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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2020-00027-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2020-00027-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos: i) a la seguridad y salubridad públicas y ii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, respectivamente. CUARTO: ORDENAR al Municipio de Viterbo, al Departamento de Caldas y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, si no se ha ejecutado y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: 4.1. El Municipio de Viterbo se debe abstener de expedir licencias o permisos de construcción en aquellas zonas que se hayan catalogado como de alto riesgo no mitigable en la franja protectora del río Risaralda, sin perjuicio de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial. El análisis de viabilidad y factibilidad de las licencias de construcción se deberá adelantar haciendo uso de la información adquirida respecto a la variabilidad del cauce con los “estudios detallados para la amenaza y riesgo por inundación”, sobre todo cuando se trate de predios ubicados en llanura aluvial o cercanos a las márgenes del Río, teniendo en cuenta que la posible construcción bajo estudio de licenciamiento no puede estar ubicada en riesgo de inundación o socavación por la actividad del Río. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63 Núm. único de radicación: 170012333000202000027-01 4.2. El Municipio de Viterbo deberá, en el término de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, realizar las apropiaciones presupuestales que se requieren para reubicar a aquellas personas que […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2020-00027-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 170012333000202000027-01
Actor: Rubén Griño Guimera1
Demandados: Municipio de Viterbo, Corporación Autónoma Regional de Caldas y
Jaime Zuluaga Mejía2
Vinculados: Departamento de Caldas y Unidad Departamental de Gestión del
Riesgo de Caldas3
Coadyuvantes: Procuraduría 5 Judicial II Ambiental y Agraria de Manizales4

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el actor
popular, el Municipio de Viterbo, la Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Manizales y la Procuraduría 5 Judicial II Ambiental y Agraria de
Manizales contra la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 En calidad de representante legal del Condominio Campestre Villa del Rio Etapa IV.
2 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2.
3 Vinculados mediante auto 19 de octubre de 2020. Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación:

170012333000202000027-00. Archivo denominado: 27_ED_C01PRINCIP_06AUTOORDENAVINCULAR(.pdf)
NroActua 58(.pdf) NroActua 58.
4 Vinculada mediante auto de 16 de marzo de 2023. Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación:

170012333000202000027-00. Archivo denominado: 93_ED_C01PRINCIP_12AUTORESUELVECOADYU(.pdf)
NroActua 58(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58.

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Núm. único de radicación: 170012333000202000027-01

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Rubén Griñó Guimerá, en calidad de representante del Condominio
Campestre Villa del Río Etapa IV, presentó demanda5 contra el Municipio de Viterbo
y la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en ejercicio del respectivo medio
de control, con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses
colectivos: i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; ii) a la seguridad y salubridad
públicas; iii) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; y iv) a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se declare que ha vulnerado los derechos colectivos acá
mencionados y se amparen los derechos colectivos contenidos en los literales a, g,
h y I del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, y a favor de los Habitantes Condominio
Campestre Villa del Río Etapa IV, personería jurídica 0206 de 2000 y el Rio
Risaralda.

SEGUNDA: ORDENAR al MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS realizar estudio
Técnico con el fin de determinar el tipo de obras que más se ajusten a las
necesidades presentadas en el talud que está en la rivera y zona terraplén del río
Risaralda; y en una longitud de 200 metros l[í]mites del condominio Campestre Villa
del Río Etapa IV con la orilla del río Risaralda margen izquierda aguas abajo.

TERCERA: ORDENAR al MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS y a
CORPOCALDAS, ejecutar las obras ingenieriles que se determinen en el estudio
técnico que realice el MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS y CORPOCALDAS en los
200 metros colindantes; si de dicho estudio se observa que es necesario intervenir
otra área diferente a estos l[í]mites, se ordene la ejecución de estas sea la
construcción de estructuras de contención como muro y/o gaviones, jarillones,
espolones o espigones que permitan mitigar la afectación que presenta el talud
aledaño y en una longitud de 200 metros l[í]mites del condominio Campestre Villa
del Río Etapa IV con la orilla o margen izquierda aguas abajo del rio Risaralda, toda
vez que existe un verdadero riesgo de vulneración a sus derechos fundamentales.

CUARTA: ORDENAR al MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS y a CORPOCALDAS,
realizar un plan de manejo de aguas superficiales mediante canales, con el fin de
capturar y conducir estas aguas al afluente más cercano de una manera apropiada,
reduciendo la saturación de suelos factor detonante en los movimientos en masa,
además de re-vegetalizar (sic) el talud con material vegetal de medio bajo porte
(Vetiver).

Finalmente, es de anotar que las pretensiones formuladas en la presente
acción popular, encuentran su sustento en el documento técnico soporte
denominado implementación de acciones de recuperación y el manejo de
desastres producidos por fenómenos naturales en los municipios de
VITERBO, MARMATO, PACORA, ANSERMA, ARANZAZU, NEIRA,

5Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2.

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CHINCHINA y V/LLAMAR/A departamento de Caldas, Concepto técnico de
julio de 2019 proferida por la CORPORACION AUTONOMA DE CALDAS
(CORPOCALDAS) Proyecto Corpocaldas. 24 folios[.]

QUINTA CONDENAR: al municipio de Viterbo y Corpocaldas en costas, expensas
y honorarios del proceso y a favor de la persona Jurídica del Condominio
Campestre Villa del Río Etapa IV Nit 810.006.582-0, a las entidades responsables
de estas amenazas a los derechos colectivos de la comunidad antes referenciada
[…]”6.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Indicó que el 8 de junio de 2012 la Corporación Autónoma Regional de
Caldas respondió a la denuncia del administrador del Condominio Campestre
relacionada con que se habían adelantado obras sin permiso en la finca El Jordán -
propiedad del señor Jaime Zuluaga Mejía-, luego se detuvieron las obras y le
requirieron permiso de ocupación del cauce al propietario; sin embargo, a pesar de
haber realizado construcciones no se tomaron medidas ni se restableció el curso
del Río a su alcance anterior.

3.2. Adujo que el 16 de diciembre de 2012 se presentó, ante el Municipio de
Viterbo, un derecho de petición exponiendo la problemática que el desvío de la
cuenca del Río estaba generando en el Condominio Campestre. Por ello, el 10 de
enero de 2013 el alcalde del Municipio solicitó a la Corporación Autónoma Regional
de Caldas que realizara inspección ocular en diversas áreas, incluyendo la zona del
Río Risaralda a la altura del Condominio, para presentar unos proyectos al gobierno
nacional, los cuales a la fecha no existen.

3.3. Agregó que, el 11 de enero de 2013, el Municipio informó que el Secretario
de Planeación, Infraestructura y Vivienda realizó una inspección ocular al sitio
mencionado y sugirió al Condominio solicitar visita de la autoridad ambiental, buscar
fuentes de financiación dependiendo del valor de las obras, involucrar a los
propietarios del Condominio para involucrarlos en la solución de la problemática y
hacer seguimiento permanente del lugar.

3.4. Advirtió que, el 20 de mayo de 2013, la Corporación Autónoma Regional de
Caldas respondió al Municipio indicando que el técnico operativo de la Subdirección
de Infraestructura Ambiental realizó visita de asesoría técnica en donde observó
que el 2 de abril de 2013 se había determinado que los lotes y viviendas de la etapa

6Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2. Página 14 y 15.

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4 de la urbanización Villa del Río se encontraban ubicados a 150 metros de la
margen izquierda del río Risaralda, tramo donde se presentan procesos de
socavación lateral.

3.5. Afirmó que el 28 de agosto de 2013 solicitó apoyo al Procurador Judicial
Ambiental Agrario del Eje Cafetero, al presidente del Concejo Municipal y al
Personero Municipal para que contribuyeran a solucionar la problemática expuesta.

3.6. Señaló que en el año 2014 la Corporación Autónoma Regional de Caldas
acudió con un equipo de topógrafos para cartografiar la zona. Igualmente, los días
5 de mayo y 25 de noviembre de 2015, así como el 4 de abril de 2016 se solicitó
información a la autoridad ambiental sobre el estado del estudio de la zona sin
obtener respuesta.

3.7. Indicó que la margen izquierda del Río está dentro de la zona perimetral
urbanizada y que era fácil calcular que el río socaba el terreno a una velocidad de
29,6 metros por año, el río Risaralda ha arrastrado parte de la cerca perimetral y del
terreno de la casa núm. 34 del Condominio, con el riesgo de que otras viviendas se
vean afectadas.

3.8. Adicionó que la Corporación Autónoma Regional de Caldas respondió el
derecho de petición, presentado por el actor el 5 de septiembre de 2017, informando
que aún estaban realizando el estudio. Para el momento de la presentación de la
demanda ya se había finalizado el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas
Hidrográficas – POMCA sin que con ello se hubiere superado la problemática.

3.9. Indicó que, el 30 de octubre de 2019, la Corporación Autónoma Regional de
Caldas contestó señalando que la autoridad ambiental apoya a las entidades
territoriales en estudios para ser integrados en los planes de ordenamiento de
cuencas sin perjuicio de la labor principal que tienen los municipios en materia de
riesgo de desastres y que su labor incluirá hacer seguimiento para que se
implemente el POMCA en el Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT del
Municipio de Viterbo.

3.10. Agregó que las peticiones han tenido un trámite entre entidades que no ha
concluido, no hay respuesta alguna respecto a la realización de obras de mitigación
o alguna otra medida que garantice la protección de derechos e intereses colectivos.

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Contestaciones de la demanda

4. El señor Jaime Zuluaga Mejía contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos7:

4.1. Señaló que es propietario del inmueble identificado con matricula inmobiliaria
núm. 103-22748 y no existe investigación, sanción o multa alguna en su contra por
parte de la Corporación Autónoma Regional de Caldas con relación a los hechos
narrados por la parte actora. Agregó que a pesar de haber sido afectado por las olas
invernales en varias ocasiones siempre ha respetado las franjas de protección y no
ha intervenido el lecho del río Risaralda.

4.2. Indicó que el riesgo no se demostró con el medio idóneo, las fotografías no
son pertinentes para evidenciar lo que se pretendía. Además, que mediante una
acción popular no se puede limitar el derecho a explotación de la propiedad privada.

4.3. Adujo que las entidades territoriales tienen competencias específicas en la
prevención y atención de desastres que pueden ser financiadas con recursos
propios, del Sistema General de Participaciones o de otros recursos, en ese sentido,
no es responsabilidad de un particular realizar las obras solicitadas por la parte
actora.

4.4. Presentó las excepciones previas denominadas: “Autoridad pública
responsable”; “No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”,
de fondo denominadas: “Inexistencia de violación de normas constitucionales y
legales”; “Falta de legitimación en la causa por pasiva”; y “Genérica o innominada”.

5. El Municipio de Viterbo8 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas con fundamento en los siguientes argumentos9:

5.1. Indicó que los hechos narrados y sus pretensiones se encuentran
discriminados de manera tal que no son congruentes, teniendo en cuenta las
competencias de cada una de las entidades accionadas y el del particular
demandado. Además de los compromisos de parte de la comunidad del condominio,
a quienes les corresponde como propietarios velar por la franja forestal protectora,

7 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

23_ED_C01PRINCIP_02CONTESTACIONVILLAR(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58.
8 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

25_ED_C01PRINCIP_04CONTESTACIONMPIOVI.pdf NroActua 58(.pdf) NroActua 58.
9 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

23_ED_C01PRINCIP_02CONTESTACIONVILLAR(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58.

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sumado a ello, las intervenciones por parte de particulares en la orilla derecha,
situaciones que no competen a la administración municipal.

5.2. Manifestó su oposición en relación con los hechos y pretensiones por
carencia actual de objeto y sustento probatorio respecto de las responsabilidades
del Municipio de Viterbo, debido a que de los informes aportados con la demanda
se determina el acatamiento de la administración municipal dentro del marco de sus
competencias y disponibilidad presupuestal.

5.3. Propuso como excepciones las denominadas “Ausencia de violación o
amenaza de violación a los derechos invocados”; “Inobservancia del principio
procesal de carga de la prueba”; “Culpa exclusiva de un tercero”; “Hecho de la
naturaleza”; y “Afectación grave de la situación fiscal del ente territorial”.

6. La Corporación Autónoma Regional de Caldas10 contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos11:

6.1. Manifestó que, los señalamientos fácticos efectuados para fundar las
pretensiones son el resultado de un análisis superficial, carente de un fundamento
mediante profundo de los señalado en el oficio 2018-1E-00011016 del 24 de mayo
de 2018, al igual que la dinámica natural del cauce del río Risaralda en la zona
puntual a la que se alude, lo cual se ve condicionado por la exposición de espacios
recreativos en la zona considerada como espacio público y de preservación estricta.

6.2. Expresó que la demanda desconoce el carácter meándrico del río Risaralda
que conlleva a que su dinámica natural implica esa situación, tal como se tiene
identificado en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica –
POMCA- del río.

6.3. Aclaró que el río presenta condiciones fluviales muy particulares. Fluye de
Norte a Sur, contrario a los ríos Magdalena y Cauca; su cuenca tiene un área de
1256 km2, una forma descrita como muy alargada (Factor de forma = 0,62 e índice
de alargamiento = 2,44) y cuyas pendientes describen una topografía fuertemente
accidentada. Aguas arriba de su desembocadura, el cauce tiene un comportamiento
meandriforme y se comporta como un río de llanura, disectando o retrabajando
depósitos de terraza formados por el mismo en tiempos antiguos, lo cual se

10 Por intermedio de apoderado.
11 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

24_ED_C01PRINCIP_03CONTESTACIONCORPOC.pdf

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evidencia por la presencia de paleo, cauces y meandros abandonados, mientras
que en la parte media presenta comportamiento rectilíneo. Cuenta una alta carga
de sedimentos en la que prima el aporte de gravas.

6.4. Argumentó que es claro para el asunto objeto de controversia no se ha
vulnerado ningún derecho colectivo, pues las afectaciones presentes en orillas son
consecuencia de la dinámica natural del río Risaralda en la zona puntual, lo cual se
ve favorecido por la eliminación de la faja forestal protectora, la intervenciones
generadas al interiores de las zonas privada para el establecimiento de espacios
recreativos y la realización de llenos conformados a partir de la disposición de
escombros tal como se da cuenta en informes emitidos.

6.5. Indicó que ha actuado conforme a los principios, postulados, normas jurídicas
y técnicas aplicables a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales,
con plena aplicación de los principios en materia policiva como el de prevención. En
específico indicó que las zonas que se han visto afectadas por la dinámica natural
del río, se ven condicionadas por las actividades que se realizan en la zona como
el arrojo de escombros y el establecimiento de edificaciones como espacios para el
esparcimiento y la práctica de deportes en zonas consideradas como espacio
público, zona de protección y de preservación estricta por cuanto constituye la fala
forestal protectora del cauce del mencionado afluente.

6.6. Señaló que la protección de las fajas forestales protectoras de nacimientos y
corrientes de agua, corresponden a los propietarios de los inmuebles y al Municipio
le compete velar por el respecto de dicha faja de Protección, como componente del
espacio público. A los municipios les corresponde la función de ordenar el desarrollo
de su territorio y la de reglamentar el uso del suelo. Son las autoridades municipales
y distritales, y no las corporaciones autónomas regionales las encargadas de
determinar el uso que debe darse a cada porción de su territorio y de garantizar el
cumplimiento de las normas. Igualmente, en lo que tiene que ver con las acciones
de prevención y mitigación del riesgo. Le corresponde al Municipio de Viterbo
procurar la adecuación de las zonas para la protección de inundaciones de los
desarrollos urbanos localizados en zonas propensas a, situación que es
concordante con lo establecido artículo 12 de la Ley 1523 de 2012.

6.7. Aclaró que el Municipio de Viterbo con el apoyo del Departamento de Caldas
son quienes les corresponde proceder a la adopción de las medidas concretas
(estructurales o no estructurales), respecto de lo cual ya se han brindado los
insumos técnicos necesarios y recomendaciones para la realización de las obras de

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mantenimiento y protección que viene adelantando en la actualidad de la mano del
ente departamental, sin que la corporación pueda sustituir a la administración
municipal en la adopción de las medidas concretas, en virtud de principio
constitucional de autonomía territorial, que se concreta además de las disposiciones
ya citadas, en lo que no se encuentra regulado en el artículo 14 de la Ley 1523 de
2012 y el Decreto 1077 de 2015. Por lo anterior, solicitó la vinculación del
Departamento de Caldas.

7. El Departamento de Caldas12 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos13:

7.1. Manifestó que, dentro del ámbito de competencias cada municipio tiene la
obligación de prevenir y atender sus emergencias, en el momento en que debido al
tipo de evento o fenómeno natural sea superada su capacidad de respuesta, el ente
departamental dentro de sus funciones de complementariedad y subsidiariedad, y
previa solicitud formal del ente municipal, anotando que la solicitud debe ser
específica, entrará a acompañarlo en la solución de esta problemática; como lo dicta
la normatividad vigente en el artículo 1 de la Constitución Política.

7.2. Señaló que, en los adjuntos de la demanda, se puede evidenciar varias
actuaciones de la corporación autónoma regional, en las cuales ha realizado
muchísimas recomendaciones a la Alcaldía de Viterbo, a la Oficina de Planeación
etc., e informa que el río Risaralda presenta condiciones fluviales muy particulares.
Fluye de Norte a Sur, contrario al cauce de los ríos Magdalena y Cauca, que tiene
una topografía fuertemente accidentada.

7.3. Consideró que el apoyo que presta el Departamento de Caldas es reglado,
solo se vincula por virtud del principio de concurrencia y subsidiariedad. El
departamento no puede intervenir más allá de lo ordenado por la ley, la cual es
clara, al determinar que solo interviene si el ente municipal no puede por si mismo
atender a la problemática.

7.4. Propuso como excepciones las denominadas “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”; “Ausencia de amenaza o vulneración de derechos o intereses
colectivos por parte del Departamento de Caldas”; e “Inexistencia de
responsabilidad y de la obligación por parte del Departamento de Caldas”.

12 Por intermedio de apoderado.
13 Cfr. ver folios 865 a 878 del Cuaderno Principal 2, expediente físico.

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Audiencia de pacto de cumplimiento

8. El Tribunal Administrativo de Caldas celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento los días 9 de febrero de 202114, 22 de septiembre de 202115, 4 de
mayo de 202216, 21 de junio de 202317 y 2 de abril de 202418, sin que existiera
propuesta de acuerdo, por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de
cumplimiento.

Sentencia proferida, en primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 26 de
septiembre de 2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio
de control de protección a los derechos e intereses colectivos interpuso el
CONDOMINIO CAMPESTRE VILLA DEL RÍO ETAPA IV contra EL MUNICIPIO DE
VITERBO – CALDAS, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS
(CORPOCALDAS) JAIME ZULUAGA MEJÍA, SIENDO VINCULADO EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE CALDAS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: EXHORTASE al municipio de Viterbo, en atención a sus competencias
en materia de gestión del riesgo, para que vigile la situación que se presenta en el
condominio Villas del Río Etapa IV, y en caso de ser necesario adopte las medidas
administrativas que considere necesarias para controlar o conjurar el riesgo que
llegase a presentarse, y si es del caso reubicar el asentamiento humano
comprometido.

TERCERO: SIN COSTAS, según lo indicado en la parte motiva.

CUARTO: EXPÍDASE copia de la sentencia con destino a la Defensoría del Pueblo
para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHÍVENSE las diligencias previas
las anotaciones respectivas en el sistema SAMAI […]”19.

Consideraciones del Tribunal

10. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:

“[…] ¿Teniendo en cuenta que, la afectación o daños que se denuncian afectan a
un particular, Condominio Campestre Villa del Río? (sic) ¿estamos frente a una

14 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

35_ED_C01PRINCIP_14ACTAAUDIENCIA(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58.
15 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

115_ED_C01PRINCIP_34ACTACONTINUACIONAU(.pdf).
16 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

74_ED_C01PRINCIP_53ACTAAUDIENCIA(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58.
17 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

115_ED_C01PRINCIP_34ACTACONTINUACIONAU(.pdf).
18 Cfr. índice 85 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

143ACTAAUDIENCIA_AUDIENCIA_ACTACONTINUACIONAUDI(.pdf) NroActua 85(.pdf) NroActua 85.
19 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 9ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf)

NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

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vulneración de derechos colectivos, que requieran intervención de las autoridades
demandadas? […]”20.

11. El Tribunal adujo que las acciones populares no persiguen la protección de
derechos individuales ni un resarcimiento económico e indicó que, si bien los hechos
generadores de la problemática tienen origen en el cambio de curso del río
Risaralda, también lo es que no encontró comprometidos derechos colectivos; por
un lado, debido a que se trata de un bien particular -un condominio de casas
campestres- y, por el otro, el deterioro al mismo condominio solo se evidencia en
dos viviendas.

12. Agregó que se demostró un registro de variaciones en el curso del río
Risaralda que evidenciaron lo variada y sinuosa que ha sido siempre la dinámica
fluvial natural; por lo tanto, no fue extraño el cambio presentado en las curvas
pronunciadas que se van moviendo a través del tiempo de manera natural.

13. En ese sentido, indicó que no se presentaba una vulneración a derechos e
interés colectivos por cuanto la afectación que se alega recae sobre derechos
particulares, además, que los expertos concluyen que el riesgo que se presenta no
es mitigable porque el costo de las obras a ejecutar para proteger el condominio son
superiores al beneficio que se obtendría y que dichas obras no garantizan la
cesación del riesgo sino son construcciones que pueden afectar poblaciones que
se encuentren a otra altura del río Risaralda.

14. Consideró que la reparación de los eventuales daños derivados de la acción
u omisión de las autoridades o de particulares no se persiguen a través de la acción
popular; tratándose de daño medioambiental, la indemnización solo podría estar
dirigida a recuperar el recurso natural y no a restaurar un bien de particulares.

15. A pesar de negar las pretensiones de la demanda, exhortó al Municipio de
Viterbo para que, en materia de gestión del riesgo, vigile la situación que se presenta
en el Condominio y, en caso de ser necesario, adopte las medidas administrativas
que considere pertinentes para controlar el riesgo que llegase a presentarse
incluyendo la posibilidad de reubicar el asentamiento humano comprometido.

20Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 9ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2. Página 13.

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Recursos de apelación

16. La Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de
Manizales21 interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes
argumentos:

16.1. Señaló que la amenaza o vulneración de un derecho e interés colectivo
también puede afectar derechos particulares y ello no implica la transmutación a un
derecho de carácter subjetivo, su protección involucra también la garantía de los
derechos de las personas que integran la comunidad sin perder su naturaleza de
colectivos.

16.2. Advirtió que cuando se habla de la efectividad de los derechos y bienes
jurídicos reconocidos en la Constitución no se excluyen los particulares, por el
contrario, se incluyen la totalidad de derechos; además, es evidente la situación de
riesgo en la faja de protección del Río que es puesta de manifiesto en este proceso
y no se trata únicamente de una controversia particular por la afectación a dos
viviendas.

16.3. Manifestó que con el informe final de estudios detallados quedó demostrado
que el comportamiento fluvial del río Risaralda se dirigía hacia la margen en la que
se encuentra el Condominio Campestre y también hacia el costado del casco urbano
del Municipio de Viterbo desde el año 1992.

16.4. Adicionalmente, señaló que entre los años 1995 y 2020 aumentó la migración
hacia el sector del condominio, así como se incrementó la socavación lateral
convirtiéndose en un cauce con sinuosidad marcada por la actividad evidenciada
desde el año 2013, la cual progresivamente siguió avanzando como se demostró
con el registro fotográfico de una palma que se encontraba en la orilla y se volcó por
el desplazamiento.

16.5. Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta que, en el Informe de Visita Técnica
de la Gobernación de Caldas expedido en marzo de 2021, se manifestó que no se
trata únicamente de causas naturales, sino que las consecuencias se han ido
acelerando por los procesos de ganadería, agricultura y urbanismo en las márgenes
del Río. Además, que la actividad de rellenos o adecuaciones en las laderas del Río

21 Cfr. índice 141 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo
denominado: 203_MemorialWeb_Recurso-OficioPJAA52022(.pdf) NroActua 141.

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debido a que disminuyen la actividad forestal en los bordes y aumenta la erosión en
sus márgenes.

16.6. Advirtió que, a pesar de lo mencionado, no se han tomado acciones de
carácter preventivo ni correctivo frente a las intervenciones antrópicas en las fajas
de protección resaltando que el Municipio y la autoridad ambiental son competentes.

16.7. Puntualizó que la situación de riesgo involucra todo un sector en donde se
encuentra el Condominio además del costado del área urbana del Municipio donde
están ubicados veinticinco (25) predios en riesgo no mitigable, por lo que las
soluciones no pueden ser puntuales sino deben cubrir la totalidad de la longitud del
cauce del Río.

16.8. Señaló que también se demostró la vulneración al derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano debido a que hubo afectación a la ronda hídrica,
especialmente a las fajas de protección que tienen como objetivo proteger el cuerpo
de agua, evitar situaciones de riesgo y salvaguardar la diversidad de flora y fauna.
Dichas fajas deben ser defendidas por el Municipio y por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas como entidades miembros del Sistema Nacional Ambiental.

16.9. Indicó que se vulneró el derecho al goce del espacio público por cuanto las
zonas protectoras de corrientes hídricas hacen parte del espacio público. Asimismo,
mencionó que se presentaba una vulneración al derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; lo anterior debido a que el Municipio de Viterbo
otorgó licencia para parcelar y construir el Condominio Campestre a pesar de la
ubicación del mismo en la llanura de inundación del río Risaralda, así como permitió
la construcción de un sector del casco urbano del Municipio y la realización de
distintas actividades, entre otras, agrícolas y pecuarias a pesar de las características
mencionadas previamente.

16.10. Destacó que la mitigabilidad o no mitigabilidad del riesgo está
directamente relacionada con la evaluación económica de reasentamientos frente a
la construcción de obras de atenuación, razón por la cual en el estudio se plantearon
tres escenarios así: i) observar la amenaza y educar a partir del conocimiento del
riesgo y atención de desastres; ii) conservar la cuenca y retornarla a las condiciones
originales previo a la intervención antrópica; y iii) desarrollar una alternativa

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estructural como medida de remediación como la canalización del tramo mediante
muros en gaviones o en concreto reforzado.

16.11. Indicó que, al analizar las opciones mencionadas, el primer escenario no
es viable debido a que hay una evidente situación de riesgo alto de inundación y
remoción en masa por la socavación del Río al punto de haber perdido su faja de
protección. Respecto al segundo escenario, adujo que sí es posible adoptarlo y se
deben seguir los lineamientos definidos en las estrategias para iniciar las acciones
que permitan cumplir con el tratamiento de preservación y restauración de dichas
áreas y, frente al tercer escenario citó que “[…] los costos relacionados con el
reasentamiento de las zonas en condición de riesgo alto [son] inferior[es] a los
costos necesarios para la construcción de las obras […]”.

16.12. Manifestó que, de acuerdo con lo anterior, las órdenes que se impartan
deben estar orientadas al reasentamiento de las comunidades afectadas y no a la
realización de obras como quiera que dicha medida fuese menos costosa y
permitiría restituir las cosas a su estado anterior y cesar la situación de riesgo.

16.13. Señaló que el Municipio de Viterbo es responsable de salvaguardar a su
población de situaciones de riesgo no solo con actividades de planificación territorial
sino controlando las intervenciones realizadas en área forestal protectora del Río y
no hay demostración de que haya adelantado acción alguna para implementar
medidas preventivas. Así también sucede con la Corporación Autónoma Regional
de Caldas y el Departamento de Caldas como actores fundamentales en la gestión
del riesgo; sin embargo, la situación ni siquiera fue discutida en un comité municipal
o departamental de gestión del riesgo.

16.14. Advirtió que el Municipio y el Departamento alegaban que no les asiste
responsabilidad debido a que la construcción se encuentra en la faja de protección
del Río; sin embargo, resaltó que cuando se construyó el condominio campestre
este se encontraba a una distancia muy superior a los 30 metros que determina el
artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 26 de mayo de 201522, tal como se
evidenció con la visita de asesoría técnica realizada el 2 de abril de 2013 por la
Corporación Autónoma Regional de Caldas en donde se indicó que se encontraba
a 150 metros de distancia.

22 “[…] por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

[…]”.

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16.15. Adujo que, si bien las pretensiones de la demanda se ciñen a la realización
de estudios técnicos en aras de determinar las intervenciones necesarias para
salvaguardar los derechos e intereses colectivos afectados y los mismos ya se
llevaron a cabo, el juez popular tiene facultades para adoptar las medidas que sean
conducentes y pertinentes para obtener la protección de dichos derechos.

17. El Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV23 interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:

17.1. Señaló que el Tribunal reconoció la existencia de un riesgo alto por
inundación y erosión lateral en las áreas bajo estudio, documentado tanto en
estudios técnicos como en informes de la autoridad ambiental; sin embargo, la
sentencia no se profirió determinando órdenes suficientemente claras y
contundentes para la ejecución de las obras de mitigación recomendadas.

17.2. Advirtió que las medidas de manejo y conservación ambiental propuestas por
el Tribunal no garantizan la estabilización inmediata del talud y la protección de las
viviendas, la simple reubicación de material no es suficiente para evitar el riesgo
inminente de derrumbes y socavaciones futuras.

17.3. Agregó que una medida como construcción de muros de contención o
gaviones puede ser más adecuada que la reubicación de las viviendas por cuanto
no se ha considerado el valor histórico, social y económico del Condominio

17.4. Manifestó que los derechos colectivos no protegen únicamente intereses de
carácter individual sino también bienes comunes, los cuales están orientados hacia
la defensa de intereses públicos mas allá de los conflictos privados y aunque
parezca afectar solo a dos viviendas, la situación genera un impacto que trasciende
a la comunidad en general.

17.5. Indicó que la licencia de urbanismo del Condominio Campestre Villa del Río
fue concedida mediante Resolución núm. 0333 de 16 de octubre de 1998, expedida
por el Municipio de Viterbo, quien debe ser responsable en la presente acción
popular por cuanto debía conocer que era una zona susceptible a inundaciones. La
entidad fue negligente por falta de previsión y planificación al otorgar la licencia en
zona de alto riesgo.

23 Cfr. índice 142 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo
denominado: 204_MemorialWeb_RecursodeApelacion(.pdf) NroActua 142.

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17.6. Advirtió que bajo el argumento relacionado con el costo de las obras las
autoridades no se pueden exonerar de la responsabilidad que les corresponde, de
conformidad con el principio de proporcionalidad deben primar la vida, el medio
ambiente y el bienestar de las personas sobre las consideraciones económicas.

17.7. Adujo que el Tribunal manifestó como contraproducente realizar
intervenciones debido a que aquellas podrían generar afectaciones a otras
comunidades que se encuentren en otras zonas de la ronda del Río; sin embargo,
se incurriría en omisión por no evitar consecuencias más graves a futuro.

17.8. Señaló que no se trata de dos casas afectadas sino, únicamente en el
Condominio, son veintiocho viviendas que, en su mayoría, son habitadas por
personas de la tercera edad. Dicho factor incrementa la gravedad de la situación
por tanto son personas que tienen menos capacidad de movilidad en caso de
emergencia y son más susceptibles a sufrir problemas de salud debido a las
condiciones adversas.

17.9. Manifestó que el Tribunal Administrativo de Caldas profirió una sentencia 24
relacionada con el sector Pueblo Nuevo del Municipio de Viterbo, ubicado en la
ronda del río Risaralda, en la cual amparó los derechos e intereses colectivos y
ordenó al Municipio que realizara como obra de contención 30 metros de gaviones.
Dicha zona también se encontraba en una llanura de inundación del Río con erosión
en las márgenes del Río e intervención humana que había facilitado estos procesos,
tuvo como fundamento la misma visita técnica.

17.10. Destacó que las primeras solicitudes de protección del Condominio datan
del año 2012, se trata de una preocupación que se ha trasmitido desde tiempo atrás,
las autoridades tienen conocimiento de la problemática hace más de una década.
Además, los daños a las casas 33 y 34 ocurrieron con posterioridad a la impetración
de esta acción popular, lo cual refuerza la idea de que este proceso no pretende
proteger derechos particulares y que la situación ha empeorado debido a la falta de
respuesta efectiva por parte de las autoridades.

17.11. Anotó que la orden de la sentencia proferida, en primera instancia, es una
medida insuficiente debido a que se trata de un exhorto y no de una obligación
concreta o de mandato claro. El juez popular tiene la obligación de tomar medidas
concretas frente al riesgo y dar aplicación al principio de prevención efectiva antes
que los riesgos se materialicen en daños.

24 Dentro del proceso identificado con número de radicación 170013339007201800374-00.

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18. El Municipio de Viterbo25 interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en
los siguientes argumentos:

18.1. Señaló que la orden de reubicar el asentamiento humano comprometido es
incongruente con la motivación de la sentencia en cuanto no se encontró evidencia
de vulneración a los derechos e intereses colectivos y a que el riesgo recae sobre
derechos particulares. Las competencias que asisten al Municipio son en materia
de gestión del riesgo; sin embargo, en el caso concreto se trata sobre bienes
particulares donde era previsible que el cauce del río Risaralda cambiara.

18.2. Manifestó que las medidas no están en el marco de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, en ese sentido, no se puede suponer la imposición
a la administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones técnicas,
jurídicas, económicas o sociales cuando no se demostró que no existe un estado
de vulnerabilidad para quienes se procura una reubicación, sobre todo porque se
pone en riesgo la capacidad económica del Municipio y los verdaderos alcances de
la inversión de recursos de tipo social para quienes realmente lo requieren.

18.3. Solicitó que se revoque el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, y se conmine a la copropiedad afectada
a que realice las respectivas obras que sean necesarias para proteger los predios
que allí se encuentran.

19. La Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de
Manizales26 interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes
argumentos:

19.1. Señaló que las funciones del Ministerio Público tienen como objetivo el
control de la actuación pública y recurrió la sentencia proferida, en primera instancia,
en el ejercicio de propender por el orden jurídico, el patrimonio público o los
derechos y garantías fundamentales.

19.2. Adujo que se debía declarar la amenaza y vulneración de los derechos
colectivos destacando que la problemática se ciñe al riesgo de desastres por

25 Cfr. índice 143 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo
denominado: 205_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 143.
26 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 3ED_Apelacion(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2.

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inundación al cual se encuentran sometidos los habitantes del Municipio de Viterbo,
especialmente los residentes del Condominio Campestre Villa del Río etapa IV.

19.3. Manifestó que debía declararse la responsabilidad del Municipio de Viterbo,
del Departamento de Caldas y de la Corporación Autónoma Regional de Caldas por
cuanto no dieron cumplimiento a sus funciones, resaltando que la autoridad
ambiental debió desplegar acciones ante las intervenciones en el cauce y faja de
protección del río Risaralda; así como del Municipio y el Departamento no
atendieron a sus competencias en materia de gestión del riesgo.

19.4. Indicó que las entidades mencionadas deberían adelantar las obras
pertinentes de acuerdo con lo establecido en los “estudios detallados para la
zonificación de amenaza y riesgo por inundación, con sus respectivas medidas de
intervención, así como, el acotamiento de la ronda hídrica, en el tramo del río
Risaralda en el sector del condominio Villa del Río, del Municipio de Viterbo”.

19.5. Señaló que la protección al derecho e interés colectivo a la seguridad y
prevención de desastres es efectiva cuando se adoptan medidas oportunas para
mitigar el riesgo que, en este caso, se circunscriben a las eventuales inundaciones
del río Risaralda; sin que haya evidencia de que las autoridades competentes hayan
adelantado actuaciones con ese propósito.

19.6. Advirtió que sí existe una situación de riesgo técnicamente identificada que
tiene como causas naturales el cauce del Río, aceleradas por las intervenciones
antrópicas de su faja de protección, por lo cual no es una controversia particular por
la afectación a unas viviendas, sino que las condiciones de riesgo acreditadas
conciernen a un sector del Municipio de Viterbo.

19.7. Mencionó que se había demostrado una vulneración del derecho e interés
colectivo a gozar de un ambiente sano por cuanto la ronda hídrica fue afectada,
especialmente las franjas de protección, con las construcciones y actividades
agrícolas que no se debían haber llevado a cabo. Dichas actividades aceleraron los
procesos de socavación y erosión ocasionando deterioro ambiental e inundaciones
para los centros poblados cercanos.

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Actuaciones en segunda instancia

20. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
auto 13 de diciembre de 202427 mediante el cual se concedió, en efecto devolutivo,
los recursos de apelación interpuestos por el actor popular, el Municipio de Viterbo,
la Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales y la
Procuraduría 5 Judicial II Ambiental y Agraria de Manizales contra la sentencia
proferida, en primera instancia.

21. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 17 de enero
de 202528 mediante el cual admitió los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Caldas.

22. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes29
manifestó impedimento en los términos del numerales 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201130.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

23. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente
previsibles; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo
al goce de un ambiente sano; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el derecho e interés colectivo a la seguridad y la salubridad públicas; viii) las
facultades del juez popular; ix) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; y x) el análisis del caso
concreto.

Competencia de la Sala

24. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de

27 Cfr. índice 103 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
158Autoquecorre_AP2017142201OmarAlej(.pdf) NroActua 103.
28 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
10Autoqueadmite_APa20202701RubenGrin(.pdf) NroActua 4.
29 Escrito de 13 de febrero de 2025.
30 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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12 de marzo de 201931, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15032 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

25. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

26. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el actor popular, el Municipio de Viterbo, la Procuraduría
28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales y la Procuraduría 5 Judicial
II Ambiental y Agraria de Manizales en los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, de conformidad con los artículos 32033 y 32834 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201235, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

27. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 13 de febrero de 202536, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.°
del artículo 130 de la Ley 143737, que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]

31 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
32 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se

reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
33 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
34 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
35 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
36 Cfr. índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
37 Aplicable en virtud del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

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3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).

28. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 3.° indicada supra, por cuanto: “[…] el señor José
Fernando Osorio Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado
de consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, tercero interesado en el proceso
de la referencia […]”.

29. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13138, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) el artículo 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.

30. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil39, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad que
disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre.
[…]

Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre dos
personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo
grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de
consanguinidad entre sí […]”.

31. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

32. La Corte Constitucional40 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,

38 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
39 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
40 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

33. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la ley 1437, la Sala considera que se
debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría General de
la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero de Estado,
corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0041, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).

35. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad demandante, en el cargo de
procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva material y funcional,

41 Consejera Ponente: doctora Marta Nubia Velásquez Rico.

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corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este caso, se configura la
causal de impedimento invocada.

36. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al Consejero de
Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Problemas jurídicos

37. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:

37.1. Si, en el caso sub examine se encontró probada o no la amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano,
de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; ii) a la seguridad y salubridad públicas; iii) al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y iv) a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente; debido al riesgo de inundación
que se ha generado como consecuencia de los cambios en el cauce del río
Risaralda.

37.2. Si el Municipio de Viterbo, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y el
Departamento de Caldas son o no responsables de la vulneración o amenaza de
los derechos e intereses colectivos ocasionadas por el riesgo de inundación en los
poblados cercados al cauce del río Risaralda; y, consecuencialmente, si estas
entidades son o no competentes para tomar las medidas orientadas a la superación
de la problemática planteada en este caso concreto.

37.3. Si las medidas adoptadas por el Tribunal, en primera instancia, son o no las
apropiadas, sobre todo en cuanto al exhorto para vigilar y, en caso de ser necesario,
adoptar las medidas administrativas que considere necesarias para controlar el
riesgo incluyendo la posibilidad de reubicar el asentamiento humano.

37.4. Si la falta de recursos económicos, en los términos argumentados por las
entidades apelantes, constituye o no razón suficiente para modificar las ordenes
impartidas en primera instancia.

38. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Caldas, en primera instancia.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

39. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

40. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

41. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

42. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

43. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”42.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).

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44. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

45. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles

46. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política43.

47. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de
conductas que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos
superiores de las personas.

43 “[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.

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48. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes
de los mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.

49. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201244, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.

50. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación45, según la cual “[…]
este derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de
vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y
adecuados para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no
solo de reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan
su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien
por la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las
ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.

51. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter
preventivos que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera

44 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
45 Consejo de Estado,Sección Primera. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de

2017. Radicación número: 130012331000201100315-01(AP).

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efectiva, los derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles
desastres naturales o antrópicos.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano

52. Vistos los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 de la Constitución Política,
relacionados con el derecho al goce de un ambiente sano. Considerando que la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica que cuenta con más de
treinta disposiciones constitucionales que desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos anteriormente citados que prevén: i) la obligación del Estado
y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función
ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber
del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las
áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de
estos fines; y, iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como, de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

53. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, al igual que, a los
particulares, en aras de su protección; adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

54. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197346 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de
197447, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen –en su orden– que: i) el medio ambiente
es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al
Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y Protección al
Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y
restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de
los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de

46 “[…] Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código

de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones […]”.
47 “[…] Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente […]”.

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la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos;
además, regula la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva, así
como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que
emanan del aprovechamiento y conservación del medio ambiente.

55. De forma más reciente, la Ley 99 prevé los principios que la política ambiental
debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, promueve la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

56. A su vez, la Corte Constitucional48 ha destacado la importancia del ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés
universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de ‘tercera generación’, sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo a la seguridad y la salubridad públicas

La seguridad pública

57. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

48 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. M.P. Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de
2017.

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58. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional49 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: i) es un valor constitucional, ii) es
un derecho colectivo, y iii) es un derecho fundamental.

59. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

60. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado50[…]”.

La salubridad pública

61. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200151, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200752 y 6.°, numeral 4.º, de la Ley 1801 de 29 de julio de 201653 , relativos
a la salud pública.

62. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

49 Corte Constitucional, Sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de

2007, núm. de radicación: 540012331000200400385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007,
núm. de radicación: 730012331000200301236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, núm. de radicación:
190012331000200500988-01(AP).
51 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
52 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan

otras disposiciones”.
53 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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63. Asimismo, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. En esa línea, toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad.

64. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.

65. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

66. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.

67. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

68. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

69. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801, la salud
pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que
le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho de diferentes
connotaciones54.

54 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.

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70. Vista la Ley 9 de 24 de enero de 197955, el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,
sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii)
desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumación y exhumación,
trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y
control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.

71. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201756, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

72. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ‘salud
pública’ y ‘salubridad pública’ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”57.

73. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”58.

55 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
56 Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. M.P. Alejandro
Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.

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Núm. único de radicación: 170012333000202000027-01

74. Asimismo, esta Sección ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el
ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de
transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”59.

75. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]”60. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

76. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
que establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago
de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en
favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.

59 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 680012331

000201200485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 680012333000201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Núm. único de radicación: 170012333000202000027-01

La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

77. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 61, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

78. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]62”.

Marco normativo sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres

79. Vistos: i) los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 14, y 31 de la Ley 1523, sobre la gestión
del riesgo de desastres, la responsabilidad de las autoridades y de los habitantes
en dicha gestión, las definiciones, el rol de los alcaldes y las Corporaciones
Autónomas Regionales en el Sistema Nacional; y ii) el artículo 4.° del Decreto 4147
de 3 de noviembre de 201163, sobre las funciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

80. La Gestión del Riesgo de Desastres –según lo dispuesto en el artículo 1.º de
la Ley 152364– es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,

61 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 250002327000200190479-01(AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 130012333000201700987-01 (AP). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 15
de mayo de 2014, radicado número 250002324000201000609-01(AP).
62 Ibidem.
63 “Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y

estructura”.
64 “Artículo 1.º DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. La gestión del riesgo de desastres, en adelante

la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a
la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.

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seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, medidas y
acciones, entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, para mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible.
Adicionalmente, la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar “la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo”.

81. El artículo 2.º de la Ley 1523 establece que la gestión del riesgo es
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio nacional.

82. El artículo 4.º de la misma norma define riesgo de desastres como “[…] los
daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos
físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o
humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados
por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente[,] el riesgo de
desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad […]”
(Destacado fuera de texto).

83. El artículo 5.° ibidem establece que el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres es “el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias,
normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así
como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada
para garantizar la gestión del riesgo en el país”.

84. El artículo 8.° prevé como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres a: i) las entidades públicas –por su misión y responsabilidad en
la gestión del desarrollo social, económico y ambiental sostenible, en los ámbitos
sectoriales, territoriales, institucionales y proyectos de inversión–, ii) las entidades
privadas con ánimo y sin ánimo de lucro –por su intervención en el desarrollo a través
de sus actividades económicas, sociales y ambientales– y iii) la comunidad –por su
intervención en el desarrollo a través de sus actividades económicas, sociales,
ambientales, culturales y participativas–.

Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la
sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.

Parágrafo 2.º. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha
denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias
y reducción de riesgos […]”.

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85. El artículo 12 establece que los gobernadores y alcaldes son conductores
del Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción.

86. El artículo 14 de la Ley 1523 regula lo relacionado con el rol de los alcaldes
en el Sistema Nacional, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de
la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio.
El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en
la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública […]”.

87. En relación con la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales
en el Sistema Nacional, el artículo 31 de la Ley 1523 prevé lo siguiente:

“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de
las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que
las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de
ordenamiento territorial y de desarrollo.

Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y
estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y
gobernadores de su responsabilidad primaria en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por la
articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del
riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos contribuyen
explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben apoyar a las
entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en la implementación.

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Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”.

Marco normativo sobre las competencias de los municipios en la gestión del
riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres

88. El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los alcaldes como jefes de la
administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y, como conductores del desarrollo local, son responsables directos de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el área de su
jurisdicción, incluyendo su conocimiento, así como la reducción y el manejo de
desastres. Además, los alcaldes “[…] deberán integrar en la planificación del
desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo
de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de
desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública […]”.

89. En relación con la función pública del ordenamiento del territorio municipal y
los planes de ordenamiento territorial en materia de gestión del riesgo, de
conformidad con los artículos 8.°65, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, estos
planes se componen de: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de
expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por riesgo
no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario de las
zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos,
por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
determinación sobre “[…] las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la
localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra
forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […]”; iv) la localización de
“[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres,
así como las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]”; v)
“[…] mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados
en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación […]”; y vi) “[…]
[l]a localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo […]”; y
vii) los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados

65 Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 2079 de 2021.

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en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes, incluyendo la
estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación.

90. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de
planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”.

91. Asimismo, dichos planes deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo […]” así como los
programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los
principios de la Ley 1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza
derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no
intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la
transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto
riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales
reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y
expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones
en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas que deben orientarse no solo
a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino también prevenir nuevos riesgos
relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de desastres.

92. Según lo dispuesto en el artículo 5666 de la Ley 9.º de 11 de enero de 198967,
los alcaldes tienen la obligación de “levantar y mantener actualizado” un inventario
de las zonas que presenten “altos riesgos” para la localización de asentamientos
humanos por ser inundables o por estar sujetos a derrumbes o deslizamientos, o
que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Además,
deben adelantar programas de reubicación de los habitantes o desarrollar las
operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en
dichas zonas.

93. A su vez, el artículo 3.° de la Ley 136 modificado por el artículo 6.° de la Ley
1551 de 6 de julio de 2012, en su numeral 9.°, establece como función de los

66 Primer inciso modificado por el artículo 5.° de la Ley 2 de 1991.
67 "Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes

y se dictan otras disposiciones".

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municipios: “[…] formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial,
reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de
expansión y rurales […]”.

94. En concordancia con lo anterior, el artículo 10.° de la Ley 388 de 18 de julio
de 199768, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, en su literal d)
ordena que los municipios tengan en cuenta en la elaboración y adopción de sus
planes de ordenamiento territorial, las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las
áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

95. De conformidad con los artículos 8.°, 9.°, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388,
sobre acción urbanística, planes de ordenamiento territorial, contenido del
componente general de los planes de ordenamiento, componentes urbano y rural
del plan de ordenamiento, normas urbanísticas y planes básicos de ordenamiento,
estos planes deben contener, en materia de gestión del riesgo:

95.1. La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana y
dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por riesgo no mitigable para
la localización de asentamientos humanos.

95.2. El inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones de
insalubridad.

95.3. La determinación sobre “[…] las zonas no urbanizables que presenten
riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales,
o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda […]”.

95.4. La localización de “[…] las áreas críticas de recuperación y control para la
prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística […]”.

95.5. Los “[…] mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos
localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes,
incluyendo la estrategia para su transformación para evitar su nueva ocupación
[…]”.

68 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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95.6. Así como “[…] [l]a localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de
interés social y la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de
alto riesgo […]”.

95.7. También debe incluir los instrumentos y mecanismos de gestión necesario
para la reubicación de la población en alto riesgo.

96. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 y de la Resolución 448 de 17 de julio de 201469,
la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras
entidades públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación,
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de
alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo
rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de
riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos
de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.

97. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículos
47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos
objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación, obtención,
recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección
financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que
incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de
manejo de desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 47,
el precitado Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de
manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales
de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad […]”.

98. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y

69 Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para

que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.

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financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

99. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán
[…] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización de las
tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de
manejo de desastres […]”.

100. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la gestión
del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada junto con las Leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio de 201670,
en los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la respectiva
competencia, podrá solicitar la concurrencia –en el marco del principio de tal
denominación– del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una
adecuada gestión del riesgo de desastres.

101. Finalmente, es importante resaltar que, para el desarrollo de proyectos de
reasentamiento de población ubicada en sectores de alto riesgo, es necesario
determinar si se trata zona urbana o rural con el objeto de establecer las
competencias del sector Nación, en la medida en que, por un lado, tratándose del
reasentamiento de población ubicada en sectores de alto riesgo, en área urbana,
el apoyo debe ser orientado a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y el Fondo Nacional de Vivienda; y, por el otro, tratándose del reasentamiento de
población ubicada en sectores de alto riesgo en zona rural, la competencia se
puede encontrar en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según se cumplan o no algunos
supuestos.

102. Sea lo primero señalar que la Ley 1537 de 20 de junio de 2012 71 estableció
las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los
proyectos de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés
Prioritario destinados a las familias de menores recursos, la promoción del

70 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
71 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y

se dictan otras disposiciones.

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desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación
de vivienda.

103. El artículo 12 de la Ley 1537, modificado por el artículo 372 de la Ley 2172,
sobre subsidio en especie para población vulnerable, estableció que “[…] las
viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados
a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como
los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales
incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de
priorización y focalización que establezca el Gobierno nacional a través del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social […]”.

104. La norma ibidem agregó como elemento relevante que, sin perjuicio de lo
anterior, la asignación de las viviendas a las que hace referencia esa norma
beneficiará en forma preferente a la población que, entre otras: i) “[…] haya sido
afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o […]”; ii)
“[…] se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable […]”. Además,
respecto de este supuesto, dispuso dar prioridad “[…] a las mujeres y hombres
cabeza de hogar, a las mujeres y hombres que tengan y certifiquen tener a su cargo
personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad, adultos
mayores y mujeres víctimas de violencia de género extrema que requieran o hayan
requerido medidas de protección y atención para habitación de acuerdo con la Ley
1257 de 2008 o la que haga sus veces y decretos reglamentarios […]”.

105. En relación con la transferencia, entrega y legalización de las viviendas, el
artículo 10 de la Ley 1537 establece que “[…] [c]orresponde al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo que se refiere al sector urbano, y al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que se refiere al sector rural, definir las
condiciones para la transferencia y/o entrega y/o legalización del subsidio en
especie a los hogares beneficiarios, una vez culminados los proyectos de Vivienda
de Interés Prioritario […]”.

106. Sin perjuicio de lo anterior, es importante resaltar que el artículo 255 de la
Ley 1955 de 25 de mayo de 201973, adicionado por el artículo 300 de la Ley 2294
de 19 de mayo de 202374, en materia de vivienda rural efectiva, modificó las

72 Modificado por el artículo 3 de la Ley 2172 de 2021.
73 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la

Equidad […]”.
74 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida

[…]”.

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competencias para establecer, por un lado, que la competencia del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el Banco Agrario se mantendrá en relación con los
proyectos de vivienda de interés social rural sobre los que se hayan comprometido
subsidios con anterioridad al 1.° de enero de 2020; y, por el otro, que a partir de
esa misma fecha, corresponderá al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , a
través del Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda”, la competencia para
administrar y ejecutar los recursos asignados en el Presupuesto General de la
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana y rural.

Análisis del caso concreto

107. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

108. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine, que fueron valoradas en la sentencia proferida, en primera instancia, y no
controvertidas por las partes, son las siguientes75:

108.1. Copia del Oficio núm. CBV-031 de 22 de mayo de 201876, expedido por el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Viterbo, mediante el cual se
informó que se había realizado una visita ocular de la cual se había concluido que
“[…] [t]anto la quebrada La Bella como el r[í]o Risaralda, ha estado erosionando el
terreno, lo que de continuar así puede afectar las cabañas que se encuentran cerca
de ella, en el momento el r[í]o se encuentra a unos 20 metros […]” (Destacado
fuera de texto).

108.2. Copia del Informe Técnico núm. 2018-IE-00020296 de 29 de agosto de
201877, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, mediante el
cual analizaron la dinámica fluvial del río Risaralda enfocándose en el barrio Pueblo
Nuevo del Municipio de Viterbo. De allí es viable rescatar que se presentó una serie
de imágenes como análisis multitemporal de la zona destacando que los meandros
o curvas del Río han tomado mayor amplitud con el paso del tiempo. La figura
mencionada es la siguiente:

75 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Anotación
denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
76 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2. Página 150.
77 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2. Páginas 115-127.

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108.3. Copia de la Certificación núm. 100.3 de 27 de abril de 201978, expedida
por el Municipio de Viterbo, en la cual se señaló que el Condominio Campestre Villa
del Río IV Etapa tiene personería jurídica reconocida mediante Resolución núm.
0206 de 31 de octubre de 2000 y que fue constituido a través de escritura pública
núm. 3026 de 24 de noviembre de 1999 en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira,
Risaralda.

108.4. Copia de derechos de petición presentados al Municipio de Viterbo de 8
de octubre y 5 de noviembre de 201979 mediante los cuales se reiteró la situación
señalando que desde el 2012 se ha puesto en conocimiento de la entidad territorial
que el río Risaralda se encuentra dentro del límite perimetral del Condominio y seis
años después no se ha adelantado ninguna gestión.

108.5. Copia de derecho de petición presentado a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas el 8 de octubre de 201980 mediante los cuales se reiteró la
situación señalando que desde el 2012 se ha puesto en conocimiento de las
autoridades que el río Risaralda se encuentra dentro del límite perimetral del
Condominio y seis años después no se ha adelantado ninguna gestión.

108.6. Copia del Oficio 2019-IE-00028057 de 30 de octubre de 201981, expedido
por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en el cual se dio respuesta al

78 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2. Página 21.
79 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2. Páginas 23-30.
80 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2. Páginas 31-35.
81 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2. Páginas 36-50.

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Condominio Villa del Río Etapa IV, dentro de lo cual se indicó que el papel de la
autoridad ambiental, en materia de gestión del riesgo, es complementaria y el
principal responsable es el Municipio.

108.6.1. Asimismo, advirtió que para realizar los instrumentos como los planes de
ordenamiento territorial se realizan unos estudios básicos en donde se darán las
directrices para solicitar priorización en los estudios detallados por cuanto se trata
de un área en condición de riesgo y manifestó que dentro de sus competencias sí
se encuentra apoyar al Municipio en las visitas e inspecciones oculares que sean
requeridas, lo cual se ha hecho con los siguientes estudios: i) “Estudios de
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo para la cabecera municipal de Viterbo”
realizados en el año 2013; ii) “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica-POMCA del río Risaralda” formulado en conjunto con la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda y adoptado mediante la Resolución núm. 3688 de
2017; y iii) asistencia y orientación técnica al Municipio frente al Plan Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres y la incorporación del riesgo en el ordenamiento
territorial.

108.6.2. Adicionó que el Municipio cuenta con Plan Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres y en aquel plan se debe incorporar lo pertinente para los sectores
críticos del territorio. Además, el Río ya cuenta con Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica – POMCA, el cual se implementará en el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio destacando el componente de riesgo.

108.6.3. En el mismo documento la autoridad ambiental indicó que en los estudios
que realizó la Corporación Autónoma Regional -incluyendo: i) aquel realizado en el
año 2013; ii) el POMCA del río Risaralda; y iii) los “estudios básicos para la revisión
y ajuste del EOT” en el año 2019- los fenómenos de inundación y/o avenidas
torrenciales tienen “[…] una zonificación de amenaza, de la cual se destacan las
áreas que quedan catalogadas como de amenaza alta y media […] si estas zonas
de amenaza alta y media se encuentran ocupadas (como es el caso del área
del Condominio Villa del Río), se deben determinar en el EOT como áreas con
condición de riesgo y por tanto, no solo deben priorizar para ‘Estudios Detallados’
de riesgo, como se indicó anteriormente, sino que se deben establecer medidas
no estructurales de gestión del riesgo, como lo son las normas urbanísticas en
el EOT que restrinjan la nueva ocupación de estas áreas, el sistema de alertas
tempranas que indique a la población asentada lo que debe hacer en caso de un
evento de inundación y/o torrencialidad, entre otras […]” (Destacado fuera de texto).

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108.6.4. Allí también advirtió lo siguiente:

“[…] En este sentido, se resalta que el río Risaralda, así como la amenaza por
inundación y/o torrencialidad que implica, son condiciones naturales del
territorio, por lo tanto, el avance del río no se puede frenar, lo que se debe
frenar es la indebida ocupación de las áreas de amenaza o áreas con condición
de riesgo, lo cual se hace restringiendo el licenciamiento urbanístico, condicionando
este licenciamiento a estudios detallados de riesgo y haciendo control urbano para
vigilar la correcta implementación de los usos del suelo reglamentados en el EOT,
siendo estas actividades competencia directa de la Administración Municipal según
la normatividad vigente.

[…]

Figura 1. Estudios de GEOSUB & CORPOCALDAS (2013), escala 1:2.000

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Figura 2. Inundación POMCA río Risaralda (2017), escala 1:25.000

Figura 4. Inundación Estudios Básicos de Amenazas Municipio de Viterbo (2019),
escala 1:25.000

Fuente: Proyecto de revisión y ajuste del EOT de Viterbo (2019)
[…]

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Figura 5. Inundación Estudios Básicos de Amenazas Municipio de Viterbo (2019),
escala 1:5.000

Fuente: Proyecto de revisión y ajuste del EOT de Viterbo (2019)
[…]

5. ‘¿Qué medidas provisionales se van a tomar para frenar el avance del río en
tanto se ofrezcan soluciones definitivas?’

Teniendo en cuenta la responsabilidad primaria de los Alcaldes(as) en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres, es la
Administración Municipal la llamada a ejecutar las medidas provisionales, no para
frenar el avance del río […] sino para implementar medidas de gestión del riesgo
de desastres, las cuales pueden ser tanto estructurales como no estructurales.
Las medidas estructurales, siguiendo la ruta que la normatividad dicta, corresponden
a la ejecución de estudios detallados y si es del caso, las obras derivadas de dichos
estudios; las medidas no estructurales, son[,] por ejemplo: implementación de
alertas tempranas, reglamentación de usos del suelo, restricción y/o
condicionamiento del licenciamiento urbanístico ylo control urbano […].

6. ‘Solicitamos comedidamente se nos aporte copia del permiso de la
CORPOCALDAS que autoriza al municipio a llevar a cabo la manipulación del
cauce del río en la zona afectada o en su defecto copia del permiso para las obras
de movimiento de tierras que ya se están llevando a cabo y de las cuales ya
hemos alertado a la policía y al representante de CORPOCALDAS en el
municipio y hemos tomado reporte fotográfico’

El 19 de febrero de 2018 con radicado 2018-El-00002510 se recibió del [M]unicipio
de Viterbo en CORPOCALDAS, solicitud de intervención y ocupación del cauce del
río Risaralda en el sector del barrio Pueblo Nuevo con el fin de realizar un
mejoramiento que permitiera mitigar el deterioro de la cancha de fútbol. Conforme a
esto, la Corporación bajo radicado 2018-IE-00011016 dio la orientación al municipio
en el marco del Decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.3.2.19.10., indicando que se podían
realizar las actividades, se dieron unas recomendaciones y se expuso sobre el
seguimiento pertinente que se iba a hacer desde CORPOCALDAS.

Al respecto se emitieron al municipio dos comunicados con recomendaciones
puntuales derivadas del seguimiento realizado, los radicados fueron 2018-IE-
00020296 del 18 de agosto de 2018 y 2018-IE-00021848 del 15 de septiembre de
2018. De todos los comunicados se remitió copia a la Secretaría de Infraestructura
del Departamento de Caldas por el apoyo con maquinaria que realizó al municipio,

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para la ejecución de las labores en el cauce del río Risaralda. En el Anexo 5 se
entrega copia de los comunicados mencionados […]” (Destacado fuera de texto).

108.7. Copia del Oficio núm. 2019-IE-00011380 de 2 de mayo de 201982,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, mediante el cual se
señaló que el 27 de marzo de 2019 se realizó una visita al predio Samaria
atendiendo a una denuncia en la que se expuso que por obras realizadas aguas
arriba en el río Risaralda su terreno se había inundado en una crecida y se produjo
la socavación en parte de su predio afectando los cultivos y reduciendo el área
productiva de este.

108.7.1. Posterior al análisis realizado por la autoridad ambiental se indicó que la
inundación ha ocurrido en numerosas ocasiones como parte del comportamiento
meándrico natural del río Risaralda y describió que el río Risaralda “[…] presenta
condiciones fluviales muy particulares, fluye de Norte a Sur, contrario a los ríos
Magdalena y Cauca; su cuenca tiene un área de 1256 km2, una forma descrita como
muy alargada […] y cuyas pendientes describen una topografía fuertemente
accidentada. Aguas arriba de su desembocadura, el cauce tiene un comportamiento
meandriforme y se comporta como un río de llanura, disectando o retrabajando
depósitos de terraza formados por él mismo en tiempos antiguos, lo cual se
evidencia por la presencia de paleo cauces y meandros abandonados, mientras que
en la parte media, presenta un comportamiento rectilíneo […]”.

108.7.2. Finalmente concluyó que por la dinámica natural del Río seguirá
divagando de forma distinta, se demostró que el cauce ha pasado por donde se
encontraron predios posteriores, ello sumado a las diversas intervenciones
antrópicas a lo largo de toda la cuenca que incluyen deforestación, falta de franjas
forestales protectoras en ambas márgenes, continuo cambio de usos del suelo,
diversas explotaciones de material en sus orillas, todo lo cual acelera el cambio de
dirección de la corriente.

108.8. Copia del Oficio 800-569783, expedido por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, en el cual se indicó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con visitas anteriores al Condominio, se pudo establecer que éste
se ubica al sur oriente de la cabecera municipal, sobre la margen izquierda del río
Risaralda, geológicamente, correspondiente a una llanura de gran extensión,
conformada por depósitos aluviales recientes del río Risaralda, poco consolidados.

82 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)
NroActua 2. Páginas 55-60.
83 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 7ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf)

NroActua 2. Páginas 186-190.

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[…]

Según el Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Risaralda (Carder 2010),
la zona se localiza en dentro de un rango de pendientes entre 0 y 10 grados.

Durante la visita, se verificó que el cauce se encuentra migrando hacia la
margen izquierda, afectando el predio donde se ubica el condominio,
generando procesos de socavación lateral, causando consecuentemente,
desplazamiento progresivo del terreno, especialmente, durante las
temporadas lluviosas. Lo anterior, se debe a que el Río Risaralda, posee una
morfología meandriforme, caracterizándose por su alto índice de sinuosidad, baja
pendiente y carácter erosivo-sedimentario, donde el río tiende a divagar
cambiando su dirección, re-trabajando las terrazas aluviales.

De acuerdo con el EOT, vigente, se establece una franja de inundación mínima
promedio de 200m desde el borde del Río hacia ambas márgenes. Sin embargo, se
observaron viviendas a aproximadamente 40m de distancia del borde de la
corriente.

El sector no cuenta con faja forestal protectora que proporcionen resistencia y
amarre al suelo.

Según el Esquema de Ordenamiento Territorial del munIcIpI0 de Viterbo, el sector
se localiza en el límite de las márgenes inundables del río Risaralda, donde se
presenta un riesgo moderado a alto por inundación. Sin embargo, no se tienen a
disposición datos y análisis de periodos de retorno de inundaciones en este sector,
que puedan dar una información más precisa.

Es necesario que se recupere y conserve la faja forestal protectora, con especies
nativas, la cual debe ser establecida a partir de la máxima cota de inundación
establecida en los estudios hidrogeológicos, de lo contrario, se debe conservan los
200m de distancia señalados en el EOT (ZONA INUNDABLE) […]”.

108.9. Copia de Informe de Monitoreo de Socavación del Río Risaralda sobre el
Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV de 19 de mayo de 2023 84, realizado
por el Departamento de Caldas, en el cual se informó sobre la visita realizada el 5
de mayo de 2023 indicando que “[…] las actividades de mitigación el día 16 de

84 Cfr. índice 58 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo denominado:

107_ED_C01PRINCIP_26INFORMEMUNICIPIOVI(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58(.pdf) NroActua 58 .

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mayo, realizando la reacomodación de material con rocas de tamaño hasta 50 cm
de diámetro, en los costados de la ladera donde se ha producido degradación de la
base de la orilla y socavación profunda del rio Risaralda, que afecta predios privados
del condominio Villa del Rio Etapa IV. […] El proceso de intervención de cauce del
rio Risaralda, para darle solución al problema de socavación del Condominio Villa
del Rio etapa lV se iniciará en los próximos días, bajo la supervisión técnica de
funcionarios de la Unidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Caldas […]”.

108.10. Copia del Informe Final85 de los “ESTUDIOS DETALLADOS PARA LA
ZONIFICACIÓN DE AMENAZA Y RIESGO POR INUNDACIÓN, CON SUS
RESPECTIVAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN, ASÍ COMO, EL ACOTAMIENTO
DE LA RONDA HÍDRICA, EN EL TRAMO DEL RÍO RISARALDA EN EL SECTOR
DEL CONDOMINIO VILLA DEL RÍO, DEL MUNICIPIO DE VITERBO”, realizado por
el Consorcio Riesgo Viterbo por mandato de la Corporación Autónoma Regional de
Caldas en marzo de 2024.

108.11. Copia del Oficio núm. 2024-IE-00012386 de 10 de abril de 202486,
expedido por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, en el cual se dio
respuesta a la solicitud de análisis de las variables sobre el informe final del
Convenio 063 de 2022 – Contrato 131 de 2023 cuyo objeto era “[…] [r]ealizar
estudios detallados para la zonificación de amenaza y riesgo por inundación, con
sus respectivas medidas de intervención, así como, el acotamiento de la ronda
hídrica, en el tramo del río Risaralda en el sector del condominio Villa del Río, del
municipio de Viterbo […]” y, además, señaló lo siguiente:

“[…] 8. Usted plantea considerar un CUARTO ESCENARIO de intervención, por
medio de la construcción de actividades con movimientos en tierra,
destacando que aparentemente dichas actividades se encuentran iniciadas, ya que
‘en meses anteriores se realizó movimiento de tierra con maquinaria amarilla
iniciando la canalización por un cauce antiguo, así alejando el cauce actual de la
zona en peligro’.

Le comentamos que, las actividades que usted menciona se realizaron en meses
anteriores, y se asociaban con el corte de un meandro del mismo cauce del río
Risaralda, con el fin de rectificar el cauce. En cuanto a esto, se informa que, en el
documento técnico allegado por el contratista, se establece que la rectificación del
cauce no es tenida en cuenta porque es inconveniente desde el punto de vista
ambiental por el comportamiento Morfodinámicos de la corriente hídrica, ya
que, la dinámica de este tipo de drenajes se relaciona con un rio de edad
mediana ‘meándrico’, que está dispuesto sobre depósitos de materiales

85 Cfr. índice 106 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo
denominado: 161_MemorialWeb_Otro-INFORMEFINALESTUDI(.pdf) NroActua 106(.pdf) NroActua 106(.pdf)
NroActua 106.
86 Cfr. índice 106 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo

denominado: 161_MemorialWeb_Otro-2024IE00012386PDF(.pdf) NroActua 106(.pdf) NroActua 106(.pdf)
NroActua 106.

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cuaternarios fácilmente erosionables. Considerar una rectificación de cauce
es reducir la distancia de viaje del cuerpo de agua aumentando directamente
su velocidad ocasionando socavación de fondo y lateral, y posibles
incidencias a terceros […]” (Destacado fuera de texto).

109. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Solución a los problemas jurídicos

110. La Sala procederá a estudiar los alcances del cambio del cauce del río
Risaralda con el propósito de determinar si los últimos alcances conocidos del
cuerpo hídrico mencionado generan una amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos. En ese orden y en armonía con los problemas jurídicos
planteados, se determinará si las entidades apelantes son o no competentes y
responsables, así como si son procedentes o no las medidas impartidas por el
Tribunal.

Respecto a la acción popular como mecanismo para la protección de
derechos e intereses colectivos

111. La acción popular indicada en el artículo 88 de la Constitución Política y
reglamentada por la Ley 472, tiene como fin la protección de los derechos e
intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares, sin que dichos derechos sean
exclusivamente los listados en el artículo 4.° de la mencionada norma, sino también
aquellos definidos en otras disposiciones, como la Constitución, las leyes ordinarias
y los tratados internacionales celebrados por Colombia.

112. De acuerdo con lo anterior, los derechos e intereses colectivos son aquellos
que no están radicados en cabeza de ningún particular, su titularidad no reside en
personas individualmente consideradas y, por ende, son intereses de
representación difusa como lo ha determinado esta Sección, en la medida que el
titular es el grupo o comunidad y el derecho es indivisible, sin perjuicio de que sea
una persona la que actúe en representación común87.

87 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de diciembre

de 2014, NUR 410012333000201200051-01(AP), C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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113. Esta Sección ha considerado que: i) mediante la acción popular se protegen
derechos indivisibles que pertenecen a la comunidad y no derechos individuales y
divisibles que pertenecen a cada sujeto de derecho en particular. En ese orden, se
considera que la suma de derechos individuales no constituye derechos e intereses
colectivos porque ello implica divisibilidad. Al respecto, se reitera, un derecho e
interés colectivo es difuso, indivisible y su titularidad pertenece a una comunidad; ii)
los derechos colectivos excluyen motivaciones subjetivas o particulares en la media
en que salvaguardan derechos de solidaridad que conciernen a todos los individuos
y no pueden existir sin la intervención de la comunidad y el Estado; y iii) que el
presupuesto para su procedencia se relaciona directamente con un interés que
excede de la esfera privada.

114. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y
la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo.

115. En suma, al analizar los elementos que fueron decretados como prueba en
el presente proceso, la Sala encontró que la presente problemática versa sobre
análisis de derechos e intereses colectivos y no sobre derechos individuales debido
a la indivisibilidad que involucra el impacto del riesgo de inundación en el que se
encuentra el predio del Condominio Villa del Río Etapa IV; si bien hay particulares
propietarios de los inmuebles del Condominio la prevención de desastres es una
garantía colectiva que, si bien en esta ocasión involucra específicamente al
Condominio, es un escenario que se debe evaluar para determinar medidas de
protección que eviten que el riesgo se configure en una inundación como
consecuencia.

116. Por lo mencionado, la Sala procederá a realizar el análisis correspondiente a
si se encontró probada o no la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos de acuerdo con los elementos aportados al presente proceso.

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Sobre la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, en el
caso concreto

117. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se
demostró la amenaza o vulneración de derechos e intereses colectivos debido a
que se trata de una afectación a un bien particular y a que en el condominio
damnificado únicamente hubo intervención a dos viviendas. Asimismo, sostuvo que
no se acreditó responsabilidad de ninguna entidad en torno a la problemática y que,
de acuerdo con el registro histórico, no es extraño que con el paso del tiempo haya
cambios y modificaciones naturales en las curvas pronunciadas del cauce del río
Risaralda.

118. Por lo mencionado, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda y
exhortó al Municipio de Viterbo para que vigilara la situación que se presenta en el
Condominio y que, de considerarlo necesario, adopte medidas administrativas para
controlar el riesgo y revise la posible reubicación de la población.

119. Las entidades apelantes formularon reparos concretos en sus recursos de
apelación, relacionados con que el curso del Río se ha modificado con posterioridad
a la expedición de la licencia de construcción del Condominio Campestre; sin
embargo, un análisis histórico de la zona habría permitido dilucidar que se trataba
de una llanura aluvial y que tanto el Municipio como el Departamento son
responsables de asumir medidas para disminuir el riesgo. Igualmente, que no se
trata de derechos particulares y que es una problemática frente a la cual no se ha
tomado acción, por lo que se debería tener en cuenta, por un lado, la importancia
de adoptar acciones de conformidad con lo arrojado por los estudios técnicos que
allí se realizaron y, por el otro, que en la mencionada construcción habitan personas
de la tercera edad.

120. En este punto, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo
30 de la Ley 472, salvo en aquellos casos en los que, por razones de orden
económico o técnico, no se pueda cumplir, evento en el cual se impartirán órdenes
para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para
proferir una sentencia de mérito.

121. En primer lugar, el accionante señaló una afectación al goce de un ambiente
sano, el cual se refiere a los “[…] aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los

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ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural […]” y que “[…] el Estado tiene la obligación de garantizarle a la
colectividad […] el derecho a gozar de un ambiente sano[,] […] se le impone a las
autoridades el deber de cuidar de los recursos naturales y de adelantar la
planificación necesaria para garantizar los intereses de la comunidad, el bienestar
general, la calidad de vida y los derechos fundamentales de los asociados […]”88.

122. En este punto, respecto a determinantes ambientales, es válido destacar que
cuando se construyó el Condominio, la obra se encontraba a 150 metros de
distancia del Río, dicha extensión es superior a la establecida en el literal d del
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, el cual establece que la zona de ronda hace
parte de los bienes inalienables e imprescriptibles del Estado y que comprende “[…]
una faja paralela a la línea del cauce permanente de ríos […] hasta de treinta metros
de ancho […]”.

123. Desde esta perspectiva, al momento de finalizar las edificaciones no se
previno la amenaza de inundación debido a la distancia en la que se encontraban
del cuerpo de agua; sin embargo, si bien se demostró que por las condiciones
naturales dicho escenario se fue modificando hasta llegar a superar el tramo que lo
separaba de las viviendas, no se logró demostrar que dicha superación de la zona
de ronda ocurriera por intervención u omisión alguna proveniente de alguna
actividad allí realizada.

124. De allí que la Sala no encontró demostrada la vulneración al derecho e interés
colectivo al goce de un ambiente sano, por cuanto los meandros del cuerpo hídrico
fueron profundizándose como un comportamiento que, si bien genera una amenaza
de riesgo, no es una afectación al recurso natural o al goce del ambiente sino es
una actividad proveniente de la naturaleza.

125. En segundo lugar, se tiene que el análisis principalmente versa sobre el
derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente en tanto la construcción del Condominio se encuentra en zona de
riesgo de inundación por los movimientos del caudal del río Risaralda, tal como se
evidenció en las pruebas relacionadas supra y como se continuará señalando a
continuación:

88 Corte Constitucional, Sentencia T-453/98. Referencia: Expediente T-160038. Asunto: Acción de tutela
instaurada por Camilo Augusto Hernández Córdoba contra la Alcaldía del Municipio de Ricaurte, Cundinamarca.
M.P. Alejandro Martínez Caballero, 31 de agosto de 1998.

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126. De conformidad con los informes técnicos presentados por la Corporación
Autónoma Regional de Caldas, el río Risaralda “[…] está caracterizado por
presentar un drenaje sinuoso a meándrico, con la presencia de islas y brazos que
forman en algunos sectores un cauce trenzado […]”89.

127. Para mayor comprensión del término mencionado, el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible indicó que dichos ríos tienen poca capacidad de incisión,
razón por la cual “[…] migran lateralmente formando grandes llanuras de
inundación, que incluyen una amplia diversidad de geoformas[,] […] [n]ormalmente
están restringidos a un sólo cauce que cambia constantemente de longitud por
variabilidad de la sinuosidad, dependiendo de la dinámica de los meandros. Pueden
inundar grandes áreas por períodos de tiempo largos, cumpliendo así con procesos
de fertilización o contaminación de suelos dependiendo de las condiciones
particulares de las coberturas y usos de la tierra de la cuenca hidrográfica y de
calidad del agua […]”90.

128. En ese sentido, se demostró que el cauce del río Risaralda se considera
inestable y dinámico debido a que modifica su curso. En el estudio técnico
mencionado supra “[…] se observa el avance progresivo de su margen izquierda
aguas abajo hacia el Condominio de Villa del Río reflejando su dinámica en los
últimos años, desarrollando patrones que son reflejo de la morfología fluvial,
presentando las características de un cauce sinuoso y trenzado, con brazos que se
entrelazan y separan el cauce principal, con evidencias significativas de socavación
y erosión […]”.

129. Posteriormente explicó que, para el año 1959, el tramo del Río era menor con
respecto al actual y las orillas del drenaje se localizaban a una distancia aproximada
de 90 metros en el costado del Condominio. Para el año 1989 la dinámica fluvial
cambió y avanzó progresivamente hacia el margen izquierdo, es decir, hacia el
Condominio. Dichas circunstancias continuaron ocurriendo en el año 1999 con una
migración lateral del margen izquierdo incrementando la sinuosidad y así siguió
creciendo en los análisis realizados en los años 2003, 2013, 2019 y 2023, último en
el cual se observó que “[…] el nivel se contin[ú]a con el avance progresivo y

89 Cfr. índice 106 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo
denominado: 161_MemorialWeb_Otro-INFORMEFINALESTUDI(.pdf) NroActua 106(.pdf) NroActua 106(.pdf)
NroActua 106. Página 321.
90 Cfr. índice 106 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo

denominado: 161_MemorialWeb_Otro-INFORMEFINALESTUDI(.pdf) NroActua 106(.pdf) NroActua 106(.pdf)
NroActua 106. Página 322.

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migración lateral hacia el condominio y casco urbano, mayor sinuosidad del drenaje,
evidenciándose los cambios significativos en la dinámica del cauce […]”91.

130. Asimismo, la Corporación Autónoma Regional de Caldas aportó una imagen
de la ubicación del condominio con respecto al cuerpo hídrico así:

Ubicación del Condominio Villa del Río, sobre una llanura aluvial reciente, con alta
probabilidad de inundación

131. En respaldo de lo mencionado, en los estudios detallados, el Consorcio
Riesgo Viterbo señaló lo siguiente:

“[…] De la caracterización de los predios analizados, es posible definir que la
mayoría de las viviendas que se encuentran en el costado del condominio presentan
periodos de construcción de 6 a 12 años, por lo que no son construcciones muy
antiguas las viviendas más cercanas al cauce del rio es la que presenta mayor daño
a nivel estructural, por otro lado para el costado del área urbana de Viterbo los
predios que entran en el polígono de estudio presentan edades de hasta 20 años
siendo construcciones más antiguas.

Los predios analizados en el costado del condominio de villas del rio presentan
tipologías de tipo B que son de construcciones reforzadas por otra parte las
edificaciones del costado de Viterbo presentan edificaciones en su mayoría de
mampostería reforzada, algunas en construcción simple y otras en reforzada.

[…]

Con la información recopilada en campo y el análisis realizado, la mayoría de los
predios se encuentran en vulnerabilidad media […]”92 (Destacado fuera de texto).

132. Es por lo mencionado que la Sala encontró probada la vulneración del
derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente de la comunidad del sector del Condominio Campestre Villa del Río
debido a que la alteración del cauce del río Risaralda ha llegado hasta las

91 Cfr. índice 106 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo
denominado: 161_MemorialWeb_Otro-INFORMEFINALESTUDI(.pdf) NroActua 106(.pdf) NroActua 106(.pdf)
NroActua 106. Página 322.
92 Cfr. índice 106 del expediente digital, SAMAI. Radicación: 170012333000202000027-00. Archivo

denominado: 161_MemorialWeb_Otro-INFORMEFINALESTUDI(.pdf) NroActua 106(.pdf) NroActua 106(.pdf)
NroActua 106. Páginas 501 y 502.

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propiedades del Condominio y ya ha inundado parte de dicho predio. Sumado a ello,
la Sala considera que es necesario tomar medidas para prevenir que esta
circunstancia de inundación se presente tanto en esa misma zona como en algún
otro sector cercano al cuerpo de agua.

133. En tercer lugar, respecto al derecho e interés colectivo a la seguridad y
salubridad públicas, la Sala destaca que, en este caso, es relevante el concepto de
seguridad pública por cuanto implica garantizar las condiciones mínimas que
permitan el desarrollo de la vida en comunidad, sobre todo la prevención de, entre
otros, los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades
humanas.

134. Se tiene que los cambios en el cauce del río Risaralda están cerca de afectar
directamente las viviendas construidas en el Condominio Villa del Río Etapa IV
teniendo en cuenta que dichas obras se realizaron en una zona denominada llanura
de inundación o terraza aluvial, en ese sentido, hasta el momento no se demostró
que se hayan garantizado las condiciones mínimas para prevenir accidentes
naturales o calamidades, lo que genera una amenaza a este derecho e interés
colectivo.

135. En cuarto lugar, la Sala menciona que el derecho e interés colectivo al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública está más
orientado a la prestación de servicios públicos y, en este caso específico, la
discusión no está orientada a ese aspecto. Si bien una posible inundación podría
deteriorar la infraestructura de servicios públicos que se presten en las viviendas
del Condominio, la Sala considera que no se encontró demostrada dicha afectación
y, por tal razón, no es posible determinar que haya amenaza o vulneración de este
derecho e interés colectivo.

136. Como conclusión del análisis hasta ahora realizado, la Sala encontró probada
la amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos: i) a la seguridad y
salubridad públicas y ii) a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente de la comunidad del sector del Condominio Campestre Villa del Río
como consecuencia de los cambios en el cauce del río Risaralda, por cuanto fueron
unas viviendas construidas en zona denominada llanura o terraza aluvial, también
denominadas como llanuras de inundación, que son propensas a recibir corrientes
de agua de forma recurrente.

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137. A pesar de que las circunstancias expuestas previamente responden al
comportamiento natural del Río, las autoridades competentes en materia de riesgo
y organización municipal no han tomado las medidas correspondientes para evitar
la presencia de inundaciones.

138. En orden a lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 26 de septiembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en primera instancia, por
considerar que en la presente acción popular sí se acreditó la amenaza y
vulneración de derechos e intereses colectivos.

Sobre las competencias y la responsabilidad de las entidades apelantes, en el
caso concreto

139. Al respecto, la Sala considera oportuno resaltar las competencias de estas
entidades, es sabido que, en materia de gestión del riesgo, el principal responsable
en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza del alcalde, porque estos,
como jefes de la administración local, representan al Sistema Nacional en el
municipio, en tanto, conducen no solamente el desarrollo local, sino que son los
responsables directos de la implementación de los procesos en la materia en su
territorio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres.

140. A los alcaldes y, en general, a la administración municipal, les corresponde
el deber de integrar en la planificación del desarrollo local aquellas acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres. Se trata de
una orden que se enmarca, como se explicó supra, en las competencias previstas
en las leyes 388 y 1523 y que se relacionan, entre otras, con la obligación de
mantener un inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la localización
de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones de
insalubridad, incorporando al ordenamiento territorial la norma relativa a la
prevención de amenazas y riesgos naturales; la localización de “[…] las áreas
críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como las
áreas con fines de conservación y recuperación paisajística […]” y adoptar medidas
para gestionar, controlar, mitigar y prevenir los riesgos.

141. Se resalta que, en los términos de los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523, sobre planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo
y estrategias de respuesta, estas autoridades deben formular y concertar con sus
respectivos consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una

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estrategia para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual
debe estar armonizado con el plan y estrategia nacional, al tiempo que les
corresponde incorporar la gestión del riesgo en la inversión pública, en la
planificación del desarrollo y en el ordenamiento territorial.

142. En ese sentido y conforme con los artículos 121 de la Ley 388, 76 de la Ley
715 y de la Resolución 448, los alcaldes deben: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas
catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.

143. Sin embargo, no se puede desconocer que, aun cuando los municipios son
los principales responsables de la gestión del riesgo en su respectivo territorio, en
los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la respectiva
competencia, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva, podrá solicitar la concurrencia del respectivo departamento
y de la Nación, con el objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo de
desastres. Se trata del mandato de “Participación de Propósito General”93 que
establece la existencia de responsabilidades entre la Nación, los departamentos y
los municipios, entre otros sectores, en materia de apoyo financiero, técnico y
administrativo, desde un eje de planificación multisectorial, que permita la
materialización del principio de coordinación.

144. Ahora bien, en relación con las corporaciones autónomas regionales, se trata
de autoridades ambientales cuyas competencias se orientan a la ejecución de
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. En
especial, se trata de autoridades que están facultadas para: i) ejercer funciones de
vigilancia y control; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental; iii)

93 Artículos 73, 74 y 76 de la Ley 715.

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asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos en materia
ambiental; y iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente

145. De acuerdo con las pruebas aportadas, se evidenció que el Municipio y la
Corporación Autónoma Regional adelantaron gestiones relacionadas con
realización de estudios -específicamente en el sector Pueblo Nuevo del casco
urbano del Municipio de Viterbo- que están ligadas con el comportamiento natural
del río y permiten mayor comprensión de las razones por las cuales se genera el
movimiento del curso del río Risaralda hacia la zona en la que se encuentra el
Condominio Villa del Río Etapa IV.

146. Así que, resulta evidente la necesidad de su comparecencia en este asunto
y, por ende, de su legitimación de cara a la superación de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos.

147. En ese orden de ideas, tanto la jurisprudencia como la doctrina, sostienen
que la naturaleza de la acción popular, es en esencia preventiva, de ahí que el inciso
2° del artículo 88 de la Ley 472 determine que éstas “[…] se ejercen para evitar el
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre
los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando
fuere posible […]” y desde tal concepción debe ser analizada la procedencia de las
medidas impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia.

148. El Tribunal Administrativo de Caldas decidió negar las pretensiones de la
demanda y, adicionalmente, exhortar al Municipio de Viterbo para que “[…] vigile la
situación que se presenta en el condominio Villas del Río Etapa IV, y en caso de ser
necesario adopte las medidas administrativas que considere necesarias para
controlar o conjurar el riesgo que llegase a presentarse, y si es del caso reubicar el
asentamiento humano comprometido […]”.

149. Al respecto, la Sala considera que, como se advirtió previamente, al
determinar que se demostró la amenaza y vulneración de derechos e intereses
colectivos y a que un exhorto no tiene carácter coercitivo para el Municipio, se debe
ordenar a las entidades apelantes que adopten lo pertinente destacando que la
entidad territorial, como se señaló supra, es competente para adoptar medidas de
prevención de desastres y gestión de riesgo que pueden ser acompañadas por el

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Departamento de Caldas en ejercicio de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva.

150. Además, se debe tener en cuenta que las rondas de los ríos deben estar
dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y los demás recursos
naturales asociados, la Sala considera que las actividades que no tengan esa
finalidad deben estar restringidas o prohibidas.

151. En ese sentido, teniendo en cuenta que ya se realizó un estudio detallado
para la zonificación de amenaza y riesgo por inundación, con sus respectivas
medidas de intervención, así como el acotamiento de la ronda hídrica en el tramo
del río Risaralda en el sector del Condominio Villa del Río ubicado en el Municipio
de Viterbo; la Sala ordenará al Municipio, al Departamento de Caldas y a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias:

152. En primer lugar, a modo preventivo, se ordenará al Municipio de Viterbo que
se abstenga de expedir licencias o permisos de construcción en aquellas zonas que
se hayan catalogado como de alto riesgo no mitigable en la franja protectora del río
Risaralda, sin perjuicio de lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

153. El análisis de viabilidad y factibilidad de las licencias de construcción se
deberá adelantar haciendo uso de la información adquirida respecto a la variabilidad
del cauce con los “estudios detallados para la amenaza y riesgo por inundación”,
sobre todo cuando se trate de predios ubicados en llanura aluvial o cercanos a las
márgenes del Río, teniendo en cuenta que la posible construcción bajo estudio de
licenciamiento no puede estar ubicada en riesgo de inundación o socavación por la
actividad del Río.

154. En segundo lugar, respecto a las viviendas del Condominio Campestre Villa
del Río Etapa IV, se ordenará al Municipio de Viterbo que, en el término de seis (6)
meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, realice las apropiaciones
presupuestales que se requieren para reubicar a aquellas personas que habitan en
viviendas que se encuentren en categoría de riesgo no mitigable. Dentro de esa
gestión se ordenará que, si se requiere, acuda a financiación a través de apoyo del
Departamento de Caldas.

155. Vencido el plazo anterior, dentro de los siguientes doce (12) meses, las
autoridades accionadas deberán ejecutar las obras pertinentes de acuerdo con los

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resultados obtenidos del estudio técnico, teniendo en cuenta que aquellas personas
que se encuentren en nivel de riesgo alto no mitigable deberán ser reubicadas.

156. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

157. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió negar las pretensiones de la demanda y,
por tal razón, no se conformó comité de verificación.

158. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y
ordenar la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el sentido
de precisar que debe estar compuesto por: i) la parte actora; ii) un delegado del
Municipio de Viterbo; iii) un delegado del Departamento de Caldas; iv) un delegado
de la Corporación Autónoma Regional de Caldas; v) el representante del Ministerio
Público; y vi) el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien deberá presidir el
comité de verificación; como se precisará en la parte resolutiva de la sentencia.

159. Asimismo, se precisará que en el evento de que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones de la Sala

160. En suma, la Sala revocará la sentencia de 26 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas debido a que sí se encontró
demostrada la vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos y, en
ese sentido, a pesar de que las entidades apelantes adelantaron algunas acciones
aun hace falta gestionar acciones, en lo que corresponde de conformidad con sus
competencias, que permitan lograr la superación de la problemática planteada.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 26 de septiembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la amenaza y vulneración de los derechos e intereses
colectivos: i) a la seguridad y salubridad públicas y ii) a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, respectivamente.

CUARTO: ORDENAR al Municipio de Viterbo, al Departamento de Caldas y a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, si no se ha ejecutado y en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias:

4.1. El Municipio de Viterbo se debe abstener de expedir licencias o permisos
de construcción en aquellas zonas que se hayan catalogado como de alto
riesgo no mitigable en la franja protectora del río Risaralda, sin perjuicio de lo
establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial.

El análisis de viabilidad y factibilidad de las licencias de construcción se
deberá adelantar haciendo uso de la información adquirida respecto a la
variabilidad del cauce con los “estudios detallados para la amenaza y riesgo
por inundación”, sobre todo cuando se trate de predios ubicados en llanura
aluvial o cercanos a las márgenes del Río, teniendo en cuenta que la posible
construcción bajo estudio de licenciamiento no puede estar ubicada en riesgo
de inundación o socavación por la actividad del Río.

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4.2. El Municipio de Viterbo deberá, en el término de seis (6) meses
siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, realizar las apropiaciones
presupuestales que se requieren para reubicar a aquellas personas que
habitan en viviendas que se encuentren en categoría de riesgo no mitigable
dentro del Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV. Dentro de esa
gestión deberá, si se requiere, acudir al Departamento de Caldas para a
financiación a través de apoyo de.

4.3. Vencido el plazo anterior, dentro de los siguientes doce (12) meses, las
autoridades accionadas deberán ejecutar las obras pertinentes de acuerdo
con los resultados obtenidos del estudio técnico, teniendo en cuenta que
aquellas personas que se encuentren en nivel de riesgo alto no mitigable
deberán ser reubicadas.

QUINTO: CONFORMAR un Comité de Verificación de cumplimiento, de esta
sentencia, compuesto por: i) la parte actora; ii) un delegado del Municipio de Viterbo;
iii) un delegado del Departamento de Caldas; iv) un delegado de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas; v) el representante del Ministerio Público; y vi) el
Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien deberá presidir el comité de
verificación.

En aquel evento en que, durante la ejecución de la sentencia, se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo de Caldas, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Caldas, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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