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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02315-00

Fecha
12 de junio de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-02315-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE 19 Radicado: 11001-03-15-000-2024-02315-00 Accionante: CCALCP y otro Se declara la improcedencia PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo presentada la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-02315-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

12 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02315-00
Accionantes: CCALCP y otro
Se declara la improcedencia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. doce (12) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-02315-00
Accionantes: Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez –
CCALCP– y otro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Acción popular / Delimitación
del objeto del litigio en la acción popular / Prueba de la afectación a la moralidad
administrativa / Interpretación de las licencias ambientales / Se declara la
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Corporación Colectivo de
Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP y la Corporación Defensora del Agua,
Territorio y Ecosistemas – CORDATEC contra la sentencia del 26 de octubre de
2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de la
acción popular 68001-23-33-000-2017-00330-00/01. En la sentencia accionada se
confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

Radicado: 11001-03-15-000-2024-02315-00
Accionante: CCALCP y otro
Se declara la improcedencia

1.- El 9 de mayo de 2023 la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez
– CCALCP y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas –
CORDATEC, a través de sus representantes legales, interpusieron acción de tutela
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
medio ambiente en conexidad con la vida vulnerados, en su concepto, por el
Consejo de Estado, Sección Primera al negar las pretensiones de la demanda de
acción popular 68001-23-33-000-2017-00330-00/01.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcribe):

<<PRIMERO: Amparar los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez CCALCP, y a
la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas -CORDATEC, como
sujetos procesales afectados directamente por la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, y al medio ambiente en conexidad con la vida, de la comunidad y de las
corporaciones señaladas y de las tutelantes, también como personas naturales, así
como de la comunidad, en general, que pretendan la defensa de su derecho al medio
ambiente en conexidad con la vida.

SEGUNDO: Revocar el fallo de segunda instancia del proceso radicado bajo el
número 68001233300020170033001, proferido por la Sección Primera del Consejo
de Estado, que confirmó el fallo de primera instancia.

TERCERO: Ordenar al despacho del Consejo de Estado correspondiente a que
dicte un nuevo fallo dentro del trámite aludido, que atienda y subsane los defectos
señalados en la presente acción a cabalidad y, además, ajuste a derecho el análisis
realizado frente a la configuración de la vulneración al derecho a la moralidad
administrativa y al medio ambiente, por los argumentos expuestos en la parte motiva
de la presente acción.

CUARTO: Ordenar al despacho del Consejo de Estado correspondiente a que
module las consideraciones de su fallo en lo concerniente a extensión de los efectos
de las licencias ambientales, garantizando el cumplimiento de normas
ambientales>>.

B. Hechos

3.- Las accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 2 de junio de 2009 el Consorcio Energía Colombia S.A. y la Agencia Nacional
de Hidrocarburos suscribieron el Contrato 50 de Exploración y Producción de
Yacimientos Convencionales con el objeto de llevar a cabo el proyecto <<Área de
Perforación Exploratoria – APE VMM3>> en los municipios de Aguachica y San

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Martín (departamento del Cesar), así como en el municipio Rionegro (departamento
de Santander).

3.2.- Mediante otrosí 3 del 24 de noviembre de 2011, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos aprobó la cesión del contrato a favor de Shell Exploration and
Production Colombia GMBH Sucursal Colombia (en adelante, <<Shell>>). Además,
mediante resolución 20131410037111 se aprobó la cesión del 30% de los intereses
del contrato a favor de Conocophillips Colombia Ventures Ltda. sucursal Colombia
(en adelante, Conocophillips).

3.3.- A su vez, a través de la Resolución 857 de 2014, la Autoridad de Licencias
Ambientales concedió una licencia ambiental para la exploración y producción de
yacimientos convencionales del proyecto. Destacan que el artículo décimo catorce
de la licencia ambiental expresamente señala que <<no se autoriza ninguna
actividad relacionada con yacimientos no convencionales>>.

3.4.- El 20 de febrero de 2015 se terminó la construcción del pozo Picoplata 1 de
forma vertical y catalogado como estratigráfico, obra que fue aprobada por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos el 28 de abril de 2015. La finalidad del pozo era
obtener información geológica y técnica del subsuelo para tomar decisiones futuras
respecto a la ejecución de proyectos de mayor inversión.

3.5.- El 5 de junio de 2015 Shell renunció al contrato y solicitó la cesión total a favor
de Conocophillips y de la sociedad CNE OIL & GAS S.A. A su vez, estas últimas
afirmaron renunciar a la exploración y explotación de yacimientos convencionales y
solicitaron celebrar un contrato adicional de exploración y explotación para
yacimientos no convencionales.

3.6.- El 2 de diciembre de 2015 la Agencia Nacional de Hidrocarburos suscribió un
contrato adicional de exploración y producción de yacimientos no convencionales
de hidrocarburos con la unión temporal conformada por Conocophillips y CNE OIL
& GAS S.A., y les advirtió que para la exploración y explotación de yacimientos no
convencionales debía obtenerse una nueva licencia ambiental. Posteriormente, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó la cesión de los derechos de
la licencia ambiental para la exploración y producción de yacimientos
convencionales del proyecto (Resolución 857 de 2014) a las cesionarias del
contrato.

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3.7.- El 15 de diciembre de 2015 Conocophillips solicitó la reclasificación del pozo
Picoplata 1 de estratigráfico a exploratorio para así cumplir con el programa
exploratorio del contrato adicional y obtener información adicional sobre el
yacimiento. Esa petición fue aceptada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos,
mediante oficio 511-201600111 del 7 de enero de 2016.

3.8.- El 1º de febrero de 2016 Conocophillips informó a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos que las pruebas de estimulación que se realizarían en el pozo
Picoplata 1 serían convencionales.

3.9.- El 17 de marzo de 2016 Conocophillips le indicó a la Autoridad de Licencias
Ambientales que planeaba iniciar actividades de prueba de producción, lo cual no
requería un plan de manejo ambiental, dado que se trataba de una labor de limpieza
que no requiere el uso de maquinaria ni implica el aprovechamiento de recursos
naturales. Igualmente le informó a esa autoridad sobre la reclasificación del pozo
Picoplata 1.

3.10.- El 13 de abril de 2016 la Autoridad de Licencias Ambientales profirió un oficio
dirigido a Conocophillips en el que se pronunció sobre las actividades a realizar en
el pozo. La autoridad indicó que (i) en virtud del artículo vigésimo sexto de la licencia
ambiental, antes de la perforación de los pozos exploratorios, la contratista tenía la
obligación de presentar un plan de manejo ambiental de conformidad con los
términos de referencia y la metodología para la presentación de estudios
ambientales; (ii) la omisión de ese deber podía considerarse como una
infracción en materia ambiental, según el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009;
(iii) se recordó que la licencia ambiental no permite realizar actividades
exploratorias en yacimientos no convencionales; y (iv) precisó que en caso
de que en el proyecto se quisieran realizar <<actividades de exploración en
yacimientos no convencionales, deberá agotar el trámite de modificación de
licencia ambiental…>>.

3.11.- El 25 de abril de 2016 la Agencia Nacional de Hidrocarburos certificó a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que las actividades a realizar en el
pozo eran de tipo convencional.
3.12.- El 11 de agosto de 2016 Conocophillips solicitó autorización para transportar
cinco mil barriles de agua a través de una tubería y realizar así las pruebas de
estimulación hidráulica. La contratista realizó la estimulación hidráulica prueba de

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producción en zonas del pozo Picoplata 1, análisis y procesamiento de muestras
geológicos y geoquímicas.

3.13.- Las corporaciones accionantes presentaron una petición a la Autoridad de
Licencias Ambientales para que suspendiera el contrato adicional, en aplicación del
principio de precaución. Lo anterior, dada la preocupación por los posibles impactos
ambientales que podrían generarse por la explotación de hidrocarburos mediante
técnicas no convencionales.

3.14.- Por otro lado, en oficio del 2 de diciembre de 2016, la Contraloría General de
la República encontró hallazgos con incidencia disciplinaria porque no existían
términos de referencia ambiental específicos para la fase de explotación y
producción de yacimientos no convencionales, por lo que recomendó a la Agencia
Nacional de Hidrocarburos que se abstuviera de celebrar contratos de esa
naturaleza.

3.15.- Los accionantes señalaron que para la construcción del pozo Picoplata 1 se
perforaron dieciséis mil cuatrocientos seis (16.406) pies y se alcanzaron yacimientos
no convencionales, a pesar de que no se tenía autorización para ello.

3.16.- Por lo anterior, el 13 de marzo de 2017 la Corporación Colectivo de Abogados
Luis Carlos Pérez – CCALCP y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y
Ecosistemas – CORDATEC interpusieron demanda de acción popular contra la
Nación – Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma Regional del Cesar –
CORPOCESAR, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de San Martín (Cesar),
Conocophillips Colombia Ventures Ltda. sucursal Colombia y CNE OIL & GAS S.A.
Solicitaron el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, a la seguridad pública, a la salubridad
pública, a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público,
vulnerados por la ejecución irregular del contrato adicional y la falta de una licencia
ambiental adecuada para las actividades realizadas.

3.17.- Por consiguiente, pretendió la suspensión inmediata de toda obra o actividad
en el área del contrato adicional.

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3.18.- Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2020 el Tribunal Administrativo de
Santander profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda porque
no se acreditaron de forma concreta las acciones y omisiones de las autoridades
demandadas. En particular, concluyó que no se demostró la realización de
actividades de fracturación hidráulica no convencionales tipo <<fracking>> y, en
cambio, las actividades realizadas y comprobadas estaban amparadas por la
licencia ambiental otorgada.

3.19.- La parte demandante apeló la anterior decisión. Insistió en la existencia de
una amenaza a los derechos colectivos dado que se probó la realización de
actividades en yacimientos no convencionales sin contar con la debida licencia
ambiental. Al respecto, precisó que su reproche no se limitaba a la realización de
<<fracking>> sino de cualquier tipo de actividad (convencional o no) en un
yacimiento no convencional. Además, reiteró que se generó una afectación a la
moralidad administrativa1.

3.20.- En sentencia del 26 de octubre de 2023, la Sección Primera de esta
Corporación confirmó la providencia de primera instancia con base en argumentos
similares a los de primera instancia: (i) no se demostró que se realizaron actividades
de <<fracking>> ni que se causaron daños ambientales y (ii) no se acreditó la
vulneración de los derechos colectivos y, en particular, de la moralidad
administrativa2.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Las corporaciones accionantes alegan que la sentencia objeto de reproche
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al medio ambiente en
conexidad con la vida porque incurrió en (i) un defecto fáctico (ii) un defecto
sustantivo y (iii) una violación directa de la Constitución.

1
Igualmente, alegaron (i) una deficiente fundamentación del dictamen pericial decretado de oficio, pues los
peritos no se pronunciaron frente al contrato adicional y no se demostró que se hubieran observado los
parámetros de seguridad, lo cual dio lugar a una objeción de error grave; (ii) la indebida resolución de una tacha
de imparcialidad contra los peritos que rindieron el dictamen de decretado de oficio, pues estos estaban
vinculados laboralmente con Ecopetrol y hacían parte de un equipo de expertos para promocionar las técnicas
de fracturación hidráulica no convencionales tipo <<fracking>>; y (iii) la falta de valoración de la prueba pericial
aportada por la parte demandante, que puso de presente los peligros inherentes a la actividad de fracturación
hidráulica no convencional tipo <<fracking>>.
2
También se pronunció frente a los argumentos relativos a las pruebas periciales y descartó que se hubiera
configurado un error grave, no estimó la tacha de los peritos y precisó que el dictamen de la parte demandante
fue allegado de forma extemporánea.

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4.1.- Indicaron que la autoridad judicial accionada incurrió en varios defectos
fácticos en la valoración de las pruebas que demostraban la existencia de los
elementos objetivos y subjetivos de la vulneración a la moralidad administrativa.

4.2.- En cuanto al elemento objetivo de la moralidad administrativa, alegaron que la
autoridad judicial accionada valoró indebidamente el contenido y alcance de la
licencia ambiental otorgada por la Resolución 857 de 2014, lo cual lo llevó a resolver
inadecuadamente el reproche planteado en la acción popular.

4.2.1.- El reproche contra las demandadas se refirió a que <<no se autoriza ninguna
actividad relacionada con yacimientos no convencionales>>, lo cual no daba lugar
a distintas interpretaciones: la licencia no permite realizar actividades
(convencionales o no) en yacimientos no convencionales.

4.2.2.- Por esa razón, el análisis del Consejo de Estado debió centrarse en si se
requería una nueva licencia para realizar actividades de cualquier tipo
(convencionales o no) en un yacimiento no convencional, como lo era el pozo
Picoplata 1. Ahora bien, en la sentencia accionada no se abordó lo que la licencia
ambiental permitía y prohibía, lo cual era fundamental para resolver la controversia
planteada.

4.2.3.- A pesar de que la Sección Primera citó expresamente esa prohibición, su
análisis se centró en las necesidades de operación de los contratistas y en el hecho
de que no se realizaron actividades no convencionales. A su juicio, reiteran, la
controversia no versaba sobre el tipo de actividad a realizar, como lo entendió la
accionada, sino sobre la naturaleza del yacimiento.

4.2.4.- Si ya se sabía que el yacimiento era no convencional, lo cierto es que bajo
la licencia ambiental no podían realizarse actividades en dicho yacimiento, incluso
si estas pretendían corroborar lo que ya se conocía, lo cual demuestra la infracción
de la licencia3.

4.2.5.- La indebida valoración probatoria de la licencia impidió, a su vez, que la
autoridad judicial accionada advirtiera que también se configuró el cargo relativo al
incumplimiento del deber de adelantar una investigación sancionatoria ambiental.

3
Al respecto, hizo referencia a los escritos del 15 de diciembre de 2015, 19 de abril de 2016 y 5 de octubre de
2017 en los que se describen distintas actividades realizadas en el pozo Picoplata 1.

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4.3.- Respecto al elemento subjetivo de la moralidad administrativa, las accionantes
señalaron que la Sección Primera de esta Corporación no tuvo en cuenta todos los
indicadores desarrollados por la jurisprudencia para identificar su configuración. En
efecto, según la sentencia del 6 de agosto de 2020 proferida por la Sección Primera
de esta Corporación (radicado 11001-03-24-000-2009-00633-00) y que fue citada
en la providencia accionada, el elemento subjetivo de la moralidad administrativa
consiste en que, con sus actuaciones, el funcionario incurra en <<conductas
amañadas, corruptas o arbitrarias>>.

4.3.1.- Las accionantes señalan que en la sentencia accionada únicamente se
estudió la existencia de uno de esos indicadores, a saber, si la conducta había sido
amañada. En cambio, no se evaluó si esta había sido arbitraria o corrupta según los
términos del precedente citado.

4.3.2.- Como sustento de lo anterior se tienen los hallazgos de la Contraloría
General de la República que no fueron considerados por la autoridad judicial
accionada, a pesar de que estos fueron invocados en la demanda de acción popular
y en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

4.4.- Por otro lado, las accionantes señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo porque, según lo indicado, dio un alcance distinto
y reducido al cargo relativo a la moralidad administrativa.

4.5.- Finalmente, alegaron una violación directa de la Constitución pues la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada desconoce el carácter ecológico de la
Constitución y permite que se vulnere el derecho al medio ambiente sano al pasar
por alto la aplicación del principio de precaución, y está acreditado que las
contratistas realizaron actividades en un yacimiento no convencional (como su
perforación), sin contar con la debida licencia ambiental. La existencia de un
yacimiento no convencional era conocido por las demandadas desde el 13 de abril
de 2016, cuando la autoridad ambiental puso de presente la prohibición de
actividades bajo la licencia actual y, ante la duda, debió tramitarse una nueva
licencia.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Sección Primera del Consejo de Estado (accionada) sostuvo que la acción de
tutela carece de relevancia constitucional porque no se indicaron las razones por

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las cuales se vulneró el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Por el
contrario, advirtió que las prerrogativas de ese derecho sí fueron acatadas en el
proceso de la acción popular y en la sentencia cuestionada.

5.1.- Otra cosa es que las accionantes no compartan la interpretación normativa o
la valoración probatoria de una decisión que fue contraria a sus intereses, de lo cual
se infiere que lo que pretenden es reabrir el debate para que se adopte una decisión
distinta, dada su inconformidad con la sentencia.

5.2.- En gracia de discusión, señaló que no se configuraron los defectos alegados,
pues se estudiaron debidamente los elementos de la moralidad administrativa y se
concluyó que no se acreditó su vulneración: no se demostró que se realizaran
actividades de <<fracking>>, que se generaran daños ambientales, o que los
funcionarios públicos de las entidades demandadas realizaran conductas contrarias
al debido ejercicio del cargo.

5.3.- Tampoco se configuró un defecto sustantivo porque la sentencia se basó en la
normativa aplicable.

6.- La Nación – Ministerio de Minas y Energía (tercero con interés) solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela. Sostuvo que en este caso no se
demostraron los fundamentos de la acción ni la vulneración de derechos
fundamentales. Adicionalmente, indicó que la solicitud de amparo no cumplió con el
requisito de inmediatez porque fue presentada después de siete meses4 y que la
discusión se refiere a una regulación legal, por lo que la controversia carece de
relevancia constitucional.

7.- La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (tercero con interés)
solicitó negar el amparo. Alegó que ese Ministerio no es la entidad llamada a
pronunciarse sobre la acción de tutela, pues está dirigida en contra de una sentencia
proferida por una autoridad judicial.

8.- La Agencia Nacional de Hidrocarburos (tercero con interés) se opuso a las
pretensiones de la solicitud de amparo porque la sentencia cuestionada se
encuentra ajustada a derecho y no incurrió en ningún defecto ni vulneró derecho
fundamental alguno. Sostuvo que la solicitud de amparo no cumplió con todos los

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La Sala advierte que en el informe se hace referencia a otro proceso de tutela distinto, en relación con el cual
se plantea este argumento.

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requisitos generales de procedibilidad y, en particular, el de relevancia
constitucional: no se demostró una afectación material de derechos fundamentales,
como quiera que las actividades realizadas por los contratistas fueron de tipo
convencional y se encuentran en el marco de la licencia ambiental y del contrato
adicional.

9.- La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (tercero con interés) solicitó que
se negara el amparo. Al respecto, precisó que este mecanismo no es una tercera
instancia de las decisiones adoptadas en procesos de acciones populares, también
de orden constitucional, y que por su naturaleza son estudiados con un rigor incluso
mayor que un proceso ordinario.

10.- El Municipio de San Martín (tercero con interés) alegó que las pretensiones de
la acción de tutela son ajenas a las funciones de ese ente territorial, pues según las
pruebas no existe actuación u omisión atribuible al municipio que incidan en los
derechos de las accionantes.

11.- Conocophillips Colombia Ventures Ltda. Sucursal Colombia (tercero con
interés) se opuso a la procedencia de la solicitud de amparo.

11.1.- En su concepto, la acción de tutela se fundamenta en una tergiversación de
(i) las pretensiones de la demanda de acción popular, (ii) los supuestos fácticos
alegados en ese proceso y, en consecuencia, (iii) de la sentencia cuestionada. Esa
tergiversación se explica en la falta de prosperidad de sus pretensiones en el
proceso de la acción popular, lo cual motivó a que en se ajustara la causa petendi
por medio de la acción de tutela.

11.2.- En efecto, indicó que la acción popular se orientó a censurar la supuesta
ejecución de actividades que las accionantes equivocadamente consideraron como
<<fracking>>, mientras que en la acción de tutela pretenden hacer ver que su
reproche iba más allá de la realización de esas actividades y que, en cambio, la
discusión estaba en si se realizaron actividades de cualquier actividad sobre el
yacimiento no convencional.

11.3.- Ahora bien, lo cierto es que la licencia ambiental sí autorizó la realización de
actividades como las que se ejecutaron.

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11.4.- Afirmó que se configuró una carencia actual de objeto por hecho superado,
pues la intención de la acción popular y de la de tutela era que cesaran las
actividades que cuestionan en el yacimiento en cuestión, circunstancia que en la
práctica se satisfizo, pues el pozo se encuentra taponado y el contrato se suspendió.

12.- CNE OIL & GAS S.A. (tercero con interés) también se opuso a cada una de las
pretensiones de la acción de tutela. Indicó que el juez de tutela debe evaluar el
término razonable para interponer la solicitud de amparo y que no necesariamente
debe corresponder a seis meses, dadas las circunstancias de cada caso.

12.1.- En todo caso, no se incurrió en el defecto fáctico alegado porque la autoridad
judicial accionada sí valoró el alcance de la licencia ambiental y las prohibiciones
que esta contemplaba: la construcción de pozo Picoplata 1, como se demostró en
el proceso, tenía el objetivo de obtener información sobre la naturaleza del
yacimiento, lo cual se hizo por medio de técnicas convencionales avaladas por esa
licencia.

12.2.- Por eso no se demostró el desconocimiento del marco normativo ambiental
ni se configuró el elemento objetivo de la moralidad administrativa, como se
concluyó en la sentencia accionada. En el mismo sentido, tampoco se demostró un
interés distinto o ajeno al bien común que configure el elemento subjetivo de ese
derecho colectivo.

12.3.- Agregó que el objeto de un contrato no determina el tipo de yacimiento y que
bajo el negocio jurídico celebrado sí era posible realizar actividades en yacimientos
convencionales.

13.- El Tribunal Administrativo de Santander (tercero con interés) allegó copia digital
del expediente de la acción popular, pero guardó silencio frente a los hechos y
pretensiones de la solicitud de amparo.

14.- La Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR (tercero con
interés) allegó un informe, pero no adjuntó copia del poder especial otorgado al
abogado que la representa, por lo que no será tenido en cuenta.

15.- El Departamento del Cesar (tercero con interés) y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado (interviniente) guardaron silencio.

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II. CONSIDERACIONES

16.- Se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia
de la solicitud de amparo porque no está acreditado el requisito de relevancia
constitucional frente a los defectos presentados. Lo anterior, en la medida en que la
acción de tutela reitera los mismos argumentos que fueron planteados en la
apelación y resueltos en la sentencia accionada 5.

E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad

17.- La Sala advierte que el argumento central de la acción de tutela se refiere a la
delimitación del objeto del litigio en el proceso de la acción popular y si en este se
resolvieron adecuada y cabalmente los cargos planteados, por lo que la Sala limitará
su análisis a este reproche.

17.1.- Las accionantes sostienen que la autoridad judicial accionada erró al plantear
el objeto del litigio y los problemas jurídicos a resolver, pues dejó por fuera algunos
de los reparos planteados y, en particular, el hecho de que a la luz de la licencia
ambiental otorgada no podían realizarse actividades de ningún tipo (no solo
<<fracking>>) en un yacimiento no convencional y sobre el cual, en todo caso, se
hicieron perforaciones para exploración, prueba de producción y estimulación
hidráulica.

17.2.- Por otro lado, en el informe presentado en el presente proceso,
Conocophillips señaló que mediante la solicitud de amparo las accionantes
pretendían reformar la acción popular y ampliar el objeto de la discusión, dado que
sus argumentos originales no prosperaron. Indicó que la controversia planteada y
debatida en la acción popular sí se refirió a la realización de actividades de
<<fracking>> en el yacimiento, como lo entendió la Sección Primera de esta
Corporación.
17.3.- La Sala considera que el objeto del litigio fue debidamente abordado, pero
para sustentar lo anterior es necesario remitirse a los argumentos de la demanda
de la acción popular, el entendimiento que tuvo el tribunal de primera instancia, los

5
El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque las accionantes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales, entre otros, al
debido proceso y explicó los vicios que consideraron configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge
la posición mayoritaria de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del
proceso ordinario, no se cumple con este requisito.

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Accionante: CCALCP y otro
Se declara la improcedencia

cargos del recurso de apelación y, finalmente, el estudio de la autoridad judicial
accionada.

17.4.- En el escrito de la demanda reformada de la acción popular, que fue admitido
mediante auto del 22 de mayo de 2018 y cuyo traslado se surtió debidamente, se
advierten, entre otros argumentos que:

(i) Conocophillips y CNE OIL & GAS S.A. renunciaron expresamente a
explorar y producir recursos provenientes de yacimientos convencionales,
lo cual implicó, a juicio de las accionantes, la pérdida de vigencia de la
licencia ambiental (Resolución 857 de 2014) otorgada para esos efectos
e hizo imperante la necesidad de tramitar una nueva autorización.

(ii) La reclasificación del pozo Picoplata 1 de estratigráfico a exploratorio fue
indebida y pasó por alto las normas técnicas, desconoció la finalidad del
pozo e implicó obras y un cambio de actividades para las cuales no se
contaba con licencia. Además, la profundidad de la perforación del pozo
traspasó los yacimientos convencionales y llegó hasta los no
convencionales, sin que se contara con ese permiso.

(iii) En la industria petrolera no existen actividades o técnicas
convencionales o no convencionales. Lo convencional o no es la
naturaleza de la roca y del yacimiento del recurso. Así, técnicas
como la fractura hidráulica se realizan en Colombia hace más de 50
años en yacimientos convencionales.

Por lo tanto, lo relevante no es determinar si existen actividades
convencionales o no (pues la diferencia no existe), sino el tipo de
yacimiento sobre el cual se ejercieron y si existía licencia ambiental
para esos efectos: <<la importancia de aclarar esto, es que para
realizar cualquier tipo de operación y/o actividad en un yacimiento
no convencional, se necesita tener previamente una Licencia
Ambiental, situación que, en el presente caso, no se ha dado a la
fecha…>>6

6
Cita de la página 15 del escrito de demanda reformada de la acción popular t folio 1970 del cuaderno 4 del
expediente digitalizado.

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Se demostró que se realizaron actividades como la perforación y
estimulación hidráulica en el pozo y, en particular, en yacimientos
que se sabía que eran no convencionales, por lo que se infringió la
licencia ambiental y la normativa en la materia.

Las actividades de exploración y explotación de yacimientos no
convencionales tienen efectos desconocidos, por lo que su
realización no debe ejecutarse.

(iv) La comunidad del municipio de San Martín protestó por la realización de
actividades en el pozo, lo cual generó disturbios con la Fuerza Pública.

17.5.- Como se advierte en el tercer argumento, en el escrito de demanda las
accionantes plantearon que la discusión debía centrarse en el tipo de yacimiento y
no propiamente en las técnicas empleadas. Ese argumento sustentó, en parte, el
cargo por la afectación a la moralidad administrativa desarrollado más adelante en
el escrito de la demanda, y según el cual, se demostró que se realizaron actividades
en un yacimiento no convencional a pesar de que no existía licencia ambiental que
lo autorizara.

17.6.- Ahora bien, en la sentencia del 15 de diciembre de 2020 el Tribunal
Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda. Para resolver el
asunto identificó cuatro problemas jurídicos, que pueden resumirse así: (i)
determinar si se generó una afectación cierta al ambiente sano y al equilibrio
ecológico, lo cual se descartó por la ausencia de hidrocarburos en los cuerpos de
agua y aljibes de veredas cercanas; (ii) determinar si en el pozo Picoplata 1 se
realizaron actividades de <<fracking>>, entendido este como una fracturación
hidráulica con perforación horizontal, y si estas generaron daños contingentes, lo
cual también se descartó porque las actividades de exploración que se llevaron a
cabo fueron convencionales y obedecieron a los parámetros de la industria; (iii)
determinar si se afectó la moralidad administrativa con la suscripción del contrato
adicional, ante lo cual la respuesta es negativa porque no se demostró una acción
u omisión concreta que ponga en riesgo ese derecho y, reitera, no se demostró la
realización de actividades de <<fracking>>; y (iv) determinar si se vulneró la
seguridad pública por el manejo de las manifestaciones de la comunidad, lo cual
también fue descartado.

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17.7.- Así las cosas, el tribunal de primera instancia delimitó su análisis y entendió
el concepto de la violación en la realización o no de actividades de <<fracking>>,
pero no abordó expresamente la posibilidad de realizar actividades, en general, en
un yacimiento no convencional, según el planteamiento de las accionantes.

17.8.- Esa situación fue puesta de presente en el recurso de apelación de la parte
demandante, en el cual se señaló que <<ha sido un hecho constatado que en el
pozo PicoPlata 1 se realizó actividad en un yacimiento no convencional, así no haya
perforaciones horizontales [fracking]>> y reiteraron que la única licencia ambiental
que existe para el proyecto prohíbe realizar actividades en ese tipo de yacimientos.

17.9.- Insistieron en que mediante oficio del 13 de abril de 2016 la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales advirtió esa prohibición y señaló que se requería
modificar la licencia ambiental para explorar yacimientos no convencionales y
reiteraron que se demostró una perforación a una mayor profundidad de la requerida
para llegar a los yacimientos convencionales, así como el ejercicio de
estimulaciones hidráulicas para la prueba de producción.

18.- Así las cosas, en el apartado 4.8. de la sentencia accionada, la autoridad judicial
expuso el planteamiento de los problemas jurídicos a resolver, de conformidad con
los reparos formulados en el recurso de apelación.

18.1.- En la sentencia cuestionada se señaló que las partes coinciden en cuanto a
que el pozo Picoplata 1 actualmente está clasificado como exploratorio y que en el
mismo se llevaron a cabo actividades de exploración de fracturación hidráulica.

18.2.- No obstante, según identifica el juez de segunda instancia de la acción
popular, las partes difieren frente a (i) la naturaleza de esas actividades, es decir,
si fueron convencionales o no, (ii) la posibilidad de ejecutarlas de conformidad
con la licencia ambiental concedida, (iii) las inconsistencias del dictamen pericial
decretado de oficio, (iv) la tacha de imparcialidad de los peritos que lo elaboraron,
(v) la valoración del dictamen pericial aportado por la demandante y (vi) la prueba
de la vulneración del derecho a la moralidad administrativa.

18.3.- Se observa que, en principio, en el planteamiento del problema a resolver se
habría incurrido en el error que las accionantes pusieron de presente en la acción
de tutela, esto es, que la autoridad judicial accionada centra su atención en el tipo

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de actividad y no en la naturaleza del yacimiento, contrario a lo que solicitan las
accionantes en el escrito de acción popular y en el recurso de apelación.

18.4.- Sin embargo, en las consideraciones del fallo la autoridad judicial sí se refirió
a la prohibición de la licencia ambiental que las accionantes alegan y concluyó que
no se demostró la realización de actividades en yacimientos no convencionales, con
lo cual resolvió y descartó el cargo que, según se alegó en la tutela, no había sido
abordado.

18.5.- En efecto, en la sentencia accionada se advierte que, frente a la naturaleza
de las actividades realizadas, la autoridad judicial accionada entendió que el
reproche de la acción popular se refiere a si se desarrollaron actividades de
<<fracking>> o no, pues así se desprende de las pretensiones de la demanda, que
en su numeral cuarto solicita la suspensión de toda actividad de exploración de
hidrocarburos mediante la técnica de fracturamiento hidráulico o <<fracking>>.

18.6.- En la sentencia accionada se aclara que por <<fracking>> debe entenderse
<<el fracturamiento multietapa con perforación horizontal>> en yacimientos no
convencionales, es decir, aquellos con formaciones rocosas con baja permeabilidad
primaria. A partir de ese entendimiento, encontró sustento en el dictamen pericial
decretado de oficio en la primera instancia para señalar que no se realizaron
actividades de esa naturaleza.

18.7.- Por el contrario, según la relación de las pruebas, la autoridad judicial
accionada concluyó que en el pozo Picoplata 1 se emplearon técnicas
convencionales para verificar la existencia de hidrocarburos y determinar la
naturaleza del pozo (convencional o no), según acreditaron las autoridades como la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad de Licencias Ambientales, y fue
corroborado por el dictamen pericial practicado de oficio.

18.8.- La autoridad judicial accionada agregó que, según advierte, la parte
demandante confunde el tipo de yacimiento con la técnica empleada para la
extracción del recurso, pues el que un yacimiento sea no convencional no implica
que toda actividad que se realice allí sea <<fracking>>.

18.9.- La Sala evidencia una diferencia de criterios entre las accionantes y la
autoridad accionada frente al alcance de términos como <<fracking>>, actividades

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convencionales o no convencionales y yacimientos convencionales o no
convencionales.

18.10.- Ahora bien, resolver esa diferencia de criterios es ajeno a la función del juez
de tutela, pues el escenario natural para ello es el proceso de la acción popular,
donde pudieron allegarse las pruebas, informes y experticias que acreditaran lo
alegado y delimitaran las definiciones de los términos en cuestión.

18.11.- En efecto, a falta de una prueba pericial de la parte demandante, la autoridad
judicial accionada acogió la definición prevista en el dictamen pericial decretado de
oficio y en virtud del mismo resolvió la controversia.

19.- Aclarado lo anterior, en cuanto a la licencia ambiental otorgada, la autoridad
judicial accionada aclaró que esta no perdió vigencia con la celebración del contrato
adicional, sino que permitió realizar actividades exploratorias de hidrocarburos, pero
<<prohibió la realización de cualquier tipo de actividades en yacimientos no
convencionales>>.

19.1.- Precisó que si bien el objeto del contrato adicional era la exploración y
explotación de yacimientos no convencionales, lo cierto es que el negocio jurídico
permitía también seguir adelantado las actividades de exploración en yacimientos
convencionales en los términos de la fase 1 del contrato original. Estas actividades,
precisamente, estaban avaladas por la licencia ambiental que había sido otorgada
y resaltó que ello era así <<siempre que no realizaran actividades en yacimientos
no convencionales>>.

19.2.- Como se observa, la autoridad judicial accionada no desconoció la prohibición
de la licencia, sino que la referenció expresamente y señaló que no podían
realizarse actividades <<de cualquier tipo>> en ese tipo de yacimientos. Otra cosa
es que para que operara esa prohibición era necesario conocer previamente
la naturaleza del yacimiento.

19.3.- Así las cosas, la autoridad judicial accionada referenció el desarrollo de las
actividades en el pozo Picoplata 1 y que, según se advirtió, tenían la intención de
definir la potencialidad de producción del yacimiento, y definir si era convencional
o no para, en dado caso, iniciar los trámites para obtener las nuevas licencias
ambientales que permitieran el desarrollo de actividades en el yacimiento no
convencional. Por tal motivo, la autoridad judicial advirtió que, al contrario de

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lo indicado por las corporaciones accionantes en el escrito de tutela, no
existía pleno conocimiento del tipo de yacimiento y justamente por eso se
requerían realizar actividades exploratorias para identificar su naturaleza.

19.4.- A falta de ese conocimiento previo sobre la naturaleza del yacimiento no es
posible concluir que se incurrió en la prohibición que pone de presente la acción de
tutela y según la cual no se permite realizar actividades de cualquier tipo en un
yacimiento no convencional. Lo que debió acreditar la parte actora era que
previamente se tenía conocimiento certero de que el yacimiento era no
convencional y, a pesar de eso, se realizaron actividades (de cualquier tipo) en el
mismo, en contravía de la licencia ambiental.

19.5.- Lo anterior quedó descartado, si se tiene en cuenta que la autoridad judicial
accionada citó (i) el escrito del 15 de diciembre de 2015, identificado con número
de radicado COPCVL-2015-OP022 por medio del cual las contratistas solicitaron la
reclasificación del pozo para obtener información relativa a su naturaleza; (ii) el
oficio del 7 de enero de 2016, radicado 20156240337072, en el que la Agencia
Nacional de Hidrocarburos acepta la reclasificación del pozo dada la necesidad de
probar la existencia de hidrocarburos y continuar con el proceso exploratorio; (iii) el
escrito del 19 de abril de 2016 con número 2016015473-1-002, en el cual
Conocophillips reiteró a la Autoridad de Licencias Ambientales que las actividades
a realizar eran exploratorias y de tipo convencional, pues la finalidad es determinar
el potencial y las características del yacimiento; (iv) el concepto técnico de
seguimiento ambiental del 13 de enero de 2017, en el cual la Autoridad de Licencias
Ambientales anotó que la intención de las actividades era definir el tipo de
yacimiento y evaluar el potencial de producción; (v) y finalmente el memorial del
5 de octubre de 2017 en el que Conocophillips informó a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales que los resultados de las pruebas indicaban que el
yacimiento tenía condiciones similares a las de un yacimiento no
convencional, por lo que se inició el trámite para obtener una nueva licencia
ambiental.

19.6.- También se indicó que esas actividades realizadas estuvieron amparadas por
la licencia ambiental, la cual permitió la perforación a profundidades de dieciocho
mil (18.000) pies, por lo que la perforación de dieciséis mil cuatrocientos seis
(16.406) pies en el pozo no desconoció lo permitido en la licencia.
19.7.- Solo hasta que se obtuvo el resultado de las pruebas fue posible determinar
que el yacimiento presentaba condiciones similares a uno de tipo convencional y

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según se demostró en el proceso, desde que se tuvo conocimiento de las
condiciones del yacimiento se suspendió el contrato y las actividades del mismo, y
se inició el trámite de una nueva licencia ambiental. Como esta última nunca se
concedió, se procedió a taponar el pozo que hoy en día se encuentra abandonado.

19.8.- Por lo tanto, no es cierto que la autoridad judicial accionada haya desconocido
el objeto de la controversia y haya pasado por alto el alcance de la licencia
ambiental.

20.- De lo anterior se desprende que no se incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo alegados, pues la autoridad judicial accionada sí tuvo en cuenta la
prohibición de la licencia ambiental y la estudió de conformidad con las otras
pruebas allegadas al proceso. Ello implica que, como se concluyó en el proceso de
acción popular, no se infringió el marco normativo en materia ambiental y, por lo
tanto, no se configuró el elemento objetivo de la moralidad administrativa que alega
la parte actora.

21.- Dado que las accionantes no lograron desvirtuar las consideraciones de la
sentencia accionada en torno al elemento objetivo de la moralidad administrativa,
pues, se reitera, no se demostró un desconocimiento de la licencia ambiental ni de
la normativa aplicable, la Sala se abstiene de estudiar los cargos relativos a la
acreditación del elemento subjetivo de ese derecho colectivo, pues no tienen
incidencia en la decisión.

22.- Por último, como quedó demostrado que la autoridad judicial accionada valoró
debidamente las pruebas y a partir de allí concluyó que no se materializó ningún
daño al medio ambiente ni a la moralidad administrativa y que, por el contrario, las
actividades realizadas estuvieron amparadas por la licencia ambiental otorgada en
concordancia con el marco normativo aplicable, cabe concluir que tampoco se
incurrió en el defecto por violación directa a la Constitución.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

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PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la solicitud de amparo presentada la
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP y la Corporación
Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página Web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

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