Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2018-00233-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 15001-23-33-000-2018-00233-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 15001-23-33-000-2018-00233-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 15001-23-33-000-2018-00233-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURÍA 32 JUDICIAL I AGRARIA Y
AMBIENTAL DE TUNJA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
PORQUE LAS ÓRDENES JUDICIALES CUESTIONADAS SE
ENCUENTRAN AJUSTADAS A DERECHO.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE, Y SEGURIDAD Y SALUBRIDAD
PÚBLICAS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSÉ
ARÍSTIDES SARMIENTO ROMERO contra la sentencia de 12 de
diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá1.
1 En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2018 00233 02
Actora: Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La PROCURADURÍA 32 JUDICIAL I AGRARIA Y AMBIENTAL DE
TUNJA2, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88
de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto
de 19983, presentó demanda contra el MUNICIPIO DE TIBANÁ4, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR5 y el señor
JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO ROMERO, tendiente a que se
protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a
la existencia del equilibrio ecológico para el desarrollo sostenible y a
la seguridad y salubridad públicas.
I.2. Hechos
La parte ACTORA manifestó que en el MUNICIPIO se desarrolla la
actividad de cría de cerdos para producción industrial, pues
comprende más de 500 animales, lo que afecta el entorno y la
convivencia por cuenta del mal manejo de residuos y vertimientos.
2 En adelante la ACTORA.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 En adelante el MUNICIPIO.
5 En adelante CORPOCHIVOR.
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Mencionó que en las visitas realizadas por el MUNICIPIO a las
granjas que se dedican a dicha actividad y de propiedad del particular
accionado, verificó que algunas de ellas contaban con permiso de
vertimientos para aguas residuales y concesión de aguas, y otras se
encontraban en trámite para su obtención.
Informó que, según los documentos de CORPOCHIVOR, las granjas
en cuestión cuentan con protocolos de bioseguridad implementados,
condiciones óptimas de manejo de los animales, normas
fitosanitarias, manejo de aguas lluvias y abonos para compostaje,
pero “no con permiso de vertimientos para efectuar el riego de
porcinaza pues se encuentra en trámite”.
Indicó que el dueño de la actividad ha incurrido en diversos
incumplimientos de las obligaciones establecidas en los actos
administrativos otorgados, pues la autoridad ambiental realizó
requerimientos y traslados al área jurídica para la adopción de las
medidas correspondientes.
Manifestó que, por lo anterior, requirió a CORPOCHIVOR y al
MUNICIPIO para que informaran acerca de las medidas preventivas
y sancionatorias adoptadas, frente a lo cual la autoridad ambiental le
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indicó que estaba evaluando la imposición de una medida preventiva
o el inicio de un proceso sancionatorio; y el ente territorial le informó
que la inspección de policía en la granja San Fernando advirtió un
tubo averiado que conducía lixiviados de la actividad porcícola
denunciada.
Aseguró que la autoridad ambiental solo realizó indagación
preliminar respecto de la granja San Fernando y omitió las presuntas
infracciones asociadas a las granjas Los Pinos, San José, Hato Grande
y San Agustín.
Estimó que existe una problemática de proliferación masiva de
granjas porcícolas en el municipio de Tibaná a raíz de que no existe
ordenamiento del territorio, lo que estaría ocasionando impactos
ambientales y fitosanitarios por aumento de plagas y destrucción de
cultivos.
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó, además del amparo de los derechos
colectivos invocados y la declaratoria de responsabilidad de los
demandados, lo siguiente:
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“[…] 2. SE ORDENE AL MUNICIPIO DE TIBANÁ, y a CORPOCHIVOR se exija
al señor JOSÉ ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, Y A SU FAMILIA
FINALIZAR LA OPERACIÓN DE LAS PORQUERIZAS LOS PINOS y SAN JOSÉ
DE SU PROPIEDAD, UBICADAS EN LAS VEREDAS, SUTA ABAJO, CARARE
Y CHIGUATA, en razón al incumplimiento reiterado de las exigencias
efectuadas por la autoridad ambiental […].
3. SE ORDENE A CORPOCHIVOR estructurar y exigir un PLAN DE
ABANDONO Y CIERRE SANEAMIENTO […].
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS […].
1. AL MUNICIPIO DE TIBANÁ, Y A […] CORPOCHIVOR, se proceda a
establecer con precisión si las porcícolas renombradas, generan
vertimientos de agua puntuales o no puntuales, en caso afirmativo, se
estructure […] el respectivo Plan de Saneamiento […].
2. AL MUNICIPIO DE TIBANÁ, y A […] CORPOCHIVOR se proceda a
establecer con precisión si las porcícolas renombradas […], generan olores
ofensivos, en caso afirmativo, se estructure […] un plan para su
reducción, monitoreo, control y vigilancia […].
3. SE REALICE por parte de CORPOCHIVOR y Alcaldía Municipal de Tibaná,
asistencia técnica para fomentar las buenas prácticas agropecuarias […]”6.
I.4. Defensa e intervenciones
I.4.1.- El señor JOSÉ ARÍSTIDES SARMIENTO ROMERO7, por
conducto de apoderado judicial, solicitó declarar improcedente la
acción de la referencia y se le absolviera de toda responsabilidad,
pues no hubo afectación de los derechos alegados.
6 Índice 6 del expediente digital del Consejo de Estado, archivo 18, folio 12.
7 Ibid., índice 6, archivo 19, folios 66 y ss. El demandado fue vinculado por auto de 14 de
enero de 2019. Cfr. folios 38 y ss.
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Estimó que: i) la ACTORA no aportó prueba técnica de sus
apreciaciones, no identificó al operador de las actividades porcícolas
ni el hecho que genera la afectación; ii) no se demostró
contaminación en las granjas; iii) la granja porcícola Los Pinos
cuenta con permiso de vertimientos; iv) ha efectuado un tratamiento
adecuado de todos los residuos; v) cuenta con plan de reducción de
impactos por olores ofensivos – PRIO; y vi) la acción desborda el
ámbito de protección del principio de precaución.
Reconoció que CORPOCHIVOR le impuso medida preventiva al
constatar que estaba evacuando la porcinaza líquida en el suelo sin
permiso de vertimientos, pero que, no obstante, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, y la Universidad Nacional han avalado “el uso de
porcinaza líquida como fertilizante”, motivo por el cual su vertimiento
no requiere de permiso, pues ello “le quita el atractivo (nutrientes
nitrógeno, fósforo y potasio) al abono”.
Propuso las excepciones que denominó: “ausencia de legitimación
por pasiva”, “inexistencia de vulneración, daño o amenaza actual”,
“inexistencia de daño contingente”, “caducidad” e “insuficiencia
probatoria en cabeza del accionante”.
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I.4.2.- CORPOCHIVOR8 solicitó denegar las pretensiones porque no
ha vulnerado los derechos colectivos, sino que, por el contrario, ha
buscado evitar los hechos constitutivos de las infracciones
ambientales que motivaron la demanda.
Adujo que no ha sido omisiva en el ejercicio de sus competencias,
puesto que realizó visitas, impuso medidas preventivas e inició
procesos sancionatorios, así como ha exigido la elaboración e
implementación del PRIO, aclarando que la actividad porcícola está
permitida, siempre que se ajuste a los lineamientos ambientales y
sea compatible con el uso del suelo de la zona en cuestión.
I.4.3.- El MUNICIPIO9 se opuso a las pretensiones, pero manifestó
que acataría las órdenes que se impartan en la sentencia conforme
a sus competencias.
Reconoció que la actividad porcícola está restringida en la zona por
el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), pues necesita una
serie de permisos y autorizaciones para su explotación. Además,
8 Ibid., índice 6, archivo 19, folios 141 y ss.
9 Ibid., índice 6, archivo 19, folios 245 y ss.; archivo 21, folio 22.
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señaló que CORPOCHIVOR tiene conocimiento de tales requerimientos,
pero no ha exigido su cumplimiento.
I.4.4.- El ICA10 precisó que sus competencias están relacionadas con la
sanidad ambiental asociada a productos cárnicos de consumo humano,
por lo que no es responsable dado que el caso de la referencia atañe a
afectaciones medioambientales.
Indicó que en sus visitas no encontró incumplimientos sanitarios de las
granjas objeto de la demanda, por lo que propuso las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva, “funcionamiento adecuado y
desempeño cabal de las funciones que le competen”, “no es la autoridad
competente para ejercer inspección, vigilancia y control en relación con la
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales”, y “genéricas”.
I.4.5.- El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ11 adujo que no es responsable
de los hechos y omisiones denunciados.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, para
lo cual argumentó que los asuntos relativos a la protección
10 Ibid., índice 6, archivo 21, folios 56 y ss. La entidad fue vinculada por autos de 2 y 13 de
mayo de 2019. Cfr. archivo 20, folios 216 y ss. y archivo 21, folio 22.
11 Ibid., índice 6, archivo 21, folios 107 y ss. La entidad fue vinculada por autos de 2 y 13
de mayo de 2019. Cfr. archivo 20, folios 216 y ss. y archivo 21, folio 22.
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medioambiental por vertimientos y emisiones competen a
CORPOCHIVOR; y que la gestión del territorio a fin de regular las
actividades pecuarias recae sobre el MUNICIPIO, por lo que sus
competencias en materia de salud pública se limitan a la coordinación y
vigilancia de los factores de riesgo que afectan a los humanos.
I.4.6.- JOSÉ NELSON JIMÉNEZ PORRAS y CARLOS MAURICIO
ROMERO, coadyuvantes de las pretensiones, advirtieron que las granjas
no cumplen con las certificaciones exigidas en el EOT para operar; y que
así no haya enfermedades, las actividades porcícolas afectan el modo de
vida de los vecinos del lugar12.
I.4.7.- Los coadyuvantes Álvaro León Restrepo, William Enrique Rivera
Ortiz, María Eugenia Torres Martínez, José Arquímides Torres, José
Ramiro Gutiérrez Guerrero, Blanca Lilia Torres, Arturo Segura Cano, Lina
Yolanda Gómez, Mario Jiménez, Carmen Jiménez, Héctor Contreras,
Martín Nope Caballero, Raúl Casallas, Jorge Arias y Luis Guillermo Ruiz
denunciaron que los empresarios porcícolas incumplen la normativa
ambiental con la aquiescencia de los exalcaldes de Tibaná, por las
financiaciones que han prestado a sus campañas13.
12 Ibid., índice 6, archivo 20, folios 219 y ss.
13 Ibid., índice 6, archivo 21, folios 22 y ss.
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I.4.8.- La PERSONERÍA MUNICIPAL DE TIBANÁ14, coadyuvante
de las pretensiones, solicitó la protección de los derechos colectivos
debido a las múltiples quejas de los habitantes del sector, referentes
a la generación de olores ofensivos, proliferación de vectores,
afectación a la salud y contaminación de las fuentes hídricas.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se surtió el 2 de mayo15 y 9
de septiembre16 de 2019, declarándose fallida por ausencia de ánimo
para pactar.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 12 de diciembre de 202417, amparó los
derechos colectivos invocados bajo la siguiente apreciación:
“[…] la Sala considera que la acción popular se torna procedente en
su modalidad de daño contingente, es decir que ante aquella
afectación respecto de la cual no se tiene certeza de su acaecimiento
pasado o futuro, en relación con un hecho potencialmente perjudicial,
es deber del juez de la acción popular adoptar las medidas adecuadas
14 Ibid., índice 6, archivo anexo, folios 4 y ss. y archivo 21, folio 22.
15 Ibid., índice 6, archivo 20, folios 216 y ss.
16 Ibid., índice 6, archivo 21, folios 221 y ss.
17 Ibid., índice 2.
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para eliminar el riesgo al que estarían sometidos los derechos
colectivos en su finalidad preventiva.
En efecto, si bien no existe una prueba técnica en el expediente que
demuestre respecto a las granjas los Pinos, San José, y Hato Grande,
ubicadas en el municipio de Tibaná, la cuantificación de los olores
ofensivos, lo cierto es que sí se evidenció su existencia, así como
también que los mismos se presentan de forma discontinua, en
determinadas horas y días […]”.
Estimó que las órdenes de amparo no debían estar condicionadas al
incumplimiento del PRIO porque ello “podría dar lugar al
desconocimiento de los postulados de orden legal y constitucional
dirigidos a la protección del derecho al goce del medio ambiente
sano, con la prolongación del estado de vulneración de los derechos”.
Adujo que “en la zona en estudio” hay actividades generadoras de
olores ofensivos que para el contaminante TRS exceden el límite
máximo establecido en la Resolución núm. 1541 de 2013, aunque
“sin especificarse la actividad que la causa”.
Mencionó que “los olores percibidos” también están ligados “a la
inadecuada disposición de residuos sólidos y a los diferentes
vertimientos de aguas domiciliarias que se generan en el perímetro
urbano” y a que “en algunas viviendas cercanas a las granjas […]
tienen un mal manejo de aguas residuales domésticas que son
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descargadas al suelo sin previo tratamiento, manejo inadecuado de
excretas de animales […]”.
Determinó que la actividad porcícola desarrollada por el señor
SARMIENTO ROMERO contaba con los respectivos certificados de
uso del suelo establecido en la herramienta de planificación territorial
vigente, al igual que con permisos de vertimientos de aguas
residuales para abril de 2018. Sin embargo, con las actuaciones
posteriores de CORPOCHIVOR, se evidenció que las granjas no
contaban con permisos de vertimientos vigentes para finales de
2019, en especial porque el vertimiento de la porcinaza en el suelo
debía obedecer a los lineamientos técnicos establecidos en la
Resolución núm. 076 de 2019.
Señaló que aunque SARMIENTO ROMERO tenía expedientes con
plan de fertilización para las granjas San José, San Fernando, Los
Pinos y Hato Grande, junto con sus respectivos requerimientos, la
Corporación ordenó la suspensión inmediata de los vertimientos de
aguas residuales de la actividad porcícola, pero en algunas de las
granjas dicha medida preventiva fue levantada.
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Precisó que, según el artículo 24 del EOT, la aprobación de los planes
de fertilización debía contar con concepto favorable del uso del suelo
de la Junta de Planeación Municipal, la cual, finalmente no fue
conformada y, por ende, no se emitió concepto y el trámite fue objeto
de desistimiento.
Determinó, en síntesis, que “en varias oportunidades en cada una de
las granjas se desconocieron las obligaciones consignadas en los
actos que otorgaron los permisos de vertimientos, amenazando y
causando en algunos casos daños al medio ambiente”. Pero, además,
infirió que “al parecer la mayoría de las demás granjas porcícolas del
municipio no cuentan con permisos de vertimientos”, razón por la
que adoptó las siguientes medidas de amparo:
“[…] PRIMERO. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “ausencia
de legitimación en la causa por pasiva aun cuando existe interés para
actuar”; “improcedencia de la acción popular – inexistencia de la
vulneración, daño y/o amenaza de los derechos e intereses colectivos”;
“inexistencia del daño contingente e inexistencia de amenaza o vulneración
contra derechos colectivos”; “insuficiencia probatoria” y “de caducidad”
propuestas por el señor José Arístides Sarmiento Romero.
SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADA La excepción de “falta de
legitimación en la causa por pasiva material” propuesta por el departamento
de Boyacá.
TERCERO. DECLARAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS relacionados con el goce de un ambiente sano, a la existencia
de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
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recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, a la seguridad y salubridad públicas […].
CUARTO. ORDENAR al municipio de Tibaná (Concejo Municipal) que
dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia, dicte las
respectivas normas de ordenamiento territorial del municipio y las
regulaciones sobre usos del suelo necesarias para poder dar aplicación al
artículo 24 del Acuerdo 14 de 2000, en particular lo relacionado con los
integrantes, elección de la Junta de Planeación Municipal, y requisitos para
lograr su aprobación en los casos de las actividades económicas con uso
condicionado.
QUINTO. DECLARAR próspera la objeción del citado dictamen pericial por
el error grave sustentado en el numeral 2 -ERROR GRAVE EN LA
INTERPRETACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1541 DE 2013 FRENTE A LA
ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN PECUARIA OBJETO DE ESTUDIO POR
INDEBIDA APLICACIÓN DEL PARÁMETRO DE AZUFRE TOTAL REDUCIDO
(TRS)-y, en su lugar, se desestimará parcialmente la prueba pericial -
Informe técnico No. 600 del 19 de noviembre del 2019-, en el sentido de no
valorar el monitoreo realizado al parámetro de azufre total reducido (TRS).
SEXTO. ORDENAR al señor Arístides Sarmiento que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, empiece a hacer el seguimiento
en la granja San Fernando en el horario comprendido entre las 10:00 am y
las 12:00 pm, en particular los días jueves, horas y días en los que se
presenta mayores concentraciones de Sulfuro de Hidrogeno H2S, e inicie las
medidas técnicas necesarias para mantener dentro de los límites permisibles
dicho contaminante, de conformidad con la Resolución 1541 de 2013.
SÉPTIMO. ORDENAR a CORPOCHIVOR que dentro del mes siguiente a
la notificación de esta sentencia, inicie el seguimiento y evaluación del PRIO
de la Granja San Fernando y, en caso de que se verifique su incumplimiento,
podrá solicitar su modificación y que se realice la evaluación de los niveles
de calidad del aire o de inmisión de olores ofensivos por sustancias o mezclas
de sustancias, sin perjuicio del inicio del proceso sancionatorio a que haya
lugar, de conformidad con el artículo 11 de la Resolución 1541 de 2013.
En caso de que el PRIO de dicha granja no haya sido corregido o no lo tenga
en la actualidad, CORPOCHIVOR deberá adoptar dentro de los términos
legales las medidas ambientales como la ordenación del PRIO, la evaluación
de los niveles permisibles de la calidad del aire u otras, de manera
simultánea o en el orden y los tiempos que se considere más adecuado, para
efectos de conjurar la situación de perturbación de los derechos colectivos
por olores ofensivos.
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OCTAVO. ORDENAR a CORPOCHIVOR, como entidad que adelantó el
procedimiento de evaluación de olores ofensivos, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 1541 del 2013 (fs.866 – 868 y 969 -970),
exigiendo al titular de la granja Hato Grande el Plan para la Reducción de
Impactos por Olores Ofensivos PRIO, mediante la Resolución 401 del 27 de
junio del 2019, que dentro del mes siguiente a la notificación de esta
sentencia inicie el seguimiento y evaluación del PRIO, y, en caso de
que se verifique su incumplimiento, podrá solicitar su modificación y que se
realice la evaluación de los niveles de calidad del aire o de inmisión de olores
ofensivos por sustancias o mezclas de sustancias, sin perjuicio del inicio del
proceso sancionatorio a que haya lugar, de conformidad con el artículo 11
de la Resolución 1541 de 2013.
En caso de que el PRIO de dicha granja no haya sido corregido o no lo tenga
en la actualidad, CORPOCHIVOR deberá adoptar las medidas ambientales
como la ordenación del PRIO, la evaluación de los niveles permisibles de la
calidad del aire u otras, de manera simultánea o en el orden y los tiempos
que se considere más adecuado, para efectos de conjurar el daño
contingente.
NOVENO. ORDENAR a CORPOCHIVOR, como entidad que adelantó el
procedimiento de evaluación de olores ofensivos, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 1541 del 2013 (fs.866 – 868 y 969 -970),
exigiendo al titular de las granjas San José y los Pinos el Plan para la
Reducción de Impactos por Olores Ofensivos PRIO, mediante las
Resoluciones 345 del 14 de junio del 2019 y 627 del 5 de septiembre del
2019, que dentro del mes siguiente a la notificación de esta
sentencia realice el seguimiento y evaluación de los PRIO de esas
granjas, y, en caso de que se verifique su incumplimiento, podrá solicitar
su modificación y que se realice la evaluación de los niveles de calidad del
aire o de inmisión de olores ofensivos por sustancias o mezclas de
sustancias, sin perjuicio del inicio del proceso sancionatorio a que haya lugar,
de conformidad con el artículo 11 de la Resolución 1541 de 2013.
En caso de que el PRIO de dichas granjas no haya sido corregido o no lo
tenga en la actualidad, CORPOCHIVOR deberá adoptar las medidas
ambientales como la ordenación del PRIO, la evaluación de los niveles
permisibles de la calidad del aire u otras, de manera simultánea o en el orden
y los tiempos que se considere más adecuado, para efectos de conjurar el
daño contingente.
DÉCIMO. ORDENAR al municipio de Tibaná, al departamento de
Boyacá y a CORPOCHIVOR que de manera coordinada, y en el ámbito de
sus competencias, dentro del mes siguiente a la notificación de esta
sentencia, inicien actividades permanentes de control y vigilancia
ambientales en el territorio del municipio con el apoyo de la fuerza
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pública, en relación con actividades contaminantes y degradantes de las
aguas, el aire o el suelo, e impongan las medidas correctivas; las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales
renovables y exijan, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados, e impongan las medidas preventivas y
sanciones que correspondan por la comisión de infracciones a las normas
sobre emisión y contaminación atmosférica, que en cada caso corresponda.
UNDÉCIMO. ORDENAR al municipio de Tibaná que, dentro del mes
siguiente a la notificación de esta sentencia, adelante programas de
arborización y reforestación en las zonas rurales donde se encuentren
granjas porcícolas, para contrarrestar los olores propios de esa actividad
económica.
DUODÉCIMO. ORDENAR a CORPOCHIVOR que dentro del mes siguiente
a la notificación de esta sentencia, exija al señor Arístides Sarmiento
respecto a las Granjas San Fernando, Los Pinos, Hato Grande, y San José,
la implementación del respectivo plan de fertilización, no exigiendo la
aprobación de la Junta de Planeación Municipal prevista en el artículo 24 del
Acuerdo 14 de 2000, mientras no se reglamenta el tema en el ente
territorial, y en su lugar se requiera los respectivos permisos ambientales
(vertimientos, concesión de aguas y demás) para el desarrollo de esa
actividad económica. Y en caso de incumplimiento, dentro de los términos
legales, inicie el respectivo proceso sancionatorio.
Cuando imparta la respectiva aprobación de los planes de fertilización,
CORPOCHIVOR dentro del mes siguiente, deberá iniciar un seguimiento
habitual cada tres meses de las obligaciones consignadas en los citados
planes, respecto al manejo de la porcinaza líquida, de los olores ofensivos,
paisajístico, de residuos sólidos, de bioseguridad y demás parámetros
establecidos en la Resolución 076 de 2019 de CORPOCHIVOR. Y en caso de
incumplimiento, inicie el respectivo proceso sancionatorio.
DECIMOTERCERO. ORDENAR a CORPOCHIVOR junto con el municipio
de Tibaná, y el departamento de Boyacá, que dentro del ámbito de sus
competencias, dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia,
realicen de manera habitual el seguimiento y control a las granjas que
operan en el municipio de Tibaná, y les exijan a los porcicultores en cuyos
sistemas productivos se realice la aplicación de porcinaza al suelo, que
implementen en sus granjas el documento técnico denominado “plan de
fertilización”, de conformidad con la Resolución 076 de 2019 de
CORPOCHIVOR, otorgando un plazo para dar cumplimiento a los
requerimientos técnicos, sin exigir la aprobación de la Junta de Planeación
Municipal prevista en el artículo 24 del Acuerdo 14 de 2000, mientras no se
reglamenta el tema en el ente territorial, y en su lugar se requiera los
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respectivos permisos ambientales (vertimientos, concesión de aguas y
demás) para el desarrollo de esa actividad económica.
En caso de que lo tengan y ya se haya emitido concepto de viabilidad para
la implementación del plan de fertilización en las respectivas granjas, se
haga un seguimiento habitual cada tres meses de las obligaciones
consignadas en los citados planes de fertilización, respecto al manejo de la
porcinaza líquida, de los olores ofensivos, paisajístico, de residuos sólidos,
de bioseguridad y demás parámetros establecidos en la Resolución 076 de
2019 de CORPOCHIVOR.
DECIMOCUARTO. Para la verificación del cumplimiento de las decisiones
que en la providencia se adoptan, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de
1998, se dispondrá la conformación de un COMITÉ DE VERIFICACIÓN
conformado por el actor popular, y los representantes legales y/o sus
delegados del Municipio de Tibaná, del Departamento de Boyacá, de la
Personería de Tibaná, y de CORPOCHIVOR, quienes presentarán los
informes de cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia.
Dicho Comité será presidido por la Procuraduría 32 Agraria y
Ambiental de Tunja, quien rendirá ante esta corporación informes
trimestrales sobre el cumplimiento del presente fallo […]” (Negrilla del
texto original).
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El señor SARMIENTO ROMERO, por conducto de abogado, solicitó18
revocar los ordinales primero, sexto, séptimo, duodécimo y
decimotercero, por las siguientes razones:
i.- Aseguró que no es viable cumplir el ordinal sexto porque ya está
contenido de forma implícita en el ordinal séptimo, el cual regula el
PRIO de la granja San Fernando, que garantiza la mitigación de
18 Ibid., índice 2.
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impactos y hace innecesario imponer obligaciones y cargas
adicionales que generan conflictos interpretativos.
Aseguró que la revocatoria es procedente porque no hay certeza de
las conclusiones del informe de 19 de noviembre de 2020,
especialmente en cuanto a la aplicación de los criterios de evaluación
y a la ejecución del monitoreo, lo cual conduce a que los niveles y
períodos críticos de sulfuro de hidrógeno (H2S) no sean válidos.
Señaló que los niveles de inmisión del componente evaluado
cumplieron con los límites permisibles, pues se concluyó que “de
acuerdo con las concentraciones reportadas para H2S, se evidencia
que no se presentaría una afectación al recurso aire”.
Afirmó que el fin de la prueba era determinar los niveles de olores a
los que estaría expuesta la comunidad presuntamente afectada -
receptores sensibles-, “y no simplemente la existencia de emisiones
en la fuente”, es decir al interior de las granjas.
Sostuvo que dicha situación constituye una medición inadecuada,
pues, en lugar de medir la concentración de emisiones, debió evaluar
los niveles de inmisión, con lo cual coligió que los resultados del
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informe no son comparables con la Resolución 1541 de 2013 y no
son válidos en relación con la afectación de los habitantes.
ii.- Adujo que los ordinales duodécimo y decimotercero contravienen
los principios de irretroactividad de la ley, buena fe, confianza
legítima, seguridad jurídica y respeto por el acto propio, en la medida
en que la reglamentación futura que expida el concejo municipal
condicionaría las actividades ya ejecutadas.
A su juicio, la reglamentación de la Junta de Planeación Municipal –
JPM a que alude el artículo 24 del EOT, no debe aplicarse como una
condición sobreviniente sobre actividades ejecutadas previamente,
pues la ausencia inicial de dicha normativa no puede ser asumida por
los particulares.
Explicó que desde hace más de 10 años ha venido desarrollando
válidamente actividades porcícolas con autorizaciones ambientales y
administrativas previas y con sujeción al uso condicionado del suelo,
lo cual no debe ser desconocido por la falta de reglamentación de la
JPM, pues esa omisión es atribuible al MUNICIPIO y no a los
particulares.
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Aseguró que los permisos y autorizaciones que le fueron concedidos
para el desarrollo de su actividad económica le consolidaron una
situación jurídica particular y concreta que dio lugar a la ejecución de
esfuerzos técnicos y económicos significativos en cumplimiento de la
normativa ambiental y municipal, que no puede ser alterada por la
regulación futura de la JPM, so pena de ocasionarle graves perjuicios.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL
MINISTERIO PÚBLICO
El MINISTERIO PÚBLICO y las partes guardaron silencio.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA19
V.1.- Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199820, tiene como
finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando
19 Mediante auto de 24 de julio de 2025, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado
por el magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes para intervenir en el proceso de la
referencia.
20 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o
un daño contingente, por la acción u omisión de autoridades o
particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la comunidad
afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la
protección de esa clase de derechos.
V.2.- Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con la condena emitida por el Tribunal y los
argumentos expuestos en el recurso de apelación, a la Sala le
corresponde determinar lo siguiente:
i) ¿Se debe revocar el ordinal 6 de la sentencia de primera instancia
porque contiene medidas de amparo innecesarias y, además, tuvo
fundamento en un informe técnico que arrojó resultados inválidos?
ii) ¿Se deben revocar los ordinales 12 y 13 de la sentencia
impugnada porque la aplicación de la reglamentación futura sobre
los condicionamientos y restricciones del uso del suelo, que a la
postre deben ser aprobados por la Junta de Planeación Municipal –
JPM, afectaría las actividades porcícolas ejecutadas previamente?
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V.2.1. Sobre las órdenes de seguimiento y evaluación de las
emisiones atmosféricas en la granja San Fernando
En su recurso de apelación, el señor SARMIENTO ROMERO adujo
que el ordinal sexto debe ser revocado debido a que: i) el ordinal
séptimo ya garantiza los objetivos de mitigación de impactos por
olores ofensivos a través del PRIO; y ii) se debe declarar probada la
objeción por error grave del informe de 19 de noviembre de 2020,
según la cual CORPOCHIVOR realizó mediciones equivocadas del
contaminante y no identificó adecuadamente a los receptores
sensibles.
La Sala procede a examinar cada uno de los reparos mencionados.
V.2.1.1.- La presunta falta de necesidad e inconveniencia de
las órdenes judiciales
El señor SARMIENTO ROMERO aseguró que “las disposiciones
contenidas en el artículo sexto deben entenderse subsumidas en el
alcance integral del artículo séptimo”, pues así se garantiza la
legalidad y eficacia de la determinación judicial, así como la
protección del medio ambiente y la seguridad jurídica de su actividad.
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Para resolver, se advierte que el Tribunal en los ordinales en comento
dispuso:
“[…]. SEXTO. ORDENAR al señor Arístides Sarmiento que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, empiece a
hacer el seguimiento en la granja San Fernando en el horario
comprendido entre las 10:00 am y las 12:00 pm, en particular los
días jueves, horas y días en los que se presenta mayores
concentraciones de Sulfuro de Hidrogeno H2S, e inicie las medidas
técnicas necesarias para mantener dentro de los límites permisibles
dicho contaminante, de conformidad con la Resolución 1541 de 2013.
SÉPTIMO. ORDENAR a CORPOCHIVOR que dentro del mes
siguiente a la notificación de esta sentencia, inicie el seguimiento y
evaluación del PRIO de la Granja San Fernando y, en caso de que se
verifique su incumplimiento, podrá solicitar su modificación y que se
realice la evaluación de los niveles de calidad del aire o de inmisión
de olores ofensivos por sustancias o mezclas de sustancias, sin
perjuicio del inicio del proceso sancionatorio a que haya lugar, de
conformidad con el artículo 11 de la Resolución 1541 de 2013.
En caso de que el PRIO de dicha granja no haya sido corregido o no
lo tenga en la actualidad, CORPOCHIVOR deberá adoptar dentro de
los términos legales las medidas ambientales como la ordenación del
PRIO, la evaluación de los niveles permisibles de la calidad del aire u
otras, de manera simultánea o en el orden y los tiempos que se
considere más adecuado, para efectos de conjurar la situación de
perturbación de los derechos colectivos por olores ofensivos […]”
(Negrilla del texto original).
Como puede observarse, las órdenes mencionadas tienen un
destinatario y alcance distinto, lo cual, lejos de ocasionar un conflicto
interpretativo, propende por el amparo complementario y efectivo de
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los derechos colectivos vulnerados, conforme a los artículos 9° y 34
de la Ley 472 de 199821.
En efecto, el ordinal séptimo obliga a CORPOCHIVOR a imponer el
PRIO en caso de no tenerlo; y si ya cuenta con el mismo, realizar el
seguimiento de las obligaciones y adoptar medidas de control
ambiental ante eventuales incumplimientos. Por su parte, el ordinal
sexto le impone al señor SARMIENTO ROMERO el despliegue de las
actividades necesarias para mitigar las emisiones de sulfuro de
hidrógeno.
La Sala advierte que la distinción de las medidas radica en que,
mientras el señor SARMIENTO ROMERO debe adecuar los factores
de deterioro ambiental de su actividad porcícola a los límites
permitidos, a la autoridad ambiental le compete aplicar los
instrumentos de gestión y las medidas administrativas que
garanticen la prevención y mitigación de los impactos ambientales
ocasionados por los olores ofensivos.
21 “Artículo 9º.- Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos
e intereses colectivos. […].
Artículo 34.- […]. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción
popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios
cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo […], y exigir la realización
de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho
o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. […]”.
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En tal virtud, se concluye que las medidas judiciales cuestionadas no
son incompatibles o innecesarias, y tampoco transgreden el
ordenamiento jurídico, sino que se complementan entre sí para
efectos de lograr: i) que el Estado proteja la diversidad e integridad
del ambiente, previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental; y ii) que los particulares protejan los recursos naturales
y velen por la conservación de un ambiente sano22.
Por lo expuesto, a juicio de la Sala, el ordinal sexto guarda
fundamento y coherencia tanto en razones fácticas verificadas por el
Tribunal, como en disposiciones normativas que permiten y hacen
necesario imponerle al señor SARMIENTO ROMERO obligaciones
puntuales diferenciadas, sin que ello suponga una afectación a la
seguridad jurídica de la actividad productiva.
V.2.1.2.- La presunta falta de fundamento técnico de las
órdenes judiciales
El señor SARMIENTO ROMERO afirmó que los ordinales 1 y 6 de la
sentencia impugnada deben ser revocados, pues se basan en un
informe técnico errado en cuanto a los niveles de sulfuro de
22 Constitución Política, artículos 79, 80 y 95, numeral 8.
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hidrógeno (H2S) 23, el método de evaluación y a la identificación de la
comunidad presuntamente afectada, lo que condujo a que las
conclusiones del informe no sean certeras y, por ende, se debe
declarar su error grave y no ser tenido en cuenta.
Al respecto, la Sala observa que el Tribunal mediante auto de 31 de
octubre de 201924, decretó, entre otros, el siguiente medio de
prueba:
“[…] Oficiar a CORPOCHIVOR para que realice un muestreo
isocinético[25] y evaluación de la calidad del aire en el municipio
de Tibaná, específicamente en las zonas donde se encuentran las
granjas porcícolas del señor Arístides Sarmiento, para determinar
si los olores percibidos por los habitantes son ofensivos o por
el contrario cumplen los parámetros previstos en la
normatividad […]” (Negrilla fuera del texto).
En cumplimiento de lo anterior, CORPOCHIVOR allegó el informe
técnico núm. 600 de 19 de noviembre de 202026, relativo al monitoreo
23 De conformidad con la Resolución 1541 de 2013, el Sulfuro de Hidrógenos es una de las
sustancias que generan olores ofensivos.
24 Cuaderno principal núm. 5 del expediente de primera instancia, folio 2 y ss.
25 Decreto 948 de 5 de junio de 1995, “Artículo 110º.- Verificación del Cumplimiento de
Normas de Emisión en Procesos Industriales. Para la verificación del cumplimiento de las
normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas
que ésta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos:
a) Medición directa, por muestreo isocinético en la chimenea o ducto de salida: Es el
procedimiento consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos,
a través de un ducto, chimenea, u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de
muestreo, simula o mantiene las mismas condiciones de flujo de salida de los gases de
escape […]”.
26 Índice 114 del expediente digital del Tribunal.
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de los olores ofensivos de la granja San Fernando, con el propósito
de:
“Determinar directamente en campo de forma continua el […] Sulfuro
de Hidrógeno (H2S) generado en la Atmósfera. […] [y] Determinar la
concentración horaria y diaria promedio de […] Sulfuro de
Hidrógeno (H2S), y realizar comparación con lo establecido en la
Resolución 1541 de 2013” (Negrilla fuera del texto).
Luego de efectuar el procedimiento según los métodos establecidos
en el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores
ofensivos27, la autoridad ambiental concluyó, entre otras cosas, que
durante el monitoreo no se registraron excedencias de H2S en los
promedios diarios. Sin embargo, en el análisis de variación horaria
se evidenciaron picos periódicos de superaciones del límite máximo
permisible de 30 µg/m³, los jueves entre las 10:00 y las 12:00
horas:
“[…]
a. Gráfica variación horaria H2S
Figura 13: Comportamiento variación horaria de H2S durante el monitoreo.
Fuente: DLIA – CAR.
[…]”.
27 Adoptado mediante la Resolución 2087 de 2014.
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Mediante memorial de 16 de diciembre de 202028, el señor
SARMIENTO ROMERO aportó concepto técnico donde propuso dos
objeciones por error grave, referentes a la presunta aplicación
indebida del parámetro de azufre total reducido (TRS) e incorrecta
ubicación del punto de monitoreo, es decir, al interior de la granja,
lo cual, en su parecer, arrojó un resultado de emisión, mas no de
inmisión, contrariando así la finalidad de la Resolución 1541.
En la sentencia impugnada29, el Tribunal declaró próspera la objeción
asociada a la aplicación indebida del TRS a la actividad porcícola y,
por ende, no valoró los monitoreos efectuados respecto de ese
contaminante. Sin embargo, frente al aparente error sobre el punto
de medición y sus resultados, resolvió que se trataba de una
discrepancia técnica, mas no de una equivocación grave referente al
objeto, materia o situación objeto de estudio que anulara por
completo la aptitud probatoria del dictamen. Por tal motivo,
concluyó:
“[…] sus argumentos y las pruebas se centraron en discutir el lugar
de la medición de olores ofensivos y las conclusiones propias del
dictamen pericial, aspectos que no giran en torno al objeto del
peritaje”.
28 Índice 151, folio 7, del expediente digital del Tribunal.
29 Ibid., índice 183, folio 65.
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Pues bien, la jurisprudencia de esta Corporación30 ha establecido que
el error grave se constituye ante una equivocación grave entre la
realidad del objeto de la prueba y las conclusiones del dictamen, de
modo que “no cualquier reparo fundado en juicios o apreciaciones
sobre los fundamentos o conclusiones de la prueba pericial tiene la
entidad de configurar el error grave”. Por consiguiente, el solicitante
debe acreditar que “se trata de equivocaciones de tal envergadura
que tornan defectuoso el medio de prueba y descartan su vocación
para acreditar la situación fáctica objeto de probanza”.
De acuerdo con lo anterior, se advierte que no hubo una
contradicción entre el objeto del informe y sus conclusiones, pues,
en atención a la providencia que lo decretó, su propósito era
determinar si en la fuente de emisiones se evidenciaban o no
sustancias constitutivas de olores ofensivos, y, de ser el caso,
cuantificarlas, lo que se cumplió a cabalidad. Dicho de otro modo, la
ubicación del punto de muestreo no tiene la entidad para desconocer
30 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de noviembre de 2017, rad. núm.
25000-23-24-000-2012-00791-01. C.P.: Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 14 de
septiembre de 2020, rad. núm. 73001-23-31-000-2011-00611-03. C.P.: Oswaldo Giraldo
López; sentencia de 26 de octubre de 2023, rad. núm. 68001-23-33-000-2017-00330-01.
C.P.: Oswaldo Giraldo López. Sección Tercera, sentencias de 17 de junio de 2007, rad. núm.
2000-03341-01. C.P.: Ruth Stella Correa Palacio, y de 20 de abril de 2022, rad. núm. 05001-
23-31-000-1999-02245-01. C.P.: Guillermo Sánchez Luque. Sección Quinta, sentencia de
26 de julio de 2018, rad. núm. 13001-23-31-000-2006-00877-01. C.P.: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
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la situación transgresora de los derechos colectivos contenida en el
objeto mismo de la experticia.
En efecto, la Resolución 1541 de 2013 estableció las reglas aplicables
a: i) la recepción de quejas; ii) los niveles permisibles de calidad del
aire o inmisión; y iii) la evaluación de las emisiones de olores
ofensivos. En tal virtud, indicó que las unidades de producción
pecuaria están relacionadas con el amoniaco (NH3) y el sulfuro de
hidrógeno (H2S); sustancias catalogadas como generadoras de
olores ofensivos y que fueron objeto de medición directa31 por parte
de CORPOCHIVOR.
En consecuencia, se advierte que el informe técnico fue coherente
con lo dispuesto en el auto que decretó pruebas, pertinente con los
hechos y las pretensiones objeto de la controversia, y útil para
determinar la afectación de los derechos colectivos, pues la
normativa y jurisprudencia aplicable acepta: i) la determinación de
umbrales de tolerancia (encuestas, estadísticas y evaluaciones
sicométricas); ii) la medición de los niveles de calidad del aire o
inmisión; y iii) la evaluación de las concentraciones de emisiones de
31 Resolución 1541 de 2013, artículos 7 y 16.
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olores ofensivos o descarga, como estándares objetivos para
identificar sustancias contaminantes y precisar su potencial nocivo32.
En ese orden, no se observa que las conclusiones formuladas por
CORPOCHIVOR en el informe de 19 de noviembre de 2020 sean
manifiestamente erróneas en cuanto al tema, el objeto, las
particularidades y la finalidad de la prueba, volviéndola defectuosa,
inválida o sin vocación para demostrar la situación lesiva invocada en
la demanda33.
Adicionalmente, el Protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de
olores ofensivos, previó dentro de las estrategias de medición, el análisis
químico cuya “muestra se toma de las emisiones de la actividad
generadora”, y para el cual “[e]s necesario seleccionar un número de
sitios representativos con puntos de altas concentraciones con el fin de
proporcionar datos suficientes para estimar la variabilidad espacial y
temporal en los niveles de contaminación”.
32 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, radicación
núm. 68001-23-33-000-2015-00962-01(AP) C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
33 En sentencia de 26 de octubre de 2023, esta Sección planteó una conclusión aplicable al
caso de la referencia: “[…] los reparos del demandante no buscan enmarcar algún error del
proceso de formación de la prueba pericial, sino que están dirigidos a cuestionar las
conclusiones allí expuestas al no compartir las mismas, sin que ello sea óbice para restar
valor probatorio al análisis técnico. […] lo que se advierte es que la experticia se ciñó
estrictamente a lo decretado en la providencia […]”. (Negrilla fuera del texto).
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De tal modo, el informe no dejó duda de que, por ejemplo, en el mes de
octubre el contaminante sulfuro de hidrógeno fue dispersado desde la
granja San Fernando a una velocidad media cercana a los 1.4 metros
sobre segundo (m/s) con una dirección dominante (nororiental) que
alcanzó una frecuencia del 30%, lo que indica un patrón persistente de
transporte de la sustancia.
Con esto se concluye que existe una dispersión espacial significativamente
frecuente de los olores ofensivos producidos por la actividad porcícola, los
cuales tienen la potencialidad de afectar a los receptores aledaños en
tanto que las concentraciones del criterio sulfuro de hidrógeno son tan
relevantes que periódicamente superan el límite permitido.
Figura 10. Rosas de vientos periodo de monitoreo. Fuente DLIA.
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Figura 16. Rosa de contaminantes H2S durante el monitoreo. Fuente: DLIA-CAR
Así, aunque no se conozcan con exactitud los niveles de exposición
de los receptores sensibles se debe advertir que la afectación de los
derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano
conforme con la Constitución y la ley, y a la existencia del equilibrio
ecológico para el desarrollo sostenible no depende necesariamente
de que se acrediten alteraciones consecutivas a la salud o el
bienestar de la comunidad afectada34.
34 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 18 de julio de 2025, rad. 64899,
C.P. Alberto Montaña Plata; de 10 de junio de 2021, rad. 76001-23-31-000-2002-04584-
02, C.P. María Adriana Marín; de 20 de octubre de 2015, rad. 52001-23-31-000-1998-
00097-02 (32618), C.P. Hernán Andrade Rincón; de 14 de septiembre de 2015, rad. 32618,
C.P. Hernán Andrade Rincon (E); y de 20 de febrero de 2014, rad. 29028, C.P. Ramiro de
Jesús Pazos Guerrero. “[L]a diferencia entre el daño puro e impuro, siendo el primero el
acaecido al medio ambiente, susceptible de amparo por la acción de protección de derechos
e intereses colectivos (popular) […]; de otra parte, a su lado converge el daño impuro que
es el sufrido a particulares en sus derechos subjetivos y el cual puede ser indemnizado […]”.
“[E]l daño ambiental puro es la aminoración de los bienes colectivos que conforman el medio
ambiente y el daño ambiental consecutivo es la repercusión del daño ambiental puro sobre
el patrimonio exclusivamente individual del ser humano”.
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En efecto, de acuerdo con el Código de Recursos Naturales35 y el
Decreto 948 de 199536, tales derechos también se ven perturbados
ante fenómenos contaminantes capaces de “degradar la calidad del
ambiente”, motivo por el cual, en procura de su amparo, se debe
“mejorar y preservar la calidad del aire, y evitar y reducir el deterioro
del medio ambiente, [y] los recursos naturales renovables”.
Además de lo anterior, la Sala ha reiterado un criterio proteccionista
en la materia apelando a la función preventiva de la acción popular37,
pues la “indeterminación o incertidumbre acerca de la magnitud de
los olores ofensivos […] lleva implícita la posibilidad de perturbación”
y, por ende, denota un escenario de amenaza de los derechos
colectivos, lo que en múltiples casos ha ameritado la intervención
judicial para su protección efectiva38.
35 Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, “Por el cual se dicta el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”.
36 “Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75
y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9
de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire”.
37 Conforme a los artículos 2.°, 9.° y 14 de la Ley 472 de 1998, la acción popular es el
instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la
acción popular le asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas
dirigidas a evitar el daño contingente (finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o la
amenaza, así como la vulneración o el agravio que se presente contra los mismos (finalidad
preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya consumado el daño sobre
los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en tanto sea
posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado anterior
(finalidad restitutiva).
38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 13 de junio de 2019, radicación núm.
68001-23-33-000-2015-00962-01(AP) C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; 14 de
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En conclusión, la Sala no observa que el informe cuestionado carezca
de certeza, pues se conocen las excedencias de los olores ofensivos
en un contexto meteorológico determinado, con lo cual, sumado a
las quejas presentadas por la comunidad vecina39, se colige una
perturbación de los derechos colectivos que demanda la actuación
del juez de la acción popular.
Por todo lo anterior, la Sala no accederá a la solicitud de revocar los
ordinales 1 y 6 de la sentencia de primera instancia, habida cuenta
que se tratan de medidas necesarias para el amparo de los derechos
colectivos que cuentan con fundamento probatorio suficiente.
V.2.2 Sobre los efectos de la reglamentación de la actividad
porcícola en Tibaná
El Tribunal, en sentencia de 12 de diciembre de 2024, estimó
adecuado permitir que el señor SARMIENTO ROMERO continuara
con las actividades porcícolas en sus fincas, pero, específicamente,
septiembre de 2020, radicación núm. 66001-23-33-000-2018 00079-01(AP). C.P.: Nubia
Margoth Peña Garzón; 25 de agosto de 2023, radicación núm. 66001-23-33-000-2019-
00551 01(AP). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez; 13 de diciembre de 2023, radicación núm.
68001-23-33-000-2017-01449 01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón; 21 de agosto de
2025, radicación núm. 73001-23-33-000-2021-00435-01(AP). C.P.: Nubia Margoth Peña
Garzón; y 28 de agosto de 2025, radicación núm. 73001-23-33-000-2019-00005-01(AP).
C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
39 Índice 114 del expediente digital del Tribunal.
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para los vertimientos de porcinaza al suelo, exigió la implementación
de los respectivos planes de fertilización sin que fueran aprobados
por parte de la Junta de Planeación de Tibaná -JPM-, cuya situación
sería temporal, hasta que el MUNICIPIO reglamentara los
condicionamientos y restricciones del uso del suelo para la actividad
porcícola, lapso durante el cual CORPOCHIVOR exigirá los demás
permisos y autorizaciones aplicables. Veamos:
“[…]. DUODÉCIMO. ORDENAR a CORPOCHIVOR que dentro del
mes siguiente a la notificación de esta sentencia, exija al señor
Arístides Sarmiento respecto a las Granjas San Fernando, Los Pinos,
Hato Grande, y San José, la implementación del respectivo plan
de fertilización, no exigiendo la aprobación de la Junta de
Planeación Municipal prevista en el artículo 24 del Acuerdo 14 de
2000, mientras no se reglamenta el tema en el ente territorial, y en
su lugar se requiera los respectivos permisos ambientales
(vertimientos, concesión de aguas y demás) para el desarrollo de esa
actividad económica. Y en caso de incumplimiento, dentro de los
términos legales, inicie el respectivo proceso sancionatorio.
Cuando imparta la respectiva aprobación de los planes de
fertilización, CORPOCHIVOR dentro del mes siguiente, deberá iniciar
un seguimiento habitual cada tres meses de las obligaciones
consignadas en los citados planes, respecto al manejo de la porcinaza
líquida, de los olores ofensivos, paisajístico, de residuos sólidos, de
bioseguridad y demás parámetros establecidos en la Resolución 076
de 2019 de CORPOCHIVOR. Y en caso de incumplimiento, inicie el
respectivo proceso sancionatorio.
DECIMOTERCERO. ORDENAR a CORPOCHIVOR junto con el
municipio de Tibaná, y el departamento de Boyacá, que dentro del
ámbito de sus competencias, dentro del mes siguiente a la
notificación de esta sentencia, realicen de manera habitual el
seguimiento y control a las granjas que operan en el municipio de
Tibaná, y les exijan a los porcicultores en cuyos sistemas productivos
se realice la aplicación de porcinaza al suelo, que implementen en sus
granjas el documento técnico denominado “plan de fertilización”,
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de conformidad con la Resolución 076 de 2019 de CORPOCHIVOR,
otorgando un plazo para dar cumplimiento a los requerimientos
técnicos, sin exigir la aprobación de la Junta de Planeación Municipal
prevista en el artículo 24 del Acuerdo 14 de 2000, mientras no se
reglamenta el tema en el ente territorial, y en su lugar se requiera los
respectivos permisos ambientales (vertimientos, concesión de aguas
y demás) para el desarrollo de esa actividad económica.
En caso de que lo tengan y ya se haya emitido concepto de viabilidad
para la implementación del plan de fertilización en las respectivas
granjas, se haga un seguimiento habitual cada tres meses de las
obligaciones consignadas en los citados planes de fertilización,
respecto al manejo de la porcinaza líquida, de los olores ofensivos,
paisajístico, de residuos sólidos, de bioseguridad y demás parámetros
establecidos en la Resolución 076 de 2019 de CORPOCHIVOR […]”
(Negrilla del texto original).
Por su parte, el señor SARMIENTO ROMERO adujo que deben
revocarse los referidos ordinales porque considera que “la
reglamentación futura de la JPM” tendría una aplicación retroactiva,
restringiendo así la actividad económica que lleva desarrollando
desde hace más de 10 años en observancia de los requisitos legales
exigibles. Sostuvo que actualmente ostenta una situación jurídica
consolidada a la cual no se le deben imponer ni exigir requisitos
adicionales a los que aduce cumplir en la actualidad.
Sostuvo que si ello llega a suceder, se quebrantarían diversos
principios y garantías del ordenamiento jurídico, pues se le
impondrían cargas que no está en la obligación de asumir porque
desconocerían la situación jurídica que ha consolidado a lo largo del
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tiempo en el que la JPM omitió reglamentar el tema, permitiendo el
desarrollo válido de su actividad.
Al respecto, la Sala observa que el cargo propuesto por el apelante
no tiene vocación de prosperidad por las siguientes razones:
Desde el año 2000 el señor SARMIENTO ROMERO conocía que, en
virtud del Acuerdo núm. 01440 -EOT de Tibaná-, la actividad porcícola
no se adecua a los usos principales y/o complementarios de las
veredas donde se sitúan sus fincas, motivo por el cual está sujeta a
las condiciones y/o restricciones que demande el ordenamiento
territorial.
De acuerdo con el artículo 32 del EOT de Tibaná, las actividades
pecuarias con ganados menores, como el porcino, por definición son
de “baja intensidad o baja cantidad de ejemplares por unidad
de área”.
40 “Por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial municipal, se clasifican y
determinan usos del suelo y se establecen los sistemas estructurales y planes parciales”,
artículos 24.
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Los artículos 49 y 50 definieron las áreas agropecuarias como
“aquellas destinadas a la agricultura y/o ganadería”, las cuales se
clasifican en zonas semi-mecanizadas (ZASS) y agropecuarias
tradicionales (ZAT), en la que se encuentran las actividades
porcícolas pero no como uso principal.
El uso prioritario de las ZAT corresponde a “dedicar como mínimo el
20% del predio para uso forestal protector-productor[41], para
promover la formación de la malla ambiental. Sistemas
silvopastoriles o agroforestales” y como uso complementario se
previó la “Vivienda del propietario y trabajadores, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas, cunícolas y
silvicultura”, mientras que para las granjas porcinas el uso está
condicionado y/o restringido, en los siguientes términos:
“[…] ARTICULO 24: USO CONDICIONADO O RESTRINGIDO:
Comprende las actividades que no corresponden completamente
con la aptitud de la zona y son relativamente Complementarios
con las actividades de los usos principal y complementario. Estas
actividades solo se pueden establecer bajo condiciones
rigurosas de control y mitigación de impactos. Deben contar con
la viabilidad y requisitos ambientales exigidos por las
autoridades competentes y además deben ser aprobados por
41 “Articulo 46.-. Zona protectora - productora. (ZPP). La zona protectora-productora hace
referencia al área cuya finalidad es proteger los suelos y demás recursos naturales:
pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al mantenimiento del efecto
protector. […]”. (Negrilla fuera del texto).
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la Junta de Planeación Municipal, con la debida divulgación a
la comunidad […]”. (Negrilla fuera del texto).
De tal modo, el 12 de noviembre de 2019, la Secretaría de Planeación
e Infraestructura de Tibaná emitió el siguiente certificado de uso del
suelo:
“[…] las granjas porcícolas de propiedad del señor José Arístides
Sarmiento, No cumplen con el uso del suelo establecido en el EOT
vigente […], por cuanto son usos de suelo condicionados o
restringidos para la actividad porcícola, para la ejecución del
proyecto se requiere contar con la aprobación del concejo
territorial de planeación[42] con la debida divulgación a la
comunidad tal como lo indica el artículo 24 […]; procedimiento que
no cumplió el señor Sarmiento […]”43 (Negrilla fuera del texto).
En consideración a las disposiciones mencionadas, se observa que
desde el 2000 existe una necesidad de reglamentación mínima sobre
la prevalencia del uso principal del suelo, la formación de estructuras
verdes y la preservación de su efecto protector, así como sobre la
intensidad de la actividad productiva y las medidas puntuales de
control y mitigación de sus impactos, la cual debe ser dictada por la
42 La Junta de Planeación Municipal de Tibaná -JPM- es una instancia de gestión del
ordenamiento territorial con funciones de: i) otorgar concepto favorable para propuestas de
desarrollo presentadas por urbanizadores y/o constructores; ii) aprobar los planes de
revegetación obligatoria y de ornato de propuestas de desarrollo de predios; iii) estudiar y
aprobar solicitudes de cerramiento total no transparentes; iv) aprobar proyectos
urbanísticos y conceder licencias para obras de urbanismo e infraestructura; v) absolver
consultas sobre proyectos de urbanización; y vi) conceptuar acerca de la forma de
transferencia de los derechos de desarrollo y construcción de inmuebles con regímenes
urbanísticos especiales. Artículos 10, 76, 118, 121, 127, 128 y 262 del EOT.
43 Cuaderno principal núm. 5 del expediente de primera instancia, folio 39.
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entidad territorial en cumplimiento de sus funciones legales y
constitucionales en materia ambiental44.
Tal deber reglamentario, ilustrado por los principios de gradación
normativa y rigor subsidiario, es concretado en la emisión de normas
más rigurosas, pero no más flexibles, para el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la preservación y restauración
ambiental dentro de su ámbito territorial45.
Naturalmente, dicha normativa puede llegar a limitar el ejercicio de
derechos individuales, pero obedece a la función social y ecológica
inherente al derecho de propiedad46, lo cual justifica la imposición
legítima de obligaciones a los particulares con fundamento en la
prevalencia del interés general.
Cabe señalar que la jurisprudencia47 de esta Sección ha reiterado que
“entre las atribuciones que tienen los concejos […] y las autoridades
ambientales [del] ente territorial, se encuentra la de dictar la
44 Constitución Política, artículo 311.
45 Ley 99 de 1993, artículo 63.
46 Constitución Política, artículo 58.
47Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 27 de marzo y 8 de mayo de
2025. Rad. núm. 25000-23-41-000-2013-00344-01 y 25000-23-41-000-2013-00242-01.
C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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reglamentación necesaria a efectos de proteger su entorno, sin que
ello implique, como lo invoca el apelante, que deba ser menos rígida,
pues en esta materia por expresa disposición legal, ha de aplicarse
el principio de rigor subsidiario […]”48.
Además, dicha postura encuentra legitimidad en que las autoridades
municipales “son las que conocen las demandas y necesidades de los
habitantes de la comunidad, en lo que respecta a privilegiar y
garantizar el entorno y la diversidad ambiental de tales territorios”49.
De manera que el municipio de Tibaná tiene a su cargo el ejercicio
de dicha facultad reglamentaria50, la cual se caracteriza por ser una
“atribución inalienable, intransferible e inagotable, no tiene un plazo
para su ejercicio y es irrenunciable”, aunque, en todo caso, debe ser
desempeñada de acuerdo con las disposiciones de orden superior51.
En consecuencia, su ejercicio no se encuentra supeditado a los 10
años que el apelante lleva desarrollando la porcicultura, pues la
48 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de 2018. Rad. núm.
25000-23-24-000-2010-00387-01. C.P.: María Elizabeth García González.
49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024. Rad. núm.
25000-23-41-000-2013-00256-01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
50 Ley 99 de 1993, artículo 65, numerales 2 y 8.
51 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de
febrero de 2000. Rad. núm. S-761(IJ). C.P.: Javier Díaz Bueno.
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expedición normativa obedece a la necesidad de determinar las
condiciones específicas de los usos condicionado y restringido del
suelo a fin de determinar la forma en que dicha actividad productiva
estaría acorde con la debida planeación ambiental del territorio y los
derechos de la colectividad.
En consecuencia, el señor SARMIENTO ROMERO no se encuentra
en una situación jurídica consolidada de ejercer indefinidamente la
actividad porcícola bajo los permisos y autorizaciones que le fueron
concedidos en los años 2012 y 2014, así como tampoco le asiste un
presunto derecho a que no se regule la actividad productiva que
desarrolla, ni a que se le mantengan a perpetuidad las condiciones
jurídicas alegadas pues, como se vio, los condicionamientos y
restricciones para el respectivo uso del suelo aún están por definirse52
y, además, a los particulares no les asiste una garantía de
inmutabilidad del orden jurídico.
52 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 31 de agosto de 2015. Rad. núm.
25000-23-24-000-2002-00991-02. C.P.: María Claudia Rojas Lasso, y auto de 22 de marzo
de 2024. Rad. núm. 11001-03-24-000-2021-00396-00. C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón:
“En cuanto a los derechos adquiridos reclamados por las actoras, esta Corporación y en
especial ésta Sala en reiteradas ocasiones ha establecido que no existen derechos
adquiridos respecto de un régimen legal general”. (Negrilla fuera del texto).
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Así, valga recordar que el artículo 24 del EOT de Tibaná es claro en
advertir que las actividades condicionadas o restringidas “solo se
pueden establecer bajo condiciones rigurosas de control y mitigación
de impactos”, sumado a “la viabilidad y requisitos ambientales”
exigibles, los cuales deben ser aprobados y divulgados por la JPM.
La reglamentación ambiental del ente territorial no supone una
aplicación retroactiva, pues, en principio, toda norma jurídica tiene
efecto general inmediato sobre situaciones fácticas suscitadas con
posterioridad a su promulgación, de manera que “cuando se trata de
situaciones jurídicas en curso […] la nueva ley […] entra a regular
dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se
respete lo ya surtido bajo la ley antigua”53.
Ahora bien, tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma la
presunta transgresión de los principios de buena fe, confianza
legítima, seguridad jurídica y respeto por el acto propio, pues tan
solo ostenta una mera expectativa de que el ordenamiento jurídico
no cambie, lo cual no otorga protección por el ordenamiento jurídico.
53Corte Constitucional, sentencias C-619 de 14 de junio de 2001. M.P.: Marco Gerardo
Moroy Cabra y SU-309 de 11 de julio de 2019. M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que ese estadio no
es lo suficientemente sólido para ser garantizado por el ordenamiento
jurídico, en especial cuando de por medio se encuentra el deber de
las autoridades de salvaguardar bienes jurídicos relevantes a través
del ejercicio de las competencias que les impone el orden jurídico y,
por ende, no les está vedado emitir las normas jurídicas que sean
necesarias para mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos
de la colectividad que estén en juego54, como en el asunto bajo
examen. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró:
“[…] En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales
el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su
posición jurídica es susceptible de ser modificada por la
Administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que
una determinada situación de hecho o regulación jurídica no
serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se
encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al
afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a
la nueva situación. […].
De igual manera, la Corte ha insistido en que la garantía de la
confianza legítima, de forma alguna se opone a que el Congreso de la
República modifique las leyes existentes, lo cual iría en contra del
principio democrático. No se trata, por tanto, de petrificar el
sistema jurídico […]” (Negrilla fuera del texto).
Así, toda restricción que establezca el MUNICIPIO en aras de
regular los usos del suelo y proteger bienes jurídicos relevantes como
54 Corte Constitucional, sentencia C-131 de 19 de febrero de 2004. M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández.
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el goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico
para el desarrollo sostenible, no puede ceder ante las situaciones
alegadas por el señor SARMIENTO ROMERO, pues dicha función
está encaminada a materializar la función social y ecológica de la
propiedad, así como la prevalencia del interés general sobre el
particular55.
Con todo, el apelante no planteó argumentos sólidos que ameriten la
revocatoria de las medidas de amparo impugnadas referentes a la
necesidad de los planes de fertilización, la exigencia de permisos y
autorizaciones ambientales y el seguimiento y control permanente y
colaborativo de la actividad porcícola en la zona rural de Tibaná. Por
tales motivos, los ordinales 12 y 13 de la sentencia de primera
instancia serán confirmados.
V.3. Disposiciones finales
En consideración a las reglas fijadas en la sentencia de unificación
proferida el 6 de agosto de 201956 por la Sala de Decisión Especial
55 Ley 388 de 1997.
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala de Decisión Especial
27, sentencia de 6 de agosto de 2019. Rad. núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P.:
Rocío Araújo Oñate.
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núm. 27 de esta Corporación, no se condenará en costas en esta
instancia, habida cuenta de que en el plenario no obra prueba sobre
su causación.
Finalmente, la Sala modificará el ordinal decimocuarto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada en el sentido de aclarar que el
magistrado ponente del Tribunal deberá presidir el comité para la
verificación del cumplimiento de las órdenes de amparo de los
derechos colectivos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral DECIMOCUARTO de la parte
resolutiva de la sentencia de 12 de diciembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual quedará así:
“DECIMOCUARTO. Para la verificación del cumplimiento de las decisiones
que en la providencia se adoptan, conforme al artículo 34 de la Ley 472 de
1998, se dispondrá la conformación de un COMITÉ DE VERIFICACIÓN
conformado por el actor popular, quien rendirá ante esta corporación
informes trimestrales sobre el cumplimiento del presente fallo, y los
representantes legales y/o sus delegados del Municipio de Tibaná, del
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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2018 00233 02
Actora: Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja
Departamento de Boyacá, de la Personería de Tibaná, y de CORPOCHIVOR,
quienes también presentarán los informes de cumplimiento de las órdenes
impartidas en esta sentencia. Dicho Comité será presidido por el
magistrado ponente del Tribunal […]” (Negrilla del texto original).
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 28 de mayo de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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