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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00095-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2022-00095-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de 4 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la amenaza del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Caldas que, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, aplique las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de 2014 al trámite de las quejas presentadas por la parte accionante, de conformidad con el entendimiento que esta Sección ha definido en su jurisprudencia, con el propósito de solucionar la problemática de olores ofensivos como consecuencia de la actividad productiva de la Granja Avícola Santa Lucía ubicada en el sector El Rosario en el Municipio de Manizales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, QUINTO: INTEGRAR el Comité de Verificación para el cumplimiento de la sentencia, el cual estará conformado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien lo presidirá; por el actor popular; por un delegado de la Corporación Autónoma Regional; por un delegado del Municipio de Manizales y por el Agente del Ministerio Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 48 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2022-00095-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 170012333000202200095-01
Actor: Condominio Altos del Campestre PH
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Caldas, Instituto Colombiano
Agropecuario y Santa Lucía S.A.S.1
Vinculado: Municipio de Manizales2
Coadyuvante: Procuradora Quinta Judicial II para asuntos Ambientales y Agrarios
de Manizales3

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte actora
y la coadyuvante Procuradora Quinta Judicial II para Asuntos Ambientales y
Agrarios de Manizales contra la sentencia de 4 de marzo de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El Condominio Altos del Campestre PH presentó demanda4 contra la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, el Instituto Colombiano Agropecuario y

1 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1ED_ACTAAP20220009500PNG(.png) NroActua 2.
2 Vinculado mediante auto de 6 de septiembre de 2022. Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI.

Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo denominado: 13ED_10AUTOORDENAVINCULAR(.pdf)
NroActua 41.
3 Vinculada mediante auto de 23 de junio de 2023. Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI.

Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo denominado: 51ED_48AUTORESUELVESOLICI(.pdf)
NroActua 41.
4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
6ED_DEMANDA5EXPEDIENTEDI(.pdf) NroActua 2.
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la sociedad Santa Lucía, en ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto
de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; y a iii) la seguridad y salubridad públicas.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO.- Que se protejan los derechos colectivos relacionados con: i) El
goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias; ii) La existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación
de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente; y iii) La seguridad y salubridad públicas; previstos en el artículo 4º
de la Ley 472 de 1998, de los habitantes del Condominio Altos del Campestre y de
toda la población que reside en el sector aledaño a la Granja Avícola Santa Lucía.

SEGUNDO: Que ordene a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CALDAS “CORPOCALDAS”, al INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
“ICA” y a la Granja AVÍCOLA SANTA LUCÍA se adopten todas las medidas, así
como los trámites legales y administrativos tendientes a que cese la vulneración de
los derechos e intereses colectivos reclamados.

TERCERO: Que se impongan las sanciones a que haya lugar en contra de la Granja
Avícola Santa Lucía, incluso, si es del caso la suspensión y cierre de la misma si no
acatan las medidas necesarias que impidan el goce de un medio ambiente sano y
de los derechos relacionados en la demanda […]”5.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. En la vía entre el Municipio de Chinchiná y el sector La Manuela, en la Vereda
El Rosario del Municipio de Manizales, se encuentra ubicado el Condominio Altos

5 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
6ED_DEMANDA5EXPEDIENTEDI(.pdf) NroActua 2. Páginas 10-11.

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del Campestre donde varias familias tienen su casa de descanso o su residencia.
Al costado del mismo se encuentra ubicada la Granja Avícola Santa Lucía.

3.2. Adujo que en dicha Granja se realizan actividades como reproducción de
aves y producción de gallinaza, producto de las cuales se presentan fuertes olores
que se desplazan hasta el Condominio y demás predios vecinos. Tal situación ha
generado presencia de moscas perturbando a las personas que allí residen.

3.3. Agregó que la administradora del Condominio radicó, en junio de 2021,
peticiones en las cuales expuso la situación ante la Corporación Autónoma Regional
de Caldas y el Instituto Colombiano Agropecuario.

3.4. Indicó que la autoridad ambiental dio respuesta señalando que realizó una
visita el 7 de julio de 2021 en la cual observó que la actividad avícola es desarrollada
a gran escala; por lo tanto, el proceso es susceptible de generar olores ofensivos, a
pesar que en ese momento no había aves en los galpones. Asimismo, afirmó que
desde la Corporación Autónoma Regional de Caldas se realizarían
recomendaciones dirigidas a la administración de la Granja Avícola con el fin de
mejorar ambientalmente las actividades desarrolladas en la misma.

3.5. Con relación a la solicitud del accionante, el Instituto Colombiano
Agropecuario remitió a la Corporación Autónoma Regional de Caldas manifestando
que no era competente debido a que no determinó ningún incumplimiento al
comportamiento sanitario y productivo de las aves.

3.6. Ante la remisión mencionada, la autoridad ambiental realizó una visita el 10
de septiembre de 2021 e indicó que en los 12 galpones se encontraban
aproximadamente 100.000 aves, si bien contaban con ventilación, en la caseta de
compost de mortalidad y en el área de almacenamiento de la gallinaza sanitizada
se percibieron olores fuertes asociados a la descomposición de la materia orgánica
generada en la actividad desarrollada en la granja. Se concluyó que el factor
generador de los olores es el aumento de temperatura dentro de los galpones, así
como la reutilización de la gallinaza; por lo tanto, le solicitaron a la Granja que
tomara una serie de recomendaciones.

3.7. En respuesta a la petición enviada como requisito de procedibilidad al
Instituto Colombiano Agropecuario, se informó al accionante que son la entidad
responsable de la inspección, vigilancia y control de la sanidad agropecuaria,
además del cumplimiento de la normativa relacionada, así como el comportamiento

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sanitario y productivo de las aves. El 24 de enero de 2022 la entidad realizó visita a
la Granja y evidenció algunas falencias en los procesos; sin embargo, no se
percibieron olores diferentes a los propios del proceso productivo.

3.8. En respuesta a la petición enviada como requisito de procedibilidad a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, la entidad informó al accionante que,
en la visita de seguimiento de 10 de septiembre de 2021 evidenció los 12 galpones
con aves en proceso de producción y que los olores ofensivos provenían de la
bodega de almacenamiento de gallinaza sanitizada y de la caseta de compost de
mortalidad. Asimismo, resaltó que dichas actividades avícolas son llevadas a cabo
en zona rural del Municipio de Manizales, la cual no tiene restricciones en cuanto a
usos del suelo y es susceptible de generar olores inherentes a dicha actividad
productiva.

3.9. En respuesta a la petición enviada como requisito de procedibilidad a Santa
Lucía S.A.S., el establecimiento comunicó al accionante que los intereses de la
comunidad que reside en el sector aledaño han sido garantizados.

3.10. Manifestó que las corporaciones autónomas regionales y el Instituto
Colombiano Agropecuario son entidades con competencias relacionadas,
respectivamente, con el medio ambiente y con la actividad de las granjas avícolas.

Contestaciones de la demanda

4. La Corporación Autónoma Regional de Caldas6 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos7:

4.1. Señaló que en múltiples oficios expedidos por el Instituto Colombiano
Agropecuario y la Corporación Autónoma Regional de Caldas se evidenció la
existencia de olores ofensivos provenientes de la avícola.

4.2. Indicó que se han implementado acciones por parte de la Granja Avícola
Santa Lucía con el fin de mitigar los olores inherentes a la actividad productiva y, en
todo caso, este tipo de actividades avícolas se están llevando a cabo en zona rural
del Municipio de Manizales, la cual no se posee restricciones para su desarrollo en
cuanto a usos del suelo.

6 Por intermedio de apoderado.
7 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo
denominado: 9ED_06ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 1-46.

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4.3. Advirtió que ha dado cabal cumplimiento a los postulados legales y
reglamentarios que rigen su actividad sin que se le pudiere atribuir una conducta
negligente u omisiva.

4.4. Afirmó que la entidad ha dado respuesta a todas las solicitudes del
Condominio Altos del Campestre PH y se ha realizado el seguimiento pertinente con
visitas. Asimismo, ha requerido a los representantes de la Granja Avícola para tomar
medidas con base en lo evidenciado en las visitas.

4.5. Solicitó vincular al Municipio de Manizales y adujo que a los municipios les
corresponde reglamentar el uso de cada territorio y garantizar el cumplimiento de
dichas directrices. De conformidad con el artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre
de 19938, los municipios tienen competencias, de forma concurrente con las
corporaciones autónomas regionales, en materia ambiental como, entre otras: i)
ejercer funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables; ii) coordinar y dirigir las actividades de control y vigilancia ambiental que
se realicen en el territorio del municipio; y iii) dictar las normas de ordenamiento
territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo.

4.6. Presentó las excepciones denominadas “[…] falta de legitimación en la causa
por pasiva de Corpocaldas para la protección de los derechos colectivos cuya
salvaguarda se invoca” y “ausencia de transgresión de los derechos colectivos y
cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley a la
Corporación Autónoma y Regional de Caldas - Corpocaldas-, en atención a su órbita
de competencia […]”.

5. El Municipio de Manizales9 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos10:

5.1. Manifestó que no es posible atribuirle responsabilidad en la presunta
vulneración de los derechos e intereses colectivos teniendo en cuenta que, en esta
materia, sus competencias radican en expedir conceptos para los establecimientos
comerciales verificando si su actividad puede o no realizarse en determinado sitio
con fundamento en lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial sin

8 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 15ED_12ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 2-18.

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responsabilidad alguna con la forma en la que se realice dicha actividad o el impacto
que pueda generar.

5.2. Indicó que el control de la actividad agroindustrial está a cargo de la Policía
nacional como primer respondiente sobre afectación a la convivencia sin distinguir
cuál sea la causa.

5.3. Añadió que no tenía conocimiento de la presunta perturbación a la salubridad
hasta la vinculación al proceso. Además, señaló que debía analizarse si con este
proceso se estaba buscando la protección de un interés particular.

5.4. Advirtió que el Concepto Técnico SPM 3226-22 de 13 de septiembre de 2022,
expedido por la Secretaría de Planeación del Municipio de Manizales, se señaló que
el establecimiento Granja Avícola Santa Lucía no cuenta con aprobación alguna de
“Concepto de Usos del Suelo” para dicha razón social. Asimismo, indicó que “[…]
las actividades económicas señaladas en el escrito corresponden Actividades
Agroindustriales en el predio identificado con Ficha Catastral
170010002000000180153000000000 y M.I 100-142453, las cuales conforme al
‘Plan Parcial en Suelo de Expansión Urbana del Sector El Rosario’ aprobado
mediante el decreto municipal 0469 del 5 de julio de 2017; conforme al Acuerdo No.
508 de 2001 Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales,
modificado y adicionado por el Acuerdo N° 573 de 2003, y por el Acuerdo N° 663
de 2007, lo anterior ratificado por el POT vigente desde el 02 de agosto de 2017 en
el Municipio de Manizales ACUERDO 0958 DE 2017 – ‘Por el cual se adopta la
Revisión Ordinaria de Contenidos de Largo Plazo del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Manizales’; no estarían permitidas” […]”.

5.5. Propuso como excepciones las denominadas “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, “improcedencia de la acción”, “moralidad administrativa”,
“inexistencia de los presupuestos legales para incoar la acción” y “carencia de
prueba que constituya presunta vulneración de derechos colectivos”.

6. El Instituto Colombiano Agropecuario11 contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos12:

6.1. Manifestó que es una entidad que tiene como misión proteger la sanidad
agropecuaria del país, además, es responsable de prevenir el inicio y la propagación

11 Por intermedio de apoderado.
12 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 11ED_08ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 2-12.

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de plagas o enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional. Agregó que
enfoca sus esfuerzos en la ejecución de actividades de inspección, vigilancia y
control frente a la producción de especies animales de importancia económica
siguiendo las recomendaciones de la organización mundial de sanidad animal
(OIE).

6.2. Advirtió que, en lo relacionado con las granjas avícolas, está encargada de
verificar el cumplimiento de la normativa vigente establecida en las Resoluciones
090464 de 20 de enero de 202113, 003650 de 13 de noviembre de 201414, 003651
de 13 de noviembre de 201415 y 003652 de 13 de noviembre de 201416. Al igual que
tiene competencias de vigilar el comportamiento sanitario y productivo de las aves.

6.3. Señaló que carece de competencia para evaluar, controlar o efectuar
seguimiento ambiental, así como de imponer y ejecutar sanciones en dicha materia.
En ese sentido indicó que los competentes para vigilar e imponer sanciones, a la
sociedad Santa Lucía S.A.S., en materia ambiental, relacionada con olores
ofensivos son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación
Autónoma Regional.

6.4. Presentó la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por
pasiva”.

7. Santa Lucía S.A.S.17 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas con fundamento en los siguientes argumentos18:

7.1. Manifestó que en la granja no se realiza la actividad de reproducción de aves
ni se utiliza gallinaza en los procesos relacionados con aves, confundiendo el
producto con un subproducto de la empresa, se trata de una actividad agrícola legal
que genera olores propios de la actividad, la cual no genera presencia de moscas.

7.2. Indicó que las recomendaciones realizadas por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas han sido acatadas de forma integral, resaltando que los olores
presentados durante las visitas de la autoridad ambiental únicamente ocurrieron en
un sector de la granja y no en el Condominio. Además, afirmó que el ejercicio de

13 “Por medio de la cual se establece el Registro Sanitario de Predio Pecuario - RSPP”.
14 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro como productor de material genético aviar

y expedición de licencias de venta de material genético aviar”.
15 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras de

postura y/o levante y se dictan otras disposiciones”.
16 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación de granjas avícolas bioseguras de

engorde y se dictan otras disposiciones”.
17 Por intermedio de apoderado.
18 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 10ED_07ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 7-15.

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este tipo de actividades productivas implica la generación de diversa clase de
pasivos ambientales que implican una correcta gestión, para efectos de su
mitigación, siendo esto precisamente lo que realiza de manera diligente la avícola.

7.3. Señaló que las afirmaciones de vulneración de derechos e intereses
colectivos, incluyendo una supuesta afectación a la seguridad y salubridad públicas
o de una degradación ambiental, carecen de prueba.

7.4. Advirtió que toda actividad humana implica algún grado de afectación
ambiental, por lo que pretender la suspensión o cierre resulta una medida
desproporcionada en este caso donde se desarrolla la actividad de manera
responsable.

Audiencia de pacto de cumplimiento

8. El Tribunal Administrativo de Caldas celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento los días 15 de noviembre de 202219 y 6 de febrero de 202320, sin que
existiera acuerdo, por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.

Sentencia proferida, en primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 4 de marzo de
2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción popular formulada por el
Condominio Altos del Campestre PH, contra Corpocaldas, el Ica y la Granja Avícola
Santa Lucía.

SEGUNDO: No condenar en costas.

TERCERO: REMITIR copia de la presente decisión a la Defensoría del Pueblo (art.
80 Ley 472 de 1998).

CUARTO: Ejecutoriado el veredicto, archívese el expediente, previas las anotaciones
respectivas […]”21.

Consideraciones del Tribunal

10. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:

19 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 21ED_18ACTAAUDIENCIAPACTO(.pdf) NroActua 41.
20 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 31ED_28ACTAAUDIENCIAPUBLI(.pdf) NroActua 41.
21 Cfr. índice 43 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 44_ED_CUADERNO5P(.PDF)

NroActua 43. Páginas 56-57.

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“[…] ¿Se presentó la vulneración de los derechos colectivos demandados, por la
posible contaminación con olores ofensivos que produciría la Granja Avícola Santa
Lucía? […]”22.

11. El Tribunal adujo que se encontró probado que el Condominio Altos del
Campestre PH y la Granja Avícola son colindantes, ambos forman parte del Plan
Parcial de Desarrollo El Rosario.

12. Agregó que los informes técnicos de la Corporación Autónoma Regional,
allegados al proceso para demostrar la existencia y afectación por olores ofensivos,
no fueron recaudados de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, los cuales fueron establecidos mediante las Resoluciones
1541 de 12 de noviembre de 201323 y 627 de 9 de mayo de 201424, por las cuales
se establecieron, entre otros, los niveles permitidos de calidad del aire y el
procedimiento para la evaluación de actividades generadoras de olores ofensivos
por la medición directa de las sustancias con análisis de laboratorio.

13. En ese sentido, agregó que la Resolución 2087 de 16 de diciembre de 201425
permite valorar los olores ofensivos por su percepción a través de encuestas
contestadas por habitantes de la zona, mencionando casos ejemplo en los cuales
ya se ha adoptado la norma con formatos de cuestionarios sencillos.

14. Adicional a lo anterior, el Tribunal señaló que el Instituto Colombiano
Agropecuario solo tiene funciones de sanidad respecto a los animales. Asimismo,
que el Municipio tuvo conocimiento de la queja por olores ofensivos solo hasta la
vinculación en la presente acción popular, de lo cual se originó un trámite policivo.

15. Aseveró que no se demostró la amenaza o vulneración a los derechos e
intereses colectivos por contaminación con olores ofensivos debido a que los
informes y visitas técnicas que realizó la Corporación Autónoma Regional de Caldas
no cumplieron con los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente; por lo
tanto, solo tuvieron validez como indicios que no confluyeron con otras pruebas para
tener por demostrada la contaminación.

16. El Tribunal precisó que las controversias provenientes del Plan Parcial El
Rosario no se resolverán en la presente acción popular debido a que escapan del
conocimiento de este medio de control; además, no fue motivo de discusión en este

22 Cfr. índice 36 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
1SENTENCIA1AI_POP202295ALTOSCAMPES(.pdf) NroActua 36. Página 5.
23 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para

la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones […]”.
24 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1541 de 2013 […]”.
25 “[…] Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]”.

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proceso la forma como se realizó la distribución de cargas y beneficios entre los
propietarios que allí figuran, teniendo en cuenta que para esta acción no se
vincularon todos los propietarios o los promotores del Plan Parcial.

17. En conclusión, negó las pretensiones debido a que no se demostró la
contaminación por olores ofensivos, ni la afectación a la salud de las personas, e
incluso el Instituto Colombiano Agropecuario certificó que la Granja Avícola Santa
Lucía cumple con los requisitos de sanidad en la producción.

Recursos de apelación

18. El Condominio Altos del Campestre PH26 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:

18.1. Señaló que en el testimonio de Adriana Mercedes Martínez se declaró que la
avícola presenta olores en ciertos ciclos y que hubo cambios en el uso del suelo,
incompatibles con lo permitido. Asimismo, que en el testimonio de Mauricio Velasco
García se manifestó que: i) no hay medición del impacto ambiental porque las
sustancias utilizadas no están definidas en la ley; y ii) los olores que se generan son
inherentes a la actividad y, dada la proximidad del Condominio, en cualquier
momento se pueden percibir olores por más buenas prácticas de producción que se
realicen.

18.2. Advirtió que en el Oficio 2023-II-00006972 del 10 de marzo de 2023, expedido
por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, se indicó que el engorde de las
aves tiene un ciclo de 36 a 38 días y que a pesar que la Granja Avícola tiene un
buen manejo, el propietario debe realizar actividades tendientes a disminuir los
olores y, con ello, las molestias ocasionadas a los vecinos.

18.3. Posterior a hacer un recuento probatorio, adujo que las actividades de la
Granja Avícola Santa Lucía sí están generando vulneración al medio ambiente,
comprobado mediante el informe presentado por la misma empresa en el que indicó:
“[…] [e]s importante tener claridad que los olores producidos en los procesos
avícolas son inherentes a la actividad que los produce, aún así, se han adoptado
medidas para reducir su emisión y mitigación con la finalidad de disminuir las
posibles molestias generadas en el área de influencia de la granja, teniendo claro

26 Cfr. índice 43 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 58_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 43.

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para unos y otros (generador-receptor) que este nunca desaparecerá en un 100%
[…]”.

18.4. Manifestó que en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas se aduce a que no se cumplió con la carga probatoria por no cumplir con los
estándares establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en
los informes técnicos; sin embargo, se debieron decretar pruebas de oficio “[…]
solicitando experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al
[t]ema material del debate […]” debido a que el juez popular tiene la responsabilidad
de obtener los elementos de prueba necesarios y suficientes para proferir la
sentencia e “[…] impulsar de manera oficiosa esta clase de procesos […]” para que
cese la lesión o amenaza contra un derecho e interés colectivo.

19. La Procuradora Quinta Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios
de Manizales27 interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes
argumentos:

19.1. Adujo que los olores ofensivos generados por las actividades de la Granja
Avícola Santa Lucía fueron percibidos por funcionarios y contratistas, tanto de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas como del Municipio de Manizales, al
punto que la primera entidad formuló requerimientos a la Avícola y la segunda inició
un proceso policivo.

19.2. Advirtió que, si bien, para el momento de las visitas realizadas por la
mencionada Corporación la Granja Avícola Santa Lucía no se encontraba
incurriendo en infracción ambiental o afectación a los recursos naturales, lo cierto
es que la comunidad en varias oportunidades ha solicitado que las autoridades
competentes actúen frente a los olores ofensivos que perciben y que aducen que
provienen de esta empresa.

19.3. Indicó que lo reclamado por el Tribunal es que la Corporación Autónoma
Regional no adelantó el trámite de recepción de quejas de olores ofensivos
conforme a la Resolución 1541 de 2013, aplicable a la Granja Avícola por las
actividades específicas determinadas en los artículos 5 y 6. Resalta que lo faltante
en el procedimiento fue la expedición de acto administrativo mediante el cual la
autoridad ambiental se pronunciara sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad

27 Cfr. índice 45 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: Memorial__60RECURSO(.pdf) NroActua 45.

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la presentación de un Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos -
PRIO.

19.4. Indicó que no era necesario presentar una prueba técnica para determinar
la existencia de olores en un proceso para proteger los derechos e intereses
colectivos debido a que la misma se requiere frente a actividades sometidas a
permisos de emisiones para establecer si el solicitante cumple los niveles de calidad
del aire o de inmisión por mezclas de sustancias de olores ofensivos, que, en todo
caso, está a cargo del generador y no de la comunidad afectada.

19.5. Trajo a colación la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado28 en la cual se dispuso que “[…] la herramienta jurídica queja por olor
ofensivo, no puede suponer la imposición de la carga a los ciudadanos de constituir
la prueba técnica de contaminación, sea mediante el criterio estadístico o en la
modalidad de desconocimiento de los niveles permisibles de calidad del aire. Por
ello, es fundamental que las autoridades ambientales, ante las informaciones
relativas a olores ofensivos, defina[n] con prontitud y de conformidad con el
ordenamiento, si los mismos se encuentran o no dentro de los límites permisibles
[…]”.

19.6. Resaltó que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre
de 199329 dispone como función de la autoridad ambiental “[…] [e]jercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire […]”. Y que la
Corporación Autónoma Regional de Caldas no ha realizado el control y la vigilancia
adecuados a quienes realizan actividades que generan olores ofensivos, a la luz de
la Resolución 1541 de 2013, sin olvidar que es una obligación del titular de la
actividad presentar el Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos -
PRIO.

19.7. Manifestó que la autoridad ambiental debió i) verificar el cumplimiento y
efectividad de los requerimientos que realizó producto de las visitas a la Granja

28 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre de

2020 proferida en el proceso NUR 660012333000201800079-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
29 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.

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Avícola Santa Lucía; e ii) imponer medidas preventivas o dar inicio al procedimiento
sancionatorio ambiental.

19.8. Adicionó que el Municipio de Manizales aportó concepto técnico mediante
el cual señaló que las actividades de la Granja Avícola no estaban permitidas en la
zona, de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes; por lo cual debió adelantar
actuación policiva, sobre todo porque tiene funciones de prevención y control de la
contaminación del aire.

19.9. Instó para que se aplique el principio de prevención de las acciones
populares debido a que, aunque no se ha establecido con certeza la afectación, se
debe tener en cuenta que obran pruebas en las que se evidencia que la Granja
Avícola Santa Lucía produce olores y que no ha habido un manejo ambiental
totalmente apropiado por parte de la Granja Avícola ni de sus residuos ni de las
emisiones, al punto que la autoridad ambiental formuló varios requerimientos y el
Municipio inició proceso policivo.

Actuaciones en segunda instancia

20. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
auto de 5 de abril de 202430 mediante el cual se concedieron, en efecto suspensivo,
los recursos de apelación interpuestos por el Condominio Altos del Campestre PH
y la Procuradora Quinta Judicial II para asuntos Ambientales y Agrarios de
Manizales contra la sentencia proferida, en primera instancia.

21. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 28 de junio
de 202431 mediante el cual admitió los recursos de apelación interpuesto por el
Condominio Altos del Campestre PH y la Procuradora Quinta Judicial II para asuntos
Ambientales y Agrarios de Manizales contra la sentencia de 4 de marzo de 2024
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Caldas.

22. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes32
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201133.

30 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
3ED_63AUTOCONCEDEREFINAL(.pdf) NroActua 2.
31 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 9Auto que
admite_AP20229501Condominio(.pdf) NroActua 4.
32 Escrito de 24 de julio de 2024.
33 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano; vii) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial sobre las emisiones atmosféricas y de los olores
ofensivos; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, de los departamentos,
distritos y municipios en materia ambiental; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

24. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201934, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15035 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.

25. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

26. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Condominio Altos del Campestre PH y la Procuradora
Quinta Judicial II para asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales en los recursos
de apelación interpuestos contra la sentencia de 4 de marzo de 2024 proferida por

34 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

35 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.

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el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con los artículos 32036 y 32837
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201238, norma aplicable al presente caso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 24 de julio de 202439, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.° del
artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).

28. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 3 por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, tercero interesado en el proceso
de la referencia […]”.

29. Vistos: i) los artículos 130, numerales 3.° y 4.º; y 13140, numeral 3.°, de la Ley
1437, sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.

36 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
37 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
38 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
39 Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
40 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.

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30. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil41, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.

“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”.

31. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

32. La Corte Constitucional42 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

33. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:

34. Se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría
General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero de
Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0043, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de

41 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
42 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
43 Consejera Ponente, doctora Marta Nubia Velásquez Rico.

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la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).

36. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en una entidad que figura como tercero
interesado, en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva
material y funcional, corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este
caso, se configura la causal de impedimento invocada.

37. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numerales 3.° del artículo 130 de la Ley 1437,
conforme se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al
Consejero de Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.

Problemas jurídicos

38. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:

38.1. Si se encuentra probada o no la vulneración o amenaza del derecho e interés
colectivo al goce de un ambiente sano, en relación con la presunta generación de
olores ofensivos derivados de la actividad productiva de la Granja Avícola Santa
Lucía ubicada en el sector El Rosario en el Municipio de Manizales.

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38.2. Si era necesario o no que la Corporación Autónoma Regional de Caldas de
cabal cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución núm. 1541 de
2013 con miras a expedir el acto administrativo posterior a las visitas a la Granja
Avícola, con el objeto de encontrar una solución a la problemática expuesta, relativa
a la generación de olores ofensivos.

39. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 4 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

40. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

41. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

42. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

43. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

44. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,

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además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”44.

45. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

46. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

47. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).

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favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

48. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia45, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

49. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]46”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce a un ambiente sano

50. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de

45 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
46 Ibidem.

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estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

51. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

52. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197347 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197448, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.

53. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

47 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código

de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
48 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.

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54. A su vez, la Corte Constitucional49 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las emisiones atmosféricas y
de los olores ofensivos

55. Vistos: i) el artículo 2.º de la Constitución Política, sobre los fines esenciales
del Estado, especialmente el relativo a servir a la comunidad y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución 50; ii)
los artículos 8.º y 73 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974 51, sobre la
contaminación del aire como factor que deteriora el medio ambiente y, sobre la
obligación de mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o
daños, o interfieran en el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y
de los recursos naturales renovables; y iii) el artículo 5.º de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 1993, sobre las funciones del Ministerio del Medio Ambiente,
especialmente los numerales 11 y 25, sobre la función de dictar regulaciones de
carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones atmosféricas,
en todo el territorio nacional, y establecer los límites máximos permisibles de
emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, respectivamente.

49 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
50 El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del Estado, entre otros,

“[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución […]”. Igualmente, se estableció que “[…] [l]as autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.

De la misma forma, la Constitución resalta que “[…] [e]l ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
esta Constitución implica responsabilidades […], [por consiguiente] [t]oda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes […], [r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios […] [y] [p]roteger los
recursos […] naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano […].
51 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.

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56. Vistos los siguientes artículos del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 52: i)
el artículo 2.2.5.1.1.1, sobre el objeto del Reglamento de Protección y Control de la
Calidad del Aire, especialmente, en lo relacionado con la fijación de normas básicas
sobre la emisión de olores ofensivos; ii) el artículo 2.2.5.1.1.2. que define la
sustancia de olor ofensivo como “[…] aquella que por sus propiedades
organolépticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores
desagradables […]”; iii) el artículo 2.2.5.1.3.4. que prohíbe el funcionamiento de
establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales y asigna,
entre otros, a las Autoridades Ambientales competentes y, en especial, a los
Municipios determinar las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y
restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores
ofensivos; y iv) el artículo 2.2.5.1.7.2., especialmente el literal m y el parágrafo 1.º,
sobre el requisito de permiso de emisión atmosférica para las actividades
generadoras de olores ofensivos y la competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para establecer los factores a partir de los cuales se requiere
el precitado permiso, teniendo en consideración, entre otros criterios, el riesgo para
la salud humana y el riesgo ambiental inherente.

57. Vistas las Resoluciones núms: i) 909 de 5 de junio de 200853; sobre
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas;
ii) 1541 de 12 de noviembre de 201354, sobre las reglas para la recepción de quejas,
los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión y la evaluación de las
emisiones de olores ofensivos; iii) 2087 de 16 de diciembre de 201455, sobre el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos; y iv) 2254 de
1.º de noviembre de 201756, que establece la norma de calidad del aire o nivel de
inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio
nacional, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

58. La Resolución 1541 de 201357 define el olor ofensivo como aquel “generado
por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce

52 “[…] Por medio del cual se expide el decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

[…]”.
53 “[…] Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la

atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones […]”.
54 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para

la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones […]”.
55 “[…] Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]”.
56 “[…] Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
57 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento

para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos […]”.

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fastidio, aunque no cause daño a la salud humana”. La misma norma detalla las
etapas del procedimiento administrativo de evaluación de tales olores, así:

“[…] Artículo 4. Recepción de quejas. Para la recepción de quejas por olores
ofensivos, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Una vez radicada la queja, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días hábiles para la evaluación de la misma y dentro del mismo término podrá
practicar una visita a la actividad.

2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el cual se
pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de un plan
para la reducción del impacto por olores ofensivos (PRIO).

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el titular
de la actividad deberá presentar un plan para la reducción del impacto por olores
ofensivos, (PRIO), de conformidad con lo establecido en el capítulo V de la presente
resolución.

Parágrafo 1. Para la evaluación de la queja, la autoridad ambiental competente
seguirá el procedimiento establecido en el protocolo para el monitoreo, control y
vigilancia de olores ofensivos […]”.

59. El protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos,
aprobado mediante Resolución 2087 de 2014, en su capítulo introductorio, explica
que la Resolución 1541 de 2013 debe aplicarse siguiendo esta secuencia:

“[…] 1) presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;

2) evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;

3) requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;

4) implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y

5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos […]”.

60. En materia de contaminación ambiental por olores ofensivos, la Sección
Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de junio de 2019 58, reiterada
entre otras59, en la sentencia de 25 de agosto de 202360, ha venido aplicando

58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de

2019, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 68012333000201500962-01.
59 Entre otras, en las sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, 14 de septiembre de 2020, proferida en

el expediente con número único de radicación 66001-23-33-000-2018-00079-01(AP) y sentencia de 13 de
diciembre de 2023, proferida en el expediente con número único de radicación 68001233300020170144901,
ambos, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de

2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 660012333000201900551-01.

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criterios hermenéuticos al momento de aplicar las Resoluciones números 1541 de
2013 y 2087 de 2014, en los términos que se trascriben a continuación.

“[…] [L]a Resolución 1541 de 2013, ‘por la cual se establecen los niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento para la evaluación de actividades
que generan olores ofensivos’, al igual que otras regulaciones indicadas en la sección
X.7., define olor ofensivo como “el olor generado por sustancias o actividades
industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño
a la salud humana”.

Resulta evidente que una interpretación literal y aislada de lo que la ley define como
un olor ofensivo, no necesariamente conduce a verificar la vulneración de un derecho
colectivo. Por el contrario, la idea de concederle prioridad, sin más, a las sensaciones
de ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ generadas en un grupo de personas con
ocasión del ejercicio de un derecho ajeno, sí entraña el peligro de adoptar medidas
desproporcionadas en relación con la garantía de otros bienes jurídicos que también
son importantes para el ordenamiento jurídico.

Así pues, a efectos de que el operador jurídico pueda constatar la perturbación de
derechos colectivos por cuenta la emisión de sustancias constitutivas de olores
ofensivos, la ley propuso dos normas o estándares de evaluación y emisión61 de ese
tipo de olores. El primero de ellos consiste en la fijación de umbrales de tolerancia62
establecidos mediante pruebas estadísticas. Y el segundo refiere a los niveles
permisibles de calidad del aire. Valga precisar que este segundo criterio presta utilidad
como parámetro de evaluación, tanto para los niveles de inmisión63 de sustancias y
mezclas de sustancias de olores ofensivos64, como para las modelaciones de las
mediciones directas de emisiones65.

En conclusión, olor ofensivo no es solamente aquel que produce fastidio, sino el que,
además, violenta las normas o estándares de evaluación y emisión correspondientes.
En este evento las autoridades y los particulares están avocados a adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar el recurso aire. Empero, la Sala aclara que
esta tesis no es obstáculo para que tanto autoridades como particulares desplieguen
las acciones adecuadas en caso de que se demuestre que los olores ofensivos
representan una amenaza cierta contra la salud o la vida humana, animal o vegetal,
los recursos naturales renovables, el patrimonio natural o la diversidad biológica.

La tesis anteriormente expuesta tampoco significa que se le esté dando prioridad al
desarrollo por sobre la protección y conservación de la biodiversidad. Como se
advirtió en el capítulo X.5., debe haber un equilibrio entre desarrollo y conservación,
por ello la ley ha fijado unas normas o estándares, a partir de los cuales se puede
determinar cuándo un olor ofensivo se torna insostenible por el uso irracional del
recurso natural renovable – aire.

En efecto, una interpretación sistemática de la regulación de contaminación
atmosférica por olores ofensivos conlleva a concluir que los olores ofensivos no se
acreditan con meras manifestaciones de ‘fastidio’ realizadas por un colectivo de
personas, toda vez que, en aras del respeto por el ejercicio de los derechos ajenos –

61 “Emisión. Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna

combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil”.
62 “Umbral de tolerancia. Para efectos de la presente resolución, el umbral de tolerancia es el nivel permisible

de calidad del aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos”.
63 “Inmisión. Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por inmisión a la

acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera.
Límite de inmisión. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, corresponde al valor de inmisión que
se deberá alcanzar en las zonas residenciales del área de afectación como consecuencia de la emisión
generada por la actividad generadora de olores ofensivos”.
64 “Sustancia de olor ofensivo. Es aquella que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de

exposición puede causar olores desagradables”.
65 Decreto 948 de 1995, artículos 5.º y 16.

Resolución 1541 de 2013, artículos 1.º, 7.º y 16.

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en este caso, el de libertad de empresa- dicho concepto: olor ofensivo – fastidio,
requiere ser demostrado mediante alguno de los estándares de carácter objetivo
establecidos por la ley.

XI.3.2. La Resolución 2087 de 2014, por la cual se ‘adopta a nivel nacional el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]’, en su
capítulo introductorio, indica que:

‘La aplicación de la Resolución 1541 de 2013 se realizará con base en la siguiente
secuencia:
1) presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;
2) evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;
3) requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;
4) implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y
5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos.
[…]”. [Subraya la Sala].

La Sala destaca que la aplicación excesivamente rigurosa de este instrumento
normativo puede conllevar a que el derecho sustancial sea puesto en
detrimento, so pretexto de la observancia de las reglas de carácter adjetivo. Sin
duda, este proceder ha sido proscrito por el ordenamiento jurídico
colombiano66. Con base en esta premisa, se proponen los siguientes criterios
hermenéuticos para tener en cuenta a la hora de aplicar las resoluciones 1541
de 2013 y 2087 de 2014.

En primer lugar, es de anotar que las quejas por olores ofensivos no constituyen un
parámetro objetivo de evaluación y emisión de ese tipo de olores, toda vez que las
mismas corresponderían a la pura percepción sensorial puesta de manifiesto por
cualquier ciudadano.

Como pudo observarse en el acápite X.7., la queja por olores ofensivos está diseñada
para que la autoridad ambiental la analice y, si hay lugar, disponga de sus poderes
jurídicos en aras de verificar, técnicamente: los umbrales de tolerancia frente a olores
ofensivos mediante el criterio estadístico; y/o los niveles permisibles de calidad del
aire, mediante las evaluaciones de inmisión y/o de emisión de sustancias constitutivas
de olores ofensivos. Todo esto, se reitera, con el fin último de garantizar el debido
ejercicio de los derechos de la colectividad.

En la búsqueda del amparo de sus derechos, es muy probable que la colectividad se
encuentre en una posición de desventaja en atención a las eventuales dificultades
que le significaría valerse de los elementos técnicos requeridos por la ley para efectos
de demostrar que su ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ se traduce, objetivamente,
en el desconocimiento de alguna de las normas o estándares de olores ofensivos.

De allí que la Sala destaque que la herramienta jurídica queja por olor ofensivo, no
puede suponer la imposición de la carga a los ciudadanos de constituir la prueba
técnica de contaminación, sea mediante el criterio estadístico o en la modalidad de
desconocimiento de los niveles permisibles de calidad del aire. Por ello, es
fundamental que las autoridades ambientales, ante las informaciones relativas a
olores ofensivos, defina con prontitud y de conformidad con el ordenamiento, si los
mismos se encuentran o no dentro de los límites permisibles.

66 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 228.

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En conclusión, la queja se constituye como el llamado de atención pronunciado por
los ciudadanos con el fin de que la autoridad ambiental determine si las normas o
estándares de evaluación y emisión de olores ofensivos están siendo o no
desconocidos y, en consecuencia, precise si los derechos colectivos están siendo o
no vulnerados.

El estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la magnitud de los olores
ofensivos percibidos por la comunidad, propiciado por la autoridad ambiental so
pretexto del cumplimiento litúrgico de la Resolución 2087 de 2014, sin duda lleva
implícito la posibilidad de perturbación de, entre otros, el derecho a gozar de un
ambiente sano. En ese caso, la acción popular se torna procedente en su modalidad
de daño contingente, es decir que, ante aquella afectación respecto de la cual no se
tiene certeza de su acaecimiento pasado o futuro, en relación con un hecho
potencialmente perjudicial, es deber del juez de la acción popular adoptar las medidas
adecuadas para eliminar el riesgo al que estarían sometidos los derechos colectivos
(finalidad preventiva -apartado X.2.-)67.

En segundo lugar, la encuesta estandarizada no puede ser considerada como un
presupuesto para convalidar las quejas por olores ofensivos, toda vez que, como se
ha venido sosteniendo, el mismo Decreto 948 de 1995 dispuso que dicho instituto es
un criterio objetivo para constatar el desconocimiento de las normas o estándares de
evaluación y emisión de olores ofensivos.

[…] Finalmente, debe destacarse que la aplicación de las medidas contempladas en
la Resolución 1541 de 2013 o cualquiera otra, tampoco puede estar condicionada al
nivel de abstracción referido en la Resolución 2087 de 2014. Es deber de la autoridad
ambiental analizar el caso concreto de contaminación atmosférica por olores
ofensivos, y de acuerdo a los niveles de afectación que arroje la encuesta o la
evaluación, adoptar todas las medidas (ordenación del PRIO o su modificación,
evaluación de niveles permisibles de calidad del aire u otras), en simultánea o en el
orden y los tiempos que se considere más adecuado, para efectos de conjurar la
situación de perturbación de derechos por olores ofensivos […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales, los departamentos, distritos y
municipios en materia ambiental

61. La Constitución de 1991 atribuyó al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un
régimen de autonomía, las cuales se conciben como organismos administrativos
que forman parte de la estructura estatal “dentro de un régimen de autonomía”, con
identidad propia, autonomía e independencia.

62. Así, la Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental SINA, como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que

67 Ley 472 de 1998, artículos 2.°, 9.° y 14.

La acción popular es el instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la acción popular le
asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas dirigidas a evitar el daño contingente
(finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se
presente contra los mismos (finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya
consumado el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en tanto sea
posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado anterior (finalidad restitutiva).

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permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales68. El
parágrafo del artículo 4.° de la Ley 99 establece que la jerarquía en el Sistema
Nacional Ambiental es el siguiente: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones
Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o municipios.

63. Por un lado, el artículo 23 de esta ley define las Corporaciones Autónomas
Regionales como "[…] entes corporativos de carácter público, creados por la
ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica […]” con autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, “[…] encargadas de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]”.

64. Y, por el otro, el artículo 30 de la misma norma en cita, establece lo
concerniente a su objeto, al respecto, determina que éste se circunscribe a la “[…]
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio del Medio Ambiente […]”.

65. Ahora, en lo que atañe a sus funciones, el artículo 31 de la Ley 99 establece,
entre otras, que a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde “[…]
[e]jercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”, así como:

“[…] 4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus
programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales;
[…]

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio

68 Artículo 4.° de la Ley 99.

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ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas
para la caza y pesca deportiva;
[…]

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables […]” (Destacado fuera de texto).

66. El parágrafo 4.° del artículo 31 prevé que las Corporaciones Autónomas
Regionales deben realizar sus tareas “[…] en estrecha coordinación con las
entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado
responsabilidades de su competencia […]”. (Destacado fuera del texto original)

67. El artículo 66 de la Ley 99 determina que los municipios, distritos o áreas
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de
habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al
medio ambiente urbano. A su vez les asignó la responsabilidad de “[…] efectuar el
control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos
y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de
daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación […]”.

68. En cuanto a los departamentos, el artículo 64 de la Ley 99, define las
funciones que les compete en materia ambiental, entre las cuales se encuentran:

“[…] 3) Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y
proyectos en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables;

4) Ejercer en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar
por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia
ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano;
[…]

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7) Coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen
en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables […]”.

69. Por último, los municipios y distritos de conformidad con el artículo 65 de la
Ley 99 tienen las siguientes funciones en materia ambiental:

“[…] 5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la
elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas,
proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables;
[…]

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la
Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de
control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin
de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia
ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano;

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el
territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las
aguas, el aire o el suelo […]”.

Análisis del caso concreto

70. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

71. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda,
luego de considerar que no se probó de forma suficiente la vulneración o amenaza
a los derechos e intereses colectivos; asimismo, señaló que la Corporación
Autónoma Regional de Caldas desconoció el procedimiento establecido en materia
de olores ofensivos, consistente en expedir un acto administrativo mediante el cual
se pronunciaría sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de
un Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos en el sector El Rosario
del Municipio de Manizales, de conformidad con sus competencias.

72. Contra esta decisión, la parte demandante y la Procuradora Quinta Judicial II
para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales interpusieron recursos de
apelación que fundamentaron en que las pruebas aportadas son suficientes para
dilucidar la existencia de olores ofensivos en los predios colindantes a la Granja

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Avícola Santa Lucía y en que, si así se consideraba necesario, se podía acudir al
decreto de pruebas de oficio.

73. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, las partes, son las siguientes69:

73.1. Mapa de ubicación de los predios, capturado en la celebración de la
audiencia de pruebas70 de 25 de abril de 2024.

73.2. Copia del Plan Parcial El Rosario, aprobado mediante el Decreto 469 de 5
de julio de 201771, en el cual se señaló que “[…] [e]n el mismo POT se determina
que el plan parcial que desarrolle el suelo de expansión delimitado en el sector de
El Rosario, debe potenciar el desarrollo de actividades comerciales, de servicios,
institucionales e industriales compatibles con vivienda, pero con la vivienda como el
uso principal [...]”. Allí se destaca que en los documentos allegados no hay claridad
sobre quienes fueron los promotores del Plan, así como tampoco se allegó prueba
sobre la socialización del plan. En el documento final del Plan Parcial72 se encuentra
la Granja Avícola como parte de los “predios participantes”, en la unidad de gestión
urbanística 8, con reparto de cargas y beneficios, sin prever el uso agroindustrial.

73.3. Copia de la Resolución 00016046 de 9 de octubre de 201973, expedida por
el Instituto Colombiano Agropecuario, mediante la cual se certificó la granja Santa
Lucía como Granja Avícola Biosegura de Engorde.

73.4. Copia de Oficio 2021-IE-00033369 de 27 de diciembre de 202174,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Caldas en atención al requisito
previo de procedibilidad para la presentación de esta acción popular, en el cual se
relacionan las visitas realizadas los días 7 de julio y 10 de septiembre de 2021,
señalando que en la primera visita se hizo recorrido por el Condominio y no se
evidenciaron olores ofensivos; sin embargo, el vigilante afirmó que
esporádicamente se perciben. Igualmente, se visitó la Granja Avícola en donde ya

69 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivos

digitalizados en la anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
70 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
43ED_40ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf) NroActua 41.
71 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 47ED_44RESPUESTAREQUERIMI(.pdf) NroActua 41.
72 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 47ED_44RESPUESTAREQUERIMI(.pdf) NroActua 41. Carpeta: A_DTS FORMULAC
_PPROSARIO_VERSION 5_VOL I _GENERAL_DIC 28_2016_ FINAL.pdf p. 12, 22, 38
73 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 11ED_08ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Página 23-25.
74 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 9ED_06ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 67-69.

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habían finalizado el ciclo de producción y acababan de hacer la sanitización; por lo
tanto, no percibieron olores ofensivos.

73.5. En el mismo documento se indicó que la visita realizada el 10 de
septiembre correspondía a una visita de seguimiento y control, allí se recorrió la
Granja Avícola evidenciando los 12 galpones con aves en proceso de producción,
de la bodega de almacenamiento de la gallinaza sanitizada y de la caseta de
compost de mortalidad provenían olores ofensivos que pueden llegar hasta el
Condominio. Finalmente se afirmó que todas las peticiones relacionadas con esta
situación, allegadas a la Corporación Autónoma de Caldas, han sido atendidas
oportunamente; sin embargo, estas actividades son llevadas a cabo en zona rural
del Municipio de Manizales, la cual no cuenta con restricciones en cuanto a uso del
suelo.

73.6. Copia de Informe Técnico 500-725 realizado el 12 de julio de 202175, por la
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, mediante el cual informó que, al estar en una cota más baja,
los olores generados por la Granja Avícola llegan con mayor facilidad al
Condominio. Igualmente señaló lo siguiente:

“[…] la capacidad instalada de producción de la avícola es de 108000 gallinas de
levante, distribuidas en 12 galpones, el proceso productivo de estas aves dura 45
días, tiempo después del cual obtienen alrededor de 103000 aves teniendo en
cuenta el porcentaje de mortalidad que es de alrededor del 4% acumulado en todo
el proceso productivo. Al momento de realizar la visita no se tenían aves en los
galpones, ya que a finales del mes de junio se finalizó el levante de las aves y se
realizó el retiro de las mismas […] actividad que se infiere generó los olores que
percibieron los habitantes del condominio Altos del Campestre.

Fotografía 2. Galpones ubicados en avícola Santa Luc[í]a, sin aves dentro de ellos por
finalización de proceso productivo.

75 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 9ED_06ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 59-62.

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Tomada por: Edwin Andrés Gil Fernández.
Fecha: 7 de julio de 2021.

Desde la administración de la avícola, se informó que al final de cada ciclo productivo
se realiza el lavado de los galpones, la sanitización de la gallinaza durante cuatro
(4) días y el empaque de la misma, igualmente, se informó que desde el día 23 de
junio hasta el 3 de julio de 2021 se realizó este procedimiento, fechas que
coinciden con el inicio de la afectación generada por olores y la percepción de
los mismos por parte de los habitantes del conjunto Altos del Campestre.

En la avícola se generan alrededor de 92000 kg de gallinaza cada 45 días los cuales
son empacados en costales de 40 a 42 kg de peso, produciendo alrededor de 2300
bultos de este material. Igualmente[,] el compost es producido a partir de la
mortalidad de las gallinas, diariamente son sacadas las gallinas que fallecen y son
conducidas a las casetas de mortalidad. Se tienen instaladas un total de diez (10)
casetas (fotografía 3) de mortalidad, se lleva a cabo el volteo de este material cada
dos (2) meses y a los cuatro (4) meses se realiza el empaque del compost, es
importante anotar que en el momento de realizar la visita no se percibieron olores
ofensivos provenientes de estas casetas de mortalidad, así como tampoco se
percibieron olores ofensivos provenientes de los galpones pues en estas estructuras
no habían gallinas y la gallinaza era poca; cabe mencionar que en la etapa del
proceso productivo se pueden generar olores ofensivos que pueden llegarse
a percibir en los alrededores, específicamente en el condominio Altos del
Campestre.

Fotografía 3. Casetas de compostaje para mortalidad generada en avícola Santa Luc[í]a.
Tomada por: Edwin Andrés Gil Fernández.
Fecha: 7 de julio de 2021.

Para el control de moscas se usan los compuestos cipermetrina y ajita, en el
momento de la visita se observó poca presencia, casi nula de moscas en los
galpones y alrededor de estos. Para el control de olores provenientes de los
galpones y producidos por la gallinaza contenida en estos, al agua de bebida para
las gallinas se le aplica el compuesto Bioliquid, esto permite que la gallinaza no
genere tantos olores, para esto se mezclan 100 ml de Bioliquid en un tanque de
1000 litros de agua. Igualmente, una vez por semana se realiza la aspersión de
Bioliquid en el suelo de los galpones, para esto se mezclan 300 ml de Bioliquid en
un tanque de 20 litros de agua.

La generación de residuos peligrosos en la avícola se produce por el uso de
plaguicidas y fungicidas que son usados en las afueras de los galpones, igualmente,

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se producen residuos de medicamentos usados y envases y empaques de los
mismos, no se generan residuos cortopunzantes puesto que el proceso de
vacunación a las aves se realiza por medio del agua que toman estas; los residuos
peligrosos son gestionados con el gestor Asevical.

4. RECOMENDACIONES.

Si bien, durante la visita no se encontraron los galpones ocupados con animales,
por ende, no se percibieron olores ofensivos generados por la actividad y que
puedan llegar a alcanzar los exteriores del predio, teniendo en cuenta que la
actividad avícola es desarrollada a gran escala, el proceso es susceptible de generar
olores ofensivos asociados con la limpieza de galpones, retiro de animales y
recolección, transporte, almacenamiento y procesamiento de pollinaza, por lo tanto
se recomienda como buenas prácticas ambientales, lo siguiente:

• Control de variables ambientales (humedad, dirección y velocidad del viento) al
retirar animales y hacer limpieza de galpones.

• Estabilización del material orgánico para evitar la libre descomposición de estos
y por ende olores ofensivos.

• Manejo adecuado del compostaje de mortalidad.

• Continuar con la disposición adecuada de los residuos peligrosos generados en
el establecimiento […]”.

73.7. Copia de Oficio 2021-IE-00017905 de 21 de julio de 202176, expedido por
la Corporación Autónoma Regional de Caldas, mediante el cual informó que en
visita realizada el 7 de julio de 2021 no se evidenciaron aves en los galpones por la
finalización del “[…] proceso productivo de levante de gallinas, el retiro de las
mismas, el lavado de galpones, la sanitización de la gallinaza y el empaque de esta,
actividades que se infiere generaron los olores percibidos por los habitantes del
condominio. […] Teniendo en cuenta que la actividad avícola es desarrollada a gran
escala, el proceso es susceptible de generar olores ofensivos inherentes a la
actividad […]”.

73.8. Copia del formato de visita a predios pecuarios de 6 de agosto de 2021 77,
diligenciado por el Instituto Colombiano Agropecuario, en el cual se indicó que la
visita atiende a una denuncia por olores y se revisaron i) registros de mortalidad de
aves; ii) las zonas de compost con carcazas expuestas y problemas en mallas; iii)
infraestructura de galpones en lo que se encontraron puertas abiertas, techo y
sobretecho con cobertura incompleta y mallas mal ancladas en el galpón con aves
silvestres en el interior; y iv) control de roedores también se evidenció presencia de
heces en bodega de alimento del galpón.

76 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
6ED_DEMANDA5EXPEDIENTEDI(.pdf) NroActua 2. Página 78.
77 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 11ED_08ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 27-30.

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73.9. Copia de Oficio ICA182121000053 de 9 de agosto de 202178, expedido
por el Instituto Colombiano Agropecuario en respuesta a solicitud del accionante,
mediante el cual señaló que en visita de 6 de agosto evidenciaron el cumplimiento
de la normativa vigente con relación a sus competencias, así como ausencia de
enfermedades y olores diferentes a los propios de la actividad.

73.10. Copia de Oficio 2021-IE-00025571 de 5 de octubre de 202179, mediante el
cual la Corporación Autónoma Regional de Caldas resolvió la petición remitida por
el Instituto Colombiano Agropecuario en los siguientes términos:

73.10.1. La entidad indicó que, en la visita de 10 de septiembre de 2021, se
encontraban 12 galpones con aproximadamente 100.000 aves señalando que
cuando el pollo ingresa de tamaño pequeño se pone en gallinaza totalmente limpia
y a medida que aumenta de tamaño se traslada a otros galpones con gallinaza
sanitizada reutilizada.

73.10.2. Asimismo, manifestó que en el galpón contaban con ventilación; sin
embargo, al continuar el recorrido e ingresar a la caseta de compost de mortalidad
y al área de almacenamiento de la gallinaza sanitizada se percibieron olores fuertes
asociados a la descomposición de la materia orgánica. Por ello se concluyó que
“[…] la posible generación de olores ofensivos se puede atribuir en parte aumento
de la temperatura en los galpones de aves, toda vez que como se tiene un proceso
de recirculación y reúso de la gallinaza sanitizada […]”; por lo cual, le solicitaron a
la Granja que, en treinta (30) días, asumiera una serie de recomendaciones como
incrementar la cantidad de árboles para hacer una cerca rompevientos minimizando
la proliferación de olores, mantener monitoreo en los rangos de temperatura en la
operación de los galpones y evaluar la pertinencia de reducir la recirculación o
reutilización de la gallinaza sanitizada.

73.11. Copia del Oficio de 17 de enero de 202280, expedido por la Granja Avícola
Santa Lucía, mediante el cual dio respuesta dirigido al accionante informando que
los olores percibidos son inherentes a su actividad comercial y es imposible
reducirlos en su totalidad; sin embargo, para disminuirlos al máximo se implementan
medidas como el uso de “Bioliquid” suministrado a las aves en el agua del bebedero
a partir del día 28 y en aspersión tanto en la cama como en el área de compostaje.

78 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
6ED_DEMANDA5EXPEDIENTEDI(.pdf) NroActua 2. Páginas 45-46.
79 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
6ED_DEMANDA5EXPEDIENTEDI(.pdf) NroActua 2. Páginas 42-43.
80 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
6ED_DEMANDA5EXPEDIENTEDI(.pdf) NroActua 2. Páginas 19-23.

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73.11.1. En el mismo documento señaló que, los olores ofensivos percibidos en la
Granja estaban asociados a la descomposición de la materia orgánica se realizan
labores de volteo en la caseta de mortalidad principalmente los días lunes.
Asimismo, señaló que la Corporación Autónoma Regional de Caldas no hizo
pronunciamiento sobre alguna sobrepoblación de moscas, más bien, en aras de
garantizar un ambiente sano y no vulnerar derechos colectivos, mediante Oficio de
11 de octubre de 2021, le comunicaron a la autoridad ambiental la realización de
diversas conductas obedeciendo sus recomendaciones en el sentido de sembrar
barreras rompevientos adicionales, usar “Bioliquid” en los bebederos, usar
amoniaco, poner filtros en los vertimientos, adicionar 4.000 litros al sistema de
vertimientos de aguas residuales domésticas generadas y construir un humedal
artificial como entrega final del afluente.

73.12. Copia del Oficio ICA18222000007 de 24 de enero de 202281, expedido por
el Instituto Colombiano Agropecuario, mediante el cual informó que en la visita había
encontrado falencias en los procesos de la empresa y falta de cumplimiento en
alguna normativa establecida para las granjas avícolas bioseguras de engorde; sin
embargo, no se percibieron olores diferentes a los propios del proceso productivo y
en el momento de la visita se encontraba en proceso de alistamiento. Finalmente
afirmó que lo relacionado con olores y moscas excede sus competencias y traslada
la petición a la Corporación Autónoma Regional de Caldas; sin embargo, frente a la
falta de cumplimiento en algunos elementos sanitarios del proceso la entidad daría
inicio a las actuaciones pertinentes.

73.13. Copia del auto de formulación de cargos núm. 57 de 11 de febrero de
202282, expedido por la Gerencia Seccional Caldas del Instituto Colombiano
Agropecuario, mediante el cual se inició actuación administrativa contra “[…]
OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S. […] en calidad de responsable
sanitario de la Granja Comercial SANTA LUCÍA, ubicada en la vereda El
Rosario/Sebastopol del Municipio de Manizales – Caldas […]” debido a que, de
conformidad con la “[…] [l]ista de chequeo [f]orma 3-049 IVC Granja Avícola
Biosegura del 24 de enero de 2022 […]” no cumple con el numeral 10.1.5 del artículo
10 de la Resolución 3652 de 2014 que consiste en “[…] [m]antener las condiciones
que dieron lugar al otorgamiento del Certificado de Granja Avícola Biosegura de
engorde […]”.

81 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
6ED_DEMANDA5EXPEDIENTEDI(.pdf) NroActua 2. Páginas 24-25.
82 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 11ED_08ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 47-50.

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73.14. Copia del formato de visita a predios pecuarios de 16 de marzo de 202283,
diligenciado por el Instituto Colombiano Agropecuario, en el cual se registró que la
visita surge por ser un “[…] Predio de Alto Riesgo […]” y se concluye que las
temperaturas a las cuales se realiza el proceso se sanitización son superiores a los
55°C.

73.15. Copia de los Oficios SPM 786-23 de 9 de marzo84 y SPM 23-1432 de 4 de
mayo de 202385, expedidos por la Secretaría de Planeación del Municipio de
Manizales, mediante los cuales indicaron que la zona donde está el Condominio
corresponde al suelo de expansión “El Rosario” con uso principal de vivienda
urbana. En tal ubicación se desarrolló un Plan Parcial aprobado por el Decreto 469
de 5 de julio de 2017, en el cual no se señaló autorización para práctica de
actividades agroindustriales en esa zona.

73.16. Declaraciones de los profesionales de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas Adriana Mercedes Martínez y Mauricio Velasco García86, los cuales
precisaron:

73.16.1. La ingeniera Martínez realizó los siguientes apuntes: i) la actividad de
la Avícola fue previa al Condominio; ii) la actividad avícola se debe desarrollar en
los suelos rurales; iii) se han generado cambios en los Planes de Ordenamiento
acerca del uso del suelo en el sector objeto de esta acción; iv) los vecinos han
presentado quejas a la Corporación Autónoma Regional relacionadas con los olores
ofensivos en los picos de producción de la Avícola; v) en las visitas se identificó que
la granja cumple con todas las condiciones ambientales y con todas las actividades
que contempla la guía ambiental del sector avícola; vi) a veces hay unos olores que
son inherentes a la actividad; vii) la autoridad ambiental hizo requerimientos para
mejorar el ambiente y la Granja Avícola ha dado cumplimiento a estas acciones
ambientales; vii) el uso de vivienda campestre y de la avícola no son compatibles;
viii) aunque la actividad Avícola no requiere licencia ambiental, sí necesita permiso
de emisiones atmosféricas; ix) la autoridad ambiental ha realizado visitas y
concertaciones con la Avícola aunque no ha hecho estudios de impacto ambiental

83 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 11ED_08ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 51-54.
84 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 39ED_36RESPUESTAREQUERIMI(.pdf) NroActua 41.
85 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 47ED_44RESPUESTAREQUERIMI(.pdf) NroActua 41.
86 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
44ED_41TESTIGODOCUMENTALR(.pdf) NroActua 41.

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ni mediciones; y, x) no es posible eliminar el 100% del olor de una actividad
agropecuaria.

73.16.2. El ingeniero químico Velasco señaló que i) el ciclo de reproducción de aves
es de 35 a 40 días en el cual se generan residuos como sus desechos o la gallinaza,
que es cuando seguramente se producen olores ofensivos; ii) la distancia entre la
Avícola y el Condominio es de 140 a 150 m; iii) los olores ofensivos son inherentes
a la actividad agropecuaria; iv) las barreras vivas atenúan poco los olores ofensivos;
v) la Corporación Autónoma Regional no ha hecho mediciones para verificar si los
olores superan los límites normativos; vi) alrededor de la Avícola tendría que haber
un espacio de un radio de 300 a 500 metros que lo separe del uso de vivienda, de
lo contrario la avícola debería reubicarse; vii) la Avícola ha realizado todas las
acciones sugeridas como el manejo adecuado de la gallinaza, el retiro, el
compostaje, uso de microorganismos eficientes y una barrera; viii) cuando llega una
queja por olores ofensivos la autoridad revisa si realmente hay una molestia, se
hacen las recomendaciones a la empresa y, si sigue la problemática, se formula un
Plan que sería aprobado o no por la Corporación, del cual se verifica el
cumplimiento; ix) para la medición del olor existe la olfatometría dinámica, que
consiste en la percepción de un panel de personas y se evalúa estadísticamente la
percepción del olor, luego, se analizan muestras de gas; x) otra técnica es tomar la
muestra para análisis de laboratorio; y, xi) la Corporación Autónoma Regional de
Caldas no ha hecho medición alguna porque debe realizarse con laboratorios
acreditados, a cargo del usuario.

74. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Solución a los problemas jurídicos

75. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
recurrentes con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación
de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En ese orden
y en armonía con los problemas jurídicos planteados, se determinará si la decisión
tomada por el Tribunal fue pertinente.

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Núm. único de radicación: 170012333000202200095-01

Análisis de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos,
en el caso concreto

76. El Tribunal Administrativo de Caldas celebró audiencia de pruebas el 5 de
abril de 2023 en la cual se presentó el mapa con la ubicación de los inmuebles
objeto de la presente acción, en el cual se evidenció que son predios colindantes,
tal como capturó el Tribunal en dicha oportunidad:

77. Adicionalmente, se encontró demostrado con varios elementos como el
Informe Técnico 500-725 realizado el 12 de julio de 202187 expedido por la
Subdirección de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, que se informó que los olores generados por la Granja Avícola
llegan con mayor facilidad al Condominio debido a que la misma se encuentra
ubicada en una cota más baja.

78. En ese mismo informe se resaltó que, según información suministrada por el
administrador, la capacidad de la Granja Avícola consiste en 108.000 gallinas de

87 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 9ED_06ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 59-62.

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levante, distribuidas en 12 galpones, con un proceso productivo que dura 45 días,
tiempo después del cual obtienen alrededor de 103.000 aves, teniendo en cuenta el
porcentaje de mortalidad que es de alrededor del 4% acumulado en todo el proceso
productivo. Si bien en la visita realizada no había aves por la finalización de dicho
proceso, se dedujo que esa actividad de levante de aves y finalización del ciclo
productivo fue la generadora de los olores ofensivos debido a que se lavan los
galpones y se realiza el sanitizado de la gallinaza durante cuatro días.

79. Además, el Oficio 2021-IE-00033369 de 27 de diciembre de 202188, expedido
por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, señaló que cuando hay ausencia
de aves en los galpones no se perciben olores, circunstancia que cambia cuando sí
hay aves en proceso de producción y en el desarrollo de sus actividades de volteo
de camas o en la caseta del compost de mortalidad se presentan los olores
ofensivos que pueden llegar al Condominio.

80. Adicionalmente, la ingeniera Adriana Mercedes Martínez manifestó que en la
Granja Avícola se generan impactos de olor y, en atención a las quejas generadas
por esa circunstancia, la autoridad ambiental ha realizado las visitas pertinentes de
las cuales ha concluido que la Granja Avícola cumple con la normativa relacionada
con la materia y ha acatado las observaciones ambientales. El conflicto se genera
por el choque de las actividades y resaltó que la Granja Avícola existe previamente
a las residencias, el establecimiento se encuentra en dicha ubicación al menos
desde siete años atrás que a ella le constan por su cargo como subdirectora desde
esa fecha; sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la serie de quejas
por las nuevas construcciones cercanas a la Granja Avícola.

81. En este punto y en relación con el argumento presentado por la Procuradora
Quinta Judicial II para asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales en cuanto
afirmó, en su recurso de apelación, que la entidad territorial de orden municipal
respondió un requerimiento indicando, en su criterio, “[…] que las actividades que
se realizan en la granja no estarían permitidas en la zona de acuerdo a las normas
urbanísticas vigentes […]”, la Sala observa, conforme con las pruebas indicadas en
numeral supra de esta providencia, que lo certificado por el Municipio en relación
con las restricciones para el desarrollo de actividades en el sector donde se
encuentran ubicados el Condominio y la Granja Avícola, teniendo en cuenta el uso
del suelo y en los términos específicos de la consulta realizada89, fue que “[…] [e]l

88 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 9ED_06ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 41. Páginas 67-69.
89 La consulta consistió en preguntar “[…] 2. Deberá indicar sí en dicho Plan Parcial [del 2017] se previó el

funcionamiento [de la] Empresa Avícola Santa Lucía, y [en] qué términos, allegando prueba de ello […]”.

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Plan Parcial en suelo de expansión urbana ‘El Rosario’, adoptado mediante el
Decreto N° 0469 del 05 de Julio de 2017, NO contempla, en su DTS, cartografía
y anexos técnicos que lo conforman, el uso del suelo agroindustrial […]”90
(Destacado original de texto).

82. En este punto, se debe resaltar que, conforme con las pruebas aportadas al
proceso, las actividades de la precitada Granja Avícola, ubicada en la vereda el
Rosario del Corregimiento Panorama, se clasifica en actividades91 pecuarias de
“granja de cría y ceba de pollo de engorde” y que, por un lado, no está probado que
la actividad que realiza la Granja Agrícola se encuentre prohibida; y, por el otro,
conforme con el “Anexo A-4 FICHA NORMA RURAL” y del documento denominado
“FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL EL ROSARIO ASPECTOS GENERALES –
VOLUMEN I” adoptado en el numeral 3 del artículo 2 del Decreto 469 de 5 de julio
de 2017, sobre documentos del Plan parcial en Suelo de Expansión Urbana “El
Rosario”, se permite en las zonas R 04-292 y R05-293, clases agrológicas 4 y 6, el
uso condicionado agrícola y pecuario.

83. Frente a lo anterior, no se evidencia que se haya probado una prohibición
expresa del desarrollo de la actividad realizada por la Granja, relativa a, se reitera,
“granja de cría y ceba de pollo de engorde”, la cual, adicionalmente, se viene
desarrollando con los permisos expedidos por el Instituto Colombiano
Agropecuario94, en el mismo sector, con anterioridad a la adopción del Plan Parcial
que permitió la urbanización en la zona; sin embargo, dicha situación no implica una

90 Cfr. índice 41 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 170012333000202200095-00. Archivo

denominado: 47ED_44RESPUESTAREQUERIMI(.pdf) NroActua 41.
91 Definida en el POT 2017 – 2031 de Manizales como “[…] 3.2.2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS USOS

RURALES DE ACUERDO CON SU ACTIVIDAD […] Los usos principales del suelo rural del municipio de
Manizales dependiendo del corregimiento, zona socioeconómica o ecotopo cafetero en que se desarrollen son
los siguientes: 3. PECUARIO: Uso relacionado con la actividad del ganado o la ganadería. […] 5.
AGROINDUSTRIAL: Es la rama de industrias que transforman los productos de la agricultura, ganadería,
riqueza forestal y pesca, en productos elaborados. En los Centros Poblados no se permitirá el desarrollo de
actividades agropecuarias que fomenten su comercialización o industrialización […]”. Ver
https://manizales.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/planes/plan-de-ordenamiento-territorial-
2017-2031/
92 Con usos ganaderos “[…] Clases de suelo y grupos de manejo 6p-1, 6p-2 y 6p-3: Se encuentran en las

veredas La Aurora, Morrogacho, San Peregrino, Las Pavas, La Trinidad y El Rosario Establecimiento de
sistemas combinaciones de cultivos con plantaciones forestales las cuales una vez alcancen un grado de
desarrollo, principalmente su tamaño, permiten el uso de pastos para ganadería entre los arboles. […]”.
Con explotación de recursos recomendado: “[…] Zonas forestales de producción. Cultivos permanentes semi-
intensivos de clima templado. Agrosilvícola con cultivos permanentes. Agrosilvopastoril con cultivos
permanentes. Pastoreo semi-intensivo de clima templado. Cultivos orgánicos con buenas prácticas agrícolas.
Proyectos de ganadería sostenible. Proyecto Finca-escuela en la vereda El Rosario. Huertos familiares mixtos
[…]”
93 Con usos ganaderos: “[…] Clase de suelo y grupo de manejo 6P-2: Siembra de pastos de corte; utilización

de la carga adecuada del ganado, evitando el sobrepastoreo; establecimiento de combinaciones adecuadas de
cultivos con plantas forestales y /o pastos. Restringido el uso ganadero en pendientes fuertemente inclinadas.
Se permite solamente máximo 2 animales por predio […]”.
Con explotación de recursos recomendato: “[…] Zonas forestales de producción. Cultivos permanentes semi-
intensivos de clima templado. Agrosilvícola con cultivos permanentes. Agrosilvopastoril con cultivos
permanentes. Cultivos orgánicos con manejo de buenas practicas agrícolas. Huertos familiares mixtos […]”
94 “como Granja Avícola Biosegura de Engorde”.

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autorización que justifique que en el normal desarrollo de las actividades de la
empresa se permita la presencia de olores ofensivos y que, por tal razón, la
comunidad deba soportar una carga que no le corresponde, resultando entonces en
una amenaza del derecho e interés colectivo. En todo caso, se reitera, el objeto de
esta acción popular es determinar si se encuentra o no probada la presencia de
olores ofensivos y si dicha circunstancia constituye una amenaza o vulneración de
los derechos e interés colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales y la seguridad y salubridad públicas, sin que sea procedente
emitir pronunciamiento sobre otros aspectos que no fueron objeto de la demanda
inicial y que en este caso corresponden al resorte de las autoridades
administrativas.

84. Al respecto, se evidenció que la Granja Avícola Santa Lucía avanzó en
cumplimiento a los requerimientos realizados por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas intentando mitigar los olores ofensivos, entre las exigencias de
la autoridad ambiental se encontraban: i) la siembra de árboles o arbustos para
disminuir la proliferación del olor; ii) la evaluación de la reutilización de la gallinaza
sanitizada; y iii) el monitoreo de la temperatura de los galpones y de las bodegas de
almacenamiento.

85. Posterior a apreciar los elementos de prueba y resaltar lo inmediatamente
señalado, la Sala considera que quedó probada la existencia de la afectación que,
de tiempo atrás, se viene presentando como consecuencia de la actividad
productiva de la Granja Avícola Santa Lucía, debido a que por la propagación del
aire hasta el Condominio Altos del Campestre PH se presentan olores que resultan
ofensivos para la comunidad.

86. La Sala considera que, si bien, la autoridad ambiental no presentó acto
administrativo con el que se pronunciara expresamente sobre la viabilidad o no de
exigir a la Granja Avícola Santa Lucía la presentación de un Plan para la Reducción
del Impacto por Olores Ofensivos -PRIO, las múltiples manifestaciones allegadas a
este proceso en las cuales se señala la existencia de los olores ofensivos son
suficientes elementos para determinar la existencia de una afectación a los
derechos e intereses colectivos. Asimismo, se tiene que no es necesario probar una
alteración en la salud de la comunidad para considerar que existe un menoscabo
de esta clase de derechos.

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87. Por lo anterior, la Sala declarará amenazados los derechos e intereses
colectivos a la salubridad pública y al goce de un ambiente sano, de conformidad
con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.

Análisis del cumplimiento de requisitos de la Resolución 1541 de 2013, en el
caso concreto

88. Como se mencionó en el marco normativo y jurisprudencial, la Resolución
1541 de 201395 define los olores ofensivos como “[…] aquellos generados por
sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce
fastidio, aunque no cause daño a la salud humana […]”96. Asimismo, se estableció
un protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos mediante la
Resolución 2087 16 de diciembre de 201497, en la cual se explica la secuencia en
la que se debe aplicar la anterior Resolución mencionada previamente.

89. Al respecto, la Procuradora Quinta Judicial II para asuntos Ambientales y
Agrarios de Manizales expresó su inconformidad con la decisión proferida en
primera instancia, en el sentido de señalar que el Tribunal consideró que la
Corporación Autónoma Regional no dio aplicación a lo dispuesto en la Resolución
núm. 1541 de 2013, específicamente a los numerales 2 y 3 del artículo 4 que
disponen lo siguiente:

“[…] 2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con
treinta (30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el cual se
pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de un
plan para la reducción del impacto por olores ofensivos (PRIO).

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el
titular de la actividad deberá presentar un plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos, (PRIO), de conformidad con lo establecido en el capítulo V de la
presente resolución […]”.

90. En ese sentido, el Tribunal resaltó que tampoco se asumieron medidas como
la permitida por la Resolución 2087 de 2014, la cual da facultad para valorar la
presencia de olores ofensivos por su percepción a través de encuestas contestadas
por habitantes de la zona.

95 “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento para

la evaluación de actividades que generan olores ofensivos” .
96 Anexo 1 de la Resolución 1541 de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
97 “[…] Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]”.

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91. Es en este contexto que la Sección Primera98 del Consejo de Estado aclaró
que la Resolución 1541 de 2013 prevé un procedimiento de evaluación objetiva de
las emisiones ofensivas que inicia por solicitud de parte e implica el ejercicio de tres
deberes consecutivos a cargo de la autoridad ambiental: i) la evaluación de la queja;
ii) la adopción de las mediciones que permitan establecer si los olores ofensivos
denunciados se encuentran dentro de los límites permisibles; y, iii) la adopción de
las medidas definitivas que garanticen la protección deprecada. Dichas medidas
pueden variar entre la evaluación de los niveles permisibles de calidad del aire, la
exigencia del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (PRIO), o
cualquier otra contenida en el ordenamiento.

92. Igualmente explicó que “[…] la queja por olores ofensivos está diseñada para
que la autoridad ambiental la analice y, si hay lugar, disponga de sus poderes
jurídicos en aras de verificar, técnicamente: los umbrales de tolerancia frente a
olores ofensivos mediante el criterio estadístico; y/o los niveles permisibles de
calidad del aire, mediante las evaluaciones de inmisión y/o de emisión de sustancias
constitutivas de olores ofensivos […]”99.

93. Y, en ese sentido, se ha concluido que la incertidumbre acerca de la magnitud
de los olores ofensivos percibidos por la comunidad implica en sí misma la amenaza
de los derechos e intereses colectivos relacionados con el goce de un ambiente
sano y la salubridad pública, si se demuestra la actitud negligente de la autoridad
ambiental en la verificación objetiva de las condiciones del recurso atmosférico. En
tal escenario, “[…] es deber del juez de la acción popular adoptar las medidas
adecuadas para eliminar el riesgo al que estarían sometidos los derechos colectivos
[…]”.

94. Esta Sección100 ha señalado que la magnitud de dicho impacto ambiental no
se determina con la existencia de tecnologías adoptadas por el agente generador
de los olores ni con la queja presentada por la comunidad, sino que depende del
ejercicio adecuado de los deberes de vigilancia y control por parte de la autoridad
ambiental, en los términos previstos en la Resolución 1541 de 2013. Por ello, es
fundamental que las autoridades ambientales, ante los requerimientos relativos a

98
Ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, proferida dentro del expediente radicado
68012333000201500962-01, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés; Consejo de Estado, Sección Primera, 14 de septiembre
de 2020, proferida dentro del expediente radicado 66001-23-33-000-2018-00079-01(AP), Consejera Ponente: Nubia Margoth
Peña Garzón; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2023, proferida dentro del expediente
radicado núm. 660012333000201900551-01. Magistrado ponente doctor Hernando Sánchez Sánchez; Consejo de Estado,
Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre de 2023, proferida dentro del expediente radicado núm.
68001233300020170144901, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
99
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, proferida dentro del expediente radicado
68012333000201500962-01, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.
100
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de 2019, proferida dentro del expediente radicado
68012333000201500962-01, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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olores ofensivos, definan con prontitud y de conformidad con el ordenamiento, si los
mismos se encuentran o no dentro de los límites permisibles y procedan a
determinar una medida específica para garantizar la protección del derecho e
interés colectivo.

95. En el caso concreto, el Condominio ha presentado quejas ante la Corporación
Autónoma Regional de Caldas y ante el Instituto Colombiano Agropecuario, en
atención a las solicitudes las entidades han adelantado los trámites pertinentes,
dentro del marco de las competencias en cada caso, y se han realizado visitas a los
predios objeto de la presente acción popular.

96. Al respecto, ciertamente fue probado que la Corporación Autónoma Regional
de Caldas realizó visitas de supervisión y seguimiento tanto a la Granja Avícola
como al Condominio Altos del Campestre PH en las cuales, a veces había presencia
de olores y a veces no; sin embargo, cuando se presentaron lograban propagarse
con alcance hasta el Condominio.

97. Las quejas de la comunidad fueron el llamado de atención hecho a la
autoridad ambiental para que determinara si las normas o estándares de evaluación
y emisión de olores ofensivos estaban siendo o no desconocidos y, en
consecuencia, precisara técnicamente si los derechos e intereses colectivos están
siendo o no vulnerados. La Corporación Autónoma Regional de Caldas tomó
medidas para mitigar los olores; sin embargo, no demostró que hubiese realizado
las mediciones técnicas que permitan establecer si los olores se encuentran dentro
de los límites permisibles, tampoco realizó encuestas ni adoptó medidas definitivas
para garantizar la protección del recurso aire.

98. Lo anterior permite concluir que, mientras la autoridad ambiental no
determine la magnitud de los olores ofensivos, el derecho colectivo al goce de un
ambiente sano se encuentra amenazado y, por lo tanto, la acción popular procede
para evitar el daño contingente. De ahí que los argumentos de los apelantes aquí
estudiados cuentan con vocación de prosperar debido al criterio de la jurisprudencia
mencionada en cuanto a que se considera demostrada una negligencia de la
autoridad ambiental al no aplicar la normativa mencionada y es factor suficiente para
conceder el amparo de los derechos e intereses colectivos invocados.

99. En ese orden de ideas, la Sala ordenará a la Corporación Autónoma Regional
de Caldas que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, adelante y finalice el correspondiente trámite administrativo con el

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cumplimiento de los requisitos de las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de
2014 ante las quejas presentadas por la parte accionante, con el propósito de
solucionar la problemática de olores ofensivos como consecuencia de la actividad
productiva de la Granja Avícola Santa Lucía ubicada en el sector El Rosario en el
Municipio de Manizales, para lo cual y sin desconocer la autonomía de la
administración pública en la materia, deberá tener en cuenta las consideraciones
expuestas en esta sentencia. En todo caso, el trámite administrativo en este caso
deberá finalizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

100. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia en acciones populares,
según el cual “[…] el juez […] podrá conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la
entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio
Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo
que sea de su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo
[…]” y atendiendo a que, en este caso, se revocará la sentencia proferida, en
primera instancia y, en su lugar, se ampararan los derechos e intereses colectivos,
se ordenará la conformación del respectivo comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia.

101. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones de la Sala

102. En suma, la Sala considera que se encuentra probada la amenaza del
derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano producto de los olores
ofensivos que llegan al Condominio Altos del Campestre PH con ocasión de las
actividades productivas que se realizan en la Granja Avícola Santa Lucía.

103. En consecuencia, se revocará la sentencia de 4 de marzo de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, en cuanto negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, se declarará la amenaza del derecho e interés colectivo al
goce de un ambiente sano y se impartirán órdenes tendientes a su superación.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de
4 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la amenaza del derecho e interés colectivo al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Caldas que, dentro
del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, aplique
las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de 2014 al trámite de las quejas
presentadas por la parte accionante, de conformidad con el entendimiento que esta
Sección ha definido en su jurisprudencia, con el propósito de solucionar la
problemática de olores ofensivos como consecuencia de la actividad productiva de
la Granja Avícola Santa Lucía ubicada en el sector El Rosario en el Municipio de
Manizales, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,

QUINTO: INTEGRAR el Comité de Verificación para el cumplimiento de la
sentencia, el cual estará conformado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal,
quien lo presidirá; por el actor popular; por un delegado de la Corporación Autónoma
Regional; por un delegado del Municipio de Manizales y por el Agente del Ministerio
Público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

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SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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