Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00435-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00435-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2021-00435-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00435-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: HÉCTOR JULIO GUZMÁN OSPINA Y RAMIRO VALENCIA
GUTIÉRREZ
TESIS: SE DICTAN MEDIDAS PREVENTIVAS DE AMPARO PORQUE,
LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA QUE SE DESARROLLA EN
LA FINCA LA GAVIOTA ESTÁ RELACIONADA CON SUSTANCIAS
CONSTITUTIVAS DE OLORES OFENSIVOS, LO CUAL, POR SUS
ANTECEDENTES, HACE NECESARIO QUE LA AUTORIDAD
AMBIENTAL ADELANTE Y AGOTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN
EL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE
OLORES OFENSIVOS.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO,
GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS
BIENES DE USO PÚBLICO, Y SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los señores
HÉCTOR JULIO GUZMÁN OSPINA y RAMIRO VALENCIA
GUTIÉRREZ contra la sentencia de 4 de abril de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima1.
1 En adelante el TRIBUNAL.
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Actores: Héctor Julio Guzmán Ospina y Ramiro Valencia Gutiérrez
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
Los señores HÉCTOR JULIO GUZMÁN OSPINA y RAMIRO
VALENCIA GUTIÉRREZ2, en ejercicio de la acción popular prevista
en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley
472 de 5 de agosto de 19983, presentaron demanda ante el Tribunal
contra el MUNICIPIO DE IBAGUÉ4, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA5 y los señores AGUSTÍN
RIVERA MARTÍNEZ y MARÍA ARNOBIA BOCANEGRA
VALENCIA, tendiente a que se protegieran los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico,
al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público y a la seguridad y salubridad públicas.
I.2. Hechos
2 En adelante los accionantes.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante el MUNICIPIO.
5 En adelante CORTOLIMA.
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Manifestó que el territorio de la vereda Ramos y Astilleros, en el
corregimiento de Llanitos del municipio de Ibagué, tiene vocación
agropecuaria y turística, pues allí se cultiva café, banano, plátano,
yuca, maíz, cacao y aguacate, se desarrolla la actividad de ganadería
y se tienen fincas de recreo.
Adujo que los señores María Arnobia Bocanegra Valencia y Agustín
Rivera Martínez construyeron en el predio La Gaviota del referido
sector, unos galpones con capacidad aproximada para 12.000 aves,
en el cual se desarrollan las actividades de cría, engorde, cuidado,
sacrificio y comercialización avícola, desde hace varios años.
Aseguró que las referidas actividades de explotación avícola se
desarrollan “[…] sin permiso ambiental, licencia de construcción y
desconociendo el uso del suelo permitido para la vereda […], no
cumple las condiciones mínimas sanitarias, pues presenta galpones
en mal estado (animales muertos, la descomposición de pollinaza –
gallinaza y el material utilizado para la cama de los pollos […]”.
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, los habitantes de la
vereda tienen que soportar olores nauseabundos (ofensivos),
circunstancia que trasciende el límite de lo soportable y perturba de
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manera directa la intimidad de los hogares en el sentido de que no
pueden desarrollar sus actividades normales.
Indicó que el mal estado de los galpones atrae roedores, gallinazas,
zancudos e insectos dañinos como la mosca verde, al igual que
genera enfermedades infectocontagiosas como diarrea, infecciones,
fiebre, erupciones en la piel y dolor en el cuerpo, lo cual afecta
especialmente a la población infantil.
Advirtió que los galpones no cuentan con certificación de granja
biosegura por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), motivo
por el cual “[…] las actividades de explotación avícola ponen en riesgo
la sanidad y calidad de los productos (influenza aviar y newcastle)
circunstancia que expone a sus consumidores a graves enfermedades
[…]”.
Sostuvo que los afluentes aledaños a la finca La Gaviota, presentan
un alto grado de contaminación causada por el vertimiento de aguas
residuales y disposición de residuos, como sangre, cloacas, plumas,
pollos muertos y camas que produce la actividad avícola denunciada.
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Informó que CORTOLIMA impuso medida preventiva a los titulares
de la actividad avícola e inició proceso administrativo sancionatorio.
Sin embargo, dicha autoridad ha omitido garantizar los derechos
colectivos alegados, pues no ha clausurado definitivamente el
establecimiento.
Señaló que, asimismo, la Inspección de Policía del corregimiento de
Villa Restrepo de la secretaría de gobierno municipal, no ha dado una
solución a la problemática que aqueja a la comunidad.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los
demandados, lo siguiente:
“[…] 2.2. Que se ordene al MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
”CORTOLIMA”, el señor AGUSTÍN RIVERA MARTÍNEZ y la señora
MARÍA ARNOBIA BOCANEGRA VALENCIA, cesar en forma
inmediata y definitiva las actividades de explotación avícola (cría,
engorde, cuidado, sacrificio y comercialización) que desarrolla en el
predio La Gaviota de la Vereda Ramos y Astilleros del Corregimiento
de Llanitos de Ibagué Tolima, por no cumplir las condiciones mínimas
sanitarias, no tener permiso ambiental, el uso del suelo para
desarrollar actividades de explotación avícola, ni contar con una
certificación del ICA como granja biosegura.
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2.3. Que se ordene al MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
“CORTOLIMA”, el señor AGUSTÍN RIVERA MARTÍNEZ y la señora
MARÍA ARNOBIA BOCANEGRA VALENCIA, la demolición de la
estructura de galpones construidas en el predio La Gaviota, ubicada
en la Vereda Ramos y Astilleros del Corregimiento de Llanitos de
Ibagué Tolima para el desarrollo de actividades avícolas, por no
contar con licencia de construcción.
2.4. Que se ordene a la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, controlar, hacer seguimiento, prohibir y sancionar las
actividades de explotación avícola (cría, engorde, cuidado, sacrificio
y comercialización) en el predio La Gaviota, ubicado en la Vereda
Ramos y Astilleros del Corregimiento de Llanitos de Ibagué Tolima.
[…]”. (Negrilla del texto original).
I.4. Defensa
I.4.1.- El MUNICIPIO, mediante escrito aportado de forma
extemporánea6, solicitó declarar probadas las excepciones de buena
fe y genérica, pues “[…] ha actuado en derecho al realizar visitas
técnicas en diferentes sectores de la ciudad para de esta forma
programar las obras a ejecutar conforme a las prioridades que
requiera el sistema en la ciudad […]”.
Adujo que no fue posible emitir certificado de uso del suelo del predio
La Gaviota, pues no se aportó su ficha catastral o las coordenadas.
6 Cfr., índice 9 del expediente digital de primera instancia.
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Sin embargo, mediante la demarcación de un radio de acción, se
determinó que el suelo de la zona tiene vocación agropecuaria, donde
no se admite la actividad de sacrificio animal para transformación de
alimentos, pues esta debe corresponder a un suelo de uso industrial.
Manifestó que no es la autoridad causante de la afectación de los
derechos colectivos, pero que tomará acciones inmediatas a fin de
solucionar la situación.
I.4.2.- CORTOLIMA, mediante escrito allegado de forma
extemporánea7, solicitó que se denegaran las pretensiones de la
demanda y que se declararan probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque no es competente para
hacer cesar las actividades avícolas y, además, no está demostrada
la amenaza actual y real de los derechos colectivos.
Aseguró que ha venido actuando en estricto cumplimiento de sus
funciones y competencias porque inició el proceso administrativo
sancionatorio ambiental 5733 T-28 contra las personas titulares de
la actividad avícola.
7 Cfr., índice 12 del expediente digital de primera instancia.
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I.4.3.- Los señores Agustín Rivera Martínez y María Arnobia
Bocanegra Valencia, mediante escrito presentado de manera
extemporánea8, se opusieron a las pretensiones de la demanda por
las siguientes razones:
Manifestaron que cuentan con autorización de uso del suelo para la
actividad avícola desde el 21 de agosto de 2014.
Expresaron que, conforme a la Circular 90167 expedida en agosto de
2021 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la
construcción de galpones no requiere de licencia porque están
catalogados como construcciones livianas.
Indicaron que en el predio no se realizan actividades de sacrificio
porque las aves, cuando cumplen su ciclo de engorde, son
comercializadas a diferentes compradores.
Explicaron que la gallinaza es tratada mediante un proceso de
sanitización que concluye en la producción de abono orgánico.
8 Cfr., índice 12 del expediente digital de primera instancia.
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Precisaron que la contaminación de las fuentes hídricas se debe a
desarrollos urbanísticos ilegales y a que en el sector no hay un
sistema de alcantarillado.
Afirmaron que cuentan con certificaciones del ICA y de la Federación
Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) como granja avícola
comercial biosegura.
Reconocieron que, mediante medida preventiva de 2014, retiraron
los porcinos de la finca y desmontaron las instalaciones
correspondientes debido a que se corría el riesgo de tener una
contaminación cruzada por su cercanía con las instalaciones avícolas.
Sin embargo, precisaron que después de que CORTOLIMA verificó
la compatibilidad de la actividad avícola con el régimen del uso del
suelo, dio luz verde para continuar con las mismas.
I.5. Pacto de cumplimiento
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La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió el 3 de junio de
2022, declarándose fallida por la ausencia de una fórmula de acuerdo
entre las partes9.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 4 de abril de 202410, negó las
pretensiones de la demanda pues no se demostró la vulneración de
los derechos colectivos invocados.
Precisó que, conforme al material probatorio, los señores Agustín
Rivera Martínez y María Arnobia Bocanegra Valencia explotan
económicamente el predio rural La Gaviota ubicado en la vereda
Ramos y Astilleros del corregimiento Llanitos de Ibagué desde 1998,
con una granja avícola registrada y certificada sanitariamente por el
ICA como biosegura desde el 2015, cuya certificación fue ratificada
el 1o. de noviembre de 2019.
Indicó que las actividades de cría, engorde, cuidado y
comercialización de pollos es compatible con el uso del suelo rural,
9 Cfr., índice 31 del expediente digital de primera instancia.
10 Cfr., índice 69 del expediente digital de primera instancia.
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según la certificación de 21 de agosto de 2014, expedida por la
Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué.
Adujo que del informe de 8 de febrero de 2022, elaborado por la
corregidora del Corregimiento de Villa Restrepo, evidenció que en la
finca objeto de la demanda: i) se realiza un adecuado proceso de
sanitización al finalizar el proceso de cría y engorde de los pollos; ii)
los desechos son esparcidos en camas con material de cisco y
cascarilla de madera o arroz y, posteriormente, son quemados con
un flameador para, finalmente, ser amontonados, humedecidos y
utilizados como abono; iii) las condiciones sanitarias de la finca son
óptimas, pues no hay problemas de moscas, descomposición de aves
u olores extraños y, además, la actividad tampoco genera
contaminación de aguas pues no hay cauces en la proximidad de los
galpones. En consecuencia, dicha funcionaria no encontró mérito
para iniciar un proceso policivo contra los titulares de la actividad
cuestionada.
Aclaró que el proceso administrativo sancionatorio resuelto por
CORTOLIMA, mediante la Resolución 0866 de 18 de febrero de
2022, refiere a la actividad de cría de cerdos en el 2013, la cual fue
suspendida definitivamente en el predio La Gaviota. Sin embargo, en
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la actualidad no obra alguna investigación o proceso por la actividad
avícola en ese predio, sino tan solo un requerimiento para tramitar
permiso de concesión de aguas.
Destacó que las autoridades locales, ambientales y sanitarias
encargadas del asunto han concluido que la actividad avícola objeto
de la demanda cumple con todos los requerimientos para su
funcionamiento.
Concluyó que la acción no cumplió con el presupuesto de acreditar
una vulneración o amenaza cierta, real, no hipotética, directa e
inminente, concreta y actual contra los derechos colectivos
invocados.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
La parte DEMANDANTE solicitó11 que se revoque la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos colectivos
alegados y se ordene el cese inmediato y definitivo de las actividades
de explotación avícola en el predio La Gaviota.
11 Cfr., índice 73 del expediente digital de primera instancia.
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Expuso, para el efecto, los siguientes tres argumentos:
1.- Adujo que el Tribunal incurrió en una errada apreciación de la
prueba documental porque la actividad avícola objeto de la
controversia “[…] no corresponde a una labor avícola tradicional
familiar del sector rural clasificada como servicio personal-principal,
sino que ésta es un negocio masivo destinado a explotar
comercialmente el pollo como alimento […]”.
Muestra de lo anterior es el informe de 11 de febrero de 2022,
mediante el cual la corregidora de Villa Restrepo – Ibagué verificó
que en el predio existen dos galpones, cada uno con capacidad para
2.500 aves. En uno de ellos se encontró un lote de aproximadamente
700 pollos, pero los demás habían sido desocupados ocho días antes
de la referida visita de inspección.
Añadió que en el proceso está demostrado que la actividad
desarrollada en el predio consiste en la cría, engorde, cuidado y
comercialización de pollos, por lo cual insistió que se trata de “[…]
un negocio masivo destinado a explotar comercialmente el pollo
como alimento […]”.
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Con base en lo anterior, estimó que las actividades avícolas
desconocen el uso del suelo permitido en la zona, en la que sólo se
permite la labor avícola tradicional familiar.
2.- Manifestó que el Tribunal no tuvo en cuenta que en el informe de
visita de 11 de febrero de 2022, la corregidora de Villa Restrepo: i)
“[…] deja constancia que la capacidad de cada galpón es de dos mil
quinientas (2.500 aves) […]”; y ii) “[…] no permite dilucidar con
certeza si la actividad avícola cumple con todos los requerimientos
para su funcionamiento y determinar la vulneración de los derechos
colectivos […]”.
3.- Mencionó que el Tribunal no valoró los testimonios de los señores
Sandro Vivas Zambrano y José Omar Reyes Guzmán, en virtud de
los cuales “[…] queda al descubierto el mal estado de los referidos
galpones y los olores nauseabundos (ofensivos) que tienen que
soportar todo el día y todos los días sus habitantes […]”.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el señor
magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito
de 11 de agosto de 202512, manifiesta que se declara impedido para
actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto su hermano
JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES se desempeña actualmente
como contratista de CORTOLIMA, entidad que funge como
demandada en la acción popular de la referencia y, además, porque
éste fungió como apoderado de dicha autoridad durante la primera
instancia, por lo que considera que se encuentra incurso en las
causales de impedimento previstas en el numeral 4 del artículo 130
del CPACA y en el numeral 2 del artículo 141 del CGP.
Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
12 Visible en el índice 14 del expediente digital obrante en el aplicativo SAMAI.
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Siendo ello así, la Sala observa que las causales de impedimento que
se invocan son las previstas en el numeral 4 del artículo 130 del
CPACA y en el numeral 2 del artículo 141 del CGP, las cuales
disponen:
CPACA:
“[…] Artículo 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos:
(…)
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de
los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición
de representantes legales o socios mayoritarios de una de las
sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros
interesados […]” (Resaltado fuera del texto).
CGP:
ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de
recusación las siguientes:
[…]
2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en
instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o
algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente […]
Respecto de la configuración de la causal prevista en el numeral 4
del artículo 130 del CPACA se colige que para que la misma se
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configure deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco
y 2) que los referidos parientes sean asesores, contratistas,
representantes legales o socios mayoritarios de una entidad pública
que intervenga en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero
interesado.
Así pues, de la causal transcrita y los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los
presupuestos para el efecto, toda vez que su hermano13, el señor
JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES, se desempeña actualmente
como contratista de CORTOLIMA14, entidad demandada en la acción
popular de la referencia.
Ahora, en cuanto a la causal de impedimento prevista en el numeral
2 del artículo 141 del CGP, la Sala se relevará del análisis
correspondiente, toda vez que la causal prevista en el numeral 4 del
artículo 130 del CPACA resulta suficiente para declarar fundado el
13 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,
de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
14 Calidad de contratista en la entidad pública demandada en la acción popular de la
referencia.
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impedimento manifestado por el doctor GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado magistrado y lo separará del conocimiento
del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199815, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades
públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar
a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de esa clase de derechos.
15 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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Problemas jurídicos
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, a la Sala le corresponde determinar lo siguiente:
i) ¿La actividad avícola que se desarrolla en el predio La Gaviota
desconoce la destinación del uso del suelo del sector?
ii) ¿Existe amenaza de los derechos colectivos invocados debido a
los presuntos olores ofensivos que se generan en los galpones?
IV.1. La compatibilidad de la actividad avícola con los usos del
suelo
Los apelantes afirmaron que el Tribunal apreció de forma incorrecta
la prueba documental referente a la compatibilidad de la actividad
avícola desarrollada en el predio La Gaviota, en relación con el uso
del suelo previsto para ese sector.
A efectos de resolver este cargo, la Sala examinará las certificaciones
de uso del suelo expedidas por la Secretaría de Planeación de Ibagué
en 2014 y 2022, así como el informe de visita levantado por la
corregidora de Villa Restrepo.
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Al respecto, se advierte que el 21 de agosto de 2014, el Grupo del
Plan de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación de
Ibagué expidió el “Concepto de uso a establecimiento comercial -
Cría de Pollos ubicado en la Finca “La Gaviota” – Vereda “Ramos
Astilleros””16, en el que certificó que, conforme al mapa de usos del
suelo rural (RU) del Acuerdo 116 de 200017, el predio en cuestión
hace parte de una zona denominada “Área de suelo con aptitud
agropecuaria media”. Este suelo se caracteriza como de pendientes
moderadas y fuertes, afectadas con erosión ligera a moderada, y
puede ser utilizado en agricultura y ganadería. El siguiente es el
régimen de usos aplicable:
“[…] Uso principal: Actividades agropecuarias con cultivos
permanentes o frutales, rotación de cultivos semestrales con
prácticas de conservación bajo sistemas de labranza mínima,
sistemas pecuarios semiestabulados.
Uso compatible: Vivienda del propietario, trabajadores y
establecimientos institucionales de tipo rural. Equipamientos
Turísticos y recreacionales.
Uso condicionado: Actividades ganaderas no podrán superar el 50%
del área del predio, siembre consecutiva de cultivos semestrales,
tanques piscícolas, vías carreteables, uso de agroquímicos, cultivos
limpios y ganadería extensiva.
Uso prohibido: Ganadería agricultura intensiva bajo métodos de
labranza convencional. Procesos de urbanizaciones y parcelación para
vivienda permanente. […]”. (Subrayado fuera del texto).
16 Cfr., índice 52, folio 7 del expediente digital de primera instancia.
17 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento de Ibagué y se dictan otras
disposiciones”.
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Conforme a la norma mencionada, la Secretaría conceptuó “[…] Que
la actividad pretendida AGROPECUARIA (Cría de pollos), clasificada
como SERVICIO PERSONAL, ES PRINCIPAL (Compatible) con el uso
del suelo rural. […]”. Adicionalmente, aclaró que “[…] NO exonera a
su propietario del lleno de los requisitos contemplados en las normas
vigentes y demás normas que regulan la materia (ART. 23 del
Acuerdo 009), además de los requerimientos solicitados por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA […]”.
En atención al Acuerdo 116 de 2000, se observa que la actividad
pecuaria – avícola se previó como un uso permitido en el suelo rural
de Ibagué:
“[…] Artículo 289.- Usos del Suelo en Zona Rural.
Se define la siguiente clasificación de usos para la zona rural y una
reglamentación básica para su implementación y funcionamiento:
Usos Permitidos Definición
Residencial Aquel en el cual las edificaciones se destinan a vivienda
unifamiliar, hasta una vivienda por 3 Has en la zona rural
y 5 viviendas por Ha en la suburbana.
Comercial y de Las edificaciones se utilizan para el intercambio de bienes
Servicios y servicios
Equipamientos Son aquellos usos cuya función es servir de soporte a las
Municipales actividades de la población.
Industria Es aquella destinada a la transformación, elaboración,
Transformadora ensamble y manufactura de productos
Industria Extractiva Entendida como aquella cuya actividad principal consiste
en la explotación y tratamiento de materiales rocosos,
arcillosos, arenosos y en general de los demás recursos
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naturales procedentes de minas subterráneas o a cielo
abierto, canteras y pozos
Industria Pecuaria Cría de especies menores, avicultura, porcicultura y
similares, sacrificio de todo tipo de animales.
Agricultura y Explotación agrícola y pecuaria
Ganadería
Cementerios y Áreas para la disposición y manejo de residuos sólidos y/o
Jardines líquidos.
Cementerios -
Hornos Crematorios
y plantas de manejo
de residuos sólidos
y líquidos
Usos prohibidos Definición
Urbanización Urbanizaciones o vivienda de alta densidad
[…]”. (Subrayado fuera del texto).
Asimismo, el numeral 2 del artículo 290 del Acuerdo 116, precisó que
los únicos usos prohibidos para suelos con aptitud agropecuaria
media (es decir, donde se encuentra el predio La Gaviota) son la
ganadería y agricultura intensiva (mayor al 50% del predio) y la
urbanización para vivienda permanente:
“[…] Artículo 290.- Usos del Suelo en las zonas de explotación
económica en Zona Rural Son: […].
2. Áreas de suelo con aptitud agropecuaria media. Suelos con
pendientes entre moderadas y fuertes, afectados con erosión ligera a
moderada, pueden ser utilizados en agricultura y ganadería,
especializadas en el Mapa de Uso y Ocupación del territorio rural.
Uso principal: Actividades agropecuarias con cultivos
permanentes o frutales, rotación de cultivos semestrales con
prácticas de conservación bajo sistemas de labranza mínima,
sistemas pecuarios semi - estabulados.
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Uso compatible: Vivienda del propietario, trabajadores y
establecimientos institucionales de tipo rural. Equipamientos
Turísticos y recreacionales.
Uso condicionado: Actividades ganaderas no podrán superar el 50%
del área del predio, siembra consecutiva de cultivos semestrales,
tanques piscícolas, vías carreteables, uso de agroquímicos, cultivos
limpios y ganadería extensiva.
Uso prohibido: Ganadería agricultura intensiva bajo métodos de
labranza convencional. Procesos de urbanizaciones y parcelación para
vivienda permanente. […]”. (Negrilla fuera del texto).
Posteriormente, mediante memorando de 3 de febrero de 202218, la
Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística de la
Secretaría de Planeación verificó que “[…] a la luz del Plan de
Ordenamiento Territorial de Ibagué, Decreto Municipal 1000-0823 de
2014 […] los diferentes usos de suelo de la vereda Ramos y Astilleros
tiene vocación agropecuaria […]”. El documento adjuntó la siguiente
ficha del régimen de usos correspondiente:
“[…] PAM – AGROPECUARIA ALTA
Uso principal: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y
forestal. Se debe dedicar como mínimo el 10% del predio para uso
forestal protector para promover la formación de la malla ambiental.
Uso compatible: Vivienda del propietario, y de trabajadores y
establecimientos institucionales de tipo rural, turismo y recreación.
Uso condicionado: Granjas avícolas; cunículas y porcinas.
Usos prohibidos: Procesos de urbanizaciones y parcelación para
vivienda permanente. Industria y agroindustria.
18 Cfr., índice 9, folio 21 del expediente digital de primera instancia.
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AAPA – AGROPECUARIA BAJA
Agropecuaria baja: Hortalizas – maíz – frijol – frutales forestales –
arracacha, café, Caña panelera
Uso principal: Actividades agropecuarias en baja densidad,
agroforestería, silvicultura y piscicultura, coberturas vegetales en
cítricos.
Uso compatible: Vivienda del propietario y de trabajadores, Vivienda
Campestre y establecimientos institucionales de tipo rural, sistemas
agrosilvopastoriles, plantaciones forestales, turismo y recreación.
Uso prohibido: Ganadería y agricultura intensiva bajo métodos de
labranza convencional, Ganadería extensiva (leche, carne), cultivos
semestrales, Procesos de urbanizaciones y parcelación para vivienda
permanente. […]” (Subrayado fuera del texto).
En efecto, el artículo 411 del Decreto 823 de 23 de diciembre de
201419, definió los usos del suelo rural conforme a distintas áreas.
De tal modo, se demostró que el sector donde se ubica la finca La
Gaviota tiene la categoría de “zona de producción”, y área de
actividad “agropecuaria”.
En virtud de este nuevo régimen de ordenamiento territorial, la
Secretaría de Planeación certificó que los usos aplicables oscilaban
entre actividades agropecuarias de categorías alta y baja, esto es,
para “ganadería de doble propósito y producción agrícola mecanizada
alta”, y para “actividades agropecuarias en baja densidad”.
19 “Por el cual se adopta la revisión y ajuste Plan de Ordenamiento Territorial del municipio
de Ibagué y se dictan otras disposiciones”.
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Por último, la corregidora de Villa Restrepo de la Secretaría de
Gobierno de Ibagué rindió informe de 11 de febrero de 202220, en el
que documentó los hallazgos observados en el predio La Gaviota de
la vereda Ramos y Astilleros. La funcionaria encontró dos galpones
destinados a la explotación avícola de cría de engorde y cuidado y,
además, reportó, entre otras, las siguientes observaciones:
“[…] - Manifiestan los propietarios … que actualmente cuentan con
dos galpones, pero solamente uno de ellos, el más grande, contiene
hoy día un lote de aproximadamente 700 pollos. Y el otro ocho
días antes de la visita fue desocupado. […].
• La capacidad de cada galpón es de 2500.
• Los desechos de los pollos y sus crías quedan en las camas,
adecuadas con material cisco y cascarilla de madera o de arroz,
esparcida por todo el lugar; así como los denominados ‘‘comederos’’
con el respectivo alimento para el lote y el agua.
• Esos desechos que quedan en el cisco, son quemados con un
flameador, incinerando todo lo que es la pluma, se amontona, se
humedece y se hacen montones y luego se empacan en las fibras
donde llega el concentrado y luego se llevan para los cultivos y se
usan como abono. Ese proceso se conoce como SANITIZACIÓN,
dura aproximadamente 15 días y se lleva a cabo cuando se termina
la cría y engorde de pollos.
• Informa la propietaria que la granja avícola se encuentra
certificada por el ICA y permiso de uso de suelos, que indica que
es de tipo ‘‘agrícola’’ específicamente.
• Igualmente se observa en la finca que la única fuente hídrica
(quebrada), no tiene cauce cerca a los galpones de manera que no
hay contaminación de aguas de ninguna clase. Manifiestan que
ninguna producción avícola como tal tiene vertimientos de lixiviados.
20 Cfr., índice 32, folio 2 del expediente digital de primera instancia.
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• Cada galpón cuenta con un sistema de tuberías para que el agua
llegue a cada uno de los comederos.
• Se deja constancia que ambos galpones son construcciones
livianas de tejados y cercados de manera que se ajustan al
permiso de suelos con el que cuentan los propietarios.
Igualmente se informa que las condiciones sanitarias de la finca
son óptimas, no hay problemas de moscas, ni descomposición de
aves, ni olores extraños y además las instalaciones están
adecuadas debidamente para la cría y engorde avícola.
• Indica la propietaria que la granja no cuenta con zona para la
práctica de sacrificio. Explica que el proceso de cría dura entre 1-50
días. Superado este tiempo se toman las crías, se pesan y se venden
a la persona que ya los distribuye. En la granja se comercializan vivos.
Y al venderlos, la persona que los compra los puede llevar al matadero
de ramos y astilleros o al que mejor considere.
• Así mismo Cortolima ha visitado la finca, y el único requerimiento
es un trámite de concesión de aguas para el tema del uso de
los tanques. Dichos tanques están conectados al acueducto de
Ramos y astilleros. Ello porque del año 2014 hacia atrás utilizaban el
agua de la quebrada que queda cerca, pero debido a los vertimientos
de desechos de las casas (se anexa fotografías) cuyas tuberías van
de las casas a la quebrada, Cortolima requirió para tal fin a todas
las fincas aledañas para que tramiten la concesión de aguas.
Sin embargo, se deja constancia que, en la actualidad, el agua de los
galpones proviene de 3 tanques de agua (1 de cemento y dos
plásticos propiedad del predio) los cuales están conectados al
acueducto de Ramos y Astilleros. […].
• La finca cuenta con pozo séptico. […]”. (Negrilla fuera del texto).
En virtud de lo anterior, la corregidora puso de presente que no ha
iniciado algún proceso policivo en contra de los señores María Arnobia
Bocanegra y Agustín Rivera Martínez.
Pues bien, conforme a lo expuesto, la Sala plantea tres conclusiones,
así: i) la actividad avícola que se desarrolla en el predio La Gaviota
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se encuentra acorde con la vocación del suelo rural del municipio de
Ibagué, tanto con el Acuerdo 116, como con el Decreto 823; ii) la
actividad avícola cuestionada no está prohibida conforme al uso del
suelo del sector; y iii) aunque la certificación de uso del suelo
expedida con base en el nuevo POT (Decreto 823) no precisa si el
proyecto avícola clasifica como actividad agropecuaria alta o baja, lo
cierto es que los demandantes no acreditaron que la misma esté
infringiendo alguna restricción en materia urbanística, ambiental o
sanitaria.
En efecto, se comprobó que el POT de Ibagué clasificó la avicultura
y la cría de especies menores como actividades de explotación
pecuaria, la cual se tiene como principal, permitida y compatible con
el régimen de usos aplicable al predio La Gaviota, pues el sector en
el que se ubica fue catalogado inicialmente como “Área de suelo con
aptitud agropecuaria media” y, actualmente, como “zona de
producción para actividad agropecuaria”.
Lo anterior, quiere decir que el uso que se le está dando al suelo
donde se sitúa la finca La Gaviota es el “[…] deseable […] [pues]
coincide con la función específica de la zona y […] ofrece las mayores
ventajas para el desarrollo sostenible […]”, además “[…] concuerda
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con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás
recursos naturales conexos […]”21.
Asimismo, se advierte que los únicos usos prohibidos en el sector son
la ganadería y agricultura intensiva y extensiva, la parcelación y
urbanización para vivienda permanente de alta densidad, y la
industria y agroindustria, cuya existencia no se acreditó en el asunto
sub examine.
Finalmente, se expidió el nuevo POT de Ibagué, es decir, el Decreto
823 de 2014, teniendo en consideración los presupuestos
establecidos en el Decreto 3600 de 20 de septiembre de 200722. Con
base en esa normativa, la Secretaría de Planeación certificó que el
sector objeto de la controversia se mantiene como zona de
producción para la actividad agropecuaria.
La Sala pone de manifiesto que dicha dependencia municipal no
precisó si, en atención a las características de la actividad avícola
21 Decreto 823 de 2014, anexo, glosario, “Uso principal” y “uso compatible o
complementario”.
22 “por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997
relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y se adoptan otras
disposiciones”.
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desarrollada en el predio La Gaviota, esta se clasificaba como
actividad agropecuaria alta o baja, pero, aun así, ello no acredita la
indebida valoración probatoria alegada por los recurrentes, toda vez
que, en uno u otro evento, la actividad no está prohibida.
Ahora, respecto de los reparos expuestos por la parte recurrente, la
Sala advierte que adujeron que en el informe de visita de 11 de
febrero de 2022 se verificó que en la finca La Gaviota hay dos
galpones con capacidad aproximada para 2.500 aves cada uno; y que
al momento de la inspección había alrededor de 750 aves, razón por
la que, a su juicio, la granja avícola estaría catalogada como “negocio
masivo de explotación comercial de pollo como alimento” y, por
ende, desconocería su presunta destinación “tradicional familiar” o
para el “servicio personal”.
Sobre el particular, la Sala destaca que la supuesta destinación
familiar o personal que aduce la parte actora como condicionante de
la actividad avícola, no tiene fundamento en el régimen de
ordenamiento territorial aplicable (Acuerdo 116 de 2000 ni Decreto
823 de 2014); y, además, el mero hecho de que el predio La Gaviota
cuente con dos galpones con capacidad aproximada para 5.000 aves
no acredita la vulneración de los derechos colectivos alegados.
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Asimismo, los demandantes no precisaron, conforme a derecho,
cuáles son las condiciones o la magnitud de lo que denominan
“negocio masivo”, y si ello realmente desconoce las condicionantes
del suelo del sector, pues, se reitera, las únicas prohibiciones
relacionadas con actividades agropecuarias son la ganadería y la
agricultura de carácter intensiva y extensiva o industrial, aspectos
que no fueron demostrados técnicamente respecto de la actividad
avícola, ni así referidos por las autoridades competentes.
Aunado a ello, el recurso de apelación tampoco expuso algún
argumento orientado a que la explotación comercial del pollo como
alimento en la finca La Gaviota haya transgredido una disposición
urbanística, ambiental o sanitaria específica, máxime cuando está
acreditado que las granjas avícolas se encuentran acorde con el
sector, pues constituyen una actividad agropecuaria propia de la
destinación como suelo rural productivo.
Por el contrario, al observar el documento de visita invocado por los
recurrentes, la Sala observa que, en tratándose de una actividad
agropecuaria alta, no está infringiendo ninguna norma ambiental,
sanitaria o urbanística; es decir, ninguno de los parámetros
aplicables a las granjas avícolas.
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Recuérdese que la corregidora de Villa Restrepo estableció que la
actividad avícola denunciada: i) cuenta con unidad sanitaria anexa;
ii) realiza un proceso de sanitización que transforma los desechos en
abono; iii) está certificada por la autoridad sanitaria como “granja
avícola comercial biosegura” (GAB)23; iv) no genera vertimientos ni
contaminación de las aguas; y v) los galpones son construcciones
livianas y adecuadas para la actividad y los usos del suelo.
En tal virtud, la Sala concluye que la actividad avícola cuestionada se
encuentra dentro del margen permitido para esa zona, pues observa
las condiciones del uso del suelo y, además, sus impactos cuentan
con estrategias adecuadas de prevención, mitigación y control, cuya
idoneidad no fue desvirtuada por la parte actora.
Con base en lo anterior, el cargo planteado por los recurrentes no
está llamado a prosperar, pues la actividad avícola que se desarrolla
en el predio La Gaviota no desconoce la destinación del uso del suelo
del sector. Además, como lo señaló el Tribunal, los demandantes no
23 Cfr. índice 52, folios 11, 13, 15 y 21 del expediente digital de primera instancia.
Certificados expedidos por el ICA el 13 de octubre de 2015, el 21 de enero de 2016 y el 1.°
de noviembre de 2019, así como la Resolución 17634 del 1.° de noviembre de 2019, con
sus respectivos anexos de verificación.
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cumplieron con la carga de demostrar una acción lesiva que amenace
de manera cierta los derechos invocados.
Ahora, lo anterior no obsta para que se exhorte al MUNICIPIO que,
en el marco de sus competencias, determine o clarifique de manera
precisa cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para
calificar la actividad avícola como agropecuaria tecnificada o de baja
densidad en el suelo del sector donde se ubica la finca La Gaviota,
de conformidad con el Decreto Municipal 0823 de 2014, con el fin de
que los habitantes de la vereda Ramos y Astilleros puedan conocer
los límites para el desarrollo de ese tipo de actividades productivas
en el sector y, en consecuencia, las autoridades puedan realizar los
controles del caso con base en parámetros que cuenten con un mayor
nivel de definición técnica.
IV.2. La amenaza de derechos colectivos por emisiones de
olores ofensivos
La parte actora aseguró que, conforme a los testimonios de los
señores Sandro Vivas Zambrano y José Omar Reyes Guzmán, está
demostrado el presunto mal estado de los galpones y los olores
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ofensivos que estaría produciendo la actividad avícola en la finca La
Gaviota.
Previo al estudio del cargo de apelación, es preciso recordar que
la jurisprudencia de esta Sección24 ha establecido algunas reglas
probatorias a la hora de verificar la existencia e impactos de los
olores ofensivos, a saber:
1.- La Sala ha indicado que para constatar la afectación de los
derechos colectivos no basta con la mera percepción subjetiva de una
comunidad en torno a la sensación de “fastidio”, “molestia” o
“incomodidad” olfativa que le puede llegar a producir la emisión de
ciertas sustancias, pues es necesario acudir a estándares que
permitan evaluar de manera más objetiva la clase y magnitud de las
sustancias contaminantes a efectos de ser catalogadas o no como
olores ofensivos.
2.- Se precisó que dichas normas o estándares de evaluación se
componen, de un lado, por los umbrales estadísticos de tolerancia;
24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, radicación
núm. 68001-23-33-000-2015-00962-01(AP) C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 13 de diciembre de 2023, radicación núm. 68001-23-33-000-2017-01449-
01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón, entre otras.
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y, del otro, por los niveles de calidad del aire, para comprobar si las
sustancias emitidas respetan o no los límites permisibles de
concentración (inmisión) y de descarga (emisión).
3.- Se aclaró que la queja tampoco constituye un parámetro objetivo
para determinar la existencia de olores ofensivos. Sin embargo, en
razón a que la comunidad puede estar en una posición de desventaja
para conseguir las modalidades de prueba técnica antes referidas, la
autoridad ambiental debe definir la situación conforme a la ley. Es
decir que una vez recibida la queja, en atención a las circunstancias
del caso, podrá determinar los umbrales de tolerancia (mediante
encuestas, estadísticas y evaluaciones sicométricas) o, si hay lugar
a ello, acudir directamente a la medición de los niveles de calidad del
aire con el fin de garantizar el derecho sustancial por encima del
procedimiento establecido en la Resolución 2087 de 201425.
4.- La Sala advirtió que los resultados de las encuestas constituyen
un insumo suficiente para que la autoridad ambiental adopte las
medidas de protección que resulten procedentes, tales como el
establecimiento de un plan de reducción del impacto por olores
25 “Por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores
ofensivos”.
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ofensivos (PRIO), o cualquiera otra, como ciertas restricciones o
condicionantes para la actividad generadora de olores o, incluso, la
medición directa de la calidad del aire, pues el procedimiento de la
Resolución 2087 no puede conducir a la prolongación indefinida de
una situación de amenaza.
Descendiendo a las particularidades del caso de la referencia, se
observa que en audiencia de 17 de enero de 202326 se recogieron los
testimonios de los señores Sandro Vivas Zambrano y José Omar
Reyes Guzmán quienes habitan en la vereda Ramos y Astilleros.
El señor Vivas Zambrano27 manifestó vivir a cinco casas del predio La
Gaviota; que los galpones emiten malos olores, lo cual produce la
proliferación de moscas y que los buitres y chulos ronden la zona, a
su juicio, por la gran cantidad de pollos. Sin embargo, adujo no tener
conocimiento de la existencia de gallinaza en el predio, cuáles son
los procesos productivos que allí se desarrollan, ni que la actividad
haya sido objeto de alguna medida de sanción administrativa.
26 Cfr. índice 42 del expediente digital de primera instancia.
27 Minutos 16:00 a 33:00.
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Por su parte, el señor Reyes Guzmán28, presidente de la junta de
acción comunal, quien vive a dos cuadras de la finca La Gaviota,
afirmó que ha sentido olores fuertes y percibido multitudes de
moscas en la vereda, según él, por el almacenamiento de pollos; y
que las autoridades realizan visitas periódicas al predio, pero luego
se vuelven a llenar los galpones de pollos o gallinas.
Aseguró que “[…] inclusive, creo que los pollos que se mueren no
tienen un compost para echar estos pollos muertos y lo riegan allí a
los gallinazos, entonces los botan ahí sin ninguna técnica, entonces
comienzan los olores a funcionar. No sabemos si ellos tienen dónde
depositar esos pollos que se mueren… las moscas, los gallinazos, los
perros, salen hasta cucarrones… […]”.
Sin embargo, seguidamente reconoció que no ha visto puntualmente
qué tipo de actividades o procedimientos se desarrollan en el predio,
ni qué cantidad de aves hay en los galpones, pues no tiene acceso al
inmueble. Además, en cuanto a la posible disposición inadecuada de
los residuos, mencionó que “[…] uno ve que los perros los cogen [a
28 Minutos 39:00 a 56:00.
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los pollos], los arrastran los gallinazos, entonces se presume que los
botan […]”.
Pues bien, conforme al Decreto 948 de 199529 y las resoluciones 1541
de 201330 y 2087 de 201431, los testimonios referidos no constituyen
prueba idónea para demostrar que las actividades avícolas de la finca
La Gaviota emite olores ofensivos.
Ahora bien, CORTOLIMA manifestó haber recibido “queja ambiental
interpuesta por residentes del sector donde se desarrollan
actividades pecuarias [porcícolas y avícolas] con inadecuado manejo
y la generación de olores ofensivos”, motivo por el cual abrió el
Expediente 5733 T-2832.
En el informe de visita de 31 de mayo de 201333, CORTOLIMA dio
cuenta de que en la finca La Gaviota se evidenció deficiencias de
29 “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75
y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de
1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire”, artículo 5.°.
30 “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el
procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan
otras disposiciones”, artículos 1.° y 4.° al 7.°.
31 “Por la cual se adopta el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores
ofensivos”.
32 Cfr., carpeta adjunta en el índice 15 del expediente digital de primera instancia,
documento 21, folio 103.
33 Ibid., folio 29.
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limpieza, falta de separación y manejo de aguas lluvias, tratamiento
inadecuado de heces de la cría de cerdos, lo cual genera vectores y
“olores ofensivos que trascienden al exterior del predio”. Allí también
se precisó que dichas sustancias tienen lugar “por el inadecuado
manejo de residuos y deficientes prácticas de producción e
implementación de medidas sanitarias”.
El 17 de septiembre de 2013 la Corporación emitió la Resolución
2372, por la cual inició un proceso administrativo sancionatorio por
los diversos impactos ambientales ocasionados por la actividad
porcícola que se desarrollaba en la finca La Gaviota34.
Posteriormente, la misma entidad, por la Resolución 3124 de 27 de
noviembre de 201335, impuso medida preventiva de suspensión de
las actividades porcícola, avícola y pecuaria desarrolladas en el
predio La Gaviota, debido a, entre otros, los impactos por olores
ofensivos generados por el inadecuado manejo de residuos y
deficientes prácticas de producción e implementación de medidas
sanitarias. La autoridad estimó que dicha situación era un riesgo
34 Ibid., folio 75.
35 Ibid., folio 112.
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potencial por agentes físicos y biológicos, “atentando directamente
contra el derecho a la salud y a la vida de los habitantes del sector”.
En el informe de visita de 2 de diciembre de 201336, la autoridad
ambiental identificó a los responsables del cumplimiento de la
medida preventiva de suspensión de actividades.
En los informes de visita de 17 de febrero37, 3 de junio38, 1o. de julio39
y 30 de diciembre de 201440, se constató que la “materialización de
la medida preventiva se ejecutó”, pues las “instalaciones [estaban]
completamente desocupadas […] no se encontró actividad pecuaria
en el predio. Debido a la suspensión de actividades […] en la
actualidad no hay infracciones ambientales” ya que “no se encontró
ni aves ni cerdos”.
En consecuencia, por Resolución 1474 de 12 de junio de 201541, se
levantó la medida preventiva impuesta, advirtiendo que las nuevas
actividades productivas no podrían ser combinadas (avícola –
36 Ibid., folio 104.
37 Ibid., folio 136.
38 Ibid., folio 164.
39 Ibid., folio 181.
40 Ibid., folio 237.
41 Ibid., folio 263.
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porcícola - pecuaria), aunque estén permitidas conforme a los usos
del suelo establecidos en el POT y las certificaciones de la Secretaría
de Planeación. Además, se debía cumplir con la normatividad
ambiental pertinente.
Sin embargo, mediante la Resolución 1473 de la misma fecha42, la
Corporación formuló pliego de cargos contra los titulares del predio
La Gaviota por la comisión de infracciones ambientales relacionadas
con vertimientos a cuerpo hídrico sin el permiso correspondiente, y
disposición inadecuada de residuos sólidos, pero no continuó el
trámite sancionatorio respecto de la presunta infracción del
régimen de calidad del aire.
El trámite concluyó con la Resolución 866 de 18 de febrero de 202243,
por la cual se declaró responsables a los señores María Arnobia
Bocanegra Valencia y Agustín Rivera Martínez, de las infracciones
ambientales de: i) contaminación de fuente hídrica por vertimientos
y disposición de residuos, y ii) no contar con permiso de vertimientos.
Ambas transgresiones fueron atribuidas a la actividad porcícola
desarrollada en el predio la Gaviota.
42 Ibid., folio 248.
43 Cfr., índice 44 del expediente digital de primera instancia.
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Posteriormente, CORTOLIMA inició proceso sancionatorio ambiental
SAN-02916 por la actividad avícola desarrollada por la señora María
Arnobia Bocanegra Valencia en el mismo predio la Gaviota, en la que
la titular de la actividad aportó registro del tratamiento de la
pollinaza, el pago de suministro de agua y el procedimiento del
sistema séptico.
Al realizar visita de verificación, se emitió concepto de 22 de febrero
de 2021, en el que no se evidenció el desarrollo de la actividad avícola
porque el ciclo había terminado y se encontraba en proceso de
sanitización. Sin embargo, se sugirió realizar requerimiento a la
titular para que “si continúa con la actividad de cría y engorde de
pollos, debe solicitar ante la autoridad ambiental la concesión de
aguas”.
Luego de evaluar la documental allegada, CORTOLIMA no encontró
hechos constitutivos de infracción ambiental, motivo por el cual, en
el auto 2949 de 14 de julio de 2021, ordenó el archivo de las
diligencias y su traslado hacia el expediente 3772 para tramitar
concesión de aguas44.
44 Cfr., índice 46(63) del expediente digital de primera instancia.
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Visto lo anterior, la Sala concluye que, en un primer momento, la
autoridad ambiental adoptó las determinaciones necesarias para
detener los impactos de las actividades pecuarias combinadas en el
predio La Gaviota. Y aunque contaba con evidencias que le permitían
activar el proceso de verificación objetiva de olores ofensivos, no
procedió a determinar los umbrales de tolerancia ni a efectuar
mediciones directas de los niveles de calidad del aire (regla 3); pero,
en atención a la magnitud de los impactos, impuso medida
preventiva de suspensión de actividades y, posteriormente, decretó
las sanciones correspondientes.
En un segundo momento, la finca La Gaviota acató las prescripciones
de CORTOLIMA, realizó las adecuaciones del caso y se decantó por
desarrollar únicamente la actividad avícola. Sin embargo, respecto
de este nuevo escenario no se acreditó la presentación de quejas por
olores ofensivos, por lo que la autoridad ambiental abrió un proceso
administrativo sancionatorio solamente por infracciones relacionadas
al desarrollo de la actividad avícola, que no estuvieron directamente
relacionadas con la generación de olores ofensivos.
No obstante, la Sala observa que la Resolución 1541 de 2013
relacionó la actividad de “unidad de producción pecuaria” - UPP, a la
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emisión de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3), sustancias
que, al estar catalogadas como “generadoras de olores ofensivos”,
deben ser sometidas al procedimiento de medición directa para
determinar su nivel de concentración en el aire (inmisión), bajo los
siguientes procedimientos45:
Sustancia Evaluación analítica Evaluación
sensorial
• Método 16 A
• Método del azul de metileno
Sulfuro de • Analizadores automáticos incluidos dentro del
hidrógeno programa de Verificación de Tecnología Ambiental de
(H2S) la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (USEPA).
• Muestreadores pasivos que cumplan con los criterios
establecidos en la Norma Europea
[…] […] • NTC 5880
• Método CTM027 Calidad del
• Método IO-4.2 de la Agencia de Protección aire.
Ambiental de los Estados Unidos (Usepa). Determinación
Determinación de compuestos inorgánicos en el de la
Amoniaco aire ambiente. concentración
(NH3) • Analizadores automáticos incluidos dentro de olor por
del programa de Verificación de Tecnología olfatometría
Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental dinámica
de los Estados Unidos (Usepa).
• Muestreadores pasivos que cumplan con los
criterios establecidos en la Norma Europea
En ese sentido, se pone de presente que en decisiones de 13 de junio
de 2019, 14 de septiembre de 2020, 25 de agosto y 13 de diciembre
de 2023 esta Sección sostuvo un criterio proteccionista en el sentido
de acudir a la función preventiva de la acción popular 46, puesto que
45 Artículo 7.°.
46 Conforme a los artículos 2.°, 9.° y 14 de la Ley 472 de 1998, la acción popular es el
instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
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“[e]l estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la
magnitud de los olores ofensivos […] lleva implícito la posibilidad de
perturbación” de los derechos colectivos.
Dicha situación, sumada a que la Corporación no active
oportunamente el procedimiento establecido en el Protocolo para el
monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087
de 2014), obliga a la realización de mediciones directas y, según su
criterio, a la adopción de otras medidas que estime adecuadas para
la vigilancia, control y mitigación de los posibles impactos al aire por
cuenta de la actividad que emite sustancias o mezclas de sustancias
de olores ofensivos47.
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la
acción popular le asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas
dirigidas a evitar el daño contingente (finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o
la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se presente contra los mismos
(finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya consumado
el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en
tanto sea posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado
anterior (finalidad restitutiva).
47 En sentencia de 13 de junio de 2019, Radicación núm. 68001-23-33-000-2015-00962-
01(AP) C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; se estudió el procedimiento administrativo
de evaluación de los olores ofensivos generados por actividades industriales de tratamiento
térmico de subproductos de animales y de tratamiento térmico a residuos y/o desechos
peligrosos.
En sentencia de 14 de septiembre de 2020. Radicación núm. 66001-23-33-000-2018-
00079-01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón; se determinó que la Corporación
Autónoma Regional verificó la existencia de olores ofensivos en el marco de la actividad
avícola, la cual fue objeto de diversos requerimientos y medidas preventivas por cuenta del
mal manejo de los residuos sólidos.
En sentencia de 25 de agosto de 2023. Radicación núm. 66001-23-33-000-2019-00551-
01(AP). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez; se estudió el procedimiento administrativo de
evaluación de los olores ofensivos de cara a “la actividad de acopio de subproductos
cárnicos” y, en virtud del “principio de prevención”, se consideró que la falta de certeza
técnica es “derivada de la omisión de la Corporación en verificar […] los niveles de emisión
atmosférica”.
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En este caso, la Sala encuentra necesario acudir a dichos
antecedentes judiciales con el fin de neutralizar toda amenaza de los
derechos colectivos, pues, aunque se demostró que en la finca la
Gaviota actualmente se están desarrollando actividades avícolas
conforme a derecho, lo cierto es que en el pasado se han reportado
diversas transgresiones del régimen ambiental aplicable, entre ellas,
por emisión de olores ofensivos.
En consecuencia, al estar acreditado que la actividad de producción
avícola está relacionada con sustancias constitutivas de olores
ofensivos, la Sala le ordenará a CORTOLIMA que adelante y agote
el procedimiento previsto en el Protocolo para el monitoreo, control
y vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087 de 2014), con el fin
de que evalúe en términos objetivos las sustancias emitidas y,
conforme a los resultados, adopte las medidas que encuentre
necesarias para i) hacer cesar los hechos que estarían desconociendo
la norma de calidad del aire, ii) mitigar los posibles impactos o iii)
prevenir cualquier amenaza futura.
En sentencia de 13 de diciembre de 2023, Radicación núm. 68001-23-33-000-2017-01449-
01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón; se determinó que la magnitud del impacto
ambiental por olores ofensivos va a depender del ejercicio adecuado de los deberes de
vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental.
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IV.3. Decisión
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se dispondrá el amparo de los derechos
colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano y el
desarrollo sostenible y, en consecuencia: i) ordenará a CORTOLIMA
que, dentro del término de tres (3) meses, adelante y agote el
procedimiento previsto en el Protocolo para el monitoreo, control y
vigilancia de olores ofensivos (Resolución 2087 de 2014), con el fin
de que evalúe en términos objetivos las sustancias constitutivas de
olores ofensivos emitidas con ocasión de la actividad de producción
avícola que se desarrolla en la finca La Gaviota y, conforme a los
resultados, adopte las medidas que encuentre necesarias para hacer
cesar los hechos que estarían desconociendo la norma de calidad del
aire, mitigar los posibles impactos o prevenir cualquier amenaza
futura; y ii) ordenará la integración de un comité para la verificación
del cumplimiento de las órdenes de amparo.
Finalmente, se instará al MUNICIPIO para que, en el marco de sus
competencias, determine o clarifique de manera precisa cuáles son
los criterios que deben tenerse en cuenta para calificar la actividad
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avícola como agropecuaria tecnificada o de baja densidad en el suelo
del sector donde se ubica la finca La Gaviota.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,
SEPARARLO del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 4 de abril de 2024
por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO. AMPARAR los derechos colectivos relacionados con el
goce de un ambiente sano y el desarrollo sostenible.
SEGUNDO: ORDENAR: A la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA que, dentro del término de
tres (3) meses, adelante y agote el procedimiento previsto en el
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Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos
(Resolución 2087 de 2014), con el fin de que evalúe en términos
objetivos las sustancias constitutivas de olores ofensivos emitidas con
ocasión de la actividad de producción avícola que se desarrolla en la
finca La Gaviota y, conforme a los resultados, adopte las medidas que
encuentre necesarias para hacer cesar los hechos que estarían
desconociendo la norma de calidad del aire, mitigar los posibles
impactos o prevenir cualquier amenaza futura.
TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación de esta
sentencia, el cual estará integrado por el magistrado ponente del
Tribunal, quien lo presidirá; por los demandantes; por un delegado
del MUNICIPIO DE IBAGUÉ; por un delegado de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA; por los
señores Agustín Rivera Martínez y María Arnobia Bocanegra Valencia;
y por el delegado del Ministerio Público ante dicha Corporación
Judicial.
CUARTO: INSTAR al MUNICIPIO DE IBAGUÉ que, en el marco de
sus competencias, determine o clarifique de manera precisa cuáles
son los criterios que se deben tener en cuenta para calificar la
actividad avícola como agropecuaria tecnificada o de baja densidad
en el suelo del sector donde se ubica la finca La Gaviota.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 21 de agosto de 2025.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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