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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2023-00071-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2023-00071-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo apelado. SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2023-00071-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

20 de febrero de 2025

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Radicado: 63001 23 33 000 2023 00071 01
Demandante: Municipio de Armenia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C. veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación núm.: 63001 23 33 000 2023 00071 01
Actor: Municipio de Armenia – Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Demandados: La Nación - Ministerio de Transporte, Registro Único Nacional de
Transporte y la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Armenia.
Tesis: No desconoce el derecho colectivo a la prevención de desastres
técnicamente previsibles y al patrimonio público, la negativa de las autoridades
demandadas a matricular los vehículos adquiridos por un ente territorial, debido al
incumplimiento de los requisitos establecidos para esos efectos.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de
Armenia – Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana (en adelante
Secretaría de Gobierno de Armenia), en contra de la sentencia del 21 de marzo de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La Secretaría de Gobierno de Armenia, mediante apoderada, presentó la
demanda de la referencia en contra del Ministerio de Transporte, el Registro Único
Nacional de Transporte (en adelante RUNT) y la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Armenia (en adelante SETTA), al considerarlos responsables de la vulneración
de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente

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Radicado: 63001 23 33 000 2023 00071 01
Demandante: Municipio de Armenia

1.2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“2. LO QUE SE PRETENDE:

2.1. Amparar los derechos colectivos a la DEFENSA DEL PATRIMONIO
PÚBLICO y el DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE los cuales han sido vulnerados
y agraviados por la NACIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE y la CONCESIÓN
RUNT S.A.S.S. con ocasión de la negativa del registro de los vehículos del
Cuerpo Oficial de Bomberos relacionados en los hechos de la presente acción,
ante el Registro Nacional Automotor (RNA) del Registro Único Nacional de
Tránsito (RUNT), como vehículos nuevos, los cuales están destinados a la
atención de emergencias y prevención de desastres.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la NACIÓN- MINISTERIO DE
TRANSPORTE y la CONCESIÓN RUNT S.A.S.S. realizar registro de los
vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos relacionados en los hechos de la
presente acción, ante el Registro Nacional Automotor (RNA) del Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT), como vehículos nuevos, los cuales están
destinados a la atención de emergencias y prevención de desastres.

2.3. Corolario con la decisión anterior, autorizar a la SECRETARÍA DE
TRÁNSITO Y TRANSPORTE ARMENIA (SETTA), proceder a realizar el
registro y matricula de los vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos
relacionados en los hechos de la presente acción, como vehículos nuevos,
procediendo a expedir la respectiva licencia de tránsito, placa y demás
documentos que sean necesarios para la circulación de los citados vehículos,
los cuales están destinados a la atención de emergencias y prevención de
desastres.

2.4. Subsidiariamente, en caso de no acceder a las pretensiones anteriores,
solicito que en atención a lo dispuesto en el artículo 88 Superior y los artículos
5º y 34 de la Ley 472 de 1998, así como la Sentencia T-176 de 2016, según la
cual “el juez de acción popular puede proferir fallos ultra y extra petita para
amparar los derechos colectivos amenazados o vulnerados”, ordenar a las
entidades demandadas y vinculada inaplicar por inconstitucionalidad (art. 4 C.N)
los apartes del artículo 37 de la ley 769 de 2002 y el artículo 5.14.1.2. de la
Resolución 20233040026535 de 27 de junio de 2023, en los que restringe a que
solo se pueda hacer el registro de los “vehículos de bomberos, siempre que
estos sean donados a Cuerpos de Bomberos Oficiales o Voluntarios, por
entidades extranjeras públicas o privadas y que no tengan una vida de servicio
superior a diez (10) años”, en el sentido que en virtud al derecho al derecho a
la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política se permitan
también los vehículos adquiridos por entidades públicas o privadas nacionales,
así como que en el presente caso se permita el registro de los mismos toda vez
que a pesar de tener más de 10 años de adquiridos, los mismos no han estado
en servicio, ni tienen la característica de bien usado.

2.5. Concordante con la pretensión antecedente, solicito que de conformidad
con los hechos que resulten probados dentro del proceso, adopte las decisiones
que considere pertinentes a fin de que se pueda llevar a cabo la inscripción,
registro y matricula de los vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos
relacionados en los hechos de la presente acción, los cuales están destinados
a la atención de emergencias y prevención de desastres.”1.

1 El expediente digitalizado se encuentra visible en el índice número 2 de SAMAI.

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Radicado: 63001 23 33 000 2023 00071 01
Demandante: Municipio de Armenia

1.3. Como sustento de las pretensiones adujo que:

1.3.1. Expresó que, en los años 2000 y 2007 el Municipio de Armenia suscribió los
contratos de compraventa nro. 033 y CVF 045-2006 con las empresas Pluralité
Groupe Internacional y C.I. Accesorios y Sistemas S.A. (en adelante ACCEQUIP),
respectivamente, para adquirir los siguientes vehículos para el cuerpo de oficial de
Bomberos: i) carro cisterna contra incendios; ii) camión de bomberos escalera –
Mack; iii) ambulancia – Camioneta Nissan D22 y iv) carrotanque – Nissan PKC 212.

Señaló que los mencionados automotores, por motivos desconocidos, no fueron
inscritos, registrados ni matriculados ante la SETTA, lo que ha impedido destinarlos
para el propósito para el que fueron adquiridos, ya que no cuentan con matrícula,
placa ni licencia de tránsito.

Expuso que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, al no contar con personería
jurídica, depende de la Secretaría de Gobierno del Municipio. Además, señaló que
la institución necesita los vehículos para poder atender las emergencias en el
municipio, pero no ha podido utilizarlos debido a la imposibilidad de obtener el SOAT
y los seguros de responsabilidad extracontractual.

Informó que, ante dicha situación, la Secretaría de Gobierno ha radicado diferentes
solicitudes ante la SETTA, el Departamento Administrativo Jurídico, el Ministerio de
Transporte y el RUNT, para que tomen acciones y gestionen el registro de los
vehículos.

Manifestó que el 2 de febrero de 2017 el Departamento de Bienes y Suministros de
Armenia, mediante Oficio DB-PGA-333, le pidió a la SETTA que matriculara los
automotores del Cuerpo de Bomberos y procedió a remitir la documentación
correspondiente. No obstante, dicha entidad dio respuesta el 16 de febrero de 2017,
con Oficio ST-PTM-CA-001659, en el que mencionó lo siguiente:

“Como se mencionó en su momento para dar curso a las matrículas de
vehículos adscritos al cuerpo oficial de Bomberos, deben de cumplir con los
requisitos mínimos para las mismas y encontramos que a pesar de que nos está
enviando documentación sobre las máquinas, ninguna aparece cargada en el
Registro Único Nacional de Transito Runt el cual empezó a operar el 3 de
noviembre del año 2009, significando esto que cuando uno compra un vehículo

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Radicado: 63001 23 33 000 2023 00071 01
Demandante: Municipio de Armenia

los importadores cargan en el sistema Runt los guarismos para así poder
matricular.

De los vehículos que relacionan existen unos de modelo 2000 y 2007 los cuales
se debieron de matricular en su momento con la factura de compra, manifiesto
de aduana y el respectivo formulario para trámite y estos mismos se hubiesen
cargados ya matriculados al sistema Runt en el momento en que se iniciara
operaciones pero al no hacerlo en esa época en estos momentos no es posible
dar curso a la solicitud planteada por ustedes pues no existe la forma de subir
vehículos por parte del Organismo de Tránsito.

Así mismo para los vehículos que tienen modelo 2010 ya en inicio operaciones
Runt, se le informa que el importador de la maquina debió haber cargado el
mismo al sistema Runt y confrontando con el número de serie o motor tampoco
se puede dar salida al trámite de este vehículo. Todo automotor que sea vendido
por fabricantes y/o importadores en la actualidad para poder matricular debe
estar cargado en el sistema Runt por los importadores, de no estar allí no es
posible realizar las respectivas matriculas.

Como observación final y buscando salida a la forma de matricular usando
Resolución 12379 del 2012, Capitulo II, Articulo 8. Numeral 11" Para la matrícula
de vehículos automotores donados por entidades extranjeras públicas o
privadas a los cuerpos de bomberos oficiales o voluntarios. El organismo de
tránsito verificará y/o validará la respectiva declaración de importación del
automotor, el documento soporte de la donación y que el vehículo tenga una
vida de servicio inferior a veinte (20) años contados a partir del año modelo.

Encontramos que ninguno ha sido donado o cumple estos requisitos de acuerdo
a los documentos suministrados por usted en los documentos radicados,
concluyendo entonces que tampoco podría haber una salida para dar curso a
su solicitud.

Seguimos trabajando y consultando con nuestro ente de control, el Ministerio
de Transporte indagando y preguntando más sobre salida a estos casos, de
encontrar una respuesta positiva se la haremos saber de manera inmediata, por
el momento le informamos no es posible dar matricula a los vehículos
mencionados:

Camión Escalera-Mack
Frontier D22-Nissan
Carrotanque-Nissan
Camión 4900 Mt 76 International
Camión 4400 4x2 International”.2

Comentó que el 14 de febrero de 2017, con Oficio ST-PTM-CA-001529, la SETTA
le puso en conocimiento al Ministerio de Transporte la situación, solicitándole una
directriz para proceder con la legalización de las matrículas de los vehículos. Por su
parte, la citada cartera ministerial, en memorial con radicado nro. MT-
20173210133182 del 15 de junio del mismo año, dio respuesta bajo los siguientes
términos:

2 Ibidem.

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Radicado: 63001 23 33 000 2023 00071 01
Demandante: Municipio de Armenia

“En atención a la petición del asunto, en la cual solicita ". ...una directriz para la
legalización de matrículas de automotores...que hacen parte del cuerpo oficial
de bomberos de Armenia" es necesario remitirse a lo establecido en el
parágrafo del artículo 37 de la Ley 769 de 2002, el cual establece:

(…)

Así las cosas, en el actual marco normativo no es posible matricular los
automóviles usados y la única excepción se presenta cuando los vehículos de
bomberos hayan sido donados por entidades extranjeras públicas o privadas,
situación que según lo expuesto en su solicitud no se configura en este caso.
Es necesario indicar, que lo estipulado en la precitada norma, es una
reglamentación vigente y de obligatorio cumplimiento, por lo que su
desconocimiento implicaría transgredir el ordenamiento jurídico, no obstante,
entendemos la complejidad e importancia del tema, y para este Ministerio es
una prioridad llenar los vacíos establecidos en los procedimientos, por lo que la
temática en mención es un asunto central en la mesa de trabajo y en cuanto se
establezcan los parámetros pertinentes se estarán extendiendo las directrices
a los Organismos de Tránsito del país, para dar oportuna solución a la
problemática planteada, ya que no existe pauta específica a seguir”.

Aseveró que la mencionada Secretaría también solicitó al RUNT su colaboración
para resolver la imposibilidad de registrar los automotores del Cuerpo de Bomberos.
Sin embargo, el 4 de abril de 2019, se recibió respuesta, en la que se indicó que no
era posible, dado que no se trataba de vehículos nuevos ni donados, por lo que no
cumplían con los requisitos legales para su inscripción.

Comunicó que el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de
Municipio de Armenia, el 2 de mayo de 2019, remitió la petición de matrícula ante el
Ministerio de Transporte, quien dio respuesta el 5 de junio del mismo año,
informando que no era posible acceder a la pretensión, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 37 de la Ley 769 de 2002 y el numeral 11 del artículo 8 de la Resolución
nro. 0012379 de 2012.

Manifestó que la SETTA volvió a solicitar la ayuda de RUNT y del Ministerio de
Transporte, mediante memoriales del 16 de marzo de 2021 y 14 de abril del mismo
año, respectivamente.

1.3.2. Expresó que la negativa del RUNT y del Ministerio de Transporte a registrar
los vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia impedía que fueran
destinados a la prevención y atención de emergencia, vulnerando el derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público. Asimismo, ponía en riesgo el derecho
a la seguridad y la prevención de desastres, ya que, aunque dicha institución

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contaba con los automotores necesarios para cumplir con su finalidad, no puede
movilizarlos en caso de llegar a requerirlos.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. A través de providencia del 26 de septiembre de 2023, el Tribunal
Administrativo del Quindío dispuso la admisión de la demanda de la referencia y
ordenó la notificación del Ministerio de Transporte, del RUNT, de la SETTA y del
Ministerio Público.

2.2. La SETTA, respecto de las pretensiones, señaló que se atenía a lo probado
en el proceso, ya que estas iban dirigidas contra el Ministerio de Transporte y el
RUNT.

Manifestó que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia dispone de cuatro (4)
vehículos, modelos 2000 y 2007, necesarios para cumplir con su misión de apoyo y
rescate para la ciudadanía. Sin embargo, estos debieron haber sido matriculados
en su momento con la factura de compra. Debido a que ello no ocurrió cuando
fueron adquiridos, actualmente no es posible registrar los mismos.

Indicó que se desconocen los motivos por los cuales, desde la compra de los carros,
no fueron matriculados en las vigencias respectivas.

Transcribió la respuesta proporcionada en la reclamación administrativa tramitada
en el Ministerio de Transporte, con radicado 20223030949272 CRM:0504809. En
dicha contestación, señaló que no procedía la inscripción de vehículos usados,
salvo cuando se tratara de vehículos destinados a bomberos, siempre que fueran
donados por entidades extranjeras públicas o privadas, que no superaran los veinte
(20) años de vida útil y contaran con un concepto favorable sobre la revisión técnica
emitido por la autoridad competente; al igual que con la declaración de importación,
esto de acuerdo con lo previsto en el numeral 11 del artículo 8 de la Resolución nro.
12379 de 2019. También indicó que no se enmarcaba en las causales del artículo
37 de la Ley 769 de 2002, por tal razón lo procedente era acudir a la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa para legalizar la situación jurídica de los automotores.

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2.3. El RUNT contesto la demanda en los siguientes términos:

Informó que, el 7 de junio de 2007, se suscribió el contrato de concesión nro. 033
de 2007 entre el Ministerio de Transporte y la Concesión Runt S.A., y el 7 de octubre
de 2009 se dio apertura a la fase de operación, actualización y mantenimiento. Sin
embargo, hasta el 3 de noviembre del mismo año se incorporaron al sistema los
organismos de tránsito y las direcciones territoriales con los registros nacionales de
automotores, conductores y licencias de tránsito, es decir, que antes de esa fecha
las autoridades efectuaban los trámites de forma independiente, por lo que solo ellas
conservaban la información física.

Resaltó que dicha entidad no pudo participar en el momento en el que se debieron
matricular los vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia que fueron
adquiridos entre el 2000 y 2007, época en la que el RUNT aún no existía.

Manifestó que la SETTA era la encargada de expedir las matrículas iniciales del
carro cisterna, la ambulancia, el camión de bomberos y el carrotanque en los años
2000 y 2007. Por lo tanto, no había justificación para iniciar el presente proceso,
dado que fue el Municipio de Armenia quien causó la omisión al no registrar los
vehículos en su momento, y ahora pretende inscribir automotores con más de
veintitrés (23) años de uso.

Señaló que la Concesión RUNT, en calidad de administradora del sistema RUNT,
solo tenía la obligación de validar que la información remitida por el organismo de
tránsito cumpliera con los estándares migratorios o de seguridad previamente
establecidos. Por lo tanto, no se constituye como una autoridad de tránsito de las
descritas en el artículo 3 de la Ley 769 de 2002 y no cuenta con la facultad para
determinar si se pueden registrar los vehículos del Cuerpo Oficial de Bomberos.

2.4. Entre tanto, el Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones
afirmando que no vulneró los derechos colectivos invocados.

Informó que el Legislador estableció los criterios para la clasificación y registro de
los vehículos, en particular para aquellos destinados al servicio público esencial de
bomberos. Según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1575 de 2012, modificado
por el artículo 14 de la Ley 2010 de 2019, se permite el ingreso de estos vehículos

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como "donados" por entidades públicas o privadas, siempre que no superen los diez
(10) años de antigüedad desde su fabricación. Además, el parágrafo transitorio del
artículo 5.14.1.2 de la Resolución No. 20233040026535 del 27 de junio de 2023,
que añadió el capítulo 14 al título 5 de la Resolución No. 20223040045295 del 4 de
agosto de 2022, establece que, durante los doce (12) meses posteriores a la entrada
en vigencia de esta norma, se podrá registrar inicialmente vehículos donados con
más de diez (10) años de servicio y vida útil.

Procedió a formular la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
señalando que no había generado la vulneración de los derechos colectivos
invocados con su actuar, por lo que no es la llamada a responder en el presente
caso.

2.5. En escrito del 27 de octubre de 20233, la demandante se opuso a la
excepción propuesta por el Ministerio de Transporte.

2.6. El día 28 de noviembre de 2023 se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento4.

2.7. En proveído del 30 de enero de 2024, resolvió tener como pruebas las
aportadas con la demanda y los escritos de contestación; a su vez, corrió traslado
para alegar de conclusión5.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo del Quindío dictó sentencia el 21 de marzo de
2024, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. A continuación, se
transcribe la parte resolutiva:

“FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por el MUNICIPIO
DE ARMENIA, en contra del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y del REGISTRO
ÚNICO NACIONAL DE TRANSPORTE.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.

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SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Efectúense las anotaciones correspondientes en el programa
informático SAMAI. En firme la presente providencia archívese el expediente.”6

Como fundamento de ello esa autoridad judicial, luego de exponer el marco
normativo y jurisprudencial de la acción popular, inició el estudio del caso concreto,
enunciando cada una de las pruebas que fueron aportadas en el proceso.

Manifestó que, de la documentación allegada, se observaba que el Municipio de
Armenia, en el año 2000, había adquirido mediante compraventa tres (3) vehículos
automotores, y en el año 2007 dos (2) adicionales, los cuales, cuatro (4) en la
actualidad, no cuentan con matrícula ni registro ante el Registro Nacional Automotor
RNA ni ante el RUNT. Estos son:

Informó que en el plenario obraban diferentes oficios de los que se podía extraer
que tanto el Municipio como SETTA, desde el año 2017, estaban gestionando el
trámite correspondiente para legalizar el registro y matrícula de los automotores. Sin
embargo, se desconocía la razón por la cual para el momento de la compra no se
llevó a cabo dicho procedimiento.

Afirmó que, al invocar la vulneración de los derechos colectivos a la defensa del
patrimonio público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles, el
demandante buscaba que se ordenara el registro de los vehículos del Cuerpo Oficial
de Bomberos como nuevos ante el Registro Nacional Automotor, debido a que
estaban destinados a la atención de emergencias y prevención de desastres.

Señaló que en diferentes ocasiones las entidades demandadas habían manifestado
la imposibilidad de proceder con lo pretendido por el Municipio de Armenia, pues los

6 Ibidem.

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automotores no cumplen con los requisitos previsto en la norma que regula la
materia.

Asimismo, destacó que la legislación aplicable era la vigente para en momento en
el que la demandante solicitó la inscripción y el registro de los vehículos, que es la
Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1281 de 2009, la cual estableció en su
artículo 37 la obligación de realizar la anotación inicial de estos en cualquier
organismo de tránsito para su operación en el territorio nacional, lo que hace
obligatorio el registro de los automotores objeto de la presente acción. A su vez,
indicó que la norma contenía una excepción relacionada con los carros de
bomberos, siempre y cuando, estos sean: i) donados a los Cuerpos de bomberos
oficiales o voluntarios, por entidades extranjeras públicas o privadas; ii) que no
tengan una vida superior a veinte (20) años y iii) que se emita el concepto favorable
sobre la revisión técnico-mecánica.

Resaltó que, bajo ese mismo sentido, el artículo 32 de la Ley 1575 de 2015 regulaba
el pago de los impuestos, “parte de los vehículos destinados para la gestión contra
riesgos, incendios, preparativos y atención de rescates, que si los mismos son
donados y han sido usados, no podrá exceder de 10 años su uso, respecto de la
fecha de fabricación”.

Comentó que, de acuerdo con las regulaciones antes expuestas, el Municipio de
Armenia, al adquirir los vehículos para el Cuerpo Oficial de Bomberos, debió
proceder con la matrícula y registro de los mismos ante el SETTA, ya que para la
época no existía el RUNT. Sin embargo, la actora, hasta el 2017, sin explicación
alguna, trato de resolver la omisión en la que había incurrido por más de diecisiete
(17) años.

Manifestó que se encontraba imposibilitado para acceder a lo solicitado por el
demandante, ya que sería actuar en contra de la norma vigente, la cual exige
legalizar los vehículos nuevos que circulan en el país. Asimismo, indicó que era
improcedente la solicitud relacionada con inaplicar el artículo 37 de la Ley 769 de
2002.

Resaltó que las acciones populares no podían convertirse en un mecanismo para
corregir las omisiones de la administración y mucho menos usarlas para incumplir

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la norma que regula la materia; por ello, el argumento del fallo extra petita
mencionado por el actor no es procedente, pues no se puede pasar por encima de
una regulación concreta no cuestionada.

Frente a la pretensión subsidiaria de inaplicar por inconstitucional el artículo 5.14.2.1
de la Resolución nro. 20233040026535 de 2023, adujo que no eran claras las
razones por las cuales se debía acudir a ese medio excepcional, pues, en principio,
las normas jurídicas reglamentarias solamente pueden ser desatendidas si son
objeto de anulación por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y lo que
en realidad busca el Municipio de Armenia es corregir lo que no se hizo en debida
forma ni en el tiempo correspondiente. Por lo tanto, procedió a negar las
pretensiones.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

4.1. El Municipio de Armenia señaló que el Tribunal consideró que la necesidad
de contrarrestar las contingencias del Cuerpo Oficial de Bomberos no podía justificar
la falta de registro de los vehículos adquiridos en los años 2000 y 2007. Sin
embargo, expuso que lo pretendido no era corregir una omisión de la administración,
sino la necesidad de utilizar los automotores para ayudar a la comunidad y que se
amparen los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, pues desde el 2017 se están
llevando a cabo labores para lograr la matrícula y registro de los vehículos
adquiridos para la citada institución.

Resaltó que se dio prioridad a las exigencias normativas sobre la protección de los
derechos a la vida y la integridad física de los habitantes de Armenia, ya que, en
caso de un siniestro, no se podrían utilizar los automotores del Cuerpo de
Bomberos.

Indicó que la negativa del Tribunal vulneraba el derecho a la defensa del patrimonio
público, tal como se define en la sentencia del Consejo de Estado del 8 de junio de
2011 (expediente 25000 23 26 000 2005 01330 01), ya que, al imposibilitar la
matriculación de los vehículos, se impedía el cumplimiento del propósito para el cual
fueron adquiridos, que es la prevención y atención de emergencias.

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Radicado: 63001 23 33 000 2023 00071 01
Demandante: Municipio de Armenia

Expuso que le asistía razón al Tribunal al afirmar que los vehículos objeto de la
demanda carecían de los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley 769 de 2002
y el artículo 5.14.1.2 de la Resolución nro. 20233040026535 de 2023. No obstante,
lo que se buscaba era que, en virtud del derecho a la igualdad, se permitiera la
inscripción, registro y matrícula de éstos, pues no puede ser el título de adquisición
el criterio para definir el registro de automotores en condiciones iguales, ya que los
que fueron comprados también son necesarios para la prevención de desastres y el
no poder usarlos pone en riesgo el derecho a la seguridad y prevención de
desastres.

Insistió que buscaba demostrar la desigualdad que se generaba con el artículo
5.14.1.2 de la Resolución 20233040026535 del 27 de junio de 2023, pues este
permite el registro de vehículos de bomberos donados, incluso si tienen más de 10
años de vida útil, pero no admite la inscripción de los mismos que fueron adquiridos
por compra por parte del Municipio de Armenia para el Cuerpo Oficial de Bomberos,
cuya entrega no puede ser por donación debido a que esa entidad no tiene
personería jurídica.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 19 de junio de 2024, el Despacho admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado para alegar de conclusión7.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión adoptada por el a quo.
Para llegar a tal petición, a modo de problema jurídico, inicialmente se preguntó:

“¿Es responsable la parte accionada por la vulneración a los derechos
colectivos a la defensa del patrimonio público y el derecho a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente ante la negativa de inscribir
unos vehículos adquiridos en el año 2000 y 2007, destinados al Cuerpo Oficial
de Bomberos de Armenia?”8.

7 Visible en el índice 4 del Sistema de Gestión SAMAI.
8 Visible en el índice 11 del Sistema de Gestión SAMAI.

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Demandante: Municipio de Armenia

Para responder a tal interrogante, y tras exponer las normas que regulan la acción
popular, indicó que el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles pretende garantizar que la comunidad no esté expuesta a sufrir daños
graves que se originen en fenómenos naturales o por acción del hombre en forma
accidental, cuando estas circunstancias puedan ser evitadas. Por lo tanto, para que
prospere la protección solo se requiere que se demuestre que la población se
encuentra ubicada en un sector donde pueda generarse una catástrofe.

Informó que en el presente caso no se logró demostrar la amenaza o situación de
riesgo a la que se enfrenta la población de Armenia. Ahora, respecto del derecho al
patrimonio público, adujo que era necesario que se generara la afectación del
derecho a la moralidad administrativa, lo cual tampoco se evidenció.

Señaló que la accionante busca es que se ordene el registro de los vehículos del
Cuerpo Oficial de Bomberos ante el Registro Nacional Automotor RNA del RUNT
como automotores nuevos, por estar destinados a la atención de emergencias y
prevención de desastres. Sin embargo, expuso que esta no era la acción adecuada
para corregir el descuido de no haber inscrito los mismos cuando se suscribió el
contrato de compraventa, lo que demostraba que no se afectaron los derechos
invocados.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.

7.2. Planteamiento

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Demandante: Municipio de Armenia

En ese orden, se evidencia que la problemática radica en la presunta vulneración
de derechos colectivos en el asunto de referencia. En efecto, según el Municipio de
Armenia, se desconocieron los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención
de desastres técnicamente previsibles, ya que el Cuerpo de Bomberos de la ciudad
no puede utilizar los vehículos adquiridos en los años 2000 y 2007 debido a la falta
de matrícula. Esto, a su criterio, implica también una vulneración del derecho a la
igualdad, puesto que vehículos donados con la misma antigüedad sí pueden ser
matriculados, en aplicación de lo dispuesto artículo 5.14.1.2 de la Resolución
20233040026535 del 27 de junio de 2023, por lo que solicitó la aplicación de la
excepción de ilegalidad de esa norma y de inconstitucionalidad del artículo 37 de la
Ley 769 de 2002. Por su parte, el Tribunal consideró que no se vulneraron los
mencionados derechos y que lo que realmente se pretendía con la presente acción
era subsanar una omisión administrativa y el desconocimiento de la normativa
vigente en la materia.

7.2.1. Del desconocimiento de los derechos colectivos

Se tendrá que absolver si desconoce el derecho colectivo a la prevención de
desastres técnicamente previsibles y al patrimonio público, la negativa de las
autoridades demandadas a matricular los vehículos adquiridos por un ente
territorial, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos, si el recurrente
sostiene que dicha negativa impide que los vehículos cumplan con la finalidad para
la que fueron adquiridos y que dichos automotores son necesarios para la atención
de emergencias por parte de los bomberos.

7.2.1.1.1. Con miras a resolver ese interrogante, es pertinente indicar que esta
Sección, en proveído del 28 de noviembre de 2024, indicó que el derecho colectivo
de prevención de desastres propende porque las autoridades adopten medidas,
programas y proyectos de carácter preventivo, con miras a prevenir amenazas de
desastres previsibles o antrópicos; veamos:

“Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

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67. Visto el artículo 2.º de la Constitución Política9 sobre los fines esenciales
del Estado, según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

68. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que
mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las
personas.

69. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.

70. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala10 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución.
En tal sentido ha señalado lo siguiente:

“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de
origen natural o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante-
de las autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos
reconocidos por la Constitución a las comunidades y a las personas y la
conservación de las condiciones normales de vida en un territorio. Por
esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las
medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados
para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo
de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones
de policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que
amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan
previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad,
bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy
dispone la Administración Pública […]”.

71. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente está íntimamente relacionado con el cumplimiento de
uno de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende
porque las autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de
carácter preventivo que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de
manera efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por
desastres naturales previsibles o antrópicos”11 (Subrayas de la Sala).

En ese mismo sentido, en fallo del 28 de octubre de 2024, se pronunció la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado:

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez

Villamizar, radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio
de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.
10 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número:

13001-23-31- 000-2011-00315-01(AP).C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera

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“3.4.2. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles – alcance normativo y jurisprudencial.

Desde el prisma constitucional, el presente derecho colectivo encuentra su
fundamento en el canon 2 Superior, toda vez que está relacionado con el
cumplimiento de uno de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]” en el
sentido que propende porque las autoridades públicas adopten medidas,
programas y proyectos de carácter preventivos que resulten necesarios y
adecuados para salvaguardar, de manera efectiva, los derechos de la
comunidad que resulten amenazados por previsibles desastres naturales o
antrópicos12.

En ese orden, la relevancia de la actividad preventiva del Estado tiene sustento
en que el bienestar social debe lograrse a través del despliegue de conductas
que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos de las
personas, de ahí que a través de este derecho colectivo se le impone al Estado
el deber de dispensarle a los asociados los mecanismos e instrumentos
tendientes a controlar eficiente y eficazmente hechos que resulten en sumo
riesgosos.

En consonancia con lo expuesto, para la época de los hechos, los objetivos del
sistema nacional para la prevención y atención de desastres se encontraban en
la Ley 46 de 198813, así: “a. Definir las responsabilidades y funciones de todos
los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las fases de
prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar
las situaciones de desastre; b. Integrar los esfuerzos públicos y privados para
la adecuada prevención y atención de las situaciones de desastre; y, c.
Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos,
técnicos, administrativos, económicos que sean indispensables para la
prevención y atención de las situaciones de desastre”14, asimismo, la mentada
disposición definió el desastre como “el daño grave o la alteración grave de las
condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por
fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en
forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los
organismos del Estado y de otras Entidades de carácter humanitario o de
servicio social”15 , destacándose que la mentada ley resultaba aplicable a todas
las entidades y organismos públicos16 .

La referida codificación fue desarrollada por el Decreto 919 de 198917,
disposición que estableció que todas las entidades públicas o privadas que
realicen obras civiles de gran magnitud o que por su naturaleza sean peligrosas
o de alto riesgo, deberían realizar análisis de vulnerabilidad que contemplen y
determinen la probabilidad de la presentación de desastres en sus áreas de
jurisdicción o influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus
actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para

12 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 13 de diciembre de 2023, exp. 25000-23-41-

000-2015- 00556-01.
13 ““Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres

[…]”
14 Artículo 1.
15 Artículo 2.
16 Artículo 4.
17 “"Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se

dictan otras disposiciones"

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atenderlas18, y en esa medida, estableció que deberían adoptarse las medidas
de protección aplicables como resultado de los análisis de vulnerabilidad19.

Precisado lo anterior, vale acotar que el derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres técnicamente previsibles se halla tipificado en el literal
l) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, prerrogativa que ha sido abordada por
la jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos: “[…] este
derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a
las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones
normales de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos
competentes la adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten
necesarios y adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de
anticipación (y no solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual
en las actuaciones de policía administrativa) los problemas que aquejan a la
comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que
resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de la realidad,
bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone
la Administración Pública […]”20

Resta por considerar que este derecho se compone, en realidad, de dos
estipulaciones con una finalidad cautelar distinta, pero complementaria;
por un lado, desde la exigencia de seguridad se prepondera el alcance que
a dicho derecho puedan darle, indistintamente, los principios de
precaución y prevención; mientras que, desde la exigencia de prevenir
desastres, todo el análisis debe fluir sobre el principio de prevención
únicamente. En suma, este derecho obliga a adoptar de forma anticipada
las medidas necesarias para precaver y evitar posibles daños, derivados
de riesgos que comprometan o afecten bienes de naturaleza colectiva”21
(Subrayas y negrillas de la Sala).

7.2.1.1.2. En ese orden, es evidente que los reproches expuestos en la alzada
no se enmarcan en el derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente
previsibles, dado que no se encaminan a mitigar un riesgo inminente o evitar una
situación de emergencia real que amenace la seguridad pública. Por el contrario, lo
que observa la Sala es que finalidad de la presente acción constitucional es lograr
que se autorice el uso de ciertos vehículos por parte del Cuerpo de Bomberos de
Armenia, lo que en esencia responde a una inconformidad de la actora en contra de
los actos administrativos que negaron dicho registro y no a la protección de un
derecho colectivo en materia de gestión del riesgo.

18 Artículo 8.
19 Artículo 9.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 18 de

mayo de 2017, expediente 13001-23-31-000-2011- 00315-01(AP)
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “C”

Sentencia del 28 de octubre de 2024. Proceso radicado número: 25000 23 27 000 2000 00111 04.
Consejero Ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

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En otras palabras, si bien la operatividad de los bomberos puede guardar relación
con la capacidad de respuesta ante emergencias, lo cierto es que la controversia
planteada no se centra en una amenaza concreta ni en la inminencia de un desastre,
sino en la imposibilidad de matricular vehículos adquiridos en años anteriores. En
ese sentido, la acción popular de la referencia no está orientada a prevenir un
riesgo, sino a resolver una problemática en contra de unas decisiones de la
administración que, en todo caso, debió abordarse a través de los mecanismos
ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.

Ahora, no es de recibo el argumento según el cual los bomberos de Armenia
estarían imposibilitados para atender emergencias debido a la falta de los vehículos
objeto de controversia, pues no se acreditó que estos fueran imprescindibles para
la prestación del servicio ni que su ausencia comprometiera de manera directa e
inmediata la capacidad operativa del cuerpo de bomberos, máxime cuando han
pasado más de quince (15) años desde su adquisición sin que fueran usados.

En efecto, no se presentaron pruebas que demostraran que la flota actualmente en
funcionamiento sea insuficiente para la atención de emergencias o que la
imposibilidad de matricular los vehículos en cuestión haya generado una afectación
real y concreta en la respuesta ante situaciones de riesgo. De igual forma, no se
aportaron elementos que permitan concluir que los vehículos operativos existentes
no pueden suplir las funciones de aquellos cuya habilitación se pretende.

Por lo tanto, el cargo relacionado con que la falta de estos automotores compromete
la seguridad y la prevención de desastres técnicamente previsibles carece de
sustento.

7.2.2. De otro lado, en cuanto al derecho colectivo al patrimonio público, es preciso
indicar que, sobre su núcleo esencial, en sentencia del 9 de julio de 2020, esta
Sección afirmó:

“XI.4.5. El derecho colectivo a la defensa del patrimonio público

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La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 31 de mayo
de 2002 (C. P: Ligia López Díaz)22, se pronunció sobre el concepto de
patrimonio público de la siguiente forma:

“[…]. Por patrimonio público debe entenderse la totalidad de bienes,
derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que
sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la
legislación positiva; su protección busca que los recursos del
Estado sean administrados de manera eficiente y responsable,
conforme lo disponen las normas presupuestales. La regulación
legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad
garantista que asegura la protección normativa de los intereses
colectivos, en consecuencia toda actividad pública está sometida a
dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros
derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio
de la acción popular. La protección del Patrimonio Público busca que
los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y
transparente, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en
especial las normas presupuestales. Para la Sala, el debido manejo de
los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo a la defensa del
patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad administrativa,
ámbito dentro del cual se debe estudiar el caso concreto. […]”. (Resalta
la Sala)

De igual forma, la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia de
8 de junio de 2011 (C. P: Enrique Gil Botero)23, agregó que ese “conjunto de
bienes, derechos y obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente
destinados a la finalidad que se les ha señalado, constitucional y legalmente,
con criterios de eficacia y rectitud.

Así pues, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos: i) la
existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado; y ii) el
análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal, que si ésta se hace de
forma irresponsable o negligente, pone en peligro el interés colectivo24.

Posteriormente, esta Sección, en sentencia de 11 de abril de 201925, indicó que
“[…] el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado,
de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación
contraria a derecho o cuando se evidencia su mengua sin que ello obedezca a
una causa justificada en el orden jurídico imperante, sino también cuando, como
consecuencia de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de
vista jurídico, los recursos económicos no se encuentran disponibles para ser
utilizados conforme el ordenamiento lo indica, es decir, para destinarlos al
cumplimiento de los deberes y obligaciones que le fueron atribuidas a las
entidades que se encuentran a cargo del cumplimiento de la función
administrativa”26.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 31 de

mayo de 2002. Rad.N.° 25000 23 24 000 1999 9001 01 (AP 300).C. P: Ligia López Díaz. Bogotá.
En sentido similar, Cfr: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 12 de noviembre de 2009. Rad. N.° 50001-23-31-000-2005-00213-01(AP). Consejero
ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de

junio de 2011, Rad. No. 41001-23-31-000-2004-00540-01(AP). C. P: Enrique Gil Botero.
24 Ibídem.
25 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de 2019, C.P: Roberto Augusto

Serrato Valdés. Rad. N.º 25000-23-41-000-2012-00077-02.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso radicado

número 50001 23 33 000 2017 00098 01. Sentencia del 9 de julio de 2020. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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De este modo dicho derecho se ve afectado cuando los recursos del Estado no son
administrados de manera eficiente y transparente, conforme con el ordenamiento
jurídico y las normas de carácter presupuestal.

7.2.2.1. Siendo ello así, lo que advierte la Sala es que los hechos objeto de
controversia tampoco guardan relación con la afectación del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público, pues, si bien es cierto que los automotores
adquiridos no están siendo utilizados para el servicio previsto en su compra, ello no
obedece a una conducta arbitraria o injustificada de las autoridades demandadas,
sino a la falta de diligencia del Municipio de Armenia al no matricularlos dentro de
los plazos y condiciones exigidos por la normativa aplicable.

De hecho, lo que se evidencia es que las autoridades enjuiciadas han obrado en
concordancia con el ordenamiento jurídico, ya que, como la propia parte recurrente
reconoce, los automotores en cuestión no cumplen con los requisitos dispuestos en
el artículo 37 de la Ley 769 de 2002, norma que regula las condiciones para la
matriculación de vehículos en el país. En consecuencia, la negativa de inscripción
obedece a la aplicación objetiva de la normativa vigente y no a una decisión
caprichosa de la administración.

La norma en contexto es del siguiente tenor:

“Artículo 37.Registro inicial. El registro inicial de un vehículo se podrá hacer en
cualquier organismo de tránsito y sus características técnicas y de capacidad
deben estar homologadas por el Ministerio de Transporte para su operación en
las vías del territorio nacional.

Parágrafo. Solamente se podrá hacer el registro inicial de vehículos nuevos,
entendiéndose por estos los comercializados durante el año modelo asignado
por el fabricante y los dos meses primeros del año siguiente. No se podrá hacer
registro de saldos de vehículos, excepto si son de fabricación nacional y sin
importación

De ninguna manera se podrá hacer un registro inicial de un vehículo usado,
excepto cuando se trate de vehículos de bomberos, siempre que estos sean
donados a Cuerpos de Bomberos Oficiales o Voluntarios, por entidades
extranjeras públicas o privadas y que no tengan una vida de servicio superior a
veinte (20) años y que la autoridad competente emita concepto favorable sobre
la revisión técnico-mecánica. El Ministerio de Transporte reglamentará en un
término no mayor a 90 días posteriores a la sanción de esta ley, los criterios y
demás aspectos necesarios para la aplicabilidad de esta ley” (Subrayas de la
Sala)

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En tales circunstancias, debe advertirse que quien ha atentado contra el patrimonio
público es el o los funcionarios que debieron actuar oportunamente para realizar
todos los trámites que se requerían con el propósito de poner en funcionamiento los
vehículos adquiridos, pues es su omisión la que ha dado lugar a la situación en la
que ellos se encuentran, y no la decisión de las autoridades demandadas, que se
han limitado a cumplir con lo dispuesto en la ley y los reglamentos.

7.2.2.2. Ahora, a pesar de que la actora menciona que la aplicación de esa
norma deriva en una posible afectación al derecho a la igualdad dado que su
parágrafo permite la inscripción de vehículos donados a los cuerpos de bomberos,
siempre que no superen una vida útil de veinte (20) años, lo cierto es que el presente
mecanismo constitucional no es el idóneo para cuestionar la constitucionalidad de
una norma ni para solicitar la aplicación de una excepción de legalidad del artículo
5.14.1.2. de la Resolución 20233040026535 del 27 de junio de 2023, con miras a
que lo allí regulado aplique al caso en concreto27.

Lo anterior, como quiera que, de acuerdo con el artículo 88 de la Constitución
Política y el artículo 2, inciso 2, de la Ley 472 de 1998, las acciones populares están
destinadas a prevenir un daño contingente, hacer cesar una amenaza o vulneración,
o evitar el agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados en la
Constitución y la ley. En consecuencia, su propósito no es el control abstracto de
normas ni su interpretación frente a principios constitucionales, sino la protección
efectiva de bienes jurídicos colectivos ante una afectación concreta.

Por lo tanto, cualquier cuestionamiento sobre la validez de la disposición contenida
en el artículo 37 de la Ley 769 de 2002 y su parágrafo o en contra del artículo
5.14.1.2. de la Resolución 20233040026535 del 27 de junio de 2023 debe ser
tramitada a través de los mecanismos jurídicos correspondientes.

En suma, la Sala confirmará la sentencia apelada por las razones antes expuestas.

27 “Artículo 5.14.1.2. Registro inicial vehículos automotores donados por entidades
extranjeras públicas o privadas a los cuerpos de bomberos oficiales o voluntarios. Conforme
al artículo 32 de la Ley 1575 de 2012, para el registro inicial de vehículos usados donados a Cuerpos
de Bomberos Oficiales o Voluntarios, por entidades extranjeras públicas o privadas, estos no podrán
tener una vida superior de diez (10) años, respecto de la fecha de su fabricación.
Parágrafo transitorio. Por el término de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente adición, se permitirá el registro inicial de los vehículos automotores donados por
entidades extranjeras públicas o privadas a los cuerpos de bomberos oficiales o voluntarios con más
de diez (10) años de servicio y vida útil”.

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22

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo apelado.

SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 20 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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