos de
Ibagué Tolima para el desarrollo de actividades avícolas, por no
contar con licencia de construcción.

2.4. Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, controlar, hacer seguimiento, prohibir y sancionar las
actividades de explotación avícola (cría, engorde, cuidado, sacrificio
y comercialización) en el predio La Gaviota, ubicado en la Vereda
Ramos y Astilleros del Corregimiento de Llanitos de Ibagué Tolima.
[…]”. (Negrilla del texto original).

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO, mediante escrito aportado de forma

extemporánea6, solicitó declarar probadas las excepciones de buena

fe y genérica, pues “[…] ha actuado en derecho al realizar visitas

técnicas en diferentes sectores de la ciudad para de esta forma

programar las obras a ejecutar conforme a las prioridades que

requiera el sistema en la ciudad […]”.

Adujo que no fue posible emitir certificado de uso del suelo del predio

La Gaviota, pues no se aportó su ficha catastral o las coordenadas.

6 Cfr., índice 9 del expediente digital de primera instancia.

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Sin embargo, mediante la demarcación de un radio de acción, se

determinó que el suelo de la zona tiene vocación agropecuaria, donde

no se admite la actividad de sacrificio animal para transformación de

alimentos, pues esta debe corresponder a un suelo de uso industrial.

Manifestó que no es la autoridad causante de la afectación de los

derechos colectivos, pero que tomará acciones inmediatas a fin de

solucionar la situación.

I.4.2.- CORTOLIMA, mediante escrito allegado de forma

extemporánea7, solicitó que se denegaran las pretensiones de la

demanda y que se declararan probadas las excepciones de falta de

legitimación en la causa por pasiva, porque no es competente para

hacer cesar las actividades avícolas y, además, no está demostrada

la amenaza actual y real de los derechos colectivos.

Aseguró que ha venido actuando en estricto cumplimiento de sus

funciones y competencias porque inició el proceso administrativo

sancionatorio ambiental 5733 T-28 contra las personas titulares de

la actividad avícola.

7 Cfr., índice 12 del expediente digital de primera instancia.

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I.4.3.- Los señores Agustín Rivera Martínez y María Arnobia

Bocanegra Valencia, mediante escrito presentado de manera

extemporánea8, se opusieron a las pretensiones de la demanda por

las siguientes razones:

Manifestaron que cuentan con autorización de uso del suelo para la

actividad avícola desde el 21 de agosto de 2014.

Expresaron que, conforme a la Circular 90167 expedida en agosto de

2021 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la

construcción de galpones no requiere de licencia porque están

catalogados como construcciones livianas.

Indicaron que en el predio no se realizan actividades de sacrificio

porque las aves, cuando cumplen su ciclo de engorde, son

comercializadas a diferentes compradores.

Explicaron que la gallinaza es tratada mediante un proceso de

sanitización que concluye en la producción de abono orgánico.

8 Cfr., índice 12 del expediente digital de primera instancia.

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Precisaron que la contaminación de las fuentes hídricas se debe a

desarrollos urbanísticos ilegales y a que en el sector no hay un

sistema de alcantarillado.

Afirmaron que cuentan con certificaciones del ICA y de la Federación

Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) como granja avícola

comercial biosegura.

Reconocieron que, mediante medida preventiva de 2014, retiraron

los porcinos de la finca y desmontaron las instalaciones

correspondientes debido a que se corría el riesgo de tener una

contaminación cruzada por su cercanía con las instalaciones avícolas.

Sin embargo, precisaron que después de que CORTOLIMA verificó

la compatibilidad de la actividad avícola con el régimen del uso del

suelo, dio luz verde para continuar con las mismas.

I.5. Pacto de cumplimiento

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La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió el 3 de junio de

2022, declarándose fallida por la ausencia de una fórmula de acuerdo

entre las partes9.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 4 de abril de 202410, negó las

pretensiones de la demanda pues no se demostró la vulneración de

los derechos colectivos invocados.

Precisó que, conforme al material probatorio, los señores Agustín

Rivera Martínez y María Arnobia Bocanegra Valencia explotan

económicamente el predio rural La Gaviota ubicado en la vereda

Ramos y Astilleros del corregimiento Llanitos de Ibagué desde 1998,

con una granja avícola registrada y certificada sanitariamente por el

ICA como biosegura desde el 2015, cuya certificación fue ratificada

el 1o. de noviembre de 2019.

Indicó que las actividades de cría, engorde, cuidado y

comercialización de pollos es compatible con el uso del suelo rural,

9 Cfr., índice 31 del expediente digital de primera instancia.
10 Cfr., índice 69 del expediente digital de primera instancia.

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según la certificación de 21 de agosto de 2014, expedida por la

Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué.

Adujo que del informe de 8 de febrero de 2022, elaborado por la

corregidora del Corregimiento de Villa Restrepo, evidenció que en la

finca objeto de la demanda: i) se realiza un adecuado proceso de

sanitización al finalizar el proceso de cría y engorde de los pollos; ii)

los desechos son esparcidos en camas con material de cisco y

cascarilla de madera o arroz y, posteriormente, son quemados con

un flameador para, finalmente, ser amontonados, humedecidos y

utilizados como abono; iii) las condiciones sanitarias de la finca son

óptimas, pues no hay problemas de moscas, descomposición de aves

u olores extraños y, además, la actividad tampoco genera

contaminación de aguas pues no hay cauces en la proximidad de los

galpones. En consecuencia, dicha funcionaria no encontró mérito

para iniciar un proceso policivo contra los titulares de la actividad

cuestionada.

Aclaró que el proceso administrativo sancionatorio resuelto por

CORTOLIMA, mediante la Resolución 0866 de 18 de febrero de

2022, refiere a la actividad de cría de cerdos en el 2013, la cual fue

suspendida definitivamente en el predio La Gaviota. Sin embargo, en

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la actualidad no obra alguna investigación o proceso por la actividad

avícola en ese predio, sino tan solo un requerimiento para tramitar

permiso de concesión de aguas.

Destacó que las autoridades locales, ambientales y sanitarias

encargadas del asunto han concluido que la actividad avícola objeto

de la demanda cumple con todos los requerimientos para su

funcionamiento.

Concluyó que la acción no cumplió con el presupuesto de acreditar

una vulneración o amenaza cierta, real, no hipotética, directa e

inminente, concreta y actual contra los derechos colectivos

invocados.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte DEMANDANTE solicitó11 que se revoque la sentencia de

primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos colectivos

alegados y se ordene el cese inmediato y definitivo de las actividades

de explotación avícola en el predio La Gaviota.

11 Cfr., índice 73 del expediente digital de primera instancia.

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Expuso, para el efecto, los siguientes tres argumentos:

1.- Adujo que el Tribunal incurrió en una errada apreciación de la

prueba documental porque la actividad avícola objeto de la

controversia “[…] no corresponde a una labor avícola tradicional

familiar del sector rural clasificada como servicio personal-principal,

sino que ésta es un negocio masivo destinado a explotar

comercialmente el pollo como alimento […]”.

Muestra de lo anterior es el informe de 11 de febrero de 2022,

mediante el cual la corregidora de Villa Restrepo – Ibagué verificó

que en el predio existen dos galpones, cada uno con capacidad para

2.500 aves. En uno de ellos se encontró un lote de aproximadamente

700 pollos, pero los demás habían sido desocupados ocho días antes

de la referida visita de inspección.

Añadió que en el proceso está demostrado que la actividad

desarrollada en el predio consiste en la cría, engorde, cuidado y

comercialización de pollos, por lo cual insistió que se trata de “[…]

un negocio masivo destinado a explotar comercialmente el pollo

como alimento […]”.

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Con base en lo anterior, estimó que las actividades avícolas

desconocen el uso del suelo permitido en la zona, en la que sólo se

permite la labor avícola tradicional familiar.

2.- Manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta que en el informe de

visita de 11 de febrero de 2022, la corregidora de Villa Restrepo: i)

“[…] deja constancia que la capacidad de cada galpón es de dos mil

quinientas (2.500 aves) […]”; y ii) “[…] no permite dilucidar con

certeza si la actividad avícola cumple con todos los requerimientos

para su funcionamiento y determinar la vulneración de los derechos

colectivos […]”.

3.- Mencionó que el Tribunal no valoró los testimonios de los señores

Sandro Vivas Zambrano y José Omar Reyes Guzmán, en virtud de

los cuales “[…] queda al descubierto el mal estado de los referidos

galpones y los olores nauseabundos (ofensivos) que tienen que

soportar todo el día y todos los días sus habitantes […]”.

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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor

magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito

de 11 de agosto de 202512, manifiesta que se declara impedido para

actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto su hermano

JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES se desempeña actualmente

como contratista de CORTOLIMA, entidad que funge como

demandada en la acción popular de la referencia y, además, porque

éste fungió como apoderado de dicha autoridad durante la primera

instancia, por lo que considera que se encuentra incurso en las

causales de impedimento previstas en el numeral 4 del artículo 130

del CPACA y en el numeral 2 del artículo 141 del CGP.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

12 Visible en el índice 14 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.

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Siendo ello así, la Sala observa que las causales de impedimento que

se invocan son las previstas en el numeral 4 del artículo 130 del

CPACA y en el numeral 2 del artículo 141 del CGP, las cuales

disponen:

CPACA:

“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos:

(…)

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de
los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición
de representantes legales o socios mayoritarios de una de las
sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros
interesados […]” (Resaltado fuera del texto).

CGP:

ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de
recusación las siguientes:

[…]

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en
instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o
algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente […]

Respecto de la configuración de la causal prevista en el numeral 4

del artículo 130 del CPACA se colige que para que la misma se

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configure deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco

y 2) que los referidos parientes sean asesores, contratistas,

representantes legales o socios mayoritarios de una entidad pública

que intervenga en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero

interesado.

Así pues, de la causal transcrita y los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los

presupuestos para el efecto, toda vez que su hermano13, el señor

JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES, se desempeña actualmente

como contratista de CORTOLIMA14, entidad demandada en la acción

popular de la referencia.

Ahora, en cuanto a la causal de impedimento prevista en el numeral

2 del artículo 141 del CGP, la Sala se relevará del análisis

correspondiente, toda vez que la causal prevista en el numeral 4 del

artículo 130 del CPACA resulta suficiente para declarar fundado el

13 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,

de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
14 Calidad de contratista en la entidad pública demandada en la acción popular de la

referencia.

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impedimento manifestado por el doctor GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado magistrado y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199815, tiene como

finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de esa clase de derechos.

15 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

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Problemas jurídicos

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de

apelación, a la Sala le corresponde determinar lo siguiente:

i) ¿La actividad avícola que se desarrolla en el predio La Gaviota

desconoce la destinación del uso del suelo del sector?

ii) ¿Existe amenaza de los derechos colectivos invocados debido a

los presuntos olores ofensivos que se generan en los galpones?

IV.1. La compatibilidad de la actividad avícola con los usos del

suelo

Los apelantes afirmaron que el Tribunal apreció de forma incorrecta

la prueba documental referente a la compatibilidad de la actividad

avícola desarrollada en el predio La Gaviota, en relación con el uso

del suelo previsto para ese sector.

A efectos de resolver este cargo, la Sala examinará las certificaciones

de uso del suelo expedidas por la Secretaría de Planeación de Ibagué

en 2014 y 2022, así como el informe de visita levantado por la

corregidora de Villa Restrepo.

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Al respecto, se advierte que el 21 de agosto de 2014, el Grupo del

Plan de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación de

Ibagué expidió el “Concepto de uso a establecimiento comercial -

Cría de Pollos ubicado en la Finca “La Gaviota” – Vereda “Ramos

Astilleros””16, en el que certificó que, conforme al mapa de usos del

suelo rural (RU) del Acuerdo 116 de 200017, el predio en cuestión

hace parte de una zona denominada “Área de suelo con aptitud

agropecuaria media”. Este suelo se caracteriza como de pendientes

moderadas y fuertes, afectadas con erosión ligera a moderada, y

puede ser utilizado en agricultura y ganadería. El siguiente es el

régimen de usos aplicable:

“[…] Uso principal: Actividades agropecuarias con cultivos
permanentes o frutales, rotación de cultivos semestrales con
prácticas de conservación bajo sistemas de labranza mínima,
sistemas pecuarios semiestabulados.

Uso compatible: Vivienda del propietario, trabajadores y
establecimientos institucionales de tipo rural. Equipamientos
Turísticos y recreacionales.

Uso condicionado: Actividades ganaderas no podrán superar el 50%
del área del predio, siembre consecutiva de cultivos semestrales,
tanques piscícolas, vías carreteables, uso de agroquímicos, cultivos
limpios y ganadería extensiva.

Uso prohibido: Ganadería agricultura intensiva bajo métodos de
labranza convencional. Procesos de urbanizaciones y parcelación para
vivienda permanente. […]”. (Subrayado fuera del texto).

16 Cfr., índice 52, folio 7 del expediente digital de primera instancia.
17 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento de Ibagué y se dictan otras
disposiciones”.

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Conforme a la norma mencionada, la Secretaría conceptuó “[…] Que

la actividad pretendida AGROPECUARIA (Cría de pollos), clasificada

como SERVICIO PERSONAL, ES PRINCIPAL (Compatible) con el uso

del suelo rural. […]”. Adicionalmente, aclaró que “[…] NO exonera a

su propietario del lleno de los requisitos contemplados en las normas

vigentes y demás normas que regulan la materia (ART. 23 del

Acuerdo 009), además de los requerimientos solicitados por el

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -

INVIMA […]”.

En atención al Acuerdo 116 de 2000, se observa que la actividad

pecuaria – avícola se previó como un uso permitido en el suelo rural

de Ibagué:

“[…] Artículo 289.- Usos del Suelo en Zona Rural.
Se define la siguiente clasificación de usos para la zona rural y una
reglamentación básica para su implementación y funcionamiento:

Usos Permitidos Definición
Residencial Aquel en el cual las edificaciones se destinan a vivienda
unifamiliar, hasta una vivienda por 3 Has en la zona rural
y 5 viviendas por Ha en la suburbana.
Comercial y de Las edificaciones se utilizan para el intercambio de bienes
Servicios y servicios
Equipamientos Son aquellos usos cuya función es servir de soporte a las
Municipales actividades de la población.
Industria Es aquella destinada a la transformación, elaboración,
Transformadora ensamble y manufactura de productos
Industria Extractiva Entendida como aquella cuya actividad principal consiste
en la explotación y tratamiento de materiales rocosos,
arcillosos, arenosos y en general de los demás recursos

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naturales procedentes de minas subterráneas o a cielo
abierto, canteras y pozos
Industria Pecuaria Cría de especies menores, avicultura, porcicultura y
similares, sacrificio de todo tipo de animales.
Agricultura y Explotación agrícola y pecuaria
Ganadería
Cementerios y Áreas para la disposición y manejo de residuos sólidos y/o
Jardines líquidos.
Cementerios -
Hornos Crematorios
y plantas de manejo
de residuos sólidos
y líquidos
Usos prohibidos Definición
Urbanización Urbanizaciones o vivienda de alta densidad

[…]”. (Subrayado fuera del texto).

Asimismo, el numeral 2 del artículo 290 del Acuerdo 116, precisó que

los únicos usos prohibidos para suelos con aptitud agropecuaria

media (es decir, donde se encuentra el predio La Gaviota) son la

ganadería y agricultura intensiva (mayor al 50% del predio) y la

urbanización para vivienda permanente:

“[…] Artículo 290.- Usos del Suelo en las zonas de explotación
económica en Zona Rural Son: […].

2. Áreas de suelo con aptitud agropecuaria media. Suelos con
pendientes entre moderadas y fuertes, afectados con erosión ligera a
moderada, pueden ser utilizados en agricultura y ganadería,
especializadas en el Mapa de Uso y Ocupación del territorio rural.

Uso principal: Actividades agropecuarias con cultivos
permanentes o frutales, rotación de cultivos semestrales con
prácticas de conservación bajo sistemas de labranza mínima,
sistemas pecuarios semi - estabulados.

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Uso compatible: Vivienda del propietario, trabajadores y
establecimientos institucionales de tipo rural. Equipamientos
Turísticos y recreacionales.

Uso condicionado: Actividades ganaderas no podrán superar el 50%
del área del predio, siembra consecutiva de cultivos semestrales,
tanques piscícolas, vías carreteables, uso de agroquímicos, cultivos
limpios y ganadería extensiva.

Uso prohibido: Ganadería agricultura intensiva bajo métodos de
labranza convencional. Procesos de urbanizaciones y parcelación para
vivienda permanente. […]”. (Negrilla fuera del texto).

Posteriormente, mediante memorando de 3 de febrero de 202218, la

Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística de la

Secretaría de Planeación verificó que “[…] a la luz del Plan de

Ordenamiento Territorial de Ibagué, Decreto Municipal 1000-0823 de

2014 […] los diferentes usos de suelo de la vereda Ramos y Astilleros

tiene vocación agropecuaria […]”. El documento adjuntó la siguiente

ficha del régimen de usos correspondiente:

“[…] PAM – AGROPECUARIA ALTA

Uso principal: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y
forestal. Se debe dedicar como mínimo el 10% del predio para uso
forestal protector para promover la formación de la malla ambiental.

Uso compatible: Vivienda del propietario, y de trabajadores y
establecimientos institucionales de tipo rural, turismo y recreación.

Uso condicionado: Granjas avícolas; cunículas y porcinas.

Usos prohibidos: Procesos de urbanizaciones y parcelación para
vivienda permanente. Industria y agroindustria.

18 Cfr., índice 9, folio 21 del expediente digital de primera instancia.

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AAPA – AGROPECUARIA BAJA

Agropecuaria baja: Hortalizas – maíz – frijol – frutales forestales –
arracacha, café, Caña panelera

Uso principal: Actividades agropecuarias en baja densidad,
agroforestería, silvicultura y piscicultura, coberturas vegetales en
cítricos.
Uso compatible: Vivienda del propietario y de trabajadores, Vivienda
Campestre y establecimientos institucionales de tipo rural, sistemas
agrosilvopastoriles, plantaciones forestales, turismo y recreación.

Uso prohibido: Ganadería y agricultura intensiva bajo métodos de
labranza convencional, Ganadería extensiva (leche, carne), cultivos
semestrales, Procesos de urbanizaciones y parcelación para vivienda
permanente. […]” (Subrayado fuera del texto).

En efecto, el artículo 411 del Decreto 823 de 23 de diciembre de

201419, definió los usos del suelo rural conforme a distintas áreas.

De tal modo, se demostró que el sector donde se ubica la finca La

Gaviota tiene la categoría de “zona de producción”, y área de

actividad “agropecuaria”.

En virtud de este nuevo régimen de ordenamiento territorial, la

Secretaría de Planeación certificó que los usos aplicables oscilaban

entre actividades agropecuarias de categorías alta y baja, esto es,

para “ganadería de doble propósito y producción agrícola mecanizada

alta”, y para “actividades agropecuarias en baja densidad”.

19 “Por el cual se adopta la revisión y ajuste Plan de Ordenamiento Territorial del municipio

de Ibagué y se dictan otras disposiciones”.

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Por último, la corregidora de Villa Restrepo de la Secretaría de

Gobierno de Ibagué rindió informe de 11 de febrero de 202220, en el

que documentó los hallazgos observados en el predio La Gaviota de

la vereda Ramos y Astilleros. La funcionaria encontró dos galpones

destinados a la explotación avícola de cría de engorde y cuidado y,

además, reportó, entre otras, las siguientes observaciones:

“[…] - Manifiestan los propietarios … que actualmente cuentan con
dos galpones, pero solamente uno de ellos, el más grande, contiene
hoy día un lote de aproximadamente 700 pollos. Y el otro ocho
días antes de la visita fue desocupado. […].

• La capacidad de cada galpón es de 2500.

• Los desechos de los pollos y sus crías quedan en las camas,
adecuadas con material cisco y cascarilla de madera o de arroz,
esparcida por todo el lugar; así como los denominados ‘‘comederos’’
con el respectivo alimento para el lote y el agua.

• Esos desechos que quedan en el cisco, son quemados con un
flameador, incinerando todo lo que es la pluma, se amontona, se
humedece y se hacen montones y luego se empacan en las fibras
donde llega el concentrado y luego se llevan para los cultivos y se
usan como abono. Ese proceso se conoce como SANITIZACIÓN,
dura aproximadamente 15 días y se lleva a cabo cuando se termina
la cría y engorde de pollos.

• Informa la propietaria que la granja avícola se encuentra
certificada por el ICA y permiso de uso de suelos, que indica que
es de tipo ‘‘agrícola’’ específicamente.

• Igualmente se observa en la finca que la única fuente hídrica
(quebrada), no tiene cauce cerca a los galpones de manera que no
hay contaminación de aguas de ninguna clase. Manifiestan que
ninguna producción avícola como tal tiene vertimientos de lixiviados.

20 Cfr., índice 32, folio 2 del expediente digital de primera instancia.

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• Cada galpón cuenta con un sistema de tuberías para que el agua
llegue a cada uno de los comederos.

• Se deja constancia que ambos galpones son construcciones
livianas de tejados y cercados de manera que se ajustan al
permiso de suelos con el que cuentan los propietarios.
Igualmente se informa que las condiciones sanitarias de la finca
son óptimas, no hay problemas de moscas, ni descomposición de
aves, ni olores extraños y además las instalaciones están
adecuadas debidamente para la cría y engorde avícola.

• Indica la propietaria que la granja no cuenta con zona para la
práctica de sacrificio. Explica que el proceso de cría dura entre 1-50
días. Superado este tiempo se toman las crías, se pesan y se venden
a la persona que ya los distribuye. En la granja se comercializan vivos.
Y al venderlos, la persona que los compra los puede llevar al matadero
de ramos y astilleros o al que mejor considere.

• Así mismo Cortolima ha visitado la finca, y el único requerimiento
es un trámite de concesión de aguas para el tema del uso de
los tanques. Dichos tanques están conectados al acueducto de
Ramos y astilleros. Ello porque del año 2014 hacia atrás utilizaban el
agua de la quebrada que queda cerca, pero debido a los vertimientos
de desechos de las casas (se anexa fotografías) cuyas tuberías van
de las casas a la quebrada, Cortolima requirió para tal fin a todas
las fincas aledañas para que tramiten la concesión de aguas.
Sin embargo, se deja constancia que, en la actualidad, el agua de los
galpones proviene de 3 tanques de agua (1 de cemento y dos
plásticos propiedad del predio) los cuales están conectados al
acueducto de Ramos y Astilleros. […].

• La finca cuenta con pozo séptico. […]”. (Negrilla fuera del texto).

En virtud de lo anterior, la corregidora puso de presente que no ha

iniciado algún proceso policivo en contra de los señores María Arnobia

Bocanegra y Agustín Rivera Martínez.

Pues bien, conforme a lo expuesto, la Sala plantea tres conclusiones,

así: i) la actividad avícola que se desarrolla en el predio La Gaviota

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se encuentra acorde con la vocación del suelo rural del municipio de

Ibagué, tanto con el Acuerdo 116, como con el Decreto 823; ii) la

actividad avícola cuestionada no está prohibida conforme al uso del

suelo del sector; y iii) aunque la certificación de uso del suelo

expedida con base en el nuevo POT (Decreto 823) no precisa si el

proyecto avícola clasifica como actividad agropecuaria alta o baja, lo

cierto es que los demandantes no acreditaron que la misma esté

infringiendo alguna restricción en materia urbanística, ambiental o

sanitaria.

En efecto, se comprobó que el POT de Ibagué clasificó la avicultura

y la cría de especies menores como actividades de explotación

pecuaria, la cual se tiene como principal, permitida y compatible con

el régimen de usos aplicable al predio La Gaviota, pues el sector en

el que se ubica fue catalogado inicialmente como “Área de suelo con

aptitud agropecuaria media” y, actualmente, como “zona de

producción para actividad agropecuaria”.

Lo anterior, quiere decir que el uso que se le está dando al suelo

donde se sitúa la finca La Gaviota es el “[…] deseable […] [pues]

coincide con la función específica de la zona y […] ofrece las mayores

ventajas para el desarrollo sostenible […]”, además “[…] concuerda

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con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás

recursos naturales conexos […]”21.

Asimismo, se advierte que los únicos usos prohibidos en el sector son

la ganadería y agricultura intensiva y extensiva, la parcelación y

urbanización para vivienda permanente de alta densidad, y la

industria y agroindustria, cuya existencia no se acreditó en el asunto

sub examine.

Finalmente, se expidió el nuevo POT de Ibagué, es decir, el Decreto

823 de 2014, teniendo en consideración los presupuestos

establecidos en el Decreto 3600 de 20 de septiembre de 200722. Con

base en esa normativa, la Secretaría de Planeación certificó que el

sector objeto de la controversia se mantiene como zona de

producción para la actividad agropecuaria.

La Sala pone de manifiesto que dicha dependencia municipal no

precisó si, en atención a las características de la actividad avícola

21 Decreto 823 de 2014, anexo, glosario, “Uso principal” y “uso compatible o
complementario”.
22 “por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997

relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras
disposiciones”.

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desarrollada en el predio La Gaviota, esta se clasificaba como

actividad agropecuaria alta o baja, pero, aun así, ello no acredita la

indebida valoración probatoria alegada por los recurrentes, toda vez

que, en uno u otro evento, la actividad no está prohibida.

Ahora, respecto de los reparos expuestos por la parte recurrente, la

Sala advierte que adujeron que en el informe de visita de 11 de

febrero de 2022 se verificó que en la finca La Gaviota hay dos

galpones con capacidad aproximada para 2.500 aves cada uno; y que

al momento de la inspección había alrededor de 750 aves, razón por

la que, a su juicio, la granja avícola estaría catalogada como “negocio

masivo de explotación comercial de pollo como alimento” y, por

ende, desconocería su presunta destinación “tradicional familiar” o

para el “servicio personal”.

Sobre el particular, la Sala destaca que la supuesta destinación

familiar o personal que aduce la parte actora como condicionante de

la actividad avícola, no tiene fundamento en el régimen de

ordenamiento territorial aplicable (Acuerdo 116 de 2000 ni Decreto

823 de 2014); y, además, el mero hecho de que el predio La Gaviota

cuente con dos galpones con capacidad aproximada para 5.000 aves

no acredita la vulneración de los derechos colectivos alegados.

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Asimismo, los demandantes no precisaron, conforme a derecho,

cuáles son las condiciones o la magnitud de lo que denominan

“negocio masivo”, y si ello realmente desconoce las condicionantes

del suelo del sector, pues, se reitera, las únicas prohibiciones

relacionadas con actividades agropecuarias son la ganadería y la

agricultura de carácter intensiva y extensiva o industrial, aspectos

que no fueron demostrados técnicamente respecto de la actividad

avícola, ni así referidos por las autoridades competentes.

Aunado a ello, el recurso de apelación tampoco expuso algún

argumento orientado a que la explotación comercial del pollo como

alimento en la finca La Gaviota haya transgredido una disposición

urbanística, ambiental o sanitaria específica, máxime cuando está

acreditado que las granjas avícolas se encuentran acorde con el

sector, pues constituyen una actividad agropecuaria propia de la

destinación como suelo rural productivo.

Por el contrario, al observar el documento de visita invocado por los

recurrentes, la Sala observa que, en tratándose de una actividad

agropecuaria alta, no está infringiendo ninguna norma ambiental,

sanitaria o urbanística; es decir, ninguno de los parámetros

aplicables a las granjas avícolas.

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Recuérdese que la corregidora de Villa Restrepo estableció que la

actividad avícola denunciada: i) cuenta con unidad sanitaria anexa;

ii) realiza un proceso de sanitización que transforma los desechos en

abono; iii) está certificada por la autoridad sanitaria como “granja

avícola comercial biosegura” (GAB)23; iv) no genera vertimientos ni

contaminación de las aguas; y v) los galpones son construcciones

livianas y adecuadas para la actividad y los usos del suelo.

En tal virtud, la Sala concluye que la actividad avícola cuestionada se

encuentra dentro del margen permitido para esa zona, pues observa

las condiciones del uso del suelo y, además, sus impactos cuentan

con estrategias adecuadas de prevención, mitigación y control, cuya

idoneidad no fue desvirtuada por la parte actora.

Con base en lo anterior, el cargo planteado por los recurrentes no

está llamado a prosperar, pues la actividad avícola que se desarrolla

en el predio La Gaviota no desconoce la destinación del uso del suelo

del sector. Además, como lo señaló el Tribunal, los demandantes no

23 Cfr. índice 52, folios 11, 13, 15 y 21 del expediente digital de primera instancia.

Certificados expedidos por el ICA el 13 de octubre de 2015, el 21 de enero de 2016 y el 1.°
de noviembre de 2019, así como la Resolución 17634 del 1.° de noviembre de 2019, con
sus respectivos anexos de verificación.

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cumplieron con la carga de demostrar una acción lesiva que amenace

de manera cierta los derechos invocados.

Ahora, lo anterior no obsta para que se exhorte al MUNICIPIO que,

en el marco de sus competencias, determine o clarifique de manera

precisa cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para

calificar la actividad avícola como agropecuaria tecnificada o de baja

densidad en el suelo del sector donde se ubica la finca La Gaviota,

de conformidad con el Decreto Municipal 0823 de 2014, con el fin de

que los habitantes de la vereda Ramos y Astilleros puedan conocer

los límites para el desarrollo de ese tipo de actividades productivas

en el sector y, en consecuencia, las autoridades puedan realizar los

controles del caso con base en parámetros que cuenten con un mayor

nivel de definición técnica.

IV.2. La amenaza de derechos colectivos por emisiones de

olores ofensivos

La parte actora aseguró que, conforme a los testimonios de los

señores Sandro Vivas Zambrano y José Omar Reyes Guzmán, está

demostrado el presunto mal estado de los galpones y los olores

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ofensivos que estaría produciendo la actividad avícola en la finca La

Gaviota.

Previo al estudio del cargo de apelación, es preciso recordar que

la jurisprudencia de esta Sección24 ha establecido algunas reglas

probatorias a la hora de verificar la existencia e impactos de los

olores ofensivos, a saber:

1.- La Sala ha indicado que para constatar la afectación de los

derechos colectivos no basta con la mera percepción subjetiva de una

comunidad en torno a la sensación de “fastidio”, “molestia” o

“incomodidad” olfativa que le puede llegar a producir la emisión de

ciertas sustancias, pues es necesario acudir a estándares que

permitan evaluar de manera más objetiva la clase y magnitud de las

sustancias contaminantes a efectos de ser catalogadas o no como

olores ofensivos.

2.- Se precisó que dichas normas o estándares de evaluación se

componen, de un lado, por los umbrales estadísticos de tolerancia;

24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, radicación

núm. 68001-23-33-000-2015-00962-01(AP) C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 13 de diciembre de 2023, radicación núm. 68001-23-33-000-2017-01449-
01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, entre otras.

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y, del otro, por los niveles de calidad del aire, para comprobar si las

sustancias emitidas respetan o no los límites permisibles de

concentración (inmisión) y de descarga (emisión).

3.- Se aclaró que la queja tampoco constituye un parámetro objetivo

para determinar la existencia de olores ofensivos. Sin embargo, en

razón a que la comunidad puede estar en una posición de desventaja

para conseguir las modalidades de prueba técnica antes referidas, la

autoridad ambiental debe definir la situación conforme a la ley. Es

decir que una vez recibida la queja, en atención a las circunstancias

del caso, podrá determinar los umbrales de tolerancia (mediante

encuestas, estadísticas y evaluaciones sicométricas) o, si hay lugar

a ello, acudir directamente a la medición de los niveles de calidad del

aire con el fin de garantizar el derecho sustancial por encima del

procedimiento establecido en la Resolución 2087 de 201425.

4.- La Sala advirtió que los resultados de las encuestas constituyen

un insumo suficiente para que la autoridad ambiental adopte las

medidas de protección que resulten procedentes, tales como el

establecimiento de un plan de reducción del impacto por olores

25 “Por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores
ofensivos”.

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ofensivos (PRIO), o cualquiera otra, como ciertas restricciones o

condicionantes para la actividad generadora de olores o, incluso, la

medición directa de la calidad del aire, pues el procedimiento de la

Resolución 2087 no puede conducir a la prolongación indefinida de

una situación de amenaza.

Descendiendo a las particularidades del caso de la referencia, se

observa que en audiencia de 17 de enero de 202326 se recogieron los

testimonios de los señores Sandro Vivas Zambrano y José Omar

Reyes Guzmán quienes habitan en la vereda Ramos y Astilleros.

El señor Vivas Zambrano27 manifestó vivir a cinco casas del predio La

Gaviota; que los galpones emiten malos olores, lo cual produce la

proliferación de moscas y que los buitres y chulos ronden la zona, a

su juicio, por la gran cantidad de pollos. Sin embargo, adujo no tener

conocimiento de la existencia de gallinaza en el predio, cuáles son

los procesos productivos que allí se desarrollan, ni que la actividad

haya sido objeto de alguna medida de sanción administrativa.

26 Cfr. índice 42 del expediente digital de primera instancia.
27 Minutos 16:00 a 33:00.

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Por su parte, el señor Reyes Guzmán28, presidente de la junta de

acción comunal, quien vive a dos cuadras de la finca La Gaviota,

afirmó que ha sentido olores fuertes y percibido multitudes de

moscas en la vereda, según él, por el almacenamiento de pollos; y

que las autoridades realizan visitas periódicas al predio, pero luego

se vuelven a llenar los galpones de pollos o gallinas.

Aseguró que “[…] inclusive, creo que los pollos que se mueren no

tienen un compost para echar estos pollos muertos y lo riegan allí a

los gallinazos, entonces los botan ahí sin ninguna técnica, entonces

comienzan los olores a funcionar. No sabemos si ellos tienen dónde

depositar esos pollos que se mueren… las moscas, los gallinazos, los

perros, salen hasta cucarrones… […]”.

Sin embargo, seguidamente reconoció que no ha visto puntualmente

qué tipo de actividades o procedimientos se desarrollan en el predio,

ni qué cantidad de aves hay en los galpones, pues no tiene acceso al

inmueble. Además, en cuanto a la posible disposición inadecuada de

los residuos, mencionó que “[…] uno ve que los perros los cogen [a

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los pollos], los arrastran los gallinazos, entonces se presume que los

botan […]”.

Pues bien, conforme al Decreto 948 de 199529 y las resoluciones 1541

de 201330 y 2087 de 201431, los testimonios referidos no constituyen

prueba idónea para demostrar que las actividades avícolas de la finca

La Gaviota emite olores ofensivos.

Ahora bien, CORTOLIMA manifestó haber recibido “queja ambiental

interpuesta por residentes del sector donde se desarrollan

actividades pecuarias [porcícolas y avícolas] con inadecuado manejo

y la generación de olores ofensivos”, motivo por el cual abrió el

Expediente 5733 T-2832.

En el informe de visita de 31 de mayo de 201333, CORTOLIMA dio

cuenta de que en la finca La Gaviota se evidenció deficiencias de

29 “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75

y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire”, artículo 5.°.
30 “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el

procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan
otras disposiciones”, artículos 1.° y 4.° al 7.°.
31 “Por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores

ofensivos”.
32 Cfr., carpeta adjunta en el índice 15 del expediente digital de primera instancia,

documento 21, folio 103.
33 Ibid., folio 29.

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limpieza, falta de separación y manejo de aguas lluvias, tratamiento

inadecuado de heces de la cría de cerdos, lo cual genera vectores y

“olores ofensivos que trascienden al exterior del predio”. Allí también

se precisó que dichas sustancias tienen lugar “por el inadecuado

manejo de residuos y deficientes prácticas de producción e

implementación de medidas sanitarias”.

El 17 de septiembre de 2013 la Corporación emitió la Resolución

2372, por la cual inició un proceso administrativo sancionatorio por

los diversos impactos ambientales ocasionados por la actividad

porcícola que se desarrollaba en la finca La Gaviota34.

Posteriormente, la misma entidad, por la Resolución 3124 de 27 de

noviembre de 201335, impuso medida preventiva de suspensión de

las actividades porcícola, avícola y pecuaria desarrolladas en el

predio La Gaviota, debido a, entre otros, los impactos por olores

ofensivos generados por el inadecuado manejo de residuos y

deficientes prácticas de producción e implementación de medidas

sanitarias. La autoridad estimó que dicha situación era un riesgo

34 Ibid., folio 75.
35 Ibid., folio 112.

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potencial por agentes físicos y biológicos, “atentando directamente

contra el derecho a la salud y a la vida de los habitantes del sector”.

En el informe de visita de 2 de diciembre de 201336, la autoridad

ambiental identificó a los responsables del cumplimiento de la

medida preventiva de suspensión de actividades.

En los informes de visita de 17 de febrero37, 3 de junio38, 1o. de julio39

y 30 de diciembre de 201440, se constató que la “materialización de

la medida preventiva se ejecutó”, pues las “instalaciones [estaban]

completamente desocupadas […] no se encontró actividad pecuaria

en el predio. Debido a la suspensión de actividades […] en la

actualidad no hay infracciones ambientales” ya que “no se encontró

ni aves ni cerdos”.

En consecuencia, por Resolución 1474 de 12 de junio de 201541, se

levantó la medida preventiva impuesta, advirtiendo que las nuevas

actividades productivas no podrían ser combinadas (avícola –

36 Ibid., folio 104.
37 Ibid., folio 136.
38 Ibid., folio 164.
39 Ibid., folio 181.
40 Ibid., folio 237.
41 Ibid., folio 263.

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porcícola - pecuaria), aunque estén permitidas conforme a los usos

del suelo establecidos en el POT y las certificaciones de la Secretaría

de Planeación. Además, se debía cumplir con la normatividad

ambiental pertinente.

Sin embargo, mediante la Resolución 1473 de la misma fecha42, la

Corporación formuló pliego de cargos contra los titulares del predio

La Gaviota por la comisión de infracciones ambientales relacionadas

con vertimientos a cuerpo hídrico sin el permiso correspondiente, y

disposición inadecuada de residuos sólidos, pero no continuó el

trámite sancionatorio respecto de la presunta infracción del

régimen de calidad del aire.

El trámite concluyó con la Resolución 866 de 18 de febrero de 202243,

por la cual se declaró responsables a los señores María Arnobia

Bocanegra Valencia y Agustín Rivera Martínez, de las infracciones

ambientales de: i) contaminación de fuente hídrica por vertimientos

y disposición de residuos, y ii) no contar con permiso de vertimientos.

Ambas transgresiones fueron atribuidas a la actividad porcícola

desarrollada en el predio la Gaviota.

42 Ibid., folio 248.
43 Cfr., índice 44 del expediente digital de primera instancia.

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Posteriormente, CORTOLIMA inició proceso sancionatorio ambiental

SAN-02916 por la actividad avícola desarrollada por la señora María

Arnobia Bocanegra Valencia en el mismo predio la Gaviota, en la que

la titular de la actividad aportó registro del tratamiento de la

pollinaza, el pago de suministro de agua y el procedimiento del

sistema séptico.

Al realizar visita de verificación, se emitió concepto de 22 de febrero

de 2021, en el que no se evidenció el desarrollo de la actividad avícola

porque el ciclo había terminado y se encontraba en proceso de

sanitización. Sin embargo, se sugirió realizar requerimiento a la

titular para que “si continúa con la actividad de cría y engorde de

pollos, debe solicitar ante la autoridad ambiental la concesión de

aguas”.

Luego de evaluar la documental allegada, CORTOLIMA no encontró

hechos constitutivos de infracción ambiental, motivo por el cual, en

el auto 2949 de 14 de julio de 2021, ordenó el archivo de las

diligencias y su traslado hacia el expediente 3772 para tramitar

concesión de aguas44.

44 Cfr., índice 46(63) del expediente digital de primera instancia.

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Visto lo anterior, la Sala concluye que, en un primer momento, la

autoridad ambiental adoptó las determinaciones necesarias para

detener los impactos de las actividades pecuarias combinadas en el

predio La Gaviota. Y aunque contaba con evidencias que le permitían

activar el proceso de verificación objetiva de olores ofensivos, no

procedió a determinar los umbrales de tolerancia ni a efectuar

mediciones directas de los niveles de calidad del aire (regla 3); pero,

en atención a la magnitud de los impactos, impuso medida

preventiva de suspensión de actividades y, posteriormente, decretó

las sanciones correspondientes.

En un segundo momento, la finca La Gaviota acató las prescripciones

de CORTOLIMA, realizó las adecuaciones del caso y se decantó por

desarrollar únicamente la actividad avícola. Sin embargo, respecto

de este nuevo escenario no se acreditó la presentación de quejas por

olores ofensivos, por lo que la autoridad ambiental abrió un proceso

administrativo sancionatorio solamente por infracciones relacionadas

al desarrollo de la actividad avícola, que no estuvieron directamente

relacionadas con la generación de olores ofensivos.

No obstante, la Sala observa que la Resolución 1541 de 2013

relacionó la actividad de “unidad de producción pecuaria” - UPP, a la

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emisión de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3), sustancias

que, al estar catalogadas como “generadoras de olores ofensivos”,

deben ser sometidas al procedimiento de medición directa para

determinar su nivel de concentración en el aire (inmisión), bajo los

siguientes procedimientos45:

Sustancia Evaluación analítica Evaluación
sensorial
• Método 16 A
• Método del azul de metileno
Sulfuro de • Analizadores automáticos incluidos dentro del
hidrógeno programa de Verificación de Tecnología Ambiental de
(H2S) la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (USEPA).
• Muestreadores pasivos que cumplan con los criterios
establecidos en la Norma Europea
[…] […] • NTC 5880
• Método CTM027 Calidad del
• Método IO-4.2 de la Agencia de Protección aire.
Ambiental de los Estados Unidos (Usepa). Determinación
Determinación de compuestos inorgánicos en el de la
Amoniaco aire ambiente. concentración
(NH3) • Analizadores automáticos incluidos dentro de olor por
del programa de Verificación de Tecnología olfatometría
Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental dinámica
de los Estados Unidos (Usepa).
• Muestreadores pasivos que cumplan con los
criterios establecidos en la Norma Europea

En ese sentido, se pone de presente que en decisiones de 13 de junio

de 2019, 14 de septiembre de 2020, 25 de agosto y 13 de diciembre

de 2023 esta Sección sostuvo un criterio proteccionista en el sentido

de acudir a la función preventiva de la acción popular 46, puesto que

45 Artículo 7.°.
46 Conforme a los artículos 2.°, 9.° y 14 de la Ley 472 de 1998, la acción popular es el
instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado

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“[e]l estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la

magnitud de los olores ofensivos […] lleva implícito la posibilidad de

perturbación” de los derechos colectivos.

Dicha situación, sumada a que la Corporación no active

oportunamente el procedimiento establecido en el Protocolo para el

monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087

de 2014), obliga a la realización de mediciones directas y, según su

criterio, a la adopción de otras medidas que estime adecuadas para

la vigilancia, control y mitigación de los posibles impactos al aire por

cuenta de la actividad que emite sustancias o mezclas de sustancias

de olores ofensivos47.

específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la
acción popular le asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas
dirigidas a evitar el daño contingente (finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o
la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se presente contra los mismos
(finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya consumado
el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en
tanto sea posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado
anterior (finalidad restitutiva).
47 En sentencia de 13 de junio de 2019, Radicación núm. 68001-23-33-000-2015-00962-

01(AP) C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; se estudió el procedimiento administrativo
de evaluación de los olores ofensivos generados por actividades industriales de tratamiento
térmico de subproductos de animales y de tratamiento térmico a residuos y/o desechos
peligrosos.
En sentencia de 14 de septiembre de 2020. Radicación núm. 66001-23-33-000-2018-
00079-01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón; se determinó que la Corporación
Autónoma Regional verificó la existencia de olores ofensivos en el marco de la actividad
avícola, la cual fue objeto de diversos requerimientos y medidas preventivas por cuenta del
mal manejo de los residuos sólidos.
En sentencia de 25 de agosto de 2023. Radicación núm. 66001-23-33-000-2019-00551-
01(AP). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez; se estudió el procedimiento administrativo de
evaluación de los olores ofensivos de cara a “la actividad de acopio de subproductos
cárnicos” y, en virtud del “principio de prevención”, se consideró que la falta de certeza
técnica es “derivada de la omisión de la Corporación en verificar […] los niveles de emisión
atmosférica”.

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En este caso, la Sala encuentra necesario acudir a dichos

antecedentes judiciales con el fin de neutralizar toda amenaza de los

derechos colectivos, pues, aunque se demostró que en la finca la

Gaviota actualmente se están desarrollando actividades avícolas

conforme a derecho, lo cierto es que en el pasado se han reportado

diversas transgresiones del régimen ambiental aplicable, entre ellas,

por emisión de olores ofensivos.

En consecuencia, al estar acreditado que la actividad de producción

avícola está relacionada con sustancias constitutivas de olores

ofensivos, la Sala le ordenará a CORTOLIMA que adelante y agote

el procedimiento previsto en el Protocolo para el monitoreo, control

y vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087 de 2014), con el fin

de que evalúe en términos objetivos las sustancias emitidas y,

conforme a los resultados, adopte las medidas que encuentre

necesarias para i) hacer cesar los hechos que estarían desconociendo

la norma de calidad del aire, ii) mitigar los posibles impactos o iii)

prevenir cualquier amenaza futura.

En sentencia de 13 de diciembre de 2023, Radicación núm. 68001-23-33-000-2017-01449-
01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón; se determinó que la magnitud del impacto
ambiental por olores ofensivos va a depender del ejercicio adecuado de los deberes de
vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental.

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IV.3. Decisión

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera

instancia y, en su lugar, se dispondrá el amparo de los derechos

colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano y el

desarrollo sostenible y, en consecuencia: i) ordenará a CORTOLIMA

que, dentro del término de tres (3) meses, adelante y agote el

procedimiento previsto en el Protocolo para el monitoreo, control y

vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087 de 2014), con el fin

de que evalúe en términos objetivos las sustancias constitutivas de

olores ofensivos emitidas con ocasión de la actividad de producción

avícola que se desarrolla en la finca La Gaviota y, conforme a los

resultados, adopte las medidas que encuentre necesarias para hacer

cesar los hechos que estarían desconociendo la norma de calidad del

aire, mitigar los posibles impactos o prevenir cualquier amenaza

futura; y ii) ordenará la integración de un comité para la verificación

del cumplimiento de las órdenes de amparo.

Finalmente, se instará al MUNICIPIO para que, en el marco de sus

competencias, determine o clarifique de manera precisa cuáles son

los criterios que deben tenerse en cuenta para calificar la actividad

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avícola como agropecuaria tecnificada o de baja densidad en el suelo

del sector donde se ubica la finca La Gaviota.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

SEPARARLO del conocimiento del mismo.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 4 de abril de 2024

por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO. AMPARAR los derechos colectivos relacionados con el
goce de un ambiente sano y el desarrollo sostenible.

SEGUNDO: ORDENAR: A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA que, dentro del término de
tres (3) meses, adelante y agote el procedimiento previsto en el

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Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos
(Resolución 2087 de 2014), con el fin de que evalúe en términos
objetivos las sustancias constitutivas de olores ofensivos emitidas con
ocasión de la actividad de producción avícola que se desarrolla en la
finca La Gaviota y, conforme a los resultados, adopte las medidas que
encuentre necesarias para hacer cesar los hechos que estarían
desconociendo la norma de calidad del aire, mitigar los posibles
impactos o prevenir cualquier amenaza futura.

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación de esta
sentencia, el cual estará integrado por el magistrado ponente del
Tribunal, quien lo presidirá; por los demandantes; por un delegado
del MUNICIPIO DE IBAGUÉ; por un delegado de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA; por los
señores Agustín Rivera Martínez y María Arnobia Bocanegra Valencia;
y por el delegado del Ministerio Público ante dicha Corporación
Judicial.

CUARTO: INSTAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que, en el marco de
sus competencias, determine o clarifique de manera precisa cuáles
son los criterios que se deben tener en cuenta para calificar la
actividad avícola como agropecuaria tecnificada o de baja densidad
en el suelo del sector donde se ubica la finca La Gaviota.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 21 de agosto de 2025.

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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