Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2016-00232-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2016-00232-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2016-00232-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 190012333000201600232-02
Demandante: José Luis Sanjuan Martínez
Demandados: Municipio de Popayán; Corporación Autónoma Regional del Cauca
– CRC; y Sociedad Grasas por Popayán – GRAXPOP S.A.S1.
Tema: Derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentaria; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales
y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; y
a la seguridad y salubridad públicas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Popayán
y la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, contra la sentencia del 30
de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La parte actora presentó2 demanda en ejercicio del respectivo medio de
control, contra el Municipio de Popayán; la Corporación Autónoma Regional del
1 Propietarios: Jesús Rolando López Uribe, Steven López, Yeferson López, María Estela Uribe Quilindo y Ari
José López.
2 La demanda fue presentada el 28 de marzo de 2016.
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Cauca – CRC; y la Sociedad Grasas por Popayán – GRAXPOP S.A.S. con el objeto
de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente
sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; y a la seguridad y salubridad públicas.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Primera: ORDENAR A LOS ACCIONADOS, en el marco de sus respectivas
competencias, HACER CESAR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS invocados o aquellos que de conformidad con el iura novit curia
determine el Juzgador y a su vez, RESTITUIR las cosas a un estado anterior,
recuperar la zona y/o hacer cumplir, con las autoridades que corresponda, las
normas o sanciones, suspensiones, cierres a que haya lugar de lo que corresponda
si es del caso, para que se adecue a las políticas de conservación del medio
ambiente, la salubridad, el equilibrio ecológico.
Para el efecto, se solicita que el honorable juzgador constitucional se sirva ordenar
a:
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC- en su calidad
de máxima autoridad ambiental deberá intervenir de manera efectiva el área o
inmueble de afectación o el lugar donde se encuentra en funcionamiento la planta
para quema de cebo y restos óseos ubicada en los dos brazos para efectos de
imponer o ejecutar las medidas policivas necesarias y/o las sanciones previstas en
caso de la existencia de la clara violación de las normas de protección ambiental y
del manejo de los recursos naturales al igual que exigir con regulaciones pertinentes,
la reparación de los daños causados si fuere el caso.
Adicionalmente, se solicita que inicie los procesos administrativos de investigación
y sanción por la contaminación que se está presentando en la zona objeto de la
presente acción.
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN – SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE
POPAYÁN, que intervenga la zona o el inmueble donde se ubique el foco de
contaminación verificando como primera medida la legalidad de la prestación de la
actividad y consecuentemente ejercer las labores pertinentes para lograr la
erradicación o mitigación de los riesgos a la salud y salubridad pública que generan
los efectos contaminantes, así como los desechos o materia prima con el propósito
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.
También, que se realicen si se estima pertinente campañas de vacunación para
prevenir enfermedades en la población si el caso objeto de la presente lo amerita
según la continuidad o no de la actividad desarrollada en dicho inmueble o sector.
Segunda: ORDENAR a los accionados, en el marco de sus respectivas
competencias, que una vez ejecutadas las acciones solicitadas en el punto anterior,
se ejerza CONTROL PREVENTIVO SOBRE LA ZONA, para que la situación no se
repita y se garantice de esa manera que los recursos económicos utilizados en la
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intervención, no se pierdan por la re-contaminación, contribuyendo de esa manera
a la optimización de los recursos económicos en el marco de los parámetros de
moralidad administrativa.
Tercera: CONDENAR A LOS ACCIONADOS en costas procesales siguiendo los
parámetros del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y 365 de la Ley 1564 de 2012 y
especialmente considerando la ley 472 de 198, así como las demás normas que
sean aplicables. La condena en costas será a favor del Fondo para la Defensa de
los Derechos e Intereses Colectivos, de conformidad con la ley 472 de 1998 […]”3.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1 Indicó que la comunidad afectada de la vereda Dos brazos ha acudido a
diferentes instituciones entre ellas la Secretaria de Salud del Municipio de Popayán
y la Corporación Autónoma Regional del Cauca con el fin de buscar el amparo de
los derechos colectivos vulnerados como consecuencia de la actividad denominada
“Rendering” que se realiza con productos cárnicos que generan gases con olores
fétidos y desagradables que contaminan el aire, el medio ambiente y atentan contra
la salud de los moradores del sector.
3.2 Manifestó que la Secretaría de Salud realizó algunas visitas y corroboró la
actividad e hizo algunas recomendaciones y ordenó un plazo perentorio para que
realizaran un plan de mejoramiento y acondicionamiento del lugar para mitigar la
contaminación; sin embargo, estas no fueron atendidas y se continuó con la
actividad.
3.3 Adujo que se interpuso una acción de tutela y la Secretaría de Salud de
Popayán realizó una visita de inspección al lugar y encontró que la empresa no
cumplía con los requisitos para funcionar y se decidió suspender las actividades de
la fábrica de manera temporal hasta que se tomarán las medidas correctivas. Por lo
anterior, solicitó a la entidad que en uso de sus atribuciones legales adoptara
decisiones contundentes y de fondo para proteger los derechos titulados y realizar
el seguimiento a la decisión de suspender las actividades con el fin de asegurar el
cumplimiento y acudir a las demás autoridades encargadas de la protección del
medio ambiente para que adopten las medidas necesarias para proteger los
derechos colectivos4.
3 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1 página 11. Transcripción textual de la demanda.
4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1.
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Contestaciones de la demanda
4. El Municipio de Popayán fundamentó su contestación con base en los
siguientes argumentos:
4.1. En relación con las pretensiones, se opuso a las mismas. Adujo que la
entidad no ha sido omisiva en el cumplimiento de sus competencias por cuanto ha
realizado actuaciones frente a la problemática como lo es, por un lado, la expedición
de las resoluciones: i) núm. 20151910012394 de 24 de febrero de 2015 “[…] por
medio de la cual se decidió “Negar el permiso de uso de suelo al señor JESUS
ROLANDO LOPEZ URIBE […] para desarrollar en el predio ubicado en la: VEREDA
LOS DOS BRAZOS, […] la actividad comercial de: PROCESAMEINTO DE
SUBPRODUCTOS CARNICOS […]”; y ii) núm. 20151900080624 de 2 de
septiembre de 2015, a través de la que determinó que la fábrica “[…] no cuenta con
las normas de salubridad ambientales, asepsia y que eviten la contaminación del
río que pasa cerca del predio […].
4.2. Por otro lado, señaló que realizó visitas al establecimiento de Comercio a
través de la Secretaría de Gobierno Municipal, de las que la entidad concluyó que
“[…] la fábrica no cuenta con ninguno de los documentos que posibilitan su
funcionamiento, motivo por el cual […] concedió el término de 3º días para que se
subsane tal situación […]”.
4.3. Por lo anterior, indicó que la responsabilidad recae sobre los particulares que
han incumplido las decisiones y actuaciones impartidas por la administración
municipal, por cuanto “[…] han vulnerado la normatividad aplicable y siguen
adelantando las prácticas industriales que pueden causar amenaza contra el medio
ambiente […]” sin contar con “permiso para funcionar”.
4.4. Propuso las excepciones que denominó: i) “Configuración del fenómeno
jurídico de la cosa juzgada”; ii) “Carencia actual del objeto por hecho superado”; iii)
“Ausencia de responsabilidad del Municipio de Popayán en el presente asunto”; y
iv) “Ausencia de prueba del daño”5.
5. La Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC fundamentó su
contestación con base en los siguientes argumentos:
5.1. En relación con las pretensiones se opuso a su prosperidad. Indicó que la
entidad ha cumplido con las funciones y competencias que le asisten y, en
5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF). Páginas 110 a 137.
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consecuencia, no ha vulnerado los derechos colectivos invocados por la parte
accionante.
5.2. Lo anterior por cuanto manifestó que la entidad realizó, entre otras medidas:
i) visitas al lugar de los hechos junto a la administración Municipal y la Policía
Nacional en las que se reiteró a los propietarios del predio los requerimientos
efectuados por la Oficina de Salud Pública, determinaron legalizar medidas
preventivas para su cumplimiento y finalmente el Municipio selló el lugar por no
cumplir con las condiciones de salubridad para operar; ii) elaboración de informes
técnicos en base a las visitas realizadas en el lugar de la afectación; e iii) inició
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de Steven López con ocasión del
incumplimiento de la medida de suspensión total de trabajos y servicios
5.3. Propuso la excepción que denominó: “Excepción genérica”6.
6. Los señores Jesús Rolando López Uribe, Steven López Uribe, Yeferson
López y María Stela Uribe Quilindo presentaron escrito en el que se opusieron a
las pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes argumentos de
defensa:
6.1. En relación con los hechos, indicaron que han realizado mejoramientos a las
instalaciones de la empresa, realizando una labor controlada que “respeta la
salubridad pública” y “ayuda al medio ambiente”.
6.2. Manifestaron que las medidas adoptadas por el Municipio de Popayán
carecen de pruebas y sustento y, a su juicio, se deben al desconocimiento de la
labor “rendering” y de las instalaciones de la empresa, concluyendo la
administración municipal que estas impactan desmedidamente al medio ambiente.
6.3. Adujeron que la actividad de la empresa no representa un riesgo para la salud
por cuanto el método y técnica de procesamiento de los materiales y materia prima
evita cualquier tipo de “infestación” por descomposición o indebido almacenamiento.
6.4. Finalmente, estimaron que la labor que el Municipio de Popayán, a través de
la Secretaría de Salud, desplegó en la empresa se enfocó en la mitigación de
emisiones generadas por la “línea de hueso”, misma que finalizaba con su quema
o incineración. Por lo anterior indicó que “se entiende” que con ello se suspendió la
producción y tratamiento de la línea de hueso, sin afectar ello el procesamiento de
cebo, en consecuencia, la empresa dio continuidad a este último.
6 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF). Páginas 154 a 164.
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6.5. Propuso la excepción que denominó: “inexistencia de impacto medio
ambiental e impacto en derechos colectivos 7.
7. El señor Ary José López Castro presentó escrito en el que se opuso a todas
y cada una de las pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes
argumentos de defensa:
7.1. Manifestó que la empresa cuenta con los permisos correspondientes a su
actividad y viene ejecutando obras relacionadas al proceso de aprovechamiento de
subproductos cárnicos, mitigando así el impacto de los olores ofensivos y que una
vez se apruebe el funcionamiento, dicha afectación desaparecería de manera
definitiva.
7.2. Indicó que no se encuentra probada la afectación de los ecosistemas del
sector ni de la vulneración del derecho e interés colectivo a la salubridad pública.
7.3. Argumentó que la actividad no representa un riesgo para la salud por cuanto
el método y técnica de procesamiento de los materiales y materia prima evita
cualquier tipo de “infestación” por descomposición o indebido almacenamiento.
7.4. Propuso la excepción que denominó: “inexistencia de impacto medio
ambiental e impacto en derechos colectivos 8.
La audiencia de pacto de cumplimiento
8. El Tribunal, mediante audiencia de 27 de abril de 2018, suspendida y
continuada los días 13 de julio de 2018, 5 de octubre de 2018, 29 de noviembre de
2018 y 5 de abril de 2019, llevó a cabo la diligencia de pacto de cumplimiento, la
cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes9.
Sentencia proferida, en primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 30 de junio de 2021,
en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
salubridad pública, al equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
7 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) Páginas 229 a 264.
8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
7_ED_CUADERNOPRINCIPAL3(.PDF) Páginas 99 a 143.
9 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivos denominados
8_ED_CUADERNOPRINCIPAL4(.PDF) Páginas 190 – 193; 9_ED_CUADERNOPRINCIPAL5(.PDF) Páginas 2
– 4 y 179 – 181; y 10_ED_CUADERNOPRINCIPAL6(.PDF) Páginas 4 – 7 y 142 – 143.
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restauración o sustitución, los cuales han sido vulnerados por la Corporación
Autónoma Regional del Cauca - C.R.C., el municipio de Popayán y los señores Ari
José López, Jesús Rolando López, Stiven López, Yeferson López y María Estela
Uribe Quilindo, propietarios de la empresa de rendering, Sociedad Grasas por
Popayán - GRAXPOP S.A.S., por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. -Como consecuencia de la declaración anterior y para restablecer los
derechos colectivos vulnerados, ORDENAR:
I.- A la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC:
1. Adelantar el proceso de contratación de una empresa certificada, que logre
capacitar al personal de la entidad en el área del rendering y en todo lo
concerniente a la aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y la
implementación de los planes de reducción del impacto por olores ofensivos
• PRIO.
Lo anterior deberá adelantarse en un término de tres (3) meses, contados a
partir de la ejecutoria de esta providencia.
2. Una vez la Sociedad Grasas por Popayán - GRAXPOP S.A.S, le presente el
plan de reducción del impacto por olores ofensivos - PRIO, deberá efectuar
las revisiones correspondientes, y emitir su concepto de aprobación o no al
mismo. El PRIO deberá ser socializado con la comunidad de Los Dos Brazos.
3. Cuando sea aprobado y socializado, la Corporación Autónoma Regional del
Cauca - CRC, deberá hacer la medición de los olores de acuerdo con la
referida resolución, en concordancia con la Resolución No. 2827 de 2014 y
emitir una valoración sobre los niveles permisibles de olores; con base en
esos resultados, la autoridad ambiental deberá adelantar los ajustes
necesarios al PRIO para propender por el cabal cumplimiento de la norma.
4. Suspender el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental
adelantado en contra del señor Stiven López, identificado con cédula de
ciudadanía número 1061710961, como presunto infractor de la norma
ambiental, el cual se encuentra en etapa de descargos, en espera de la
realización de las etapas anteriores, en especial, de la capacitación de los
empleados de la Corporación.
II.- La Sociedad Grasas por Popayán – GRAXPOP S.A.S., deberá:
1. Elaborar el plan de reducción del impacto por olores ofensivos – PRIO, en
un término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, tiempo que correrá junto con el plazo otorgado a la CRC. Al
vencimiento del término adjudicado, deberá presentar el plan ante la
autoridad ambiental, para su revisión y posterior aprobación, según lo
expuesto.
2. Continuar tramitando los permisos faltantes, según lo indicado por el
municipio de Popayán a través de la Secretaría de Salud, según lo
preceptuado en la parte motiva de esta providencia.
III.- El municipio de Popayán, deberá:
1. Capacitar al personal acerca de la actividad del rendenring y tramitará con
celeridad y eficiencia todos los permisos que le asistan según su
competencia y que requiera la empresa GRAXPOP S.A.S. para su
funcionamiento legal, en un término de dos (2) meses contados a partir de la
ejecutoria de esta providencia, considerando además los beneficios
ambientales de este tipo de proceso.
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2. Brindar un acompañamiento diligente a la empresa GRAXPOP S.A.S.
durante el proceso de implementación del PRIO.
3. Mantener vigente la medida de suspensión de actividades decretada por la
Secretaría de Salud.
TERCERO.- En consecuencia, MANTENER SUSPENDIDO el funcionamiento de la
empresa Sociedad Grasas por Popayán - GRAXPOP S.A.S., hasta tanto no se
cumpla con lo ordenado en esta providencia.
CUARTO.-CONFORMAR el Comité de Verificación de que trata el artículo 34 de
la Ley 472 de 1998, que estará integrado por un representante de la Defensoría del
Pueblo-Regional Cauca, el señor Raúl Ordóñez Bolaños, el representante legal de
la empresa GRAXPOP SAS, un representante de la autoridad ambiental, uno del
municipio de Popayán, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda
Los Dos Brazos y el Procurador Séptimo Judicial Ambiental y Agrario de Popayán,
quien presidirá el comité y realizará un informe inicial de instalación, otro dentro de
seis (6) meses y otro al año siguiente, a la ejecutoria de esta providencia, respecto
del cumplimiento de lo aquí ordenado.
QUINTO. - NOTIFICAR a las partes de conformidad con lo establecido en la Ley
1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.
SEXTO.- REMITIR copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo.
SÉPTIMO. - Sin costas.
OCTAVO. - Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente […]”10.
Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal consideró que el problema jurídico a resolver es el siguiente: “[…]
¿La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, en el municipio de Popayán
– Secretaría de Salud municipal y los señores Ari José López, Jesús Rolando López,
Stiven López, Yeferson López y María Estela Uribe Quilindo, vulneraron los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, salubridad pública, al equilibrio
ecológico y aprovechamiento racional de los recursos naturales de los habitantes
de la vereda Los Dos Brazos del municipio de Popayán, a raíz del funcionamiento
de una fábrica de rendering? […]”.
10.1. El Tribunal estableció el marco normativo del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos como herramienta de protección cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, por la acción o la omisión de las
autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones
administrativas. Se refirió en relación con la teoría del agotamiento de jurisdicción.
También sobre el marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos al
medio ambiente sano, a la salubridad pública y al equilibrio ecológico y
aprovechamiento racional de los recursos naturales.
10Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
11_ED_CUADERNOPRINCIPAL7, páginas 53 a 86.
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10.2. El Tribunal determinó que los derechos colectivos fueron vulnerados por la
Corporación Autónoma Regional, el Municipio de Popayán y la empresa de
rendering, Grasas Popayán, por las siguientes razones: i) se observó un actuar
ineficiente y desarticulado por parte de las autoridades sanitarias y ambientales, en
la medida que no fueron claras al momento de establecer con exactitud los
requisitos que debe cumplir la empresa GRAXPOP para su funcionamiento; ii) la
falta de idoneidad en el tema por la falta de capacitación; iii) la contradicción de los
principios de coordinación y celeridad que le asiste a las entidades estatales; iv) la
falta de contratación por parte de la Corporación Autónoma Regional destinada a la
recepción y validación de quejas presentadas por olores ofensivos y la difícil
aplicación de la Resolución 1541 de 2013, la cual pretendió trasladar sus
competencias a la sociedad y a la población de la vereda, además de la
participación en el procedimiento sancionatorio pero no en el acompañamiento de
la formalización en los requisitos ambientales; y v) la afectación a los derechos
colectivos obedeció a que la empresa funciona sin el cumplimiento de las
condiciones sanitarias y ambientales, en el dictamen pericial se determinó que no
maneja en su totalidad procesos limpios, sin embargo se probó la remodelación de
la planta física y la compra de maquinaria tendiente a tecnificar la actividad
comercial y el trámite de diversos permisos ambientales y sanitarios.
10.3. El Tribunal consideró que la labor de rendering efectuada por la sociedad es
necesaria para mantener el equilibrio ecológico, toda vez que se transforman en
productos útiles y evitan que los desechos terminen en espacios naturales. Indicó
que, en desarrollo de las nuevas ciudades, actividades como está cobran mayor
importancia por el incremento del consumo de aves y carnes, porque permite que
el impacto ambiental disminuya, pero obliga a que las entidades encargadas se
capaciten para brindar una orientación y colaboración en el trámite de los permisos.
La falta de capacitación redunda en la imposibilidad de hacer una intervención
efectiva por parte de las autoridades ambientales.
10.4. El Tribunal, en atención a los principios de coordinación, celeridad y eficiencia
que les asiste a las autoridades, ordenó el trabajo mancomunado para salvaguardar
los derechos colectivos, por consiguiente, ordenó a la Corporación Autónoma
Regional que adelante un proceso de contratación con una empresa certificada para
la capacitación de su personal y la aplicación de la Resolución 1541 de 2013, con
el fin de implementar los planes de reducción del impacto por olores ofensivos.
También ordenó a la Sociedad Grasas Popayán – GRAXPOP S.A.S. elaborar el
plan de reducción PRIO, en un término de 2 meses y ser presentado ante la
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autoridad ambiental y ser socializado con la comunidad, además continuar con el
trámite de los permisos faltantes. Posteriormente la autoridad ambiental deberá
realizar la medición de los olores y sugerir los ajustes necesarios. Al municipio
ordenó la capacitación del personal a cerca de la actividad de rendering y el trámite
de los permisos que requiera la sociedad para su funcionamiento. Indicó que la
medida de suspensión de actividades decretada por la Secretaría de Salud seguirá
vigente.
Recurso de apelación presentado por el Municipio de Popayán
11. El Municipio de Popayán presentó escrito por medio del cual interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:
11.1. Argumentó que el municipio no ha realizado ninguna omisión en la protección
de los derechos colectivos, porque actuó de conformidad con el marco de sus
competencias. Que incluso la Secretaría de Salud ordenó la suspensión definitiva
de todas las actividades que realiza la empresa, hasta que se adecuen los
procedimientos industriales de la fábrica, decisión que se encuentra en firme.
11.2. Manifestó que la Oficina de Planeación profirió la Resolución núm.
20151910012394 de 24 de febrero de 2015 por la cual negó el permiso de uso de
suelo al señor Jesús Rolando López Uribe, para el desarrollo de la actividad
comercial denominada “procesamiento de subproductos cárnicos”, la decisión fue
confirmada a través del acto administrativo núm. 20151900080624. En el ejercicio
de las funciones de vigilancia y control, la secretaría hizo la verificación respecto de
que la fábrica no tenía ningún documento que viabilizara su funcionamiento, por lo
que les concedió el término de 30 días para que subsanara tal situación.
11.3. Adujo que existe una decisión judicial impartida en una tutela, de 29 de
agosto de 2014, en la que el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán exoneró
“[…] de responsabilidad a los propietarios de la fábrica, y como consecuencia existe
una decisión en sede constitucional que está en firme y que fue proferida por
autoridad competente en la cual se decidió sobre la protección de los derechos
colectivos invocados […]”. Consideró que no se demuestra el nexo causal ni los
daños se encuentran probados, lo que se demostró es que se adelantó una serie
de acciones para velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del
ambiente11.
11Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
11_ED_CUADERNOPRINCIPAL7, páginas 93 a 103.
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Recurso de apelación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC
12. La Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC presentó escrito por
medio del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, en el que solicitó la extensión del término para el cumplimiento
de las órdenes con fundamento en los siguientes argumentos:
12.1. Manifestó que, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1541 de 2013,
el término de tres (3) meses es demasiado corto para dar cumplimiento a las
órdenes judiciales. Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con el personal
técnico especializado para adelantar la ejecución de las actividades y en el proceso
contractual se deben respetar los trámites de planeación que garanticen el principio
de legalidad y necesidad; entre las etapas se encuentran los estudios previos para
determinar la necesidad del servicio, los recursos que deben destinarse, el tiempo
de ejecución y otros aspectos.
12.2. Solicitó la modificación del numeral 3 del acápite I del ordinal segundo,
porque la Resolución aplicable es la 2087 de 2014 y no la 2827 de 2014.
12.3. Manifestó que no es procedente la suspensión del procedimiento
sancionatorio ambiental ordenado en el numeral 4 del acápite I del ordinal segundo
de la parte resolutiva, adelantado en contra del señor Stiven López como presunto
infractor de la norma ambiental, porque fue iniciado con fundamento en una
afectación ambiental, de acuerdo con la Ley 1333 de 2009 y las funciones
sancionatorias atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, por lo que se
ajusta a derecho.
12.4. Solicitó se modifique la orden segunda en los numerales 1, 3 y 4 de la
sentencia proferida en primera instancia12.
Actuaciones en segunda instancia
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de diciembre de 2021, admitió
los recursos de apelación presentados por el Municipio de Popayán y la Corporación
Autónoma Regional del Cauca13.
13 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
11_ED_CUADERNOPRINCIPAL7, páginas 106 a 115.
13 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00004. Archivo denominado:
15_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION_ADMITEAPE_Indice_4.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
14. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; i) los problemas jurídicos; ii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo al goce a un ambiente sano; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de las emisiones atmosféricas y de los olores ofensivos; y v) el
análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
15. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 14, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201915, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15016 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201117, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
16. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes demandadas en sus recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de 30 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca, de conformidad con los artículos 32018 y 32819 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201220, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.
14 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
15 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
16 Modificado por los artículos 615 de la Ley 1564 y 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021. En concordancia
con el artículo 86 de la Ley 2080 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
17 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
18 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
19 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
20 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Los problemas jurídicos
17. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar si el Municipio de Popayán en el marco de sus
competencias adelantó las acciones adecuadas y necesarias para minimizar los
efectos dañosos como consecuencia del proceso industrial realizado por los
particulares.
17.1. Si la decisión proferida mediante sentencia de tutela del 29 de agosto de
2014, por la cual se exoneró de responsabilidad a los propietarios de la fábrica,
constituye una decisión vinculante en este proceso de protección de derechos
colectivos.
18. Si es procedente la ampliación del término de 3 meses otorgado a la
Corporación Autónoma Regional del Cauca en el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia para adelantar la contratación de una empresa certificada,
que logre capacitar al personal de la entidad en el área del rendering y en todo lo
concerniente a la aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y la implementación de
los planes de reducción del impacto por olores ofensivos.
18.1. Si es procedente la modificación del numeral 3 del acápite I del ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, en el
que se hace referencia a la Resolución 2827 de 2014, con el objeto de clarificar que
la norma correcta es la Resolución 2087 de 16 de diciembre de 2014.
18.2. Si es procedente la orden del numeral 4 del acápite I del ordinal segundo de
la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, la cual establece
la suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental adelantado
en contra del señor Stiven López, como presunto infractor de la norma ambiental, el
cual se encuentra en etapa de descargos, en espera de la capacitación de los
empleados de la Corporación Autónoma Regional.
19. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 30 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
20. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
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colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
21. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
22. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
23. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
24. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”21.
25. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce a un ambiente sano
26. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
27. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
28. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197322 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
22 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
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197423, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares; y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.
29. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.
30. A su vez, la Corte Constitucional24 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las emisiones atmosféricas y
de los olores ofensivos
31. Vistos: i) el artículo 2.º de la Constitución Política, sobre los fines esenciales
del Estado, especialmente el relativo a servir a la comunidad y garantizar la
23 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
24 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
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efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución 25; ii)
los artículos 8.º y 73 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974 26, sobre la
contaminación del aire como factor que deteriora el medio ambiente y, sobre la
obligación de mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o
daños, o interfieran en el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y
de los recursos naturales renovables; y iii) el artículo 5.º de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 1993, sobre las funciones del Ministerio del Medio Ambiente,
especialmente los numerales 11 y 25, sobre la función de dictar regulaciones de
carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones atmosféricas,
en todo el territorio nacional, y establecer los límites máximos permisibles de
emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, respectivamente.
32. Vistos los siguientes artículos del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 27: i)
el artículo 2.2.5.1.1.1, sobre el objeto del Reglamento de Protección y Control de la
Calidad del Aire, especialmente, en lo relacionado con la fijación de normas básicas
sobre la emisión de olores ofensivos; ii) el artículo 2.2.5.1.1.2. que define la
sustancia de olor ofensivo como “[…] aquella que por sus propiedades
organolépticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores
desagradables […]”; iii) el artículo 2.2.5.1.3.4. que prohíbe el funcionamiento de
establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales y asigna,
entre otros, a las Autoridades Ambientales competentes y, en especial, a los
Municipios determinar las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y
restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores
ofensivos; y iv) el artículo 2.2.5.1.7.2., especialmente el literal m y el parágrafo 1.º,
sobre el requisito de permiso de emisión atmosférica para las actividades
generadoras de olores ofensivos y la competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para establecer los factores a partir de los cuales se requiere
25 El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del Estado, entre otros,
“[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución […]”. Igualmente, se estableció que “[…] [l]as autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.
De la misma forma, la Constitución resalta que “[…] [e]l ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
esta Constitución implica responsabilidades […], [por consiguiente] [t]oda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes […], [r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios […] [y] [p]roteger los
recursos […] naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano […].
26 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente […]”.
27 “[…] Por medio del cual se expide el decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
[…]”.
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el precitado permiso, teniendo en consideración, entre otros criterios, el riesgo para
la salud humana y el riesgo ambiental inherente.
33. Vistas las Resoluciones núms.: i) 909 de 5 de junio de 200828; sobre
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas;
ii) 1541 de 12 de noviembre de 201329, sobre las reglas para la recepción de quejas,
los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión y la evaluación de las
emisiones de olores ofensivos; iii) 2087 de 16 de diciembre de 2014 30, sobre el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos; y iv) 2254 de
1.º de noviembre de 201731, que establece la norma de calidad del aire o nivel de
inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio
nacional, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
34. La Resolución 1541 de 201332 define el olor ofensivo como aquel “generado
por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce
fastidio, aunque no cause daño a la salud humana”. La misma norma detalla las
etapas del procedimiento administrativo de evaluación de tales olores, así:
“[…] Artículo 4. Recepción de quejas. Para la recepción de quejas por olores
ofensivos, se aplicará el siguiente procedimiento:
1. Una vez radicada la queja, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días hábiles para la evaluación de la misma y dentro del mismo término podrá
practicar una visita a la actividad.
2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el cual se
pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de un plan
para la reducción del impacto por olores ofensivos (PRIO).
3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el titular
de la actividad deberá presentar un plan para la reducción del impacto por olores
ofensivos, (PRIO), de conformidad con lo establecido en el capítulo V de la presente
resolución.
Parágrafo 1. Para la evaluación de la queja, la autoridad ambiental competente
seguirá el procedimiento establecido en el protocolo para el monitoreo, control y
vigilancia de olores ofensivos […]”.
35. El protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos,
aprobado mediante Resolución 2087 de 2014, en su capítulo introductorio, explica
que la Resolución 1541 de 2013 debe aplicarse siguiendo esta secuencia:
28
“[…] Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones […]”.
29 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para
la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones […]”.
30 “[…] Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]”.
31 “[…] Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
32 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento
para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos […]”.
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“[…] 1) presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;
2) evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;
3) requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;
4) implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y
5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos […]”.
36. En materia de contaminación ambiental por olores ofensivos, la Sección
Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de junio de 2019 33, reiterada
entre otras34, en la sentencia de 25 de agosto de 202335, ha venido aplicando
criterios hermenéuticos al momento de aplicar las Resoluciones números 1541 de
2013 y 2087 de 2014, en los términos que se trascriben a continuación:
“[…] [L]a Resolución 1541 de 2013, ‘por la cual se establecen los niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento para la evaluación de actividades
que generan olores ofensivos’, al igual que otras regulaciones indicadas en la sección
X.7., define olor ofensivo como “el olor generado por sustancias o actividades
industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño
a la salud humana”.
Resulta evidente que una interpretación literal y aislada de lo que la ley define como
un olor ofensivo, no necesariamente conduce a verificar la vulneración de un derecho
colectivo. Por el contrario, la idea de concederle prioridad, sin más, a las sensaciones
de ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ generadas en un grupo de personas con
ocasión del ejercicio de un derecho ajeno, sí entraña el peligro de adoptar medidas
desproporcionadas en relación con la garantía de otros bienes jurídicos que también
son importantes para el ordenamiento jurídico.
Así pues, a efectos de que el operador jurídico pueda constatar la perturbación de
derechos colectivos por cuenta la emisión de sustancias constitutivas de olores
ofensivos, la ley propuso dos normas o estándares de evaluación y emisión36 de ese
tipo de olores. El primero de ellos consiste en la fijación de umbrales de tolerancia37
establecidos mediante pruebas estadísticas. Y el segundo refiere a los niveles
permisibles de calidad del aire. Valga precisar que este segundo criterio presta utilidad
como parámetro de evaluación, tanto para los niveles de inmisión38 de sustancias y
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de
2019, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 68012333000201500962-01.
34 Entre otras, en las sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, 14 de septiembre de 2020, proferida en
el expediente con número único de radicación 66001-23-33-000-2018-00079-01(AP) y sentencia de 13 de
diciembre de 2023, proferida en el expediente con número único de radicación 68001233300020170144901,
ambos, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de
2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 660012333000201900551-01.
36 “Emisión. Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna
combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil”.
37 “Umbral de tolerancia. Para efectos de la presente resolución, el umbral de tolerancia es el nivel permisible
de calidad del aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos”.
38 “Inmisión. Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por inmisión a la
acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera.
Límite de inmisión. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, corresponde al valor de inmisión que
se deberá alcanzar en las zonas residenciales del área de afectación como consecuencia de la emisión
generada por la actividad generadora de olores ofensivos”.
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mezclas de sustancias de olores ofensivos39, como para las modelaciones de las
mediciones directas de emisiones40.
En conclusión, olor ofensivo no es solamente aquel que produce fastidio, sino el que,
además, violenta las normas o estándares de evaluación y emisión correspondientes.
En este evento las autoridades y los particulares están abocados a adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar el recurso aire. Empero, la Sala aclara que
esta tesis no es obstáculo para que tanto autoridades como particulares desplieguen
las acciones adecuadas en caso de que se demuestre que los olores ofensivos
representan una amenaza cierta contra la salud o la vida humana, animal o vegetal,
los recursos naturales renovables, el patrimonio natural o la diversidad biológica.
La tesis anteriormente expuesta tampoco significa que se le esté dando prioridad al
desarrollo por sobre la protección y conservación de la biodiversidad. Como se
advirtió en el capítulo X.5., debe haber un equilibrio entre desarrollo y conservación,
por ello la ley ha fijado unas normas o estándares, a partir de los cuales se puede
determinar cuándo un olor ofensivo se torna insostenible por el uso irracional del
recurso natural renovable – aire.
En efecto, una interpretación sistemática de la regulación de contaminación
atmosférica por olores ofensivos conlleva a concluir que los olores ofensivos no se
acreditan con meras manifestaciones de ‘fastidio’ realizadas por un colectivo de
personas, toda vez que, en aras del respeto por el ejercicio de los derechos ajenos –
en este caso, el de libertad de empresa- dicho concepto: olor ofensivo – fastidio,
requiere ser demostrado mediante alguno de los estándares de carácter objetivo
establecidos por la ley.
XI.3.2. La Resolución 2087 de 2014, por la cual se ‘adopta a nivel nacional el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]’, en su
capítulo introductorio, indica que:
‘La aplicación de la Resolución 1541 de 2013 se realizará con base en la siguiente
secuencia:
1) presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;
2) evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;
3) requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;
4) implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y
5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos.
[…]”. [Subraya la Sala].
La Sala destaca que la aplicación excesivamente rigurosa de este instrumento
normativo puede conllevar a que el derecho sustancial sea puesto en
detrimento, so pretexto de la observancia de las reglas de carácter adjetivo. Sin
duda, este proceder ha sido proscrito por el ordenamiento jurídico
colombiano41. Con base en esta premisa, se proponen los siguientes criterios
hermenéuticos para tener en cuenta a la hora de aplicar las resoluciones 1541
de 2013 y 2087 de 2014.
En primer lugar, es de anotar que las quejas por olores ofensivos no constituyen un
parámetro objetivo de evaluación y emisión de ese tipo de olores, toda vez que las
39 “Sustancia de olor ofensivo. Es aquella que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de
exposición puede causar olores desagradables”.
40 Decreto 948 de 1995, artículos 5.º y 16.
Resolución 1541 de 2013, artículos 1.º, 7.º y 16.
41 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 228.
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mismas corresponderían a la pura percepción sensorial puesta de manifiesto por
cualquier ciudadano.
Como pudo observarse en el acápite X.7., la queja por olores ofensivos está diseñada
para que la autoridad ambiental la analice y, si hay lugar, disponga de sus poderes
jurídicos en aras de verificar, técnicamente: los umbrales de tolerancia frente a olores
ofensivos mediante el criterio estadístico; y/o los niveles permisibles de calidad del
aire, mediante las evaluaciones de inmisión y/o de emisión de sustancias constitutivas
de olores ofensivos. Todo esto, se reitera, con el fin último de garantizar el debido
ejercicio de los derechos de la colectividad.
En la búsqueda del amparo de sus derechos, es muy probable que la colectividad se
encuentre en una posición de desventaja en atención a las eventuales dificultades
que le significaría valerse de los elementos técnicos requeridos por la ley para efectos
de demostrar que su ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ se traduce, objetivamente,
en el desconocimiento de alguna de las normas o estándares de olores ofensivos.
De allí que la Sala destaque que la herramienta jurídica queja por olor ofensivo, no
puede suponer la imposición de la carga a los ciudadanos de constituir la prueba
técnica de contaminación, sea mediante el criterio estadístico o en la modalidad de
desconocimiento de los niveles permisibles de calidad del aire. Por ello, es
fundamental que las autoridades ambientales, ante las informaciones relativas a
olores ofensivos, defina con prontitud y de conformidad con el ordenamiento, si los
mismos se encuentran o no dentro de los límites permisibles.
En conclusión, la queja se constituye como el llamado de atención pronunciado por
los ciudadanos con el fin de que la autoridad ambiental determine si las normas o
estándares de evaluación y emisión de olores ofensivos están siendo o no
desconocidos y, en consecuencia, precise si los derechos colectivos están siendo o
no vulnerados.
El estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la magnitud de los olores
ofensivos percibidos por la comunidad, propiciado por la autoridad ambiental so
pretexto del cumplimiento litúrgico de la Resolución 2087 de 2014, sin duda lleva
implícito la posibilidad de perturbación de, entre otros, el derecho a gozar de un
ambiente sano. En ese caso, la acción popular se torna procedente en su modalidad
de daño contingente, es decir que, ante aquella afectación respecto de la cual no se
tiene certeza de su acaecimiento pasado o futuro, en relación con un hecho
potencialmente perjudicial, es deber del juez de la acción popular adoptar las medidas
adecuadas para eliminar el riesgo al que estarían sometidos los derechos colectivos
(finalidad preventiva -apartado X.2.-)42.
En segundo lugar, la encuesta estandarizada no puede ser considerada como un
presupuesto para convalidar las quejas por olores ofensivos, toda vez que, como se
ha venido sosteniendo, el mismo Decreto 948 de 1995 dispuso que dicho instituto es
un criterio objetivo para constatar el desconocimiento de las normas o estándares de
evaluación y emisión de olores ofensivos.
[…] Finalmente, debe destacarse que la aplicación de las medidas contempladas en
la Resolución 1541 de 2013 o cualquiera otra, tampoco puede estar condicionada al
nivel de abstracción referido en la Resolución 2087 de 2014. Es deber de la autoridad
ambiental analizar el caso concreto de contaminación atmosférica por olores
ofensivos, y de acuerdo a los niveles de afectación que arroje la encuesta o la
evaluación, adoptar todas las medidas (ordenación del PRIO o su modificación,
evaluación de niveles permisibles de calidad del aire u otras), en simultánea o en el
42
Ley 472 de 1998, artículos 2.°, 9.° y 14.
La acción popular es el instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la acción popular le
asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas dirigidas a evitar el daño contingente
(finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se
presente contra los mismos (finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya
consumado el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en tanto sea
posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado anterior (finalidad restitutiva).
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orden y los tiempos que se considere más adecuado, para efectos de conjurar la
situación de perturbación de derechos por olores ofensivos […]”.
Análisis del caso concreto
37. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
38. El Tribunal consideró que en el caso no se configura el agotamiento de la
jurisdicción, por cuanto la decisión fue proferida en una acción de tutela. Evidenció
un actuar ineficiente y desarticulado por parte de las autoridades sanitarias y
ambientales, porque no fueron claras al momento de establecer con exactitud los
requisitos que debía cumplir la empresa de transformación de subproductos para su
funcionamiento. Tampoco observó capacitación por parte de las autoridades en el
tema, al punto que la Corporación Autónoma Regional del Cauca manifestó la falta
de contratación destinada a la recepción y validación de quejas presentadas por
olores ofensivos y la difícil aplicación de la Resolución 1541 de 2013; sin embargo,
indicó que la Corporación Autónoma si dio inicio al procedimiento sancionatorio,
pero no realizó el acompañamiento de formalización de la empresa.
39. El Tribunal consideró que la afectación de los derechos colectivos obedeció
al funcionamiento de la empresa de procesamiento de subproductos de origen
animal sin el cumplimiento de las condiciones sanitarias y ambientales requeridas.
Reconoció que la empresa ha realizado labores de mejoramiento y tecnificación de
sus procesos.
40. El Tribunal consideró que en virtud de los principios de coordinación,
celeridad y eficiencia que les asiste a las entidades demandadas, ordenó el trabajo
mancomunado entre ellas en procura de salvaguardar los derechos de esa
población.
41. Por su parte, el recurso de apelación el Municipio de Popayán se sustenta en
que: i) la entidad ha realizado todas las actuaciones en el marco de sus
competencias que conllevan a minimizar los efectos dañosos como consecuencia
del proceso industrial realizado por los particulares; ii) por medio de la sentencia de
acción de tutela en su criterio se “exoneró de responsabilidad a los propietarios de
la fábrica”; y por último iii) no se probó respecto de la entidad territorial alguna
inobservancia legal.
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42. La Corporación Autónoma Regional del Cauca indicó que: i) requiere de la
extensión del término de tres (3) meses para cumplir las órdenes impartidas en la
sentencia de primera instancia; ii) solicitó la modificación del numeral 3 de ordinal
segundo, porque la Resolución aplicable es la 2087 de 2014 y no la 2827 de 2014;
iii) manifestó que no es procedente la suspensión del procedimiento sancionatorio
ambiental ordenado en el numeral 4 del numeral 1 del ordinal 2 de la parte
resolutiva, adelantado en contra del señor Stiven López como presunto infractor de
la norma ambiental, porque fue iniciado con fundamento en una afectación
ambiental, de acuerdo con la Ley 1333 de 21 de julio de 200943 y las funciones
sancionatorias atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales por lo que se
ajusta a derecho; y iv) solicitó se modifique la orden segunda en los numerales 1, 3
y 4 de la sentencia proferida en primera instancia.
43. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes:
43.1. Copia del Acta de Visita núm. 958 de 14 de septiembre de 2016 del Municipio
de Popayán realizada en el predio de Jesús Rolando López Uribe ubicado en la
Vereda Los Dos Brazos44.
43.2. Copia del Acta de Reunión núm. REG-PR-00-009 de 12 de diciembre de 2014
de la Procuraduría Judicial 7 Ambiental y Agraria de Cauca realizada con la Junta
de Acción Comunal en la Institución Educativa Antonio García Paredes de la Vereda
Los Dos Brazos, reunión en la que se escucharon los reclamos de la comunidad por
los olores ofensivos en el sector45.
43.3. Copia del Informe de Visita núm. 06337 de 19 de junio de 2014 de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC realizada en la Vereda Los Dos
Brazos con el objeto de “[…] Verificar la afectación y condiciones actuales del Sector
Dos Brazos en razón a la contaminación del aire por emisiones atmosféricas […]”46.
43.4. Copia del Informe de la Inspección Ocular de 22 de septiembre de 2014
realizada en la propiedad de Estela Uribe López el 18 de septiembre de 2014, lugar
donde se realiza el procesamiento de cebo y hueso. La inspección se llevó a cabo
con ocasión del seguimiento al Requerimiento núm. CRC 05172 realizado por la
43 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
44 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 142.
45 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 151 - 153.
46 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 168 – 171.
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entidad a la propietaria, para la gestión y minimización de la contaminación
ambiental por proliferación de olores ofensivos47.
43.5. Copia de la Resolución núm. 5297 de 16 de mayo de 2024 de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca -CRC que dispuso, entre otros asuntos, “[…]
Legalizar la imposición de medida preventiva consistente amonestación escrita al
Señor STEVEN LÓPEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.061.710.961,
debido a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión
[…]”48.
43.6. Copia del Informe Técnico Sancionatorio núm. 100.193.01 – 10925 de 30 de
septiembre de 2015 de la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC
elaborado con ocasión de “[…] Infracción Ambiental en atención a denuncias
ambientales por olores ofensivos y vertimientos de la propiedad de la Señora Estela
Uribe López y familia en incumplimiento a requerimiento 05172 del 19 de mayo de
2014 […]”49.
43.7. Copia del auto núm. 5102 de 26 de octubre de 2015 de la Corporación
Autónoma Regional de Cauca, a través del cual el Director Territorial Centro de la
entidad dispuso, entre otros asuntos, ordenar “[…] la iniciación del procedimiento
sancionatorio ambiental contra del señor STEVEN LÓPEZ URIBE, […] con el fin de
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a normas de protección
ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo […]50”.
43.8. Copia del Informe núm. 100.193.01 – 005941 de 5 de junio de 2015 de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca en la que se plasman las conclusiones
de la visita realizada el 4 de junio de 2015 a “[…] la planta donde queman cebo y
restos óseos […]” con ocasión de una “[…] denuncia ambiental reincidente por
calidad en contra de la señora Estela Uribe López y flia (sic) […]”51.
43.9. Copia del Auto de Formulación de Cargos núm. 5650 de 5 de mayo de 2016
de la Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC a través del cual el Director
Territorial Centro de la entidad dispuso, entre otros asuntos, “[…] Formular cargos
47 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 175 – 179.
48
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 172 - 174.
49 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 181 - 191.
50 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 192 - 196.
51 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 199 – 200.
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en contra del señor STEVEN LÓPEZ […] como presunto infractor de las
disposiciones legales que tratan la protección a los recursos naturales, a saber el
Decreto 948 de 1995 artículos 13 y 73 y artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 […]”52.
43.10. Copia de la Resolución núm. 20151910012394 de 24 de febrero de 2015 del
Municipio de Popayán, a través de la cual el Jefe de la oficina Asesora de
Planeación Municipal resolvió, entre otros asuntos, “[…] Negar el permiso de uso de
suelo al(a) señor (a) JESUS ROLANDO LÓPEZ URIBE de las condiciones civiles
ya anotadas, para desarrollar en el predio ubicado en la: VEREDA LOS DOS
BRAZOS, denominado SIN RAZÓN SOZIAL la actividad comercial de:
PROCESAMIENTO DE SUBPRODUCTOS CARNICOS, la cual se NIEGA POR LA
RAZONES EXPUESTAS EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE
PROVIDENCIA […]”53.
43.11. Escrito de 14 junio de 2016 suscrito por Jesús Rolando López Uribe y dirigido
al Director Territorial Centro de la Corporación Autónoma Regional del Cauca a
través del cual dio contestación al inicio del proceso sancionatorio ambiental y
señaló, entre otros asuntos, que no cuenta con los recursos necesarios para realizar
“sus trabajos”54.
43.12. Copia del escrito núm. 20152300198121 de 4 de mayo de 2015 a través del
cual el Jefe de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo y Desastres del Municipio
de Popayán certifica lo siguiente:
“[…] El Coordinador de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres, ING.
MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ANTE, teniendo como fundamento el informe
presentado por el ING. PAUL BURBANO LOPEZ, de la visita realizada al lote de su
propiedad situado en la Vereda los Dos Brazos.
Con respecto al mencionado informe, se puede afirmar que el lote mencionado no
presenta situación de amenaza ni condición de riesgo en su estado natural actual,
para el mismo solicitante ni para los dueños de los predios colindantes. Se aclara
que el rio es lindero y se respeta la distancia de protección de jurisdicción del mismo
[…]”55.
43.13. Copia del Dictamen Pericial rendido por el Ingeniero Industrial Florentino
Torres Meneses en el que, sobre la actividad del rendering, explicó lo siguiente:
“[…] Que es Rendering?
52
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folios 201 – 208.
53 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
5_ED_CUADERNOPRINCIPAL1(.PDF) NroActua 2. Folio 214.
54 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
6_ED_CUADERNOPRINCIPAL2(.PDF) NroActua 2. Folios 181 – 185.
55 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
6_ED_CUADERNOPRINCIPAL2(.PDF) NroActua 2. Folio 195.
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Se denomina Rendering al proceso que convierte los subproductos de carnes o
pescados en materias primas aptas para la alimentación animal. En las industrias
cárnicas (mataderos de bovinos, porcinos o avicolas o demás salas de despiece) se
obtienen diariamente una serie de subproductos y recortes que es necesario
aprovechar por dos razones:
➤ Para evitar problemas de contaminación y vertidos.
➤ Para obtener productos (harinas, grasas purificadas) que tienen un valor
económico.
Ventajas ambientales de la labor
En las plantas faenadoras de aves, bovinos y porcinos, por su operación se
producen subproductos de los animales como vísceras, plumas, huesos, sangre,
grasas entre otros, que en muchos casos se utilizan para la misma nutrición animal.
Es aquí donde entra el Rendering a prevenir que estas materias primas vayan a
parar a rellenos sanitarios y/o vertientes de agua.
Recomendaciones según su conocimiento personal sobre la aplicación del
PRIO, incluyendo experiencias similares en el mundo y en el país, forma de
ejercitarse el mismo y mecanismo de participación de las demás entidades.
En Bucaramanga se presentó una emergencia por impacto de olores ofensivos
causada por el aumento de la producción de Proteína proveniente de los
subproductos, factores ambientales, y falta de proyección, la cual se está
solucionando en conjunto con las entidades ambientales en. mesas de trabajo con
el sector industrial y la CDMB, haciendo un plan gradual en el tiempo con acciones
como BPM's, acciones correctivas e inversión en equipos que eliminen los olores.
Existe una asociación Colombiana de plantas de rendimiento y una asociación
Latinoamérica de la cual yo soy miembro de las juntas directivas.
Recomendaciones, o todo lo que usted vea que es importante aportar.
En el caso Colombia salvo Santander y un par de empresas a nivel nacional a nadie
se le ha exigido el cumplimiento de la Resolución 1541 del 12 de noviembre del
2.013 expedida por el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. En esta
resolución se establecen los niveles permisibles de calidad o de inmisión, el
procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos. Y
con esta resolución que se debe solucionar cada conflicto que exista en el tema
olores, esta es la ley que rige a Colombia en este aspecto. Para el sector de
Rendering los gases a medir o tener en cuenta para esto son: Sulfuro de hidrogeno,
Amoniaco y Azufre y primero se deben implementar las soluciones que se plantean
en el PRIO y luego si medirlas [...]”56.
43.14. El Tribunal administrativo del Cauca llevó a cabo audiencia de pruebas el 13
de noviembre de 2019, diligencia en la que se controvirtió el peritaje indicado supra
y se escuchó por parte de Florentino Torres Meneses la exposición del dictamen
pericial en los siguientes términos:
“[…] PREGUNTA Es tan amable y nos explica el contenido del dictamen que rindió.
RESPUESTA Básicamente el representante de GRAXPOP me contacta y me
informa de la situación que se presenta de generación de impacto a la comunidad,
procedo a solicitarle información respecto a su compañía, conozco al señor Rolando
López hace aproximadamente unos seis años, en conferencias y charlas que
organiza la asociación y le pido la información de la historia de la compañía: qué
han hecho en este tiempo, qué equipos tienen, qué tecnologías están disponibles
56Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado
7_ED_CUADERNOPRINCIPAL3(.PDF) NroActua 2. Folios 34 – 40.
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actualmente, cómo están haciendo sus procesos y procedo a hacerle una especie
de diagnóstico referente a cómo está la situación, cómo está ahorita y a dónde debe
ir para evitar estos posibles inconvenientes. Básicamente se centra el [peritaje] en
cuatro preguntas básicas, que son las, explicar qué es el rendering, cuáles son sus
ventajas, cuáles son las recomendaciones en la aplicación de la implementación del
Decreto 1541 y recomendaciones a futuro que se puedan implementar tanto
inmediatamente como a futuro para que el impacto que genera esta industria sea lo
mínimo posible.
PREGUNTA. (...) Sobre las recomendaciones, para deducir eso, ¿se desplazó usted
a Popayán, al sitio que nos ocupa?
RESPUESTA. No señor.
PREGUNTA. Lo hizo observando o a través de qué.
RESPUESTA, Fotografías y descripciones de procesos actuales, realmente esta
información la verifiqué el día de ayer que estuve presente en la planta, verifiqué los
datos que me envió el señor Rolando y se hicieron otras recomendaciones
adicionales al [peritaje].
PREGUNTA. Respecto de la aplicación de la normatividad y de las
recomendaciones, cuales fueron, si tiene el documento pues puede consultarlo,
respecto de lo que usted expresó en ese momento.
RESPUESTA. Este tipo de industria generadora de olores ofensivos está cobijada
por una resolución, que es la 1541. La Resolución 1541 nos habla de la calidad del
aire y de la inmisión y del procedimiento para la evaluación de esta actividad de
generación de olores.
En el artículo, en el capítulo, está cobijado el artículo 19 de esta resolución habla
sobre sanciones, pero yo pues he tomado y he leído la información que me han
suministrado tanto Rolando como el abogado y veo que ya están tratando de ir al
sancionatorio cuando no se ha aplicado la resolución completa, la Resolución 1541
abarca un protocolo para el monitoreo de control y vigilancia que aún no se ha
implementado en la compañía que es el famoso PRIO. En el PRIO se estipulan los
procedimientos, los procesos y las tareas que se tienen que hacer para que la
mitigación del impacto por olores ofensivos se llegue a reducir al máximo posible.
Una de las observaciones que se le hacía a la empresa es si cierran quién va a
procesar esto, donde se va a impactar esto, más o menos una res procesada está
produciendo una tonelada de dióxido de carbono que es más impactante que
procesarla en rendering, entonces lo que yo estipulo en el informe es que se debe
aplicar la Resolución 1541 y generar PRIO antes que cualquier sancionatorio, y la
experiencia en otros tipos de situaciones que se han mediado en este país ha sido
eso.
Bucaramanga en meses pasados se implementó para cinco empresas, cinco
empresas más la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio, estaban
generando un problema ni siquiera a nivel comunidad aledaña, sino de toda la
ciudad, y se implementó como primera medida la autorización de los PRIOS, en este
momento hay tres compañías que ya tienen aprobado su PRIO ya se encuentran
trabajando en él, hay una compañía que ya está cumpliendo la normatividad al
100%, hay dos compañías próximas y dos compañías que no están todavía
aprobado su PRIO. Y el municipio, que es uno de los mayores generadores de olores
ofensivos, no ha hecho absolutamente nada, entonces la experiencia nos dice que
se debe realizar la aplicación de esta resolución.
Por otro lado, hay procesos actuales que genera la compañía GRAXPOP que en el
mismo periodo deben consignar que se deben con el tiempo, deben eliminar y
cambiar por unos procesos más limpios, igual alguna maquinaria que no poseen ya
la adquirieron por el caso de lo que está consignado en la Resolución 909 que es el
homo, la cámara poscombustión, ellos ya la tienen pero no la han arrancado, esta
cámara poscombustión es para que los gases generados de las cocciones tanto de
la autoclave como del homo de la cocina de CO y del horno incinerador, se quemen
en la cámara poscombustión según estipula la norma en el capítulo 11 articulo 35.
Después de este PRIO, lo que se debe hacer es hacer una medición de olores con
la Resolución 2887 y ahí solo hay 3 laboratorios acreditados en el país que hacen
esto que es GSA, Incoambiental y la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín,
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la Universidad Pontificia no presta ese servicio, lo hace más a nivel pedagógico,
entonces quedarían dos laboratorios acreditados que es GSA e Incoambiental.
Después de esos resultados, la autoridad ambiental competente si debe hacer los
ajustes necesarios, revisar nuevamente el PRIO y ajustar, solicitar el ajuste de los
procesos para hacer cumplimento de la norma. Que alguien haya hecho esta
aplicabilidad en Colombia, no, o sea, laboratorio Incoambiental y GSA han hecho
muchas mediciones en el país, han generado muchas plumas de medición de olores
y de dispersión de los mismos, pero realmente las compañías como tal, una
compañía como tal no ha hecho esto. Solo a nivel municipal se han generado estas
mediciones y con estas mediciones se ha ido a aplicar el protocolo de medición pero
de la Resolución 909 del 2008 para emisión de fuentes fijas, entonces, en su orden
y para resumir, habría que aplicar la Resolución 909 inicialmente para cumplir la
misión de fuentes fijas tanto en chimenea del nuevo quemador como en chimenea
de caldera, posterior a esto implementar el PRIO con las consignaciones y
definiciones que se legue en consenso con la autoridad ambiental, el protocolo es
muy claro en lo que debe contener el PRIO, los compromisos la autoridad ambiental
debe revisarlos en el tiempo que se estipule de implementación de este y posterior
a esto hacer la medición de olores de acuerdo al Decreto 1541, esa es mi opinión,
ese es mi balance y ese es lo que la experiencia nos enseña en otras situaciones
similares como esta que se ha generado.
PREGUNTA. Para aclarar, según la Resolución 1541 que habla del PRIO y también
de una medición específicamente en la medición, quién está obligado a hacer esa
medición.
RESPUESTA Definitivamente la autoridad ambiental, hay equipos de medición
provisionales entre comillas por así decirlo, porque la norma es clara y dice que el
procedimiento debe estar avalado por el IDEAM, los laboratorios deben estar, pero
sirven y muchas autoridades ambientales en el país están recibiendo
estas mediciones como prueba del compromiso de la compañía en el tiempo con el
PRIO, estos son equipos de medición ya existen varios en el país, Inclusive yo tengo
uno, DRAGER alemán, esto nos permite hacer un diagnóstico de la situación de
generación de olores ofensivos, y para dónde vamos, son pruebas muy sencillas,
muy rápidas, muy prácticas, que focalizadas en la generación en la fuente y
específicamente para las sustancias que habla el Decreto 1541 que es sulfuro de
hidrógeno, amoníaco y sustancies azufradas. Cabe aclarar señor magistrado, que
este tipo de procesos o este tipo de empresas en su operación se pueden generar
más de 140 diferentes tipos de sustancias odoriferas y la autoridad o la ley ambiental
solo cobija tres, digamos que estas tres son las más representativas pero no significa
que sean las únicas; eso qué implica?, que toda operación de procesamiento de
subproductos de origen animal va a generar cierto impacto y por eso se está tratando
de que se haga el protocolo para el monitoreo, porque el protocolo de monitoreo si
son con unidades de olor y ahí se trata de cobijar prácticamente todas las sustancias
odoríferas, entonces estos equipos por eso es que sirven parcialmente para hacer
un diagnóstico más no para trazar un rumbo pero no sería la medición oficial final
que la debe generar la autoridad ambiental. No conozco la primera autoridad
ambiental en el país que tenga implementado estos equipos y esta medición, solo
hay realmente dos laboratorios acreditados.
PREGUNTA. Con respecto a los fundamentos que usted exhibe dentro del [peritaje],
hay una parte que la empresa le facilitó donde habla y muestra fotográficamente la
historia y evolución de la empresa, entonces, con respecto a ese comparativo a
cómo estaba la empresa antes y cómo está hoy, ¿usted considera que lo que ha
hecho en el tema de olores específicamente y lo que ha implementado, si permite
reducir considerablemente el impacto por olores?
RESPUESTA. Si, lo que pasa es que en este tipo de negocios hay cualquier tipo de
tecnología, pero hablar de cero o sea de 100% eliminación de olores es un error, o
sea, hay muchas compañías que ofrecen equipos de 100% eliminación y no existe.
El homo poscombustión que no ha arrancado y no se ha implementado, en mi
concepto debe eliminar el 90 o más porciento de los olores encauzados hacia el
horno, hay algunas otras actividades externas a estos procesos de combustión que
pueden producir olores en menor escala y fue una de las recomendaciones que le
hice ayer a Rolando, que hay que mitigar para que el impacto sea menor, encerrar
la bodega y causar estos ambientes, ese cambio de aire de la bodega que no salga
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a la atmósfera, que no salga al ambiente sino que se encauce al horno incinerador,
yo creo que con eso podríamos generar un 90% o más de eliminación de olor. Cabe
aclarar, hay compañías que eliminan hasta el 96%, tengo el caso de una compañía
que medida con laboratorio elimina el 99% y el 1% es generador de malestar. La
planta GRAXPOP en mi concepto es una planta pequeña, es una planta semi-
manual, tiene procesos manuales, procesos técnicos, tiene autoclave, tiene homo
incinerador, tiene autoclave, obviamente todavía puede avanzar más en este tipo de
coses y eso nos lo dictaría un PRIO. En el documento está consignado cuál debe
ser el futuro no muy lejano de implementación de esta tecnología, obviamente vale
a pesar de que GRAXPOP es una planta, pues con todo respeto lo que voy a decir,
pero es una planta de juguete respecto a la posición de la industria nacional, es una
inversión considerable pues para el tamaño de la compañía.
PREGUNTA. Le puede manifestar al Despacho de una forma sucinta, ¿cómo es el
procedimiento según la normatividad ambiental para poder caracterizar
científicamente y técnicamente un olor como ofensivo?, ¿qué es lo que se hace? y
¿cuál es el procedimiento?
RESPUESTA. Eso está consignado en la Resolución 2887, ο sea ahí hay un
protocolo para el monitoreo y vigilancia de olores ofensivos, o sea, realmente hay
que hacer un panel de encuestas, ahí está el protocolo claro, ese panel de encuestas
tiene que realizarse con gente entrenada y gente especializada, tomar los olores del
ambiente donde se genera la molestia, a las horas que la gente estipula que es más
la presencia de los olores ofensivos, llevarlos a un equipo de monitoreo que
transforma esto en unidades de olor, y con unos panelistas entrenados generar este
resultado. Ese es el protocolo para inmisión, evaluación de actividades que generan
olores ofensivos en inmisión. Para el caso de la fuente o sea para donde está la
planta y en la salida de su chimenea, está la resolución 909, son dos cosas
diferentes, emisión e inmisión son diferentes. Inmisión es lo que normalmente
molesta o genera o llega a la comunidad, y emisión es lo que la compañía saca al
ambiente. No es que esté prohibido generar olor, es que se debe generar en unos
niveles permitidos por las resoluciones.
PREGUNTA. Considerando lo que usted menciona que GRAXPOP es una empresa
pequeña y que la inversión para la aplicación de un PRIO es bastante considerable,
si la empresa cumple con los permisos ambientales y las obligaciones que se
establecen, sería necesario la aplicación de un PRIO.
RESPUESTA Es que el PRIO se debe aplicar si hay generación de, el PRIO es el
compromiso de la compañía frente a la molestia de la comunidad. entonces, ha sido
como el arma que se ha podido utilizar judicialmente frente a las compañías
generadoras de olores, en mi experiencia, considero que sí, o sea, se debe generar
el PRIO porque el PRIO es la forma para que la autoridad ambiental o las
autoridades competentes puedan ajustar a la compañía, o sea puedan llamarte la
atención puedan decirle está incumpliendo el compromiso que le hizo, mientras no
haya compromiso, no creo que haya, no se puede ajustar y exigir el compromiso de
la compañía en su impacto hacia la comunidad, entonces ese ha sido como el arma
y la estrategia de la ley del poder judicial frente a este tipo de situaciones es lo que
uno ve a nivel nacional.
PREGUNTA. Usted menciona también que ninguna autoridad en el país ha
desarrollado la resolución, o sea no la ha puesto en práctica, además pues que son
costosos el desarrollo del PRIO y además que es una empresa pequeña, de todos
modos, la aplicación de este PRIO sería necesario, pues teniendo en cuenta
cualquier olor ofensivo es inherente a la actividad en este caso, usted decía que así
se minimice igual el olor se generaría, pero sería necesario de todos modos, el
PRIO, la aplicación.
RESPUESTA. En mi opinión si, por qué, porque es como la bitácora para que la
autoridad ambiental o la autoridad competente pueda definir si la compañía le está
cumpliendo tanto a la autoridad como a la comunidad, y créame que hay muchos
procesos o litigios, o muchas diferencias entre algunas empresas y comunidad y se
han hecho las mediciones y las compañías están cumpliendo, lo que pasa es que
esto sucede mucho en centros industriales donde hay muchas empresas que son
generadoras de olores entonces el proceso, esos son los vacíos que empiezan a
tener las resoluciones, digamos este no es el caso pero si hubiera un centro
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industrial y hay tres o cuatro compañías que generan el mismo inconveniente y lo
generan entre comillas bien, están cumpliendo la ley, la suma de las cuatro o las
tres empresas que puedan existir va a generar molestia, entonces esos son los
vacíos que tiene la ley digamos para sectores industriales, pero para aplicación
individual realmente si ha visto uno digámoslo con nombres propios, la empresa
Distraves, en Piedecuesta (Santander), generó su PRIO y en este momento quitó el
malestar a la comunidad, Avidesa Mac Pollo también en Chimitá (Santander) generó
su PRIO y al año y medio quitó el malestar a la comunidad, pendiente Harinagro, en
la reducción está como en un 85% pero va cumpliendo el PRIO y en este proceso
pues ya está llegando a un 85% de cumplimiento de la norma. Esto se puede
constatar con las autoridades ambientales locales de Santander y de Bucaramanga
y digamos entre comillas, por eso soy defensor del protocolo de monitoreo de la
Resolución 2887 para que se implemente el PRIO.
PREGUNTA. La empresa GRAXPOP no cuenta con todos los permisos ambientales
y en este momento no se encuentra en operación, cómo sería la aplicación en ese
caso entonces del PRIO.
RESPUESTA. Con todo respeto, pero si no se encuentra en operación es porque
ya nos fuimos a la 1333, a la ley 1333 de las medidas sancionatorias de
procedimientos sancionatorios ambientales, esta ley en la Resolución 1541 es el
último proceso contemplado en esta ley, ¿por qué?, porque primero la 1541 se
deben generar todos los protocolos, se debe generar todo el acompañamiento, se
debe generar el PRIO, se debe hacer la medición, para poder ir a un sancionatorio
estipulado en la 1333. Créame qué es lo que vemos a nivel nacional, o sea ir primero
al sancionatorio y nos saltamos los protocolos y nos saltamos las resoluciones
estipuladas específicamente para el control de olores. Entonces en mi opinión
primero se debe implementar la 1541 para poder ir a la 1333, sancionatorio
ambiental.
PREGUNTA. EI sancionatorio en la corporación se inició antes incluso, es un
sancionatorio de 2014 y en este caso pues si no está en operación como se haría la
aplicación y hay una sanción de la Secretaria de Salud, entonces como sería en este
caso la aplicación del PRIO.
RESPUESTA. Con todo respeto, o sea esto no es la primera vez en una situación
de estas, no podemos estamos siendo más “papistas” que el papa, por qué, porque
estamos negando permisos, estamos negando licencias cuando no le hemos exigido
a las empresas que hagan los protocolos y las resoluciones estipuladas por la ley,
entonces una ley se debe negar cuando usted incumple, si no hay permiso de
emisiones, es porque no cumple las emisiones; si no hay permiso de vertimientos,
es porque no cumple el vertimiento; si no hay permiso de operación por olores, es
porque no cumple la 1541; si no hay permiso de ubicación es porque no, el POT de
la región no se lo permite, pero por afectación a la comunidad por el tema de olores
se debe implementar la 1541, vuelvo y digo, no soy autoridad competente y no soy
quien debe interpretar la ley de la autoridad ambiental, pero creo que la autoridad
ambiental no está para interpretar la ley sino para hacer cumplir las resoluciones
que existen del ministerio de ambiente, entonces créame que no es la primera vez
que voy a empresas donde tienen permiso de vertimientos, tienen permiso de
funcionamiento pero no tienen permiso de emisiones, entonces por qué el permiso
de emisiones, porque no porque la ley porque la secretaria de salud, la secretaria, o
sea, el permiso de emisiones o de vertimientos es competencia de la corporación
autónoma de la región y no debe negar el permiso, sí está cumpliendo la ley, si no
la está cumpliendo pues obviamente tiene que dar un tiempo, una estipulación de
acuerdo a las resoluciones para el cumplimiento de la norma, entonces si no está
en funcionamiento en mi concepto como ciudadano yo prefiero que esos materiales
o esos subproductos se procesen adecuadamente a que terminen en un vertimiento
en un rio terminan siendo enterrados produciendo mucha más contaminación y
generando más problema ambiental que el que se está generando en un
procesamiento de subproductos de origen animal adecuado o inadecuado, porque
si es inadecuado es porque en el tiempo no se ha hecho cumplir la ley, y es
adecuado porque ya se le hizo cumplir la ley.
PREGUNTA. Existe la certeza de que la autoridad ambiental en el departamento del
Cauca no tiene todavía las capacidades instaladas para realizar el PRIO, ya existe
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una experiencia previa en el asunto del relleno sanitario de aquí donde quisieron
iniciar la aplicación de ese protocolo y la empresa afectada o la empresa que estaba
recibiendo las quejas por los olores interpuso unos recursos y logró demostrar que
no se habla habilitado la corporación autónoma y la corporación autónoma ha estado
tratando de abrir procesos licitatorios para estas firmas que usted dice para que les
den capacitación y puedan generar capacidad instalada local para el establecimiento
pues de este protocolo. Entonces en este momento la autoridad ambiental del Cauca
no está en capacidad de realizar y de cumplir con el protocolo del PRIO. A partir de
su experiencia en otras partes del país con empresas similares a esta de GRAXPOP,
el protocolo y la aplicación de esas resoluciones de olores son el producto de unos
acuerdos para sin que se impida el funcionamiento de la empresa pueda ir
cumpliendo con unas metas, la pregunta es, cómo ha funcionado esto en otras
partes del país donde hay empresas funcionando que no tienen implementado un
PRIO pero que han cumplido con requisitos diferentes como usos del suelo, como
otros tipos de permisos, como de vertimientos y esos, en casos como éste. Cómo
ha funcionado ese proceso, que creo que es lo que pretende la empresa y es que le
autoricen funcionar bajo ciertas condiciones y bajo ciertos requisitos estableciendo
unos compromisos y unas metas de reducción de olores con plazos establecidos
hasta que se logre implementar el PRIO. No sé si conoce alguna experiencia en el
país de cómo ha funcionado esto, en ese marco, sin acudir al sancionatorio
ambiental o sin que la empresa pues esté con orden de suspensión de actividades.
RESPUESTA. De acuerdo, existen más casos de éxito que de no cumplimiento, en
Barranquilla inclusive ahorita hay un sancionatorio o están gestionando un
sancionatorio para grupo TEAM, grupo TEAM es uno de los grupos económicos más
grande del país y ellos manifiestan que ellos solucionan todos los inconvenientes
porque realmente los olores hay investigaciones donde nos dicen que los olores
pueden viajar hasta 40km y allá estaba pasando eso, o sea, la afectación no estaba
siendo cerca a (sic) la compañía sino estaba siendo mucho más lejana, entonces se
sacó la rosa de los vientos y se encontró que la afectación era un casi kilómetro y
medio más adelante, entonces ellos lo desconocían, entonces ellos empezaron a
generar su PRIO y de acuerdo con la comunidad van de cero a cien van en un 30%
de implementación, van a comprar unos equipos de mitigación de olores por
irradiación electromagnética o sea ya van a ir un poco más avanzados. En Bogotá
conozco varios casos que funcionan, pero también conozco varios casos en que han
montado su PRIO y no han hecho absolutamente nada, ahí si inclusive como asesor
uno tiende a apartarse porque hombre, si hay unos compromisos semestrales y
usted va a los seis meses y no han cumplido pues que pena, pero mi respaldo no lo
tiene, si hay unos compromisos se deben cumplir. Casos de éxito: Distraves,
Avidesa Mac Pollo, para citar nombres, Italcol en Mosquera, ha solucionado sus
inconvenientes en un 80-90% son más casos de éxito que de no cumplimiento y eso
va muy de la mano a la presión que pueda ejercer tanto la comunidad como la
autoridad ambiental, más la autoridad ambiental que puede hacer el seguimiento
porque donde uno encuentra que no está funcionando es porque no hay
acompañamiento de la autoridad ambiental, visitan por allá cada año y realmente o
esperan que la comunidad se queje para ir a implementar la visita. Entonces
digamos no tengo certeza o conocimiento de todos los PRIOS implementados pero
los que conozco, yo diría que cuatro a uno, cuatro funcionando bien, uno no
funcionando adecuadamente.
PREGUNTA. Cómo ha funcionado esto antes de que se implemente el PRIO, las
empresas han estado cerradas o han estado funcionando bajo ciertos compromisos
de implementación del PRIO. Partiendo de la base de lo que ya señalamos que en
este momento la implementación del PRIO en el Cauca pues va a tomar tiempo
porque la corporación no ha podido establecer el protocolo para el departamento del
Cauca por diferentes razones, entiendo que han abierto procesos de concurso para
contratar a las empresas y creo que en 3 o 4 oportunidades desde hace más de un
año y medio se han frustrado o porque no se presentan o porque no cumplen con
las exigencias. Entonces, en una realidad como la que tenemos hoy de una empresa
como esta, tendría que estar cerrada y esperando a que se implemente el PRIO o
si conoce experiencias de otras donde se autorice el funcionamiento bajo ciertos
requisitos de cumplimiento mínimo de uso de suelo, de otros permisos y se
establece un plan de acción de mejora que es lo que siempre se ha pretendido por
parte de la accionada GRAXPOP en ese sentido.
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RESPUESTA. Pues me uno a las dos situaciones pero normalmente las compañías
que están cerradas, siendo ecológicamente es más el impacto cerrando este tipo de
compañías que dejándolas operar, conozco situaciones de implementación de PRIO
con empresas cerradas y con empresas abiertas, hay mitigación, lo que pasa es que
si usted tiene la empresa cerrada pues qué se va a poner a invertir si no le van a
dejar abrir, entonces en qué condiciones va a dejar abrir, cuál va a ser el
compromiso, normalmente se hace un consenso: empresa, comunidad, autoridad y
en ese consenso antes que generar un PRIO es generar un compromiso, hay
sistemas para mitigación de olores mientras se hacen las inversiones que se puedan
implementar muy rápidamente, estoy hablando de antes de 8 días o 15 días; son
medidas costosas, son inversiones costosas en el sentido de que son químicos que
nos pueden ayudar a mitigar esto, pero es la opción para este tipo de situación y dar
unos plazos de compromiso entre confianza entre comunidad, entre autoridad y
empresa, así más o menos ha funcionado, y si en los tiempos no hay cumplimiento,
pues ya se toman otras medidas, para mí, se lo digo, este tipo de industrias yo
pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Plantas de Rendimiento, cuando
GRAXPOP me llamó me dijo ingeniero puede venir a esto, si claro, yo vengo, mis
pasajes y mis tiquetes y le aclaro, están siendo cancelados por GRAXPOP, pero yo
no estoy cobrando honorarios porque la Asociación Latinoamericana no me permite
eso, sería completamente, no sería imparcial en las decisiones, cuando alguien nos
pide en la asociación este tipo de visitas es la asociación quien cubre este tipo de
gastos y tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estoy hablando de
Ecuador, Panamá, Bolivia, Costa Rica, México, pasan este tipo de situaciones y allá
la legislación es completamente diferente pero siempre existe el consenso
comunidad, autoridad, empresa, porque, si se toma la decisión de cerrar GRAXPOP
esos subproductos deben ir a alguna parte y le aseguro con toda seguridad que
terminan siendo enterrados, que terminan siendo enviados al botadero municipal, si
los reciben, porque los botaderos ya no reciben ese tipo de subproductos, entonces
estamos siendo más inconscientes, entonces en mi opinión creo que ese es el
procedimiento, obviamente como asociación nosotros propendemos para que este
tipo de industria se desarrolle y se haga adecuadamente, que el impacto a la
comunidad y al medio ambiente sea lo menor posible generado. En mi concepto ese
es el consenso que se debe hacer si no hay la posibilidad de implementar un PRIO,
aunque la autoridad como tal puede exigir de acuerdo a la Resolución 1541 que la
empresa o sea esa es una etapa inicial, que GRAXPOP le genere un PRIO, si la
autoridad ambiental se lo aprueba o no se lo aprueba ya es su consenso, pero
entonces ese puede ser el inicio para que la corporación pueda empezar a
desarrollar ese tipo de procedimientos. Entonces GRAXPOP debe en un periodo no
muy largo, aproximadamente unos dos meses en mi consenso debe generar un
PRIO, debe presentarle un PRIO a la autoridad ambiental y la autoridad ambiental
debe tomarse un tiempo para revisarlo, si está de acuerdo o no está de acuerdo y
de ahí puede partir el punto para el consenso con la comunidad […]”57.
44. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.
45. Sea lo primero resaltar que el Tribunal consideró que los derechos colectivos
se encontraban vulnerados porque determinó que estaba probado: i) el actuar
desarticulado de las autoridades sanitarias y ambientales en torno a la operación de
57Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivos denominados
10_ED_CUADERNOPRINCIPAL6(.PDF) NroActua 2. Folios 194 – 197 y
11_ED_CUADERNOPRINCIPAL7(.PDF) NroActua 2. Folios 73 – 78.
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la empresa de procesamiento de subproductos cárnicos -rendering-, que ocasionó
una omisión en el debido ejercicio de las funciones de autorización, vigilancia y
control; ii) el funcionamiento de la empresa de procesamiento de subproductos
cárnicos sin el cumplimiento de las condiciones sanitarias y ambientales requeridas
para operar, la cual “no maneja en su totalidad procesos limpios […] que requiere
de la adquisición de productos técnicos que permitan disminuir el impacto ambiental,
en especial el de olores ofensivos […]”; y iii) que la Corporación Autónoma Regional
del Cauca, pese a haber realizado algunos trámites, no ha cumplido con sus
obligaciones en torno a la recepción y validación de quejas por olores ofensivos con
el propósito de brindar una solución efectiva para dar aplicación a la norma
ambiental.
46. Asimismo, que no fue objeto de los recursos de apelación la situación de
presencia de olores ofensivos producto de la actividad de rendering, en este caso
concreto; ni los problemas de funcionamiento evidenciados en relación con la
empresa de procesamiento de subproductos cárnicos Grasas por Popayán –
GRAXPOP S.A.S.
47. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.
48. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado58, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:
“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:
“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,
NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de
marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
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elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”
En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”59
(Destacado fuera de texto).
49. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202060.
En relación con el recurso de apelación presentado por el Municipio de
Popayán
50. El Municipio de Popayán en su recurso de apelación indicó que ha
adelantado acciones en el marco de sus competencias para minimizar los efectos
dañosos como consecuencia del proceso industrial realizado por los particulares y
que, por ende, no ha incurrido en omisión en la situación constitutiva de vulneración
y amenaza de los derechos e intereses colectivos.
51. Dentro de las pruebas relevantes para resolver el caso en este punto se
encuentran:
51.1. Copia del acta de notificación de fecha 21 de agosto de 2014, con radicación
núm. 20141600341391 emanada de la Secretaría de Salud de Popayán, con la cual
se da a conocer al señor Jesús Rolando López Uribe la aplicación de la medida
sanitaria de seguridad de: “SUSPENSIÓN TOTAL DE TRABAJOS O SERVICIOS”.
Tuvo como fundamento que las acciones de mejora no han contribuido a mitigar en
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010,
NUR 410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de
2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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su totalidad los factores ambientales y sanitarios asociados a la actividad que se
desarrolla. La medida se ordenó mantener hasta que se surtan todas las acciones
pertinentes que se direccione a que el resultado de las actividades derivadas del
procesamiento de productos a base de quema de huesos y derivados de productos
cárnicos cumplan con el lleno de los requisitos previstos para la actividad y de esa
manera se puedan garantizar los derechos colectivos de la comunidad aledaña. Por
lo anterior, requiere de la aprobación de la actividad por parte de la autoridad
ambiental competente.
51.2. Copia de la Resolución núm. 20151910012394 de 24 de febrero de 2015 “Por
el cual se niega un permiso de uso de suelo” se determinó que de acuerdo con el
Plan de Ordenamiento Territorial el sector se encuentra ubicado en una zona
catalogada como rural y parte de las instalaciones se encuentran localizadas dentro
de la zona de protección del rio y los estudios de impacto ambiental y psicosocial
determinaron que es inviable el desarrollo de esa actividad61.
51.3. Copia de la Resolución núm. 20151900080624 de 2 de septiembre de 2015
“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
núm. 20151910012394 que negó el uso del suelo para el funcionamiento de
“cárnicos rendering”. Se determinó que: “[…] por tratarse de desechos orgánicos,
los olores que exhalan causan traumatismos a los habitantes del sector e incluso a
los trabajadores del establecimiento […]”62.
52. El Decreto 948 de 2 de junio de 199563, compilado en el Decreto 1076 de 26
de mayo de 201564, establece la reglamentación de protección y control de la calidad
del aire y determina las competencias del municipio como autoridad ambiental, a su
vez el artículo 68 establece que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del
artículo 65 de la Ley 99, el municipio tiene la función de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con la finalidad de velar por el
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental
y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. Constituye como
función de los municipios la prevención y el control de la contaminación del aire para
ejercer la vigilancia e imponer las medidas correctivas en caso de que corresponda.
53. Por lo anterior, es clara la competencia que tiene el municipio en materia de
prevención y control de la contaminación del aire. Como se probó en el proceso
61 Folio 124 cuaderno 1
62 Folio 125 cuaderno 1
63 por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley
2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43,44, 45, 48 y 49 de la Ley 9a. de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
64 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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adelantó las actividades de seguimiento, la negación de permisos por uso de suelo
y la posterior toma de medidas correctivas para la suspensión total de los trabajos
y servicios, en el marco de sus competencias.
54. El artículo 66 del Decreto 948 de 1995, establece que corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales en el territorio de su jurisdicción la
competencia para otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire; el
artículo 72 literales “d” y “m” indican que requiere permiso previo de emisión
atmosférica la incineración de residuos sólidos y las actividades generadoras de
olores ofensivos. Por su parte la Resolución 1541 de 12 de noviembre de 201365,
establece las actividades que generan olores ofensivos dentro de las cuales se
destaca el tratamiento térmico de subproductos de animales y sus niveles
permisibles de calidad del aire; el anexo 1 de la mencionada resolución define los
olores ofensivos como el olor generado por sustancias o actividades industriales,
comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño a la salud
humana. También define la actividad de tratamiento térmico de subproductos de
animales, como aquella por medio de cual la sangre, huesos, plumas, decomisos
orgánicos que no tengan riesgo biológico entre otros, son transformados en
productos como harinas, concentrado, etc.
55. En el artículo 8 del Capítulo V de la mencionada resolución se determina el
Plan de Reducción del Impacto por Olores Ofensivos – PRIO, en el artículo 9 se
encuentra la evaluación y plazo para la implementación del plan, la evaluación y el
seguimiento por la autoridad ambiental, esta competencia es de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca.
56. La Sala recuerda que el ordenamiento del territorio es una función pública
que permite el uso equitativo y racional del suelo, así como la preservación y
defensa del patrimonio ecológico de acuerdo con la Ley 388; por lo tanto, es el
municipio el responsable de adoptar el plan o esquema de ordenamiento territorial
para reglamentar de manera específica los usos del suelo y garantizar que los
propietarios utilicen sus inmuebles respetando la función social de la propiedad66.
57. Específicamente, el plan de ordenamiento territorial en el suelo rural contiene
“el señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de
las zonas de producción agropecuaria”, y “la delimitación de las áreas de
conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos, geográficos y
65 Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones
66 Ver el artículo 7 (numeral 3) de la Ley 388 y el artículo 29 (numeral 4) de la Ley 1454.
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ambientales” de conformidad con el artículo 14 de la Ley 38867 y el artículo
2.2.2.1.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015.
58. Por consiguiente, se probó en el proceso que planeación municipal por medio
de la Resolución núm. 20151900080624 de 2 de septiembre de 2019 negó el uso
del suelo para el funcionamiento del establecimiento encargado del procesamiento
de subproductos cárnicos localizado en la vereda Los Dos Brazos, indicó que “[…]
según el Plan de Ordenamiento Territorial, se encuentra en suelo rural, pero según
visita al lugar no cuenta con las normas ambientales y de salubridad suficientes para
el funcionamiento en el establecimiento donde está ubicado […] en consecuencia,
los propietarios de la empresa deben acatar las normas de salubridad, ambientales,
asepsia y que eviten la contaminación del rio que pasa cerca del predio. Es
entendible que la idea de procesar los cárnicos es benéfico para la ciudad, pero esto
debe realizarse dentro de los parámetros de higiene y tecnología que propicie la
prestación de un buen servicio. Debe considerarse que por tratarse de desechos
orgánicos, los olores que exhalan causan traumatismo a los habitantes del sector e
incluso a los trabajadores del establecimiento, no siendo en este estado de
desempeño de la actividad comercial, el momento, para otorgar el uso de suelos
[…]”.
58.1. En ese orden, en la parte considerativa de ese acto administrativo, se
estableció que la empresa de rendering funciona en la zona de protección del rio y
que el área de conservación del rio Los Dos Brazos es fundamental para el
desarrollo del territorio.
59. Por lo anterior, la Sala considera que, en casos como el que se analiza, se
requiere de la articulación entre la autoridad ambiental y la autoridad urbanística, en
relación con las condiciones en las que se prestará el servicio y el impacto que
genera en relación con su ubicación, teniendo en cuenta, para ello, que los artículos
87 y 92 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana evidencian la
importancia de los usos del suelo para el ejercicio de la actividad económica.
60. En consecuencia, se revocarán los numerales 1 y 2 del acápite “III” del ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de
revocar la orden de capacitar al personal del Municipio de Popayán acerca de la
actividad del rendering teniendo en cuenta que esa labor está relacionada con la
67 Compilatorio de Los decretos 879 de 1998 y 4002 de 2004 que reglamentaron la Ley 388 estableciendo sus
componentes, contenidos y etapas. Adicionalmente el Decreto 1232 de 2020 adicionó el Decreto 1077 de 2015
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo
relacionado con la planeación del ordenamiento territorial"
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posible contaminación de los recursos renovables y quien ostenta la competencia
en la materia es la Corporación Autónoma Regional; además, tampoco es
procedente la orden relacionada con la asesoría en el trámite de permisos que
requiera una empresa para su funcionamiento legal, por el contrario estos tienen la
obligación de cumplir con las normas de uso del suelo, las normas ambientales y
demás normas de existencia.
61. De igual forma se revocará la medida de acompañamiento a la empresa
GRAXPOP S.A.S para la implementación del PRIO teniendo en cuenta que la
entidad competente para esta labor de acuerdo con la Resolución 1541 de 2013 es
la Corporación Autónoma Regional.
62. En cuanto a la orden de mantener vigente la medida de suspensión de las
actividades decretada por la Secretaría de Salud, según el artículo 576 de la Ley 9
de 1979 se establece que esta es una medida que tiene carácter preventivo y
transitorio, la cual se impuso en el marco de las competencias de las entidades
territoriales de protección de la salud pública; por lo anterior, en el oficio de 29 de
marzo de 2017, la Secretaría indicó que: “[…] [e]s así como En (sic) las visitas
realizada (sic) al sitio de procesamiento de alimentos GRAXPOP SAS se confirman
las condiciones precarias con que cuenta el establecimiento en cuanto a salubridad,
procesos de trabajo, omisión de permisos ambientales además de ser negado y no
tener el uso del suelo, así como falta de documentación de ley; impactando de forma
negativa el entorno, medio ambiente y poniendo en riesgo las condiciones de
quienes trabajan en el sitio como del bienestar de vecindades […]”.
63. Se ordenará que el Municipio de Popayán en el marco de sus competencias
revise el estado del procedimiento que dio lugar a la imposición de la medida
temporal de suspensión de actividades y, en ese orden, adopte las medidas
correspondientes en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias.
64. El Municipio de Popayán indicó en su recurso de apelación que, en este caso,
no se tuvo en cuenta que mediante la sentencia de tutela núm. 116 de 29 de agosto
de 2014, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán “[…] se
exoneró de responsabilidad a los propietarios de la fábrica, y como consecuencia
existe una decisión en sede constitucional que está en firme y que fue proferida por
autoridad competente […]”.
65. La Sala observa que la acción de tutela indicada en el recurso de apelación
por el Municipio de Popayán fue interpuesta por el señor Raúl Ordoñez Bolaños
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para solicitar que se ordene a las autoridades sanitarias la suspensión permanente
o transitoria de la actividad de procesamiento de subproductos cárnicos, por generar
olores desagradables y contaminación del medio ambiente y que el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia de 29 de agosto
de 2014 resolvió lo siguiente:
“[…] RESUELVE:
PRIMERO.- DECLARAR hecho superado, por lo expuesto.
SEGUNDO.- Se le pone de presente a la señora MARÍA ESTELA URIBE QUILINDO
que tiene derecho a denunciar ante la autoridad penal cualquier acto ilícito del cual
haya sido víctima, para que se investigue y castigue a los presuntos responsables.
TERCERO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes de conformidad con lo
establecido en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 […]” (Destacado fuera de
texto).
65.1. En dicho trámite constitucional el Juzgado consideró que en ese caso estaba
probado que la Secretaría de Salud del Municipio de Popayán, “[…] con respaldo
en la Ley 715 de 2001[,] señaló que tiene competencia para realizar (sic) función de
inspección, vigilancia y control dentro de los asuntos de salud pública del municipio
de Popayán […]” y que esa entidad “[…] visitó el lugar en donde se realiza la quema
de huesos y demás derivados de productos cárnicos, verificando que[,] aunque se
ha dado cumplimiento al plan de mejoramiento[,] éste no ha mitigado en su totalidad
los factores ambientales asociados a la actividad que se desarrolla, por lo cual [la
autoridad administrativa] decidió tomar la medida sanitaria consistente en la
suspensión de actividades […]” con la claridad de que, “[…] para autorizar la
continuación de la actividad[,] requerirán la aprobación de la comunidad afectada y
de la autoridad ambiental competente […]” (Destacado fuera de texto).
66. Además, el juez de tutela consideró que, en el asunto que se analizó, no
existía en el expediente prueba “[…] de que la emisión de olores supere los rangos
tolerables para el organismo humano, [pero que,] sin embargo[,] la Secretaría de
Salud del Municipio de Popayán (autoridad competente) informó que decidió
suspender la actividad hasta que se tomen las acciones correctivas para evitar la
contaminación del medio ambiente [...]” y que, por ello, se debía declarar en el
trámite de tutela el “hecho superado” en virtud de la orden de suspensión de
actividades expedida por la Secretaría de Salud del Municipio de Popayán.
67. En ese sentido se pone de presente que la razón de la decisión adoptada en
sede de tutela no es la que aduce el Municipio en su escrito de apelación -a saber
la precitada exoneración de responsabilidad de los propietarios de la fábrica-, sino
que se declaró la carencia actual de objeto por la superación de la situación de
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amenaza y vulneración de los derechos fundamentales en el año 2014, debido a
que la autoridad competente había decretado una medida sanitaria de suspensión
temporal de actividades dentro de un trámite administrativo.
68. Pese a lo anterior, se encuentra acreditado que, pese a la adopción de la
medida administrativa que generó la decisión judicial de carencia actual de objeto
en el año 2014 y según lo informado por el mismo Municipio en el Oficio núm.
20181900216521, la empresa de procesamiento de subproductos cárnicos
GRAXPOP S.A.S se encontraba operando en el año 2017 pese a las prohibiciones
y medidas impuestas por las autoridades, lo cual evidencia no solamente una
omisión, se reitera, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control, sino
desarticulación en el ejercicio de funciones administrativas por las autoridades
ambiental y policiva de cara a los diversos trámites administrativos que se habían
iniciado en materia de autorización y vigilancia y control en la materia.
69. En ese orden, no es de recibo en este caso el argumento presentado por el
Municipio de Popayán relativo a la exoneración “[…] de responsabilidad a los
propietarios de la fábrica […]”, en sede de tutela, ni constituye un argumento con la
suficiencia para revocar las órdenes impartidas para la protección de los derechos
e intereses colectivos en este caso concreto.
70. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala, teniendo en cuenta que, en este caso, se
observa que en el marco de una acción de tutela se estudió una problemática
relacionada con esta acción popular, considera relevante clarificar que en cada caso
se debe determinar si la medida adoptada y su ejecución constituyen una garantía
que permita entender superada la situación o bien de amenaza o de vulneración de
los derechos e intereses colectivos, o de amenaza actual e inminente que implique
la necesidad de adopción de ordenes adicionales o complementarias.
71. Por ejemplo, en un caso similar, la Sección Primera de esta Corporación68
consideró que la Corte Constitucional había impartido ordenes idénticas a las
previstas por el Tribunal para solucionar una problemática de residuos sólidos
generados con ocasión del Huracán IOTA y, en ese caso, la Sala precisó que no
había lugar a impartir medidas cautelares de urgencia ni órdenes adicionales debido
a que ya existían ordenes definitivas encaminadas al mismo propósito. Es decir, en
ese caso se encontró que no era necesario impartir órdenes adicionales en el marco
de la respectiva acción popular porque las adoptadas en el trámite de una acción
68 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. Auto de 15 de febrero de 2024. C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
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de tutela hacía innecesarias órdenes adicionales para la protección de los derechos
colectivos.
72. En otros eventos, se puede advertir la necesidad de complementariedad
entre medidas previamente ordenadas en el marco de las acciones de tutela y las
medidas ordenadas en el trámite de acciones populares.
73. Sin embargo, la Sala considera que, en este caso, la sentencia proferida en
el trámite de la acción de tutela no impartió ninguna orden porque encontró probada
una situación de carencia actual de objeto por hecho superado para la época en
que se profirió la decisión, a saber, en el año 2014, y con ocasión de la medida de
suspensión temporal de actividades impuesta a la empresa de rendering con
ocasión del trámite administrativo; situación que difiere a lo acontecido en el caso
concreto en tanto se encuentra probada la situación de amenaza de los derechos e
intereses colectivos conforme se indicó supra, por omisión y desarticulación en el
ejercicio de la función administrativa en cabeza de las autoridades ambiental y
policiva.
74. En todo caso, la Sala considera que la finalidad del medio de control que se
analiza es la protección de los derechos e intereses colectivos invocados como
amenazados o vulnerados y que, para ello, es posible que las entidades vinculadas
al proceso y competentes en las respectivas materias, aun cuando hayan realizado
algunas actuaciones tendientes a la superación de la amenaza o vulneración de los
derechos, deban, en el marco de sus competencias, participar a través de la
adopción de medidas orientadas a la superación de las circunstancias generadoras
de la situación.
75. En este caso, se reitera, está probada la situación de desarticulación y
omisión en el ejercicio de funciones por parte de las autoridades ambiental y
sanitaria y la forma en que dicha situación ha sido relevante de cara a la vulneración
y actual amenaza de los derechos e intereses colectivos, razón suficiente para
mantener al Municipio de Popayán como obligado en virtud de su función de garante
de la sanidad en el área de su jurisdicción.
En relación con el recurso de apelación presentado por la Corporación
Autónoma Regional del Cauca - CRC
76. Destaca la Sala que el juez de la acción popular cuenta con amplias
facultades para proteger los derechos colectivos, sin embargo, tiene también el
deber de velar por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el
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equilibrio entre las partes; por lo tanto sus facultades no son ilimitadas, teniendo en
cuenta que puede amparar derechos colectivos no invocados por la parte actora,
estudiar hechos no relacionados en la demanda e, incluso adoptar medidas de
protección diferentes a las ordenadas, sólo puede hacerlo si tienen relación con la
causa petendi de la demanda, que para el caso concreto y en relación con el punto
de la apelación presentado por la Corporación Autónoma del Cauca, el cual es la
extensión del término para adelantar el proceso de contratación de una empresa
certificada para capacitar al personal de la entidad en el área de rendering y la
aplicación de la Resolución 1541 de 2013.
77. De acuerdo con esa consideración previa, la Sala abordará el recurso de
apelación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca. En efecto, la
Resolución núm. 1541 de 12 de noviembre de 2013, establece los niveles
permisibles de calidad del aire o de inmisión y el procedimiento para la evaluación
de actividades que generan olores ofensivos, indica en su artículo 4 que el
procedimiento de recepción de quejas tiene los siguientes términos:
“[…] 1. Una vez radicada la queja, la autoridad ambiental competente contará con
treinta (30) días hábiles para la evaluación de la misma y dentro del mismo término
podrá practicar una visita a la actividad.
2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el cual se
pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de un
Plan para la Reducción del Impacto de Olores Ofensivos – PRIO.
3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el
titular de la actividad deberá presentar un Plan para la Reducción el Impacto por
Olores Ofensivos – PRIO- de conformidad con lo establecido en el Capítulo V de la
presente resolución.
Parágrafo 1. Para la evaluación de la queja, la autoridad ambiental competente
seguirá el procedimiento establecido en el Protocolo para el Monitoreo, Control y
Vigilancia de Olores Ofensivos […]”.
77.1. En la sentencia de 30 de junio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, se le otorgó a la Corporación Regional el término de tres
(3) meses para adelantar el proceso de contratación de una empresa certificada
para capacitar al personal de la entidad y en la aplicación de la Resolución 1541 de
2013 y la implementación de los planes de reducción del impacto de olores
ofensivos – PRIO. La Corporación en su recurso de apelación solicita la ampliación
del término de cumplimiento de las órdenes teniendo en cuenta que el proceso de
contratación que debe adelantar implica un proceso de selección con sus
respectivas etapas.
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Núm. único de radicación: 190012333000201600232-02
77.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala modificará el ordinal segundo de la
parte resolutiva de la sentencia, específicamente el literal I, se ordenará a la
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC que informe sobre el estado
actual al interior de la entidad de los procedimientos y trámites relacionados con la
implementación de la política sobre los niveles permisibles de calidad de aire,
Resolución núm. 1541 de 2013 y la aplicación del Protocolo para el Monitoreo,
Control y Vigilancia de olores ofensivos, Resolución núm. 2087 de 2014, para ello
dispondrá del término de un (1) mes a partir de la ejecutoria de esta sentencia. Para
realizar la verificación de la orden, deberá remitir un informe al Tribunal de origen
del proceso.
77.3. Si posterior a la anterior revisión la Corporación Autónoma Regional del
Cauca, considera necesario y si no lo hubiere realizado todavía, adelantará un
proceso de contratación de una empresa certificada en el área de rendering y en la
implementación de la política sobre los niveles permisibles de calidad de aire,
Resolución núm. 1541 de 2013 y la aplicación del Protocolo para el Monitoreo,
Control y Vigilancia de olores ofensivos, Resolución núm. 2087 de 2014. Para ello
dispondrá de un término de seis (6) meses a partir de la entrega del informe del
numeral anterior.
77.4. De conformidad con lo anterior, al finalizar el término de un (1) mes indicado
para presentar el informe, aplicará si no lo hubiere realizado el trámite establecido
en la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia
de olores ofensivos, Resolución núm. 2087 de 2014, para la evaluación de las
actividades que generan olores ofensivos sobre la actividad realizada por la
Sociedad Grasas por Popayán – GRAXPOP S.A.S., para lo cual se le otorgará el
término de seis (6) meses en cumplimiento de los términos establecidos en el
artículo 4 de la mencionada resolución, así:
• La autoridad ambiental competente contará con treinta (30) días hábiles para
la evaluación de la queja y en ese mismo término podrá practicar una visita
a la actividad.
• Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con
treinta (30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el
cual se pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la
presentación de un Plan para la Reducción del Impacto por Olores
Ofensivos – PRIO.
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• Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo,
el titular de la actividad deberá presentar un Plan para la Reducción del
Impacto de Olores Ofensivos – PRIO.
78. En consecuencia también se modificará el numeral 1 del literal “II” de la parte
resolutiva de la sentencia, en el sentido de ordenar a la Sociedad Grasas por
Popayán – GRAXPOP S.A.S. que la elaboración del Plan para la Reducción del
Impacto por Olores Ofensivos – PRIO se debe realizar de acuerdo con los términos
establecidos en la Resolución 1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo,
Control y Vigilancia de olores ofensivos, Resolución núm. 2087 de 2014, de acuerdo
con lo establecido en líneas precedentes.
79. Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional del Cauca solicita en su
recurso de apelación, que se revoque la orden del numeral 4 del literal “I” del ordinal
segundo de la sentencia proferida, teniendo en cuenta que este fue iniciado en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 66 del Decreto 948 de 1995
relacionado con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección de la calidad del aire. En efecto por medio del auto núm. 021 de 2015 se
dio inicio al procedimiento administrativo ambiental, por medio de auto de 5 de mayo
de 2016 se realizó la formulación de cargos y se determinó que se registra una
vulneración a lo establecido en los artículos 13 y 73 del Decreto 948 de 1995
relacionado con la descarga o emisión de contaminantes a la atmósfera y lo
relacionado en el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 sobre el requerimiento de
permiso de vertimiento.
80. Por lo anterior, la orden de suspender un procedimiento administrativo
sancionatorio ambiental por la falta de capacitación de los empleados de la
Corporación Autónoma Regional y la aplicación de la Resolución 1541 de 2013 y el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de olores ofensivos, Resolución
núm. 2087 de 2014, no es procedente. Teniendo en cuenta que el proceso
sancionatorio se adelantó por razones diferentes que no se derivan del
incumplimiento de la aplicación de la normatividad relacionada con el control y
vigilancia de olores ofensivos. En ese sentido, se revocará la mencionada orden.
81. En relación con la orden de mantener suspendido el funcionamiento de la
empresa Sociedad Grasas por Popayán – GRAXPOP S.A.S., hasta el cumplimiento
de lo ordenado en la sentencia, será revocada debido a las modificaciones que se
hicieron a las órdenes en aplicación de los procedimientos y normas que rigen el
control y evaluación de los olores ofensivos y porque es una medida que depende
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del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado por la autoridad competente
que para el caso concreto es la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
82. La Sala considera que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley
472, específicamente, en lo relacionado con la conformación del comité de
verificación de cumplimiento de la sentencia, es necesario adicionar a la
conformación del mencionado comité, la participación del Magistrado Sustanciador
del Tribunal Administrativo del Cauca, quien lo presidirá, un representante de la
Defensoría del Pueblo – Regional Cauca; el señor Raúl Ordóñez Bolaños; el
representante legal de la empresa GRAXPOP S.A.S.; un representante de la
Corporación Autónoma Regional del Cauca; un representante y/o delegado del
Municipio de Popayán; el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda
Los Dos Brazos y el Procurador Séptimo Judicial Ambiental y Agrario de Popayán.
83. Finalmente, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. Por lo tanto, se modificará el
ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia,
en ese sentido.
84. Por otra parte, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los
numerales 1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar
en costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Conclusiones
85. La Sala considera que, en este caso concreto, se encuentra probada la
vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano,
salubridad pública, al equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, por cuanto la actividad de rendering (tratamiento térmico
de subproductos cárnicos) realizada por la empresa Sociedad Grasas por Popayán
– GRAXPOP S.A.S. está produciendo olores ofensivos que pueden afectar los
derechos colectivos invocados, razón por la cual se modificarán los ordinales
segundo y cuarto de la sentencia apelada, se revocará el ordinal tercero y se
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confirmará, en lo demás, la sentencia de 30 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de 30 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca,
los cuales quedarán así:
“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior y para
restablecer los derechos colectivos vulnerados, ORDENAR:
I. A la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC:
1. Informar sobre el estado actual al interior de la entidad de los
procedimientos y trámites relacionados con la implementación de la política
sobre los niveles permisibles de calidad de aire, Resolución núm. 1541 de
2013 y la aplicación del Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de
olores ofensivos, Resolución núm. 2087 de 2014, para ello dispondrá del
término de un (1) mes a partir de la ejecutoria de esta sentencia. Para realizar
la verificación de la orden, deberá remitir un informe al Tribunal de origen del
proceso.
2. Si posterior a la anterior revisión la Corporación Autónoma Regional
del Cauca, considera necesario y si no lo hubiere realizado todavía, deberá
adelantar un proceso de contratación de una empresa certificada en el área
de rendering y en la implementación de la política sobre los niveles
permisibles de calidad de aire, Resolución núm. 1541 de 2013 y la aplicación
del Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de olores ofensivos,
Resolución núm. 2087 de 2014. Para ello dispondrá de un término de seis (6)
meses a partir de la entrega del informe del numeral anterior.
3. Aplicar el trámite establecido en la Resolución 1541 de 2013 y el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de olores ofensivos,
Resolución núm. 2087 de 2014, para la evaluación de las actividades que
generan olores ofensivos sobre la actividad realizada por la Sociedad Grasas
por Popayán – GRAXPOP S.A.S., para lo cual se le otorgará el término de
seis (6) meses, en cumplimiento de los términos del artículo 4 de la
mencionada resolución, así:
3.1. La autoridad ambiental competente contará con treinta (30) días
hábiles para la evaluación de la queja y en ese mismo término podrá
practicar una visita a la actividad.
3.2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará
con treinta (30) días calendario para expedir el acto administrativo
mediante el cual se pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la
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actividad la presentación de un Plan para la Reducción del Impacto
por Olores Ofensivos – PRIO.
3.3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto
administrativo, el titular de la actividad deberá presentar un Plan para
la Reducción del Impacto de Olores Ofensivos – PRIO.
II. La Sociedad Grasas por Popayán – GRAXPOP S.A.S. deberá:
1. Elaborar el Plan de Reducción de Impacto de Olores Ofensivos –
PRIO, de acuerdo con los términos establecidos en la Resolución
1541 de 2013 y el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia
de olores ofensivos, Resolución núm. 2087 de 2014.
2. Continuar tramitando los permisos faltantes, según lo indicado por
el municipio de Popayán a través de la Secretaría de Salud, según
lo preceptuado en la parte motiva de esta providencia.
III. El Municipio de Popayán deberá:
1. En el marco de sus competencias revisar el estado del
procedimiento que dio lugar a la imposición de la medida temporal
de suspensión de actividades y adopte las medidas
correspondientes con el objeto de garantizar el cumplimiento de la
normativa y, en especial, la protección de los derechos e intereses
colectivos.
TERCERO.- conformar un comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia de que trata el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, que estará
integrado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del
Cauca, quien lo presidirá, un representante de la Defensoría del Pueblo –
Regional Cauca; el señor Raúl Ordóñez Bolaños; el representante legal de la
empresa GRAXPOP S.A.S.; un representante de la Corporación Autónoma
Regional del Cauca; un representante y/o delegado del Municipio de
Popayán; el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Los Dos
Brazos y el Procurador Séptimo Judicial Ambiental y Agrario de Popayán,
quienes realizarán la verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas
en la sentencia.
Finalmente, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las
autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo del Cauca, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes
de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. Por lo tanto, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia proferida, en primera instancia, en ese sentido […]”.
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
30 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 30 de junio de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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