Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2014-00189-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2014-00189-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 52001-23-33-000-2014-00189-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 520012333000201400189-02
Demandante: Luis Felipe Coral Córdoba1
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional - Policía
Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia de Renovación
del Territorio – ART y Corporación Autónoma Regional de Nariño –
CORPONARIÑO2
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia de 19 de
septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Luis Felipe Coral Córdoba presentó demanda, en ejercicio del respectivo medio
de control, con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses colectivos
al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas.
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA. En caso de no ser de recibido de manera permanente como se
expuso en la MEDIDA CAUTELAR que antecede, se ordene a las accionadas para
1 En calidad de vocero representante de la comunidad de la vereda "el Azogue" del Municipio de El Tambo.
2Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
ED_0032014189EXPEDIE(.PDF) NroActua 2 […]”.
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iniciar la gestión pertinente y a las autoridades locales la habilitación de manera
permanente de una base, estacion (sic), y/o demas (sic) de las F.F.M.M.
garantizando una permanente seguridad a la comunidad del Azogue en el Tambo
Nariño, salvaguardando asi (sic) la vida en su naturaleza y la misma en condiciones
dignas, asi (sic) tambien (sic) un ambiente natural saludable como el que se gozaba
en otrora sin que se talen nuestros bosques y demas (sic) con el uso de siembras de
cultivos ilicitos (sic).
SEGUNDA-Se DECLARE el amparo o amparados los derechos a la vida en su
naturaleza y la misma en condiciones dignas de la población Azogueña y sus
aledaños, los derechos colectivos a la seguridad y la salubridad públicas, a EL GOCE
DE UN AMBIENTE SANO: (Art. 79 CP): (Decreto 2811 de 1974), LA
PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, (Art.80 de la CP);
(Decreto 2811 de 1974) los tratados de derecho internacional celebrados por
Colombia, garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Art. 2º y 8° de la CP), igualdad
(Art. 13 de la CP) y colectividad entre otros conexos resultantes.
TERCERO Se ampare la medida Provisional (sic) conforme se depreca en el acápite
seguidamente anterior.
CUARTA. Que la Sentencia (sic) proferida en el presente proceso tenga efectos de
cosa juzgada de conformidad con los Derechos (sic) Colectivos (sic) Amenazados
(sic) e indicados en este libelo con respecto a las partes y al público en general.
QUINTA Que se comunique y vincule de esta demanda a la Procuraduría General
de la Nación para que se haga parte en el proceso, según lo preceptuado en el
numeral 7 del artículo 277 de nuestra Constitución Política, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado de ser necesario y demas (sic) necesarios […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4. Adujo que en “[…] el año 2013 cerca de ciento cincuenta y seis ciudadanos
colombianos aquí accionantes, domiciliados en la vereda el Azogue correspondiente
al Municipio de El Tambo Nariño fuimos inscritos […]” en el programa de desarrollo
alternativo de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, ejecutado
por la Organización de Naciones Unidas, a través de la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, dentro del cual se entregan incentivos a
las regiones libres de cultivos ilícitos.
5. Expresó que la mencionada comunidad ha llevado a cabo esfuerzos para
erradicar la región de cultivos ilícitos, sin embargo, personas oriundas de otros
municipios, como El Peñol, han acudido a la Vereda Azogue para sembrarlos,
generando así un negativo impacto social y ecosistémico, por lo que la zona se ha
convertido en un foco de violencia, en donde además, el uso de químicos ocasiona
la contaminación de las fuentes hídricas y se presenta la tala y quema de bosques.
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6. Manifestó que, dicha circunstancia generaba que los incentivos otorgados por
la Organización de las Naciones Unidas, no se entregaran a la comunidad, teniendo
en cuenta que no se podía cumplir la meta exigida de erradicación de los
referenciados cultivos establecida para el 20 de abril de 2014, lo cual causaba un
detrimento patrimonial para los beneficiarios del prenombrado programa.
7. Agregó que la comunidad ha recibido amenazas de muerte debido a las
denuncias realizadas por la presencia de cultivos ilícitos.
Contestaciones de la demanda
Contestación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
8. Adujo que en el Municipio de “[…] El Tambo […]” existe una Estación de
Policía que cuenta con un “[…] parte de personal de 0-2-5-4 (02 Suboficiales, 05
Patrulleros/Agentes y 04 Auxiliares de Policía); personal que siempre ha estado
dispuesto a colaborar y adelantar labores de seguridad y protección en la Vereda
Azogue y en distintas ocasiones SE. HAN REALIZADO ACTIVIDADES DE
ERRADICACIÓN MANUAL en el sector […]”.
9. Expresó que la Policía Nacional ha atendido de diversas formas los
requerimientos expresados por el actor popular dentro del marco de sus funciones
constitucionales.
10. Señaló que, aunque no ha permanecido un policía las 24 horas del día en el
lugar, en la medida de lo posible ha brindado el apoyo a la comunidad para
contrarrestar la problemática.
11. Afirmó que no se evidencian elementos de juicio que permitan indicar que la
Policía Nacional omitió su deber constitucional de seguridad y cuidado de los
derechos colectivos de los habitantes de la Vereda Azogue zona rural del Municipio
de Nariño, toda vez que las actividades desplegadas en todo tiempo pretendieron
proteger sus intereses sin poner en riesgo la seguridad de sus unidades policiales o
de los habitantes del Municipio de “[…] El Tambo […]”.
Contestación de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
12. Expresó que en el caso sub examine se configuró la falta de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que dentro de las funciones del Ejército Nacional no
está la de destruir cultivos ilícitos.
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13. Adujo que frente a la pretensión para que se instale de manera permanente
una base militar en la vereda el Azogue, Municipio del Tambo - Nariño, debe
indicarse que “[…] esta decisión no es posible adoptarla de manera unilateral por la
institución armada dado que tal medida debe tener una viabilidad administrativa y
económica, una justificación es decir que sea necesaria de conformidad a las
informaciones de inteligencia, que se cuente con la disponibilidad en material y en
personal necesario para su implementación, etc […]”.
Contestación de la Agencia de Renovación del Territorio – ART
14. Expresó que en el caso sub examine, le corresponderá a la policía
implementar acciones tendientes a prevenir o eliminar toda perturbación que se
presente en contra de la tranquilidad pública, lograr prevenir toda clase de
desórdenes, tanto en lugares públicos como privados.
15. En ese orden de ideas, no es la entidad que está amenazando o vulnerando
los derechos e intereses colectivos indicados supra, por lo que se configura la falta
de legitimación en la causa por pasiva.
La audiencia de pacto de cumplimiento
16. La audiencia de pacto de cumplimiento se realizó el 26 de febrero de 2015,
declarándose fallida, toda vez que no compareció la totalidad de las partes.
Sentencia proferida, en primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la sentencia de 19 de
septiembre de 2018, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y
equilibrio ecológico y a la seguridad y salubridad públicas de la comunidad de la
Vereda Azogue del Municipio de El Tambo, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos
y a la Agencia de Renovación Territorial, que en el término de treinta días (30)
contados a partir de la notificación de esta providencia, elaboren conjuntamente un
plan de identificación y delimitación geográfica de las áreas de cultivos ilícitos y los
linderos de los predios en la Vereda Azogue del Municipio de El Tambo - Nariño, con
el fin de que se tome las medidas técnicas adecuadas para mitigar o evitar eventuales
daños colaterales.
Vencido ese plazo, y de hallar la presencia de cultivos ilícitos, dentro de los treinta
(30) días siguientes, la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos, los
erradicará, según los protocolos de seguridad de la institución para el personal que
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realizará tal actividad, así como también bajo la observancia de la normatividad de
protección ambiental.
De requerirse, y de comprobar previamente problemas de orden público, la Dirección
de Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitará el apoyo del Ejército Nacional, con
el fin de salvaguardar el personal policial que realizará la erradicación de los cultivos
ilícitos. Informará de ello a la Corporación Autónoma Regional de Nariño.
En todo caso, el proceso de erradicación atenderá las disposiciones normativas y
reglamentarias en materia ambiental, con el fin de evitar, prevenir, advertir, mitigar,
remediar, controlar, compensar y corregir los eventuales daños ambientales, y de
esa manera no afectar las actividades agrícolas y agropecuarias de la región.
TERCERO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Nariño
CORPONARIÑO, y de observarse la presencia de cultivos ilícitos en la Vereda
Azogue, según información suministrada por la Policía Nacional, la elaboración de
un plan de manejo ambiental que impida la contaminación de las fuentes hídricas de
la prenombrada Vereda y la deforestación de la región, debido a dichos cultivos.
La ejecución del plan de manejo ambiental se desarrollará con el apoyo y
acompañamiento de la Policía Nacional, y del Ejército Nacional, de requerirse.
CUARTO: De comprobarse la presencia de cultivos ilícitos en la Vereda Azogue del
Municipio de El Tambo, se ordenará a la Agencia de Renovación Territorial que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la erradicación de que trata el ordinal
segundo de esta providencia, promueva la inscripción de las personas a quienes se
identifique como cultivadores de esas plantaciones, al Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), a cargo de la Dirección para la Sustitución de
Cultivos Ilícitos, adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con observancia de
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto 896 del 29 de mayo del 2017.
QUINTO: Prevenir a los accionados acerca del incumplimiento de las órdenes
contenidas en este fallo, lo cual puede implicar sanción por desacato consistente en
multa de hasta cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con
destino al Fondo para la Defensa de los Derechos o Intereses Colectivos,
conmutables entre arresto hasta por seis meses, sin perjuicio de las sanciones
penales a las que hubiere lugar (artículo 41 de la Ley 472 de 1998).
SEXTO: CONFORMASE el Comité de Verificación del Cumplimiento del Fallo de que
trata el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual estará integrado por: el Director de
la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Director de la Corporación
Autónoma Regional Nariño CORPONARIÑO, el Director de la Agencia de
Renovación Territorial y un representante de la Defensoría del Pueblo.
El comité deberá rendir ante este Tribunal un informe mensual sobre el cumplimiento
de la decisión adoptada en esta providencia.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: NO CONDENAR en costas, a la parte demandada.
NOVENO: NO RECONOCER el incentivo de que trata los artículos 39 y 40 de la Ley
472 de 1998, por las razones expuestas
DÉCIMO: Envíese copia de esta sentencia, a la Defensoría del Pueblo (Regional de
la Nariño), a la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios) y al Procurador Regional de Nariño, para que en el
ámbito de sus competencias, vigilen el oportuno y eficaz cumplimiento de las órdenes
impartidas en este fallo […]”.
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Consideraciones del Tribunal
18. Afirmó que, con fundamento en el acervo probatorio obrante en el expediente,
principalmente los diferentes informes de la Policía Nacional y de la UACT, se
evidencia que en la Vereda Azogue durante los años 2012 a 2014 existieron cultivos
ilícitos en la región, sin embargo, con posterioridad a través de acciones de la misma
comunidad y de la Policía Nacional, aquellos fueron erradicados.
19. Adujo que en el caso sub examine, no existen los suficientes elementos de
juicio que permitan inferir que, a la fecha de la presente sentencia, “[…] persista la
presencia de plantaciones de hoja de coca en la Vereda Azogue, la reciente literatura
sobre el tema ha documentado que el país, en el último quinquenio, ha seguido una
curva ascendente en esas plantaciones […]”.
20. Manifestó que, según un estudio publicado en enero de 2017, en la revista del
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesional en
relaciones internacionales, Julio César Ramírez Montañez, sostuvo la tesis que
contrario a lo esperado por el Plan Colombia, en el país se incrementó la existencia
de cultivos ilícitos.
21. Agregó que, el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito de 2017, señaló que “[…] el 39% de la coca del país, se encuentra
en la región del pacífico, y que para el 2016 se alcanzó el mayor porcentaje de
plantaciones, de toda la serie desde 2001, esto es 57.777 hectáreas, cinco veces
más que en 2001, el punto más bajo […]”, además, “[…] añadió que esta región, y
particularmente el Departamento de Nariño. mostró un fuerte incremento de los
cultivos de coca desde 2013, siendo Tumaco el municipio más afectado por esas
plantaciones, seguidos por las poblaciones de Bolívar (El Charco) y Sidón
(Cumbitara) […]”.
22. En ese orden de ideas, se evidencia que, no se tiene certeza acerca de la
presencia de dichos cultivos ilícitos en la Vereda Azogue, aunque los elementos ya
señalados permiten deducir que posiblemente esa zona del Municipio de El Tambo
continúe siendo afectada por esas plantaciones, “[…] por lo que con el propósito de
salvaguardar los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, así como
el de goce de un ambiente sano de los habitantes de la Vereda Azogue, se ordenará
a la Policía Nacional y a la Agencia de Renovación Territorial de conformidad con
las competencias que les asisten y que fueron reseñadas en acápites anteriores de
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esta providencia, que elaboren conjuntamente, un plan de verificación de esas
plantaciones en las inmediaciones de la aludida vereda […]”.
23. Adujo que comprobada la existencia de plantaciones ilícitas, la Policía
Nacional por medio de su Dirección Antinarcóticos, las erradicará en los términos de
los protocolos de seguridad de la institución para el personal que realizará tal
actividad, así como también bajo la observancia de la normatividad de protección
ambiental, que en tal caso, de ningún modo alterará negativamente la producción
agrícola y agropecuaria de la región.
24. Señaló que, de requerirse, y de comprobar problemas de orden público, la
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitará el apoyo del Ejército
Nacional, con el propósito de salvaguardar el personal policial que realizará la
erradicación de los cultivos ilícitos, además, en el evento de que persistan las
plantaciones de hoja de coca en la Vereda Azogue, la Corporación Autónoma de
Nariño . CORPONARIÑO, elaborará un plan de manejo ambiental que impida la
contaminación de las fuentes hídricas de la prenombrada vereda y la deforestación
de la región, debido a dichos cultivos.
25. Por último, el Tribunal respecto a la pretensión del actor popular de instalar
una base militar permanente en la Vereda Azogue, señaló que no era procedente,
toda vez que si “[…] bien es cierto, la presencia de cultivos ilícitos origina la
concurrencia de actores delincuenciales, ocasionando inseguridad en las zonas en
las que existen esas plantaciones, también lo es que, en el caso de marras, la Fuerza
Pública hace presencia en la Vereda Azogue en el Municipio de El Tambo, a través
de la estación de Policía que recibe igual nombre, y según los reportes de su
Comandante para el 2014 (f.83 a 85, 99 a 102, 412 y 413), sus integrantes sirven a
esa comunidad atendiendo sus solicitudes de su competencia y coadyuvando a las
erradicaciones, por lo que la Sala no advierte la ausencia estatal en cuanto a lo que
seguridad se refiere, en esa población […]”.
Recurso de apelación
26. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional en su recurso
de apelación señaló que ha efectuado acciones con el propósito de conservar y
proteger el medio ambiente en el Municipio de Tambo, especialmente en la Vereda
Azogue, tal como se acreditó con fundamento en las pruebas aportadas al
expediente.
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27. Señaló que los habitantes de la Vereda Azogue se encuentran incluidos en
un programa nacional de desarrollo alternativo en Colombia liderado por la Agencia
Presidencial Para La Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social y
corresponde al Programa Familias Guardabosques (PFGB). Proyectos Productivos
(PP) y Grupos Móviles de Erradicación Manual (GME), por lo que se configura la
legitimación en la causa por pasiva frente a los posibles perjuicios que se pudieran
derivar se su implementación y desarrollo, teniendo en cuenta que los mismos no
vinculan a la Policía Nacional.
28. Manifestó que los hechos planteados por el actor popular hacen alusión a una
omisión por parte de la Policía Nacional y otras entidades en sus labores de
colaboración, seguridad y conservación de derechos colectivos de la comunidad
Azogue, situación que no es cierta como se indicó anteriormente.
29. Expresó que la Estación de Policía “[…] el Tambo cuenta con un parte de
personal de 0-2-5-4 (02 Suboficiales, 05 Patrulleros/Agentes y 04 Auxiliares de
Policía) para la fecha de los hechos; personal que siempre estuvo dispuesto a
colaborar y adelantar labores de seguridad y protección en la Vereda Azoque y en
distintas ocasiones SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ERRADICACIÓN
MANUAL en el sector, a solicitud de sus habitantes e incluso en sectores aledaños
[…]”.
30. Adujo que en oficio núm. S-2014-222 DISPO SANDONA - ESTPO EL
TAMBO-29.27 se señaló que el “[…] 22/11/2013, se procedió a realizar una
erradicación en el sector de la vereda México frente a vereda Azoque, finca la
Portuguesa, en un área de 02 hectáreas ubicade con las coordenadas N 01° 24'
37.6" W 77° 23' 39.2", donde se logró la erradicación de 800 matas
aproximadamente, en desarrollo del Comando Situacional llevado a cabo en este
municipio liderado por los integrantes de la Estación de Policía El Tambo y el grupo
EMCAR DENAR, quienes colocaron a disposición el caso […]”.
31. De igual manera, el “[…] 06-04-14, siendo las 10:30 horas, […]” se presentó
un desplazamiento con cuatro unidades a la Vereda Azoque, con el propósito de
brindar seguridad a la actividad que se estaba llevando, teniendo contacto constante
con el señor Luis Felipe Coral quien manifestó que “[…] todo trascurría normalmente
y esperamos hasta que todos salieran del lugar de la erradicación de los cultivos
ilícitos, verificando que todo haya trascurrido sin novedad (subrayado fuera del texto)
[…]”.
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32. Expresó que en el Informe Ejecutivo núm. 054 “[…] Erradicación Manual
Operación San Pablo […]” Estación de Policía del Tambo también se hizo alusión a
las diferentes actividades de acompañamiento y Erradicación de Cultivos Ilícitos en
la zona.
33. En ese orden de ideas, adujo que en ningún momento hubo omisión de la
Policía Nacional como lo mencionó el actor popular, teniendo en cuenta que, en
distintas oportunidades “[…] los uniformados adscritos a la Estación de Policía "El
Tambo" acompañaron a los habitantes de la Vereda Azogue para la realización de
actividades de erradicación e incluso las mismas fueron promovidas por el
Comandante de la Estación previa autorización del mando institucional y con la
ayuda del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) como consta en los
documentos de prueba antes relacionados y que serán aportados en debida forma
y tiempo […]”.
34. Adujo que la realización de diferentes actividades desplegadas por la Policía
Nacional, tendientes a proteger los derechos e intereses colectivos fueron
corroboradas por los testimonios rendidos por: i) Norvey Humberto Villareal Salas y
ii) Luis Hernán Fajardo Ortega.
Actuaciones en segunda instancia
35. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 1° de octubre de
2024, admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia de 19 de septiembre de
2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño3.
36. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 16 de octubre de
2024, ordenó la presentación de los alegatos de conclusión.
37. La Agencia de Renovación del Territorio, la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional presentaron las respectivas alegaciones en las que reiteraron lo
manifestado a lo largo del proceso.
3 El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 3 de octubre de 2024, resolvió el recurso de queja
interpuesto por la Agencia de Renovación del Territorio -ART contra el auto proferido el 19 de noviembre de
20183 proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, disponiendo en su parte resolutiva “DECLARAR bien
denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido el 19 de noviembre de 2018 por la
Magistrada Sustanciadora del Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
38. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a
la seguridad y la salubridad públicas; y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
39. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 4 , sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195, sobre la distribución de asuntos
entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 150 6 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20117, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia;
esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
40. Vistos los artículos 3208 y 3289 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 10,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae al recurso interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, en el caso concreto.
41. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
6 Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
7 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
8 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine
la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
9 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
10 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Problemas jurídicos
42. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación, si
se encuentra o no probada la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, por la omisión en la erradicación de cultivos ilícitos en
la Vereda Azogue, y en relación con las consecuencias que, para la comunidad de
ese territorio, ha generado dicha situación.
42.1 En ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 19 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la acción popular
43. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
44. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
45. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
46. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
47. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y
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principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin
embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 11.
48. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental
49. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que
forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente y los
recursos naturales.
50. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 37/7
de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del medio humano y a
la conservación de los recursos naturales […]”.
51. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto es instituir
una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas;
y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses
de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial y,
en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible que tiene
fundamento en los principios de los Derechos Humanos universales y tiene por
objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas perspectivas (económica,
social y ambiental).
52. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la
Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem dado que el
Estado colombiano debe promover la internacionalización de las relaciones
ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia y, por cuanto
los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo
1.º de la Ley 99.
Tratados internacionales
53. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio ambiente
y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la protección de la capa
de ozono12; la Convención sobre diversidad biológica13; la Convención Marco de las
12 Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con
decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
13 Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de noviembre
de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de 1994.
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Naciones Unidas sobre Cambio Climático14 y el Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación15;
tratados internacionales que han sido complementados por una serie de protocolos,
enmiendas y acuerdos, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo de
Montreal16 de 1986 relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono; el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, hecho en Montreal, el 29 de enero de 2000 17; el Protocolo de
Kioto18 de 1997 relacionado con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero que causan calentamiento global, y el Acuerdo de París de 2015 19 ,
instrumentos que tienen vocación de universalidad.
Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de derecho
ambiental
54. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones constitucionales desarrollan la materia, entre las cuales
se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del
Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas
de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos
fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
14 Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994, declaradas
exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el Decreto 2081 de 1995
y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
15 Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de enero
de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-377 de
1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo de 1997.
16 Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i) Enmienda de
Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii) Enmienda de
Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
17 Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132 de
21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de 2003.
18 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados exequibles
por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para Colombia.
19 Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de 2017 y
declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
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55. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.
56. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en
la Ley 23 de 19 de diciembre de 197320 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
1974 21 , cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de
la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y
regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
57. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.
58. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional22 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por
20 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
21 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
22 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
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el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos
humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones
que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le
conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre
como sujeto universal del derecho […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho colectivo a la
seguridad y la salubridad públicas
59. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud y corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas
para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley.
60. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles
de atención y con participación de la comunidad.
61. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de
su comunidad.
62. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.
63. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
64. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.
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65. Vista la Ley 9.º de 24 de enero de 1979 23 , el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,
sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii)
desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumanación y exhumanación,
trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y
control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.
66. Visto el artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 2007 24, salud pública
consiste en “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera
integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas
tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en
indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas
acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la
participación responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
67. Visto el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 201625, la
salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad
que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía frente a la protección de la salud
como un derecho de diferentes connotaciones26.
68. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201727, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, norma que, como se estudió previamente,
contiene el concepto de salud pública, la cual exige un conjunto de condiciones
sanitarias necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema. La
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida el 6 de julio
de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de “salud pública”
y “salubridad pública” de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este derecho
colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del orden
público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la adopción de
medidas tendientes a evitar su alteración […]”28.
23 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
24 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones”.
25 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
26 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones de bienestar y calidad de vida
27 Corte Constitucional, sentencia C-225 de 20 de abril de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018,
C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 680012333000201500848-01.
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Análisis del caso concreto
69. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
citados en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.
70. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
Solución a los problemas jurídicos
71. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico indicado supra, que, se
reitera, corresponde a determinar: si se encuentra o no probada la responsabilidad
de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por la omisión en
erradicar cultivos ilícitos en la Vereda Azogue lo que ha implicado consecuencias
negativas a la comunidad de ese territorio, como lo son: i) acceder a incentivos y
programas del Gobierno Nacional, ii) deterioro del ambiente por la contaminación de
fuentes hídricas y tala de bosques; y iii) generación de violencia.
72. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes29:
73. Copia del oficio núm. 089-2014 suscrito por la Personera Municipal de El
Tambo y remitido al Comandante de la Estación de Policía de ese mismo municipio.
74. Copia del documento de 5 de abril de 2014 suscrito por el presidente de la
Junta de Acción Comunal – Corregimiento Azogue y dirigido a la Unidad de Servicios
Públicos.
75. Copia del Acta núm. 19 de 13 de mayo de 2014.
76. Copia del Informe Ejecutivo núm. 54 de 13 de mayo de 2104 “[…] erradicación
manual operación San Pablo […]”, estación de Policía El Tambo.
29 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, expediente digital.
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77. Copia del oficio núm. S-2014-222 DISPO SANDONA -ESTPO EL TAMBO –
29.27 de 23 de mayo de 2014 suscrito por el Comandante Estación de Policía El
Tambo.
78. Copia del oficio núm. S-2014-190 DISPO SANDONA -ESTPO EL TAMBO –
29.27 de 22 de mayo de 2014 suscrito por el Comandante Estación de Policía El
Tambo.
79. Copia del concepto e informe técnico y de control y monitoreo de 25 de febrero
de 2015 asunto: verificación erradicación de cultivos ilícitos.
80. Testimonio del señor Norbey Humberto Villareal.
81. Testimonio del señor Luis Hernán Fajardo Ortega.
La responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, en el caso concreto
82. Ahora bien, la Sala al revisar el acervo probatorio obrante en el expediente
encuentra acreditado lo siguiente:
83. Mediante oficio núm. 089-2014 de 4 de abril de 2014 remitida por la Personera
Municipal de El Tambo al Comandante de la Estación de Policía de El Tambo, se
indicó lo siguiente:
“[…] En atención a la solicitud del señor LUIS FELIPE CORAL CORDOBA,
presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda el Azogue de este Municipio
e integrante del Comité de Veeduría Ciudadana del proyecto "Nariño Sin Coca", por
medio del presente escrito, me permito solicitar comedidamente a usted se brinde la
seguridad debida a la comunidad de la vereda El Azogue el día domingo 6 de abril
de 2014, donde se va a realizar una minga a partir de la 8:00 A.M., de erradicación
de cultivos ilícitos […]”.
84. En el documento de 5 de abril de 2014 suscrito por el presidente de la Junta
de Acción Comunal – Corregimiento Azogue y dirigido a la Unidad de Servicios
Públicos, se puso en conocimiento que en la Vereda Azogue “[…] se está
contaminando la quebrada que se llama "LA GRANADILLA", con residuos de hoja
de coca en razón que apegado a la quebrada hay un laboratorio. De la misma
manera, al lado de la quebrada talaron los bosques y plantaron cultivos de mata de
coca […]”.
85. En el Informe Ejecutivo núm. 54 de 13 de mayo de 2104 “[…] erradicación
manual operación San Pablo […]”, estación de Policía El Tambo se informó que el 8
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de mayo de 2014 y 12 de mayo del mismo año, integrantes de la Estación de Policía
El Tambo en coordinación con el grupo de la Reacción del Distrito Cuarto Sandoná
y el Grupo EMCAR 45 DENAR, se desplazaron a la Vereda San Pablo Bajo a 18
kilómetros de distancia del perímetro urbano del Municipio el Tambo, con el propósito
de verificar la existencia de plantaciones de mata de coca, donde el primer día se
encontró 2 hectáreas “[…] con plantación de hoja de coca (6.000 matas
aproximadamente) valor cultivo $ 12.000.000, en vista de lo anterior se procede al
inicio de la erradicación manual de este cultivo, terreno ubicado en las siguientes
coordenadas N 1 23 32.2172 W 77 26 43.808" tomadas con GPS, el segundo día se
ubica 03 hectáreas con plantación de hoja de coca (6.000 matas aproximadamente),
valor cultivo $ 12.000.000, y 2 hectáreas con plantación de hoja de coca (2.000,
matas) valor cultivo $ 4.000.000 para un total de $ 16.000.000. por lo tanto se
procede con la erradica (sic) manual los cultivos cuentan con las siguientes
coordenadas N 1° 23 37.116" W 77° 26' 49.966", N" 1" 23'49.867" W" 77° 26' 49.553"
respectivamente […]”.
86. El Comandante Estación de Policía El Tambo a través del oficio núm. S-2014-
190 DISPO SANDONA -ESTPO EL TAMBO – 29.27 de 22 de mayo de 2014, le
solicitó al Comandante Cuarto Distrito de Policía personal policial de erradicación de
cultivos ilícitos, teniendo en cuenta que se verificó la información que en la Vereda
el Azogue del Municipio de Tambo existen cultivos ilícitos “[…] mata de hoja de coca
[…]”.
87. Copia del oficio núm. S-2014-222 DISPO SANDONA -ESTPO EL TAMBO –
29.27 de 23 de mayo de 2014 suscrito por el Comandante de la Estación de Policía
El Tambo, en donde se puso en conocimiento lo siguiente:
“[…] El […] 2013, se procedió a realizar una erradicación en el sector de la vereda
México frente a la vereda el azogue, finca la Portuguesa, en un área de 02 hectáreas
ubicada con las coordenadas N […], donde se logró la erradicaron de 800 matas
aproximadamente, en desarrollo del Comando Situacional llevado a cabo en este
municipio liderado por los integrantes de la Estación de Policía El Tambo y el grupo
EMCAR DENAR, quienes colocaron a disposición ese caso.
Para el día […] 2014, según oficio 010 DISPO -SANDONA-ESTPO TAMBO 29, se
da a conocer vía correo electrónico al Comando Cuarto Distrito de Policía Sandoná,
la existencia de unos cultivos ilícitos en la vereda el Azogue, desconociendo cuantas
hectáreas de plantaciones ilícitas.
Para el día […] 2014, se acerca a las instalaciones policiales el señor […], identificado
con cedula de ciudadanía “[…] de Cumbal Nariño […]”, quien manifiesta que dos
ciudadanos de la vereda El Azogue lo amenazan, todo encaminado a unas
plantaciones de hoja de coca, y como testigo lo coloca al señor […]. Antecedente de
esto se encuentra en el folio 352 y 353 de la minuta de población de esta unidad
policial; por lo tanto se mantuvo el contacto con el señor […], en donde nos dio a
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conocer la existencia de unos terrenos con cultivos ilícitos en los cuales están
elaborando la coca, de tal modo se le informo (sic) al señor Comandante de Distrito
Sandoná MY. […], quien ordeno (sic) para el día […] 2014, que saliera el señor SI.
[…], en traje de civil y transporte público a la ciudad de Pasto junto con el señor […],
con destino al comando de Departamento de Policía Nariño, a entrevistarse con el
señor TC. […] para coordinar algún operativo en ese sector, al señor […] no se lo
relaciono (sic) en la anotación de la minuta de guardia folio 160 ya que era una
información bajo reserva, cabe anotar que el señor SI. […] estuvo presente en la
entrevista con el señor Coronel.
Para el día […] 2014, siendo las 12:30 horas como registra en el folio 189 de la minuta
de guardia de esta unidad policial, por orden del señor MY. […] Comandante Cuarto
Distrito de Policía Sandoná, salen en una motocicleta los señores PT. […] de la
SIPOL […] y el señor PT. […], adscrito a la estación de Policía El Tambo, hacia la
vereda El Azogue y la Ovejera, con el fin de verificar la situación de acceso a esos
cultivos ilícitos y orden público, y siendo las 13:35 horas regresan sin novedad folio
190 minuta de guardia.
Para el día […] 2014, siendo las 10:27 la camioneta de la Estación de Policía El
Tambo […], autorizado por el señor MY. […] Comandante Cuarto Distrito de Policía
Sandoná, en compañía de los señores AG. […], PT. […] y señor SI. […], se trasladan
hasta la ciudad de Pasto con una motocicleta a dejar a disposición la Fiscalía, y el
señor […] fue trasladado hasta la SIJIN DENAR para constatar información de
cultivos, quien fue entrevistado por el señor SI. […], como consta hora de la salida
10:27 horas en el folio 232 de la minuta de guardia.
De lo cual no se realizó ningún operativo de erradicación.
El día viernes […]14, el señor […] se acerca a las instalaciones policiales, solicitando
verbalmente, nuestro acompañamiento para realizar erradicación manual junto con
un grupo de campesinos liderados por él, de las veredas Azogue, México, Ricaurte;
el día domingo […] 14, a las 08:00 horas en la vereda el azogue, erradicación que ya
estaba programada.
Por lo tanto se le solicito (sic) al señor […] un respaldo de dicha petición, por parte
de la personería municipal el Tambo, para nosotros poder solicitar apoyo Policial al
Comando del Distrito Sandoná; quien posteriormente hizo llegar el oficio número 089,
por parte de personería municipal Tambo. Cabe anotar que se le sugirió al señor,
dejar esa actividad de erradicación para el día martes, con el fin de coordinar con
tiempo el apoyo policial, quien manifestó que eso ya era una decisión tomada por su
grupo; de tal modo el día […]14, Mediante oficio 147, se le solicito (sic) al señor
Teniente […] Comandante Cuarto Distrito Sandoná, anexando el oficio de
personería, para el respectivo apoyo policial, quien manifestó verbalmente que
debido a la premura de la solicitud, no se podía mandar personal de apoyo para tal
actividad, porque habían otras programadas.
Por parte de esta unidad policial el día […] 14, siendo las 10:30 horas, nos
desplazamos con cuatro unidades a la vereda el Azogue, con el fin de brindar
seguridad, a la actividad que se estaba llevando, teniendo contacto constante […]
vía celular al abonado […]”, con el señor […] quien manifestaba que todo trascurría
normalmente; y esperamos hasta que todos salieran del lugar de la erradicación de
los cultivos ilícitos, verificando que todo haya transcurrido sin novedad.
3. Las actividades realizadas por parte de esta unidad Policial, en la vereda el
azogue, patrullajes esporádicos, verificación de cultivos ilícitos, toma de
coordenadas de los terrenos donde existe plantaciones ilícitas, solicitud de apoyo al
Comando Cuarto Distrito de Policía Sandoná, para erradicar dichos cultivos.
4. Se solicitó al Comando Cuarto Distrito Sandoná y el EMCAR 45 DENAR quienes
se encuentran de comisión en el Distrito, para continuar con las respectivas
erradicaciones, como se ha venido realizando en la vereda de San Pablo Bajo de
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este municipio durante los días […] 2014, mediante oficio 218 del 22/05/2014, se
anexo informe ejecutivo de coordenadas de los cultivos […]”.
88. Mediante Acta núm. 19 de 13 de mayo de 2014 en el desarrollo de la mesa
técnica, Pedro Nel Rendón en condición de Coordinador Zonal de la Unidad
Administrativa para la Consolidación Territorial, solicitó erradicar los cultivos ilícitos
que se encuentran en la Vereda Azogue del Municipio de El Tambo, con el fin de
que esa comunidad pueda participar en los programas de desarrollo alternativo, al
igual que en las Veredas México, Pueblo Viejo y Ovejas, en dicha acta igualmente
se indica como responsables del seguimiento a la erradicación a esa entidad, la
Policía y el Ejército Nacional.
89. En el concepto e informe técnico y de control y monitoreo de 25 de febrero de
2015 asunto: verificación erradicación de cultivos ilícitos, el subdirector de
conocimiento y evaluación ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Nariño adujo que:
“[…] Se llegó al punto con coordenadas planas X 0968977-Y 0649504 a una altitud
de 1988 msnm, donde se ubica la vivienda del señor […], en proximidades de la
fuente de agua "La Granadilla, donde se puede observar que ya no existen cultivos
de coca en el sector. Según información de la Policía Nacional, entre los meses de
noviembre y diciembre del año pasado, los cultivos de uso ilícito fueron erradicados
manualmente por el Grupo de Erradicadores de la Policía, así mismo ya no existe el
laboratorio artesanal (planchón) donde se procesaba la hoja de coca y de donde se
generaba la presunta contaminación con residuos del proceso.
Posteriormente el señor […], nos condujo a la Quebrada "La Granadilla con un caudal
promedio de 6 l.p.s, en las coordenadas X 0968706 Y 0644713 sobre el cauce de la
fuente en mención, donde se puede observar que en el momento no existe
contaminación por residuos del proceso de hoja de coca, ni tampoco se verifica otras
fuentes de contaminación.
Por otra parte, no se verifican procesos de deforestación, salvo un área que fue
talada aparentemente para adelantar labores agrícolas y que fue objeto de una
denuncia ambiental atendida por CORPONARIÑO en meses anteriores. En la vereda
Azogue, la población es de escasos recursos económicos y su ubicación es distante
de la cabecera municipal y sus vías de acceso se encuentran en malas condiciones
[…]”.
90. El testigo Norbey Humberto Villareal expresó lo siguiente:
“[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho cuáles son los motivos que
dice conocer, explíquelos en detalle. CONTESTÓ: Los motivos es con el fin de rendir
una declaración por una acción popular que interpuso el señor Luis Felipe Coral.
PREGUNTADO: Sírvase informar todo cuanto le conste acerca de las labores de
acompañamiento a los habitantes de la Vereda Azogue, en desarrollo de las labores
de erradicación manual?, CONTESTÓ: Durante el tiempo que laboré en la Estación
de Policía de El Tambo, siempre se realizó el acompañamiento no solo de la Estación
de Policía de El Tambo, también del grupo EMCAR, SIJIN, SIPOL con el fin de
realizar las erradicaciones en el municipio de El tambo (Nariño) en los diferentes
sectores o veredas, donde se encontraban los cultivos. PREGUNTADO: Sírvase
manifestar al Despacho durante cuánto tiempo estuvo usted adscrito al área de El
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tambo (Nariño). CONTESTÓ: Labore (sic) desde el 5 de septiembre de 2013 hasta
el 28 de agosto de 2015. PREGUNTADO: ¿Que labor específica desempeñó usted
en la Estación de Policía del municipio de El Tambo? CONTESTÓ: Subcomandante
de Estación, y me encargaba de velar por la seguridad de las instalaciones, estar
pendiente de los servicios, del personal que sale a turno, de los operativos que hace
la Policía Nacional, es decir, los planes a veces en convenios con diferentes
instituciones con el fin de lograr capturas por delitos y controles que están estipuladas
en la ley. PREGUNTADO: ¿Qué personal daba las instrucciones para el ejercicio de
las labores relacionadas con los procesos de erradicación manual? CONTESTÓ: El
Comandante de Estación con autorización del Comandante de Distrito y el
Comandante de Distrito Cuarto a su vez le informaba al Coronel Comandante del
Departamento para realizar las coordinaciones, mediante un plan de marcha.
PREGUNTADO: Tiene conocimiento del proceso de monitoreo integrado y
seguimiento realizado por la Oficina de Naciones Unidas ONU, el día 4 de marzo de
2015? CONTESTÓ: Tenía conocimiento porque tenía contacto con don Luis Felipe
Coral, a veces personalmente, a veces telefónicamente. Sobre el aspecto
relacionado con la ONU no tengo conocimiento. PREGUNTADO: Tiene conocimiento
si la misión de monitoreo contó con el acompañamiento de la Policía Nacional?
CONTESTÓ: No tengo conocimiento. PREGUNTADO: Desea agregar algo más a su
declaración? CONTESTÓ: Durante el tiempo que trabajé en la Estación de Policía
de El Tambo con el apoyo del grupo EMCAR se hizo una erradicación manual en la
Vereda México, esa queda al frente de la vereda Azogue en noviembre de 2013,
posteriormente, en abril de 2014 se realizó el acompañamiento a don Luis Felipe,
Coral con un grupo de personas a una erradicación en la vereda Azogue, y
transcurrió sin novedad. En mayo del mismo año se realizó también una erradicación
en la vereda San Pablo con acompañamiento con la reacción del Distrito y de la
misma forma el grupo EMCAR, y también transcurrió normalmente sin alteración del
orden público. No solamente es cuestión de erradicación sino también otras
actividades con la comunidad como de prevención o campañas.
En este estado de la diligencia, el apoderado de la Policía Nacional manifestó su
intención de contrainterrogar al testigo, en consecuencia se le concede el uso de la
palabra: PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho por quien fue solicitado el
acompañamiento a las actividades de erradicación que usted previamente
mencionó? CONTESTÓ: Por el señor Luis Felipe Coral. PREGUNTADO: De las
actividades realizadas se dejaron soportes escritos o informes por parte de la
Estación de Policía. CONTESTÓ: Si hay soportes de la entidad realizada sobre la
erradicación de cultivos ilícitos y fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local 26
de El Tambo. PREGUNTADO: a Las (sic) actividades de erradicación los acompañó
o prestó ayuda otra entidad territorial, ya sea Alcaldía, Personería Acción Social,
Ejército Nacional u otras? CONSTESTÓ: Siempre hubo apoyo por parte de la
Alcaldía y se dejó en conocimiento del señor personero, el Ejército también realizó
erradicaciones en el municipio, en las zonas rurales. PREGUNTADO: Tiene usted
conocimiento si el señor Comandante de Estación estuvo presente durante las
actividades de erradicación? CONTESTÓ: Si claro, él siempre estuvo presente y en
contacto permanente con el señor Luis Felipe Coral. PREGUNTADO: Tiene usted
conocimiento si en el municipio de El tambo y específicamente en la vereda Azogue,
existen programas de gobierno alternativos o que apoyen a los habitantes del sector
en cuanto a agricultura, siembra de cultivos, ganadería u otros? CONTESTÓ: Yo tuve
una vez una charla con don Luis Felipe Coral porque era un líder de la comunidad y
el manifestaba que él tenía un programa o un proyecto con Naciones Unidas, me
explicó que era Nariño sin coca, que al erradicar la coca Naciones Unidad (sic) les
iba a colaborar con la construcción de un trapiche, con el fin de que no hubiera coca
y sembrar otros cultivos como caña y la ganadería. PREGUNTADO: Conoce usted
si el señor Luis Felipe Coral tenía algún tipo de amenaza en su contra o en contra de
los habitantes dela (sic) vereda Azogue. CONTESTÓ: Siempre charle con él, pero
nunca me manifestó que tenía amenazas. PREGUNTADO: Durante el tiempo que
laboró en la Estación de Policía de El Tambo existió alguna medida de protección
especial para alguno de los moradores de la vereda Azogue? CONTESTO: Hubo
una protección para un señor […] que lo hizo por parte de la Personería, siempre se
le prestó la seguridad, de la misma forma a la comunidad se presta la seguridad.
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Deseo aclarar que la fecha en que salí trasladado de la Unidad fue el 28 de
septiembre de 2015 […]”.
91. El testigo Luis Hernán Fajardo Ortega señaló lo siguiente:
“[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar si conoce los motivos por los cuales fue
citado a la presente diligencia CONTESTÓ: Si conozco. PREGUNTADO: Sírvase
manifestar al Despacho cuáles son los motivos, que dice conocer, explíquelos en
detalle.
CONTESTO: Es una declaración sobre una acción popular que interpuso el señor
Luis Felipe Coral, yo me encontraba laborando en el municipio de El tambo (Nariño)
y siempre como comandante de Estación yo había tenido comunicación directa con
don Luis Felipe sobre los cultivos ilícitos que el manifestaba que se encontraban en
la vereda Azogue. Me manifestaba que estaba en un proyecto de Nariño, sin coca,
por lo tanto la preocupación de él era que para ellos acceder a unos beneficios, su
vereda debería estar sin esos cultivos, por lo tanto, yo como comandante de Estación
hice unas averiguaciones de esos cultivos bajé con algunos compañeros a verificar
personalmente los cultivos, tomé unas fotografías con coordenadas y eso fue en la
vereda México, frente a la vereda Azogue. En esos días se realizaba un comando
situacional en el municipio en donde se encontraba un personal del grupo EMCAR,
que juntos con ellos fuimos a hacer la erradicación del cultivo, eso fue en el mes de
noviembre de 2013 y dejó a disposición de la Fiscalía 26 Local de El Tambo. En el
año 2014 en el mes de abril, creo que fue para la fecha 6 de abril, días anteriores
Luis Felipe me había solicitado acompañamiento de forma verbal, para ir a erradicar
manualmente los moradores del sector el Azogue con el acompañamiento nuestro,
le manifesté que no había problema, que entonces para que él deje sus constancias
y sea más legal la solicitud, le dije que lo haga por medio de personería. Él me pedía
el acompañamiento para un día domingo, sin embargo, yo le manifesté que por qué
no lo pensaba mejor y lo dejaba para el día lunes o cualquier día en semana, y a que
no estábamos tan comprometidos para esa fecha. Sin embargo, él me manifestó que
ellos planearon ese día domingo y como sea lo van a realizar. Resulta que nosotros
con el poco personal que contamos en la Estación de Policía, el día sábado y parte
de la madrugada del domingo, realizamos el cierre de establecimientos públicos, ese
día lo realizamos hasta las 4:30 de la mañana aproximadamente, sin embargo, ante
la decisión tomada por don Luis Felipe que quiero dejar en conocimiento que él no
escuchaba las orientaciones de adoptar medidas de seguridad que uno le daba, no
lo tuvo en cuenta y salimos a la 10:00 de la mañana, fuimos cuatro policías, llegamos
a la Escuela de El Azogue y tomé contacto con él vía telefónica y él me contestó que
todo estaba transcurriendo normal, le manifesté que me oriente para yo poderle llegar
al sitio donde estaba y el me respondió no se preocupe Sargento que con el grupo
que yo llevé acá terminamos rápido y ya vamos de salida, sin embargo, le agradezco
por estar acá y me espera que yo ya voy saliendo. Lo esperamos aproximadamente
unos 45 minutos pero yo seguía en contacto con el vía telefónica, le hice unas tres
llamadas más hasta que él con su grupo de trabajo salieron del lugar. Cuando
salieron a la Escuela donde estábamos nosotros, él al igual que los acompañantes
agradecieron por la presencia nuestra en el sitio. Seguidamente ya nos retiramos a
seguir con nuestras labores policiales, ya que ellos también se dirigieron a sus
respectivas casas. Yo como comandante de Estación, mi preocupación siempre
habla sido esos cultivos lícitos en la jurisdicción de El Tambo, por eso fuimos a otras
veredas a hacer erradicaciones, que fueron en el mes de mayo de 2014, el 8 de mayo
fue la primera erradicación que se hizo con apoyo del personal del grupo de reacción
de Sandoná y el 12 de mayo fue con apoyo del grupo de EMCAR de la Policía
Nacional. Con respecto a la vereda el Azogue nuevamente baje con un grupo de
compañeros a tomar fotografías y coordenadas para solicitar se nombren grupo de
erradicadores para ese sector. Después de unos días según contaba la ciudadanía,
me decían que se encontraba Ejército con Policía haciendo esas erradicaciones de
cultivos.
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En este estado de la diligencia, el apoderado de la Policía Nacional manifestó su
intención de contrainterrogar al testigo, en consecuencia se le concede el uso de la
palabra:
PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho si siempre realizó el
acompañamiento al señor Luis Felipe Coral? CONTESTÓ: Él siempre nos llamaba
vía telefónica y personalmente estábamos en contacto con él, siempre se le daba
recomendaciones de normas de seguridad a tener en cuenta, pero a veces como le
dije anteriormente, él no tomaba en serio esas recomendaciones. PREGUNTADO:
Además de la Policía Nacional y el Ejército Nacional alguna otra entidad
gubernamental realizó acompañamiento en la vereda El Azogue? CONTESTÓ: Yo
tengo conocimiento que el habló de este tema con la Inspección de Policía y también
con la Personería municipal. En los acompañamientos que siempre le hicimos,
siempre fue con Policía, no me di cuenta si ellos en alguna ocasión lo acompañaron.
PREGUNTADO: Sabe usted si en la jurisdicción del municipio de El tambo,
específicamente en los alrededores de la vereda El Azogue milita algún grupo
subversivo o ilegal. CONSTESTÓ: En ningún momento tuvimos conocimiento de
existencia de esos grupos, y tampoco tuvimos problemas. PREGUNTADO: Sabe
usted si el señor Luis Felipe coral realizó algún tipo de solicitud de protección
especial? CONTESTÓ: No, porque si hubiera solicitado, hubiéramos hechos los
tramites de protocolo. Sin embargo, ante el liderazgo que él ejercía sobre el grupo
de su vereda, siempre estábamos pendiente con las llamadas telefónicas y
haciéndole unas recomendaciones especiales de seguridad a tener en cuenta.
En este momento de la diligencia toma el uso de la palabra la apoderada del Ejército
Nacional.
PREGUNTADO: Usted solicitó personalmente el acompañamiento de miembros del
Ejército Nacional para las labores que nos ha narrado? CONTESTÓ: Yo solicité
grupo de erradicadores para esa zona de la vereda El Azogue, sé que esos grupos
de erradicadores vienen acompañados de EMCAR y Ejército. La verdad yo solo me
limito a hacer la solicitud ante el comando del Distrito Sandoná y el distrito le hace la
solicitud a mi Coronel comandante de Departamento. Y ellos son los que toman las
decisiones sobre el personal. No más preguntas.
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada la audiencia
de recepción de testimonio y se firma por quienes en ella intervinieron […]”.
92. Ahora bien, la Sala considera importante para resolver el problema jurídico
indicado supra, hacer referencia a las funciones y competencias de la Policía
Nacional.
93. El artículo 218 de la Constitución Política de 1991 prevé lo siguiente:
“[…] La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a
cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar
que los habitantes de Colombia convivan en paz […]”.
94. En los términos del artículo 1.° de la Ley 62 de 12 de agosto de 199330 la
Policía Nacional, tendrá como función principal “[…] proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
30 “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad
social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se
reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
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libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares […]”.
95. El artículo 5 de la Ley 62 dispone que la Policía Nacional es un cuerpo
armado, cuyo propósito es el “[…] mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana
[…]”.
96. La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional es la entidad encargada, en
los términos de la Resolución núm. 00593 de 1 de marzo de 201031, de “[…] articular
los procesos de prevención, erradicación e interdicción, para controlar la cadena del
narcotráfico en el territorio nacional […]”.
97. El artículo 4° de la Resolución núm. 00593 prevé las funciones de la Dirección
Antinarcóticos de la Policía Nacional en los siguientes términos:
“[…] 1. Desarrollar la política nacional en materia de lucha contra las drogas ilícitas.
2. Desarrollar lo acordado por el Gobierno Nacional en convenios de cooperación
nacional e internacional en materia de lucha contra el tráfico de drogas.
3. Dirigir la operación de la aviación policial en el territorio nacional.
4. Dirigir y controlar la aspersión aérea y erradicación manual de cultivos ilícitos
conforme con las disposiciones legales vigentes.
5. Dirigir y controlar las operaciones de interdicción a nivel nacional.
6. Desarrollar programas de prevención contra las drogas ilícitas.
7. Orientar a la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia en la definición
y desarrollo de estrategias, planes y programas para combatir el negocio de las
drogas ilícitas y sus delitos conexos.
8. Diseñar y elaborar planes, proyectos de inversión y desarrollo tecnológico en
materia antinarcóticos, que permitan dar respuesta a las necesidades operativas y
administrativas de esta Dirección.
9. Ejercer la dirección y control de las unidades antinarcóticos desconcentradas,
asesorándolas y prestándoles apoyo en los procedimientos policiales de la lucha
contra el narcotráfico.
10. Desarrollar mediante procesos de control de la cadena logística exportadora, que
la carga y envíos con destinos internacionales estén libres de contaminación con
estupefacientes.
11. Implementar el control en los puertos y aeropuertos con destinos internacionales,
para que no sean utilizados en el envío de estupefacientes.
12. Desarrollar la política y objetivos de calidad de la Policía Nacional de Colombia.
31 “Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección de
Antinarcóticos”.
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13. Desarrollar y estandarizar los procedimientos de los procesos misionales,
gerenciales y de soporte de la unidad, debidamente articulada con la metodología
definida por la Policía Nacional de Colombia.
14. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley, los reglamentos o la
naturaleza de la dependencia […]”.
98. En ese orden de ideas, la Policía Nacional tiene la función de erradicar los
cultivos ilícitos a través de la respectiva Dirección Antinarcóticos, para de esta
manera, garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de las
comunidades, teniendo en cuenta además como se indicó supra, que la Policía tiene
el deber de garantizar el “[…] mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana […]”.
99. Ahora bien, la Sala considera que el Tribunal al resolver el caso concreto
valoró de manera razonable las diferentes pruebas obrantes en el expediente, lo que
le permitió concluir que en la Vereda Azogue existieron cultivos ilícitos y que con
ocasión de las actividades desplegadas por la comunidad y la Policía Nacional,
aquellos fueron erradicados.
100. El Tribunal de igual manera, señaló que “[…] No obstante, no debe perderse
de vista que muy a pesar de que en el sub júdice, probatoriamente, no existen los
suficientes elementos de juicio que permitan inferir siquiera que a la fecha de este
fallo, persista la presencia de plantaciones de hoja de coca en la Vereda Azogue, la
reciente literatura sobre el tema ha documentado que el país, en el último
quinquenio, ha seguido una curva ascendente en esas plantaciones […]”.
101. En ese orden de ideas, el Tribunal citó un estudio publicado en enero de 2017,
en la revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, en
donde el profesional en relaciones internacionales, Julio César Ramírez Montañez,
sostuvo que “[…] contrario a lo esperado por el Plan Colombia, en el país se
incrementó la existencia de cultivos ilícitos […]” y además “[…] según datos de la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción potencial de
cocaína aumentó de 290 toneladas en 2013 a 442 toneladas en 2014, cuando se
presentó un alza de 52%. Los cultivos de coca crecieron fuertemente en los Parques
Nacionales Naturales del departamento del Guaviare (ONUDD, 2015) […]”.
102. El Tribunal también hizo mención al informe de la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito de 2017, en donde se expuso que el 39% de la cocaína
del país, se encuentra en la región del pacífico, y que para el 2016 se alcanzó el
mayor porcentaje de plantaciones, de toda la serie desde 2001, esto es 57.777
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hectáreas, cinco veces más que en 2001, el punto más bajo, en donde además, esta
región, y especialmente el Departamento de Nariño evidenció un incremento
considerado de los cultivos de coca desde 2013, siendo Tumaco el municipio más
afectado por esas plantaciones.
103. En ese orden de ideas, el Tribunal concluyó señalando lo siguiente:
“[…] En atención a lo descrito, como se advirtió líneas atrás, en la actualidad, no se
tiene certeza acerca de la presencia de tales cultivos en la Vereda Azogue, aunque
los elementos ya señalados permiten deducir que posiblemente esa zona del
Municipio de El Tambo continúe siendo afectada por esas plantaciones, por lo que
con el propósito de salvaguardar los derechos colectivos a la seguridad y salubridad
públicas, así como el de goce de un ambiente sano de los habitantes de la Vereda
Azogue, se ordenará a la Policía Nacional y a la Agencia de Renovación Territorial-
de conformidad con las competencias que les asisten y que fueron reseñadas en
acápites anteriores de esta providencia-, que elaboren conjuntamente, un plan de
verificación de esas plantaciones en las inmediaciones de la aludida vereda.
Comprobada la existencia de plantaciones ilícitas, la Policía Nacional a través de su
Dirección Antinarcóticos, las erradicará, según los protocolos de seguridad de la
institución para el personal que realizará tal actividad, así como también bajo la
observancia de la normatividad de protección ambiental, que en tal caso, de ningún
modo alterará negativamente la producción agrícola y agropecuaria de la región.
De requerirse, y de comprobar problemas de orden público, la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional solicitará el apoyo del Ejército Nacional56, con
el fin de salvaguardar el personal policial que realizará la erradicación de los cultivos
ilícitos […]”.
104. Ahora bien, la Sala al valorar el i) Informe Ejecutivo núm. 54 de 13 de mayo
de 2104, el ii) oficio núm. S-2014-222 DISPO SANDONA -ESTPO EL TAMBO –
29.27 de 23 de mayo de 2014 suscrito por el Comandante Estación de Policía El
Tambo, el iii) concepto e informe técnico y de control y monitoreo de 25 de febrero
de 2015; y iv) los testimonios de Norbey Humberto Villareal y Luis Hernán Fajardo
Ortega, evidencia que efectivamente la Policía Nacional llevó a cabo acciones
positivas con el fin de erradicar cultivos ilícitos en la Vereda Azogue del Municipio de
El Tambo; sin embargo, y como lo señaló el Tribunal al tener en cuenta un estudio
publicado en enero de 2017, en la revista del Instituto de Estudios Internacionales
de la Universidad de Chile y el Informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito de 2017, documento que no fue debatido en el trámite del proceso,
en segunda instancia, se pudo evidenciar un incremento considerable de cultivos
ilícitos siendo el Departamento de Nariño más afectado por esas plantaciones,
donde se encuentra la Vereda Azogue, por lo que, si bien, no se aportó una prueba
sobre la presencia actual de tales cultivos en la Vereda Azogue, en el marco de
dichos estudios, si es altamente probable que en dicha Vereda ubicada en el
Municipio de El Tambo, y en zonas aledañas, siga estando afectada por los cultivos
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ilícitos, lo cual, se reitera, implica una amenaza de los derechos e intereses
colectivos, en este caso concreto.
105. En ese orden, el Tribunal Administrativo de Nariño expresó en la sentencia
lo siguiente:
“[…] Y, por otro lado, el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito de 2017, señaló que el 39% de la coca del país, se encuentra en
la región del pacífico, y que para el 2016 se alcanzó el mayor porcentaje de
plantaciones, de toda la serie desde 2001, esto es 57.777 hectáreas, cinco veces
más que en 2001, el punto más bajo.
Además, añadió que esta región, y particularmente el Departamento de Nariño,
mostró un fuerte incremento de los cultivos de coca desde 2013, siendo Tumaco el
municipio más afectado por esas plantaciones, seguidos por las poblaciones de
Bolívar (El Charco) y Sidón (Cumbitara) (P.38 y 39)
En la siguiente tabla se puntualiza la información estadística:
Departamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nariño 19.162 17.639 15.951 17.231 10.733 13.177 17.285 29.755 42.627
Cauca 5.422 6.527 5.908 6.066 4.325 3.326 6.389 8.660 12.595
Chocó 2.794 1.789 3.158 2.511 3.429 1.661 1.741 1.489 1.803
Valle del cauca 2089 997 6665 981 482 398 561 690 752
Total 29.917 27.022 25.682 26.789 18.969 18.562 25.976 40.594 57.777
Tendencia 15% -10% -5% 4% -29% -2% 40% 56% 42%
Actual
En atención a lo descrito, como se advirtió líneas atrás, en la actualidad, no se tiene
certeza acerca de la presencia de tales cultivos en la Vereda Azogue, aunque los
elementos ya señalados permiten deducir que […] esa zona del Municipio de El
Tambo continúe siendo afectada por esas plantaciones, por lo que con el propósito
de salvaguardar los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, así
como el de goce de un ambiente sano de los habitantes de la Vereda Azogue, se
ordenará a la Policía Nacional y a la Agencia de Renovación Territorial- de
conformidad con las competencias que les asisten y que fueron reseñadas en
acápites anteriores de esta providencia-, que elaboren conjuntamente, un plan de
verificación de esas plantaciones en las inmediaciones de la aludida vereda […]”.
106. La Sala considera que el Tribunal valoró de manera razonable y con
fundamento en las reglas de la sana crítica, las diferentes pruebas obrantes en el
expediente, especialmente las pruebas señaladas por la Policía Nacional en su
respectivo recurso de apelación.
107. La Sala evidencia que si bien es cierto ha existido erradicación de cultivos
ilícitos por parte de la Policía Nacional como quedó demostrado en el acervo
probatorio, también se ha evidenciado un incremento de cultivos ilícitos en todo el
Departamento de Nariño, como lo señaló el Tribunal al analizar otras pruebas
relevantes como lo fueron el estudio publicado en enero de 2017, en la revista del
Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Informe de la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2017, por lo que no existe
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certeza frente a la erradicación total de tales cultivos en la Vereda Azogue, del
Municipio del Tambo, Departamento de Nariño, y conforme a lo señalado supra,
existe una alta probabilidad de que en dicha Vereda siga estando afectada por los
cultivos ilícitos, por lo que se hace necesario, en el marco de una situación de
amenaza, adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los
derechos e intereses colectivos indicados supra. En ese orden de ideas, la Sala
comparte lo dispuesto por el Tribunal de haber ordenado a la Policía Nacional que
elaborara “[…] un plan de verificación de esas plantaciones en las inmediaciones de
la aludida vereda […]”, y que en caso de comprobarse la existencia de plantaciones
ilícitas, “[…] la Policía Nacional a través de su Dirección Antinarcóticos, las erradicará
[…]”, teniendo en cuenta las funciones de dicha Dirección Antinarcóticos de la Policía
Nacional en los términos del artículo 4 de la Resolución núm. 00593 de 2010.
108. Para la Sala, en el caso sub examine, se evidencia una amenaza de los
derechos e intereses colectivos indicados supra, teniendo en cuenta que, como ya se
indicó, si bien es cierto se han llevado a cabo operativos de erradicación de cultivos
ilícitos por parte de la Policía Nacional, existe una alta probabilidad de que en dicha
Vereda ubicada en el Municipio de El Tambo siga estando afectada por los cultivos
ilícitos, máxime si se tiene en consideración que en los operativos realizados se ha
evidenciado la presencia de cultivos ilícitos.
109. En ese orden de ideas, la Sala considera que se debe modificar el ordinal
primero de la parte resolutiva de la sentencia de 19 de septiembre de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el sentido de declarar la amenaza de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y
salubridad públicas de la comunidad de la Vereda Azogue del Municipio de El
Tambo, y en ese orden ideas, ampararlos, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta sentencia.
110. Por último, la Sala precisa que las órdenes impartidas a la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional no obedecen a la determinación
de la existencia de una acción u omisión por parte de esa entidad, que implique
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados y, por ende,
por un lado, responsabilidad en ese sentido, sino que su comparecencia al proceso
y las órdenes impartidas se fundamentan en, por un lado, su condición de “[…]
entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo
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afectado […]”32; por el otro, en que el ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, en los términos explicados, son “[…] necesarias para volver
las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo […]” 33
o, al menos, superar la situación evidenciada en torno a los derechos e intereses
colectivos objeto de pronunciamiento.
Conclusiones de la Sala
111. En consecuencia, la Sala considera que se debe modificar el ordinal
primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera
instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de
19 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR la amenaza de los derechos e intereses colectivos al goce
de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas de la comunidad de la
Vereda Azogue del Municipio de El Tambo, y en ese orden ideas, ampararlos, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia”.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 19 de septiembre de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo de Nariño, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
32 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
33 Así lo establece el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia. Asimismo, la norma establece en su inciso
final que “[…] [t]ambién comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]”.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala, en la sesión del día.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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