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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04200-00

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04200-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no superarse el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04200-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04200-00
Accionante: JAIME EDUARDO MALDONADO ROJAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS Y OTROS

Tema: Improcedencia por no superar el requisito de subsidiariedad –
el accionante cuenta con el incidente de desacato para
solicitar el cumplimento de la sentencia dictada en la acción
popular.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el señor Jaime Eduardo Maldonado Rojas contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, y otros. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de
2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 10 de julio de 20252, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B admitió la solicitud de amparo de la referencia.

Posteriormente, por medio de auto del 27 de agosto de 2025, dicha autoridad
judicial remitió el proceso de referencia a esta Sección, con el fin de que se
estudiara la posibilidad de acumularlo al expediente de la tutela con radicado
núm. 11001-03-15-000-2025-04168-00.

En consecuencia, mediante auto del 3 de septiembre de 2025, el despacho
ponente de esta decisión avocó conocimiento de la presente la acción de tutela,
de acuerdo con las reglas de reparto de tutelas masivas contenidas en el Decreto

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificaron como accionados al

Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, la Corporación Autónoma Regional
de Caldas, el departamento de Caldas y el municipio de Viterbo (Caldas). Asimismo, se dispuso
la vinculación de: i) el Consejo de Estado, Sección Primera, ii) el Condominio Campestre Villa del
Río Etapa IV, iii) el señor Jaime Zuluaga Mejía iv) la Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos
Ambiental y Agraria de Manizales, vi) la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) y se negó la medida provisional solicitada por la señora Nidia María Sánchez Restrepo
y se negó la medida provisional solicitada.

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1834 de 2015. Asimismo, en auto proferido el 22 de septiembre de la misma
anualidad, se ordenó la vinculación de terceros con interés3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Jaime Eduardo Maldonado Rojas, actuando en nombre propio,
instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Primera de Decisión, la Corporación Autónoma Regional de Caldas (en lo
sucesivo Corpocaldas), el departamento de Caldas y el municipio de Viterbo
(Caldas). Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales a la vida, a la integridad personal, a una vivienda digna, a la
propiedad privada, a la igualdad «y a la no discriminación», así como «los
derechos de las personas de la tercera edad».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la falta de
ejecución de las órdenes proferidas por la Sección Primera del Consejo de
Estado en sentencia del 20 de febrero de 2025 al interior del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el radicado
17001-23-33-000-2020-00027-00/014 y a la persistencia de riesgo de erosión del
río Risaralda.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Ordenar de manera urgente una intervención provisional en la zona
de riesgo del Condominio Villa del Río Etapa IV (municipio de Viterbo, Caldas)
con obras de mitigación del riesgo ocasionado por la erosión y el desbordamiento
del río Risaralda. En especial, se solicita que dicha intervención incluya la
desviación provisional del cauce del río unos metros más lejos del condominio y
la construcción inmediata de una obra de protección temporal (por ejemplo, una
pantalla o barrera de contención) que detenga la socavación del suelo. SE
REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PANTALLA DE CONTENCIÓN u obra
equivalente de carácter urgente, a fin de salvaguardar las viviendas restantes que
se encuentran amenazadas. Estas medidas deberán ejecutarse sin demora,
mientras se cumplen las órdenes definitivas impartidas en la acción popular en curso.

2. Garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante Jaime Eduardo Maldonado y de las demás personas vulnerables del
sector, en particular su derecho a la vida, a la integridad, a la vivienda digna, a la
propiedad y a la seguridad personal. Esto implica que las autoridades accionadas
adopten todas las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo inminente
que pesa sobre la vida e inmuebles de los residentes, ya sea mediante obras,
reubicaciones temporales, vigilancia constante de la zona u otras acciones que
brinden seguridad de forma inmediata.

3. En caso de que no sea posible implementar de forma inmediata una

3 En particular, se ordenó vincular a la Defensoría del Pueblo Regional Caldas, a la Procuraduría

28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales, a la Unidad Departamental de Gestión
del Riesgo de Caldas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los
términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
4 Promovido por el representante del Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV en contra del

municipio de Viterbo, Corpocaldas y el señor Jaime Zuluaga Mejía.

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solución definitiva (estructural) de mitigación del riesgo en el corto plazo, que se
ordene la adopción de medidas urgentes y temporales de protección. Entre estas
medidas temporales se solicita considerar la reubicación provisional de los
residentes más vulnerables del condominio a lugares seguros mientras se realizan
las obras de fondo, y el establecimiento de barreras de contención adicionales
u otras protecciones de emergencia en la ribera del río que puedan frenar
provisionalmente el avance de la erosión. Lo anterior, con el fin de prevenir una
tragedia mientras se implementan las soluciones permanentes.

4. Requerir a las autoridades competentes –en especial al Municipio de
Viterbo, al Departamento de Caldas (Gobernación) y a Corpocaldas– que
cumplan e implementen integralmente las medidas definitivas de prevención y
mitigación ordenadas para este caso, dentro de los términos perentorios fijados
por el Consejo de Estado en su sentencia de 20 de febrero de 2025 (Exp. 17001-23-
33-000-2020-00027-01). En concreto, se les deberá conminar a: (i) aprobar y
destinar la partida presupuestal necesaria para la reubicación definitiva de todas
las personas cuyas viviendas fueron clasificadas en riesgo no mitigable dentro del
condominio, efectuando las gestiones de cofinanciación con el nivel departamental
si fuere menester, y (ii) ejecutar las obras de ingeniería definitivas de
estabilización o contención del cauce del río Risaralda en el sector colindante al
condominio, conforme a los estudios técnicos disponibles, a más tardar dentro del
plazo global de 12 meses establecido por el fallo judicial referido. Estas órdenes
pretenden asegurar que los mandatos de la acción popular en favor de la comunidad
sean realmente cumplidos y no queden en el papel, dada la situación de inminente
peligro.

5. Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, en la
persona del Magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes (o quien haga sus veces en
el Comité de Verificación del fallo popular), que en ejercicio de sus funciones de
seguimiento y verificación del cumplimiento de la sentencia de la acción popular
adopte de inmediato las decisiones y medidas adicionales necesarias para
garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales del accionante y de
los demás residentes del Condominio Villa del Río IV. En particular, deberá instarse
al Tribunal a: (i) Agilizar el funcionamiento del Comité de Verificación, convocando
con la urgencia del caso a las partes e instituciones involucradas, para evaluar el
estado de cumplimiento de las órdenes y tomar correctivos inmediatos; (ii) Impartir
instrucciones claras al Municipio de Viterbo, Departamento de Caldas y
Corpocaldas para que prioricen la ejecución de las obras provisionales urgentes
solicitadas (desviación del cauce, barrera de contención, etc.) mientras se concreta
la reubicación definitiva, usando las facultades que le confiere el artículo 41 de la
Ley 472 de 1998 para garantizar el cumplimiento del fallo; y (iii) Precisar el estándar
de reubicación ordenada, estableciendo que deberá realizarse en condiciones de
dignidad y equivalencia a las viviendas originales, conforme a lo analizado en la parte
motiva y a las normas vigentes, de modo que en el proceso de cumplimiento no se
vulneren los derechos fundamentales de los reubicados. En suma, se busca que
la autoridad judicial accionada use todas sus atribuciones para hacer cumplir
efectiva e integralmente la sentencia de la acción popular, con enfoque en la
protección de los derechos fundamentales aquí involucrados. 5

1.2. Hechos

4. El Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV (en adelante, Condominio
Villa del Río), ubicado en el municipio de Viterbo, departamento de Caldas, se
encuentra expuesto a un riesgo de inundación derivado de la desviación en el
cauce del río Risaralda.

5. El señor Jaime Eduardo Maldonado Rojas es propietario de la casa 28 del
complejo residencial.

5 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.

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6. En el año 2012, los habitantes del condominio denunciaron ante las
autoridades competentes la intervención irregular del cauce del río Risaralda,
realizada por el dueño de la Hacienda El Jordán6. Señalaron que dicha situación
incrementó considerablemente el riesgo de desbordamiento, poniendo en peligro
las viviendas del conjunto residencial en mención.

7. Ante esta situación, el representante legal del Condominio Villa del Río
promovió el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
contra el municipio de Viterbo y Corpocaldas, con el fin de garantizar: i) el goce
de un ambiente sano, ii) la seguridad y salubridad pública, iii) el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y iv) la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, dada la amenaza de
inundación causada por las alteraciones en el cauce del río.

8. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Primera de Decisión, bajo el radicado 17001-23-33-000-2020-00027-00/01.
Mediante fallo del 26 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda al concluir que no se acreditó la existencia de una amenaza o
vulneración de derechos e interés colectivos. Lo anterior, debido a que los hechos
alegados correspondían a la afectación de un bien de carácter particular y el
deterioro alegado se evidenciaba únicamente en dos inmuebles del Condominio
Villa del Río.

9. En la misma providencia, se exhortó al municipio de Viterbo a realizar
seguimiento a dicha situación y, de estimarlo necesario, adoptar las medidas
administrativas pertinentes para mitigar el riesgo y valorar la eventual reubicación
de la población afectada.

10. Inconformes con la anterior decisión, tanto la parte actora como la
Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Manizales, el
municipio de Viterbo y la Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos
de Manizales interpusieron recurso de apelación en los supuestos que se
mencionaran a continuación. Los argumentos de cada apelante se exponen a
continuación.

11. El Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV señaló que el riesgo ya
se había materializado con el colapso de las casas 33 y 34, lo que demostraba
la gravedad de la situación. Destacó que otras veintiocho viviendas se
encuentran expuestas a un peligro inminente por inundación y erosión. Afirmó
que la falta de medidas concretas en la decisión judicial dejó a toda la comunidad
en un estado de vulnerabilidad. Finalmente, acusó al municipio de Viterbo de
negligencia al autorizar la construcción en un terreno con condiciones de riesgo
conocidas, lo que incrementó la amenaza sobre los residentes.

6 Ubicada en la margen opuesta de la urbanización.

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12. La Procuraduría 5 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de
Manizales indicó que la vulneración de derechos colectivos también podía afectar
derechos individuales sin perder su carácter colectivo. Indicó que el riesgo
identificado no se limitaba a unas pocas viviendas, sino que comprometía un
sector amplio del municipio, afectando derechos colectivos como el ambiente
sano, el uso del espacio público y la planificación urbana.

13. Explicó que los estudios técnicos demostraron que desde 1992 el río
Risaralda avanzaba hacia el Condominio Campestre y que el casco urbano de
Viterbo, y que las actividades humanas en sus márgenes aceleraron la erosión.
Afirmó que veinticinco predios estaban en riesgo sin posibilidad de mitigación
efectiva y que el reasentamiento de la población sería más viable y menos
costoso que las obras de contención. Finalmente, responsabilizó al municipio, a
la Corporación Autónoma Regional de Caldas y al departamento de Caldas por
no tomar medidas preventivas ni correctivas, aumentando la vulnerabilidad de la
comunidad y de sus viviendas.

14. La Procuraduría 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales
interpuso manifestó que existió una amenaza y vulneración de derechos
colectivos derivada del riesgo de inundación que afectaba al Condominio
Campestre Villa del Río etapa IV y a un sector más amplio del municipio de
Viterbo. Atribuyó responsabilidad al municipio, al departamento de Caldas y a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas por no actuar frente a las
intervenciones indebidas en el cauce y las franjas de protección del río Risaralda.
Indicó que las construcciones y actividades agrícolas en la zona habían
acelerado la erosión y el deterioro ambiental, incrementando el riesgo para las
viviendas, y solicitó la ejecución de las obras previstas en los estudios técnicos
para mitigar el riesgo y proteger la ronda hídrica.

15. El municipio de Viterbo argumentó que la orden de reubicar el
asentamiento humano era incongruente, ya que no se encontró evidencia de
vulneración a derechos colectivos y el riesgo recaía sobre bienes particulares.
Argumentó que las medidas impuestas no cumplieron con los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, y que obligar a la administración a cumplirlas
ponía en riesgo la capacidad económica del municipio. Solicitó que se revocara
la orden de reubicación y que la copropiedad afectada realizara las obras
necesarias para proteger los predios.

16. La alzada fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Primera, que, en
sentencia del 20 de febrero de 2025, revocó la decisión de primera instancia, para
en su lugar declarar la amenaza y vulneración de los derechos e intereses
colectivos a i) la seguridad y salubridad pública, y ii) la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente.

17. En consecuencia, se ordenó al municipio de Viterbo, al departamento de
Caldas y a Corpocaldas adoptar medidas específicas para prevenir y mitigar el
riesgo en la franja protectora del río Risaralda. En ese sentido se estableció lo

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siguiente: i) el municipio de Viterbo debía abstenerse de otorgar licencias o
permisos de construcción en zonas clasificadas como de alto riesgo no mitigable,
de acuerdo con los estudios técnicos sobre amenaza por inundación, ii) en un
plazo máximo de 6 meses contados desde la ejecutoria de la sentencia 7, debía
destinar los recursos necesarios para reubicar a los habitantes del Condominio
Villa del Río en condición de riesgo no mitigable y podría gestionar apoyo
financiero ante el departamento de Caldas, y iii) una vez cumplido el plazo
anterior, las autoridades accionadas deberían ejecutar, dentro de los 12 meses
siguientes, las obras técnicas definidas en el estudio correspondiente, con el fin
de garantizar la reubicación efectiva de la población que se encuentra en zonas
de alto riesgo no mitigable.

18. Esta decisión se fundamentó en que los cambios en el cauce del río
Risaralda generaron un riesgo de inundación que afectaba de manera directa al
Condominio Villa del Río, ubicado en una zona de llanura aluvial propensa a
inundaciones. Esta situación trascendía los derechos individuales, afectando a la
comunidad en general, y evidenciaba que las autoridades competentes, a saber,
el municipio de Viterbo, el departamento de Caldas y Corpocaldas, no habían
adoptado las medidas necesarias para prevenir dicho riesgo, lo que justificaba
plenamente la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con
la seguridad, la salubridad pública y la prevención de desastres previsibles desde
el punto de vista técnico.

19. No obstante, el tutelante señaló que, pese a la orden impartida, dichas
medidas no se han materializado, luego de transcurridos más de 4 meses desde
la ejecutoria de la sentencia del 20 de febrero de 2025, dejándolos a él y a sus
familias expuestos a los mismos riesgos que motivaron la presentación de la
acción popular. Al respecto, el accionante indicó que la casa número 34 colapsó
en 2024 y las número 1 y 33 entre mayo y junio de 2025, lo que demuestra el
peligro inminente que enfrentan sus viviendas.

20. Por otra parte, de la revisión del expediente se observa que, el 11 de junio
de 2025, la parte demandante de la acción popular solicitó al Tribunal
Administrativo de Caldas programar una audiencia de seguimiento del fallo del
20 de febrero de 2025. Mediante auto del 30 de julio de 2025, el tribunal negó la
solicitud, argumentando que aún no había vencido el término de ejecutoria
otorgado para la reubicación prevista en la sentencia.

1.3. Sustento de la vulneración

21. La parte actora indicó que sus derechos fundamentales y los de su núcleo
familiar se habían visto afectados por la amenaza inminente de un
desbordamiento del río Risaralda, lo que pone en peligro la estabilidad y
seguridad de sus viviendas.

7 El fallo fue notificado de manera personal el 3 de marzo de 2025, quedado ejecutoriada el 11

de marzo de 2025.

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22. Manifestó que su derecho a la vida y a la integridad personal se encontraba
en peligro, dado que las autoridades competentes no realizaron las acciones
necesarias para mitigar los riesgos a los que ellos y los demás residentes del
condominio estaban expuestos.

23. Sostuvo que sus garantías constitucionales a una vida digna y a la
propiedad se vieron vulneradas, dado que sus hogares enfrentaban la amenaza
de pérdida total. Señalaron que cualquier proceso de reubicación debía
garantizar condiciones habitacionales equivalentes, evitando tratos indignos, tal
como lo establecen las sentencias T-526 de 2016 y T-268 de 2024 de la Corte
Constitucional.

24. Indicó que, a su juicio, existió un trato discriminatorio al decidir priorizar la
asignación de recursos públicos a familias de menor estrato socioeconómico de
los sectores aledaños, las cuales también se encuentran afectadas por la misma
situación. Tal determinación, en su criterio, constituye una vulneración del
derecho a la igualdad.

25. Finalmente, el tutelante alegó que sus derechos como persona de la
tercera edad se habían visto afectados, ya que, en su condición de adulto mayor,
requería atención prioritaria y la implementación de medidas especiales de
protección, las cuales no se habían adoptado oportunamente.

1.4. Intervenciones

26. Defensoría del Pueblo. Indicó que, al revisar el Sistema de Registro y
Gestión de Derechos Humanos, no se encontró que, para el caso objeto de
estudio, se hubiera solicitado el acompañamiento de la entidad. No obstante,
resaltó que, en caso de considerarlo necesario, podría brindar apoyo a las
personas involucradas en dicho trámite, especialmente a aquellas en situación
de vulnerabilidad.

27. Municipio de Viterbo. Señaló que no se habían vulnerado los derechos
fundamentales de los tutelantes y destacó que las afectaciones alegadas por los
mismos se derivaron del comportamiento natural del río Risaralda. Por ello,
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

28. Corpocaldas. Manifestó que cumplió con sus obligaciones legales
relativas a brindar asesoría en el marco de sus competencias. Asimismo, destacó
que la presente acción es improcedente, dado que no versa sobre una afectación
particular de los derechos de los actores, sino que está directamente relacionada
con las peticiones formuladas en la acción popular.

29. Consejo de Estado, Sección Primera. Indicó que la autoridad
responsable de supervisar el cumplimiento de la acción popular es el Tribunal
Administrativo de Caldas, a través del comité de verificación y, en caso necesario,

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mediante la apertura de incidentes de desacato. Por consiguiente, destacó que
la acción de tutela resulta improcedente, dado que existen mecanismos legales
específicos para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

30. Tribunal Administrativo de Caldas. No se pronunció respecto de las
pretensiones de la solicitud de amparo, únicamente remitió los expedientes del
medio de control.

31. Gobernación de Caldas– Secretaría de Medio Ambiente. Señaló que
no es la entidad encargada de cumplir con las órdenes dadas dentro del medio
de control medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos.

32. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Indicó que,
la situación descrita por el accionante no hace parte de los asuntos que están
bajo su competencia ni de su ámbito funcional y, por lo tanto, no es la entidad
pública llamada a responder por los hechos alegados en la demanda de tutela.

33. Procurador 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales.
Informó que el 16 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una audiencia de
verificación de cumplimiento de la sentencia dictada en el medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos.

34. Asimismo, indicó que se está haciendo un seguimiento estricto de su
cumplimiento.

35. Los demás terceros vinculados al presente trámite, pese a ser
debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

36. La Sala declarará la improcedencia la acción de tutela por no satisfacer el
requisito de subsidiariedad. En consecuencia, esta Sección explicará las razones
por las cuales en el asunto objeto de estudio no se superan los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela.

2.1. Caso concreto

2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela

37. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa de las partes, ii)
la subsidiariedad y, iii) la inmediatez. El cumplimiento de estos requisitos de
procedencia es una condición para que el juez de tutela pueda emitir una decisión
de fondo16.

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38. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.

39. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

40. La Sala advierte que el señor Jaime Eduardo Maldonado Rojas está
legitimado en la causa por activa, al ser propietario de una de las viviendas del
Condominio Villa del Río, cuyos habitantes fueron destinatarios de las medidas
de protección dictadas en el medio de control de protección del medio de control
de protección de intereses colectivos con radicado 17001-23-33-000-2020-
00027-00/01.

41. Por otro lado, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Valle de
Caldas está legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad judicial
encargada de verificar el cumplimento del fallo en relación con el cual se alega el
incumplimiento.

42. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales8: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo9 y eficaz10; y, ii) como mecanismo de protección transitoria.

43. La Sección considera que no se cumplió este presupuesto por las razones
que se explicaran a continuación.

44. Como quedó expuesto en los antecedentes, el accionante reprochó el
incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 20 de febrero de
2025, dentro del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos, lo cual, según sus argumentos, vulneró sus derechos fundamentales
porque aún no se han adoptado las medidas necesarias para mitigar el riesgo de
inundación del río Risaralda, que podría afectar el Condominio Villa del Río y
causar el colapso de sus viviendas.

8 Sentencia T-183 de 2024.
9 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para
producir el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de
2019.
10 La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está

diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.

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45. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente acción de tutela se declarará
improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, toda vez que lo
pretenden el tutelante, en esencia, es obtener el cumplimiento del fallo emitido
dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con
radicado 17001-23-33-000-2020-00027-00/01, para lo cual cuenta con el
incidente de desacato previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 11,
mecanismo idóneo para garantizar la efectividad de la sentencia proferida el 20
de febrero de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

46. En consecuencia, no resulta pertinente abordar la solicitud del señor
Maldonado Rojas respecto a la implementación de acciones de protección
inmediatas en el Condominio Villa del Río, dado que tales disposiciones ya fueron
ordenadas en la sentencia mencionada y cuyo cumplimiento debe ser objeto de
verificación por parte del Tribunal Administrativo de Caldas12.

47. Al respecto, esta Sala destaca que, conforme al artículo 34 de la Ley 472
de 199813, el juez popular, como juez constitucional, conserva su competencia
para asegurar el cumplimiento de la sentencia desde su expedición y hasta
culminar su ejecución. En palabras de la Corte Constitucional:

En suma, el juez de la acción popular, como juez constitucional, conserva la
competencia para garantizar el cumplimiento de la sentencia hasta culminar su
ejecución, de acuerdo con la naturaleza de las órdenes y el plazo razonable de
cumplimiento que establezca el juez según su complejidad. Esto implica que, hasta
que no se garanticen los derechos colectivos protegidos, el juez popular puede, al
interior del Comité de verificación, dictar las instrucciones para velar por la
realización integral del fallo o incluso, adaptar las órdenes contenidas en el fallo a
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tiene lugar la ejecución de la
sentencia.

11 «Artículo 41. Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad

competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta
de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio
de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si
debe revocarse o no la sanción. La consulta se hará en efecto devolutivo».
12 La sentencia del medio de control estableció que, dentro de los 6 meses siguientes a su

ejecutoria, el municipio de Viterbo deberá realizar las apropiaciones presupuestales necesarias
para reubicar a los habitantes del Condominio Campestre Villa del Río Etapa IV cuyas viviendas
estén clasificadas en riesgo no mitigable, con la posibilidad de acudir, de ser necesario, a
financiación con apoyo del departamento de Caldas. Vencido este plazo, en los 12 meses
posteriores, las autoridades accionadas deberán ejecutar las obras pertinentes con base en los
resultados del estudio técnico, garantizando la reubicación de quienes permanezcan en nivel de
riesgo alto no mitigable.
13 «Artículo 34. Sentencia. […] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo

con el alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la
providencia y posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la
competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad
con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para
la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes,
la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y
una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo».

10
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-00

[…]

En la medida en que el propósito de la acción popular es salvaguardar los derechos
colectivos amenazados o vulnerados en cada caso, el juez puede modificar las
órdenes originales adoptadas en la sentencia original, si con ello se garantizan de
mejor forma o se encuentran mejores alternativas para protegerlos. Así, armonizar
la ejecución de la providencia con otros derechos o intereses de igual o mayor
entidad, como los derechos fundamentales de otras personas, facilita que las
órdenes de la sentencia no se conviertan en letra muerta, y en ocasiones eso solo
es posible determinarlo cuando se ponen en evidencia las dificultades para ejecutar
la sentencia. En todo caso, debe quedar claro que el juez deberá adoptar estas
decisiones cuando resulte estrictamente necesario y por medio de auto motivado en
función de cumplir la sentencia de la acción popular 14.

48. En virtud de las amplias facultades del juez popular para garantizar el
cumplimiento de las sentencias, la jurisprudencia constitucional y de esta
corporación ha sostenido que las discusiones sobre la ejecución de la sentencia
y la protección efectiva de los derechos colectivos debe realizarse al interior de
la acción popular.

49. De allí que, en principio, no corresponda la juez constitucional, adoptar
tales decisiones. Ello reafirma la competencia del juez popular y propende a evitar
que se adopten decisiones paralelas en sede de tutela a las que deba tomar la
autoridad judicial que conoce el asunto objeto de controversia. De allí que las
pretensiones de la solicitud de amparo deban ser tramitadas y decididas dentro
del incidente de desacato de la acción popular.

50. Ahora bien, una vez revisado el expediente del proceso ordinario, se
constata que la autoridad judicial accionada, ha venido adelantando gestiones
para asegurar el cumplimiento de la sentencia de 20 de febrero de 2025, dictada
por la Sección Primera del Consejo de Estado15. Ciertamente, se advierte que, el
16 de septiembre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de verificación del
cumplimiento del fallo.

51. En dicha diligencia se acordó la presentación de un cronograma que
detalle las actividades, los plazos y los responsables de ejecutar cada una de
ellas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia proferida en el
proceso de acción popular radicado 17001-23-33-000-2020-00027-00/01 por
parte de las entidades encargadas. El plan deberá contar con el soporte técnico
y jurídico necesario, a fin de que el tribunal adopte las decisiones procedentes,
incluyendo la posibilidad de ampliar plazos, verificar el cumplimiento o imponer
las sanciones correspondientes por incumplimiento.

52. No obstante, lo anterior, la Sala considera necesario reiterar que el
Tribunal Administrativo de Caldas tiene el deber de asegurar el cumplimiento
efectivo de la sentencia de 20 de febrero de 2025, que concedió el amparo a los

14 Corte Constitucional, Sentencia T-055 de 2021.En el mismo sentido, ver T-254 de 2014.

15
Ello, dentro del medio de medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
con radicado 17001-23-33-000-2020-00027-00/01. Índice Samai n. ° 189.

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derechos colectivos; deber que está vigente desde la expedición de la decisión,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

53. En efecto, como lo indicó esta Sección en el fallo del 21 de agosto de 2025,
la verificación del cumplimiento en este caso adquiere especial relevancia, debido
al riesgo por inundación y erosión de las viviendas de los accionantes, quienes
aportaron diferentes pruebas que dan cuenta de cómo el río Risaralda ha
destruido una casa del condominio Villa del Río y ha seguido avanzando hacia
otras casas. De allí que el ejercicio de los poderes y facultades del juez popular
dirigidos a garantizar el eficaz acatamiento de las órdenes de protección de los
derechos colectivos sea ineludible, y no simplemente potestativo en este asunto.

54. Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela, por no superar el requisito de subsidiariedad. Esto, comoquiera
que corresponde al juez popular verificar y asegurar el cumplimiento de la
sentencia de 20 de febrero de 2025, que declaró y vulneración de los derechos e
intereses colectivos a i) la seguridad y salubridad pública, y ii) la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela por no
superarse el requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04200-00

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

13
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