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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00703-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00703-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así: TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, PROTEGER el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano y ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que, ante las quejas presentadas por la parte actora, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, aplique las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de 2014, de conformidad con el entendimiento que esta Sección ha definido en su jurisprudencia, con el propósito de solucionar la problemática de olores ofensivos como consecuencia de la quema de madera para la obtención de carbón y de las actividades industriales en las zonas afectadas en el Municipio de Yumbo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por: i) el magistrado ponente, quien lo presidirá, ii) la señora LAURA CLAVIJO GONZÁLEZ, en calidad de accionante, iii) un representante del MUNICIPIO DE YUMBO, iv) un representante de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, v) el MUNICIPIO DE PALMIRA, vi) un representante del DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, vii) un representante de IMVIYUMBO y viii) un delegado de la Procuraduría General de la Nación, como representante del Ministerio Público. SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Departamento del Valle del Cauca –este último, en el marco de las funciones de apoyo en materia ambiental– que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, articulen una mesa interinstitucional en la que participen los municipios afectados, las autoridades ambientales y demás actores involucrados, con el objeto de adoptar las medidas adicionales que sean pertinentes para […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2022-00703-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 760012333000202200703-01
Actor: Laura Clavijo González
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Vinculados: Municipio de Yumbo1, Municipio de Palmira, Departamento del Valle
del Cauca, Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social
de Yumbo - IMVIYUMBO y la Asociación de Productores de Carbón de las Veredas
Piles de Palmira y Yumbo - APROCARPILES2

Temas: derecho e interés colectivo al goce a un medio ambiente sano –literal “a” del
artículo 4.° de la Ley 472 de 1998–; y olores ofensivos; olores producidos por actividad
industrial y por quema de madera para la obtención de carbón

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, contra la sentencia de 23 de agosto de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca3.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La actora presentó demanda4, en ejercicio del respectivo medio de control,
contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con el objeto de

1 Mediante auto de 15 de noviembre de 2022, el Despacho Sustanciador ordenó vincular al Municipio de Yumbo.

Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 18. Archivo
denominado: 39_AUTORESUELVESOLICITUD(.pdf) NroActua 18.
2 Las demás: Municipio de Palmira, Departamento del Valle del Cauca, IMVIYUMBO y la Asociación de

Productores de Carbón de las Veredas Piles de Palmira y Yumbo - APROCARPILES fueron vinculadas
mediante auto de 3 de marzo de 2023. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca. Índice 32. Archivo denominado: 52_AUTOQUERESUELVE(.pdf) NroActua 32.
3 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 3. Archivo

denominado: 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 3.
4 La demanda fue presentada el 28 de julio de 2022.

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lograr la protección del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano,
que se ve afectado por la generación de olores ofensivos que emanan del sector
industrial del Municipio de Yumbo y consecuencia de las prácticas de quema de
madera para la obtención de carbón por parte de las comunidades informales
asentadas a orillas del Río Cauca.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Declarar que la accionada CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA –CVC– ha vulnerado el derecho colectivo al goce de un
ambiente sano de los pobladores de Yumbo y de las personas que habitan en el radio
de influencia de las emanaciones de mal olor.

2. Ordenar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
–CVC– que cumpla a cabalidad con la Resolución 1541 del 2013, la Resolución 2087
del 2014, y efectuar el control, seguimiento y aplicación de las medidas
correspondientes frente a las industrias de Yumbo, en relación con la generación de
olores ofensivos.

3. Ordenar a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
–CVC– conformar una mesa de trabajo con las comunidades asentadas a las orillas
del río Cauca y demás entidades implicadas en la situación, con el fin de buscar una
salida definitiva a la problemática tanto para las familias involucradas como para el
resto de personas afectadas por las emisiones.

[…]”5.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1 Que “[…] hace décadas que se reporta la percepción de olores ofensivos en
el norte de Cali provenientes de ciertos procesos productivos del sector industrial
de Yumbo […]”. Para sustentar la situación citó reportajes periodísticos de distintas
épocas, así: 1995, del periódico El Tiempo; 2013, del periódico El Pueblo; y 2014,
del periódico El País.

3.2 Un segundo elemento que contribuye a la emisión de malos olores
corresponde a la quema de madera para la producción de carbón vegetal. Al
respecto, precisó que esta actividad la realizan varias familias, asentadas de forma
irregular, a las orillas del Río Cauca en el sector de Piles Yumbo y Palmira.

5 Ibidem pie de página 3.

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3.3 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca emitió la Resolución
0710 núm. 0711-000183 en el año 2012, mediante la cual, ordenó la suspensión de
actividades, pero esta no fue acatada, pese a los esfuerzos de la mencionada
Corporación; evidencia de ello, es que diez (10) años después –al momento de la
presentación de la demanda– la comunidad continúa allí asentada.

3.4 Interpuso dos quejas (una el 22 de diciembre de 2021 y otra el 25 de marzo
de 2022) ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca debido a los
olores ofensivos que emanan del sector industrial del Municipio de Yumbo, sin
obtener respuesta alguna.

3.5 La quema de madera excede los niveles permisibles, según lo dispuesto en
el Reglamento de protección y calidad del aire (Decreto 948 de 1995) y los umbrales
de tolerancia de olores ofensivos. Además, es muy probable que la madera utilizada
no cuente con los permisos de aprovechamiento forestal correspondientes.

3.6 “[…] Tal y como describen los artículos de prensa citados, en el barrio La
Flora al norte de Cali, donde residía en el momento de la radicación de las quejas y
el derecho de petición, es muy común que se presenten olores ofensivos, sobre
todo hacía la noche y la madrugada. En varias ocasiones, el olor era tan intenso
que me despertaba y me obligaba a cerrar las ventanas, utilizar alcohol o algún tipo
de sustancia con fuerte aroma para disminuir el hedor. El olor no siempre es el
mismo ni tiene la misma intensidad: en ocasiones huele a gas, a quema, a pintura,
o a químico. Asimismo, en ciertas temporadas, sobre todo las lluviosas, el olor se
hacía más intenso y se percibía durante más tiempo a lo largo del día […]”.

3.7 “[…] Por otra parte, transito varias veces por semana a lo largo de la carretera
que conduce al aeropuerto. Al pasar la glorieta de Cencar y el puente sobre el río
Cauca, los mismos olores que se perciben en las noches se aprecian de manera
mucho más intensa y casi insoportable. La percepción del olor a quema proviene de
la producción de carbón a las orillas del río Cauca, y los otros olores parecen
provenir de varias fuentes fijas de industrias ubicadas en esta zona […]”.

3.8 Presentó queja ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
el 22 de diciembre de 2021, con número de radicado 1119172021, debido a los
olores ofensivos; ante la falta de respuesta, el 9 de marzo de 2022, se comunicó
con el agente responsable de darle trámite a la queja, el biólogo Gabriel Rodríguez
Collazos, quien expresó, a través de correo electrónico, que existía un conflicto de
competencias entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

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• DAGMA y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. En tanto, los
olores se generan en la jurisdicción administrativa de la Corporación en mención,
pero las quejas fueron radicadas dentro de la jurisdicción administrativa del
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA. Por lo cual,
la Corporación realizó una consulta ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible para conocer el paso a seguir.

3.9 Ante el aumento de la percepción de olores ofensivos en su residencia y en
la vía que conduce al aeropuerto, presentó una nueva queja con número de
radicado 323902022 en el portal virtual de la Corporación, sin obtener respuesta
alguna.

3.10 Asimismo, presentó una petición con radicado número 538122022, el 2 de
junio de 2022, en el portal virtual de la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca –con miras a agotar el requisito de procedibilidad del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos– en la que pidió recibir información
sobre el proceso de planificación y ejecución de las encuestas para validar las
quejas por olores ofensivos y solicitó: i) la lista de las industrias residentes en el
Municipio de Yumbo, que cuentan con un Plan para la Reducción del Impacto por
Olores Ofensivos (PRIO) vigente, y la información sobre cuáles de estos planes
(PRIO) han sido modificados como resultado de una queja validada por la
Corporación; ii) un reporte sobre el rol de la Corporación, en punto a la comunicación
con las comunidades informales asentadas a las orillas del Río Cauca en
proximidades de la Glorieta de CENCAR; y iii) adoptar las medidas necesarias para
proteger el derecho colectivo al goce de un ambiente sano lo antes posible. Pese a
ello, adujo no haber recibido respuesta.

3.11 Debido a los malos olores se vio impulsada a buscar una nueva vivienda.

3.12 Por último, refirió que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
incumplió la Resolución 1541 de 2013, que establece el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan olores ofensivos; la Resolución 2087 de
2014, por medio de la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control, y
Vigilancia de Olores Ofensivos; y el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que define las
funciones de las Corporaciones Autónomas, en especial, las relacionadas con los
numerales 12 y 17.

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Contestaciones de la demanda

4. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se opuso a las
pretensiones de la demanda. Formuló las excepciones denominadas: “cumplimiento
del deber legal de acuerdo a las funciones y competencia de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca”; “la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca – CVC no ha vulnerado ni inobservado ningún derecho colectivo a
la parte accionante”; “inexistencia de la pretensión por hecho superado ‘efectuará el
control, seguimiento’”; “inexistencia de la pretensión por hecho superado por
conformar mesas de trabajo” y “excepción genérica o innominada”. Argumentó lo
siguiente:

4.1. Adelantó requerimientos específicos a múltiples usuarios ubicados en la zona
de ACOPI, Arroyohondo y rural del Municipio de Yumbo, en los componentes aire,
agua y residuos. Señaló que exigió el tratamiento de aguas residuales domésticas
e industriales (PTARD y PTARI) a potenciales generadores de olores ofensivos;
también, a quienes ejercen actividades que ocasionan corrientes de gases por
combustión de residuos, los cuales fueron requeridos no solo a disponer de
permisos de emisiones atmosféricas, sino también a cumplir con la responsabilidad
de obtener la respectiva licencia ambiental, para garantizar la actividad productiva,
la responsabilidad en la disposición de residuos con entes autorizados
ambientalmente a nivel local y nacional.

4.2. Todas las empresas que en sus procesos causen emisiones deben cumplir
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015; en este punto, precisó que a todas
las empresas e industrias les realiza seguimiento y evaluación de las condiciones
de calidad del aire con ocasión de sus procesos productivos.

4.3. La zona industrial del Municipio de Yumbo no cuenta con un sistema de
tratamiento de aguas residuales que sea de su operación, pese a haber sido una
obra incluida en el plan de inversiones. Por tal situación, informó que la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca inició un proceso sancionatorio debido al
incumplimiento en la ejecución de la obra.

4.4. Por último, señaló que la población ubicada en el sector de Piles, jurisdicción
del Municipio de Yumbo, se encuentra asentada de forma ilegal, razón por la cual,
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se estableció que la comunidad se
encuentra en zona de “riesgo no mitigable” y por ende debe ser reubicada.

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4. El Municipio de Yumbo presentó escrito de contestación6 de la demanda el
1.° de diciembre de 2022, en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso la excepción de “inexistencia de vulneración al derecho colectivo”. Fundó
su excepción en el argumento que ha implementado medidas eficientes
encaminadas a garantizar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, por
cuanto, ha realizado operativos a cargo de la Inspección Primera y elaboró el
proyecto denominado “Recuperación del Río Cauca Plan Piloto Piles. Recuperación
Ambiental de Borde del Río Cauca y Proyecto Estratégico ECOALDEAS PILES”.
Adicionalmente indicó lo siguiente:

4.5. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en su contestación
de la demanda, aludió a la Resolución núm. 0710 0711-000183 de 13 de marzo de
2012, “por medio de la cual se ordena la suspensión de la actividad generadora de
contaminación ambiental ocasionada por la quema de material forestal para la
obtención de carbón vegetal en el sector de Piles, Municipio de Yumbo,
Departamento del Valle del Cauca”, la cual fue enviada a la Inspección Primera del
Municipio de Yumbo, mediante oficio núm. 711-014183-2012-03 de 13 de junio de
2012, debido a ello, la autoridad referida procedió a realizar la visita y posterior
sellamiento de los establecimientos en los que se llevaba a cabo la actividad de
quema de carbón.

4.6. No obstante, estas medidas han sido infructuosas, comoquiera que, al tiempo
se vuelve a presentar la quema de materia vegetal para la obtención de carbón,
aunque esta situación es conocida por la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca. Pese a ello, destacó que la Inspección Primera ha seguido realizando
operativos.

4.7. A través del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Interés
Social de Yumbo - IMVIYUMBO realizó la reubicación de cuatro (4) familias,
dedicadas a actividades de obtención de carbón, en la urbanización Guadalupe.

5. El Departamento del Valle del Cauca presentó escrito de contestación de
la demanda en el que formuló las excepciones denominadas “falta de legitimación
en la causa”, e “innominada”. Adicionalmente manifestó lo siguiente:

4.8. Expresó que no ejerce funciones de autoridad ambiental, por lo que la
regulación de las emisiones, objeto de estudio en esta acción constitucional, no es

6 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 25. Archivo

denominado: 43_CONTESTACIONDEDEMANDA_02DEMANDADETUTELA_ME(.pdf) NroActua 25.

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de su competencia. Al respecto, indicó que el Decreto único reglamentario vigente
para el año 2015 que recopiló el Decreto 948 de 1995, en el artículo 2.2.5.1.7.1.
facultó a la autoridad ambiental competente para conceder permisos de emisiones
atmosféricas dentro de los límites permisibles.

6. El Municipio de Palmira se opuso a las pretensiones de la demanda, solicitó
su desvinculación y planteó las siguientes excepciones: “carencia del objeto e
inexistencia de la acción frente al Municipio de Palmira”; “la genérica e innominada”;
“cumplimiento fallo judicial – la cosa juzgada” y “cosa juzgada”. De un lado, expresó
que ejecutó múltiples requerimientos específicos a usuarios de la zona de ACOPI,
Arroyohondo y rural del Municipio de Yumbo, en los componentes aire, agua y
residuos. Señaló que exigió el tratamiento de aguas residuales domésticas e
industriales (PTARD y PTARI) a potenciales generadores de olores ofensivos;
también, a quienes ejercen actividades que ocasionan corrientes de gases por
combustión de residuos. Manifestó adicionalmente lo siguiente:

4.9. Que el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, en el proceso
con número único de radicación 76001333301020180025700 emitió la sentencia de
30 de noviembre de 2022, confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio de la cual, ordenó que, en el término de diez (10) meses contados
a partir de la notificación de la providencia, adopte un plan transitorio, y reubique
temporalmente las familias identificadas, vinculadas a la problemática de quema
indiscriminada, para luego implementar una estrategia de reubicación definitiva, de
conformidad con la solución dispuesta en el plan de ordenamiento territorial.

4.10. El Instituto Municipal de Reforma Urbana y de Vivienda de Interés Social de
Yumbo - IMVIYUMBO y la Asociación de Productores de Carbón de las Veredas
Piles de Palmira y Yumbo - APROCARPILES guardaron silencio7.

La audiencia de pacto de cumplimiento

7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró fallida la audiencia de
pacto de cumplimiento celebrada el 16 de mayo de 20238, luego de considerar que
ninguna de las partes propuso fórmula de arreglo.

7 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Constancia
secretarial. Índice 40. Archivo denominado: 62_CONSTANCIASECRETARIAL_DESFIJACIONTERMINOS(.pdf)
NroActua 40.
8 Cfr. Expediente digital del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, archivo denominado:

81_ACTADEAUDIENCIA_20220070300ACTAA(.pdf) NroActua 58.

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Sentencia proferida, en primera instancia

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia9 el 23 de
agosto de 2023, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de cosa juzgada, por las
razones aquí expuestas.

SEGUNDO: DECLARAR la vulneración del derecho colectivo al goce de un
ambiente sano, previsto en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 por parte
de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC,
de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, PROTEGER el derecho e interés
colectivo contenido en el literal a) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y en
consecuencia, ORDENAR la protección al derecho colectivo vulnerado al goce de
un ambiente sano, por parte de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA – CVC - para lo cual deberá implementar en lo de su
competencia, ante las quejas presentadas por la parte actora, la Resolución No.
1541 del 12 de noviembre de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y efectuar el control, seguimiento y aplicación de las medidas
correspondientes frente a la zona industrial del MUNICIPIO DE YUMBO, en lo que
tiene que ver con la generación de presuntos olores ofensivos. Para tal efecto, la
entidad dispondrá de un término máximo de seis (6) meses, a partir de la presente
sentencia, conforme lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por: i) el magistrado
ponente, ii) la señora LAURA CLAVIJO, en calidad de accionante, ii) el MUNICIPIO
DE YUMBO, iv) la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA – CVC, v) el MUNICIPIO DE PALMIRA, vi) el DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, vii) IMVIYUMBO y viii) un delegado de la Procuraduría
General de la Nación, como representante del Ministerio Público.

QUINTO: NO CONDENAR EN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: ENVIAR copia de la sentencia a la Defensoría del Pueblo, para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, archívense las diligencias una vez hechas las
anotaciones en el software de gestión […]”.

Consideraciones del Tribunal

9. El Tribunal estableció como problemas jurídicos para resolver, si debía
prosperar o no la excepción de cosa juzgada propuesta por el Municipio de Palmira;
luego de ello, planteó si había lugar a proteger el derecho colectivo al goce de un
ambiente sano ante la presunta generación de olores ofensivos en la jurisdicción
del Municipio de Yumbo, por causa de la gestión inadecuada de las autoridades

9 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 83. Archivo

denominado: 114_SENTENCIA(.pdf) NroActua 83.

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ambientales en cuanto al procedimiento establecido en la Resolución núm. 1541 de
2013.

10. El a quo declaró no probada la excepción de cosa juzgada, luego de analizar
que no existía identidad de partes, ni de objeto respecto de la acción popular núm.
2018-00257, en la cual se amparó el derecho colectivo a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente. Sustentó que en el proceso con número
único de radicación 2018-00257 se pretendía la reubicación de un asentamiento
ilegal, mientras que, en esta oportunidad, lo que se busca es la protección del
derecho e interés colectivo al goce de un medio ambiente sano, con ocasión de la
emisión de olores ofensivos en el sector industrial del Municipio de Yumbo.

11. Además, accedió a las pretensiones de la demanda, tras considerar que
luego de valorar el material probatorio recaudado en el proceso se logró probar la
transgresión del derecho colectivo al goce de un ambiente sano por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca ante la omisión de adelantar
el procedimiento establecido en la Resolución núm. 1541 de 2013.

12. Adujo que la actora probó que no se llevó a cabo por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca una encuesta a la población para medir la
percepción de los olores, de conformidad con los lineamientos de la norma
NTC6012–1, según lo indicado en las Resoluciones núm. 1541 de 2013 y 2087 de
2014. Según lo cual, concluyó que los resultados de la encuesta resultan
determinantes para que la autoridad ambiental adopte las medidas definitivas para
mitigar los olores ofensivos.

13. Así las cosas, determinó que la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca desconoció el procedimiento establecido, consistente en indagar con
suficiencia los niveles de aire o inmisión para las sustancias de olores ofensivos, en
lo que corresponde a su margen de acción, esto es, en el sector industrial del
Municipio de Yumbo.

14. En tanto, el a quo señaló que: “[…] [e]videntemente no podía la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, como
máxima autoridad ambiental y experta en estos casos, indicarle a la accionante que
debía instaurar otra queja en otra institución, pues le correspondía en el marco de
sus competencias adelantar las averiguaciones del caso en la zona industrial del
MUNICIPIO DE YUMBO, en torno a dar a conocer a la ciudadanía los límites
permisibles de calidad del aire o de inmisión, y el procedimiento para la evaluación

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de actividades que generan olores ofensivos, como estaba siendo solicitado
claramente por la parte actora, lo cual no hizo […]”.

15. Con fundamento en todo lo anterior, ante las quejas formuladas por la
accionante, el Tribunal le ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, que dentro del término de seis (6) meses, implemente –en lo de su
competencia– la Resolución núm. 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, y efectúe el control, seguimiento y aplicación de las medidas
correspondientes en lo referente a la generación de olores ofensivos en la zona
industrial del Municipio de Yumbo.

Recurso de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca

16. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia el 23 de agosto de
2023, con sustento en que la entidad “[…] no ha vulnerado ni amenazado ningún
derecho colectivo alegado por la parte actora […]”.

17. En consecuencia, pidió revocar tal decisión y, por el contrario, declarar que
no existe violación de parte de la Corporación, en tanto prosperan las excepciones
denominadas: “no vulneración a derechos colectivos”, “inexistencia de las
pretensiones por hecho superado ‘efectuar control y seguimiento’” y “conformar
mesas de trabajo”.

18. Para argumentar lo anterior, señaló que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca le dio la orden a la Corporación de aplicar lo dispuesto en la Resolución
núm. 1514 de 2013, sin tener en cuenta que el territorio en el que se deben aplicar
las encuestas corresponde a la jurisdicción del Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.

19. Señaló que la Corporación ha cumplido con los seguimientos, vigilancia y
control a los usuarios ubicados en Acopi, Arroyohondo y la zona rural del Municipio
de Yumbo, en donde es competente. Aunado a ello, indicó que, en virtud de sus
funciones, inició procesos sancionatorios.

20. Asimismo, afirmó que, el a quo no indicó cuál es la prueba que conduce a
declarar vulnerado el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano,
cuando –al parecer– la comunidad se encuentra afectada por olores producidos en
la jurisdicción de Cali.

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21. Advirtió que, como se observa del escrito de demanda, la accionante al
momento de instaurar la presente acción constitucional residía en el barrio La Flora,
al norte de Cali; barrio correspondiente a la jurisdicción del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA, por tratarse de la entidad
que ejerce la gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y por ser la
máxima autoridad ambiental en su perímetro urbano.

22. De este modo, refirió que, no es dable endilgar la responsabilidad de la
vulneración del derecho al goce de un ambiente sano a la Corporación comoquiera
que ésta no tiene competencia en el sector mencionado por la accionante, en tanto,
se itera, es el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente -
DAGMA, la autoridad que realiza los informes de los entes contaminantes en la
estación del barrio La Flora.

23. En suma, precisó que el presente caso involucra a dos autoridades
ambientales competentes, cada una en su jurisdicción, al DAGMA y a la
Corporación, en tanto una es municipal y otra es regional. En lo que atañe a la
Corporación, advirtió que la entidad demostró no haber incurrido en la vulneración
del derecho colectivo al goce de un ambiente sano. Con fundamento en ello, pidió
tener en cuenta que ambas entidades deben trabajar de manera conjunta en la
aplicación de la Resolución núm. 1541 de 2013.

24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concedió el recurso de
apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
mediante auto de 8 de septiembre de 2023.

Actuaciones en segunda instancia

25. El Despacho sustanciador, mediante auto de 29 de septiembre de 2023,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca.

25.1. Con posterioridad a la admisión del recurso de apelación, en segunda
instancia, el Departamento del Valle del Cauca, mediante escrito de 12 de octubre
202310, solicitó que al momento de resolverse el recurso de apelación interpuesto
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se declare probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que formuló en la

10 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 14, archivo denominado: 19_MemorialWeb_PeticiOn(.pdf)

NroActua 14.

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contestación de la demanda, comoquiera que el Departamento no es la entidad
responsable de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos.

25.2. En ese escrito, el Departamento manifestó que con posterioridad a que se
profirió la sentencia, en primera instancia, solicitó su adición, pero que el Tribunal,
mediante auto de 13 de septiembre de 2023, se abstuvo de dar trámite a la solicitud
argumentando que “[…] la Secretaria de la Corporación certificó que el memorial al
que alude el apoderado judicial como adición de la sentencia no fue exitosamente
registrado en el aplicativo de SAMAI […]”. Por ello, el Departamento solicitó al
Consejo de Estado, en segunda instancia, que tuviera en cuenta los argumentos allí
expuestos a la hora de proferir sentencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
el derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano; vi) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial sobre las emisiones atmosféricas y de los olores
ofensivos; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales, de los departamentos,
distritos y municipios en materia ambiental; y viii) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

27. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201911, sobre la distribución de los asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; y iii) el artículo 15012 de la Ley 1437, sobre la competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer
del recurso de apelación que se presenta contra la sentencia proferida en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

28. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la

11 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
12 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.

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sentencia de 23 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, de conformidad con los artículos 32013 y 32814 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201215, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.

Los problemas jurídicos

29. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:

29.1. Si se encuentra probada o no la vulneración o amenaza del derecho e interés
colectivo al goce de un ambiente sano, en relación con la presunta generación de
olores ofensivos derivados de la actividad industrial en el Municipio de Yumbo y por
la quema de madera para la producción de carbón a la orilla del Río Cauca por la
población asentada de forma irregular en sus inmediaciones.

29.2. Si la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca es o no competente
para dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Resolución núm. 1541 de
2013, en las zonas referidas en la demanda, en las quejas y en la petición, con miras
a practicar las encuestas a la comunidad con el objeto de encontrar una solución a
la problemática expuesta, relativa a la generación de olores ofensivos.

29.3. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 23 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

30. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

13 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
14 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
15 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

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31. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

32. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

33. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

34. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”16.

35. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de

2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

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personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

36. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

37. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 17, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

38. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la

17 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).

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situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]18”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
al goce a un ambiente sano

39. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre las cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

40. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

41. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197319 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197420, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de

18 Ibidem.
19 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código

de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
20 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.

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los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.

42. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

43. A su vez, la Corte Constitucional21 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las emisiones atmosféricas
y de los olores ofensivos

44. Vistos: i) el artículo 2.º de la Constitución Política, sobre los fines esenciales
del Estado, especialmente el relativo a servir a la comunidad y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución22; ii)

21 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
22 El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del Estado, entre otros,

“[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución […]”. Igualmente, se estableció que “[…] [l]as autoridades
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares”.

De la misma forma, la Constitución resalta que “[…] [e]l ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en
esta Constitución implica responsabilidades […], [por consiguiente] [t]oda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes […], [r]espetar los derechos ajenos y no abusar de los propios […] [y] [p]roteger los
recursos […] naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano […].

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los artículos 8.º y 73 del Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974 23, sobre la
contaminación del aire como factor que deteriora el medio ambiente y, sobre la
obligación de mantener la atmósfera en condiciones que no causen molestias o
daños, o interfieran en el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y
de los recursos naturales renovables; y iii) el artículo 5.º de la Ley 99 de 22 de
diciembre de 1993, sobre las funciones del Ministerio del Medio Ambiente,
especialmente los numerales 11 y 25, sobre la función de dictar regulaciones de
carácter general tendientes a controlar y reducir las contaminaciones atmosféricas,
en todo el territorio nacional, y establecer los límites máximos permisibles de
emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o
cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, respectivamente.

45. Vistos los siguientes artículos del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015 24: i)
el artículo 2.2.5.1.1.1, sobre el objeto del Reglamento de Protección y Control de la
Calidad del Aire, especialmente, en lo relacionado con la fijación de normas básicas
sobre la emisión de olores ofensivos; ii) el artículo 2.2.5.1.1.2. que define la
sustancia de olor ofensivo como “[…] aquella que por sus propiedades
organolépticas, composición y tiempo de exposición puede causar olores
desagradables […]”; iii) el artículo 2.2.5.1.3.4. que prohíbe el funcionamiento de
establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales y asigna,
entre otros, a las Autoridades Ambientales competentes y, en especial, a los
Municipios determinar las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y
restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de
instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores
ofensivos; y iv) el artículo 2.2.5.1.7.2., especialmente el literal m y el parágrafo 1.º,
sobre el requisito de permiso de emisión atmosférica para las actividades
generadoras de olores ofensivos y la competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para establecer los factores a partir de los cuales se requiere
el precitado permiso, teniendo en consideración, entre otros criterios, el riesgo para
la salud humana y el riesgo ambiental inherente.

46. Vistas las Resoluciones núms.: i) 909 de 5 de junio de 200825; sobre
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas;

23 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.
24 “[…] Por medio del cual se expide el decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

[…]”.
25 “[…] Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la

atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones […]”.

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ii) 1541 de 12 de noviembre de 201326, sobre las reglas para la recepción de quejas,
los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión y la evaluación de las
emisiones de olores ofensivos; iii) 2087 de 16 de diciembre de 2014 27, sobre el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos; y iv) 2254 de
1.º de noviembre de 201728, que establece la norma de calidad del aire o nivel de
inmisión y adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio
nacional, expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

47. La Resolución 1541 de 201329 define el olor ofensivo como aquel “generado
por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicio, que produce
fastidio, aunque no cause daño a la salud humana”. La misma norma detalla las
etapas del procedimiento administrativo de evaluación de tales olores, así:

“[…] Artículo 4. Recepción de quejas. Para la recepción de quejas por olores
ofensivos, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Una vez radicada la queja, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días hábiles para la evaluación de la misma y dentro del mismo término podrá
practicar una visita a la actividad.

2. Vencido el plazo anterior, la autoridad ambiental competente contará con treinta
(30) días calendario para expedir el acto administrativo mediante el cual se
pronunciará sobre la viabilidad o no de exigir a la actividad la presentación de un plan
para la reducción del impacto por olores ofensivos (PRIO).

3. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la firmeza del acto administrativo, el titular
de la actividad deberá presentar un plan para la reducción del impacto por olores
ofensivos, (PRIO), de conformidad con lo establecido en el capítulo V de la presente
resolución.

Parágrafo 1. Para la evaluación de la queja, la autoridad ambiental competente
seguirá el procedimiento establecido en el protocolo para el monitoreo, control y
vigilancia de olores ofensivos […]”.

48. El protocolo para el monitoreo, control y vigilancia de olores ofensivos,
aprobado mediante Resolución 2087 de 2014, en su capítulo introductorio, explica
que la Resolución 1541 de 2013 debe aplicarse siguiendo esta secuencia:

“[…] 1) presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;

2) evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;

26 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para

la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones […]”.
27 “[…] Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]”.
28 “[…] Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
29 “[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento

para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos […]”.

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20

Núm. único de radicación: 760012333000202200703-01

3) requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;

4) implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y

5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos […]”.

49. En materia de contaminación ambiental por olores ofensivos, la Sección
Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 13 de junio de 2019 30, reiterada
entre otras31, en la sentencia de 25 de agosto de 202332, ha venido aplicando
criterios hermenéuticos al momento de aplicar las Resoluciones números 1541 de
2013 y 2087 de 2014, en los términos que se trascriben a continuación.

“[…] [L]a Resolución 1541 de 2013, ‘por la cual se establecen los niveles permisibles
de calidad del aire o de inmisión [y] el procedimiento para la evaluación de actividades
que generan olores ofensivos’, al igual que otras regulaciones indicadas en la sección
X.7., define olor ofensivo como “el olor generado por sustancias o actividades
industriales, comerciales o de servicio, que produce fastidio, aunque no cause daño
a la salud humana”.

Resulta evidente que una interpretación literal y aislada de lo que la ley define como
un olor ofensivo, no necesariamente conduce a verificar la vulneración de un derecho
colectivo. Por el contrario, la idea de concederle prioridad, sin más, a las sensaciones
de ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ generadas en un grupo de personas con
ocasión del ejercicio de un derecho ajeno, sí entraña el peligro de adoptar medidas
desproporcionadas en relación con la garantía de otros bienes jurídicos que también
son importantes para el ordenamiento jurídico.

Así pues, a efectos de que el operador jurídico pueda constatar la perturbación de
derechos colectivos por cuenta la emisión de sustancias constitutivas de olores
ofensivos, la ley propuso dos normas o estándares de evaluación y emisión33 de ese
tipo de olores. El primero de ellos consiste en la fijación de umbrales de tolerancia34
establecidos mediante pruebas estadísticas. Y el segundo refiere a los niveles
permisibles de calidad del aire. Valga precisar que este segundo criterio presta utilidad
como parámetro de evaluación, tanto para los niveles de inmisión35 de sustancias y
mezclas de sustancias de olores ofensivos36, como para las modelaciones de las
mediciones directas de emisiones37.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de junio de

2019, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 68012333000201500962-01.
31 Entre otras, en las sentencias: Consejo de Estado, Sección Primera, 14 de septiembre de 2020, proferida en

el expediente con número único de radicación 66001-23-33-000-2018-00079-01(AP) y sentencia de 13 de
diciembre de 2023, proferida en el expediente con número único de radicación 68001233300020170144901,
ambos, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de

2023, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 660012333000201900551-01.
33 “Emisión. Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna

combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil”.
34 “Umbral de tolerancia. Para efectos de la presente resolución, el umbral de tolerancia es el nivel permisible

de calidad del aire o de inmisión de mezclas de sustancias de olores ofensivos”.
35 “Inmisión. Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por inmisión a la

acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera.
Límite de inmisión. Para efectos de la aplicación de la presente resolución, corresponde al valor de inmisión que
se deberá alcanzar en las zonas residenciales del área de afectación como consecuencia de la emisión
generada por la actividad generadora de olores ofensivos”.
36 “Sustancia de olor ofensivo. Es aquella que por sus propiedades organolépticas, composición y tiempo de

exposición puede causar olores desagradables”.
37 Decreto 948 de 1995, artículos 5.º y 16.

Resolución 1541 de 2013, artículos 1.º, 7.º y 16.

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En conclusión, olor ofensivo no es solamente aquel que produce fastidio, sino el que,
además, violenta las normas o estándares de evaluación y emisión correspondientes.
En este evento las autoridades y los particulares están avocados a adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar el recurso aire. Empero, la Sala aclara que
esta tesis no es obstáculo para que tanto autoridades como particulares desplieguen
las acciones adecuadas en caso de que se demuestre que los olores ofensivos
representan una amenaza cierta contra la salud o la vida humana, animal o vegetal,
los recursos naturales renovables, el patrimonio natural o la diversidad biológica.

La tesis anteriormente expuesta tampoco significa que se le esté dando prioridad al
desarrollo por sobre la protección y conservación de la biodiversidad. Como se
advirtió en el capítulo X.5., debe haber un equilibrio entre desarrollo y conservación,
por ello la ley ha fijado unas normas o estándares, a partir de los cuales se puede
determinar cuándo un olor ofensivo se torna insostenible por el uso irracional del
recurso natural renovable – aire.

En efecto, una interpretación sistemática de la regulación de contaminación
atmosférica por olores ofensivos conlleva a concluir que los olores ofensivos no se
acreditan con meras manifestaciones de ‘fastidio’ realizadas por un colectivo de
personas, toda vez que, en aras del respeto por el ejercicio de los derechos ajenos –
en este caso, el de libertad de empresa- dicho concepto: olor ofensivo – fastidio,
requiere ser demostrado mediante alguno de los estándares de carácter objetivo
establecidos por la ley.

XI.3.2. La Resolución 2087 de 2014, por la cual se ‘adopta a nivel nacional el
Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos […]’, en su
capítulo introductorio, indica que:

‘La aplicación de la Resolución 1541 de 2013 se realizará con base en la siguiente
secuencia:
1) presentación de la queja como indicador de la existencia de una presunta
problemática;
2) evaluación de la queja a través de encuestas estandarizadas desarrolladas en la
Norma Técnica Colombiana NTC 6012-1 “Efectos y evaluación de los olores.
Evaluación sicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios”;
3) requerimiento del plan para la reducción del impacto por olores ofensivos por la
autoridad ambiental competente, a la actividad generadora;
4) implementación del plan, evaluación y seguimiento permanente por parte de la
autoridad ambiental competente y
5) Medición en caso de incumplimiento del Plan para la reducción del impacto por
olores ofensivos.
[…]”. [Subraya la Sala].

La Sala destaca que la aplicación excesivamente rigurosa de este instrumento
normativo puede conllevar a que el derecho sustancial sea puesto en
detrimento, so pretexto de la observancia de las reglas de carácter adjetivo. Sin
duda, este proceder ha sido proscrito por el ordenamiento jurídico
colombiano38. Con base en esta premisa, se proponen los siguientes criterios
hermenéuticos para tener en cuenta a la hora de aplicar las resoluciones 1541
de 2013 y 2087 de 2014.

En primer lugar, es de anotar que las quejas por olores ofensivos no constituyen un
parámetro objetivo de evaluación y emisión de ese tipo de olores, toda vez que las
mismas corresponderían a la pura percepción sensorial puesta de manifiesto por
cualquier ciudadano.

Como pudo observarse en el acápite X.7., la queja por olores ofensivos está diseñada
para que la autoridad ambiental la analice y, si hay lugar, disponga de sus poderes
jurídicos en aras de verificar, técnicamente: los umbrales de tolerancia frente a olores
ofensivos mediante el criterio estadístico; y/o los niveles permisibles de calidad del
38 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 228.

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aire, mediante las evaluaciones de inmisión y/o de emisión de sustancias constitutivas
de olores ofensivos. Todo esto, se reitera, con el fin último de garantizar el debido
ejercicio de los derechos de la colectividad.

En la búsqueda del amparo de sus derechos, es muy probable que la colectividad se
encuentre en una posición de desventaja en atención a las eventuales dificultades
que le significaría valerse de los elementos técnicos requeridos por la ley para efectos
de demostrar que su ‘fastidio’, ‘molestia’ o ‘incomodidad’ se traduce, objetivamente,
en el desconocimiento de alguna de las normas o estándares de olores ofensivos.

De allí que la Sala destaque que la herramienta jurídica queja por olor ofensivo, no
puede suponer la imposición de la carga a los ciudadanos de constituir la prueba
técnica de contaminación, sea mediante el criterio estadístico o en la modalidad de
desconocimiento de los niveles permisibles de calidad del aire. Por ello, es
fundamental que las autoridades ambientales, ante las informaciones relativas a
olores ofensivos, defina con prontitud y de conformidad con el ordenamiento, si los
mismos se encuentran o no dentro de los límites permisibles.

En conclusión, la queja se constituye como el llamado de atención pronunciado por
los ciudadanos con el fin de que la autoridad ambiental determine si las normas o
estándares de evaluación y emisión de olores ofensivos están siendo o no
desconocidos y, en consecuencia, precise si los derechos colectivos están siendo o
no vulnerados.

El estado de indeterminación o incertidumbre acerca de la magnitud de los olores
ofensivos percibidos por la comunidad, propiciado por la autoridad ambiental so
pretexto del cumplimiento litúrgico de la Resolución 2087 de 2014, sin duda lleva
implícito la posibilidad de perturbación de, entre otros, el derecho a gozar de un
ambiente sano. En ese caso, la acción popular se torna procedente en su modalidad
de daño contingente, es decir que, ante aquella afectación respecto de la cual no se
tiene certeza de su acaecimiento pasado o futuro, en relación con un hecho
potencialmente perjudicial, es deber del juez de la acción popular adoptar las medidas
adecuadas para eliminar el riesgo al que estarían sometidos los derechos colectivos
(finalidad preventiva -apartado X.2.-)39.

En segundo lugar, la encuesta estandarizada no puede ser considerada como un
presupuesto para convalidar las quejas por olores ofensivos, toda vez que, como se
ha venido sosteniendo, el mismo Decreto 948 de 1995 dispuso que dicho instituto es
un criterio objetivo para constatar el desconocimiento de las normas o estándares de
evaluación y emisión de olores ofensivos.

[…] Finalmente, debe destacarse que la aplicación de las medidas contempladas en
la Resolución 1541 de 2013 o cualquiera otra, tampoco puede estar condicionada al
nivel de abstracción referido en la Resolución 2087 de 2014. Es deber de la autoridad
ambiental analizar el caso concreto de contaminación atmosférica por olores
ofensivos, y de acuerdo a los niveles de afectación que arroje la encuesta o la
evaluación, adoptar todas las medidas (ordenación del PRIO o su modificación,
evaluación de niveles permisibles de calidad del aire u otras), en simultánea o en el
orden y los tiempos que se considere más adecuado, para efectos de conjurar la
situación de perturbación de derechos por olores ofensivos […]”.

39 Ley 472 de 1998, artículos 2.°, 9.° y 14.

La acción popular es el instrumento procesal público, de rango constitucional y carácter principal, diseñado
específicamente para proteger derechos e intereses colectivos; en tal virtud, al juez de la acción popular le
asiste la obligación de disponer de las medidas necesarias y adecuadas dirigidas a evitar el daño contingente
(finalidad preventiva) y/o hacer cesar el peligro o la amenaza, así como la vulneración o el agravio que se
presente contra los mismos (finalidad preventiva/suspensiva). De igual forma, en caso de que se haya
consumado el daño sobre los derechos e intereses colectivos, el operador judicial está en el deber, en tanto sea
posible, de adoptar las órdenes apropiadas para restituir las cosas a su estado anterior (finalidad restitutiva).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales, los departamentos, distritos y
municipios en materia ambiental

50. La Constitución de 1991 atribuyó al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un
régimen de autonomía, las cuales se conciben como organismos administrativos
que forman parte de la estructura estatal “dentro de un régimen de autonomía”, con
identidad propia, autonomía e independencia.

51. Así, la Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental SINA, como el conjunto de
orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales40. El
parágrafo del artículo 4.° de la Ley 99 establece que la jerarquía en el Sistema
Nacional Ambiental es el siguiente: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones
Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o municipios.

52. Por un lado, el artículo 23 de esta ley define las Corporaciones Autónomas
Regionales como "[…] entes corporativos de carácter público, creados por la
ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica […]” con autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, “[…] encargadas de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente […]”.

53. Y, por el otro, el artículo 30 de la misma norma en cita, establece lo
concerniente a su objeto, al respecto, determina que éste se circunscribe a la “[…]
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por
el Ministerio del Medio Ambiente […]”.

54. Ahora, en lo que atañe a sus funciones, el artículo 31 de la Ley 99 establece,
entre otras, que a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde “[…]
[e]jercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de

40 Artículo 4.° de la Ley 99.

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acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”, así como:

“[…] 4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus
programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales;
[…]

9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas
para la caza y pesca deportiva;
[…]

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables […]” (Destacado fuera de texto).

55. El parágrafo 4.° del artículo 31 prevé que las Corporaciones Autónomas
Regionales deben realizar sus tareas “[…] en estrecha coordinación con las
entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado
responsabilidades de su competencia […]”. (Destacado fuera del texto original)

56. El artículo 66 de la Ley 99 determina que los municipios, distritos o áreas
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de
habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al
medio ambiente urbano. A su vez les asignó la responsabilidad de “[…] efectuar el
control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos
y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de
daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación […]”.

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57. El artículo 33 de la misma ley, relativo a la creación y transformación de las
Corporaciones Autónomas Regionales, incluyó a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca y dispuso que su jurisdicción comprende el
Departamento del Valle del Cauca. El artículo 1.° del Decreto 1275 de 21 de junio
de 199441 define su naturaleza en similares términos.

58. El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA es
una entidad del nivel central42 del Municipio de Santiago de Cali, creada mediante
el Acuerdo Municipal núm. 18 de 30 de diciembre de 199443. Sin embargo, su misión
y funciones fueron asignadas a partir de la entrada en vigencia del Decreto 0203 de
16 de marzo de 200144. El Título III, capítulo 1 de este decreto se refiere a la
definición, misión y estructura del DAGMA. Específicamente, el artículo 110
establece que el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente es la
máxima autoridad ambiental en el Municipio de Cali, al señala que:

“[…] ARTICULO 110: MISION.- El Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente "DAGMA", es la máxima autoridad ambiental en el Municipio de Cali y,
como tal, será el organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los
recursos naturales, responsable de la política y de la acción ambiental encargada de
aplicar las normas de la Constitución Política, del Decreto 2811 de 1.974, de la Ley
99 de 1.993, la Ley 388 de 1997 y los decretos que reglamenten, adicionen o
modifiquen la materia; y, de mantener y preservar los parques y las zonas verdes, así
como de la arborización y ornato del Municipio de Cali […]”.

59. El Capítulo 2.°, en el artículo 112 del Decreto 0203 establece las funciones
del DAGMA, entre las cuales se destacan:

“[…] 1. Ejercer su función de máxima autoridad y control ambiental en el Municipio de
Santiago de Cali […]

2. Diagnosticar la situación ambiental del municipio y trazar planes, ejecutar las
políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la Ley
aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Inversiones, o por
el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del Plan de Desarrollo del Municipio y
el Plan de Ordenamiento Territorial aplicables dentro del ámbito municipal.
[…]

8. Efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de
desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección
o mitigación de daños ambientales y exigir la ejecución de proyectos de saneamiento
y descontaminación.

41 “[…] Por el cual se adiciona el artículo 4º del Decreto 855 de 1994 […]”.
42 Goza de autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y competencias a su cargo, según lo

establecido en el artículo 226 del Decreto Extraordinario núm. 4110200516 de 28 de septiembre de 2016,
expedido por el alcalde municipal de Santiago de Cali, “[…] Por el cual se determina la estructura de la
Administración Central y las funciones de sus dependencias […]”.
43 “[…] Por el cual se implanta el sistema de gestión ambiental en el Municipio de Santiago de Cali y se crea el

departamento administrativo de gestión del medio ambiente del municipio de Santiago de Cali DAGMA […]”.
44 “[…] Por el cual se compilan el Acuerdo 70 de 2000, el Acuerdo 01 de 1996 y las demás disposiciones que lo

hayan modificado, adicionado o aclarado que conforman la estructura orgánica y funcional del Municipio de
Santiago de Cali […]”.

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[…]

12. Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos. El
otorgamiento de las concesiones a las cuales se refiere este numeral y el numeral
nueve del presente artículo requiere previo concepto favorable de la Comisión del
Plan y Tierras del Honorable Concejo Municipal.
[…]

19. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las Entidades
Territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales.
[…]

66. Preparar las licencias ambientales, permisos de vertimiento y de emisión,
concesiones de transporte de sustancias tóxicas o de impacto ambiental, en el área
urbana y suburbana del Municipio.
[…]

75. Evaluar los Diagnósticos de Alternativas, Estudios de Impacto Ambiental y Planes
de Manejo y de Mitigación.
[…]

82. Ejercer el control del cumplimiento de las normas de vertimiento, emanaciones y
manejo y disposición de desechos.
83. Verificar los planes de cumplimiento.
84. Operar, en coordinación con las dependencias respectivas, la red de monitores
de calidad de aire y agua.
[…]

87. Promover la realización de planes de gestión ambiental y hacer el seguimiento y
evaluación en las divisiones territoriales del Municipio de Santiago de Cali […]”.

60. En cuanto a los departamentos, el artículo 64 de la Ley 99, define las
funciones que les compete en materia ambiental, entre las cuales se encuentran:

“[…] 3) Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las demás entidades
territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de programas y
proyectos en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables;

4) Ejercer en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental
(SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar
por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia
ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano;
[…]
7) Coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen

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en el territorio del departamento con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables […]”.

61. Por último, los municipios y distritos de conformidad con el artículo 65 de la
Ley 99 tienen las siguientes funciones en materia ambiental:

“[…] 5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la
elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas,
proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables;
[…]

6) Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la
Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional
Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de
control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin
de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia
ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano;

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el
territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la
movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los
recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las
aguas, el aire o el suelo […]”.

Análisis del caso concreto

62. De conformidad con los marcos normativos y los desarrollos
jurisprudenciales de la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del
silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

63. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó el derecho al goce de
un ambiente sano, luego de considerar que la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca desconoció el procedimiento establecido en materia de olores
ofensivos, consistente en indagar con suficiencia los niveles de aire o inmisión para
las sustancias, en el sector industrial del Municipio de Yumbo, de conformidad con
sus competencias.

64. En consecuencia, le ordenó que, en el marco de las quejas recibidas, dentro
del término de seis (6) meses siguientes, implemente –en lo de su competencia– la
Resolución núm. 1541 de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
y efectúe el control, seguimiento y aplicación de las medidas correspondientes en
lo referente a la generación de olores ofensivos en la zona industrial del Municipio
de Yumbo.

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65. Contra esta decisión, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
interpuso recurso de apelación que fundamentó en la ausencia de jurisdicción en el
territorio donde deben aplicar las encuestas, comoquiera que, en su criterio, la
competencia le corresponde al Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente - DAGMA.

66. Adicionalmente, se opuso a la declaratoria de responsabilidad en su contra
toda vez que, no quedó claro por medio de que prueba se constató la
responsabilidad de la Corporación, dado que –al parecer– la comunidad se
encuentra afectada por olores percibidos en la jurisdicción de Cali.

67. Sea lo primero resaltar que el Departamento del Valle del Cauca allegó un
memorial el 12 de octubre de 202345, por medio del cual puso de presente lo
siguiente:

“[…] [F]rente a la sentencia proferida el 23 de agosto de 2023 solicité su ADICIÓN de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998, 306 de la Ley
1437 de 2011 y 287 del Código General del Proceso, dentro del término procesal
oportuno. Lastimosamente como se evidencia en el expediente digital principal
obrante a índice 130, el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
mediante auto del 13 de septiembre de 2023, se abstuvo de darle trámite a la solicitud
de adición de la providencia.

[…] Sobre el particular, obran en el expediente las constancias de envío del memorial
donde se solicita la adición de la sentencia, las cuales el Honorable Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no quiso tener en cuenta toda vez que sostienen
que el proceso de registro no culminó con éxito. Por lo tanto, me permito
respetuosamente reiterar esa solicitud de forma simple a este despacho para que al
momento de decidir sobre la segunda instancia los tenga a su consideración […]”.

68. Al respecto, es importante resaltar que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca resolvió, mediante auto de 13 de septiembre de 202346, abstenerse de
impartir trámite a la solicitud de adición de la sentencia de 23 de agosto de 2023,
comoquiera que “[…] la Secretaría [del Tribunal] certificó que el memorial al que
alude el apoderado judicial como adición de la sentencia no fue exitosamente
registrado en el aplicativo de SAMAI el 31 de agosto del año que cursa […]”.

69. En ese orden de ideas y contrario a lo manifestado por el apelante, la Sala
considera, por un lado, que el Tribunal sí resolvió lo relacionado con la solicitud de
adición presentada por el Departamento demandado, mediante la providencia
anteriormente indicada47 y que dicha providencia se encuentra ejecutoriada en la

45 Este escrito fue presentado con posterioridad a la admisión del recurso de apelación mediante auto de 29 de

septiembre de 2023.
46 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 130. Archivo

denominado: 130_AUTOQUERESUELVE.
47 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 130. Archivo

denominado: 130_AUTOQUERESUELVE.

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medida en que contra esa decisión no se interpusieron recursos. Asimismo, que la
manifestación realizada por el Departamento tuvo como propósito reiterar los
argumentos presentados en esa oportunidad, en torno a la legitimación en la causa
por pasiva del Departamento, “[…] para que al momento de decidir sobre la segunda
instancia los tenga en consideración […]” y se determine que ese ente territorial no
tiene legitimación en la causa por pasiva en torno a la controversia planteada.

70. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera en forma adicional, por un
lado, que en este caso se resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; por el otro, que el
Departamento del Valle del Cauca no interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida en primera instancia y, por último, que las alegaciones, en
segunda instancia, no constituyen una nueva oportunidad procesal para presentar
argumentos novedosos que no fueron planteados por las partes en la oportunidad
procesal correspondiente.

71. En este punto, se recuerda que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley
472, “[…] [v]encido el término del traslado para alegar, el secretario inmediatamente
pasará el expediente al despacho para que se dicte sentencia, sin que puedan
proponerse incidentes, salvo el de recusación, ni surtirse actuaciones posteriores
distintas a la de expedición de copias, desgloses o certificados, las cuales no
interrumpirán el término para proferirlas, ni el turno que le corresponda al proceso
[…]”.

72. Ahora bien, para efectos de resolver el caso concreto, la Sala advierte que
las pruebas relevantes para resolver son las siguientes48:

73. Copia de la petición49 presentada por la accionante el 2 de junio de 2022,
ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en la cual, pone en
conocimiento la situación a la que se enfrentan algunos sectores del norte de Cali,
entre ellos, el barrio La Flora, como consecuencia de los olores ofensivos que se
perciben. Al respecto, se indica lo siguiente:

“[…] El 22 de diciembre del 2021 presenté una queja con número de radicado
1119172021 ante el portal virtual de la CVC a causa de los olores ofensivos que se
presentan constantemente en el municipio de Yumbo, y que llegan hasta algunos
sectores del Norte de Cali como el barrio La Flora, donde resido actualmente.

48 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 3. Archivo

denominado: 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 3, ver Link:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=76001233300020220070301110
0103.
49 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 3. Archivo

denominado: 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip) NroActua 3.

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Adicionalmente, por motivos personales transito varias veces a la semana por la recta
Yumbo-Palmira, donde los olores ofensivos son insoportables […]”.

“[…] Ante el aumento en la percepción de los olores ofensivos, el 25 de marzo
presenté nuevamente una queja con número de radicado 323902022 en el portal
virtual de la CVC, sin recibir respuesta alguna hasta el día de hoy […]”.

74. Copia del correo de 9 de marzo de 202250, mediante el cual, la accionante le
solicita al señor Gabriel Orlando Rodríguez –profesional especializado de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, Dirección Ambiental Regional Sur
Occidente– que le informe sobre el estado del trámite de la queja por ella presentada
el 22 de diciembre de 2021.

74.1. En la respuesta a la solicitud, el señor Rodríguez le explica a la peticionaria
que la situación tiene una característica especial, en tanto, involucra la competencia
de dos autoridades ambientales, comoquiera que, los olores se generan en
jurisdicción administrativa de la Corporación, pero “los que colocan la queja se
encuentran en jurisdicción administrativa del DAGMA”. A renglón seguido señala,
“[…] esta consulta la estamos haciendo extensiva al Ministerio del Ambiente con el
fin de que defina el procedimiento a realizar, una vez tengamos respuesta
estaremos notificando de la misma […]”.

75. Copia de los reportajes de prensa51, titulados: “[…] Olores ofensivos, son
graves en Cali […]” del periódico El Tiempo, de 19 de julio de 1995; “[…] Un mal
olor inunda a Cali […]” de El Pueblo, de 23 de febrero de 2013; “[…] Olores ahogan
a los caleños […]” del periódico El País, de 1.° de septiembre de 2014.

76. Copia del artículo denominado “[…] ¿A qué se deben los diversos olores en
el ambiente de algunos sectores de Cali? […]” publicado por el DAGMA en 201352.

77. Copia del documento titulado “Recuperación del Río Cauca, Plan Piloto Piles,
Recuperación Ambiental de Borde del Río Cauca y Proyecto Estratégico
ECOALDES Piles”53, elaborado por la Alcaldía de Yumbo. Se identifican como
antecedentes y problemáticas, entre otras: la tala y quema a cielo abierto de
especies arbóreas para producción de carbón, la interposición entre la zona forestal
protectora y los efectos naturales del río, que generan una zona de riesgo.
Asimismo, se destaca la existencia de condiciones de salubridad y control sanitario
deficientes por tratarse de un asentamiento informal.

50 Cfr. Ibidem 46, folio 19.
51 Cfr. Ibidem 46, folios 21 a 23.
52 Cfr. Ibidem 48.
53 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 3. Archivo

denominado: 43_CONTESTACIONDEDEMANDA_02DEMANDADETUTELA_ME, folio 31.

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77.1. El proyecto plantea el desarrollo de viviendas con locales comerciales en
vecindarios productivos y aldeas productivas, centro de producción de carbón y
campo de producción avícola y porcícola.

77.2. En este documento se relaciona a la Gobernación del Valle del Cauca como
responsable del proyecto en coordinación con el Ministerio de Ambiente, así:

78. Copia del oficio 711-014183-2012-03 de 13 de junio de 201254, dirigido a la
Inspectora de Policía de Yumbo Valle, suscrito por el Director Territorial de la
Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, en virtud del cual, comunica el incumplimiento de la Resolución
núm. 0710 0711-000183 de 13 de marzo de 2012 “Por medio de la cual se ordena
la suspensión de la actividad generadora de contaminación ambiental, ocasionada
por la quema de material forestal para obtención de carbón vegetal en el sector
Piles, Municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca”. Además, señala
que, por el incumplimiento precitado, la Corporación procederá conforme a lo
señalado en el artículo 85 numerales 1.° y 2.°, literales a y c de la Ley 99, en
concordancia con la Ley 1333 de 21 de julio de 2009.

54 Cfr. Ibidem 50, folios 66 a 69.

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79. Copia de la Resolución 0720 0721-000293 de 6 de abril de 201755, por medio
de la cual se impone una sanción por parte de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, como consecuencia del procedimiento administrativo
sancionatorio ambiental, y se ordena el decomiso definitivo de quince (15) bultos de
carbón vegetal, por no portar salvoconducto de movilización expedido por la
autoridad competente, esto es, de la Corporación.

80. Copia de la constancia de notificación personal56 de 9 de mayo de 2018,
remitido por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, de la
Resolución núm. 0720 0721-000293 de 6 de abril de 2017, mediante la cual se
impone una sanción.

81. Copia de los oficios núm. 130.29.600-2019 y 130.19.601-2019 de 13 de junio
de 2013, dirigidos –respectivamente– al Comandante de la Estación de Policía de
Yumbo, Valle, y al Secretario de Tránsito Municipal, suscrito por la Inspectora de
Policía del mismo municipio, por los cuales solicita ordenar los operativos
correspondientes he imponer las medidas correctivas, en el sector Riveras de Piles,
dado que algunos habitantes en horas de la tarde reciben volquetas de escombros
en un sitio que no está autorizado para tal fin.

82. Copia del Acta núm. 0357 “Adherentes de la Asociación de Productores de
Carbón de las veredas Piles de Palmira y Yumbo – Valle del Cauca
‘APROCARPILES’”, suscrita el 29 de enero de 2021, en la vereda de Piles de
Yumbo, por medio de la cual, veinticuatro (24) personas de Yumbo y treinta y una
(31) personas de Piles de Palmira, manifestaron su voluntad de pertenecer a la
Asociación de productores de carbón de las veredas Piles de Palmira y Yumbo Valle
del Cauca.

83. Copia de la petición radicada el 17 de febrero de 202058 ante la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, por medio de la cual, el presidente de la
Asociación de Productores de Carbón de las veredas Piles de Palmira y Yumbo –
Valle del Cauca - APROCARPILES solicita una cita con la junta directiva, con el fin
de conformar una mesa de concertación y diálogo que permita atender las
recomendaciones en materia ambiental, al tiempo que les permita seguir laborando
en la actividad que desarrollan hace más de treinta (30) años y que genera el
sustento de sus familias.

55 Cfr. Ibidem 50, folios 128 a 131.
56 Cfr. Ibidem 50, folios 122 y 124.
57 Cfr. Ibidem 50, folios 78 a 80.
58 Cfr. Ibidem 50, folio 88.

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84. Copia de la respuesta59 por parte de la Secretaria Agropecuaria y de
Desarrollo Rural de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al
presidente de la Asociación de Productores de Carbón de las veredas Piles de
Palmira y Yumbo, Valle del Cauca - APROCARPILES, que señala que se podrán
concertar acciones interinstitucionales con la población rural de Palmira, en
coordinación con la Dirección de Gestión de Medio Ambiente del municipio, con
miras a encontrar alternativas que permitan seguir desarrollando la actividad de
obtención de carbón:

“[…] Teniendo en cuenta la solicitud emanada por la asociación de productores de
Carbón de Piles y de Yumbo, frente a la necesidad de conformar una mesa de
trabajo, donde se expongan las necesidades del trabajo y el propósito de no
desconocer la normatividad ambiental de nuestro país.

En ese orden de ideas, esta dependencia se encuentra presta a trabajar por los
temas que conciernen con la población rural palmirana, sin desconocer lo anterior,
la Dirección de Gestión de Medio Ambiente de la administración municipal, podrá
concertar acciones interinstitucionales con la Corporación Autónoma C.V.C, con el
ánimo de generar las condiciones necesarias para que dicha actividad dado el caso,
se pueda realizar de una forma concertada con la autoridad ambiental; realizando
revisión de información se encuentra en la página web oficial de la C.V.C, que en el
pasado año 2019 se concedió el permiso a los carboneros del Cerrito, que ampara
la trasformación en carbón vegetal, manejo de la calidad del aire y el transporte del
mismo con el respectivo Salvoconducto Único Nacional; está información se usa
como antecedente, no es de carácter vinculante y no influye en la decisión que tome
la autoridad ambiental en este caso. Se adjunta Impresión del día de hoy de la
página web https://www.cvc.gov.co/permiso [...]”.

85. Copia del oficio 104-29 de 1.° de septiembre de 202160, por medio del cual el
Director del Departamento de Planeación Municipal de la Alcaldía de Yumbo le
solicita al presidente de la Asociación de Productores de Carbón de las veredas
Piles de Palmira y Yumbo, Valle del Cauca - APROCARPILES, que presente la
estructura de Mercadeo y Distribución para el desarrollo de la actividad de quema
de carbón, en el que especifique la cadena de valor, los proveedores que
suministran la materia prima (madera), la distribución del producto final, los puntos
de venta del mercadeo, los medios de transporte y la disposición final de los
residuos.

86. Copia del acta de inspección a lugares del 1.° de junio de 2022 61, realizada
por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento de
personal de la Alcaldía del Municipio de Palmira, Valle, en el sector conocido como

59 Cfr. Ibidem 50, folio 110.
60 Cfr. Ibidem 50, folio 152.
61 Cfr. Ibidem 50, folios 102 a 106.

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Núm. único de radicación: 760012333000202200703-01

Piles Viejo y Nuevo, zona de invasión de la ronda del Río Cauca. En el acta consta
la siguiente información:

“[…] Experto Forestal: Se identifican zonas de construcciones blandas tipo
cambuche y otra [sic] construcciones duras en material de ladrillo y plancha, sobre
ronda hídrica del rio Cauca, dentro de estos predios se observa apilada madera
trozada, de diferentes especies tanto nativas como introducidas tales como saman,
guácimo, pino entre otras: de igual manera se observan pilas de quema de carbón
activas que son alimentadas con las maderas encontradas en estos lugares.
Además, se encuentra que a orillas del rio se han establecido rellenos con el fin de
expandir los terrenos invadiendo la zona del cauce, en dichas construcciones la
vegetación es escasa o prácticamente nula, reduciendo a individuos arbóreos y
arbustivos aislados; posteriormente se allegaran los informes finales
correspondientes.

Experto ambiental: existe invasión sobre área de Importancia ecológica, aunado a
una emisión continua de gases de combustión de especies maderables, aunado los
vertimientos líquidos domésticos e industriales que se hacen de manera continua al
rio cauca, demás datos serán aportados en el concepto final del experto perito.

Experto químico: Descargas de aguas residuales al río Cauca provenientes de los
asentamientos ubicados en la ronda del rio, además de generación de vertimientos
industriales sin tratamiento descargados del rio cauca, provenientes de una
porcícola y una industria jabonera ubicada en la ronda del rio. También se hallan
actividades de acopio y selección de los residuos plásticos y eléctricos ubicada en
la ronda del río cauca […]”.

87. Copia de la sentencia de 30 de noviembre de 202262, proferida por el Juzgado
Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Cali, en el proceso con
número único de radicación 76001-33-33-010-2018-00257-00, en el que se amparó
el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y se ordenó al Alcalde del Municipio de Palmira que, en el término de
diez (10) meses, contados a partir de la notificación de la providencia, “adopte un
plan transitorio, en el que se incluyan gestiones administrativas, presupuestales,
financieras y demás, para realizar monitoreos periódicos a la zona y un censo a la
población que habita en el sector denominado Los Piles – Corregimiento La Dolores
del Municipio de Palmira, para posterior a ello, proceder a realizar una reubicación
temporal de las familias identificadas en el mismo, mientras implementa la estrategia
de reubicación definitiva, teniendo en cuenta la solución establecida en el plan de
ordenamiento territorial -POT- de la entidad territorial, logrando así, mitigar esta
contingencia”. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca al resolver el recurso de apelación, en la sentencia de 22 de febrero de
2023.

88. Copia de las Resoluciones expedidas por la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca contra distintas empresas ubicadas en jurisdicción del Municipio

62 Cfr. Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Índice 3. Archivo

denominado: 55_CONTESTACIONDEDEMANDA_ANEXOS_.pdf, folios 1 a 55.

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Núm. único de radicación: 760012333000202200703-01

de Yumbo, por incumplimiento de la normativa ambiental: la Resolución núm. 0100
0710 0505 de 2022 contra Jorge Aníbal Peña Rico por vertimiento de aguas
residuales del establecimiento de comercio AVÍCOLA BERMEJAL ubicado en el
municipio de Yumbo por la vía que conduce a Vijes; la “Resolución núm. 710
0713002025 de 2021”, contra “CARTÓN COLOMBIA” por descargas a la fuente
receptora del Río Cauca, jurisdicción del municipio de Yumbo; la Resolución núm.
0100 0710-0662 de 17 de agosto de 2018 que resuelve un recurso de apelación
interpuesto; la “Resolución 710 núm. 713-00082 de 11 de julio de 2018” que decide
el procedimiento sancionatorio contra la Sociedad RECATAN SAS ubicada en
jurisdicción de Yumbo por generación de aguas residuales de uso doméstico e
industrial; la Resolución 710 núm. 0713000842 de 2016 por medio de la cual se
impuso una sanción a la sociedad García Ríos Constructores ubicada en Acopi
Yumbo, por emisiones atmosféricas en la preparación de mezcla asfáltica, por una
suma equivalente a $280.017.337; y, la Resolución 710 núm. 0713-001005 de 2015
contra la sociedad PROLATEX Ltda. por incumplimiento de la normativa ambiental
por emisiones atmosféricas.

89. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en el caso sub examine.

90. La Sala considera que quedó probada la problemática que, de tiempo atrás,
se viene presentando como consecuencia de la quema de madera para la obtención
de carbón que ocurre en el sector Piles, del Municipio de Yumbo, cuyos efectos –
por la propagación del aire– se extienden hasta algunos sectores del norte del Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali, conllevando a la presencia de olores que resultan ofensivos para la comunidad.

91. Así, en el documento titulado “Recuperación del Río Cauca, Plan Piloto Piles,
Recuperación Ambiental de Borde del Río Cauca y Proyecto Estratégico
ECOALDES Piles”, consta que, en el Departamento del Valle del Cauca se tiene
identificada como problemática de interés, la tala y quema a cielo abierto de
especies arbóreas para producción de carbón en la ronda del Río Cauca.

92. Asimismo, obra en el expediente que la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca ha venido actuando, de manera constante, en el marco de sus

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Núm. único de radicación: 760012333000202200703-01

competencias, con el propósito de hacer cumplir la normativa ambiental en el
Municipio de Yumbo, que se ve afectado con la quema para la obtención de carbón
y como consecuencia de los efectos de la actividad productiva.

93. En lo que respecta a esta última situación, quedó probado que la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca ha sancionado distintas empresas ubicadas
en el Municipio de Yumbo por trasgredir disposiciones en materia ambiental,
especialmente, se destacan las sanciones impuestas a la Sociedad García Ríos
Constructores por emisiones atmosféricas en la preparación de mezcla asfáltica y a
la Sociedad PROLATEX LTDA por incumplir la normativa ambiental en cuanto a
emisiones atmosféricas.

94. En el recurso de apelación la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca expresó su inconformidad con la decisión proferida en primera instancia, en
el sentido de señalar que el Tribunal le ordenó aplicar lo dispuesto en la Resolución
núm. 1514 de 2013, sin tener en cuenta que el territorio en el que debe aplicar las
encuestas de percepción corresponde a la jurisdicción del Departamento
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA. Aunado a ello, indicó que
el a quo no señaló la prueba que conduce a su responsabilidad por la vulneración
del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, cuando al parecer la
comunidad se ve afectada por olores percibidos en el Distrito.

95. Al respecto, la Sala considera que, ciertamente sí fue probado que la quema
y las emisiones consecuencia de la actividad industrial se generan en la jurisdicción
del Municipio de Yumbo, zona de competencia de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca. Sin embargo, también quedó probado que los efectos
logran propagarse, al punto que, tienen incidencia en el sector del norte del Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali, cuya autoridad ambiental es el Departamento Administrativo de Gestión del
Medio Ambiente - DAGMA, que no fue demandada ni vinculada al presente proceso
constitucional.

96. No obstante, la Sala observa que contrario a lo afirmado por la recurrente, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca sí está llamada a iniciar el
procedimiento establecido en las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de 2014,
por ser la autoridad competente, dado que, en su jurisdicción es donde se producen
estos olores. Sin duda, la adopción de medidas63 en Yumbo, específicamente, en la

63 Consecuencia de la implementación del Plan para la Reducción del Impacto por Olores Ofensivos PRIO –en

caso de resultar necesario–.

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zona industrial y donde se efectúa la quema de madera para la obtención de carbón
–epicentro de la generación de olores– tendrá un efecto positivo en la percepción de la
comunidad en otras zonas de distinta jurisdicción.

97. La Sala, de ningún modo, desconoce que la Corporación ha venido
adelantando ingentes esfuerzos, en coordinación con otras autoridades, como: la
Fiscalía General de la Nación, la Inspección de Policía, personal de la Alcaldía de
Yumbo, entre otras, con el objeto de brindar una solución. Sin embargo, se aprecia
que las actuaciones no han sido encaminadas a la aplicación de las Resoluciones
señaladas, con miras a resolver de manera definitiva la problemática
medioambiental, consecuencia de la quema de madera para la obtención de carbón
y los efectos que generan algunas actividades productivas en Yumbo.

98. Dicho lo anterior, la Sala considera que tampoco resulta cierto que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca le haya impartido la orden a la Corporación de
aplicar las encuestas en zonas que no son de su jurisdicción; esto, por cuanto, el
ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia,
es claro en señalar que la Corporación deberá implementar en lo de su
competencia, la Resolución núm. 1541 de 2013 expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y efectuar el control, seguimiento y aplicación de
las medidas correspondientes frente a la zona industrial del Municipio de Yumbo,
en lo que tiene que ver con la generación de presuntos olores ofensivos.

99. Sin embargo, la Sala modificará esta orden para precisar que la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca deberá dar aplicación del procedimiento
establecido en las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de 2014, en las zonas
del Municipio de Yumbo afectadas por la quema de madera y por la actividad
industrial, de conformidad con el entendimiento que la jurisprudencia de esta
Sección le ha venido dando a la aplicación de las resoluciones señaladas y que
quedó expuesto en el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las emisiones
atmosféricas y de los olores ofensivos.

100. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la problemática de los olores afecta
a la colectividad de distintas jurisdicciones, la Sala le ordenará a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca y al Departamento del Valle del Cauca, que
dentro de los próximos dos (2) meses siguientes a la notificación de esta decisión,
articulen una mesa interinstitucional en la que participen los municipios afectados,
las autoridades ambientales y demás actores involucrados, con el objeto de adoptar
las medidas adicionales que sean pertinentes para garantizar la calidad del aire en

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las zonas perjudicadas con los olores producidos por la quema de madera y la
actividad industrial. La participación del Departamento será en el marco de las
funciones de apoyo en materia ambiental, según lo dispuesto en el numeral 3.° del
artículo 64 de la Ley 99.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

101. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, resolvió en el ordinal cuarto, lo siguiente:

“[…] CUARTO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por: i) el magistrado
ponente, ii) la señora LAURA CLAVIJO, en calidad de accionante, ii) el MUNICIPIO
DE YUMBO, iv) la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA – CVC, v) el MUNICIPIO DE PALMIRA, vi) el DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, vii) IMVIYUMBO y viii) un delegado de la Procuraduría
General de la Nación, como representante del Ministerio Público.

102. La Sala considera que se deberá modificar la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 23 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en lo relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento,
en el sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá
presidir dicho comité.

103. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente sea necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusión

104. Por todo lo anterior, la Sala considera que la Corporación Autónoma del Valle
del Cauca es la autoridad ambiental competente para aplicar el procedimiento
establecido en las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de 2014, en materia de
olores, en las zonas del Municipio de Yumbo afectadas con la quema de madera y
por la actividad industrial, de conformidad con el alcance que la jurisprudencia de
esta Sección ha definido.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de 23 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, los
cuales quedarán así:

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, PROTEGER el derecho e interés
colectivo al goce de un ambiente sano y ORDENAR a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca que, ante las quejas presentadas por la parte actora,
dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, aplique las Resoluciones núm. 1514 de 2013 y 2087 de 2014, de
conformidad con el entendimiento que esta Sección ha definido en su jurisprudencia,
con el propósito de solucionar la problemática de olores ofensivos como consecuencia
de la quema de madera para la obtención de carbón y de las actividades industriales
en las zonas afectadas en el Municipio de Yumbo, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por: i) el magistrado ponente,
quien lo presidirá, ii) la señora LAURA CLAVIJO GONZÁLEZ, en calidad de
accionante, iii) un representante del MUNICIPIO DE YUMBO, iv) un representante
de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC,
v) el MUNICIPIO DE PALMIRA, vi) un representante del DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, vii) un representante de IMVIYUMBO y viii) un delegado de la
Procuraduría General de la Nación, como representante del Ministerio Público.

SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y
al Departamento del Valle del Cauca –este último, en el marco de las funciones de apoyo
en materia ambiental– que dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de
esta sentencia, articulen una mesa interinstitucional en la que participen los
municipios afectados, las autoridades ambientales y demás actores involucrados,
con el objeto de adoptar las medidas adicionales que sean pertinentes para
garantizar la calidad del aire en las zonas afectadas, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 23 de agosto de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Núm. único de radicación: 760012333000202200703-01

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, dejando las anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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