Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-00330-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2017-00330-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2017-00330-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de octubre de 2023
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez -CCALCP
Demandado: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros1
Tesis: En la providencia recurrida no se incurrió en un yerro al considerar que la fuente
de vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda era la supuesta
contaminación de los pozos o aljibes ubicados en la Vereda Pita de Limón en el
Municipio de San Martín Cesar y las actividades hidrocarburíferas en el Pozo PicoPlata
1.
No es cierto que en el Pozo Picoplata 1 se desarrollaron actividades de fracking.
No es cierto que, para la ejecución de actividades de exploración de hidrocarburos, las
empresas demandadas no contaban con una licencia ambiental, si el permiso que les
fue concedido por la Resolución No. 857 de 2014 no perdió vigencia con la suscripción
del contrato adicional.
No prospera la objeción por error grave en contra de la experticia practicada de oficio
el trámite de primera instancia, si no se demostró que las conclusiones eran
deficientes.
Es cierto que el Tribunal en la sentencia recurrida omitió definir la tacha relacionada
con que los peritos hacían parte de un equipo de expositores que fue designado para
la pedagogía sobre los beneficios del fracking, pero ello no enerva lo resuelto en
primera instancia.
No debe revocarse la sentencia apelada al no estudiar el dictamen pericial que allegó
la demandante dentro del trámite de instancia, si este fue allegado fuera de las
oportunidades probatorias.
No se vulneró el derecho a la moralidad administrativa si: (i) la ANH no emitió un acto
formal para la cesión del contrato principal a las sociedades demandadas, (ii) no es
1 Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corporación Autónoma Regional del Cesar –
CORPOCESAR, Departamento del Cesar, Municipio de San Martín, Conocophillips Colombia Ventures
LTD Sucursal Colombia y CNE OIL & GAS S.A.
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Demandante: CCALP
cierto que se hayan adelantado actividades de fracking, (iii) el Pozo Picoplata 1 sí
contaba con una licencia ambiental para su funcionamiento como exploratorio, y (iv)
no se acreditó ningún daño que obligara a la ANLA estuviera obligada a adelantar
algún proceso ambiental sancionatorio en contra de las empresas demandadas.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Corporación
Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez (en adelante CCALP) en contra de la
sentencia del 15 de diciembre de 2020, expedida por el Tribunal Administrativo de
Santander
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El día 13 de marzo de 2017, la CCALP presentó demanda en ejercicio del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos en contra de la
Nación – Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH), la Corporación Autónoma
Regional del Cesar (en adelante Corpocesar), la Gobernación del Cesar, la Alcaldía
de San Martin – Cesar y las sociedades Conocophillips Colombia Ventures LTDA
sucursal Colombia (en adelante Conocophillips) y CNE OIL & GAS S.A., y solicitó el
amparo de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, a la
seguridad pública, a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.
Posteriormente, en memorial del 8 de mayo de 2018, la parte actora reformó
completamente el libelo introductorio, formulando las siguientes peticiones:
“VI. PRETENSIONES
Solicitamos proferir sentencia de acuerdo con las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Conceder el amparo de los derechos colectivos al i) El goce de un
ambiente sano, ii) la existencia del equilibrio ecológico y el mano y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, iii) La seguridad pública, iv) la salubridad públicas, v) la defensa del
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patrimonio público, que se encuentran actualmente amenazados y muy próximos
a ser vulnerados por parte de la totalidad de los demandados, si se continúa con
la ejecución irregular del Contrato Adicional de Exploración y Producción, E&E
Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos, suscrito el 02 de diciembre de
2015 entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Unión Temporal
conformada por Conocophillips Colombia Ventures LTDA Sucursal Colombia y
CNE OIL & GAS S.A.
SEGUNDA: Que se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa, el
cual ha sido vulnerado por parte de la AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS – ANH- y la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES – ANLA, con ocasión del desarrollo del Contrato Adicional de
Exploración y Producción, E&P Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos,
suscrito el 02 de diciembre de 2015, entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos –
ANH- y la Unión Temporal conformada por CONOCOPHILLIPS COLOMBIA
VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA y CNE OIL & GAS S.A.
TERCERA: Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se ordene la
cesación de los efectos del contrato, por la evidente vulneración del derecho a la
moralidad administrativa. En consecuencia, ordénese compulsar copias contra los
funcionarios y particulares involucrados en las decisiones y actividades que dieron
paso a la ejecución de actividades en yacimientos no convencionales sin la debida
licencia ambiental.
CUARTA: Se ordene la suspensión inmediata de toda obra o actividad en el área
del Contrato Adicional del Exploración y Producción, E&P, Yacimientos No
convencionales de Hidrocarburos, suscrito el 02 de diciembre de 2015, entre la
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH – y la Unión temporal conformada por
las empresas CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL
COLOMBIA, y CNE OIL & GAS S.A.S (CNEOG), de explotación de hidrocarburos
mediante la técnica de fracturamiento hidráulico o “Fracking” en Yacimientos No
convencionales en el Pozo Pico Plata 1, en el municipio de San Martín (Cesar),
hasta tanto se tenga certeza de los daños que se generarán, se garantice que
estos no ocurrirán y que se adopten las verificaciones correspondientes del
cumplimiento de las obligaciones legales que les corresponden a cada uno de los
accionados.
QUINTA: ORDENAR y ADOPTAR las demás medidas necesarias para la
protección de los derechos colectivos amenazados y/o vulnerados por los
accionados, para que tales derechos sean garantizados a las comunidades del
área de influencia del proyecto.
SEXTA: ORDENAR con cargo al Fondo de Derechos e Intereses Colectivo, el
reconocimiento del pago de las pruebas periciales solicitadas con la demanda”2
1.2. Como sustento fáctico de lo pedido, adujo lo siguiente:
Mencionó que el 2 de junio de 2009, el Consorcio Energía Colombia S.A. – Cenercol
y la ANH, suscribieron el Contrato No. 50 de Exploración y Producción de Yacimientos
Convencionales y cuyo objeto es la realización del proyecto denominado como “Área
2 Visible a folios 1998 y 1999 del Cuaderno del Tribunal
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de Perforación Exploratoria – APE VMM3” en los Municipios de Aguachica y San
Martín – Cesar y Rionegro –Santander.
Dijo que, en el citado negocio jurídico, se determinó un cronograma mínimo
exploratorio, cuya fase 1 estaba comprendida por un periodo de treinta y seis (36)
meses para la ejecución de actividades de adquisición, procesamiento e interpretación
de setenta y cinco kilómetros (75 km) de sísmica 2D y la perforación de un (1) pozo
exploratorio A3. Mientras que la fase 2 tenía el mismo lapso y en ésta se previó la
perforación de dos (2) pozos adicionales.
Expresó que, a través de la Resolución No. 413 de 2009 y del Otrosí No. 3, la ANH
aprobó la cesión de dicho negocio jurídico a la sociedad Integral de Servicios Técnicos
S.A. y posteriormente a Shell Exploration And Production Colombia GMBH (SEPC)
Sucursal Colombia (en adelante Shell), respectivamente. Agregó que en Resolución
No. 20131410037111, la ANH aprobó la cesión del treinta por ciento (30 %) de los
intereses derivados de dicho contrato a Conocophillips
Sostuvo que, mediante Resolución 857 de 2014, se concedió una licencia ambiental
para la exploración y producción de yacimientos convencionales a favor de dicho
proyecto.
Expuso que, a causa de las demoras en el cumplimiento del cronograma del contrato,
Shell pidió la modificación de los compromisos exploratorios de la fase 1, remplazando
el pozo exploratorio A3 por uno estratigráfico, esto es, el que se perfora con el fin de
determinar las formaciones geológicas de una zona desconocida.
Indicó que el 5 de junio de 2015, la citada empresa solicitó la cesión total del anotado
contrato a las sociedades Conocophillips y CNE OIL & GAS S.A. y que, a su vez, estás
últimas pidieron la celebración de un negocio adicional para ejecutar actividades de
exploración y explotación de yacimientos no convencionales.
Agregó que, en virtud de lo previsto en el artículo 40.2. del Acuerdo No. 03 de 26 de
marzo de 2014, las citadas empresas expresaron su decisión de renunciar a explorar
y/o producir hidrocarburos derivados de los convencionales.
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Demandante: CCALP
Alegó que el 2 de diciembre de 2015 la ANH firmó un contrato adicional con estas
últimas compañías y les advirtió que, para el desarrollo de actividades de exploración
y explotación de yacimientos no convencionales, era necesario contar una licencia
ambiental.
Anotó que, como las aludidas sociedades renunciaron a la ejecución de actividades en
pozos convencionales, era claro que la licencia ambiental concedida a través de la
Resolución 857 de 2014 no producía efectos y, por ende, debía ser pedida una nueva
con estudios más rigurosos y especiales. No obstante, cuestionó que las anotadas
sociedades continuaron usando el citado instrumento ambiental para el desarrollo de
actividades en el Pozo Picoplata1 y que, incluso, la ANLA les cedió los derechos
derivados de la misma a través de la Resolución No. 0123 del 8 de febrero de 2016.
Manifestó que, el 15 de diciembre de 2015, Conocophillips pidió la reclasificación del
pozo Picoplata1 de estratigráfico a exploratorio A3, ello con el fin de cumplir con las
obligaciones de la Fase 1 del programa exploratorio del contrato adicional, y que dicha
petición fue aceptada por la ANH a través de Oficio 511-201600111 de 2016. Alegó
que esa circunstancia desconoce lo previsto en el artículo 10 de la Resolución 90341
que determinó que en los pozos estratigráficos no podían llevarse a cabo actividades
que no sea el reconocimiento y muestreo de las columnas estratigráficas.
Recalcó que la reclasificación del citado pozo se realizó con desconocimiento de las
normas que sobre la materia ha expedido el Ministerio de Minas y Energía y sin que
mediara una licencia ambiental.
Acotó que, en comunicación del 15 de diciembre de 2015, las empresas demandadas
reconocieron que el objetivo principal del pozo Picoplata1 era el de probar la existencia
y potencial hidrocarburífero de la formación La Luna en el bloque VMM-3, por lo que,
a su juicio, el mismo siempre tuvo una finalidad exploratoria sobre yacimientos no
convencionales.
Manifestó que el 16 de marzo de 2016 Conocophillips comunicó a la ANLA que estaba
planificando iniciar con las actividades de pruebas de producción, sin que ello
ameritara un plan de manejo ambiental (en adelante PMA), debido a que simplemente
se trataban de labores de limpieza que no requerían de maquinaría ni del
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aprovechamiento de recursos naturales. Asimismo, le informó sobre la reclasificación
del Pozo Picoplata1 de estratigráfico a exploratorio.
Explicó que, como consecuencia de las denuncias y protestas realizadas por la
comunidad de San Martin – Cesar, el día 13 de abril de 2016, la ANLA se vio obligada
a advertirle a las compañías contratistas que debían dar cumplimiento a lo previsto en
la licencia ambiental en lo relacionado a las actividades de limpieza y de monitoreo de
la cementación a realizar en el Pozo Picoplata1, y, de igual forma, les comunicó que,
si bien para las pruebas de estimulación hidráulica que se pretendían ejecutar en el
citado pozo se utilizarían técnicas convencionales, no podía perderse de vista que
dichos hidrocarburos se encontraban dentro de formación cretácea denominada como
La Luna, cuyos atributos litológicos y composicionales se caracterizaban como una
formación no convencional, tradicionalmente denominada como Lutita.
Aseguró que, como respuesta a lo anterior, en comunicación del 19 de abril de 2016,
Conocophillips aseguró que únicamente iniciaría las actividades en el citado pozo
cuando hubiere presentado el correspondiente PMA.
Expuso que el 11 de agosto de 2016, Conocophillips pidió la modificación de la licencia
ambiental, para el transporte de cinco mil (5000) mil barriles de agua a través de una
tubería o manguera, para la realización de las pruebas de estimulación hidráulica.
Anotó que, ante la preocupación derivada por los posibles impactos ambientales que
podrían ocasionarse por cuenta de la explotación de hidrocarburos a través de la
técnica del fracking, la parte actora presentó una petición a la ANLA para que, en
aplicación del principio de precaución, suspendiera el citado contrato adicional. No
obstante, sostuvo que, en la respuesta dada por dicha autoridad ambiental, la misma
reconoció que no tenía conocimientos sobre el fracking, por lo que pospuso adoptar
una decisión en el caso en concreto, hasta cuando contratara expertos en esa materia.
Dijo que, en cumplimiento de su función de advertencia, la Contraloría General de la
República, en oficio del 2 de diciembre de 2016, encontró hallazgos con incidencia
disciplinaria, en razón a que no existían términos de referencia ambiental específicos
para la fase de explotación y producción de yacimientos no convencionales, por lo que
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recomendó a la ANH abstenerse de suscribir negocios para explotaciones de esa
naturaleza.
Acotó que, para la construcción del Pozo Picoplata1, se perforaron dieciséis mil
cuatrocientos seis (16.406) pies; y que, dada esa profundidad, se habían alcanzado
yacimientos no convencionales, pese a que las empresas contratistas no tenían
autorización para ello. Agregó que, aunque las entidades accionadas han manifestado
en distintas ocasiones que no han desarrollado técnicas convencionales en el citado
pozo, lo cierto era que la actividad de fracking no dependía del tipo de técnica
empleada sino de la clase de la roca en la que el hidrocarburo se ubica.
Expuso que la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y
Energía reconoció que, para la exploración y explotación de yacimientos no
convencionales, se usan cerca de quince mil (15000) a dieciocho mil (18000) metros
cúbicos de agua, mientras que en convencionales solo se emplean tres mil (3000).
1.2.1. Arguyó que lo anterior implica una vulneración del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano, pues existe una considerable incertidumbre científica sobre los
alcances y riesgos que pueden producirse por la realización de actividades de fracking,
así como sus potenciales daños al medio ambiente y la salud humana.
Anotó que en países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, se ha podido
evidenciar que dichas prácticas generaban riesgos e impactos que podrían ser
considerados como considerables e irreversibles, tales como: (i) la contaminación del
agua y el aire, (ii) el aumento de la sismicidad, (iii) la erosión y contaminación de los
suelos, y (iv) la deforestación y degradación del hábitat, circunstancias que han llevado
a que Francia, Australia, Irlanda o Bulgaria prohíban dicha actividad.
Sostuvo que, pese al desconocimiento sobre esa clase de explotación, el Estado
colombiano ha desplegado diversas acciones dirigidas a permitir la explotación de
yacimientos no convencionales a través de la técnica de Fracking, ello en contravía del
principio de precaución. Así, expuso que la ANLA y ANH han habilitado proyectos de
esa naturaleza en un contexto de incertidumbre normativa y en un claro
desconocimiento de los compuestos o mezclas que se usarán para esos efectos, como
dio cuenta la Contraloría General de la República en su informe de 2012.
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Añadió que para la ejecución del contrato adicional era necesario que mediara la
expedición de una licencia ambiental, pero que Conocophillips y CNE OIL & GAS han
desarrollado dicha actividad sin el respectivo instrumento que las autorice y sin que se
prevengan, mitiguen o controlen los daños que eventualmente puedan producirse en
el Pozo Picoplata1.
1.2.2. En relación con el derecho colectivo a la seguridad pública, alegó que, ante las
protestas que han realizado los habitantes del Municipio de San Martin, la respuesta
de las autoridades competentes ha sido desmedida, violenta, abusiva y represiva.
Reprochó que la Alcaldía de ese ente territorial, en Resolución 0674 de 2016, habilitó
al Escuadrón Móvil Antidisturbios (en adelante ESMAD) a restablecer la movilidad de
la vía de Cuatro Bocas y que, posteriormente, en el Decreto 142 de ese año, ordenó
ley seca y toque de queda.
Tras aludir al alcance de los derechos de reunión y de protesta pacífica, indicó que la
Defensoría del Pueblo en su Informe de Riesgo No 040-16AI del 28 de noviembre de
2016, señaló que el Municipio de San Martín se encuentra en una zona de alto riesgo,
en razón a que las organizaciones sociales y especialmente las campesinas, han sido
objeto de amenazas, hostigamientos y agresiones.
1.2.3. Sobre el derecho colectivo a la seguridad pública, alegó que las actividades de
fracking implicaban millones de litros de agua contaminada, lo que afectaría el uso de
dicho líquido para el consumo humano, la agricultura, la crianza de ganado, entre otras.
Expuso que esas actividades tienen potencial para generar problemas respiratorios a
la comunidad y que, inclusive, podría haber casos de nacimiento de bebés con bajo
peso y con defectos congénitos. Igualmente, recalcó que pueden ocasionarse
terremotos por la inyección de grandes cantidades de desechos tóxicos denominados
como sumideros.
1.2.4. Respecto al derecho a la moralidad administrativa, advirtió que las entidades
accionadas actuaron en contravía del ordenamiento jurídico con la suscripción del
Contrato Adicional.
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1.2.4.1. Así, a la ANH le reprochó que hubiere aprobado la viabilidad del anotado
negocio, sin que existiera un proceso formal de cesión de los derechos del contrato
principal a las empresas accionadas, por lo que, a su juicio, se contravino la cláusula
número 75 del Contrato principal que exigía para esos efectos, contar con una
autorización previa escrita por parte de la anotada agencia.
En cuanto a la reclasificación del Pozo Picoplata1, cuando ya había sido perforado,
cuestionó que no se garantizó que se atendieran los estándares propios de uno
exploratorio, de manera que no era posible asegurar que durante las tareas de
estimulación hidráulica no ocurrieran fracturamientos, razón por la que se vulneró lo
dispuesto en las Resoluciones 181495 de 2009 y 90341 de 2014, expedidas por el
Ministerio de Minas y Energía.
1.2.4.2. Respecto de la ANLA, le atribuyó una infracción al principio de legalidad,
al no adoptar medidas conducentes o sancionatorias en contra de las empresas
contratistas, para que se abstengan de continuar realizando actividades derivadas del
contrato de producción de yacimientos no convencionales sin contar un permiso
ambiental y sin identificar los impactos y las medidas para su mitigación.
1.2.4.3. A la Alcaldía de San Martín, a la Gobernación del Departamento del
Cesar y a Corpocesar, les cuestionó que, pese a tener funciones de control y vigilancia
de los recursos ambientales, se han limitado a la socialización del proyecto, ignorando
las graves denuncias elevadas por la comunidad en contra de este.
1.2.5. De la vulneración del derecho al patrimonio público, expresó que, pese a que la
Contraloría General de la República en advertencia del 7 de septiembre de 2012,
advirtió sobre los impactos negativos del desarrollo de la actividad de Fracking, fue
suscrito el Contrato Adicional en el que se pretenden ejecutar actividades en
yacimientos no convencionales sin ceñirse a instrumentos ambientales que minimicen
la afectación a los recursos naturales y sin actividades preventivas o de seguimiento.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
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2.1. A través de providencia del 22 de marzo de 2017, el Tribunal Administrativo de
Santander dispuso la admisión de la demanda de la referencia y ordenó la notificación
de los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANH,
la ANLA, Corpocesar, el Departamento del Cesar, los Municipios de San Martín y
Aguachica – Cesar y de Puerto Wilches - Santander, la Corporación Autónoma
Regional para la defensa de la Meseta de Bucaramanga (en adelante CDMB) y las
empresas Conocophillips y CNE OIL & GAS S.A.
2.2. Por memorial del 28 de junio de 2017, la ANLA contestó la demanda en los
siguientes términos3:
2.2.1. Propuso la excepción de inepta demanda por la falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad establecido en el artículo 144 del CPACA en concordancia
con el artículo 161 ibidem, debido a que no se solicitó a las entidades accionadas que
adoptaran las medidas necesarias para proteger los derechos o intereses colectivos
que supuestamente habían sido amenazados.
2.2.2. Expuso que esa entidad carecía de legitimación material en la causa por pasiva
para intervenir en el presente asunto, debido a que no se había acreditado la afectación
o daño que se imputaba en la demanda y a que su actuar había sido acorde con el
ordenamiento jurídico.
Frente a la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución 857 de 2014, aseveró
que, de conformidad con lo previsto en los artículos 2 y 3 del Decreto Ley 3573 de
2011 y el numeral 8 del artículo 2.2.2.3.9.1. del Decreto 1076 de 2015, ha efectuado
diversas actividades de control y seguimiento y que, producto de ellas, ha podido
constatar que las empresas beneficiarias han dado cumplimiento a dicho instrumento
ambiental.
Mencionó que en distintas oportunidades ha advertido a las sociedades contratistas
que no cuentan con autorización para desarrollar actividades de exploración o
explotación de yacimientos no convencionales y que, si la ANH suscribió un contrato
en ese sentido, esa responsabilidad era atribuible de forma exclusiva a esa agencia.
3 Visible a folios 240 a 267 del Cuaderno del Tribunal
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Demandante: CCALP
Aclaró que en el Informe de Cumplimiento Ambiental No.1 de 2016 se dejó constancia
que no se había construido infraestructura que permitiera evidenciar el desarrollo de
pruebas de yacimientos no convencionales en el Pozo Picoplata1.
Adujo que, a través de oficio con radicado 2016084429-1-00 del 16 de diciembre de
2016, Conocophillips allegó una certificación expedida por la Vicepresidenta de
Operaciones, Regalías y Participaciones de la ANH, en la que se expuso que las
pruebas realizadas en el pozo Picoplata 1 eran convencionales, y que ello había sido
corroborado por esa autoridad ambiental.
Expresó que dicha certificación expedida por la ANH y las demás que en ese sentido
han sido emitidas por esa entidad, así como la licencia ambiental, estaban revestidas
de la presunción de legalidad.
2.2.3. Aludió a que no fueron aportadas pruebas que acreditaran la vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda, por lo que se desconocieron los
artículos 167 del CGP y 30 de la Ley 472 de 1998.
En cuanto a la vulneración al derecho a la moralidad administrativa, sostuvo que la
accionante tampoco acreditó los elementos subjetivos, como conductas amañadas,
irregulares y corruptas que favorecían los intereses particulares.
2.3. Entre tanto, Corpocesar propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva por cuanto la ANLA tiene competencia privativa para la concesión de
proyectos de hidrocarburos, conforme al numeral 1 del artículo 52 de la Ley 99 de
1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 2820 de 20104.
En similar sentido, la CDMB, en memorial del 28 de junio de 2017, también propuso la
citada excepción, toda vez que no tiene jurisdicción sobre el Municipio de Puerto
Wilches, Santander, y que, como esa sería la única razón por la que a su juicio podría
ser vinculada, era preciso que se dispusiera su separación de este trámite5.
4 Visible a folios 340 a 342 del Cuaderno del Tribunal
5 Visible a folios 348 a 353 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: CCALP
2.4. En oficio del 28 de junio de 2017, el Municipio de Aguachica contestó el escrito
demandatorio, en los siguientes términos6:
Mencionó que no se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, en la
medida que éstas buscan la protección de los derechos colectivos de los que son
titulares los habitantes de ese ente, razón por la que coadyuvó las pretensiones de
suspensión de las actividades de explotación de petróleo por yacimientos no
convencionales, hasta tanto se cuente con la respectiva licencia ambiental.
Por otro lado, pidió su desvinculación del presente asunto, asegurando que de los
hechos de la demanda no era posible colegir alguna actuación irregular de ese ente
territorial.
2.4.1. Lo expuesto fue reiterado en memorial del 31 de mayo de 2018, en el cual dicho
municipio se pronunció sobre la reforma del libelo introductorio7.
2.5. A su vez el Municipio de Puerto Wilches indicó que no participó directamente
los hechos que dieron lugar a la presentación del libelo introductorio y aseveró que se
atendría a lo resuelto en el transcurso del proceso8.
2.6. En escrito del 28 de junio de 2017, la Gobernación del Departamento del
Cesar dio respuesta a la demanda de la referencia, bajo las razones que se proceden
a sintetizar:
Dijo que, pese a que los hechos que dieron lugar a la interposición de la presente
acción popular no eran imputables a esa entidad, la misma sí había efectuado labores
de seguimiento sobre el proyecto objeto de controversia.
Así, mencionó que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó un derecho
de petición ante la ANLA, con el fin de que se le informara si existía alguna solicitud
de licencia ambiental para la implementación de proyectos fracking en ese
6 Visible a folios 354 a 376 del Cuaderno del Tribunal.
7 Visible a folios 2138 a 2166 del Cuaderno del Tribunal
8 Visible a folios 1100 a 1102 del Cuaderno del Tribunal
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Departamento. Aseveró que dicha autoridad le contestó el 6 de mayo de 2016, en el
sentido de señalar que no había otorgado ninguna licencia para ese tipo de actividades
y que la Resolución 0857 de 2014 no autorizaba a Conocophillips a ejecutar proyectos
no convencionales.
Adujo que adelantó una mesa de diálogo entre el Alcalde del Municipio de San Martín
– Cesar, el Comité en defensa del agua, el territorio y los ecosistemas, el Contralor
Departamental y el Procurador Agrario para abordar la presente problemática y que,
en la visita técnica realizada el 29 de noviembre de 2016 al Pozo Picoplata1, dejó
constancia que no se había evidenciado el desarrollo de actividades operativas de
explotación, circunstancia que imposibilitaba el diagnóstico técnico de los posibles
impactos ambientales.
Sostuvo que, dentro del marco de sus competencias, ha desarrollado todas las
acciones encaminadas a la conservación del ambiente sano en el Municipio de San
Martin, y que el Juez Constitucional era el llamado a adoptar las medidas que
considere oportunas, en caso de resolver que el citado proyecto había sido ejecutado
sin contar con una licencia ambiental.
Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.7. Por oficio del 14 de julio de 2017, el Alcalde del Municipio de San Martín
Cesar contestó la demanda en los siguientes términos9:
Alegó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, dado que los entes
municipales no tenían competencia en la celebración de contratos de hidrocarburos,
debido a que dichas potestades no estaban en las consagradas en los artículos 311 y
315 de la Constitución Política, 3, 4, 5 y 91 de la Ley 136 de 1994, y de otro lado,
tampoco había emitido la licencia ambiental objeto de controversia.
Dijo que agotó las gestiones necesarias y pertinentes para el restablecimiento del
orden público que fue perturbado por las continuas protestas desarrolladas por las
9 Visible a folios 1130 a 1147 del Cuaderno del Tribunal.
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personas que se oponían a la realización de las actividades autorizadas en el contrato
adicional.
2.8. En escrito del 27 de julio de 2017, la empresa CNE OIL & GAS S.A.S. dio
respuesta al escrito demandatorio así10:
2.8.1. Sostuvo que pretende adelantar el proyecto denominado como “Área de
perforación exploratoria APE-VMM3” entre los municipios de Aguachica y San Martín
y Rionegro y que, para esos efectos, cuenta con la respectiva aprobación de la ANH.
Dijo que los cambios que ha sufrido el contrato desde el año 2009 han sido efectuados
con apego al orden jurídico.
Expuso que el documento de advertencia de la Contraloría General no podía ser tenido
en cuenta en el presente asunto, en la medida que las potestades que habilitaban esa
clase de informes fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en
sentencia C-103 de 2015.
Dijo que no fue allegada alguna prueba que permitiera definir si las actividades de
fracking podían ocasionar daños sobre el medio ambiente o las personas, máxime
cuando en Colombia no se ha desarrollado ningún proyecto de esa naturaleza. Por
otro lado, refirió que no existía amenaza al derecho a la seguridad pública, pues no
había conexidad entre el proyecto objeto de controversia y los hechos que dieron lugar
a las alteraciones del orden público en el Municipio de San Martín.
Sobre la salubridad pública, expresó que no bastaba con afirmar que el fracking podía
provocar daños ambientales, sino que debía comprobarse que en efecto dichas
actividades generaban impactos a la población que habitaba el área de influencia, y
resaltó que las entidades demandadas habían actuado dentro del marco de sus
competencias, por lo que tampoco fue infringido el derecho a la moralidad pública.
En cuanto al desconocimiento del derecho al patrimonio público, afirmó que en el
escrito introductorio no se indicaron las razones por las que fue vulnerado y que, por
10 Visible a folios 1163 a 1185 del Cuaderno del Tribunal.
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el contrario, el desarrollo de actividades petroleras constituye una fuente de riqueza
para el país.
2.8.2. Posteriormente, en memorial del 12 de septiembre de 2018, la anotada empresa
contestó la reforma a la demanda, bajo similares argumentos a los expuestos en el
escrito de contestación inicial11.
2.9. A través de escrito del 28 de julio de 2017 la ANH respondió el libelo
introductorio por las razones que pasan a sintetizarse12:
Advirtió que esa entidad no es una autoridad ambiental, por lo que sus decisiones no
pueden referirse a la expedición de licencias ambientales o estudios de impacto
ambiental. Agregó que, pese a ello, en el clausulado del Contrato E&P No. 50 de 2009,
se indicaron cuáles eran los permisos que debían ser solicitados por los operadores
privados antes de la ejecución de actividades hidrocarburíferas y, por ende, explicó
que era innecesaria una decisión de suspensión de dicho negocio jurídico, pues en su
clausulado se dejó expresamente contemplado que las actividades de extracción en
yacimientos no convencionales debían contar con una licencia ambiental.
Precisó que, aunque los contratistas, al momento de suscribir el contrato adicional,
mencionaron que renunciaban a la posibilidad de explorar y explotar yacimientos
convencionales, lo cierto era que dicha propuesta no fue aceptada, pues hubiese
supuesto que el negocio principal dejara de existir, de manera que no habría
posibilidad de modificarlo.
Aseveró que no era cierto que la licencia ambiental concedida a las empresas
accionadas hubiere perdido vigencia, pues en dicho instrumento se amparó el
desarrollo de actividades de naturaleza convencional, las cuales, insistió, fueron
permitidas en el Contrato de Exploración & Producción No. 50 de 2009.
Aclaró que no todas las actividades definidas en el contrato adicional son para la
explotación de yacimientos no convencionales, pues, para el cumplimiento de la fase
11 Visible a folios 2151 a 2275 del Cuaderno del Tribunal.
12 Visible a folios 1193 a 1226 del Cuaderno del Tribunal.
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1 del programa mínimo exploratorio, se enlistaron acciones del orden convencional,
que, iteró, se encuentran permitidas por la respectiva licencia ambiental.
Destacó que en el Pozo Picoplata No. 1 se realizan las actividades propias de las
obligaciones de la anotada fase y que corresponden a acciones de naturaleza
convencional, las cuales han sido históricamente permitidas en Colombia. Sobre el
particular, aseguró que la “estimulación hidráulica es una práctica común en la
industria colombiana, siendo registrados aproximadamente 700 trabajos de este tipo
desde la década de los 50s en pozos verticales principalmente”13.
Adicionalmente, destacó que, para la realización de ese tipo de acciones, las empresas
deben cumplir estrictamente la normativa en la materia, particularmente, la
concerniente a la actividad sísmica en la exploración de yacimientos no
convencionales, dispuesta en el Decreto 3004 de 2013, las Resoluciones 0421 de
2014 y 90341 de 2014, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y el Acuerdo
03 de 2014, proferido por la ANH.
Alegó que, si en gracia de discusión, se probara que los contratistas han adelantado
actividades sin el cumplimiento de la Ley o los reglamentos, era competencia de la
ANLA iniciar las acciones preventivas y sancionatorias, mientras que la ANH estaba
obligada de adoptar las acciones contractuales por la indebida ejecución del mismo;
pero que, en todo caso, desde la expedición de la sentencia C-644 de 2011 y la Ley
1437 de 2011, no era procedente que a través del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos se declarara la nulidad de un contrato estatal.
Agregó que el Gobierno Nacional ha emitido una reglamentación específica sobre la
explotación de yacimientos no convencionales y, además, ha generado espacios de
diálogo para la socialización con los ciudadanos y los sectores interesados en realizar
los respectivos aportes sobre el particular.
Resaltó que para la explotación de hidrocarburos a través de la técnica del fracking el
interesado debe presentar el respectivo PMA o el Estudio de impacto ambiental, de
manera que fueran identificados los posibles riesgos e impacto y las medidas para que
13 Visible a folio 1206 del Cuaderno del Tribunal.
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éstos sean prevenidos, mitigados, corregidos, compensados y manejados a través de
los citados instrumentos de control y del Plan de Contingencia aplicable a la operación.
Advirtió que no podía ser tenido en cuenta el informe expedido por la Contraloría de la
República en el año 2012, en la medida que la función de advertencia a cargo de esa
entidad fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-103 de
2015.
Resaltó que los reproches del libelo introductorio nacían “de la intuición o sentimiento
de prevención que identifica la actividad industrial de exploración y producción de
hidrocarburos con el daño o vulneración del medio ambiente”14, desconociendo que,
con la expedición de la licencia ambiental conferida en la Resolución 0857 de 2014, se
había permitido el desarrollo de actividades de la exploración y producción de
yacimientos convencionales con respecto a la conservación y preservación del medio
ambiente.
Dijo que toda actividad humana implica la utilización de agua, no sólo la actividad de
extracción de petróleo, y que incluso las de ganadería y de agricultura extensiva
demandaban más de dicho líquido que la industria hidrocarburífera.
Anotó que no era aplicable el principio de precaución, pues existían innumerables
estudios que permitían identificar los impactos de la actividad petrolera y la forma de
mitigarlos a través de una licencia ambiental.
2.9.1. Posteriormente, en memorial del 30 de mayo de 2018, la citada entidad contestó
la reforma a la demanda, agregando los siguientes argumentos:
Expuso que el objetivo principal del Pozo estratigráfico Picoplata1 fue probar la
existencia y potencial hidrocarburífero de la formación La Luna, que es considerado
como un yacimiento no convencional.
Arguyó que la modificación al programa exploratorio y la aprobación de la perforación
del anotado pozo se soportaron en consideraciones de tipo técnico y que su finalidad
14 Visible a folio 1219 del Cuaderno del Tribunal.
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fue obtener información geológica que permita calibrar y evaluar los modelos de
presencia de hidrocarburos.
Anotó que la profundidad de dicho pozo no indicaba necesariamente cuál era el tipo
de actividad de exploración y explotación de hidrocarburos y que, si bien “es cierto que
durante la perforación se alcanzó a la Formación La Luna, esta formación exhibe una
amplia gama de características petrofísicas, litológicas, sedimentológicas, que la
pueden clasificar como yacimiento convencional o como uno no convencional”15.
Adujo que el citado pozo cumple con lo dispuesto en la Resolución 181495 de 2009,
emitida por el Ministerio de Minas y Energía, pues con él se buscar determinar la
existencia de suficientes intervalos de la roca generadora de petróleo. Aseveró que las
acciones relacionadas dentro de la fase No.1 del Contrato Adicional podían ser
ejecutadas en el marco de la licencia ambiental para yacimientos convencionales, pues
existía homogeneidad técnica en las actividades que allí se despliegan con las de
yacimientos no convencionales.
2.10. En memorial del 3 de agosto de 2017, la empresa Conocophillips respondió el
libelo introductorio bajo los siguientes argumentos:
Expuso que, pese a que el contrato adicional permitió la exploración y explotación en
yacimientos no convencionales, a la fecha ello no había sido ejecutado, debido a que:
(i) la caracterización del reservorio aún se encontraba en determinación, por lo que
estaban adelantando las acciones convencionales definidas en la fase del programa
exploratorio mínimo, y (ii) para el desarrollo de la técnica del fracking era necesario la
expedición de una nueva licencia ambiental que aún no ha sido solicitada.
Aseveró que hasta que se concluyan las actividades relacionadas con el abandono y
taponeo del pozo Picoplata1, seguiría realizando las pruebas convencionales
autorizadas en la fase 1 del citado contrato, dado que éstas buscaban caracterizar el
tipo de hidrocarburo que pudiera estar presente y evaluar su potencial productivo.
15 Visible en a folio 2131 del Cuaderno del Tribunal.
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Agregó que dichas pruebas incluyen la estimulación hidráulica, que es mundialmente
conocida desde hace setenta (70) años, y que particularmente en Colombia está
autorizada desde hace cincuenta (50). Agregó que, como esa actividad era usual y
normal en la industria del petróleo, sus efectos eran conocidos y mitigados,
circunstancia que hacía improcedente la aplicación del principio de precaución.
Anotó que se encuentra ejecutando las actividades de exploración, las cuales tienen
un periodo de duración de nueve (9) años, contados a partir del 3 de diciembre de
2015; y que, una vez finalice dicho lapso, podrá determinarse la viabilidad técnica y
comercial de los recursos y la posibilidad de explotarlos.
Resaltó que: (i) ha venido ejecutando el contrato adicional conforme a los términos
dispuestos en la Ley y con observancia de los Acuerdos emanados de la ANH, (ii) las
actividades en el Pozo Picoplata1 eran convencionales y estaban en concordancia con
la Fase 1 del periodo exploratorio y (iii) las previstas en la fase 2 eran inciertas, toda
vez que ello dependía de los resultados de la fase precedente y de la concesión de
una licencia ambiental.
Reprochó que la sola circunstancia de que en el contrato adicional se regule la forma
en que debían realizarse las actividades no convencionales no implicaba per se una
vulneración de derechos colectivos y que, en todo caso, de llegar a realizarse la fase
2, que sí contempla técnicas de esa índole, el fracturamiento hidráulico sería realizado
de forma segura y responsable, en cumplimiento de la Resolución 90341 de 2014 y el
Decreto 3004 de 2013, ambos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía, el
Acuerdo 3 de 2014 emitido por la ANH, el Decreto 1076 de 2015, los términos de
referencia para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos y la Resolución
D-149 de 2017 emitida por el Servicio Geológico Colombiano.
Aseguró que el pozo Picoplata1 es vertical y las acciones que allí despliegan están
amparadas en la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 0857 de 2014,
proferida por la ANLA.
Dijo que no era cierto que haya renunciado a ejecutar actividades convencionales y
que dicho desistimiento versó exclusivamente sobre la ejecución de la segunda fase
del contrato inicial. Agregó que la transferencia de derechos y obligaciones derivados
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del pozo vertical Picoplata1 fue formalizada tanto en el acta de liquidación parcial del
contrato Inicial como en el contrato adicional.
Resaltó que la acción popular no era el mecanismo idóneo para determinar una
supuesta infracción a normas superiores por parte de dichos negocios jurídicos y que
la parte actora tampoco había cumplido con su carga de la prueba, infringiendo el
mandato previsto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998.
2.10.1. En oficio del 13 de septiembre de 2018, la anotada empresa contestó el
memorial de reforma de la demanda, adicionando los siguientes argumentos:
Anotó que, de acuerdo con la fase 1 del contrato inicial, el pozo Picoplata1 fue
diseñado como exploratorio A3; sin embargo, resaltó que, por demoras ajenas a Shell,
dicha empresa pidió la modificación de la naturaleza de ese pozo para convertirlo en
uno estratigráfico, pero sin que ello implicara un cambio en sus características de
diseño o de construcción.
Resaltó que en la formación La Luna pueden existir yacimientos convencionales y no
convencionales y que, por ello, en el contrato adicional se previó un procedimiento
especial en caso de existir dicha coexistencia.
Adujo que las pruebas exploratorias dieron cuenta de que gran parte de la formación
La Luna se comporta como un yacimiento convencional. Sin embargo, dijo que el lugar
en el que se ubica el pozo Picoplata1 era no convencional, de ahí que procediera a su
taponamiento y abonado y solicitara la correspondiente licencia ambiental a efectos de
explorar dicha área con la técnica apropiada.
Expuso que no era cierto que la naturaleza de un yacimiento dependa de los atributos
litológicos y composicionales de un sector, sino que ello variaba por la movilidad del
crudo al ser extraído, y que prueba de ello era que incluso en la citada formación
existían al menos siete (7) pozos que se explotaban de manera convencional.
Dijo que el pozo Picoplata 1 puede ser usado para ejercer funciones de tipo
exploratorio o estratigráfico en razón a la naturaleza de sus revestimientos y que la
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profundidad de este no era indicativa de que fuera a ser empleado para actividades de
fracking.
Anotó que en la licencia ambiental fue autorizada la construcción de hasta (2) pozos
exploratorios por plataforma, para un total de dieciséis (16), que podían ser elaborados
verticalmente con una profundidad de hasta dieciocho mil (18000) pies y horizontal de
cinco mil (5000) pies.
Sobre la estimulación continua o en la etapa explotaría de tipo convencional, mencionó
que durante esa clase de pruebas se genera crudo, por lo que, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 9 de la Resolución 181495 de 2009, reportó el mismo a las
autoridades competentes y pagó su producción. No obstante, aclaró que ésta era
insignificante, pues apenas estaba concebida para entender las características y
capacidades del pozo.
Expresó que existía carencia actual de objeto, en la medida que, desde el mes de julio
de 2017, ya no se está desarrollado alguna actividad en el Pozo Picoplata 1, razón por
la que no había ninguna situación que pueda considerarse como amenazadora de los
derechos colectivos invocados en la demanda.
2.11. En escrito del 29 de agosto de 2017, la Asociación Colombiana del Petróleo
coadyuvó a la parte accionada, señalando que el demandante no aportó los suficientes
elementos técnicos, científicos o económicos que habilitaran a la petición de
suspensión de una actividad autorizada por los respectivos contratos y por una licencia
ambiental y que, en caso de accederse a dicha solicitud, se causarían graves perjuicios
económicos y sociales a los Departamentos de Santander y Cesar, pues dejarían de
percibir los recursos que les son asignados por concepto de regalías.
Precisó que el sector de hidrocarburos no es el que más usa agua a nivel nacional y
procedió a explicar de manera general las características de la técnica del fracking.
Asimismo, aludió a las graves consecuencias macroeconómicas que acarrearía la
disminución en la producción de petróleo y anotó que a través de una acción popular
era improcedente suspender un contrato y una licencia ambiental vigente16.
16 Visible a folios 1651 a 1644 del Cuaderno del Tribunal.
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En esa misma línea, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos –
ACIPET, coadyuvó a la demandada, resaltando que no fueron aportadas pruebas
sobre los daños que se podrían ocasionar por la explotación de hidrocarburos con la
técnica del fracking y que, por el contrario, dicha actividad era importante para la
economía nacional17.
2.12. Por otro lado, las señora Claudia Velarde y Juana Hofman, pertenecientes a
la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente – AIDA,
coadyuvaron a los peticiones de la demanda y se refirieron de manera general a las
implicaciones y consecuencias negativas de la extracción de hidrocarburos a través
de la técnica del fracking e hicieron mención al alcance del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático, a los estudios de impacto ambiental desde
el derecho internacional y a la aplicación del principio de precaución respecto a dicha
técnica no convencional18.
En similares términos, la señora Claudia Campero Arena, quien se identificó como
colaboradora de la organización Food & Wanter19, la Federación Unitaria de
Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgico, Químicos, de Industrias
Extractivas, Transportadores y Similares de Colombia - FUNTRAMIEXCO20, la
ciudadana Aroa de la Fuente de López, quien indicó que era integrante de la Alianza
Mexicana contra el fracking21, el Observatorio Petrolero Sur22, el Centro de
Análisis e Investigación - FUNDAR23, los ciudadanos Juan Eugenio Guerrero
Martín y Consuelo Acevedo Nova24, coadyuvaron las pretensiones de la demanda.
2.13. En memorial del 10 de agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible contestó el escrito demandatorio, proponiendo la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, señalando que, de conformidad con el artículo 31
de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades ambientales regionales ejercer la
17 Visible a folios 1731 a 1802 del Cuaderno del Tribunal.
18 Visible a folios 1930 a 1952 del Cuaderno del. Tribunal.
19 Visible a folio 1251 del Cuaderno del Tribunal
20 Visible a folios 1520 a 1543 del Cuaderno del Tribunal.
21 Visible a folios 1544 a 1545 del Cuaderno del Tribunal.
22 Visible a folios 1546 a 1552 del Cuaderno del Tribunal.
23 Visible a folios 1555 a 1566 del Cuaderno del Tribunal
24 Visible a folios 1600 a 1611 del Cuaderno del Tribunal
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función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por
dicha cartera ministerial.
En esa medida, aseveró que no tuvo injerencia en los hechos que dieron lugar a la
presentación de la demanda y que tampoco existían presupuestos fácticos o jurídicos
que fundamentaran las pretensiones25.
2.14. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía alegó que carecía de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida que los hechos expuestos en el libelo
introductorio no tenían relación con sus competencias, las cuales fueron definidas en
el Decreto 0381 de 2012.
Dijo que tampoco podía darse aplicación al principio de precaución, debido a que no
se aportaron pruebas que permitan definir si la actividad autorizada a las empresas
demandadas tiene la connotación de provocar un daño al medio ambiente y que, en
esa medida, su eventual prohibición derivaría en un perjuicio grave al interés general
y estaría en contravía con el principio de desarrollo sostenible26.
2.15. A través de auto del 22 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la reforma de la demanda.
2.16. El día 1 de febrero de 2019 se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento,
la cual fue declarada fallida, debido a que las partes no llegaron a un acuerdo
conciliatorio.
2.17. En proveído del 1 de febrero de 2019 se abrió el proceso a pruebas27, y a través
de providencia calendada el 12 de marzo de 2020, se corrió traslado para alegar de
conclusión28.
2.18. En memorial del 19 de febrero de 2018, CCALP solicitó una medida cautelar de
suspensión de las actividades del pozo Picoplata 1, al considerar que con las mismas
25 Visible a folios 1581 a 1590 del Cuaderno del Tribunal.
26 Visible a folios 4313 a 4314 del Cuaderno del Tribunal.
27 Visible a folios 2466 a 2471 del Cuaderno del Tribunal.
28 Visible a folios 4001 a 4004 del Cuaderno del Tribunal.
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se estaban afectando las fuentes de agua de la Vereda Pita Limón del Municipio de
San Martín. Sin embargo, la misma fue negada por el Tribunal en auto del 16 de julio
de 2018, toda vez que no se probó que en la zona del subsuelo de dicho pozo haya
un escape de hidrocarburos29.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia el día 15 de diciembre
de 2020, en cuya parte resolutiva decidió:
“Primero. Denegar las pretensiones de la demanda
Segundo. Sin condena en costas en primera instancia.
Tercero. Prevenir a las partes que la oportunidad para interponer el recurso de
apelación en contra de esta providencia, es la señalada en el art. 332.1 del CGP,
según art. 37.1. de la L. 472/98.
Cuarto. Archivar el expediente una vez esté en firme este proveído, previa las
anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XXI”30
3.2. Indicó que, de manera previa a resolver sobre el fondo del asunto de la referencia,
era menester definir los siguientes aspectos procesales: (i) la excepción de inepta
demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad que fue elevada por
la ANLA, (ii) las distintas excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
que fueron propuestas por las entidades accionadas, (iii) la posibilidad de que un Juez
constitucional anule un acto administrativo o un contrato estatal, (iv) la tacha de
imparcialidad de los peritos, y (v) la objeción por error grave de la prueba pericial.
3.2.1. Sobre el primer punto, aseveró que los actores populares sí habían cumplido la
carga impuesta en el artículo 144 del CPACA, pues aportaron copia de la petición que
remitieron a la ANLA para que abriera un procedimiento sancionatorio y, en
consecuencia, adoptara las medidas necesarias para hacer cesar la vulneración y
agravio sobre los derechos colectivos invocados en la demanda, por la ejecución del
contrato adicional de exploración de producción de yacimientos no convencionales que
fue celebrado entre las empresas accionadas y la ANH.
29 Visible en el índice número 2 del Sistema de Gestión SAMAI
30 Visible a folio 4335 del Cuaderno del Tribunal.
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3.2.2. En cuanto al segundo aspecto, mencionó que los entes territoriales demandados
sí debían comparecer al proceso de la referencia, toda vez que, conforme a lo previsto
en los artículos 32 de la Ley 472 de 1998, 64.3. y 65.5 de la Ley 99 de 1993, se
encontraban obligados participar en la “realización de las conductas necesarias para
volver las cosas al estado anterior de la vulneración”31, ante una eventual afectación a
los recursos naturales en el área de su jurisdicción,
De la ANLA, adujo que su vinculación estaba justificada en razón a que fue quien, a
través de la Resolución 0857 de 2014, otorgó la licencia ambiental al proyecto petrolero
objeto de controversia; y a que, en la demanda, se alegó que no ejerció un debido
control y vigilancia sobre el cumplimiento de dicho instrumento ambiental.
Añadió que también se encontraban legitimadas las corporaciones autónomas
regionales que fueron llamadas como entidades demandadas, en razón a que en el
escrito demandatorio se pretendió la ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Anotó que la Resolución
857 de 2014 cobijó áreas del Municipio de Rionegro que se encuentra en la jurisdicción
de la CDMB.
Respecto a los Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía,
aseveró que la primera cartera ministerial es el organismo rector del medio ambiente
y que, en esa medida, debe velar por su correcto uso, manejo, aprovechamiento,
conservación, restauración y recuperación; mientras que el segundo ministerio en
comento es el encargado de coordinar la gestión del riesgo con las autoridades
ambientales del sector minero energético.
3.2.3. En cuanto al tercer aspecto procesal, dijo que el artículo 144.2. del CPACA
determinó que dentro del trámite de una acción popular no es posible anular un acto
administrativo o un contrato estatal, pero que, en todo caso, ello no riñe con la petición
efectuada en la demanda, en la que se solicitó que se suspendan los efectos del
contrato adicional suscrito entre las empresas accionadas y la ANH.
31 Visible a folio 4322 del Cuaderno del Tribunal
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Demandante: CCALP
3.2.4. Por otro lado, negó la tacha de los peritos que llevaron a cabo el dictamen
pericial en primera instancia y que fue propuesta por la parte actora en la etapa
probatoria, debido a que la vinculación laboral de los mismos con Ecopetrol o la
designación de éstos por parte del Director del Centro de Innovación y Tecnología de
dicha entidad, no era demostrativa de que tuvieran algún interés directo o indirecto que
permita colegir que su parcialidad estuvo comprometida.
Resaltó que no era objeto de la litis determinar si debían prohibirse las actividades de
fracking en alguna parte del territorio nacional, de manera que la decisión que se
adoptara en el proceso de la referencia no podía afectar los intereses económicos de
dicha empresa.
3.2.5. A su vez, negó las objeciones por error grave en contra de la prueba pericial que
fue practicada en el trámite de instancia y que fueron formuladas por la accionante,
señalando que: (i) el estudio técnico era concordante con la definición de la técnica de
fracking que ha sido aceptada por expertos en la materia, (ii) los cuestionamientos
relativos a que en el Pozo PicoPlata 1 se habían efectuado esa clase de actividades,
debieron ser abordados en las alegaciones de conclusión, y (iii) no se acreditó la
posible vulneración al medio ambiente por la ejecución de las labores de exploración
en dicho pozo, ni se indicaron cuáles estudios fueron omitidos por los peritos.
3.3. Posteriormente, pasó a resolver el caso concreto, en los siguientes términos:
Señaló que de las pruebas técnicas practicadas por Corpocesar y el estudio pericial,
pudo constatar que en los pozos de agua o los aljibes ubicados en la Vereda de Pita
Limón en el Municipio de San Martín - Cesar, no había trazas de hidrocarburos, de
manera que no se había acreditado la vulneración de los derechos colectivos a la
existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales y a la salubridad pública.
Aludió a la noción de daño ambiental, e indicó que los demandantes no probaron que
los habitantes de la citada vereda hubieran sufrido algún daño por las actividades
realizadas en el pozo Picoplata 1, sin importar la técnica empleada, esto es,
convencional o no.
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Dijo que estaba acreditado que en el citado pozo no se hicieron actividades de
fracturamiento hidráulico con perforación horizontal o fracking y negó la aplicación del
principio de precaución, pues no encontró acreditado que los procedimientos de
exploración que fueron adelantados por las empresas accionadas se hicieran con
desconocimiento a los parámetros normales de la industria.
Posteriormente acotó que, de acuerdo con el dictamen pericial y los testimonios
rendidos dentro del trámite de instancia, la técnica de fracking implica una perforación
horizontal, de manera que, como el Pozo Picoplata 1 era de naturaleza vertical, no era
posible llevar a cabo allí ese tipo de acciones.
Advirtió que tampoco se probó que los químicos usados para las exploraciones
realizadas en citado pozo generaran riesgos desconocidos para el medio ambiente.
Mencionó que, de la lectura del Oficio 20145110104511 del 6 de agosto de 2014,
suscrito por el Gerente de Fiscalización de la Vicepresidencia de Operaciones,
Regalías y Participaciones de la ANH, era posible extraer que el anotado pozo podía
ser reclasificado como exploratorio luego de su construcción como estratigráfico.
Agregó que el propósito de dicho pozo era conocer las características de la formación
geológica y que, para ello, se utilizaron no más de cinco mil (5000) galones de agua,
por lo que tampoco se había demostrado un eventual uso excesivo de dicho líquido.
Arguyó que la licencia ambiental contenida en la Resolución 857 de 2014 habilitó a la
construcción de dos (2) pozos exploratorios y que el crudo resultante de la actividad
exploratoria debía ser transportado en carrotanque, sin que dicho aspecto fuera
modificado en las Resoluciones 123 del 8 de febrero de 2016 y 1514 de 7 de diciembre
de 2016. Aseveró que, para la elaboración de pozos estratigráficos, no se requiere
licencia ambiental, debido a que éstos no estaban enlistados en artículo 2.2.2.3.2.2.
del Decreto 1076 de 2015, disposición en la que sí se incluyen los pozos exploratorios.
Sobre el particular, textualmente en la sentencia recurrida se dijo:
“La licencia ambiental contenida en la Resolución 857 del 30.07.2014 ampara la
construcción de dos pozos exploratorios, según se estipula en su artículo 2,
incluyendo la “construcción de ocho (8) facilidades para pruebas cortas y extensas
de producción de los pozos autorizados”, así como se dispuso que el crudo
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resultante se debía transportar mediante carro tanque. Este aspecto no fue
modificado en las Resoluciones 123 del 08.02.2016 y 1514 del 07.12.2016.
Hace notar la Sala que, tal y como lo advirtió la señora Agente del Ministerio
Público, la construcción de pozos estratigráficos no requiere licencia ambiental del
ANLA al no estar enlistados en el art. 2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 de 2015, en el
que sí se encuentran los pozos exploratorios”32
Anotó las actividades de exploración y de toma de pruebas de producción de
hidrocarburos llevadas a cabo en el Pozo PicoPlata1 estuvieron amparadas por la
licencia ambiental contenida en la Resolución 857 de 2014, por lo que descartó la
vulneración a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio
ecológico y al manejo racional de los recursos naturales y la salubridad pública.
En cuanto al derecho a la moralidad administrativa, dijo que no se probó su
vulneración, en la medida que los accionantes se limitaron a inferir que en el citado
pozo se llevaban a cabo actividades de fracking, pero que las mismas habían quedado
probatoriamente descartadas.
Por otro lado, aseveró que la actora no identificó de manera concreta cuáles acciones
u omisiones de las entidades accionadas pueden calificarse como fuente de
vulneración de los derechos colectivos y que los entes territoriales no podían prohibir
el desarrollo de exploración de hidrocarburos en sus territorios.
Manifestó que en la demanda se expusieron argumentos de ilegalidad en contra del
contrato adicional del 2 de diciembre de 2015, pero que el Juez constitucional no tenía
competencia para pronunciarse sobre su validez.
Respecto al derecho a la seguridad pública, aseguró que no era posible pronunciarse
sobre los posibles excesos en que había incurrido la fuerza pública en las protestas
llevadas a cabo en el Municipio de San Martín - Cesar, debido a que ello involucraba
derechos individuales de los afectados, los cuales podían ser amparados a través de
los mecanismos previstos para esos efectos en el ordenamiento jurídico; y que, en
caso de haya ocasionado un daño y se pretenda su indemnización, dicha petición debe
procurarse a través del medio de control de reparación directa.
32 Visible a folio 4333 del Cuaderno del Tribunal
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En consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
En contra de la precitada decisión, la parte actora presentó recurso de apelación,
argumentando lo siguiente:
Sostuvo que estaba probado que en el pozo Picoplata 1 había presencia de
yacimientos no convencionales y que, pese a ello, la actividad exploratoria se efectuó
bajo el amparo de una licencia ambiental que únicamente permitía esas acciones en
yacimientos convencionales, de manera que no era posible constatar los daños
ocasionados al medio ambiente.
Sostuvo que objetó de manera grave el dictamen pericial, en la medida que en dicho
estudio no se demostró que, con la técnica de estimulación hidráulica, se hubieren
observado los parámetros de seguridad.
Resaltó que, aunque la ANH certificó que las actividades desarrolladas en el anotado
pozo eran convencionales, no se precisó la profundidad en que ello sería efectuado ni
las características de la formación y del yacimiento explotado.
Adujo que la actividad de perforación vertical hasta los quince mil (15000) pies es una
práctica catalogada como no convencional según los términos de referencia generales
dispuestos para la elaboración de los respectivos estudios de impacto ambiental; por
ende, aseguró que en el Pozo Picoplata1 sí se realizó una actividad no convencional,
así no haya perforaciones horizontales.
4.1. Sobre los derechos al goce a un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo
racional de los recursos naturales y la salubridad pública, reprochó que la posible
contaminación de los recursos hídricos de la Vereda Pitalimón no hizo parte de los
reparos de la acción popular, sino que ello obedeció a una denuncia que fue conocida
durante el trámite de las medidas cautelares, las cuales fueron negadas en su
momento por el Tribunal.
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Demandante: CCALP
Resaltó que el posible desconocimiento de los derechos colectivos radicaba, en
general, en las actividades que fueron autorizadas en el contrato adicional de
exploración y producción de yacimientos no convencionales pero que en la sentencia
recurrida se limitó la discusión exclusivamente al pozo Picoplata 1.
Anotó que los fundamentos del dictamen pericial eran deficientes y que las inquietudes
respecto al mismo se plantearon en la audiencia de contradicción al dictamen, de modo
que debía prosperar la objeción que fue planteada. Asimismo, alegó no se
determinaron cuáles eran los posibles impactos generados por la intervención de
yacimientos no convencionales en la formación La Luna y que las observaciones de
dicho estudio técnico se limitaron a las actividades convencionales que fueron
autorizadas en la licencia ambiental. Aseguró que el Tribunal pasó por alto dichas
omisiones y negó la valoración del dictamen que fue aportado por la parte actora en el
que se acreditó que el fracking podía ocasionar: (i) consumo elevado de agua dulce
durante la etapa de fracturamiento desbalanceando el ciclo natural de dicho líquido,
(ii) la licuefacción de la formación geológica, (iii) altos niveles de contaminación, y (iv)
generación de inestabilidad y de mayor propagación de las ondas sísmicas. Agregó
que en dicho análisis se concluyó que: (i) en el proyecto objeto de controversia no se
previeron todos los riesgos posibles y las medidas de mitigación, (ii) no se estudiaron
las experiencias negativas de los proyectos en los que se ha empleado la técnica del
fracking en el resto del mundo, (iii) era necesario elaborar una tasa interna de retorno
energético del proyecto, (iv) debió preverse el diseño de la metodología y las acciones
a implementar para que los pasivos ambientales puedan ser mitigados, y (iv) el uso de
agua para el fracturamiento hidráulico era el mismo consumido para una población de
un millón (1.000.0000) de personas durante trescientos cuarenta y cuatro punto cinco
(344.5.) días.
Cuestionó que el Tribunal, al resolver la tacha de los peritos, omitió dirimir el reproche
relacionado con que éstos hacían parte del equipo de expositores designados para
hacer pedagogías, promocionar e impulsar las bondades y beneficios de la técnica de
fracking; y que incluso ello había sido reconocido por el Ingeniero Mauricio Cardeñosa
en la sustentación del estudio técnico.
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Cuestionó que el Tribunal haya excluido de su análisis la totalidad de actividades que
se pretendían ejecutar en el citado contrato adicional, cuando las mismas constituían
la real amenaza a los derechos colectivos invocados.
4.2. Arguyó que la licencia ambiental que fue concedida a través de la Resolución No.
857 del 30 de julio de 2014, en su artículo 14, expresamente prohibió la realización de
actividades en yacimientos no convencionales, y que la misma fue concedida por el
término de duración del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º del
Decreto 2820 de 2010, compilado en el artículo 2.2.2.3.1.6. del Decreto 1076 de 2015.
Manifestó que las empresas accionadas sí renunciaron a la posibilidad de adelantar
actividades en yacimientos convencionales, por lo que, con la suscripción del contrato
adicional, se llevó a cabo una terminación parcial del negocio principal; y, por ende,
estaban obligabas a solicitar una nueva licencia ambiental.
Recalcó que el Tribunal pasó por alto todas las pruebas que daban cuenta de la
ejecución de actividades sobre un yacimiento no convencional sin la debida licencia
ambiental, desconociendo el ordenamiento jurídico y poniendo en peligro los derechos
colectivos y ambientales señalados en la demanda.
Acotó que la conclusión relativa a que las actividades llevadas a cabo en el Pozo
Picoplata1 estuvieron amparadas por una licencia ambiental ignoraba el material
probatorio obrante en el plenario y las advertencias que sobre dicho proyecto fueron
esgrimidas por la ANLA, en las que esa entidad indicó que se intervendría la formación
cretácica denomina La Luna, que poseía atributos litológicos y composicionales, los
cuales se caracterizaban formación de yacimientos no convencionales.
4.3. Expuso que el Tribunal ignoró que los artículos 49 y 52 de la Ley 99 de 1993,
2.2.2.3.2.2. del Decreto 1076 de 2015, 8 del Decreto 2041 de 2014, y el numeral 1 de
literal b) del artículo 8 del Decreto 1220 de 2005, indicaron que los proyectos de
perforación de pozos de hidrocarburos requerían licencia ambiental; de ahí que, a su
juicio, no existía ningún fundamento jurídico para aseverar que el Pozo Picoplata1
podía operar sin contar con algún instrumento ambiental que le permitiera identificar y
mitigar sus posibles impactos negativos.
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4.4. Argumentó que se vulneró el derecho colectivo a la moralidad pública debido a
que se permitió a las empresas contratistas llevar a cabo actividades en yacimientos
no convencionales, sin realizar ningún estudio para esos efectos y priorizando el
mercado hidrocarburífero.
Anotó que la ANH no emitió un acto formal sobre la cesión del contrato inicial a las
sociedades accionadas, contraviniendo la cláusula 75 del Contrato Inicial de
Exploración y Producción de Hidrocarburos, y tampoco exigió a los contratistas tramitar
la licencia ambiental para desarrollar actividades no convencionales en el Pozo
Picoplata 1.
A la ANLA le reprochó que se limitó a hacer advertencias, pero no adelantó ninguna
investigación a efectos de determinar si se desconoció la normativa ambiental.
Concluyó que la Contraloría General de la República en sus documentos de
advertencia, particularmente en el Oficio 2016EE0139327, encontró que en el proyecto
objeto de controversia había hallazgos de tipo disciplinario, por lo que, a su juicio, se
había vulnerado el derecho a la moralidad pública.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado, esta Corporación es
competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en
contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en el medio de
control de protección de derecho e intereses colectivos.
4.2. Actuación en segunda instancia
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4.2.1. Mediante auto del 15 de marzo de 2021 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora33.
4.2.2. A través de memorial del 14 de abril de 2021, la accionante solicitó el decreto
de algunas pruebas en el trámite de segunda instancia, las cuales fueron denegadas
en proveído del 23 de agosto de 2021.
4.2.3. En providencia del 20 de septiembre de 2021 se corrió traslado a las partes para
que alegaran de conclusión34.
4.2.4. En memorial del 29 de septiembre de 2021, el Departamento del Cesar
descorrió el citado traslado, reiterando los argumentos esbozados en el escrito de
contestación de la demanda35.
Lo propio hicieron la CDMB y Corpocesar en oficios del 4 de octubre36 y del 12 de
noviembre de 202137, respectivamente.
4.2.5. En memorial del 4 de octubre de 2022, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA, descorrió el traslado para alegar de conclusión, aludiendo a las
actividades que ha adelantado dentro del proyecto identificado como LAV001-1238:
4.2.5.1. Así, indicó que, a través de la Resolución 857 de 30 de julio de 2014,
concedió una licencia ambiental a la empresa Shell, para el proyecto denominado
como “Área de Perforación Exploratoria – APE VMM3”. Sostuvo que dicho instrumento
ambiental fue modificado a través de la Resolución 123 de 8 de febrero de 2016, en el
sentido de ampliar las actividades permitidas en zonas inundables.
Agregó que, en Resolución 0227 de 2016, se aprobó la cesión de los derechos de la
anotada licencia a favor de la empresa Conocophillips Colombia Ventures Ltda
Sucursal Colombia.
33 Visible en el índice número 6 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
34 Visible en el índice número 58 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
35 Visible en el índice número 66 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
36 Visible en el índice número 68 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
37 Visible en el índice número 107 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
38 Visible en los índices 70 y 106 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Comentó que en escritos con radicados 2016013668-1-00 del 17 de marzo y
2016015473-1-000 del 30 de marzo, ambos de 2016, la empresa Conocophillips le
informó sobre el desarrollo de actividades de movilización y maquinaria para la
limpieza y monitoreo del pozo Picoplata1, circunstancia por la que, a través de acto
con número 2016015473-2-001 del 13 de abril de 2016, le recordó a dicha empresa
que no existía una autorización para actividades en yacimientos no convencionales y
que debía realizar obligatoriamente un PMA específico para dicho pozo.
Indicó que, entre los meses de abril y septiembre de 2016, la anotada empresa: (i) le
entregó el PMA del anotado pozo, y (ii) le informó sobre el inicio de acciones para la
limpieza y monitoreo y el comienzo de actividades de completamiento y pruebas. Anotó
que en oficios con radicado 2016-068073-1-000 del 19 de octubre de 2016,
2016068073-1-000 del 19 de octubre de 2016, 2016-073613-1-000 del 8 de noviembre
de 2016 y 20166084429-1000 del 16 de diciembre de 2016, la citada empresa allegó
la información complementaria del PMA.
Resaltó que el PMA fue acogido a través de Auto 0991 del 29 de marzo de 2017.
Agregó que, por Autos 991 del 29 de marzo de 2017, 4298 del 30 de julio de 2018 y
11180 del 17 de diciembre de 2019, efectuó seguimiento y control ambiental al citado
proyecto.
4.2.5.2. Expuso que en la mentada licencia ambiental se autorizaron las
siguientes actividades: (i) la construcción de ocho (8) locaciones de cinco (5) hectáreas
cada una, (ii) la perforación de hasta dos (2) pozos exploratorios por plataforma, para
un total de dieciséis (16), los cuales podrían ser perforados hasta los dieciocho mil
(18000) pies y con profundidades horizontales de hasta cinco mil (5000) pies, y (iii) la
construcción de ocho (8) facilidades para pruebas cortas y extensas de producción.
4.2.5.3. Arguyó que en el Concepto Técnico No. 04197 del 31 de agosto de 2017,
se elaboró la primera inspección de seguimiento y control ambiental luego de la
movilización, mantenimiento y adecuación de las obras civiles en el pozo Picoplata1;
que allí se constató que la infraestructura era adecuada para la realización de las
pruebas de estimulación y producción de hidrocarburos, y que éstas permitían definir
el tipo de yacimiento y evaluar el potencial de producción.
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Igualmente, anotó que verificó que se habían llevado a cabo obras de mantenimiento
y adecuación a la vía que sirve de acceso al pozo.
Aseveró que Picopplata1 es el único exploratorio con el que cuenta el proyecto APE
VMM3 y que es de tipo vertical. Agregó que fue perforado en el año 2014 y tiene una
profundidad de dieciséis mil cuatrocientos seis (16406) pies. Precisó que las pruebas
empleadas eran de tipo convencional y que se han usado cerca de cinco mil
cuatrocientos cincuenta y seis (5456) barriles de agua para el funcionamiento del
proyecto.
Alegó que, para las operaciones, no se han realizado vertimientos verticales sobre las
fuentes hídricas, el suelo o por aspersión, y que el líquido que fue destinado para las
actividades se trató debidamente.
4.2.5.4. Dijo que en los últimos dos (2) seguimientos, llevados a cabo en los años
2018 y 2019, no se encontraron evidencias de sustancias o elementos que permitan
inferir la contaminación de las fuentes hídricas subterráneas al interior del área de
influencia del proyecto APE VMM-3.
Asimismo, expresó que constató que el pozo estaba inactivo y que no había equipos
ni infraestructura asociada a la actividad de exploración, y que el 20 de mayo de 2019
se realizaría su abandono.
Dijo que ha verificado las quejas interpuestas por la comunidad y que la licencia
ambiental ha resultado eficiente para prevenir, mitigar y controlar los impactos del
proyecto. Aseguró que en la visita efectuada el 11 de septiembre de 2021 se constató
que la comunidad conocía y tenía claro que la licencia ambiental concedida al proyecto
únicamente permitía la exploración convencional, por lo que la misma había sido
socializada.
4.2.5.5. Concluyó que no se habían aportado pruebas sobre la vulneración de los
colectivos invocados, por lo que pidió la confirmación de la sentencia de primera
instancia.
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4.2.6. En escrito del 5 de octubre de 2021, la ANH descorrió el traslado para alegar
de conclusión, bajos las consideraciones que se sintetizan a continuación39:
Mencionó que las actividades ejecutadas en la fase 1 del Contrato Adicional E&P
VMM-3 se encontraban amparadas por la licencia ambiental otorgada por la ANLA y
que las pruebas aportadas al plenario, particularmente el testimonio del Ingeniero
Pedro de Jesús Rojas, daban cuenta que en el Pozo Picoplata1 se realizaron acciones
de tipo convencional.
Aseveró que, pese a que dicho contrato tenía por objeto identificar la presencia de
hidrocarburos en yacimientos no convencionales, no era menos cierto que las
actividades desarrolladas eran propias de los yacimientos convencionales.
Dijo que, como consecuencia de la medida cautelar impuesta por el Consejo de Estado
en providencia del 8 de noviembre de 2018, se resolvió la suspensión de dicho negocio
jurídico, hasta que la misma fuera levantada y Conocophillips tenga un instrumento
ambiental en firme que viabilice la ejecución de las actividades exploratorias propias
de la fase 2.
Anotó que, del material probatorio allegado, se pudo constatar que en el Pozo
Picoplata1 no se utilizó la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con
perforación horizontal o fracking, tal como quedó acreditado en el dictamen pericial
rendido por los profesionales Edwar Tovar y Mauricio Cardeñosa y los testigos técnicos
Jorge Alirio Ortiz y Pedro de Jesús Rojas.
Explicó que no era posible aplicar el principio de precaución debido a que no se usó la
técnica de fracking, sino que se emplearon métodos convencionales, respecto de los
cuales era posible conocer las consecuencias o riesgos que podrían presentarse por
la ejecución de actividades para yacimientos convencionales.
4.2.7. En oficio del 5 de octubre de 2021, la sociedad Conocophillips alegó de
conclusión con base en los argumentos que se exponen en seguida40:
39 Visible en los índices número 73 y 110 del Sistema de Gestión SAMAI.
40 Visible en el índice número 81 del Sistema de Gestión SAMAI.
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
Aseveró que el objeto de la litis está limitado a la demostración de una posible
afectación a los derechos o intereses colectivos invocados en la demanda, por las
actividades realizadas en el Pozo Picoplata1. Advirtió que, en caso de que lo que se
pretenda debatir sea las ventajas o desventajas de la actividad de fracking, el espacio
propicio para ello es la acción de nulidad contra las normas técnicas de exploración y
explotación de hidrocarburos no convencionales que estaba en curso en el proceso
identificado con número de radicado 11001 03 26 000 2016 00140 00.
En cuanto a los reproches sobre el dictamen pericial, precisó que ello correspondía a
simples desacuerdos subjetivos de los demandantes y, en todo caso, aclaró que el
propósito de dicho informe técnico era realizar las constataciones científicas que
permitieran identificar si en el Pozo Picoplata1 se realizaron actividades de explotación
de yacimientos no convencionales mediante la técnica de fracking, y que en dicho
estudio se concluyó que se habían efectuado actividades tradicionales de exploración
petrolera.
Aseveró que el dictamen pericial que aportó la actora fue allegado de forma
extemporánea y por fuera de toda oportunidad probatoria y, en esa medida, en el
trámite de primera instancia se negó su decreto, inclusive, como prueba de oficio.
Mencionó que, según la Comisión de Expertos conformada en el año 2019, el fracking
se define como la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación
horizontal, por lo que, a su juicio, el Tribunal había realizado una correcta valoración
de las pruebas obrantes en el plenario.
Dijo que, para la perforación del pozo Picoplata1, contaba con una licencia ambiental,
en la que se autorizó la excavación de hasta dos (2) pozos exploratorios por plataforma
para un total de dieciséis (16), con una profundidad vertical de hasta dieciocho mil pies
(18000) y horizontal de cinco mil (5000).
Destacó que, a través de la Resolución 0227 de 2016, la ANLA aprobó la cesión total
de la licencia ambiental a favor de esa empresa, por lo que ello confirmaba que las
actividades previstas en la fase 1 del programa exploratorio del contrato adicional eran
convencionales. Dijo que lo expuesto también fue corroborado en el testimonio de
Jorge Alirio Ortiz en su calidad de funcionario de Ministerio de Minas y Energía, que
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
fungía como Vicepresidente de Operaciones de la ANH al momento de la
reclasificación del anotado pozo.
Expuso que, una vez concluidas las pruebas y se determinara con certeza que el
mismo se comportaba de manera similar a un yacimiento no convencional, se dispuso
su abandono para la obtención de la respectiva licencia ambiental, con miras a poder
avanzar con la fase 2 del programa exploratorio del contrato adicional.
Aseveró que tampoco se vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa en
la medida que, para la realización de la estimulación hidráulica y las pruebas de
producción que se ejecutaron en Picoplata1, no era necesario solicitar una nueva
licencia ambiental, ni la modificación de la existente, toda vez que dichas actividades
ya se encontraban cobijadas en el artículo 2 de la Resolución 0857 de 2014.
Alegó que durante la ejecución del proyecto se presentó una reclamación por la
supuesta afectación a una fuente hídrica de abastecimiento para una residencia. Sin
embargo, precisó que las autoridades ambientales determinaron que ello no tenía
relación con el anotado pozo, por lo que tampoco se había acreditado la vulneración a
algún derecho de índole ambiental.
Concluyó que, para caracterizar un yacimiento, el único criterio existente es la
permeabilidad de la formación rocosa y no la profundidad, por lo que era claro que los
reproches del libelo introductorio era producto de una “confusión personal” de los
demandantes.
4.2.8. Entre tanto, en oficio del 5 de octubre de 2021, el Ministerio de Minas y
Energía descorrió el anotado traslado, teniendo a consideración los argumentos que
se exponen enseguida41:
Mencionó que en plenario quedó acreditado que existen dos (2) técnicas de
estimulación hidráulica, a saber, una aplicada en yacimientos convencionales y que es
usada en Colombia desde hace más de cuarenta (40) años; y otra, que difiere en sus
41 Visible en el índice número 75 del Sistema de Gestión SAMAI
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
etapas y efectos, que es denominada como fracturamiento hidráulico multietapa, que
permite la explotación en pozos horizontales.
Alegó que la diferencia entre ambos tipos de explotación podía verse con mayor
claridad en las siguientes imágenes:
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
Expresó que esta última técnica no fue utilizada en el Pozo Picoplaa1, pues allí se
realizó únicamente una perforación vertical que permite mejorar la permeabilidad de la
formación para facilitar la producción de hidrocarburo, tal y como dio cuenta el
dictamen realizado por los ingenieros Edwar Tovar y Mauricio Cardeñosa.
Acotó que no era posible usar el principio de precaución en el presente asunto, en la
medida que los proyectos que comprendieron las actividades estaban debidamente
regulados y se conocían ampliamente sus impactos y los mecanismos para su
mitigación.
Concluyó solicitando que se confirme la sentencia de primera instancia, en razón a que
no se logró demostrar un posible daño ambiental por la actividad de exploración y
explotación de hidrocarburos en el Pozo Picoplata1.
4.2.9. En escrito el 11 de noviembre de 2021, la parte actora descorrió el mentado
traslado reiterando los mismos reproches expuestos en el escrito de alzada.
Adicionalmente, agregó los que se exponen a continuación42:
42 Visible en el índice número 105 del Sistema de Gestión SAMAI.
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
Indicó que, en el Congreso Colombiano de Geología desarrollado por la ANH en Paipa
Boyacá del 8 al 11 de septiembre de 2009, se señaló que existían dos (2) tipos de
pozos estratigráficos; el primero de ellos, somero y angosto, en el que se usan equipos
pequeños, livianos y fáciles de movilizar y que son amigables con el medio ambiente;
y el segundo, profundo y ancho y que requiere taladros pesados y mayor cantidad de
insumos.
Alegó que el señor Pedro de Jesús Rojas Álvarez declaró que no había escuchado de
la posibilidad de reclasificar pozos por naturaleza ambiental sino para el cumplimiento
de obligaciones, y que en la declaración de Jorge Alirio Ortiz Tovar, dicho testigo
informó que en su experiencia las reclasificaciones son inusuales.
Acotó que la reclasificación del Pozo Picoplata1 por parte de los contratistas tuvo como
finalidad evadir la obligación de solicitar la correspondiente licencia ambiental. Agregó
que sobre dichas irregularidades daba cuenta el informe de advertencia emitido por la
Contraloría General de la República.
Precisó que en el plenario estaba acreditado que se hicieron actividades de
estimulación hidráulica en la formación en La Luna, lo que, a su juicio, comprobaba
que en el Pozo Picoplata1 sí se realizó fracking; agregó que lo anterior constaba en el
interrogatorio del representante legal de Conocophillips, las declaraciones del
Ingeniero Mauricio Cardeñosa y del señor Jorge Alirio Ortiz y los correspondientes
informes rendidos por la ANLA.
Expresó que el hecho de que la producción de dicho pozo no hubiere sido comercial,
no desdibujaba que se hubiere hecho fracturamiento hidráulico sin licencia ambiental;
y que, en el informe de la Contraloría General de la Nación, se indicó que éstos habían
producido daños ambientales, representado en los volúmenes de agua utilizados en
las etapas del pozo exploratorio y los productos químicos empleados para la mezcla
hidráulica que fue usada en el fracturamiento vertical.
Anotó que, según la comisión de expertos designada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, debe realizarse un plan de alistamiento previo a las actividades
de fracturamiento en un yacimiento no convencional, sin que el mismo hubiera sido
agotado por las empresas contratistas en el pozo Picoplata1.
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
Dijo que no era cierto que el fracking se realizara únicamente de manera horizontal y
que ello constaba en el dictamen pericial que aportó en el trámite de instancia y que
no fue valorado por el Tribunal, pese a que sirvió como sustento para la formulación
de la objeción en contra del estudio técnico realizado en el trámite de primera instancia.
4.2.10. En memorial del 22 de noviembre de 2021, la sociedad CNE OIL & GAS
S.A.S., alegó de conclusión con base en los siguientes argumentos43:
4.2.10.1. Expuso que el Tribunal en la sentencia censurada determinó que no
habría un daño contingente por las tareas efectuadas en el Pozo Picoplata1 y que la
parte actora impetró la demanda sin tener pruebas de la presunta afectación o
amenaza de los derechos colectivos; y que el libelo introductorio se basó “en la imagen
borrosa y agrandada de que todas las actividades contempladas en el contrato
adicional equivalen a actividades de fracking. De allí que los actores populares
consideren que las actividades del contrato adicional, incluso sin precisar cuáles son
estas actividades son la fuente de afectación o amenaza de derechos colectivos”44.
Expuso que, como lo que plantean los accionantes es una irregularidad en la
suscripción del anotado contrato, sin indicar cuáles son las circunstancias específicas
que configuran un riesgo, era claro que lo que buscaban era discutir la validez de dicho
negocio jurídico, sin que éste sea el escenario adecuado para resolver tal aspecto.
Aseveró que las pruebas practicadas, y particularmente, el dictamen pericial,
demostraban que el Pozo Picoplata1 no es una fuente de riesgo para el medio
ambiente. Expuso que la ANH, la ANLA y la Gobernación del Cesar se pronunciaron
respecto de las actividades desplegadas en dicho pozo, en el sentido de señalar que
no había ningún daño al medio ambiente y que no se habían desplegado actividades
de fracking.
Anotó que, pese a que el libelo introductorio formalmente fue construido sobre una
amenaza inexistente, lo cierto era que tenía una motivación subyacente, esto es, la
prohibición general del fracking en Colombia, al punto que, incluso, en la petición que
43 Visible en el índice número 112 del Sistema de Gestión SAMAI.
44 Visible a folio 15 del escrito por el cual la anotada empresa corrió el traslado para alegar de conclusión.
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
fue radicada ante el Ministerio de Minas por parte de la Corporación Defensora del
Agua, Territorio y Ecosistemas – Cordatec, se buscó restringir dicha actividad. Agregó
que ese debate no podía hacer parte de la controversia y que habían quedado
desvirtuados los hechos indicados en la demanda.
4.2.10.2. Por otro lado, aseguró que las acciones desarrollas en el proyecto VMM-
3 se realizaron conforme al programa exploratorio acordado con la ANH y que en la
Fase 1 se contemplaron actividades convencionales de fracturamiento hidráulico, las
cuales se han realizado tradicionalmente desde el siglo XX.
Expuso que la definición de fracking que el Tribunal acogió en la sentencia de primera
instancia, esto es, el fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal,
era acorde con los desarrollos académicos y técnicos prevalentes en la materia.
Mencionó que, en providencia del 9 de diciembre de 2020, expedida dentro del proceso
con radicado 10001 03 26 000 2016 00140 00, la Sección Tercera del Consejo de
Estado adoptó como definición de fracking la perforación horizontal a gran escala para
lograr alcanzar las rocas madres. Recalcó que dicha noción también fue prohijada por
la anotada Sección en proveído del 17 de septiembre de 2019, dentro del proceso
11001 03 26 000 2018 00140 00.
Alegó que, pese que para los demandantes la profundidad de la exploración era un
criterio para establecer si se utilizó la técnica del fracking, en realidad, es la dirección
de las perforaciones las que permiten definir si hubo o no esa actividad, y que de ello
daba cuenta la Comisión Interdisciplinaria Independiente de Expertos. Acotó que la
licencia ambiental autorizó la explotación a una profundidad de dieciocho mil (18000)
pies y que la efectuada en el Pozo Picoplata1 alcanzó los dieciséis mil (16000) pies,
como lo acreditó el testigo Jorge Alirio Ortiz.
Expuso que el dictamen pericial aportado por la accionante y la declaración de Oscar
Vanegas fueron negadas al no haber sido allegadas con la demanda y por cuanto
dicho ciudadano no tenía la condición de perito al no hacer parte de la lista de
auxiliares.
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Radicado: 68001 23 33 000 2017 00330 01
Demandante: CCALP
Alegó que, una vez conocidos los resultados de las pruebas de exploración, se
suspendieron las actividades en el pozo Picoplata1 y se solicitó una licencia ambiental
para desarrollar actividades de explotación no convencional, petición a la que se le
asignó el número de radicado 2017117072-1-00.
4.2.10.3. Expuso que, con el recurso de alzada, de manera incongruente, se buscó
replantear los reproches expuestos en la demanda, pues ahora lo que se pretende es
intentar establecer que era el contrato adicional el que configuraba una amenaza a los
derechos colectivos.
Anotó que, en todo caso, dichos cuestionamientos carecían de fundamento debido a
que las actividades desarrolladas en el pozo eran convencionales y la licencia
ambiental comprendía las actividades de caracterización del pozo.
Agregó que la ejecución de dicho contrato está supeditada a lo autorizado en la licencia
ambiental o la que se adelante para realizar actividades no convencionales y que las
empresas contratistas han dado estricto cumplimiento a los contratos inicial y adicional.
Precisó que, en la expedición del anotado instrumento ambiental, la ANLA realizó un
estudio pormenorizado de los impactos ambientales y de las medidas de manejo, y
que dicha entidad verificó que el proyecto VMM-3 cumpliera con la adecuada
infraestructura para llevar a cabo las pruebas de estimulación hidráulicas conducentes
para determinar el tipo de yacimiento, teniendo en cuenta la renuncia que se hizo
respecto de la fase 2 del periodo de exploración del contrato inicial.
Mencionó que el Pozo Picoplata1 fue reclasificado de estratigráfico a exploratorio sin
que para ello se requiriera una nueva licencia ambiental, sino que simplemente
bastaba con la aprobación que realizara la ANH.
Expresó que no había ningún motivo para aplicar el principio de precaución debido a
que se probó que no realizaron actividades de fracking, ni se tenía previsto efectuar
acciones de esa naturaleza mientras se clasificaba el pozo.
Concluyó que a la fecha no subsisten las circunstancias que llevaron a la interposición
de la demanda, debido a que el pozo Picoplata1 fue abandonado y taponado, como
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Demandante: CCALP
daba cuenta en el Informe de Taponamiento y Abandono aprobado por la ANH el 28
de julio de 2019, de manera que en la actualidad no se ejerce ninguna de las
actividades indicadas en el contrato adicional.
4.3. A través de auto del 30 de septiembre de 2022 el Despacho decretó las
siguientes pruebas para mejor proveer:
“PRIMERO: ORDENAR la Agencia Nacional de Hidrocarburos que, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, informe cuál es el
estado actual del contrato adicional que suscribió con las empresas Conocophillips
y CNE OILS & GAS S.A.S para la ejecución del proyecto denominado “Área de
Perforación Exploratoria – APE VMM3”.
SEGUNDO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que
dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de este auto, indique que
cuál es el trámite que ha dado a la solicitud de licenciamiento ambiental, efectuada
por las sociedades Conocophillips y CNE OILS & GAS S.A.S para la ejecución del
contrato adicional del proyecto denominado “Área de Perforación Exploratoria –
APE VMM3”.
En caso de que haya concedido dicho instrumento ambiental, en el mismo término,
deberá remitirse copia de éste al plenario.”45
4.4. Dentro del término concedido para el traslado de dichos documentos, la
sociedad Conocophipllis Colombia Ventures LTD. Surcursal Colombia, expresó
que el Contrato Adicional de Exploración y Producción de Hidrocarburos se encuentra
suspendido y que las actividades previstas para la fase 2 no pudieron ser ejecutadas
por fuerza mayor.
A su vez, resaltó que fue archivada la petición de licencia ambiental que fue requerida
por esa empresa para la realización de exploración de hidrocarburos a través de
métodos no convencionales46.
4.5. La sociedad CNE OIL & GAS S.A.S. explicó que las pruebas allegadas por la
ANH y la ANLA corroboraban lo dicho en los alegatos de conclusión, por lo que, a su
juicio, se debe confirmar la sentencia de primera instancia. Ello como quiera que está
acreditado que las actividades desarrolladas en el marco del contrato E&P en el Bloque
VMM3 se efectuaron con apego a los parámetros y técnicas del sector de
45 Visible en el índice número 118 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
46 Visible en el índice número 129 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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hidrocarburos sin exceder el marco de las autorizaciones que fueron dispuestas por
las autoridades competentes.47
4.6. En memorial del 19 de octubre de 2022 la parte actora reiteró sus reproches
relacionados con que las empresas demandadas renunciaron a la posibilidad de
adelantar actividades en yacimientos convencionales, de modo que no contaban con
un instrumento ambiental para la realización de actividades de exploración de
petróleos en el pozo PicoPlata 148.
Posteriormente, en memorial del 24 de abril de 2023, la demandante reiteró los
argumentos expuestos en el proceso y reprochó que, pese a que se encuentra
acreditado que las sociedades accionadas adelantaron actividades de exploración sin
contar con una licencia ambiental, a la fecha la ANLA no ha iniciado ningún proceso
sancionatorio en su contra49.
4.7. Hechos
4.7.1. El 2 de junio de 2009 fue suscrito entre en la empresa Consorcio Energía
Colombia S.A. – Cenercol y la ANH el Contrato No. 50 de Exploración y Producción de
Yacimientos Convencionales, para el proyecto denominado “Área de Perforación
Exploratoria – APE VMM3”, a desarrollarse en los Municipios de Aguachica y San
Martín en el Departamento del Cesar y Rionegro en el Departamento de Santander.
Dicho negocio jurídico fue cedido a la empresa Shell a través de la suscripción del
Otrosí No. 3 del 24 de noviembre de 2011.
4.7.2. Mediante Resolución No. 857 del 30 de julio de 2014, la ANLA concedió una
licencia ambiental al anotado proyecto.
4.7.3. Durante la ejecución del citado contrato, Shell solicitó una modificación en los
compromisos exploratorios adquiridos, en el sentido de variar la naturaleza del Pozo
Picoplata 1, de estratigráfico a exploratorio.
47 Visible en el índice número 130 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
48 Visible en el índice número 133 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
49 Visible en el índice número 157 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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Demandante: CCALP
4.7.4. El día 2 de diciembre de 2015, se firmó un contrato adicional, en el que se
autorizó la exploración y producción de yacimientos no convencionales de
hidrocarburos y se autorizó la cesión del negocio jurídico a la unión temporal
conformada por las empresas Conocophillips y CNE OILS & GAS S.A.S.
4.7.5. A través de Resolución No. 0123 del 8 de febrero de 2016, la ANLA aprobó la
cesión de los derechos de la licencia ambiental a éstas últimas empresas.
4.7.6. Mediante Oficio No. 511-20160111 del 7 de enero de 2016, la ANH aprobó la
reclasificación del Pozo Picoplata1 a exploratorio A3.
4.7.7. El 13 de marzo de 2017, la CCALP presentó la demanda de la referencia
pretendiendo al amparo de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, a la seguridad pública, a la moralidad administrativa y a la defensa del
patrimonio público.
4.7.8. Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Santander negó los pedimentos del libelo introductorio. En contra de esa decisión, la
parte actora impetró recurso de alzada
4.8. Planteamiento
De acuerdo con el contenido y alcance de la sentencia recurrida y a los reparos
esgrimidos por la parte actora en su recurso de alzada, se observa que las partes
concuerdan frente a: (i) que el Pozo Picoplata 1 se encuentra clasificado como
exploratorio A3, y (ii) en el mismo se llevaron a cabo actividades exploratorias de
fracturación hidráulica.
Sin embargo, difieren en los siguientes puntos: (a) el alcance de la controversia, (b) la
naturaleza de las actividades desplegadas en el pozo Picoplata 1, (c) la posibilidad de
ejecutar las mismas al amparo de la licencia ambiental concedida en la Resolución No.
857 del 30 de julio de 2014, (d) las inconsistencias del dictamen pericial rendido en el
trámite de instancia, (e) la tacha de los expertos que elaboraron el mismo, (f) la
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valoración del estudio técnico aportado por la actora, y (g) la vulneración del derecho
colectivo a la moralidad administrativa.
En ese orden, frente al primer aspecto, se advierte que, para el Tribunal en la sentencia
recurrida, y las empresas accionadas en sus respectivos escritos de alegatos, el objeto
de la litis se centró en establecer si fueron desconocidos los derechos colectivos
invocados en la demanda, como consecuencia de la supuesta contaminación de los
pozos de agua o aljibes ubicados en la Vereda de Pita Limón en el Municipio de San
Martín Cesar y por las actividades de exploración de hidrocarburos que fueron
realizadas en el Pozo Picoplata1; mientras que, para la actora, no era cierto que la
posible contaminación en el recurso hídrico en la citada Vereda hiciera parte de la
controversia, pues ello apenas fue una denuncia que fue traída a colación en el trámite
de medidas cautelares, y reprochó que el Tribunal no hubiere analizado las actividades
de exploración y explotación de hidrocarburos que fueron autorizadas en el contrato
adicional y que, a su juicio, son la verdadera fuente de vulneración de los derechos
colectivos invocados en el libelo introductorio, por lo que las mismas no podían
reducirse al anotado pozo.
En lo que hace al segundo aspecto, para el Tribunal, en el Pozo Picoplata1 no se
desarrollaron actividades de fracking, pues éstas solamente pueden ocurrir con la
técnica de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal, razón por la que
concluyó que las actividades desarrolladas eran del orden convencional; mientras que,
para la recurrente, el fracturamiento horizontal no era el único indicativo de la
exploración y explotación de yacimientos no convencionales, pues ello dependía de la
profundidad del pozo y la intervención de un terreno geológico en las que se ejecutara
el fracturamiento.
Respecto al tercer aspecto, el Tribunal indicó que las actividades que fueron
ejecutadas en el Pozo PicoPlata1 eran tradicionales y estaban amparadas bajo la
licencia ambiental concedida a través de la Resolución No. 857 de 2014; mientras que
la recurrente es del criterio que dichas acciones son no convencionales, de modo que
necesitaba de la expedición de un nuevo instrumento ambiental para su desarrollo,
máxime cuando la citada Resolución perdió vigencia con la suscripción del contrato
adicional y con la renuncia que fue realizada por parte de los contratistas a explorar y
explotar yacimientos convencionales.
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En cuanto al cuarto aspecto, el Tribunal adujo que la objeciones que fueron planteadas
en contra del análisis técnico, eran opiniones subjetivas de los accionantes y, en
consecuencia, debieron ser propuestas en los alegatos de conclusión; mientras que la
recurrente sostuvo que el dictamen pericial practicado en el trámite de primera
instancia era deficiente y se debieron encontrar probadas las objeciones planteadas al
mismo, en razón a que no se identificaron cuáles eran los posibles impactos
ambientales que fueron generados por la intervención en el yacimiento no
convencional La Luna.
En relación con el cuarto aspecto, la actora cuestionó que el Tribunal, al resolver la
tacha que formuló en contra de los expertos que llevaron a cabo la pericia, omitió definir
el reproche relacionado con que éstos hacían parte del equipo de expositores
designados para hacer pedagogía sobre los beneficios del fracking.
Frente al quinto aspecto, la parte recurrente controvirtió que no se hubiere valorado el
dictamen pericial que aportó dentro del trámite de primera instancia; mientras que, para
las empresas accionadas, dicho documento no puede ser tenido en cuenta en el
presente asunto, toda vez que fue aportado fuera de las oportunidades probatorias
previstas para esos efectos, lo que llevó a que el Tribunal rechazara su decreto e
incluso lo negara de oficio.
Por último, en cuanto al derecho a la moralidad administrativa, para la accionante éste
fue desconocido debido a que la ANH no emitió un acto formal para la cesión del
contrato principal a las sociedades accionadas, ni les exigió una licencia ambiental
para el desarrollo de actividades no convencionales en el Pozo Picoplata 1 y para la
reclasificación de éste como exploratorio A3, y la ANLA no adelantó ningún
procedimiento sancionatorio en contra de éstas por contravenir las normas
ambientales. Por su parte, para el Tribunal dichas entidades actuaron dentro del marco
de sus competencias, debido a que las acciones de exploración y explotación petrolera
se enmarcaban en las técnicas convencionales.
La Sala desatará los cargos en ese orden propuesto.
4.9. De la controversia sobre el alcance del objeto de la controversia
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En este punto se tendrá que absolver si en la providencia recurrida se incurrió en un
yerro al considerar que la fuente de vulneración de los derechos colectivos invocados
en la demanda era la supuesta contaminación de los pozos o aljibes ubicados en la
Vereda Pita de Limón en el Municipio de San Martín Cesar y las actividades
hidrocarburíferas en el Pozo PicoPlata 1, si el recurrente alega que en la demanda se
cuestionan, de manera general, las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos, permitidas en el contrato adicional suscrito entre la ANH y las empresas
demandadas.
Con miras a resolver dicho interrogante, es pertinente traer a colación nuevamente las
pretensiones de la demanda, dado que allí se define el objeto de la litis:
“VI. PRETENSIONES
Solicitamos proferir sentencia de acuerdo con las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Conceder el amparo de los derechos colectivos al i) El goce de un
ambiente sano, ii) la existencia del equilibrio ecológico y el mano y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, iii) La seguridad pública, iv) la salubridad públicas, v) la defensa del
patrimonio público, que se encuentran actualmente amenazados y muy próximos
a ser vulnerados por parte de la totalidad de los demandados, si se continúa con
la ejecución irregular del Contrato Adicional de Exploración y Producción, E&P
Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos, suscrito el 02 de diciembre de
2015 entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y la Unión Temporal
conformada por Conocophillips Colombia Ventures LTDA Sucursal Colombia y
CNE OIL & GAS S.A.
SEGUNDA: Que se ampare el derecho colectivo a la moralidad administrativa, el
cual ha sido vulnerado por parte de la AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS – ANH- y la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES – ANLA, con ocasión del desarrollo del Contrato Adicional de
Exploración y Producción, E&P Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos,
suscrito el 02 de diciembre de 2015, entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos –
ANH- y la Unión Temporal conformada por CONOCOPHILLIPS COLOMBIA
VENTURES LTD SUCURSAL COLOMBIA y CNE OIL & GAS S.A.
TERCERA: Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se ordene la
cesación de los efectos del contrato, por la evidente vulneración del derecho a la
moralidad administrativa. En consecuencia, ordénese compulsar copias contra los
funcionarios y particulares involucrados en las decisiones y actividades que dieron
paso a la ejecución de actividades en yacimientos no convencionales sin la debida
licencia ambiental.
CUARTA: Se ordene la suspensión inmediata de toda obra o actividad en el área
del Contrato Adicional del Exploración y Producción, E&P, Yacimientos No
convencionales de Hidrocarburos, suscrito el 02 de diciembre de 2015, entre la
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH – y la Unión temporal conformada por
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las empresas CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD SUCURSAL
COLOMBIA, y CNE OIL & GAS S.A.S (CNEOG), de explotación de hidrocarburos
mediante la técnica de fracturamiento hidráulico o “Fracking” en Yacimientos No
convencionales en el Pozo Pico Plata 1, en el municipio de San Martín (Cesar),
hasta tanto se tenga certeza de los daños que se generarán, se garantice que
estos no ocurrirán y que se adopten las verificaciones correspondientes del
cumplimiento de las obligaciones legales que les corresponden a cada uno de los
accionados.
QUINTA: ORDENAR y ADOPTAR las demás medidas necesarias para la
protección de los derechos colectivos amenazados y/o vulnerados por los
accionados, para que tales derechos sean garantizados a las comunidades del
área de influencia del proyecto.
SEXTA: ORDENAR con cargo al Fondo de Derechos e Intereses Colectivo, el
reconocimiento del pago de las pruebas periciales solicitadas con la demanda”50
(Subrayas de la Sala).
Así las cosas, lo que observa la Sala es que para la actora se vulneraron los derechos
colectivos allí enunciados por la ejecución irregular del Contrato Adicional de
Exploración y Producción E&P, y particularmente, por las actividades de fracking que
se desarrollaron el pozo Picoplata 1. En consecuencia, solicitó que se suspenda dicho
negocio jurídico y la ejecución de las tareas de exploración y se adopten las medidas
necesarias para reparar los daños ambientales.
Ahora, de la revisión de la sentencia recurrida no se observa que el Tribunal no hubiere
atendido dicho marco de la controversia, pues precisamente concluyó que las labores
hidrocarburíferas adelantadas por las accionadas eran acordes con el ordenamiento
jurídico y concluyó que no fueron vulnerados los derechos colectivos invocados.
Al respecto, en la decisión recurrida se dijo:
“Por lo anterior, concluye la Sala que las actividades de exploración – que incluye
la toma de pruebas de producción de hidrocarburos – realizadas en el pozo
PicoPlata 1 estuvieron amparadas por la licencia ambiental contenida en la
Resolución 857 de 2014. Clarificar este hecho era necesario pues a la luz del art.
5º de la Ley 1333 de 2009 se presume la ocurrencia de un daño ambiental por el
desconocimiento de la normatividad ambiental, el cual queda descartado.
Con las pruebas analizadas para resolver estos dos problemas jurídicos, la Sala
descarta la violación a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales y a la salubridad pública”51
50 Visible a folios 1998 y 1999 del Cuaderno del Tribunal
51 Visible a folio 4333 del Cuaderno del Tribunal
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Por otro lado, en relación con la posible contaminación de las fuentes hídricas de la
Vereda Pita Limón del Municipio de San Martín Cesar, no se advierte que el Tribunal
hubiere excedido el objeto de la litis al acometer su estudio en la sentencia recurrida,
pues precisamente en las pretensiones se solicitó la reparación de los daños
ambientales ocasionados por el anotado contrato. Además, la parte demandante, en
el escrito en el que sustentó la solicitud de medidas cautelares en el asunto de la
referencia, indicó que, como consecuencia de las actividades de exploración de
hidrocarburos permitidas en el contrato adicional, se habían contaminado los afluentes
de ese sector; de modo que, a efectos de desatar la controversia, era necesario aludir
a si dicha circunstancia se encontraba probada.
En efecto en la aludida petición de medida cautelativa se dijo:
“De manera comedida y en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 472
de 1998, toda vez que se está materializando un daño evidente a las fuentes de
agua que surten a la población de San Martín, le rogamos ordenar, en desarrollo
del derecho al goce de un medio ambiente sano y la existencia del equilibrio
ecológico, el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, así
como el principio de precaución, ordenar las siguientes medidas cautelares
necesarias para impedir perjuicios irremediables e irreparables y/o suspender los
hechos generadores de la amenaza a los derechos e intereses colectivos cuya
protección se invoca en la presente acción:
1. ORDÉNESE oficiar a las empresas CONOCOPHILLIPS COLOMBIA
VENTURES LTDA SUCURSAL COLOMBIA y CNE OIL & GAS S.A. para que de
forma inmediata suspendan toda obra o actividad por parte de ellas o de cualquier
otro particular hasta tanto se adopten las verificaciones correspondientes del
cumplimiento de las obligaciones legales que les corresponden a cada uno de los
accionados.”52 (Subrayas de la Sala).
En suma, es claro que en la sentencia recurrida sí atendió el objeto del litigio, de modo
que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
4.10. De la controversia sobre las actividades efectuadas en el pozo Picoplata 1
Al respecto se tendrá que evaluar si es cierto que en el anotado pozo se desarrollaron
actividades de fracking. En caso de que la respuesta a dicho interrogante sea
afirmativa, deberá absolverse si ello da lugar al desconocimiento de los derechos
colectivos invocados en el asunto de la referencia
52 Visible a folios 2 y 3 del Cuaderno de Medidas cautelares.
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Resolver dicho interrogante impone precisar el concepto de fracking y determinar si
las actividades llevadas a cabo en el pozo PicoPlata1 se enmarcan en el mismo.
Pues bien, lo primero que debe indicarse es que, de conformidad con el artículo 1º del
Decreto 3004 de 2013, los yacimientos no convencionales se definen como aquellas
formaciones rocosas con baja permeabilidad primaria a la cuales se les deben realizar
actividades de estimulación para mejorar las condiciones de movilidad que permitan
extraer hidrocarburos.
La norma en comento es del siguiente tenor:
“Artículo 1°. Para los efectos del presente Decreto se entenderá por yacimiento
no convencional la formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la que se
le debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de movilidad y recobro
de hidrocarburos.
Parágrafo. Los yacimientos no convencionales incluyen gas y petróleo en arenas
y carbonatos apretados, gas metano asociado a mantos de carbón (CBM), gas y
petróleo de lutitas (shale), hidratos de metano y arenas bituminosas.”
Ahora, ni esa norma, ni la Resolución 90341 de 2014, definían la técnica petrolera
usada para la exploración y explotación en esa clase de yacimientos. No fue sino hasta
la emisión del artículo 2.2.1.1.1A.2. del Decreto 1073 de 2015, adicionado por el
Decreto 328 de 2020, que se indicó que para la estimulación de dichas formaciones
rocosas se utiliza el fracturamiento multietapa con perforación horizontal o
comúnmente denominada como “fracking”.
En efecto, la anotada norma expuso:
“Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal (FH-PH):
Técnica usada en la extracción de gas o petróleo en Yacimientos No Con-
vencionales (YNC), como lutitas y carbonatos apretados de baja porosidad y
permeabilidad, mediante la cual se inyecta en una o varias etapas, un fluido com-
puesto por agua, propante y aditivos a presiones controladas con el objetivo de
generar canales que faciliten el flujo de los fluidos de la formación productora al
pozo perforado horizontalmente. Esta técnica difiere de las técnicas utilizadas
en los yacimientos convencionales en los que se utiliza el fracturamiento
hidráulico y en los Yacimientos No Convencionales (YNC) de gas metano
asociado a los mantos de carbón y las arenas bituminosas.” (Subrayas y negrillas
de la Sala).
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Dicha definición, encuentra concordancia con lo expuesto por los peritos Edward Tovar
Artunduaga y Mauricio Cardeñosa Mendoza, quienes, frente a las diferencias entre el
fracking y el fracturamiento hidráulico usado en pozos convencionales, sostuvieron:
“Es importante indicar que la tecnología que se asocia al término “fracking” está
relacionada con las actividades de perforación y complementamiento de pozos. La
industria del petróleo en general implementa varias combinaciones de tecnologías
de perforación y complementamiento que se usan para producir hidrocarburos
tanto de yacimientos convencionales como no convencionales. En la figura2, se
ilustran seis posibles combinaciones de perforación y complementamiento de
pozos que se usan Colombia y los ejemplos de los campos convencionales en los
cuales se han usado estas tecnologías.
Con base en lo anterior, es importante anotar que en las etapas iniciales de
exploración de yacimientos no convencionales se suelen usar pozos estratigráficos
para la caracterización de la columna estratigráfica (estos obedecen a
configuraciones de tipo vertical), también se suele usar pozos verticales con un
número limitado de etapas de fracturamiento hidráulico con el propósito de
determinar si se trata de un yacimiento convencional o no, para posteriormente
determinar si se requiere el uso de la tecnología asociada al “Fracking”, la
cual correspondería a la ilustración que aparece en el cuadro superior
derecha de la figura 2.
Los pozos verticales con un número limitado de etapas de fracturamiento
hidráulico, suelen usar volúmenes de agua por etapa que no superan los 5000
barriles, de acuerdo con la experiencia en Colombia, mientras que en una
operación del tipo “fracking” se caracteriza por usar una escala de varios órdenes
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de magnitud en cuanto a uso de agua, materiales, equipos, logística, respecto de
lo que podría ser un pozo vertical.”53 (Subrayas y negrillas de la Sala).
De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que, para el desarrollo de actividades
de fracking, deben concurrir tres (3) elementos: (i) que se adelanten tareas de
exploración o explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, es
decir, zonas geológicas de muy baja permeabilidad, (ii) que las mismas sean
efectuadas desde pozos horizontales, y (iii) que desde estos se fracture en múltiples
etapas la roca madre en la que se encuentra el petróleo, a través de grandes
cantidades de un fluido compuesto principalmente por agua que facilita la salida del
hidrocarburo a la superficie.
Teniendo claro lo anterior, se procederán a verificar las pruebas relacionadas con
actividades desarrolladas en el Pozo PicoPlata1, con miras a definir si en éste se
realizó actividades de fracturamiento multietapa con perforación horizontal o fracking:
A) Al respecto, se observa que en cumplimiento de las obligaciones contraídas
para la Fase 1 del Periodo de Exploración del Contrato de Exploración y Producción
No. 50 de 20009, en el Bloque VMM-3 Convencional, fue construido el Pozo PicoPlata
1 de forma vertical y fue catalogado como estratigráfico54. Dicho pozo fue terminado el
20 de febrero de 2015 a una profundidad de dieciséis mil cuatrocientos seis (16.406)
pies y fue aprobado por la ANH el 28 de abril de 201555.
El siguiente es el diagrama que Shell presentó para la elaboración del anotado pozo:
53Visible a folios 2978 a 2980 del Cuaderno del Tribunal
54 Visible a folio 502 del Cuaderno del Tribunal
55 Visible a folio 502 del Cuaderno del Tribunal
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Asimismo, Shell expresó que la finalidad del citado pozo era “incrementar la
información geológica y técnica del subsuelo del área del bloque. Dicha información
resultará crítica para tomar futuras decisiones en cuanto a la ejecución de proyectos
de mayor inversión tanto de exploración como de potenciales desarrollos en el bloque
VMM-3”57
B) Mediante comunicación No. 2015240140012 del 5 de junio de 2015, el
contratista presentó renuncia al Contrato E&P VMM-3 y posteriormente, en oficio No.
20156240140012 del 5 de junio de 2015, Conocophillips y CNE propusieron la
celebración de un contrato adicional para la exploración y producción de yacimientos
no convencionales.
El negocio jurídico de exploración y explotación convencional fue liquidado
parcialmente el 18 de diciembre de 201558.
56 Visible en el CD visible a folio 2941 del Cuaderno del Tribunal.
57 Ibídem.
58 Visible en el CD obrante a folio 169 del Cuaderno del Tribunal
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C) El 2 de diciembre de 2015, se suscribió el Contrato Adicional de Exploración y
Producción E&P Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos VMM-03, entre la
ANH y la Unión Temporal Contrato Adicional VMM-3, ésta última, conformada por
Conocophillips Colombia Ventures LTDA y CNE Oil & Gas S.A.59.
Particularmente, en ese contrato se establecieron las siguientes fases del periodo
exploratorio:
”60
D) Por oficio con radicado R-511-2016-002859 del 1 de febrero de 2016,
Conocophillips pidió a la ANH que certificara que las pruebas de estimulación
hidráulica que se realizarían en el pozo PicoPlata 1 eran convencionales, teniendo en
cuenta las siguientes tareas:61
59 Visible a folios 291 a 321 del Cuaderno del Tribunal
60 Visible a folio 326 del Cuaderno del Tribunal
61 Visible a folios 1360 a 1363 del Cuaderno del Tribunal.
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“Justificación Técnica de que las actividades propuestas en la Fase 1 del
Programa Exploratorio están enmarcadas dentro de parámetros típicos de
yacimientos convencionales.
El completamiento y pruebas de los diferentes intervalos del pozo PicoPlata #1 han
sido diseñados dentro del marco de las operaciones realizadas en Colombia,
especialmente en Piedemonte. Como se explicó en los antecedentes la
estimulación hidráulica en Colombia desde los años 50 cuando se aplicaba en el
Valle Medio del Magdalena. Para el caso específico de la estimulación hidráulica
en el pozo Picoplata #1, el consumo de agua y propante proyectados se encuentra
dentro del rango de las operaciones realizadas históricamente en pozos verticales
en Colombia.
El programa de completamiento y pruebas contempla la evaluación de intervalos
prospectivos de la formación la Luna con un consumo estimado de agua para
preparar el fluido de estimulación y de propante por etapa de aproximadamente
5.000 bbl y 400.000 libras respectivamente. Los volúmenes estimados tanto de
agua como de propante podrán variar de acuerdo a los resultados de las pruebas
realizadas en campo previo a la estimulación. La captación de agua para cada uno
de los intervalos de interés se realizará en los puntos autorizados por la licencia
ambiental del bloque VMM3 sin llegar a exceder el volumen de captación
autorizado de hasta 6 litros / segundo (3260 barriles/día).
La Tabla #2 es un cuadro comparativo entre el trabajo propuesto para el pozo
Picoplata #1 y las estimulaciones hidráulicas realizadas históricamente en
Colombia. Como puede verse en la tabla comparativa el trabajo propuesto para el
pozo Picoplata #1 está dentro de los rangos históricos de las estimulaciones
hidráulicas realizadas en Colombia
“62
E) Mediante oficio del 25 de marzo de 2016, la ANH certificó que en el citado pozo
se realizarían pruebas de tipo convencional; veamos:
62 Visible a folio 1363 del Cuaderno del Tribunal
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“63
F) A través de comunicación con número radicación 2016013668-1-00 del 17 de
marzo de 2016, Conocophillips Colombia Ventures Ltda. le informó a la ANLA del inicio
de actividades de movilización de maquinaria y equipos para actividades de limpieza
y monitoreo del estado del pozo PicoPlata 1.64
63 Visible a folios 282 y 283 del Cuaderno del Tribunal
64 Visible a folios 280 y 281 del Cuaderno del Tribunal.
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“En tal sentido es importante destacar que la Res. 0857, en su Artículo Segundo,
refiriéndose a la perforación de pozo verticales, permite alcanzar profundidades de
hasta 18.000 pies y el pozo Picoplata #1 alcanzó una profundidad de 16.406 pies
y nuestro plan es una caracterización de tres (3) intervalos con profundidad de
hasta 16.000 pies, todo en cumplimiento de los parámetros establecidos en la
mencionada Reso. 0857. Como se dijo anteriormente, en virtud de las
características del pozo Picoplata #1 y el programa de trabajo propuesto, las
actividades de esta primera fase han sido certificadas por la ANH como actividades
típicas de perforación tradicionalmente ejecutadas en la exploración convencional
en Colombia, que serán realizadas de conformidad con los parámetros de la Res.
0857 y demás regulaciones aplicables. Si dichas actividades arrojan resultados
favorables en cuanto a la potencialidad del yacimiento como no
convencional, Conocophillips continuará con la ejecución de los
compromisos exploratorios adquiridos con la ANH para las fases
exploratorias siguientes, para lo cual tendrá que obtener los permisos
respectivos, incluyendo una nueva licencia ambiental para la exploración de
yacimientos no convencionales” 65 (Subrayas y negrita de la Sala)
G) En memorial del 25 de abril de 2016, con número de radicado R-511-2016-
010534 ID 25788, la ANH respondió una serie de interrogantes planteados por la
ANLA, respecto de las acciones llevadas a cabo en el marco del contrato adicional de
exploración y producción E&P de Yacimientos no Convencionales de Hidrocarburos,
así:
“La ANLA solicita aclaración a fin de conocer si los intervalos de interés
identificados en la formación la Luna, pertenecen a yacimientos convencionales,
precisando su ubicación, estado actual y método de perforación empleado, con el
fin que se pueda determinar con certeza si las pruebas a realizar en el pozo
Picoplata1, se están llevando a cabo o no sobre intervalos de yacimientos no
convencionales.
Al respecto, la perforación del pozo Picoplata1 se realizó por los métodos que se
emplean para pozos convencionales, utilizando para el diseño de la perforación,
los datos de los pozos en el área (Cocuyo-1, Cagui 1, Bandera 1, Doña María 2,
las Lajas 1, Morales 1 y Mono Araña 1) y teniendo como objetivos principales la
evaluación del potencial productivo de la formación La Luna por medio de la
estimulación hidráulica tal como se hace en yacimientos convencionales con
arenas apretadas o con baja permeabilidad; caracterización del tipo de
hidrocarburo presente; obtener información inicial sobre el gradiente de fractura y
reducir la incertidumbre en los modelos estáticos y reducir la incertidumbre en los
modelos estático y dinámico. Este procedimiento ha sido habitual en la industria
petrolera colombiana por décadas”66 (Subrayas de la Sala).
H) En escritos del 14 de julio de 2016 y del 30 de agosto de ese año, identificados
con número de radicado 2016038146-1-00 y 2016053873-1-00, Conocophillips
65 Visible a folios 285 y 286 del Cuaderno del Tribunal
66 Ibídem.
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informó a la ANLA sobre el inicio de actividades de complementamiento y pruebas en
el pozo PicoPlata 167.
I) Mediante memorial del 13 de julio de 2016, Conocophillips informó a la ANLA
del inicio de actividades de complementario y pruebas de estimulación hidráulica en el
pozo PicoPlata 1 para el 15 de agosto de 2016, de acuerdo con lo dispuesto en la Fase
1 del Programa Exploratorio Mínimo del Contrato Adicional E&P68. Sin embargo, las
mismas no pudieron ser llevadas a cabo por inconvenientes con la comunidad, por lo
que fueron reprogramadas para el 15 de septiembre de 201669.
J) A su vez, en escrito del 30 de mayo de 2017, la ANLA informó al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible que, “dentro de las labores de seguimiento y control
ambiental, se han adelantado dos vivistas al proyecto, en las cuales se ha podido
verificar que la infraestructura y equipos en la locación del pozo Picoplata #1 obedece
a los propios utilizados para exploración en yacimientos convencionales”70.
K) Finalmente, en la experticia elaborada por los peritos Edward Tovar Artunduaga
y Mauricio Cardeñosa Mendoza, se indicó lo que sigue a continuación respecto de las
actividades desarrolladas en el pozo PicoPlata 1:
“En este caso, el Contrato Adicional suscrito con fecha diciembre de 2015
corresponde a una cesión de un Contrato de Exploración y Producción,
originalmente suscrito en 2009 por la ANH y cedido a Shell Exploration &
Producción Colombia GMBH en 2001. La ANLA otorgó licencia ambiental para un
Área de Perforación Exploratoria (APE) a Shell en Julio de 2014, soportada en
estudios e información presentada entre los años 2012 y 2014. Esta licencia fue
cedida posteriormente en el marco del Contrato Adicional que se suscribe entre la
ANH y el consorcio Conocophillips -COP (80 %) y CNEOG (20 %), para realizar
actividades de exploración con objetivo de evaluar la formación La Luna, la cual se
encuentra a más de 15.000 pies de profundidad en la localización del Pozo
Picoplata 1.
El Pozo Picoplata 1 fue perforado en desarrollo del Contrato de E&P primigenio,
suscrito entre la ANH y la compañía Shell, entre octubre de 2014 y febrero de 2015,
siendo clasificado bajo la categoría de pozo estratigráfico; corresponde a uno
vertical que alcanzó una profundidad de 16.406 pies. Una vez obtenida la cesión y
formalizado el Contrato Adicional. COP procedió a solicitar la aprobación de la
reclasificación del pozo estratigráfico a exploratorio como parte de los
compromisos adquiridos en la Fase 1 del Período de Exploración del Contrato
67 Visible a folios 287 a 289 del Cuaderno del Tribunal.
68 Visible a folios 556 a 557 del Cuaderno del Tribunal.
69 Visible a folio 558 del Cuaderno del Tribunal
70 Visible a folio 1388 del Cuaderno del Tribunal
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Adicional. El propósito de este pozo consistía en conocer las características de la
formación geológica a la profundidad objetivo, para lo cual se solicitó por parte de
la compañía operadora autorización para probar tres intervalos mediante el
procedimiento de Fracturamiento Hidráulico. De acuerdo con la información
disponible en los documentos consultados, se utilizaron menos de 5.000 barriles
de agua en cada intervalo/etapa de fractura en este pozo vertical. Los espesores
de las formaciones donde se ejecutaron estas actividades de Estimulación
Hidráulica en cada de estas etapas/intervalos no fueron superiores 100 pies
sumados, correspondientes a 47, 42 y 30 pies, respectivamente, de acuerdo con
la información dispone.
Es importante señalar que el fracturamiento hidráulico es una técnica que se
implementado en la industria del petróleo a nivel mundial por más de 70 años, y
desde mediados del siglo pasado se emplea ampliamente en Colombia; hay
registros de la aplicación de este procedimiento para mejorar las condiciones de
productividad de pozos en diferentes yacimientos convencionales en la geografía
nacional.
Para finales de la década de 1990, el desarrollo tecnología en la industria petrolera
internacional ha posibilitado que se realice perforación horizontal direccionada a lo
largo de la formación objetiva, la cual ha sido complementada con el fracturamiento
hidráulico multietapas, en la sección horizontal. Este desarrollo tecnológico ha
permito explotar yacimientos no convencionales que de otra manera no sería viable
realizarlo. La tecnología ha evolucionado continuamente a partir de esta fecha,
toda vez que para finales de los años 90 se desarrollaban pozos con menos de 5
etapas de fractura en tramos o trayectorias horizontales de apenas decenas de
pies a lo largo de la formación productora. Hoy en día, es posible avanzar a lo largo
de la formación de interés en trayectorias de más de 1 kilómetro, con más de 20
etapas de fractura em cada pozo; las longitudes de cada una de las etapas de
fracturas son del orden de los 100 pies o más.
El procedimiento de la tecnología descrita anteriormente, corresponde a
fracturamiento hidráulico multietapas realizado en perforaciones horizontales
direccionadas a lo largo de la formación geológica productora es referido como
“Fracking”. Esta actividad tiene un mayor requerimiento o intensidad de uso del
recurso de agua en la fase de completamiento del pozo asociado durante la
actividad de “fracking”, requiriendo entre 50.000 y 300.000 barriles de agua por
pozo y por única vez en la vida útil del proyecto (requiriendo este recurso en un
periodo de 1 y 4 semanas dependiendo del diseño del pozo). Si bien es cierto que
una localización para realizar “fracking” requerirá mayor área en superficie debido
a la logística y equipos necesarios para las actividades de fractura y
complementamiento, también resulta que desde una misma locación se pueden
completar múltiples pozos, entre 8 y 12 en algunos casos, reduciendo el impacto
en superficie con una menor demanda de área superficial y con menor impacto
sobre el uso del suelo.
Con base en los anterior, durante las actividades realizadas en el Pozo Picoplata
1 para estimulación y prueba del pozo, no se realizaron actividades definidas como
fracking (entendiéndose esta tecnología como fracturamiento hidráulico
multietapas en perforaciones horizontales con alta intensidad de uso de agua)”71.
4.10.1.1. Así las cosas, del material probatorio obrante en el plenario, se encuentra
acreditado que Pozo Picoplata 1 fue construido desarrollo de las obligaciones
71 Visible a folios 2977 a 2979 del Cuaderno del Tribunal,
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contraídas por las entonces contratistas en el marco del Contrato de Exploración y
Producción No. 50 de 20009, en el Bloque VMM-3 Convencional.
Igualmente, se probó que el citado pozo inicialmente fue catalogado como
estratigráfico, es decir, su objetivo fue el de probar la existencia de hidrocarburos en
la formación La Luna. Posteriormente, tras la suscripción del Contrato Adicional, la
ANH aceptó la reclasificación de este a exploratorio con la finalidad de conocer las
características de la citada formación geológica, es decir, si se trataba de un
yacimiento convencional o no convencional.
Asimismo, se observa que, para la realización de las actividades exploratorias
previstas en la Fase 1 del contrato adicional, se empleó la técnica de fracturamiento
hidráulico usada tradicionalmente para yacimientos convencionales, debido a que el
anotado pozo es de tipo vertical y a que la cantidad de agua que se dispuso para esos
efectos no superó los cinco mil (5.000) barriles de agua. Dicha circunstancia difiere de
la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa o fracking, pues, como se vio en el
punto 4.10. de esta providencia, la misma se requiere de un pozo horizontal en el que
se emplean grandes cantidades de agua, que, según la experticia es de más de
cincuenta mil (50.000) y trescientos mil (300.000) barriles de agua, para fracturar la
roca generadora y extraer el petróleo.
En consecuencia, es claro para la Sala que, de lo que reposa en el plenario, no es
posible colegir que en el marco del anotado Contrato Adicional se hubieran adelantado
actividades de fracking como alega la recurrente.
Sumado lo expuesto, es menester indicar que la demandante confunde el tipo de
yacimiento con la técnica empleada para la extracción de hidrocarburos, pues el hecho
de que un yacimiento tenga la condición de no convencional no es sinónimo de que
toda actividad extractiva allí realizada sea fracking.
4.11. De la controversia sobre los permisos ambientales concedidos al Contrato
Adicional de Exploración y Producción E&P Yacimientos No Convencionales de
Hidrocarburos VMM-03
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Al respecto, se tendrá que definir si es cierto que para la ejecución del aludido negocio
jurídico las empresas demandadas no contaban con una licencia ambiental, debido a
que el permiso que les fue concedido por la Resolución No. 857 de 2014 perdió
vigencia con la suscripción del contrato adicional y a la renuncia de los contratistas a
explorar y explotar yacimientos convencionales. En caso de que la respuesta a dicho
interrogante sea afirmativa se absolverá si ello da lugar a declarar la vulneración de
los derechos colectivos invocados y a revocar la decisión apelada.
A efectos de definir dicho punto es menester aludir a los elementos materiales
probatorios que dan cuenta de los permisos ambientales conferidos en el presente
asunto:
a) El 3 de junio de 2009, la ANH y el Consorcio Energía de Colombia S.A.
suscribieron el Contrato de Exploración y Producción No. 50 de 2009, en el Bloque
VMM-3 Convencional72.
b) A través de Otrosí No. 31 del 31 de marzo de 2010, la ANH aprobó el ciento por
ciento (100%) de los intereses y obligaciones del anotado negocio jurídico en favor de
Integral de Servicios Técnicos S.A.73.
Por Otrosí No. 2 del 28 de noviembre de 2010, se modificaron los compromisos de la
Fase 1 del Programa exploratorio de ese Contrato74.
c) Posteriormente, en Otrosí No. 3 del 24 de noviembre de 2011, se aceptó la
cesión de los intereses de aludido contrato a Shell Exploration And Production
Colombia GMBH75.
d) En Otrosí No. 4 del 5 de febrero de 2014, se cambió el Anexo C- Programa
Obligatorio de Exploración del citado negocio jurídico en los siguientes términos:
72 Visible en el CD obrante a folio 169 del Cuaderno del Tribunal
73 Ibídem.
74 Ibídem.
75 Ibídem.
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”76
e) A través de Otrosí No. 5 de abril de 22 de 2014, la ANH aprobó la cesión del
treinta por ciento (30%) de los derechos del contrato a Conocophillips Colombia
Ventures Ltda77, y en Otro sí No. 6 del 8 de enero de 2015, se prorrogó el término de
la Fase 1 del Periodo Exploratorio y se estableció como fecha para su finalización el
18 de junio de 201578.
f) En el marco del entonces Contrato de Exploración y Producción No. 50 de 2009,
en el Bloque VMM-3 Convencional, Shell solicitó una licencia ambiental para
perforación exploratoria para el anotado proyecto79.
g) Por medio de la Resolución 0857 del 30 de julio de 2014, la ANLA otorgó el
aludido instrumento ambiental80. Particularmente, en el artículo primero de dicho acto
se indicó:
“ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar a la Empresa SHELL EXPLORATION AND
PRODUCTIONCOLOMBIA GMBH (SEPC) SUCURSAL COLOMBIA, Licencia
Ambiental para el proyecto denominado ÁREA DE PERFORACION
EXPLORATORIA - APE VMM3, a desarrollarse en los municipios de Aguachica y
San Martin, en el Departamento de Cesar, y Rionegro, en el Departamento de
Santander, cuya área es de 17.847,59 hectáreas y se encuentra definida por las
siguientes coordenadas (…):”81
A su vez, en el artículo segundo de dicho acto se autorizó la construcción de hasta
dieciséis pozos exploratorios verticales con una profundidad máxima de hasta
dieciocho mil (18.000) pies.
76 Ibídem.
77 Ibídem.
78 Ibídem.
79 Visible a folios 1 y 2 del CD visible a folio 2941 del Cuaderno Principal.
80 Visible a folios 388 a 412 ibídem.
81 Visible a folio 143 de la citada Resolución.
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Asimismo, es importante destacar que en el artículo catorce de dicho acto se prohibió
el adelantamiento de alguna actividad en yacimientos no convencionales; veamos:
“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. No se autoriza ninguna actividad relacionada con
yacimientos no-convencionales.”82
h) Posteriormente, Conocophillips Colombia Ventures LTDA y CNE Oils & Gas
S.A, en calidad de cesionarias de dicho contrato, renunciaron a la ejecución de la Fase
2 exploratoria del mismo en comunicación No. 2015240140012 del 5 de junio de 2015,
y pidieron la suscripción de un contrato adicional para la exploración y explotación de
yacimientos no convencionales83.
i) Ahora bien, en el acta de liquidación parcial del anotado contrato VMMM-3
convencional, se expuso que éste finalizaría para Shell y para Conocophillips pero que
se mantendría vigente para el consorcio conformado entre esta última empresa y CNE
Oil & Gas S.A. Sobre el particular, en la cláusula primera de dicho acto se expuso:
“PRIMERA: La ANH y EL CONTRATISTA, con fundamento en lo dispuesto en la
cláusula 4, numeral 4.1.1 del Contrato E&P VMM-3, 'Derecho de renuncia en el
Período de Exploración" y la cláusula 63, literal d) de dicho Contrato, declaran que
a partir de la fecha de suscripción de la presente Acta, terminan las obligaciones
del Contrato E&P VMM-3 del cual hacen parte como Contratistas SHELL y COP y
proceden a liquidarlas.
Parágrafo: Como consecuencia de la liquidación parcial del Contrato E&P VMM-3,
este deja de producir efectos para el CONTRATISTA y, continua su vigencia
únicamente para con el CONTRATISTA ADICIONAL”84 (Subrayas de la Sala).
j) A su vez, en la cláusula segunda del Contrato Adicional de Exploración y
Producción E&P Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos VMM-03, del 2 de
diciembre de 2015, se estipuló que los contratistas podrían explorar y explotar
yacimientos convencionales y no convencionales; veamos:
“Cláusula Segunda. - Objeto:
Establecer los términos y las condiciones inherentes al ejercicio del derecho
exclusivo de El Contratista para acometer y desarrollar actividades exploratorias
en el Área asignada y para producir los Hidrocarburos de propiedad del Estado
provenientes de Yacimientos No Convencionales que se descubran en ella,
también en nombre propio y por su cuenta y riesgo, en desarrollo del Programa
82 Ibídem
83 Visible a folios 14 a 15 del CD obrante a folio 163 del Cuaderno Principal.
84 Visible en el CD obrante a folio 1303
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Exploratorio y en ejecución del Plan de Inversiones que se consignan en el Anexo
YNC C, igualmente a cambio de retribuciones consistentes en el pago de Regalías,
Derechos Económicos y Aportes a título de Formación, Fortalecimiento
Institucional y Transferencia de Tecnología.
Corresponde a El Contratista ejecutar las actividades y adelantar las operaciones
propias del desarrollo de Yacimientos No Convencionales, a sus exclusivos costo
y riesgo, así como proporcionar los recursos de todo orden requeridos para la
Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de los Hidrocarburos
provenientes de aquellos.
El Contratista tiene derecho a la parte de la producción que le corresponda sobre
tales Hidrocarburos, en cada Área Asignada en Producción, con sujeción al
presente Adicional.
Cada proceso de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de
Hidrocarburos provenientes de Yacimientos Convencionales y No Convencionales
debe mantenerse independiente, y respecto de cada uno rigen obligaciones,
plazos y términos particulares. Esta obligación no impide que el Contratista pueda
emplear elementos de infraestructura comunes ni compartir procedimientos
técnicos, información y facilidades de superficie para el desarrollo de los dos (2)
Tipos de Yacimientos”85 (Subrayas de la Sala).
k) A través de documento del 6 de enero de 2016, Shell informó a la ANLA que
cedió la licencia ambiental conferida a través de la Resolución 0857 del 30 de julio de
2014, a Conocophillips86.
l) En las Resoluciones 123 del 8 de febrero de 2016 y 1015 del 14 de septiembre
de ese año, la ANLA modificó el citado instrumento ambiental. Particularmente, en
dichos actos se adicionaron actividades que podrían realizar las contratistas en áreas
inundables y se precisó la zonificación de algunos predios considerados como de
exclusión, entre otras87.
m) Por la Resolución 0227 del 7 de marzo de 2016, la ANLA autorizó la cesión total
de los derechos y obligaciones de la licencia ambiental a Conocophillips 88.
4.11.1.1. Lo hasta aquí expuesto permite evidenciar, de un lado, que no es cierto
que la licencia ambiental conferida a través de la Resolución No. 857 de 2014 hubiere
perdido vigencia con la suscripción del Contrato Adicional de Exploración y Producción
E&P Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos VMM-03.
85 Ibídem.
86 Ibídem.
87 Ibídem.
88 Ibídem.
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En efecto, téngase en cuenta que en dicho instrumento ambiental se concedió un
permiso para la realización de actividades exploratorias de hidrocarburos en los
Municipios de Aguachica y San Martin en el Departamento de Cesar y Rionegro en el
Departamento de Santander y se prohibió la realización de cualquier tipo de
actividades en yacimientos no convencionales.
Ahora, aunque el anotado Contrato Adicional tenía como finalidad la exploración y
explotación en yacimientos no convencionales, lo cierto es que en dicho instrumento
también se habilitó a los contratistas para seguir adelantando actividades de
exploración en yacimientos convencionales.
No se pasa por alto que Conocophillips y CNE Oil & Gas renunciaron a continuar con
la segunda fase exploratoria del Contrato de Exploración y Producción No. 50 de 2009,
en el Bloque VMM-3 Convencional. Sin embargo, como se vio en el Acta de Liquidación
de dicho negocio jurídico, el mismo se mantuvo vigente para esa empresas y, por ende,
seguían siendo responsables de las obligaciones allí dispuestas.
Por ende, al no advertirse ningún impedimento para que esas sociedades continuaran
con su actividad en yacimientos convencionales, es claro que las mismas podían
seguir empleando la licencia ambiental que les fue conferida en la Resolución No. 857
de 2014, para el desarrollo de sus actividades de exploración de hidrocarburos,
siempre que no realizaran actividades en yacimientos no convencionales.
Además, tampoco se advierte que ese acto administrativo haya sido suspendido o
anulado por alguna autoridad judicial o revocado directamente por la ANLA, por lo que
es claro que el mismo aún producía efectos y se encuentra revestido de presunción de
legalidad.
Definido lo anterior, se verificará si las actuaciones desplegadas por las empresas
demandadas se ajustaron a lo dispuesto en dicho instrumento ambiental:
n) En el escrito 15 de diciembre de 2015, identificado con número de radicado
COPCVL-2015-OP022, por el cual las entidades demandadas solicitaron la
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reclasificación del pozo PicoPlata 1 de estratigráfico a exploratorio, expusieron que los
siguientes eran los resultados del pozo como estratigráfico:
“3. Resultados del Pozo
3.1. Resultados Geológicos del Pozo Picoplata #1
El principal objetivo del pozo Picoplata #1 fue probar la existencia y potencial
hidrocarburífero de la formación La Luna en el bloque VMM-3. Para llegar a su
objetivo el pozo perforó una secuencia sedimentaria normal desde el Mioceno
hasta el Cretácico inferior siguiendo la nomenclatura propuesta por Morales et al,
(1958) para el Valle Medio del Magdalena.”89 (Subrayas de la Sala).
Asimismo, indicaron que la necesidad de la reclasificación a exploratorio era:
“4. Pruebas de producción propuestas para el pozo Picoplata #1
Basado en el análisis de los datos y resultados satisfactorios obtenidos en el pozo
Picoplata #1 y anteriormente descritos, Conocophillips ha concluido que es
necesario llevar a cabo el complementamiento y pruebas de producción del pozo
Picoplata #1 para poder caracterizar los diferentes intervalos potencialmente
productivos en la formación La Luna en el área asignada del Contrato Adicional
E&P VMM-3.
El complementamiento y pruebas del pozo Picoplata # 1, para cada uno de los
intervalos de interés, incluye el cañoneo, pruebas de inyectividad a bajo y alto
caudal, estimulación hidráulica, flujo de limpieza y prueba de producción. La
ejecución del plan de trabajo propuesto es crítica para mejorar el entendimiento de
estos intervalos, caracterizar el tipo de hidrocarburo presente, reducir la
incertidumbre en los modelos estático y dinámico, y avanzar en la evaluación del
potencial productivo de la formación La Luna.
El alcance de las pruebas de producción propuestas para el pozo Picoplata #1
tiene como objetivo evaluar por los menos dos (2) zonas de interés identificadas
en el pozo, la Figura #3 representa la columna estratigráfica simplificada donde las
zonas de interés se refieren con las letras B, D y F y las zonas intermedias o “no
productoras” entre las zonas de interés con las letras A y C.
Las siguientes operaciones serán realizadas con el fin de probar por los menos
dos de estas zonas de interés.
1. Análisis de flujo en la prueba de cañoneo (Perforation Inflow Test Analysis –
Pita) por sus siglas en inglés.
2. Prueba de inyección para diagnóstico de fractura (Diagnostic Fracture Injection
Test – DFIT) por sus siglas en inglés.
3. Estimulación hidráulica
4. Prueba de flujo extendida incluyendo prueba de restauración de presión o build
-up
89 Visible a folio 1346 del Cuaderno del Tribunal.
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Dada la regulación vigente (Resolución número 18-0742 del Ministerio de Minas y
Energía) la ejecución de las actividades planteadas requiere la reclasificación de
un pozo estratigráfico ejecutadas a un pozo exploratorio A3”90 (Subrayas de la
Sala).
Y concluyeron:
“1. Conclusiones y recomendaciones:
A continuación, le presentamos en forma resumida las conclusiones y solicitudes
que tenemos a bien someterle a la ANH a los efectos de solicitar el cambio de
clasificación de pozo Picoplata #1 de estratigráfico a exploratorio (A-):
1. A los efectos de cumplir con los compromisos de la Fase 1 del Programa
Exploratorio de la Fase 1 del Contrato de Exploración y Producción de
Hidrocarburos No. 50 de 2009, Bloque VMM-3 (en lo adelante el “Contrato Inicial”),
la perforación del pozo PicoPlata 1 se comenzó como un pozo estratigráfico.
2. Picoplata 1 mostró evidencias de una probable zona de hidrocarburos que
requiere trabajos y pruebas adicionales para determinar su potencial productivo.
3. Al momento de terminarse la campaña de perforación del pozo Picoplata #1, la
Licencia Ambiental para pozos exploratorios ya había sido otorgada, por lo que se
procedió a cumplir con todos los requerimientos aplicables para su
complementación preliminar
4. La Fase 1 del Contrato Adicional comprende la ejecución de la complementación
final y las pruebas de producción en el pozo Picoplata 1. Para cumplir con este
requisito se requiere la reclasificación del pozo estratigráfico a exploratorio”91
L) En oficio del 7 de enero de 2016, identificado bajo el número de radicado
20156240337072, la ANH aceptó la reclasificación del pozo PicoPlata 1 de
estratigráfico a exploratorio A 3, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
“Con base en los antecedentes presentados, una vez analizada la solicitud del
asunto y de acuerdo con la información del estado mecánico actual reportado, el
pozo se encuentran objeciones de tipo técnico en cuanto a la integridad del pozo.
Así las cosas y teniendo en cuenta que:
i. No existe más pozos en el bloque
ii. No hay descubrimiento en el área del contrato VMM-3
iii. Se trata de un contrato adicional que busca explorar hidrocarburos provenientes
de YNC
iv. Se trata de nuevos socios y nuevo operador
v. Se tendría el beneficio de no tener que perforar pozos gemelos que podrán
generar impactos al medio ambiente y las comunidades, al igual que costos
adicionales
90 Ibídem.
91 Visible a folio 1343 del Cuaderno del Tribunal.
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vi. La aprobación de la reclasificación del Pozo Picoplata 1 es de particular
importancia ya que al tener como objetivo primario probar la existencia de
hidrocarburos en las rocas cretáceas del VMM, representa la continuación del
proceso exploratorio para cuantificar el alcance de los beneficios potenciales para
el país con la incorporación de recursos.
Esta Vicepresidencia considera procedente la reclasificación del Pozo PicoPlata 1
de Estratigráfico a Exploratorio A3, con el objetivo principal de exploración de la
formación cretácica La Luna bajo los siguientes parámetros:
i. El operador debe remitir a la ANH los planes detallados de completamiento y
pruebas iniciales del pozo, en los términos que lo contemplan las resoluciones
181495 de 2009, 180742 de 2012 y 90341 de 2014.
ii. Con los resultados de la información anteriormente solicitada, el operador debe
enviar a la ANH la actualización de la forma 6CR indicando la nueva clasificación
del pozo
iii. El operador debe disponer de los permisos ambientales y las facilidades en
superficie para la realización de diferentes pruebas, teniendo en cuenta las
expectativas de producción de gas bajo la eventualidad de contenidos de CO2, o
H2S y su manejo correspondiente.
iv. Adicionalmente debe garantizar la mínima afectación en eventuales
fracturamientos mencionados en el programa exploratorio.”92 (Subrayas de la
Sala).
o) En escrito del 19 de abril de 2016, con número de radicado 2016015473-1-002,
Conocophillips reiteró a la ANLA que el objetivo de las actividades de exploración en
el Pozo PicoPlata 1 era obtener suficiente información que le permitiera determinar si
el yacimiento existente en la formación La Luna podía ser catalogado no convencional,
caso en el cual procedería a pedir los respectivos permisos ambientales para utilizar
una técnica adecuada para esos efectos:
“2. ACTIVIDADES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES
Como fue explicado en la presentación realizada a la ANLA el 17 de marzo de
2016, el Contrato Adicional contempla en el Programa Mínimo Exploratorio de la
Primera Fase (Ver anexo C del Contrato Adicional, el cual formó parte de la
solicitud de cesión de la licencia), la ejecución de ciertas actividades que han sido
caracterizadas como convencionales, tal como fue certificado por la ANH en el
radicado E-511-2016-005057 del 1 de febrero de 2016 y del cual su digna
Autoridad ha tomado ya debida nota.
Es así que en la Primera Fase del Periodo de Exploración se acordó con la ANH
realizar ciertas actividades entre las que se cuentan el completamiento y pruebas
de producción del pozo Picoplata #1, que ya había sido perforado en el año 2014,
así como el análisis y procesamiento de muestras geológicas y geoquímicas ya
extraídas de dicho pozo, con las cuales Conocophillips busca obtener información
suficiente que permitirá caracterizar los diferentes intervalos potencialmente
92 Visible a folios 500 a 503 del Cuaderno del Tribunal
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productivos en el área de interés, y así mismo cumplir con las obligaciones
adquiridas en dicha fase.
En tal sentido es importante destacar que la Res. 0857, en su Artículo Segundo,
refiriéndose a la perforación de pozo verticales, permite alcanzar profundidades de
hasta 18.000 pies y el pozo Picoplata #1 alcanzó una profundidad de 16.406 pies
y nuestro plan es una caracterización de tres (3) intervalos con profundidad de
hasta 16.000 pies, todo en cumplimiento de los parámetros establecidos en la
mencionada Resolución 0857. Como se dijo anteriormente, en virtud de las
características del pozo Picoplata #1 y el programa de trabajo propuesto, las
actividades de esta primera fase han sido certificadas por la ANH como actividades
típicas de perforación tradicionalmente ejecutadas en la exploración convencional
en Colombia, que serán realizadas de conformidad con los parámetros de la Res.
0857 y demás regulaciones aplicables. Si dichas actividades arrojan resultados
favorables en cuanto a la potencialidad del yacimiento como no
convencional, Conocophillips continuará con la ejecución de los
compromisos exploratorios adquiridos con la ANH para las fases
exploratorias siguientes, para lo cual tendrá que obtener los permisos
respectivos, incluyendo una nueva licencia ambiental para la exploración de
yacimientos no convencionales” 93 (Subrayas y negrillas de la Sala)
p) En ese sentido, la ANLA, en el Concepto Técnico de Seguimiento Ambiental del
13 de enero de 2017, anotó:
“Según lo informado por la empresa Conocophillips en el PMA de las actividades
de completamiento y pruebas de producción del pozo exploratorio PicoPlata 1 (en
adelante PMA Específico del Pozo Exploratorio PicoPlata 1) y durante la visita de
seguimiento, el objeto principal de las actividades a desarrollar en dicho pozo
(pruebas de producción y estimulación), es definir el tipo de yacimiento y
evaluar el potencial de producción de hidrocarburos hasta de tres (3) zonas
de interés ubicadas a más de 15.000 pies (4.572) de profundidad,
pertenecientes principalmente a la formación La Luna. Se aprovechará la
infraestructura existente asociada al pozo PicoPlata 1 (localización y vía de
acceso), el cual fue perforado a finales de 2014 y comienzos de 2015 inicialmente
como pozo estratigráfico, que actualmente ha sido reclasificado como exploratorio
A3 por la ANH. Sin embargo, a la fecha de visita de seguimiento por parte de la
ANLA, debido a los bloqueos generados por las comunidades, la Empresa solo ha
realizado actividades de adecuación y mantenimiento en aprox. 6,9 de Km de la
vía 8 (VA-1-8) que sirve como acceso a la localización del pozo PicoPlata 1
consistentes en el mejoramiento de la capa de rodadura, limpieza de cunetas y
poda en algunos sectores, específicamente en el tramo comprendido entre el sitio
de bifurcación a la Estación TIsquirama y el centro poblado Cuatro Bocas”94
(Subrayas y negrillas de la Sala).
q) En memorial del 5 de octubre de 2017, Conocophillips informó a la ANLA los
resultados de los estudios efectuados en el pozo PicoPlata 1, señalándole que éstos
habían arrojado que la formación La Luna presentaba condiciones similares a un
yacimiento no convencional:
93 Visible a folios 285 y 286 del Cuaderno del Tribunal
94 Ibídem
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“1. Resultados pruebas del pozo Picoplata 1
Como ya es del conocimiento de la ANLA, y así consta en el expediente respectivo,
la Fase 1 del Programa Exploratorio Mínimo del Contrato Adicional E&P de
Hidrocarburos en YNC en el Bloque VMM3, comprende las siguientes actividades:
a. Complementamiento y pruebas en el pozo Picoplata-1: DFIT, Estimulación
Hidráulica, Pruebas de Producción en tres zonas.
b. Análisis y procesamiento de muestras geológicas y geoquímicas.
c. Adquisición, procesamiento y análisis de imágenes satélites de Alta
Resoluciones y LIDAR para VMM-3 (330 Km2).
Los objetivos principales de esas pruebas convencionales, como así fue certificado
por la ANH según radicado 511-2016-005057 id: 13825 de la ANH del 25/2/2016,
eran:
a. evaluar el potencial productivo de la formación La Luna.
b. caracterizar el tipo de hidrocarburo presente.
c. obtener información sobre el gradiente de fractura y los esfuerzos in-situ.
d. estimar geometrías de fracturas.
e. reducir la incertidumbre en los modelos estático y dinámico; y vi) mejorar y
optimizar la planeación de la sección horizontal.
Conocophillips Colombia Ventures Ltda. En su carácter de operador, ha informado
a la ANH, entidad competente, en los distintos reportes operacionales sobre la
ejecución de las actividades arriba descritas.
En los términos generales, podemos informarles que en vez terminadas las
pruebas de producción en el pozo Picoplata 1, bajo el contrato adicional, tenemos
un nuevo conjunto de datos que el operador ha integrado en la comprensión de la
permeabilidad de la Formación La Luna en la zona evaluada del Bloque VMM3.
Los datos de las pruebas de producción del pozo Pico Plata 1, en la zona evaluada,
actúa de manera más similar a un yacimiento no convencional típico. Dicha
información fue oportunamente notificada y discutida con la ANH, como ente
regulador del Contrato E&P de Hidrocarburos en YNC- Bloque VMM3”95 (Subrayas
de la Sala).
r) En consecuencia, las empresas demandadas solicitaron a la ANLA la concesión
de una nueva licencia ambiental para la exploración y explotación de la citada zona
como un yacimiento no convencional. Dicho procedimiento inició a través de Auto 99
del 4 de enero de 2018 y fue archivado a través de Autos 6445 de ese año y 917 de
201996.
95 Ibídem
96 Ibídem,
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s) A través de informe del 25 de junio de 2019, la sociedad Conocophillips pidió a
la ANH la aprobación del informe de taponamiento y abandono del Pozo PicoPlata 1,
el cual fue sellado el 23 de junio de ese mes y año97.
Particularmente, en el citado informe se indicaron que los siguientes fueron los trabajos
que se llevaron a cabo el citado Pozo:
“El pozo PicoPlata #1 es un pozo vertical con el objetivo Formación La Luna
ubicado en el Valle Medio del Magdalena. El pozo fue perforado en octubre 16 de
2014 alcanzando una profundidad total de 16.406 ft (MD) y un TVD de 16.387 ft.
Profundidad total de acceso @ 16.328 ft MD.
Dentro de la Formación La Luna se llevaron a cabo tres (3) pruebas de
estimulación y cinco (5) pruebas de diagnóstico de fractura – DFIT. En la Tabla 1
se muestra una columna estratigráfica simplificada de la Formación La Luna
Para probar cada objetivo dentro de las zonas de interés (Salada A, Galembo D-1
y Galembo C), las siguientes operaciones se llevaron a cabo:
1. Diagnóstico de Inyección de Fractura (Diagnostic Fluid Injection Test – DFIT)
2. Estimulación hidráulica
3. Pruebas de producción incluyendo periodos de drawdown y build-up (PBU-
pressure build up)
Para probar cada objetivo dentro de las zonas de interés (Pujamana and Galembo
D-2) las siguientes actividades se llevaron a cabo:
1. DFIT
Las pruebas fueron realizadas sin taladro y los detalles de las operaciones se
resumen en la siguiente tabla:
97 Visible a folio 2904 del Cuaderno del Tribunal
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”98 (Subrayas de la Sala).
t) A través de Auto 9227 del 29 de octubre de 2021, la ANLA declaró iniciada la
fase de desmantelamiento y abandono del proyecto denominado “Área de Perforación
Exploratoria – APE VMM-3”99.
u) En similar sentido, la ANH, en oficio del 11 de octubre de 2022, indicó que el
Contrato Adicional se encontraba suspendido hasta que se concedieran los
respectivos permisos ambientales:
“Al respecto, me permito informar al Despacho que mediante comunicación interna
No. 20224111217093 Id: 1330954 del 11 de octubre de 2022, la Vicepresidente de
Contratos de Hidrocarburos (Ad hoc) de la ANH, informó que actualmente el
Contrato Adicional de Exploración y Producción de Hidrocarburos en Yacimientos
No Convencionales VMM3 se encuentra en estado suspendido hasta tanto
CONCOPHIPLLIPS COLOMBIA cuente con el instrumento ambiental en firme que
viabilice la ejecución de las actividades exploratorias propias de la Fase 2 del
Periodo de Exploración. Concretamente la Vicepresidente de Contratos de
Hidrocarburos (Ad hoc) de la ANH, sobre el particular manifestó:
(…) “2. El 1 de agosto de 2019 las partes en el mencionado contrato suscribieron,
con fundamento en la Cláusula 76, Numeral 76.2 “Aceptación y suspensión
temporal de obligaciones”, el Acta de Suspensión del plazo para el cumplimiento
de las obligaciones de la Fase 1 del Período Exploratorio desde el 8 de noviembre
de 2018 y hasta que se haya levantado la medida cautelar impuesta por el Consejo
de Estado, y CONCOPHIPLLIPS COLOMBIA cuente con el instrumento ambiental
en firme que viabilice la ejecución de las actividades exploratorias propias de la
Fase 2 del Periodo de Exploración.
98 Visible a folios 2906 a 2915 del Cuaderno del Tribunal.
99 Visible en el índice 124 del Sistema de Gestión SAMAI.
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Así mismo, en dicha acta, las partes acordaron en la Cláusula Segunda: “De existir
una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado que viabilice las actividades
de exploración y producción de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales
y de no observarse diligencia por parte del Operador frente al debido trámite de
licenciamiento ambiental, cesará la suspensión…”
2. El 7 de julio de 2022 el Consejo de Estado se pronunció en relación con la
solicitud de nulidad, interpuesta en contra del Decreto 3004 del 26 de diciembre de
2013 y la Resolución No. 90341 del 27 de marzo de 2014, providencia en la cual
ordenó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión provisional de los
mencionados actos demandados. En virtud de lo anterior, si bien cesó la causal
referente a dicha medida cautelar que había motivado la suspensión del plazo de
la Fase 1 del Periodo de Exploración del contrato en referencia; éste continúa
suspendido por cuanto aún persiste la otra circunstancia de Fuerza Mayor,
igualmente reconocida por las partes, y que se mantendrá vigente hasta la
obtención del instrumento de seguimiento ambiental que viabilice la ejecución del
proyecto.” (…)
Conforme a lo expuesto, actualmente el Contrato Adicional de Exploración y
Producción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales VMM3, se
encuentra suspendido hasta tanto el contratista obtenga la licencia ambiental para
poder ejecutar las obligaciones del mismo “100 (Subrayas de la Sala).
4.11.1.2. Así las cosas, la Sala advierte que las actividades de estratigrafía y
exploratorias que realizaron en el Pozo Picoplata 1, tuvieron por finalidad conocer las
características de permeabilidad de la roca que existen en la formación geológica La
Luna; es decir, buscaban definir si ese yacimiento era convencional o no convencional.
En efecto, los expertos designados por el Tribunal indicaron que la anotada formación
podía presentar condiciones propias de un yacimiento no convencional, pero que ello
no podría ser conocido a ciencia cierta dado que, en la misma zona, la roca podría
variar sus condiciones de permeabilidad. En efecto, en la audiencia de contradicción
al dictamen, el perito Mauricio Cardeñosa Mendoza, aseguró:
“La formación La Luna no está siempre en las mismas condiciones geológicas, en
algunos lados más hacia el sur presenta unas condiciones que pueden variar por
las mismas condiciones tectónicas que es muy activa en el Magdalena Medio.
Entonces, en algunos casos las condiciones del yacimiento no convencionales no
solo lo determinan la formación en sí sino las condiciones mismas de formación,
en cuanto a presión, resistencia de los esfuerzos y permeabilidad, entonces hay
unos factores por lo que uno no puede generalizar y decir que todas partes la
formación es no convencional, aunque la Formación La Luna está descrita como
una formación, es un lugar en el que hay roca generadora en donde nace el
petróleo pero como dije, puede que la formación en otros sectores tenga una
características distintas” (Subrayas de la Sala).
100 Visible en el índice 127 del Sistema de Gestión SAMAI.
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Mientras que el experto Edward Tovar Artunduaga, mencionó:
“Sobre la formación la Luna pese a que se está admitiendo que es un yacimiento
no convencional, es importante señalar que esa formación está depositada en el
valle del Magdalena Medio de edad cretácica, es una roca generadora por
excelencia, pero en algunos sectores de la roca esta se encuentra fracturada por
lo que ya tiene permeabilidad”101 (Subrayas de la Sala).
Mientras que el Ingeniero Jimmy Andrés Rojas Sánchez, quien rindió un testimonio en
calidad de empleado de Conocophillips, expuso:
“En la formación La Luna a pesar de que es un yacimiento de roca generadora o
roca madre puede fungir como un yacimiento convencional o no convencional
porque a medida que se encuentra esta roca en la cuenca o en el área, en unas
áreas presenta muy buena permeabilidad como la propiedad que les estaba
explicando y otras áreas no, de hecho, la producción que se encuentra actualmente
en La Luna ha sido producción convencional”102 (Subrayas de la Sala).
Ahora, una vez se evaluaron las condiciones de la formación la Luna y se concluyó
que se trataba de un yacimiento no convencional, está acreditado que las empresas
demandadas procedieron a informar esa circunstancia a la ANH y a la ANLA y,
además, taponaron y clausuraron el pozo Picoplata 1.
Asimismo, está probado que las empresas accionadas iniciaron el respectivo
procedimiento de licenciamiento ambiental que les permitiera la exploración y
explotación de ese pozo a través de la técnica adecuada, esto es, el fracturamiento
hidráulico multietapa con perforación horizontal o fracking, pero que la ANLA archivó
esa solicitud al no cumplir con los requisitos necesarios para esos efectos, de modo
que en la actualidad el proyecto se encuentra suspendido.
En ese orden de ideas, es claro que el demandante no acreditó el fundamento de la
vulneración de los derechos colectivos que fue expuesto en el libelo introductorio y en
el recurso de alzada, esto es, que las empresas demandadas hayan realizado fracking
sin contar con un permiso ambiental; pues, como se vio, los elementos materiales
probatorios obrantes en el plenario dan cuenta que, en principio, las actividades
adelantadas en el Pozo PicoPlata 1 habrían atendido a técnicas de tipo convencional
y estarían amparadas bajo la licencia conferida en la Resolución No. 857 de 2014.
101 Visible en índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI.
102 Visible a folio 4331 del Cuaderno del Tribunal.
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Además, la Sala concuerda con el Tribunal respecto a que la actora no probó que se
hubiera ocasionado algún daño derivado de la ejecución de esas actividades; y,
aunque en el trámite de primera instancia indicó que se habían contaminado las
fuentes hídricas de la vereda Pita Limón del Municipio de San Martín Cesar, lo cierto
es que en la sentencia recurrida no se encontró ninguna relación de ello con el
proyecto, ni dicho punto fue objeto de apelación.
Siendo ello así, es menester recalcar lo que establece el artículo 30 de la Ley 472 de
1998103; veamos:
“Artículo 30. Carga de la Prueba. La carga de la prueba corresponderá al
demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha
carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir
la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un
fallo de mérito, solicitando dichas experticias probatorios a la entidad pública cuyo
objeto esté referido al tema materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud
de lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo
al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.” (Subrayas de
la Sala)
La norma en cuestión expresa claramente que es el demandante quien debe aportar
y/o solicitar aquellas pruebas que sean conducentes, pertinentes y eficaces para
probar la real existencia del daño, las acciones u omisiones por parte de las personas
a quienes se les endilga, y el nexo causal entre éstos; razón por la cual el juez
únicamente suplirá deficiencias probatorias cuando por razones técnicas o
económicas el actor popular no pueda cumplir dicha carga. Sobre el particular esta
Sección ya se había pronunciado indicando lo siguiente:
“Así, le corresponde al actor probar los hechos, acciones u omisiones que alega
son la causa de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados
en la demanda, no siendo suficiente indicar que determinados hechos violan los
derechos colectivos para que se tenga por cierta su afectación. Al respecto, esta
Corporación ha señalado:
“...la Sala considera importante anotar, que la acción popular no está
diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o
disfunción que se presente ya sea en el ámbito público o privado. Por el
contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones, la acción popular
103 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
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tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses
colectivos, cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo
vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto la amenaza como la vulneración,
según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes,
concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la
potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo,
aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por el actor
popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de
1998, tiene la carga de la prueba. “Dado que los actores no demostraron de
ninguna manera el supuesto hecho que generaba la violación de los
derechos colectivos (...) confirmará la Sala la sentencia proferida por el
tribunal de instancia.”
De lo anterior se colige que la acción popular será procedente cuando de los
hechos de la demanda se pueda deducir siquiera sumariamente una
amenaza a los derechos colectivos, siendo requisito para su procedencia que
la acción u omisión que se endilga sea probada por el actor o que se pueda
deducir dicha vulneración del acervo probatorio que obre en el
expediente.”104
En tal contexto, al no estar acreditado ningún daño ambiental por la realización de las
actividades desplegadas en el marco del Contrato Adicional de Exploración y
Producción E&P Yacimientos No Convencionales de Hidrocarburos VMM-03, el cargo
no tiene vocación de prosperidad.
4.12. De la controversia sobre el dictamen pericial
En este punto, es menester definir si debe prosperar la objeción por error grave en
contra de la experticia practicada de oficio el trámite de primera instancia, si el
recurrente alega que sus conclusiones son deficientes y que no se identificaron los
posibles impactos ambientales que fueron generados por la intervención en el
yacimiento no convencional La Luna.
Con miras a resolver ese interrogante, es importante señalar que la anotada prueba
fue decretada de oficio por el Tribunal en auto del 1 de febrero de 2019, en los
siguientes términos:
“Con fundamento en el artículo 234 del CGP, se resuelve Oficiar por Secretaría
de este Tribunal, al Director del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) para que
designe un experto en la industria petrolera para que elabore un Peritaje Oficial
en el que:
104 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Sentencia del 31 de
enero de 2019, CP. Oswaldo Giraldo López, número de radicación: 05001 23 33 000 2015 02505 01.
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A. Indique si: (i) hay evidencia que en las áreas destinadas a la ejecución del
Contrato Adicional de Exploración y Producción de Yacimientos No
convencionales del 02.12.2015 se ha utilizado fracking en actividades de
exploración o explotación de petróleo, en especial en el pozo Picoplata 1, (ii) en
caso de que la respuesta sea positiva, precisar si hay evidencia que esas
actividades han generado un daño ecológico y cuáles son sus características.
Parágrafo 1. El perito sólo consultará documentos que obren como prueba dentro
el expediente judicial. SI llegaré a necesitar documentación adicional, deberá ser
obtenido por intermedio del Despacho a cargo de la Magistrada Ponente.
B. Exponga las diferencias del fracking frente a otras formas de exploración y
explotación del petróleo.
C. Señale la información que debe tenerse sobre los recursos hídricos de subsuelo
y suelo del área de impacto de las actividades del fracking, a fin de establecer sus
costos ambientales.
D. Compare los costos ambientales que genera el fracking frente a otras formas
de exploración y explotación del petróleo.
E. Determine ¿Hasta qué punto se pueden reducir esos costos ambientales que
trae el fracking?”105
Posteriormente, en memorial del 19 de noviembre de 2019, los expertos Edward Tovar
Artunduaga y Mauricio Cardeñosa Mendoza, respondieron a cada una de las
preguntas planteadas por el Tribunal106.
Ahora, en la audiencia de contradicción de dicha experticia, la parte actora objetó las
conclusiones allí planteadas, debido a que: (i) no existió ningún soporte documental o
probatorio en las conclusiones de los peritos, (ii) la conclusión relativa a que las
actividades de fracking únicamente se llevaban a cabo con la técnica de fracturamiento
hidráulico multietapa en pozos convencionales con alta intensidad en uso de agua,
desconocía que el mismo también podía ser efectuado a través del fracturamiento
hidráulico o la estimulación hidráulica, (iii) no era cierto que en el pozo Picoplata 1 no
se hubieren adelantado actividad de fracking, y (iv) cuestionó que no se aportaron
pruebas que permitieran entender la razón por la que se expuso que el fracking era
una técnica segura y sus efectos mitigables y reversibles.
En ese orden de ideas, es preciso indicar que el artículo 32 de la Ley 472 de 1998
señaló que los dictámenes periciales tendrán que ser evaluados por el Juez conforme
a las reglas de la sana crítica y con éstos se podrán acreditar los hechos sobre los que
se realizó el correspondiente estudio. Además, esa disposición normativa, señaló que
el segundo dictamen sobre los mismos hechos es inobjetable, por lo que es dable
105 Visible a folio 2470 del Cuaderno del Tribunal.
106 Visible a folio 2976 a 2991 del Cuaderno del Tribunal.
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colegir que esa norma permite que los sujetos procesales cuestionen la primera
experticia efectuada en el proceso.
La norma en comento es siguiente tenor:
“Artículo 32. Prueba pericial. En el auto en que se decrete el peritazgo se fijará
la fecha de entrega del informe al juzgado y a partir de esta fecha estará a
disposición de las partes durante cinco (5) días hábiles. El informe del perito deberá
rendirse en original y tres copias.
Los informes técnicos se valorarán en conjunto con el acervo probatorio existente,
conforme a las reglas de la sana crítica y podrán tenerse como suficientes para
verificar los hechos a los cuales se refieren.
El segundo dictamen es inobjetable y el juez podrá acogerlo en su sentencia.
Parágrafo 1o. Los impedimentos deberán manifestarse en los tres (3) días
siguientes al conocimiento del nombramiento. La omisión en esta materia, hará
incurrir al perito en las sanciones que determina esta ley.
Parágrafo 2o. El juez podrá imponer al perito, cuando se violen estas
disposiciones, las siguientes sanciones:
• Ordenar su retiro del registro público de peritos para acciones populares y de
grupo.
• Decretar su inhabilidad para contratar con el Estado durante cinco (5) años.
• Ordenar la investigación disciplinaria y/o penal correspondiente.” (Subrayas de la
Sala).
A su vez, en los incisos 3 y 4 del artículo 226 del CGP, aplicable al presente asunto
por la remisión dispuesta en el artículo 29 de la Ley 472 de 1998107, dispuso, entre
otras, que todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado y se tendrán
que explicar los fundamentos técnicos empleados. La citada norma se transcribe
enseguida:
“Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos,
técnicos o artísticos.
Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un
dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.
No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de
la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de
107 “Artículo 29. - Clases y Medios de Prueba. Para estas acciones son procedentes los medios de
prueba establecidos en el Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo que respecto de ellos se
disponga en la presente Ley”.
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abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el juez como alegaciones
de ellas.
El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma
del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción
profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de
fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán
los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que
los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.”
Ahora, para la prosperidad de la objeción por error grave de una prueba pericial, esta
Sección, en providencia del 28 de noviembre de 2017, expedida en el proceso con
número de radicado 25000 23 24 000 2012 00791 01 con ponencia del Consejero de
Estado Hernando Sánchez Sánchez, refirió que la misma procede cuando se presenta
una inexactitud entre el objeto de la prueba y las conclusiones del dictamen; veamos:
“La objeción por error grave es el ejercicio del derecho de contradicción, a través
de la cual las partes tienen la posibilidad de oponerse a un dictamen pericial
cuando este contenga una equivocación grave o una falla con entidad suficiente
para conducir a conclusiones igualmente equivocadas, es decir, cuando se
presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto de la prueba y
las conclusiones del dictamen.
Respecto del derecho de contradicción de dictámenes periciales, el artículo 238
del Código de Procedimiento Civil108, aplicable por remisión expresa del artículo
168 del CCA109, establece la posibilidad de presentar objeciones por error grave y
solicitar pruebas que sean pertinentes únicamente para sustentar la objeción”110
En similar sentido, la Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia de 22 de
agosto de 2022, expresó:
“Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Código
General del Proceso, la prueba pericial es procedente para la verificación de
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos,
técnicos o artísticos. Asimismo, los incisos 3º y 4º de esta misma disposición
prescriben:
“No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de
derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la
108 Normativa aplicable en este caso en concreto según el tránsito de legislación dispuesto del artículo 625 del
Código General del Proceso, teniendo en cuenta que el auto que decretó pruebas se expidió en vigencia del
Código de Procedimiento Civil.
109 “Artículo 168. Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo se
aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo
relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.”
110 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 28 de
noviembre de 2017. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2012 00791 00. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán
asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta por el
juez como alegaciones de ellas.
[…]
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se
explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones
efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos
de sus conclusiones.”
Por su parte, al tenor del artículo 232 ejusdem, el juez debe apreciar el
dictamen pericial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en
cuenta para tal efecto su solidez, exhaustividad, precisión, calidad, claridad,
junto con las demás pruebas del proceso. Además, debe observar que se
encuentre debidamente fundamentado y que el perito sea competente para
rendir el dictamen, es decir, que sea un experto en la materia científica,
técnica o artística analizada.
A su vez, como lo ha precisado esta Subsección en oportunidades anteriores, la
objeción por error grave supone que el dictamen ha sido elaborado sobre bases
equivocadas, que conducen a conclusiones erradas sobre el objeto de la prueba.
El error grave debe ser determinante en las conclusiones a las que llegaron los
peritos y de tal magnitud que el juez no puede tenerlo en cuenta en la sentencia,
pues el perito cambió las cualidades del objeto examinado o tomó por objeto una
cosa fundamentalmente distinta a la que es materia de estudio111.
En tal contexto, es claro para la Sala que no cualquier reparo fundado en juicios o
apreciaciones sobre los fundamentos o conclusiones de la prueba pericial tiene la
entidad de configurar el error grave, puesto que, de acuerdo a los lineamientos
jurisprudenciales traídos a colación, se trata de equivocaciones de tal envergadura que
tornan defectuoso el medio de prueba y descartan su vocación para acreditar la
situación fáctica objeto de probanza; esto es, que sean llevados a cabo en el proceso
de formación de la prueba y sean determinantes en las conclusiones del perito, pues
de no haberse presentado otro sería el sentido de la prueba.
Siendo ello así, lo que advierte la Sala es que los reparos del demandante no buscan
enmarcar algún error del proceso de formación de la prueba pericial, sino que están
dirigidos a cuestionar las conclusiones allí expuestas al no compartir las mismas, sin
que ello sea óbice para restar valor probatorio al análisis técnico.
Ahora, frente a los reproches relativos a que las conclusiones de los expertos eran
deficientes al no basar las afirmaciones plasmadas en la experticia en pruebas o
111 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de abril de 2022, Rad.:
38135.
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estudios científicos, lo que se advierte es que la experticia se ciñó estrictamente a lo
decretado en la providencia del 1 de febrero de 2019, en la que se ordenó a los peritos
consultar exclusivamente los documentos que obraban dentro del expediente judicial.
Aunado a lo anterior, debe destacarse que en la audiencia de contradicción del
dictamen los peritos informaron que sus conclusiones, además de los elementos
probatorios obrantes en el plenario, habían sido producto de su experiencia profesional
en el campo de la industria petrolera, de las prácticas habituales en la misma y de la
documentación científica en la materia.
Igualmente, no se observa que los peritos estuvieran en la obligación de determinar
los posibles impactos ambientales que fueron generados por intervención del
yacimiento no convencional La Luna, dado que en la providencia que decretó la
experticia lo que se ordenó fue que se indicara si había evidencia sobre el uso de la
técnica del fracking y solo en caso de que la respuesta a dicho interrogante fuera
afirmativa, se precisara si había prueba que dicha actividad había generado algún
daño ambiente.
Ahora, aún si en gracia de discusión se aceptara que dicha pregunta sí fue planteada
a los peritos, lo cierto es que éstos también señalaron expresamente que en el material
probatorio no se había acreditado ningún daño ambiental por las actividades del pozo
Picoplata 1; veamos:
“Con base en la documentación consultada y puesta a disposición por el Tribunal
Administrativo de Santander se deduce que el pozo Picoplata 1 es un pozo con
una configuración geométrica vertical, a través del cual se realizaron trabajos de
estimulación hidráulica en tres formaciones geológicas pertenecientes a la
formación La Luna, a una escala en el uso de agua y aditivos químicos comparable
con operaciones similares que se desarrollan en Colombia en operaciones de tipo
convencional. Teniendo en cuenta estas evidencias y debido a que el término
“fracking” resulta de la combinación de pozo con configuración geométrica
horizontal y múltiples etapas de fracturamiento hidráulico en la navegación
horizontal, no se ven elementos suficientes para poder calificar las actividades
desarrolladas en este pozo Picoplata 1 como actividades que son propias de la
tecnología que se define como “fracking”.
Si bien es cierto que la respuesta es negativa, no hay evidencia que las actividades
relacionadas con el desarrollo de actividades en el pozo Picoplata 1 hayan
generado impactos significativos en la ecología, tal como se registra en diferentes
documentos y conceptos técnicos realizado en diferentes ocasiones por entidades
como Corpocesar y ANLA durante las operaciones realizadas por el operador. Las
inquietudes radican principalmente en acciones de entorno social y gestión social.
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Al recurso agua se tiene evidencia de una reclamación por la posible afectación a
facilidades de un pozo de agua para abastecimiento de una residencia, distante
más de 3 km de la locación del pozo Picoplata 1, solicitud presentada varios meses
después de realizadas las actividades de estimulación hidráulica y de finalizadas
las actividades de pruebas de pozo; la posible afectación de este pozo fue
descartada luego de verificaciones en campo soporte analítico mediante
caracterizaciones físico químicas realizadas en varias oportunidades al sitio motivo
de reclamación. Tampoco hay evidencia de alteración de la calidad de agua en
otros puntos de monitoreo de aguas subterráneas tanto en proximidades al pozo
Picoplata 1 como en cercanías al punto de la presunta afectación”112 (Subrayas de
la Sala).
En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
4.13. De la controversia sobre la tacha de los peritos
Al respecto, se tendrá que absolver si el Tribunal en la sentencia recurrida omitió definir
la tacha relacionada con que los peritos hacían parte de un equipo de expositores que
fue designado para la pedagogía sobre los beneficios del fracking. En caso de que la
respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, se determinará si ello da lugar a
revocar la sentencia apelada.
De entrada lo que se advierte es que asiste razón a la recurrente respecto a que en la
sentencia apelada no resolvió dicha tacha pues se limitó a absolver la concerniente a
la vinculación laboral de los expertos por Ecopetrol. Sin embargo, a juicio de la Sala,
ello no es suficiente para revocar la sentencia de primera instancia, pues el hecho que
los expertos hayan sido expositores sobre los beneficios en el uso de la técnica del
fracking no les genera automáticamente tener un interés directo en las resultas del
presente asunto.
Ello es así, toda vez que en este proceso no se discute sobre la conveniencia en el
uso o sobre la necesidad de la prohibición de esa técnica en el país, sino que, como
se dijo en el punto 4.9. de esta providencia, el objeto de la litis se centra en determinar
si las actividades ejecutadas por las empresas demandadas en el marco del Contrato
Adicional de Exploración y Producción E&P desconocieron los derechos colectivos
invocados en la demanda, sin que se advierta que los aludidos peritos tengan algún
vínculo con las empresas operadoras o que se beneficien con lo que se defina en este
proceso.
112 Visible a folio 2978 V de Cuaderno del Tribunal.
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Por ende, y al no estar acreditada ninguna causal que permita objetar la causal de
dichos peritos, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
4.14. De la controversia sobre el dictamen pericial aportado por la parte actora
En este punto se tendrá que dirimir si debe revocarse la sentencia apelada al no
estudiar el dictamen pericial que allegó la demandante dentro del trámite de instancia.
A efectos de absolver dicho cuestionamiento, debe indicarse que en la audiencia de
contradicción a la experticia efectuada por los peritos Edward Tovar Artunduaga y
Mauricio Cardeñosa Mendoza, el colectivo accionante allegó al Tribunal una experticia
elaborada por el señor Mario Avellaneda Cursaria. No obstante, la aludida corporación
judicial negó su decreto debido a que fue allegado extemporáneamente, es decir, luego
de concluidas las etapas procesales dispuestas por el ordenamiento jurídico para esos
efectos.
Ahora, esa experticia fue remitida dentro del escrito de alegaciones de conclusión en
el trámite de primera instancia, pero el Tribunal negó nuevamente su decreto como
auto de mejor proveer, al considerar en la sentencia apelada, que existían suficientes
elementos para resolver la controversia.
Posteriormente, en el trámite de segunda instancia, mediante memorial del 14 de abril
de 2021, CCALP solicitó nuevamente el decreto del citado dictamen pericial, pero el
Despacho sustanciador negó esa solicitud por las consideraciones que pasan a
transcribirse:
“2.2.1 La Ccalcp, mediante memorial allegado al correo electrónico de la Secretaría
General de la Corporación el 14 de abril de 2021, solicitó se decretara la siguiente
prueba pericial:
“Por lo anterior, de manera respetuosa, solicito a Su Señoría decretar la
siguiente prueba a efectos de que puedan ser practicadas, en el trámite de
esta instancia:
PRUEBA PERICIAL
Sírvase decretar como prueba documental aportada para el trámite de
segunda instancia el Informe Pericial - CONCEPTO SOBRE PROYECTO
PILOTO POZO PICOPLACA 1-SAN MARTIN CESAR, elaborado por el
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Biólogo de la Universidad Nacional del Colombia y Especialista en Desarrollo
Rural, Mario Avellaneda Cusaría, que se aporta con el presente escrito.
En el evento en que el despacho considera que no es procedente la anterior
solicitud, de manera respetuosa solicito decrete de oficio la prueba del
Informe
Pericial - CONCEPTO SOBRE PROYECTO PILOTO POZO PICOPLACA 1-
SAN MARTIN CESAR, elaborado por el Biólogo de la Universidad Nacional
del Colombia y Especialista en Desarrollo Rural, Mario Avellaneda Cusaría,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del CPACA.”
2.2.2. Sobre la oportunidad de la solicitud probatoria, el Despacho observa que fue
presentada el 14 de abril de 2021113, fecha en la que quedó ejecutoriado el auto
que admitía el recurso de apelación; por lo tanto, fue radicada en término, según
el criterio jurisprudencial que venía aplicándose previamente.
2.2.3. Ahora, de acuerdo con lo dicho en el anterior acápite, la resolución de la
petición de pruebas en segunda instancia debe ser definida a la luz de lo previsto
en el artículo 327 del CGP, pues sobre este aspecto sí existe remisión en el artículo
37 de la Ley 472 de 1998. La disposición del Estatuto Procesal Civil dispone:
“Artículo 327. Trámite de la apelación de sentencias. Sin perjuicio de la
facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelación de
sentencia, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación,
las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará
únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.
2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa
de la parte que las pidió.
3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrarlos o desvirtuarlos.
4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.
5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal
anterior.
Ejecutoriado el auto que admite la apelación, el juez convocará a la audiencia
de sustentación y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicarán en la misma
audiencia, y a continuación se oirán las alegaciones de las partes y se dictará
sentencia de conformidad con la regla general prevista en este código.
El apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos
expuestos ante el juez de primera instancia”. (Subrayas del Despacho)
2.2.4. Así pues, no se cumpliría con el primer supuesto dado que sólo la
demandante ha presentado la solicitud de pruebas.
113
Visible en el índice 13 ibídem
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Ahora bien, frente al segundo numeral, es necesario mencionar que el dictamen
pericial solicitado por la parte actora fue allegado en primera instancia junto con
los alegatos de conclusión114, y aun cuando el accionante pidió que se le otorgara
el valor probatorio correspondiente de oficio, el a quo consideró innecesario,
debido a que contaba con el suficiente caudal para resolver el asunto de primera
instancia; de esto da cuenta el siguiente aparte de la sentencia recurrida:
El dictamen pericial no versa sobre hechos nuevos que ocurrieran con
posterioridad a la etapa de solicitud de pruebas en primera instancia, toda vez que
se refiere a un examen técnico de los sucesos que se pusieron de presente en el
libelo introductorio para acceder a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
en aras de ventilar una problemática que, según el dicho de la parte actora, genera
vulneración de derechos e intereses colectivos.
De otra parte, se trata de una prueba pericial y no de una documental, como lo
exige el numeral cuarto, y además no se acredita que haya mediado fuerza mayor
o caso fortuito ni obra de la parte contraria, que hayan impedido aportarse en sede
del Juzgador de Primera Instancia.
Por último, con el dictamen pericial no se pretende desvirtuar documentos que no
hayan podido ser allegados en las circunstancias mencionadas anteriormente,
todo lo cual conduce a concluir al Despacho que la petición no es procedente; por
ende se denegará el decreto del “Informe Pericial - CONCEPTO SOBRE
PROYECTO PILOTO POZO PICOPLACA 1-SAN MARTIN CESAR, elaborado por
el Biólogo de la Universidad Nacional del Colombia y Especialista en Desarrollo
Rural, Mario Avellaneda Cusaría”, presentada por la Corporación Colectiva de
Abogados Luis Carlos Pérez – Ccalcp.
114
Visible en los folios 131 a 200 del cuaderno principal en el índice 2 íbidem
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2.2.5. Ahora bien, en cuanto a la petición para practicar el dictamen pericial de
oficio, se debe hacer mención a que el ordenamiento jurídico ha dotado al Juez de
un poder probatorio oficioso para que, en los escenarios en los que advierta que
los elementos de convicción arrimados al proceso no son suficientes para resolver
el asunto, pueda, a través de las providencias de mejor proveer, disponer del
recaudo de los elementos que estime necesarios en aras de proferir las
providencias que en derecho correspondan, siempre que ello no sea el resultado
de la negligencia de alguna de la partes para solicitar en el tiempo y forma debidas
las pruebas a practicar.
Es decir, la atribución que el juez tiene para decretar pruebas de oficio en autos
para mejor proveer se ha previsto para los eventos en los cuales se presenten
fundadas dudas que derivan de lo aportado al proceso, y no está dada para suplir
la diligencia que corresponde a la parte en la solicitud de pruebas. Ello rompería el
equilibrio entre las partes e implicaría infracción al debido proceso, en la medida
en la cual el juez haría uso de un poder para decretar una prueba que el solicitante
debió aportar en las oportunidades procesales previstas para ello, desconociendo
que el trámite está previsto precisamente para que se conozcan los elementos
probatorios que cada parte debe aportar en la etapa procesal correspondiente, con
el propósito de ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
En este orden, dadas las características enunciadas, el Despacho no procederá
con el decreto de la prueba de manera oficiosa, pues un pronunciamiento en
contrario no sería el producto de la duda fundada del juez, sino de un mecanismo
para habilitar, sin soporte legal, una prueba que ha sido pedida expresamente por
una parte, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.”115
(Subrayas de la Sala).
Por ende, es claro que la citada experticia no podía ser valorada por el Tribunal para
emitir la sentencia de primera instancia, ni tampoco puede ser evaluada para absolver
el recurso de alzada, de modo que el cargo no tiene prosperidad.
4.15. De la controversia sobre la vulneración del derecho a la moralidad
administrativa.
Al respecto, se tendrá que determinar si se vulneró el derecho a la moralidad
administrativa si la recurrente alega que el mismo fue desconocido debido a que: (i) la
ANH no emitió un acto formal para la cesión del contrato principal a las sociedades
demandadas, (ii) no se les exigió una licencia ambiental para el desarrollo de
actividades fracking en el pozo pico plata ni para su reclasificación, y (iv) la ANLA no
adelantó ningún procedimiento sancionatorio en contra de las sociedades accionadas
por infringir la normativa ambiental.
115 Visible en el índice 48 del Sistema de Gestión SAMAI.
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Al respecto de dicho derecho, esta Corporación judicial en providencia del 6 de agosto
de 2020, expresó:
“39. El artículo 209 de la Constitución Política, sobre la función administrativa,
establece:
“[…] Articulo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los
términos que señale la ley […]” (Destacado fuera de texto).
40. La Sección Primera de esta Corporación, respecto a la violación del principio
de la moralidad administrativa, ha considerado116:
“[…] La moralidad administrativa está ligada al ejercicio de la función
administrativa, la cual debe cumplirse conforme al ordenamiento jurídico y
de acuerdo con las finalidades propias de la función pública, ésta,
determinada por la satisfacción del interés general. Ese interés general
puede tener por derrotero lo que la Constitución Política enseña como fines
esenciales del Estado, es decir, cuando quien cumple una función
administrativa no tiene por finalidad servir a la comunidad o promover la
prosperidad general o asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden
justo, sino que su actuar está dirigido por intereses privados y particulares y
guiado por conductas inapropiadas, antijurídicas, corruptas o deshonestas,
se puede señalar tal comportamiento como transgresor del derecho colectivo
a la moralidad pública […]” .
41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2015, precisó que los elementos del
concepto de la moralidad administrativa son los siguientes117:
“[…] 2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico.
Este elemento puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el
principio de legalidad y (ii) violación de los principios generales del derecho.
(i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica
por la acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un
particular en ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor
público o del particular que ejerce una función pública a la ley caracteriza el
recto ejercicio de la función pública.
[…]
116 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 8 de junio
de 2017; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 880012333000201400040
01.
117 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara
Quintero, sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2015, núm. único de radicación 11001-33-31-035-
2007-00033-01.
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2.2.2. Elemento subjetivo
No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública
sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para
establecer si incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y
alejadas de los fines de la correcta función pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción
u omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas
debe acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular
del servidor se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su
propio favorecimiento o del de un tercero.
Este presupuesto está representado en factores de carácter subjetivo
opuestos a los fines y principios de la administración, traducidos en
comportamientos deshonestos, corruptos, o cualquier denominación que se
les dé; en todo caso, conductas alejadas del interés general y de los
principios de una recta administración de la cosa pública, en provecho
particular […]” (Destacado fuera de texto).
42. Así las cosas, el principio de la moralidad administrativa se relaciona con el
ejercicio de la función pública según los mandatos del Estado Social de Derecho
y, en especial, con el manejo correcto de los bienes y dineros públicos.
43. Para que se configure la vulneración de este derecho debe concurrir, por un
lado, un elemento objetivo que alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico;
y, por el otro, uno subjetivo relacionado con la demostración de conductas
amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la correcta función pública.”118
(Subrayas de la Sala).
Entonces, para que se acredite la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, deben concurrir dos (2) elementos; el primero, el objetivo, tendiente al
desconocimiento de las normas dispuestas en el ordenamiento jurídico; y el segundo,
el subjetivo, en el que se debe acreditar que la intención del funcionario público es la
realización de maniobras corruptas o amañadas para favorecerse a sí mismo o a un
tercero.
4.15.1. En cuanto al reproche relacionado con que la ANH no emitió un acto
formal para la cesión del contrato principal a las sociedades demandadas, en el recurso
de alzada no se indicó qué maniobras contrarias al correcto ejercicio de la función
pública habían desplegado los funcionarios vinculados a esa agencia, de modo que no
se acreditó el requisito subjetivo.
118 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 6 de
agosto de 2020. Proceso radicado número: 11001 03 24 000 2009 00633 00. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
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En cuanto al objetivo, debe indicarse que, a través de comunicación 2015311026001,
la ANH expresó las siguientes razones para no emitir un acto de cesión del aludido
contrato; veamos:
“1. En virtud de lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 40.2. del Artículo 40 del
Acuerdo 3 de 2014, es viable la celebración del Contrato Adicional, con la
presentación del nuevo contratista, sin que medie necesariamente un proceso
formal de cesión de intereses, derechos y obligaciones previo, para materializar tal
vinculación.”119
Así, es claro que, al parecer, dicha decisión habría estado fundamentada en la
disposición normativa allí enunciada, sin que este sea el escenario pertinente para
cuestionar la validez de ese acto de la administración.
4.15.2. Respecto a los reproches relacionados con la falta de exigencia de una
licencia ambiental para el desarrollo de actividades de fracking, la necesidad de un
permiso para la reclasificación del pozo Picoplata 1 de estratigráfico a exploratorio y la
omisión en el adelantamiento de un procedimiento sancionatorio contra Conocophillips
y CNE Oil & Gas, es importante señalar que la parte actora no demostró que los
servidores de la ANLA hayan actuado con intereses contrarios al correcto
funcionamiento de la administración pública con la intención de favorecerse o para
beneficiar a las aludidas empresas.
Tampoco se cumplió el requisito objetivo frente a dichos puntos, pues, como se vio en
el punto 4.10. de esta providencia, no es cierto que se haya adelantado esa técnica en
el pozo Picoplata 1; en consecuencia, no se probó el desconocimiento de alguna
disposición normativa.
Por otro lado, de acuerdo con lo visto en el literal g) del punto 4.11. de este proveído,
a través de la Resolución 0857 del 30 de julio de 2014, se concedió una licencia
ambiental que permitía la construcción de hasta dieciséis (16) pozos, de modo que el
Pozo Picoplata 1 sí se encontraba cobijado dentro del citado instrumento ambiental y,
por ende, las empresas demandadas estaban habilitadas a operarlo dentro del marco
allí fijado.
119 Visible en el CD que obra a folio 1303.
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Por último, debe reiterarse que en el presente asunto no se acreditó que se hubiere
ocasionado algún daño ambiental, de modo que no existe ninguna razón objetiva que
obligue a esa autoridad ambiental a iniciar algún proceso de esa naturaleza o que esté
contrariando alguna norma legal por abstenerse a ello.
En suma, el cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.
4.16. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia del 15 de diciembre de 2020,
emitida por el Tribunal Administrativo de Santander por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 26 de octubre de 2023.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaro Voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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