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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2022-00040-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2022-00040-01

Fecha
6 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2022-00040-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: “Segundo: Declárese que el Municipio de Montenegro, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP y la Corporación Autónoma Regional del Quindío se encuentran vulnerando los derechos e intereses colectivos incoados, al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el servicio de alcantarillado que permita evacuar de manera adecuada las aguas residuales y aguas lluvias, al no efectuar el correspondiente control y seguimiento de los problemas ambientales y al no dar cumplimiento a los principios de coordinación, y complementariedad entre entidades públicas”. TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: “Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración: - Ordenar al Municipio de Montenegro, al Departamento del Quindío y a las Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP que de manera coordinada y complementaria, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de un (01) año contado a partir de esta sentencia, realicen todas las gestiones necesarias (técnicas, administrativas y financieras), apropien los recursos presupuestales y realicen los procesos de contratación respectivos, para llevar a cabo las diferentes fases de formulación y ejecución de un proyecto de infraestructura para que el sistema de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 63001-23-33-000-2022-00040-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01
Actores: Personería Municipal de Montenegro y Procuraduría 14 Judicial II
Ambiental y Agraria de Armenia
Demandados: Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Departamento
del Quindío; Municipio de Montenegro; Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP y
Corporación Autónoma Regional del Quindío1
Coadyuvantes: Javier Andrés Rodríguez Castillo2, Elizabeth Rojas Valencia y
Sandra Maritza Merchán Campos3

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación -
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP
y el Departamento del Quindío contra la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Personería Municipal de Montenegro y la Procuraduría 14 Judicial II
Ambiental y Agraria de Armenia presentaron demanda4, en ejercicio del respectivo
medio de control, contra la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la

1 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2.
2 Vinculado mediante auto proferido el 3 de noviembre de 2022.
3 Vinculada, junto con la señora Rojas Valencia, mediante auto proferido el 1 de julio de 2022.
4 Cfr. índice 4 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 003Demanda(.pdf) NroActua 4.
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Corporación Autónoma Regional del Quindío; el Departamento del Quindío; el
Municipio de Montenegro; y Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP con el objeto
de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos i) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; ii) a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo
y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución; iii) a la seguridad y
salubridad públicas; iv) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; v) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna; vi) a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; y vii) a la moralidad administrativa.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Solicito de la manera más respetuosa, Honorables Magistrados en atención a
los hechos y omisiones descritos, se amparen los Derechos Colectivos de los
habitantes del corregimiento de Pueblo Tapao municipio de Montenegro, Quindío al
goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; consignados en
los literales a), c), g), h), j) y i) del artículo 4° de la ley 472 de 1998 DECRETANDO
lo siguiente:

PRIMERA. Se DECLARE que LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO – VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO,
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA -
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO y a EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P han vulnerado los
derechos colectivos de los habitantes del corregimiento de Pueblo Tapao al goce de
un ambiente sano, moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico
y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a la seguridad y
salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
previstos en los literales a), c), g), lujo en h), j) y i) del artículo 4° de la ley 472 de
1998, en razón a las omisiones en el cumplimiento de sus funciones.

SEGUNDA. ORDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO – VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO,
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA -
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO y a EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P, que adelanten
todas las gestiones requeridas para iniciar y obtener la apropiación de los recursos
indispensables para la reposición, adecuación y/o instalación total de la red de
alcantarillado pluvial y sanitario del corregimiento de Pueblo Tapao, atendiendo las

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necesidades técnicas, en relación al volumen poblacional, dentro del término
perentorio que a bien disponga el despacho judicial atendiendo la necesidad.

TERCERA. ORDENAR a LA NACIÓN – MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO – VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO,
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PDA -
DIRECCIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO - SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA, MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO y a EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P, que adelanten
todos los estudios pertinentes que permitan valorar los diferentes escenarios de
riesgo frente a las filtraciones de agua y las condiciones del terreno en el cual se
encuentra asentado el corregimiento y adoptar las medidas de contingencia que
resultaren del mismo, dentro del término perentorio que a bien disponga el despacho
judicial atendiendo la necesidad […]”5.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP para el Municipio de Montenegro fue aprobado mediante
Resolución núm. 886 de 2009, expedida por la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, a través de la cual la empresa prestadora se obligó a ejecutar una serie de
obras de infraestructura orientadas al manejo adecuado de las aguas residuales.

3.2. Advirtió que la Contraloría Departamental del Quindío en su informe final de
auditoría modalidad especial M.A 017 de 2017 evidenció que el mencionado Plan
se ejecutó únicamente en un 30 por ciento, revelando una elevada serie de
incumplimientos por parte de la empresa prestadora. Además, la parte actora adujo
que a los diez años desde la entrada en vigencia de la Resolución 886 de 2009 solo
se ejecutaron $382.376.395,oo pesos M/cte., los cuales fueron insuficientes para
superar la problemática del caso concreto.

3.3. Manifestó que, en la vigencia del Plan, tanto el Municipio de Montenegro
como la comunidad del corregimiento Pueblo Tapao, requirieron en múltiples
ocasiones a la empresa prestadora para que hiciera las intervenciones necesarias
con relación al estado de la infraestructura de alcantarillado y, a pesar del inminente
riesgo sanitario y de desastre por las condiciones geológicas del corregimiento, no
obtuvieron respuesta.

3.4. Señaló que, mediante Resolución 813 de 3 de abril de 2018, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío aprobó la solicitud de ajuste del plan de obras e

5 Cfr. índice 4 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 003Demanda(.pdf) NroActua 4. Páginas 32-33.

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inversiones del documento de Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP
denominado “Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV Municipio de
Montenegro – planeación técnica” en el que incluía la reposición de las redes de
alcantarillado sanitario y la construcción del alcantarillado pluvial del casco urbano
del corregimiento.

3.5. Indicó que, más adelante, la empresa volvió a solicitar un ajuste a la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, esta vez sobre el esquema financiero
del Plan, debido a que el Municipio decidió cofinanciar la ejecución de algunas obras
y/o proyectos programados para el saneamiento, dicho requerimiento fue absuelto
a través de la Resolución 1130 de 16 de mayo de 20196.

3.6. La Personería Municipal de Montenegro solicitó al Municipio que informara el
estado actual del alcantarillado pluvial, a lo cual recibió como respuesta el Oficio
EPOT-FOE-0770. Allí se informó que: i) la red de alcantarillado del corregimiento de
Pueblo Tapao presenta una infraestructura obsoleta con insuficiencia hidráulica por
el crecimiento de la población producto de la actividad turística presente en la
región; y ii) el operador se comprometió a adelantar una serie de obras, de las cuales
no se tiene certeza sobre su efectiva ejecución.

3.7. En julio de 2019, la Personería Municipal de Montenegro presentó
requerimiento previo ante el cual solicitó a las entidades responsables que
adelanten todas las gestiones pertinentes de su competencia, para así, ejecutar las
obras tendientes a la reposición total del alcantarillado del corregimiento de Pueblo
Tapao. En virtud de ello, las entidades dieron respuesta como se señala a
continuación:

3.7.1. El Municipio de Montenegro señaló que la reposición total del alcantarillado
del Corregimiento se encuentra incluida en el Plan de Obras e Inversiones 2016-
2026; que, debido a que se venció el plazo del empréstito, en vigencia 2019 se tomó
como opción de financiación el aporte del Sistema General de Regalías asignadas
al Municipio y que el insumo fundamental es la consultoría contratada por el Plan
Departamental de Aguas, la cual brinda elementos que permiten agilizar la
formulación del denominado “[…] construcción plan integral de los sistemas de
acueducto y alcantarillado en los cascos urbanos de los municipios de Buenavista,
Circasia, Córdoba, Finlandia, Génova, la tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y

6 “[…] Por medio de la cual se resuelve la solicitud de ajuste del Plan Financiero del PSMV del Municipio de

Montenegro, presentada por Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A. ESP, y se dictan otras determinaciones
[…]”.

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Salento y los centros poblados de Barcelona en el municipio de Calarcá, y pueblo
Tapao en el municipio de Montenegro departamento del Quindío […]”.

3.7.2. El Departamento del Quindío advirtió que la competente para responder es
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP; sin embargo, el Departamento está
involucrado en estructurar el proyecto de optimización del sistema de alcantarillado.

3.7.3. Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP manifestó que se estaba haciendo
reposición de alcantarillado tanto sanitario como pluvial por separado, por lo que se
tiene proyectado conducir dichas aguas hasta la entrega a la quebrada ubicada
cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que ayudará a reducir la
carga que soporta la tubería sanitaria que se encuentra instalada.

3.7.4. La Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio indicó que su
competencia se restringe a ser rector de políticas y apoyar proyectos en los cuales
las entidades territoriales soliciten apoyo financiero cumpliendo los requisitos de ley.

3.8. Adicional a lo anterior, la Personería Municipal de Montenegro solicitó
acompañamiento a la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia
para verificar las circunstancias de la red de alcantarillado del Corregimiento Pueblo
Tapao, por lo cual inició el trámite de investigación; en ese sentido, el Municipio de
Montenegro respondió con comunicación de 13 de marzo de 2020 señalando que
“[…] tanto el municipio y Empresas Públicas del Quindío tienen compromiso, dentro
de la ejecución del (POIR) ‘Plan de Obras de Inversión Regularizado’ poder
adelantar ejecuciones y reposición de redes de acueducto del alcantarillado del
corregimiento […]”.

3.9. La autoridad ambiental respondió informando el seguimiento que ha
realizado a la gestión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
Municipio en lo cual encontró, entre otros, que en la vigencia 2019 Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP realizó obras de optimización de redes de
alcantarillado de 253 metros lineales en el sector de la vía principal del
Corregimiento; sin embargo, se seguían presentando afectaciones en algunos
sectores de las redes.

3.10. El Municipio de Montenegro también se pronunció en dicho trámite y,
mediante Oficio E-POT-FOE-414 de 4 de junio de 2020, advirtió que “[…] las
inversiones realizadas en materia de saneamiento en el año 2016 en el
corregimiento de Pueblo Tapao fueron por valor de $178.92.281,oo (sic) con el

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objeto de ‘Optimización y construcción de alcantarillado pluvial y optimización de
redes de acueducto en la calle 13ª con avenida 30 de noviembre en el corregimiento
de Pueblo Tapao’ […]”.

3.11. A su turno, las Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP se pronunciaron, a
través del Oficio 10600-2020 de 26 de mayo de 2020, manifestando que la red de
alcantarillado es sanitaria, aunque le introdujeron aguas lluvias, por lo cual está
trabajando como alcantarillado combinado; además, en varias viviendas del
Corregimiento operan hoteles o restaurantes sin contar con la respectiva trampa de
grasas. Adicionalmente, tienen “[…] dentro del POIR (Plan de Obras e Inversión
Regulado), la construcción de la red Principal del Alcantarillado Pluvial y de los
ramales de las Calles del Corregimiento de Pueblo Tapao como se ha venido
haciendo paulatinamente. La empresa con el propósito de prestar un mejor servicio
realizó los días 28 y 29 de abril de 2020, limpieza de todas las redes del
alcantarillado con el carro succión presión en el CORREGIMIENTO DE PUEBLO
TAPAO […]”.

3.12. Adicionalmente, la parte accionante mencionó que, en visitas al sector, ha
podido verificar que se están presentando deslizamientos de tierra con ocasión a
las fuertes lluvias y al drenaje de estas en los predios aledaños al casco urbano, las
cuales eventualmente podrían afectar la estabilidad del talud y a su vez la integridad
de la vía que conduce del corregimiento a la ciudad de Armenia.

3.13. Adujo que las entidades demandadas son imprecisas en sus informes: i) el
Municipio de Montenegro afirmó que las obras de alcantarillado se encuentran
incluidas en el POIR y, a su vez, se encuentran en la estructuración de un proyecto
con base en una consultoría que data del año 2014; ii) el Departamento del Quindío
advirtió que se encuentra en la fase de estructuración de un proyecto pero que la
competente es la empresa prestadora; iii) Empresas Públicas del Quindío indicó que
se encuentra haciendo unas reposiciones en la red, sin dar mayor detalle al
respecto; y iv) el Ministerio afirmó encontrarse a disposición siempre que la entidad
territorial de orden municipal adelante lo pertinente, teniendo en cuenta que el
proyecto ha de ser apoyado por el Plan Departamental de Aguas.

3.14. La mala planificación de las entidades accionadas y la falta de adecuación
del alcantarillado han provocado la continuidad de factores que inciden
negativamente en los habitantes de Pueblo Tapao como lo son la contaminación de
las fuentes hídricas, la afectación al terreno y un grave peligro de infección
parasitaria por los desechos humanos que contaminan las fuentes hídricas.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

3.15. Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP incorporó como obras a ejecutar
con cargo a los incrementos desproporcionados a los usuarios del servicio, las obras
relacionadas en la Resolución 1130 de 16 de mayo de 2019, ocasionando una gran
afectación a la comunidad debido a que es quien asume los costos de las
mencionadas obras que se incluyeron por las omisiones que durante varios años se
han presentado por los accionados.

Contestaciones de la demanda

4. La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio7 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas8, así:

4.1. Manifestó que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos incoados
toda vez que no es la entidad competente de satisfacer las pretensiones solicitadas
por los accionantes y, al no ser competente, no puede adoptar medidas que
corresponden a otras entidades públicas.

4.2. Advirtió que la iniciativa en la solicitud de recursos y priorización de proyectos
de saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación corresponde a
las entidades territoriales tanto municipales como departamentales o al gestor del
Plan Departamental de Aguas como principal ejecutor de los recursos.

4.3. Adujo que el accionante no cumplió con el requisito de procedibilidad de la
reclamación administrativa en el cual debe solicitar a la autoridad administrativa que
adopte las medidas necesarias para proteger el derecho colectivo amenazado o
vulnerado, so pena de resultar improcedente la acción.

4.4. Indicó que, al revisar la base de datos del Ministerio evidenció que el
Municipio de Montenegro no tiene proyectos activos ante el “[…] mecanismo de
evaluación de proyecto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el fin de
requerir el apoyo financiero de la Nación para proyectos de agua potable y
saneamiento básico […]”.

4.5. Como excepciones propuso las denominadas “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, “falta de demostración de la afectación de los derechos por parte
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” e “incumplimiento de requisito de
procedibilidad”.

7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 32 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 630012333000202200040-00.

Archivo denominado: 096Contestacion Dda Minvivienda(.pdf) NroActua 32.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

5. El Municipio de Montenegro9 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos10:

5.1. Argumentó que no ha sido ajeno a la problemática y ha desplegado múltiples
acciones tendientes al seguimiento y control de la actividad de las Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP

5.2. Adujo que ha remitido múltiples comunicaciones a la empresa prestadora del
servicio público domiciliario con el propósito de resaltar la situación del
Corregimiento y lograr una coordinación “[…] que a la postre no ha logrado ser
efectiva por la falta de interés, que se denota, incluso, en el incumplimiento del POIR
por parte de EPQ S.A. E.S.P. […]” a la cual le corresponde realizar la intervención
para solucionar de fondo la problemática.

5.3. Informó que no se ha logrado la participación efectiva de la empresa
prestadora del servicio y el ente departamental. Además, la empresa ha realizado
cobros excesivos establecidos en su esquema tarifario y, para contraponer esa
carga, el Municipio ha dispuesto, entre otros, subsidios en materia de servicios
públicos y destinación de presupuesto para la optimización del sistema de
alcantarillado.

5.4. Señaló que “[…] la tarifa que se establece en las facturas emanadas por las
Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P, contempla las inversiones que deben
realizarse de manera directa por los mismos, tendientes a garantizar que el sistema
de alcantarillados, para el caso en particular, se encuentre en óptimas condiciones
[…]”.

5.5. Manifestó que la conducta de los habitantes del corregimiento Pueblo Tapao
tiene incidencia en el mal estado de las redes de alcantarillado, sobre todo por un
mantenimiento inadecuado del sistema de alcantarillado interno de las viviendas y
la disposición final de residuos en zonas no autorizadas para ello.

5.6. Propuso como excepciones las denominadas “inexistencia de vulneración de
intereses o derechos colectivos por parte del Municipio de Montenegro” y
“concurrencia de acciones y omisiones de los habitantes del sector del barrio
comuneros en la afectación de los derechos colectivos conculcados”.

9 Por intermedio de apoderado.
10 Cfr. índice 27 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 630012333000202200040-

00. Archivo denominado: 072-Contestacion Demanda Mpio de Montenegro(.pdf) NroActua 27.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

6. El Departamento del Quindío11 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos12:

6.1. Manifestó que la competencia de la prestación de servicios públicos
domiciliarios está a cargo de los municipios, ante quienes radicaron las
reclamaciones; sin embargo, si llega a encontrarse responsable es necesario que
el juez delimite claramente las órdenes y las responsabilidades a cumplir.

6.2. Indicó que el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios
de Agua y Saneamiento Básico del Quindío – PDA incluye al Municipio de
Montenegro. Así, en ejercicio del seguimiento, acompañamiento, apoyo y/o
financiación para los asuntos de agua y saneamiento, concertó un plan de acción
con el Municipio, para asuntos de inversión, teniendo prevista la propuesta de
actualización de estudios y diseños para la optimización del alcantarillado sanitario
y pluvial del corregimiento de Pueblo Tapao.

6.3. Señaló que la medida mencionada es a largo plazo debido a que deben
tramitarse fuentes de financiación por el nivel de la obra a desarrollar.

6.4. Advirtió que los daños de la red de alcantarillado también son consecuencia
del mal manejo que la comunidad da a sus desperdicios, por lo que es necesario
incluirla en la solución de la problemática del caso concreto.

6.5. Propuso como excepción la denominada “falta de legitimación en la causa
por pasiva material”.

7. La Corporación Autónoma Regional del Quindío13 contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas, así14:

7.1. Argumentó que, al tener como ciertos la gran mayoría de hechos expuestos,
una vez analizadas las pretensiones se asumió que no se encontraban
encaminadas a declarar responsable a la autoridad ambiental por violación o
amenaza de los derechos e intereses colectivos.

11 Por intermedio de apoderado.
12 Cfr. índice 33 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 630012333000202200040-

00. Archivo denominado: 100Contestacion Dda Dpto del Quindio(.pdf) NroActua 33.
13 Por intermedio de apoderado.
14 Cfr. índice 25 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 630012333000202200040-

00. Archivo denominado: 069Contestacion demanda CRQ(.pdf) NroActua 25.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

8. Las Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP15 contestaron la demanda y
se opusieron a las pretensiones formuladas, así16:

8.1. Adujo que, si bien es cierto que el corregimiento de Pueblo Tapao tiene una
problemática, la Empresa ha adelantado gestión con levantamientos topográficos,
estudios, diseños, presupuesto, cuantificación de costos de la reposición de las
redes, sobre todo resaltó que en su página web publicaron el proceso de licitación
pública 001-2022, cuyo objeto incluye “[…] OPTIMIZACIÓN REDES DE
ALCANTARILLADO EN DISTINTOS PUNTOS EN LOS MUNICIPIOS DE […]
MONTENEGRO […]", el cual dio apertura mediante la Resolución núm. 096 de 23
de mayo de 202217.

8.2. Afirmó que han cumplido a cabalidad con la prestación adecuada del servicio
público, han realizado los mantenimientos necesarios con las intervenciones
requeridas en el marco de sus competencias y del cumplimiento del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

8.3. Indicó, por un lado, que las redes de alcantarillado se encuentran instaladas
hace más de 20 años y el mal manejo de la comunidad ha desencadenado en el
taponamiento de las mismas, por lo cual es necesario proceder con su reposición;
y, por el otro, que ha realizado solicitudes para la financiación requerida y la
modificación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en cuanto a financiar
la ejecución de obras a realizar.

8.4. Precisó que, al ser una inversión importante, requiere participación de “[…]
actores nacionales a fin de que la reposición total de las redes de acueducto y
alcantarillado se haga efectiva […]”. Al respecto indicaron que no proyectaron
incrementos desproporcionados a los usuarios a causa de las obras a ejecutar, el
presupuesto es derivado de un estudio minucioso teniendo en cuenta la cantidad de
usuarios.

Audiencia de pacto de cumplimiento

9. El Tribunal Administrativo del Quindío celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el día 28 de julio de 202218, sin que existiera propuesta de acuerdo,
por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.

15 Por intermedio de apoderado.
16 Cfr. índice 22 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 630012333000202200040-

00. Archivo denominado: 052Contestacion Demanda EPQ(.pdf) NroActua 22.
17 “[…] por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Licitación Pública No. 001-2022 […]”.
18 Cfr. índice 61 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 630012333000202200040-

00. Archivo denominado: 154_ActaAudienciaPactoCumplimiento(.pdf) NroActua 61.

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Sentencia proferida, en primera instancia

10. El Tribunal Administrativo del Quindío19, mediante sentencia de 26 de mayo
de 2023, resolvió:

“[…] Primero: Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuestas por las entidades demandadas, por lo expuesto.

Segundo: Declárese que la Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Departamento del Quindío, Municipio de Montenegro, Empresas Públicas del Quindío
S.A. E.S.P y la Corporación Autónoma Regional del Quindío se encuentran
vulnerando los derechos colectivos goce de un ambiente sano, a la seguridad y
salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de los
habitantes del Corregimiento de Pueblo Tapao del municipio de Montenegro Quindío,
al no adoptar las medidas necesarias para garantizar el servicio de alcantarillado que
permita evacuar de manera adecuada las aguas residuales y aguas lluvias, al no
efectuar el correspondiente control y seguimiento de los problemas ambientales, y al
no dar cumplimiento a los principios de coordinación, y complementariedad entre
entidades públicas

Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, ordénese:

• Que la Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Municipio de
Montenegro, el Departamento del Quindío y Empresas Públicas del Quindío de
manera coordinada y complementaria (en el marco de sus competencias) en el
término de un (01) año contado a partir de esta sentencia, realicen todas las gestiones
necesarias (técnicas, administrativas y financieras), apropien los recursos
presupuestales y realicen los procesos de contratación respectivos, para llevar a cabo
las diferentes fases de formulación y ejecución de un proyecto de infraestructura para
que el sistema de alcantarillado del Corregimiento de Pueblo Tapao permita conducir
y disponer de las aguas residuales y aguas lluvias en debida forma, teniendo en
cuenta las fases de diagnóstico, diseño, y construcción.

• Que la Corporación Autónoma Regional del Quindío preste asesoría y realice
evaluación, control y seguimiento durante todas las fases de formulación y ejecución
del proyecto de infraestructura para el sistema de alcantarillado en el Corregimiento
de Pueblo Tapao del Municipio de Montenegro, aunado a las demás competencias
tendientes a vigilar y controlar las conductas que atenten contra el medio ambiente.

• Que el Municipio de Montenegro realice campañas de educación en el
Corregimiento de Montenegro a los miembros de la comunidad del Corregimiento de
Pueblo Tapao del Municipio de Montenegro para que eviten arrojar al sistema de
alcantarillado residuos sólidos y líquidos diferentes a las aguas residuales producto
de las actividades domésticas.

Cuarto: Sin lugar a condenar en costas en esta instancia.

Quinto: Intégrese un comité de verificación para el seguimiento al cumplimiento de
este fallo, el que estará conformado por el Magistrado Ponente del Tribunal
Administrativo del Quindío, el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal, quien
lo presidirá; el Personero del municipio de Montenegro, la señora agente de la
Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia, un delegado del municipio
de Montenegro, un delegado de Empresas Públicas del Quindío, un delegado de la

19 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf)
NroActua 2.

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Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, un delegado del Departamento
del Quindío, un delegado de la Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la notificación de la presente
providencia y deberá rendir a este Tribunal, informes cada cuatro meses sobre el
cumplimiento de esta sentencia y uno final al culminar sus labores.

Sexto: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría
remítanse las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.

Séptimo: En firme este fallo, cancélese su radicación, y archívese el expediente
previa anotación en el Sistema SAMAI […]”.

Consideraciones del Tribunal

11. El Tribunal planteó los siguientes problemas jurídicos:

“[…] i) Existe un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de
derechos e intereses colectivos referentes al goce de un ambiente sano, moralidad
administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, a la seguridad y salubridad públicas, al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al
acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes del
Corregimiento de Pueblo Tapao del municipio de Montenegro Quindío.

i) (sic) Existe una omisión de las entidades accionadas al no adoptar las medidas
necesarias para garantizar el servicio de alcantarillado que permita evacuar de
manera adecuada las aguas residuales y aguas lluvias del Corregimiento de Pueblo
Tapao del Municipio de Montenegro.

ii) En caso de que los anteriores problemas jurídicos se respondan de manera
afirmativa, deberá determinarse si esas omisiones son la causa adecuada del daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos los derechos e intereses colectivos […]”20.

12. El Tribunal encontró evidenciada la existencia de fallas en el sistema de
alcantarillado que impiden el correcto drenaje, tanto de las aguas lluvias como
domésticas, así como la afectación de la infraestructura vial y los suelos de las
viviendas.

13. El Tribunal consideró que el sistema es deficiente por falta de mantenimiento
correctivo que garantice el buen funcionamiento del mismo, no tiene capacidad
suficiente de transportar las aguas combinadas que se producen en las épocas de
lluvia, lo que conlleva a un rebosamiento que colapsa dicha estructura.

14. Manifestó que, por un lado, hay vulneración a los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano y al acceso a los servicios públicos con una
prestación eficiente y oportuna, en razón a que hay ausencia de un adecuado

20 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf)
NroActua 2. Página 24.

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saneamiento básico; por el otro, se encontraba demostrada la vulneración al
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, debido a que en las visitas técnicas que ha realizado el personal del
Municipio de Montenegro se han observado no solo inundaciones de viviendas sino
afectación de la infraestructura de vías, andenes y viviendas, existiendo un
inminente riesgo para la vida y la integridad de las personas que transitan y residen
en dicho corregimiento.

15. En esa línea, afirmó que hay amenaza al derecho colectivo de salubridad
pública al no contar con la infraestructura adecuada para garantizar el derecho de
forma íntegra, lo que ha generado reflujo de aguas por las tuberías del alcantarillado
y el libre vertimiento de aguas residuales en los terrenos, poniendo en peligro la
salud de los habitantes.

16. Señaló que no se encontraba demostrado el elemento subjetivo para
acreditar la amenaza o vulneración del derecho colectivo de moralidad
administrativa.

17. El Tribunal indicó que, frente a las competencias de las entidades
demandadas, en la normativa legal y constitucional se establece que el Municipio
es la entidad encargada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En
ese sentido, también señaló que, conforme al artículo 14 de la Ley 388 de 18 de
julio de 199721, en el componente rural del plan de ordenamiento territorial se deben
adoptar las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la
adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos, saneamiento básico y
de equipamiento social.

18. Consideró que el Municipio de Montenegro no ha adoptado las medidas
necesarias para ejecutar los proyectos tendientes a que se garantice la prestación
del servicio de evacuación y disposición de aguas residuales, ya sea, con recursos
propios del Sistema General de Participaciones u otros recursos; la única gestión
demostrada ha sido la remisión de las solicitudes a Empresas Públicas del Quindío
sin hacer seguimiento y sin gestionar la consecución de recursos con el fin de dar
una solución efectiva a la problemática del caso.

19. Señaló que el Municipio de Montenegro manifestó que había suscrito un
convenio interadministrativo en 2016 con la Empresas Públicas del Quindío para la
optimización de redes de alcantarillado en la Calle 13 con Avenida 30 de noviembre

21 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

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del Corregimiento de Pueblo Tapao; sin embargo, no allegó ninguna prueba que
respaldara dicha afirmación. Además, en el año 2022 se realizaron visitas técnicas
en ese mismo lugar y se seguían presentando fallas que conllevaban al
rebosamiento de aguas residuales.

20. En ese sentido, encontró al Municipio de Montenegro como pasivo y omisivo
del cumplimiento de sus obligaciones, sumado a que no existe ningún proceso
contractual vigente para el mejoramiento de la red de alcantarillado del
corregimiento de Pueblo Tapao.

21. Indicó que el Departamento del Quindío, en aplicación de los principios de
coordinación y complementariedad, tiene responsabilidad de apoyar al Municipio y
agregó que la entidad territorial se limitó a señalar que se encuentra estructurando
el proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO PUEBLO TAPAO MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO”, sin aportar prueba que lo demuestre. En ese orden, explicó que no
se probó que apoyara financiera o administrativamente a la empresa de servicio
público de alcantarillado ni que exista articulación de recursos para solventar la
situación del corregimiento.

22. Sobre las corporaciones autónomas regionales afirmó que, si bien, la Ley 99
de 22 de diciembre de 199322 no les otorgó la competencia para desarrollar
actividades de prestación directa de servicios públicos domiciliarios, conforme a la
función del numeral 20 del artículo 31 ibidem deben ejecutar, administrar, operar y
mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

23. Al respecto el Tribunal indicó que, si bien se evidencia seguimiento al
cumplimiento de las metas del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en
el Corregimiento de Pueblo Tapao por parte de la autoridad ambiental, lo cierto es
que las funciones de dicha entidad van más allá de hacer un seguimiento, se debe
recordar que cuentan con facultad sancionatoria en materia ambiental y, en este
caso, solo se informa que se han adelantado 5 procesos sancionatorios ambientales
sin aportar evidencia que lo soporte.

22 “[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones […]”.

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24. Las Empresas Públicas del Quindío han incumplido las metas que se fijaron
en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Montenegro,
específicamente en lo relacionado con la renovación o reposición de redes de
alcantarillado. En efecto, para el año 2017 se tenía una meta programada de 341
metros lineales y, según informe de la Contraloría Departamental del Quindío,
existió un porcentaje de 0% de cumplimiento. En la vigencia 2019 se cumplió tan
solo con el 42% de las metas programadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Montenegro, conforme lo establece la Corporación
Autónoma Regional del Quindío en informe de 22 de mayo de 2020. En el año 2021
se cumplieron con 390 metros lineales de reposición de redes de alcantarillado,
cuando la meta era 832 metros lineales, según informe parcial de seguimiento de
2021 expedido por la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

25. En el Contrato de Obra núm. 005 de 2022, celebrado entre la Empresas
Públicas del Quindío y la Unión Temporal Sandoval Patiño 2022, se estableció como
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022; sin embargo, en el informe de
ejecución que se remitió el 12 de enero de 2023 al Tribunal, se describió únicamente
la instalación de señalización preventiva de la obra, medidas de seguridad, adopción
del plan de manejo vial, del plan salud ocupacional y seguridad industrial y del plan
de demarcación y señalización externa de la obra. No se construyeron las obras de
optimización del alcantarillado acordadas en el contrato.

26. Aunado a lo anterior, el Tribunal le encontró razón a la parte demandante en
cuanto a que ni siquiera existe un diagnóstico sobre si las obras requeridas se
limitan únicamente a las Calles 9 y 10 del Corregimiento de Pueblo Tapao, pues la
problemática ha sido generalizada.

27. Sobre la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, manifestó que,
en materia de servicios públicos domiciliarios, tiene la función de asistir técnica e
institucionalmente a los organismos seccionales y locales, para el adecuado
cumplimiento de sus funciones y de las decisiones de la comisión de regulación de
los servicios de agua potable y saneamiento. Asimismo, el artículo 91 de la Ley 1151
de 24 de julio de 200723 al crear los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, señaló que se contaría con
recursos de la Nación para este sector y que las empresas de servicios públicos
domiciliarios podrían ejecutar estos proyectos, indistintamente de las fuentes de
financiación de los mismos.

23 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 […]”.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

28. Pese a que dicha entidad manifestó que el Municipio de Montenegro radicó
dos proyectos de saneamiento básico, los mismos simplemente fueron devueltos al
Plan Departamental de Aguas del Quindío, sin que se demuestre ninguna otra
actuación; por lo cual el Tribunal consideró evidente que el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio conocía la problemática y aun así no adoptó ningún
acompañamiento, apoyo o seguimiento para que el Municipio solventara la
circunstancia ocurrente en materia de saneamiento público.

Recursos de apelación

29. La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio24 interpuso recurso
de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó
su revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:

29.1. Señaló que las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo no
corresponden a las competencias de la entidad, las disposiciones relacionadas con
prestación de servicios públicos corresponden principalmente a los municipios.

29.2. Indicó que la competencia subsidiaria y complementaria de la Nación solo es
viable a través de la presentación de un proyecto, por parte del ente territorial,
siguiendo la regulación vigente para la presentación de proyectos de agua potable
y saneamiento básico para su financiamiento por parte de la Nación.

29.3. Afirmó no haber abandonado la necesidad local aquí expuesta; por el
contrario, procedió con el estudio de los proyectos presentados por el Municipio
para la viabilización y financiación por parte de la Nación. Al dar respuesta, el
Municipio no ajustó lo necesario y no fue posible continuar con el correspondiente.

29.4. Advirtió que esta Sección25 esclareció las responsabilidades que a la entidad
atañen y consideró que, con relación al servicio público domiciliario de acueducto,
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe: i) prestar asistencia técnica a las
entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios; ii)
diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico
para el sector rural; y iii) cumplir con las demás funciones que le asigne la normativa
constitucional y legal. Dentro de ello incluyó brindar cofinanciación y apoyo a las

24 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_APELAMINISTERIO(.pdf)
NroActua 2.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 5 de marzo de 2015,

núm. único radicación 250002324000201100425-01 (AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso.

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entidades territoriales, de manera subsidiaria o concurrente, ante la escasez o
insuficiencia de recursos económicos y técnicos.

30. El Departamento del Quindío26 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:

30.1. Manifestó que no es responsable de vulnerar los derechos colectivos de goce
de un ambiente sano, toda vez que se ha evidenciado cómo, a través de la
Secretaría de Aguas e Infraestructura, ha ejercido su función legal de realizar
acompañamiento al Municipio para el cumplimiento de la adecuada prestación del
servicio de acueducto.

30.2. Frente a las órdenes de la sentencia proferida en primera instancia, manifestó
que no son razonables en tanto que la competencia directa de garantizar a corto,
mediano y largo plazo el servicio público es el Municipio y/o el prestador del servicio
que, para este caso, es Empresas Públicas del Quindío S.A.S. ESP

30.3. Advirtió que Empresas Públicas del Quindío S.A.S. ESP, como prestador del
servicio, es quien genera cobro a los usuarios y hace recaudo directo por dicha
prestación, de allí parte la obligación principal de la empresa, tal como establece el
artículo 136 de la Ley 142 de 11 de julio de 199427, que es “[…] [l]a prestación
continua de un servicio de buena calidad […]”. Dentro de los fines de dicho recaudo
deberían estar incluidas la reparación de sus redes de alcantarillado, la construcción
de nuevas infraestructuras o cualquier otra acción necesaria para una óptima
prestación.

30.4. Señaló que el cobro realizado por la empresa puede incluir los costos de
expansión, reposición y mantenimiento de los alcantarillados, por lo que ordenar al
Departamento del Quindío realizar las apropiaciones presupuestales necesarias
para ejecutar la obra, así sea desde unas competencias mínimas, sería desconocer
que esa ejecución de construcción de obras es deber del prestador del servicio que
bien se lucra de este negocio y debe garantizar el adecuado servicio.

30.5. Afirmó que, en aras de la existencia del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, ya se encuentran vinculadas las corporaciones autónomas regionales,
las empresas de servicios públicos, los municipios o distritos, y las industrias o

26 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_APELADPTO(.pdf) NroActua

2.
27 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

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empresas; quienes deben trabajar mancomunadamente para lograr la adecuada
gestión de los vertimientos, resaltando que allí no se encuentran incluidos los
departamentos y por ello no sería viable compartir responsabilidades de orden
presupuestal.

30.6. Agregó que ni el Municipio de Montenegro ni la empresa prestadora del
servicio han solicitado, a través de la radicación de algún proyecto en dicha entidad,
acompañamiento financiero ni técnico para la apropiación, adecuación y ejecución
de las obras que requiere el corregimiento de Pueblo Tapao.

30.7. Advirtió que tiene ánimo continuo de acompañamiento, muestra de ello era
la ejecución de una consultoría, iniciada en febrero y planeada para finalizar en junio
de 2023, con el objeto de actualizar estudios y diseños para la optimización del
alcantarillado sanitario y pluvial del Corregimiento.

31. Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP28 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:

31.1. Manifestó que no ha incumplido con sus obligaciones como entidad
prestadora, han realizado las reparaciones y mantenimientos a las redes de
acueducto y alcantarillado existentes; sin embargo, dichas redes existen hace más
de 20 años y, sumado a que se ha incrementado la cantidad de turismo en la zona,
es necesaria la construcción de nuevas redes que cumplan con los requerimientos
poblacionales.

31.2. Aclaró que en su rol como entidad prestadora le corresponde la
administración de las redes, aunque las acciones tendientes a la consecución de
recursos para diseñar y, posteriormente, construir las redes debe realizarse a cargo
de las entidades municipales, departamentales o nacionales, sobre todo teniendo
en cuenta que debe hacerse una construcción total, no parcial, de las redes de
acueducto y alcantarillado.

Actuaciones en segunda instancia

32. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Quindío profirió
auto de 26 de octubre de 202329 mediante el cual se concedieron, en efecto

28 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_APELACIONEMPRESASP(.pdf) NroActua 2.
29 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_AUTOCONCEDE(.pdf)

NroActua 2.

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devolutivo, los recursos de apelación presentados por la Nación - Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio; Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP y el
Departamento del Quindío contra la sentencia proferida, en primera instancia.

33. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 20 de
noviembre de 202330 mediante el cual admitió los recursos de apelación
interpuestos por la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Empresas
Públicas del Quindío S.A. ESP y el Departamento del Quindío contra la sentencia
de 26 de mayo de 2023 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío.

34. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes31
manifestó impedimento en los términos del numerales 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201132.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

35. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano; vi) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad y salubridad pública; vii)
el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; viii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés colectivo de acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; ix) el marco
constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento básico; x) el
marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado; xi) el marco normativo sobre los planes departamentales
para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento y planes
departamentales de agua PAP-PDA; y xii) el análisis del caso concreto.

30 Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 4.
31 Escrito de 29 de mayo de 2024.
32 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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Competencia de la Sala

36. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201933, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15034 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

37. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

38. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Departamento del Quindío y Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP en los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de 26 de mayo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con los artículos
32035 y 32836 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201237, norma aplicable al presente
caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

39. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 29 de mayo de 202438, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.°
del artículo 130 de la Ley 143739, que establecen lo siguiente:

33 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
34
Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...]
Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción [...]”. Aplicable en virtud del artículo 86 de la Ley 2080.
35 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
36 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
37 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
38 Cfr. índice 13 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
39 Aplicable en virtud del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

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“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran
al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]”
(Destacado fuera de texto).

40. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 3.° indicada supra, por cuanto: “[…] el señor José
Fernando Osorio Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado
de consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandante en el proceso
de la referencia […]”.

41. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13140, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) el artículo 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.

42. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil41, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad que
disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre.
[…]

Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre dos
personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo
grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de
consanguinidad entre sí […]”.

43. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

44. La Corte Constitucional42 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus

40 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
41 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
42 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.

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decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

45. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la ley 1437, la Sala considera que se
debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría General de
la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero de Estado,
corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.

46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0043, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la
condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).

47. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio

43 Consejera Ponente, doctora Marta Nubia Velásquez Rico.

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Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad demandante, en el cargo de
procurador judicial II, el cual, desde una perspectiva material y funcional,
corresponde al nivel directivo, la Sala considera que, en este caso, se configura la
causal de impedimento invocada.

48. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al Consejero de
Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Problema jurídico

49. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar si las autoridades apelantes son o no responsables de la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos, conforme las
consideraciones del Tribunal, en primera instancia; y, consecuencialmente, si son o
no competentes para cumplir las medidas impartidas en la sentencia proferida, en
primera instancia, por el Tribunal con el fin de lograr la superación de la problemática
expuesta en el caso concreto.

50. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

51. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

52. El legislador expidió la Ley 472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones
populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e
intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

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53. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

54. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

55. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”44.

56. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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57. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al goce de un ambiente sano

58. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La Corte Constitucional ha resaltado la
importancia del medio ambiente sano como derecho colectivo, “[…] ya que los
derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en
cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro
de los llamados derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben
incluso a las generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del
futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente
adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”45.

59. En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho
alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la
calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con
los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son
titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la
obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las
condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del
Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos,
educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones
a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 88 superior […]”46.

45 Corte Constitucional, Sentencia C-699/2015. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de

inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta
el Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. M.P.: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre
de 2017.
46 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés. núm. único de radicación 760012331000201101300-01(AP).

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad
y la salubridad pública

60. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud y corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las
políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer
su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley.

61. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles
de atención y con participación de la comunidad.

62. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de
su comunidad.

63. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.

64. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

65. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.

66. Vista la Ley 9.º de 24 de enero de 197947, el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,
sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii)
desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumanación y exhumanación,

47 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.

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trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y
control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.

67. Visto el artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 200748, salud pública
consiste en “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera
integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas
tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en
indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas
acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la
participación responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

68. Visto el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 49 ,
la salud pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la
responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la ciudadanía frente a la
protección de la salud como un derecho de diferentes connotaciones 50.

69. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201751, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, norma que, como se estudió previamente,
contiene el concepto de salud pública, la cual exige un conjunto de condiciones
sanitarias necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

70. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia proferida
el 6 de julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de
“salud pública” y “salubridad pública” de hecho se han entendido como sinónimos;
ii) este derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación
del orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”52.

48 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan

otras disposiciones”.
49 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
50 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones de bienestar y calidad de vida
51 H. Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez

Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP)

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública

71. Vistos los artículos 2.°, 24 y 366 de la Constitución Política sobre el deber
del Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población, comoquiera que el artículo 2.° de la Constitución Política señala
que “[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.

72. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.

73. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:

"[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del ‘acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es un servicio
público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la
proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora
bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra ‘infraestructura’ la cual
debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran
necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la
posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud
preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas
enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado53.

Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse
con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de
esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces
una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de tal modo que solo
se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre
demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada;
se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de
servicios […]”54 (Destacado fuera de texto).

74. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o
epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”55.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna

75. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

76. A su vez, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre de

2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).
55 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 680012333000

201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 850012333000201400034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

77. El artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a los servicios públicos domiciliarios, su cobertura,
calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los
criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.

78. De conformidad con los numerales 2.1. a 2.5. y 2.8 del artículo 2.º de la Ley
142, el Estado intervendrá en los servicios públicos con el objeto de garantizar la
calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; ampliar, de forma permanente,
la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de
pago de los usuarios; atender prioritariamente las necesidades básicas en materia
de agua potable y saneamiento básico; prestar, continúa e ininterrumpidamente, sin
excepción, los servicios públicos, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o
caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan; prestar
eficientemente los servicios públicos; y establecer mecanismos que garanticen a los
usuarios el acceso a los servicios públicos y su participación en la gestión y
fiscalización de su prestación.

79. Constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios
públicos todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades
y organismos de que trata la Ley 142, especialmente las relativas a la promoción y
apoyo a personas que presten servicios públicos; la gestión y obtención de recursos
para la prestación de servicios públicos; la regulación de la prestación de los
servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región, la fijación
de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas y definición
del régimen tarifario; el control y vigilancia de la observancia de las normas y planes
y programas sobre la materia; organización de sistemas de información,
capacitación y asistencia técnica; protección de los recursos naturales; y
otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos56.

80. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. En sentencia C-172 de 2014, precisó lo siguiente:

“[…] lo primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como “inherentes a la finalidad social del Estado”, a quien le asignó la tarea
56Artículo 3.º de la Ley 142, sobre instrumentos de la intervención estatal .

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de “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente; se sujetan a un
régimen jurídico especial, donde el Estado tiene un deber de regulación, control y
vigilancia permanente; su régimen tarifario exige tener en cuenta los criterios de
costos, solidaridad y redistribución del ingreso; pueden ser estatizados por razones
de soberanía o de interés social una vez se indemnice a los particulares afectados
con tal medida; su prestación será descentralizada, en tanto corresponde su ejecución
a las entidades territoriales; el pago de subsidios a estratos pobres involucra recursos
de la Nación y de las entidades territoriales57 […]”58 (Resaltado fuera de texto).

Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico

81. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

82. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 señala que el Estado
intervendrá en los servicios públicos para garantizar la atención prioritaria de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico.

83. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 de 2 de junio de 199459
prevé que los municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de
agua potable y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo
con la normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.

84. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.

57 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2013.
58 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
59 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios.

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Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado

85. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.

86. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente60, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental61 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios62.

87. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

88. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155163, la norma
señala lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y

60 Artículo 79.
61 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr: Decreto Ley 2811 de 1974,

artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
62 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
63 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó

la Ley 136 de 2 de junio de 1994].

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la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

89. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

90. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

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Competencia de los municipios y distritos en materia de prestación de los
servicios públicos domiciliarios

91. El artículo 311 de la Constitución Política señala que “[…] [a]l Municipio como
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande
el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la Constitución y las leyes […]”.

92. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

93. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.

94. Al efecto, se tiene que la Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del
artículo 3.º que a los municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal, teniendo en
cuenta, entre otros, los planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal;
procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del
ente territorial, en lo que sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los
adolescentes, mujeres cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección
constitucional; y garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento
básico a los habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan
los servicios públicos domiciliarios.

95. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1.º., 3.º y 6.º del artículo 5.° señala
que es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios
públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los

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servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente
por la administración del ente territorial; disponer el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio; y apoyar
con inversiones y otros instrumentos a las empresas de servicios públicos
promovidas por los departamentos y la Nación para realizar actividades de su
competencia.

96. Igualmente, vistos los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de la Ley 388 de 18
de julio de 199764, sobre la acción urbanística, la función pública del ordenamiento
territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran localizar y señalar
las características de la infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos, así
como los equipamientos de servicios de interés público y social como centros
docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura
para los servicios públicos domiciliarios, directamente por la entidad pública o por
entidades mixtas o privadas, de conformidad con la ley.

97. Además, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 65, ordena
que los municipios y distritos, directa o indirectamente, con recursos propios, del
Sistema General de Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial realizar directamente o a
través de terceros en materia de servicios públicos, además de las competencias
establecidas en otras normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

98. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.

64 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”
65 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”

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Competencia de la Nación en materia de servicios públicos domiciliarios

99. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”66; “[…] [v]elar porque quienes prestan
servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
servicios […]”67; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y
municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”68.

100. El artículo 67 de la misma Ley dispone que son funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-, en relación con los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las de:

“[…] 67.2. Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura
del servicio público que debe tutelar el ministerio, en el que se determinen las
inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas que deben estimularse.

67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y
colaborar en las negociaciones del caso; y procurar que las empresas del sector
puedan competir en forma adecuada por esos recursos.

67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer
las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación […]”.

101. Asimismo, el artículo 162 ibidem enlista las funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- con relación a los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, entre las que se
destacan:

“[…] 162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales
y locales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de las decisiones
de la comisión de regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.
[…]

162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y
saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades
nacionales y seccionales.
[…]

66 Artículo 8.4.
67 Artículo 8.5.
68 Artículo 8.6.

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162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse
y hacer la propuesta del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación
[…]” (Destacado fuera de texto).

102. En ese sentido, el Decreto 3571 de 27 de septiembre de 2011 69 estableció
las funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro de las cuales se
encuentran:

“[…] Artículo 2. Funciones. Además de las funciones definidas en la Constitución
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:

1. Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en
materia de vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y
saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su
implementación.
[…]

8. Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que
establezca la normativa vigente.
[…]

11. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos.
[...]

12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo
que cuenten con el apoyo financiero de la Nación […]” (Destacado fuera del
texto).

103. Así como, en el artículo 16 ibidem, dentro de la Dirección de Espacio Urbano
y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra la función
de “[…] 8. Apoyar la formulación de políticas de asentamientos humanos y
expansión urbana, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible […]”.

104. El artículo 19 ibidem, confirió dentro de las funciones del Despacho del
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio:

“[…] 1. Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de
agua potable y saneamiento básico.

2. Proponer los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento
para el sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación de
los recursos provenientes de dichas fuentes.

69 “[...] Por el cual se establecen los objetivos, estructura,funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio [...]”.

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[…]

4. Presentar los criterios y lineamientos para la viabilización de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

5. Presentar los criterios y lineamientos para el seguimiento de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

6. Desarrollar esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos
que establezca la normativa vigente.
[…]

8. Liderar la elaboración de los estudios e informes sobre el desarrollo de las
políticas, planes, programas y proyectos impulsados por el Ministerio en
materia de agua potable y saneamiento básico.
[…]

10. Apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la
información de agua potable y saneamiento básico.
[…]

19. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión
Institucional, y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su
competencia […]” (Destacado fuera de texto).

Competencia de las corporaciones autónomas regionales en materia de
saneamiento básico

105. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las corporaciones
autónomas regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales 2.°,
4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas autoridades
están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer y ejecutar
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales en la
elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar y
mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

106. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.

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107. La Sección Primera del Consejo de Estado conoció de una acción popular
incoada con el objeto de que se amparan los derechos e intereses colectivos debido
a que las autoridades demandadas se habían negado a conectar las acometidas
internas de las viviendas de la Asociación de Viviendas “Colinas de Calicanto” a la
red del sistema de alcantarillado propiedad de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., al tratarse de un asentamiento ilegal ubicado
sobre una falla geológica, cuyo terreno presentaba inestabilidad y riesgo de
deslizamiento. En esa oportunidad, la Sección advirtió, por un lado, que la referida
asociación de viviendas era un “[…] asentamiento subnormal […]”70 que no había
cumplido el proceso de legalización y, por el otro, que la empresa de servicios
públicos se encontraba imposibilitada para prestar el servicio de alcantarillado, en
atención al riesgo de desastre que supondría la instalación de la infraestructura
correspondiente.

108. Por estas razones, mediante sentencia de 1° de marzo de 2018, la Sala
decidió exonerar a la Empresa de Acueducto, de responsabilidad por la vulneración
de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, decidió confirmar la orden
dictada por el juez de primera instancia en el sentido de “[…] ‘ORDENAR a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. […] que brinde
acompañamiento al Municipio de Popayán (Cauca) en la realización de los estudios
de viabilidad para construcción del acueducto y alcantarillado en el Barrio Colinas
de Calicanto, así como en la ejecución del proyecto de construcción del mismo, si a
ello hubiese lugar […]’. A juicio de esta Sala esa orden es acertada, teniendo en
cuenta el deber de colaboración que asiste por igual a todos los sujetos, en aras a
que sea factible el efectivo cumplimiento de los cometidos estatales […]” 71.

109. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere
el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las

70 De conformidad con la definición prevista en el artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015,

el cual modificó el artículo 3 del Decreto 302 de 2000, a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 229 de
2002, cuando dispone lo siguiente: “[…] 13. Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de
servicios públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura
formal urbana […]”.
71 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018 con núm. único de radicación

190013331005201100294-01 (AP), M. P: Hernando Sánchez Sánchez.

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autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”72
(Destacado fuera del texto).

Marco normativo sobre los planes departamentales para el manejo
empresarial de los servicios de agua y saneamiento y planes departamentales
de agua PAP-PDA

110. Visto el Decreto 2246 de 31 de octubre de 201273, que definió en su artículo
3 el “Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA”
como “[…] un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional
formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los
recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico,
teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las
entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la
implementación efectiva de esquemas de regionalización […]”.

111. El artículo 2 del Decreto 2246 de 2012 señala que sus disposiciones son
aplicables “[…] a todos los participantes en la coordinación interinstitucional
del […] PAP-PDA; a los consejos directivos, gestores, instrumentos de manejo de
los recursos, departamentos y municipios, que en virtud de las Leyes 1176 de 2010
y 1151 de 2007, están sujetos al manejo de los recursos del Sistema General de
participaciones a través de Planes Departamentales de Agua […]”.

112. La misma regulación define las autoridades que, en virtud del principio de
articulación de la actividad administrativa, deben concurrir a planificar, diseñar
programar, y materializar las estrategias que se requieran en materia de los
servicios públicos de acueducto y saneamiento ambiental, así:

“[…] Artículo 4°. Participación en el PAP-PDA. Son participantes en la
coordinación interinstitucional de los PAP, los que se señalan a continuación:

72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
73 “Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 […]”.

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1. El Departamento.

2. Los Municipios y/o Distritos.

3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT

4. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, y

5. Las autoridades ambientales con jurisdicción en los municipios y/o distritos
ubicados en el territorio del respectivo departamento.

Parágrafo. Podrán tener esta condición, las personas jurídicas de derecho público,
privado o mixto, que aporten recursos financieros y/o técnicos y/o humanos, previa
aprobación del Comité Directivo […]” (Destacado fuera del texto).

113. Otra manifestación de la cooperación administrativa que se requiere en el
sector se evidencia en las denominadas “estructuras operativas”, conformadas por
un comité directivo y un ente gestor.

114. El Comité Directivo es definido como “[…] la máxima instancia de decisión y
coordinación interinstitucional del PAP-PDA […]” y está integrado por el
departamento, que fungirá como presidente a través de su gobernador, por los
municipios y distritos participantes representados por dos de sus alcaldes, por el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, por la autoridad ambiental competente,
por el Departamento Nacional de Planeación y por el ente gestor74.

115. Esta estructura se encarga principalmente “[…] de aprobar el ejercicio de
planificación y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un
análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el
nivel departamental […]”75. Asimismo, el parágrafo del artículo 5 del Decreto 2246
contempla la posibilidad de que el comité directivo contrate consultorías
especializadas cuando el ente gestor acredite “[…] debilidades puntuales para el
desarrollo de [sus] funciones […]”. Para ello, el comité deberá considerar “[…] las
condiciones técnicas e institucionales del departamento […]”.

116. Entre otras funciones, el comité directivo también se encarga de aprobar el
plan de aseguramiento de la prestación para los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo para cada municipio participante, de articularse
con el trabajo de la autoridad ambiental competente, de revisar y aprobar los
instrumentos de inversión y de revisar, ajustar y aprobar las metas del PAP-
PDA76.

74 Artículo 10.
75 Artículo 5, numeral 1.
76 Artículo 13, numerales 2 al 5.

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117. El Decreto 2246 de 2012 integra en el plan general estratégico y de
inversiones: el componente de infraestructura, el componente de aseguramiento de
la prestación de los servicios del PAP-PDA y el componente ambiental. Dichos
elementos aluden a la realización: de un diagnóstico técnico base del estado de la
prestación de los servicios del programa, de una línea base y metas con los
indicadores correspondientes para cada municipio participante, y de la definición de
las fuentes, usos y recursos a comprometer por actor y componente 77.

118. En ese sentido, otro de los instrumentos de planificación del PAP-PDA, es el
plan de aseguramiento de la prestación de los servicios, el cual se refiere
expresamente a que, antes de poner en marcha cualquier estrategia, es necesario
agotar unas fases de diagnóstico, prefactibilidad y diseño, cuya definición es la
siguiente:

“[…] 4. Plan de Aseguramiento de la Prestación: Es el documento que contiene el
conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y
regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad
de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio. En el documento se
definirán tres fases a saber:

4.1. Fase I: Diagnóstico y Prefactibilidad. Consolidación y desarrollo de diagnósticos
de los municipios y prestadores desde el punto de vista institucional, técnico,
capacidad y disponibilidad de pago, viabilidad financiera de los prestadores,
viabilidad empresarial, que precise por cada municipio la línea de base de los
indicadores de la prestación de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo, así
como los riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios, con
arreglo a los indicadores y a la metodología de identificación y valoración de riesgos
definidos por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en colaboración con la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

4.2. Fase II: A partir del resultado de la Fase I, se debe seleccionar un escenario de
acción frente a cada municipio: a) Fortalecimiento institucional, b) Transformación
empresarial (incluiría vinculación de operadores) y c) Revisión de contratos de
operación, en el que se precise para cada municipio como mínimo: Las metas de
cada uno de los indicadores que hagan viable la prestación de cada uno de los
servicio, así como las acciones propuestas para alcanzarlas, y para mitigar los
riesgos financieros y operacionales del prestador de los servicios. Para cada una de
las acciones se deberán definir resultados medibles y verificables, recursos
requeridos, responsables y cronogramas de ejecución […]”78.

119. Adicionalmente, un instrumento de planificación indispensable en el marco
del PAP-PDA es el plan ambiental, el cual “[…] tiene por objeto considerar en la
planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo, los requerimientos ambientales asociados a
dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad […] considerando la oferta

77 Artículo 17, numeral 4.
78 Artículo 17, numeral 2.

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y demanda de recursos naturales renovables disponibles […]”79 (Destacado
fuera de texto).

120. El ente gestor puede ser “[…] una empresa de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental […]
[cuyos] estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos
del departamento que lo soliciten; o el departamento […]”. Este ente, “[…] [e]s el
responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-
PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el
departamento […]”80.

121. Otras funciones que se destacan del ente gestor en punto de articulación
interadministrativa están asociadas: a coordinar las acciones de los participantes
del programa; a ser el interlocutor entre los participantes del programa; a concertar
con el departamento y los municipios las propuestas de elaboración de los distintos
instrumentos de planificación del programa; a vincular al programa a los municipios,
a las autoridades ambientales competentes y demás participantes con la ayuda del
departamento, y a gestionar junto con los demás participantes del programa
alternativas de financiación de proyectos81.

122. Por último, la Nación está llamada a apoyar el sector de Agua y Saneamiento
Básico con aportes financieros provenientes del Presupuesto General de la Nación
en el marco de los PAP-PDA y con aportes en especie como la asistencia técnica82.

123. En síntesis, el cumplimiento adecuado de las competencias mencionadas de
manera armónica por todas las entidades competentes habrá de verse reflejado en
el logro de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento
básico, y de las metas de los PAP-PDA83.

124. Así las cosas, la Sala considera que los PAP-PDA no solo comprenden la
materialización de obras de infraestructura asociadas a los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico, sino que dicho instrumento está asociado a
múltiples estrategias que puedan generar valor en materia de los servicios
mencionados, teniendo como punto de partida inexcusable la actividad planificadora
en la que participan todos los sectores de la administración, antes mencionados.

79 Artículo 17, numeral 5.
80 Artículo 5, numeral 2.
81 Artículo 14, numerales 2, 3, 4, 6, 13 y 14.
82 Artículo 20.
83 Artículo 14, numeral 14.

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Análisis del material probatorio obrante en el expediente

125. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes84:

125.1. Copia del informe final de auditoría modalidad especial de la Contraloría
Departamental del Quindío85 realizado a la empresa prestadora del servicio público,
con relación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de las Empresas
Públicas del Quindío, suscrito en septiembre de 2017, en el cual se desglosó el
porcentaje de cumplimiento de metas del Municipio de Montenegro.

125.2. Copia de los oficios86 de los años 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019
expedidos por el corregimiento de Pueblo Tapao, solicitando apoyo al Municipio de
Montenegro y a Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP87 respecto a los
inconvenientes generados por las falencias del sistema de alcantarillado del
Corregimiento relacionados con el colapso de la red, el rebosamiento de aguas
residuales, las inundaciones por lluvias, las filtraciones de aguas servidas, la
debilitación del terreno y de la infraestructura vial, la generación de malos olores, la
proliferación de animales, entre otros.

125.3. Copia de las actas de visitas de campo88 realizadas por el corregimiento
de Pueblo Tapao los días 16 octubre de 2012; 6 de enero y 26 de agosto de 2014;
y 15 de septiembre de 2016; en las cuales obra constancia de la problemática
derivada del defectuoso funcionamiento del sistema de alcantarillado del
Corregimiento.

125.4. Copia del Oficio O.CGRIA núm. 105 de 31 de marzo de 201289, expedido
por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP90, a través del cual informó que el día
anterior se había realizado el mantenimiento a la red de alcantarillado y sumideros
del Corregimiento de Pueblo Tapao.

84 Cfr. índices 4 a 77 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.

Archivos: Expediente digital.
85 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.

Archivo denominado: 004.1.InformeFinalAuditoriaModalid adEspecialHecho1(.pdf) NroActua 5.
86 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
87 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
88 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
89 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
90 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.

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125.5. Copia del Oficio núm. 10600-2014-1532 de 27 de marzo de 201491,
expedido por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP92, en el cual afirmó que en
el mes de abril enviaría el carro de succión para realizar un lavado a las redes de
alcantarillado y, posteriormente, realizaría una inspección con cámara para conocer
su estado.

125.6. Copia del Oficio 10600-2014-3259 de 16 junio de 201493, expedido por
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP94, por medio del cual manifiestan que en
inspección técnica a la red de alcantarillado en la Calle 8 frente a la vivienda 4-21
del corregimiento Pueblo Tapao, se observó que “[…] el hundimiento al costado de
la vía, se produjo por la mala compactación producto del arreglo a la red domiciliaria
ejecutada por el propietario […]”.

125.7. Copia de Oficio CEP-1733 de 20 de octubre de 201495, expedido por el
Municipio de Montenegro, donde se informa que se estaba adelantando un convenio
interadministrativo con la Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP96 para dar
solución a la problemática de alcantarillado del Corregimiento de Pueblo Tapao.

125.8. Copia de Oficio CEP-1749 de 28 de octubre de 201497 donde la
Subsecretaría de Obras e Infraestructura del Municipio de Montenegro solicitó a
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP98 solucionar la problemática del servicio
de alcantarillado del corregimiento Pueblo Tapao.

125.9. Copia de Oficios 10600-2014-6188 y 10600-2014-6300 de 11 y 18 de
noviembre de 201499, expedidos por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP100, a
través de los cuales informó que se llevaron a cabo los arreglos de la red de
alcantarillado.

91 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
92 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
93 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
94 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
95 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
96 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
97 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
98 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
99 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
100 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.

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125.10. Copia de Oficio 10600-2015-0848 de 24 de febrero de 2015101, expedido
por Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP102, en el cual indicó la realización del
levantamiento topográfico del sector de alcantarillado en la Calle 12 y, a ese
momento, se encontraba en la etapa de diseño para ser incluido en un presupuesto
futuro.

125.11. Copia de Oficio 10600-2015-1554 de 25 de marzo de 2015103 a través del
cual las Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP104 indicaron que vienen
trabajando en el corregimiento de Pueblo Tapao realizando mantenimientos y/o
reposiciones de tubería necesarias para dar solución a la problemática de
alcantarillado. Además, se estaba adelantando un proceso contractual para realizar
obra de reposición en la Avenida 30 de noviembre entre calles 10 y 13.

125.12. Copia de Oficio 10600-2017-1589 de 19 de abril de 2017105, mediante el
cual las Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP106 manifestaron que están
realizando un “[…] análisis de las necesidades en el sector de saneamiento básico
para priorizar las vías que requieren intervención prioritaria y de esta forma poder
aunar esfuerzos en la solución del problema, es por esto que prontamente se
intervendrán distintas vías de[l] corregimiento de Pueblo Tapao […]”.

125.13. Copia de Oficio núm. S-2018-081279 de 19 de diciembre de 2018107,
suscrito por el comandante de la Subestación de Policía de Pueblo Tapao y dirigido
a la Corregidora de Pueblo Tapao, en el que se informó que se logró ubicar un tubo
que conduce aguas residuales para liberarlas en una cuneta de un lote baldío.

125.14. Copia de informe técnico núm. EPOT-FOI-1366 de 26 de diciembre de
2018108 suscrito por funcionario de la Secretaría de Planeación del Municipio de
Montenegro, por medio del cual se advirtió el mal funcionamiento de las redes de
alcantarillado del Corregimiento.

101 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
102 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
103 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
104 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
105 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
106 Antes Empresa Sanitaria del Quindío.
107 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Página 51.
108 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.

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125.15. Copia de Oficio núm. MOPFO-E-12 de 23 de febrero de 2019109, suscrito
por el Subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de
Montenegro, mediante el cual informó a Empresas Públicas del Quindío que se
realizó un recorrido en la Calle 13 con Carrera 5 del corregimiento de Pueblo Tapao
en donde evidenciaron fracturas y hundimiento al lado de la recamara de
alcantarillado, así también encontraron un sumidero colapsado, por lo que solicitó
la realización de las reparaciones respectivas.

125.16. Copia de Oficio 10600-2019-1420 de 11 de abril de 2019110, reiterado el
25 de junio de 2019111, a través del cual Empresas Públicas del Quindío informó la
celebración del Contrato de Obra 008 de 2019, el cual tuvo por objeto la
“OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA
CALLE 8 DESDE LA AVENIDA 30 DE NOVIEMBRE HASTA LA PROYECCIÓN DE
LA CARRERA 3 ENTRE CÁMARAS 2 Y 6, EN EL CORREGIMIENTO DE PUEBLO
TAPAO DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO” y un monto de $276.735.956.
Adicionalmente afirmó que, a la fecha ya se había instalado la tubería y, en cuanto
al relleno, con los recursos provenientes de la tarifa sólo era viable realizar la
pavimentación en brecha, teniendo en cuenta que al realizar el corte y demolición
de la franja para el arreglo se evidenció que la estructura existente ya había
cumplido su vida útil y al romper se desportillaba; por lo cual solicitó al Municipio de
Montenegro analizar la posibilidad de reposición total del pavimento y no solo en
brecha.

125.17. Copia de Oficio recibido el 13 de mayo de 2019112 en Empresas Públicas
del Quindío S.A. ESP, por medio del cual el Personero Municipal de Montenegro le
solicitó que informara sobre las obras realizadas en Pueblo Tapao, con relación al
sistema de alcantarillado.

125.18. Copia de Oficio MOPFO-E-150 de 20 de mayo de 2019113 a través del cual
la Subsecretaría de Obras Públicas e Infraestructura de Montenegro solicitó la

109 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Página 67.
110 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Páginas 71-72.
111 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Páginas 92-93.
112 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 009.6.SolitudPersoneriaRespuestaDiagnosticoAlcantarilladoPuebloTapaoHecho7(.pdf) NroActua
5.
113 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Página 76.

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intervención de Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP en la Avenida 30 de
noviembre del corregimiento de Pueblo Tapao, toda vez que por la construcción de
una cometida de alcantarillado y por el peso de los vehículos se presentan fracturas
en la vía y hundimiento de la losa, resaltando que dicha circunstancia provoca
inestabilidad en la carretera.

125.19. Copia de Oficio EPOT-FOE-0770 de 29 de mayo de 2019114, suscrito por
el secretario de Planeación del Municipio de Montenegro, en el que informó al
Personero Municipal un diagnóstico del estado de la red pluvial en el cual señaló
que el sistema de alcantarillado del corregimiento de Pueblo Tapao es de tipo
unitario o combinado, es decir, que conduce tanto aguas residuales domésticas
como pluviales. El mismo presenta una infraestructura obsoleta y es insuficiente por
el crecimiento de la población producto de la actividad turística de la región,
adicionalmente manifestó que las obras más urgentes a realizar son la construcción
del colector pluvial y la optimización de la red de acueducto y alcantarillados
sanitario y pluvial, desde el inicio del descole de aguas lluvias hasta la Calle de
Troncalito en la Avenida 30 de Noviembre.

125.20. Copia de Oficio MOPFO-E-199 de 19 de junio de 2019115, reiterado el 23
de julio de 2019116, suscrito por el alcalde del Municipio de Montenegro, por medio
del cual le indicó a Empresas Públicas del Quindío S.A. que, bajo ciertos
condicionamientos, era viable la pavimentación de las calles donde se realizó la
optimización de la red de alcantarillado en el Corregimiento de Pueblo Tapao.

125.21. Copia de Oficio MOPFO-E-229 de 26 de junio de 2019117, suscrito por el
alcalde del Municipio de Montenegro, en el cual solicitó a Empresas Públicas del
Quindío información sobre los proyectos, estudios y diseños que se hayan
adelantado referentes a la construcción, cambio, reposición, mejoramiento,
optimización o mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado en el
corregimiento de Pueblo Tapao.

114 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 009.6.SolitudPersoneriaRespuestaDiagnosticoAlcantarilladoPuebloTapaoHecho7(.pdf) NroActua
5. Página 2.
115 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Páginas 90-91.
116 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Páginas 94-95.
117 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Páginas 88-89.

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125.22. Copia de Oficio 10600-2019-2340 de 27 de junio de 2019118, expedido por
Empresas Públicas del Quindío S.A., en el cual le indicó a la Secretaría de
Planeación del Municipio de Montenegro que al atender la problemática presentada
en la vía principal de Pueblo Tapao, desde la escuela El Carmen hasta el Colegio
Marco Fidel Suarez, se realizó la limpieza del alcantarillado encontrando grandes
cantidades de basura y grasa adheridas a las paredes de la red, por lo que solicitó
a la comunidad el buen uso de los servicios.

125.23. Copia de Oficio 10600-2019-1596 de 2 de julio de 2019119, suscrito por
Empresas Públicas del Quindío, mediante el cual manifestó al Secretario de
Planeación de Municipio de Montenegro que el día 29 de mayo se realizó limpieza
y mantenimiento de la red de alcantarillado de la Avenida 30 de Noviembre,
finalizado el 1 de junio de la misma anualidad quedando en perfectas condiciones.
Además, solicitó concientizar a la comunidad frente a evitar arrojar basuras en las
calles debido a que ocasionan taponamientos en el sistema de alcantarillado.

125.24. Copia de Oficio S.A.I.S.B.81.73.02 de 16 de agosto de 2019120, suscrito
por el Secretario de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, en el
que informó que la entidad se encontraba estructurando el proyecto de optimización
del sistema de alcantarillado del centro poblado Pueblo Tapao.

125.25. Copia de Oficio 2019EE0073147 de 18 de agosto de 2019121 proferido por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el que señaló que el Municipio de
Montenegro es el encargado de garantizar la prestación de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado, así como de presentar los proyectos y la consecución de
los recursos respectivos. Asimismo, manifestó que a nivel regional existe el Plan
Departamental de Aguas del Quindío para apoyar ese tipo de proyectos.

125.26. Copia de Oficio E-POT-FOI-1173 de 26 de agosto de 2019122, expedido
por el Secretario de Planeación del Municipio de Montenegro, en el que indicó que,
en el Plan de Obras e Inversiones Regulado - POIR para el periodo 2016-2026,

118 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Páginas 88-89.
119 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Páginas 80-81.
120 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaCausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua 5.
Página 66.
121 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 011.8.RespuestaAgotamientoRequisit oProcedibilidadHecho10(.pdf) NroActua 5.
122 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 011.8.RespuestaAgotamientoRequisit oProcedibilidadHecho10(.pdf) NroActua 5. Páginas 1-3.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

Empresas Públicas del Quindío consideró las necesidades del servicio asociadas a
la expansión, reposición y rehabilitación del sistema de alcantarillado, entre lo que
se encuentra incluido el corregimiento de Pueblo Tapao. También se manifestó que
“[…] [d]e manera paralela, la Gobernación del Quindío a través de la Secretaría de
Aguas e Infraestructura ha manifestado la intención de apoyar la ejecución de las
obras de reposición del alcantarillado en el corregimiento con recursos del SGR,
para lo cual se encuentran de igual manera en proceso de revisión y ajuste a los
insumos presentados en la consultoría [contratada por el Plan Departamental de
Aguas] antes descrita, en cuyo caso, de presentarse esta alternativa, los proyectos
se desmontarían de la estructura tarifaria aprobada mediante acuerdo 015 de 2017
[…]”.

125.27. Copia de Oficio 10600-2019-2197123, expedido por Empresas Públicas del
Quindío y recibido el 30 de agosto de 2019 por el Personero Municipal de
Montenegro, en el cual advirtió que “[…] [d]entro de las reposiciones del
alcantarillado que la empresa está realizando, se está haciendo el alcantarillado
sanitario y pluvial por separado, por lo que se tiene proyectado separar dichas aguas
hasta la entrega a la quebrada ubicada cerca [de] la planta de tratamiento de aguas
residuales, lo que ayudará a reducir la carga que soporta la tubería sanitaria que se
encuentra instalada actualmente […]”.

125.28. Copia de Informe núm. 2 de periodo entre 1 de julio y 31 de diciembre de
2020124, suscrito por el Subgerente de Acueducto y Alcantarillado de Empresas
Públicas del Quindío, en el que manifestó que con respecto al porcentaje de
cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de
Montenegro, en especial en el Corregimiento de Pueblo Tapao, en el cronograma
de 2019 se tenían proyectados 1479 metros lineales de optimización de redes de
alcantarillado y se ejecutaron 253 metros lineales. Además, la empresa destacó la
realización de limpieza de todas las redes del alcantarillado, los días 28 y 29 de abril
de 2020, con el carro succión presión en el corregimiento de Pueblo Tapao.

125.29. Copia de Oficio 0004872-120-58-01 de 22 de mayo de 2020125, suscrito
por el Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, en el cual informó que se habían evidenciado incumplimientos
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, razón por la cual dicha

123 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 011.8.RespuestaAgotamientoRequisit oProcedibilidadHecho10(.pdf) NroActua 5. Páginas 9-10.
124 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 017.14.RespuestaMontenegroHecho17(.pdf) NroActua 5. Páginas 5-16.
125 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 016.13.RespuestaCRQHecho16(.pdf) NroActua 5.

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Subdirección procedió a dar traslado de lo evidenciado a la Oficina Asesora de
Procesos Sancionatorios y Disciplinarios de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío. Así, en dependencia cursan cinco (5) procesos de investigación
sancionatorios abiertos, por el inadecuado manejo de aguas residuales e
incumplimiento del PSMV, contra Empresas Públicas del Quindío y el Municipio de
Montenegro. De otra parte, el avance de cumplimiento del referido instrumento de
planificación ambiental con corte a 2019 correspondió al 42%, lo que se determinó
de acuerdo a las visitas de control y seguimiento realizadas por la autoridad
ambiental y los reportes de ejecución presentados al momento por Empresas
Públicas del Quindío S.A.

125.30. Copia de Oficio E-POT-FOE-414 de 4 de junio de 2020126, suscrito por el
Secretario de Planeación del Municipio de Montenegro, en el que informó que en el
año 2016 se celebró el Contrato de Obra 011 de 2011 cuyo objetivo fue la
optimización y construcción de alcantarillado pluvial y optimización de redes de
acueducto en la Calle 13 con Avenida 30 de Noviembre en el Corregimiento de
Pueblo Tapao. También señaló que la entidad territorial programó inversión por un
valor de $1.300.000.000 para optimización de red de alcantarillado en dicho
corregimiento dentro del plan de desarrollo 2020-2023.

125.31. Copia de la planeación técnica del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Montenegro en el año 2017127, donde se plantean las
necesidades y prioridades del Municipio en cuanto a saneamiento, entre ellas, se
registró la reposición de redes de alcantarillado sanitario y construcción de
alcantarillado pluvial del casco urbano del corregimiento de Pueblo Tapao.

125.32. Copia de la Resolución 813 de 3 de abril de 2018128, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, por medio de la cual se ajustó el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Montenegro,
estableciendo en el artículo tercero:

126 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 017.14.RespuestaMontenegroHecho17(.pdf) NroActua 5. Páginas 2-4.
127 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 006.3.PSMVMONTENEGROHecho3(.pdf) NroActua 5.
128 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 007.4.PSMVMontenegroResolucion813- 2018Hechos4y5(.pdf) NroActua 5.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

125.33. Copia de la Resolución 1130 de 16 de mayo de 2019129, por medio de la
cual se aprobó el ajuste del plan financiero del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Montenegro, presentado por las Empresas Públicas
del Quindío, en virtud a la cofinanciación que efectuaría el Municipio de Montenegro
para lograr la ejecución de obras y proyectos para el saneamiento, entre ellas la
reposición de redes de alcantarillado, y el compromiso de gestión de recursos con
el Departamento del Quindío.

125.34. Informe técnico realizado en junio de 2022 por la Corporación Autónoma
Regional del Quindío130, en el cual se encuentra la trazabilidad de las gestiones
adelantadas por parte de la autoridad ambiental en el Corregimiento de Pueblo
Tapao sobre las redes de alcantarillado.

125.35. Respuesta a requerimiento con fecha 7 de diciembre de 2022131, a través
del cual el Municipio de Montenegro informó que en la vigencia 2022 no había

129 Cfr. Índice 5 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00. Archivo

denominado: 008.5.MONTENEGRORESOLUCION001130-1 6Hecho6(.pdf) NroActua 5.
130 Cfr. Índice 25 del expediente digital, SAMAI. Núm. único de radicación: 630012333000202200040-00.

Archivo denominado: 067Concepto Seguimiento(.pdf) NroActua 25.
131 Cfr. índice 73 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 150012333000201900147-

00. Archivo denominado: 182_MemorialWeb_Respuesta(.pdf ) NroActua 73.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

suscrito contratos de obra pública cuyo propósito u objeto recayera sobre el sistema
de alcantarillado del corregimiento Pueblo Tapao.

125.36. Copia del Contrato de Obra 005 de 14 de junio de 2022132, suscrito entre
Empresas Públicas del Quindío y la Unión Temporal Sandoval Patiño 2022, cuyo
objeto era la “[…] OPTIMIZACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN DISTINTOS
PUNTOS DE CIRCASIA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO Y SALENTO;
OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN DISTINTOS PUNTOS DE LOS
MUNICIPIO DE GÉNOVA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO, BUENAVISTA Y
SALENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA LA MONTAÑA
(VÍA PUERTO ALEJANDRÍA) ETAPA III EN EL MUNICIPIO DE QUIMBAYA
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO [...]”, en el cual se describieron los trabajos a
realizar, las obligaciones de las partes y el plazo de ejecución, el cual estaba
establecido hasta el 31 de diciembre de 2022.

125.37. Copia de Adición 001 al Contrato de Obra 005 de 2022, suscrita el 10 de
noviembre de 2022133, a través de la cual se adicionaron “[…] DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE
($266.634.241.30) […]” al valor para las obras del corregimiento de Pueblo Tapao
que anteriormente se encontraba en “[…] CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS M/CTE ($ 5.195.817.981.00) provenientes de los rubros 301.101.123
‘Municipio de Quimbaya’, 301.101.126 ‘Municipio de Génova’, 301.101.124
‘Municipio de La Tebaida’, 302.101.215 ‘Municipio de Salento’, 301.101.125
‘Municipio de Montenegro’, 302.101.211 ‘Municipio de Circasia’, 301.101.121
‘Municipio de Buenavista’, 301.101.129 ‘Municipio de Salento’, 302.101.213
‘Municipio de Montenegro’, 302.101.212 ‘Municipio de La Tebaida’ […]”.

125.38. Copia del acta de inicio del Contrato de Obra 005 de 2022134, suscrita el
25 de julio de 2022, en la cual se resaltaron las obligaciones del contratista y las
observaciones generales del contrato.

132 Cfr. índice 74 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 150012333000201900147-

00. Archivo denominado: 190Minuta(.pdf) NroActua 74.
133 Cfr. índice 74 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 150012333000201900147-

00. Archivo denominado: 191Minuta Adición(.pdf) NroActua 74.
134 Cfr. índice 74 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Núm. único de radicación 150012333000201900147-

00. Archivo denominado: 199Acta de inicio 50(.pdf) NroActua 74.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

Análisis del caso concreto

126. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

Solución a los problemas jurídicos

127. En ese orden de ideas, la Sala limitará su pronunciamiento a los precisos
argumentos expuestos por las entidades apelantes, con la claridad de que no se
abordarán asuntos o materias que no fueron controvertidas, entre ellas, la situación
de existencia de una vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos
incoados con ocasión de la problemática planteada en la presente acción popular,
así como las órdenes de protección impartidas a autoridades diversas a las
entidades recurrentes.

128. Adicionalmente, el análisis de la Sala tendrá en consideración que los
argumentos presentados por las entidades apelantes están orientados a controvertir
la responsabilidad y competencia en torno a las medidas ordenadas para la
superación de la situación de amenaza y vulneración de los derechos e intereses
colectivos.

De la responsabilidad y competencia de las autoridades apelantes, en el caso
concreto

129. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
recurrentes con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación
de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En ese orden
y en armonía con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes
o no las medidas impartidas por el Tribunal y si esas autoridades son o no
competentes para cumplir las órdenes.

Responsabilidad de Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP, en el caso
concreto

130. En el artículo 365 de la Constitución Política se estableció que “[…] los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional
[…]”, los cuales podrán ser prestados de forma directa o indirecta, por comunidades
organizadas, o por particulares.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

131. De conformidad con lo establecido en la Resolución 1471 de 9 de noviembre
de 2017135, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP es la empresa prestadora de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de
Montenegro, donde se encuentra ubicado el Corregimiento Pueblo Tapao, la cual
fue constituida mediante Escritura Pública núm. 826 de 26 de abril de 1989 como
sociedad anónima entre entidades públicas y clasificada como Empresa de
Servicios Públicos Oficial de conformidad con la Ley 142.

132. Dentro de sus funciones para el cumplimiento de su objeto social se
encuentran las siguientes:

“[…] Realizar la construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura
necesaria para prestar los servicios públicos domiciliarios a su cargo. […] Celebrar
convenios de cooperación técnica con entidades nacionales y extranjeras en
desarrollo de su objeto. […] Contratar empréstitos y realizar operaciones financieras
encaminadas a obtener recursos para atender las obligaciones a su cargo. […]
Expedir los demás actos, celebrar los contratos y realizar las operaciones
necesarias para el cumplimiento de su objeto social […]”.

133. Con relación a la circunstancia en particular, se encontró demostrado en el
expediente que persisten fallas en la red de alcantarillado del Corregimiento Pueblo
Tapao consistentes, entre otras, en “[…] que el sistema de alcantarillado actual es
de tipo unitario o combinado; es decir, que el sistema de alcantarillado de aguas
domésticas y el sistema de alcantarillado pluvial comparten tuberías que conducen
al mismo tiempo aguas residuales sanitarias y aguas pluviales. La red de
alcantarillado en su gran mayoría corresponde a tuberías en material concreto y
PVC en diámetros que van desde 8’’ hasta 24’’. La red de alcantarillado del
corregimiento Pueblo Tapao presenta una infraestructura obsoleta con insuficiencia
hidráulica por el crecimiento de la población producto de la actividad turística
presente en la región […]”136. Dichas anomalías se han expuesto, en múltiples
ocasiones, tanto al Municipio como a la empresa prestadora, con el objetivo de ser
subsanadas y acceder a una prestación óptima del servicio público domiciliario.

134. Se evidenció que, como consecuencia de la falta de capacidad de las
tuberías de la red de alcantarillado, cuando llueve abundantemente el agua se
devuelve por el sistema generando reflujo de aguas, contaminando los espacios

135 “[…] Por medio de la cual se ajusta el contrato de condiciones uniformes de Empresas Públicas del Quindío

– EPQ S.A. E.S.P., y se incorpora el anexo técnico de los servicios de acueducto y alcantarillado […]”.
136 Cfr. índice 5 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.

Archivo denominado: 009.6.SolitudPersoneriaRespuestaDiagnosticoAlcantarilladoPuebloTapaoHecho7(.pdf)
NroActua 5. Página 2.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

internos de las viviendas y, en ocasiones, afectando las vías por las cuales transitan
las líneas de dicha red.

135. En respuesta a uno de los reportes allegados por el Municipio y la Personería
Municipal, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP informó al Corregimiento,
mediante Oficio 10600-2017-1589 de 19 de abril de 2017, que el Municipio y la
empresa “[…] vienen adelantando el análisis de las necesidades en el sector de
saneamiento básico para priorizar las vías que requieren intervención prioritaria […]
es por esto que prontamente se intervendrán distintas vías de[l] corregimiento […]”.

136. Así también, en atención a una solicitud de la Personería Municipal de
Montenegro, la Secretaría de Planeación del Municipio informó mediante Oficio
EPOT-FOE-0770 de 28 de mayo de 2019137, respecto al estado de la red pluvial del
Corregimiento de Pueblo Tapao que se suscribió el Convenio Interadministrativo
núm. 04 de 2016, entre el Municipio de Montenegro y Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP

137. En dicho escrito se señaló que el Consejo Municipal de Montenegro expidió
el Acuerdo núm. 001 de 18 de febrero de 2017, por medio del cual se facultó al
alcalde para la contratación de un empréstito con el fin de mejorar la red de
alcantarillado del Corregimiento de Pueblo Tapao por un monto aprobado de hasta
$4.500.000.000 m/cte.

138. Allí mismo se mencionó que el Municipio suscribió el contrato de Empréstito
10061715400 de 17 de mayo de 2017 con el Instituto de Fomento para el Desarrollo
de Risaralda – INFIDER por un monto de $3.300.000.000, posteriormente se realizó
un diagnóstico general del corregimiento, junto con la empresa prestadora y
teniendo en cuenta el Plan de Obras e Inversiones Revisado – POIR, se determinó
que “[…] las obras más urgentes a realizar son la construcción del colector pluvial
la optimización de la red de acueducto y alcantarillados sanitario y pluvial, desde el
inicio del descole de aguas lluvias hasta la calle de Troncalito en la Avenida 30 de
Noviembre-, para lo cual la empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., realizó los diseños
necesarios para la presentación de la misma por Sistema General de Regalías SGR
[…]”.

137 Cfr. índice 5 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.

Archivo denominado: 009.6.SolitudPersoneriaRespuestaDiagnosticoAlcantarilladoPuebloTapaoHecho7(.pdf)
NroActua 5. Páginas 2-4.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

139. Por consiguiente, Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP informó, con
Oficio núm. 10600-2019-1420 de 9 de abril de 2019, que había suscrito el Contrato
de Obra 008 de 2019 indicando lo siguiente:

“[…] [El contrato] tiene por objeto ‘OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE 8 DESDE LA AVENIDA 30 DE NOVIEMBRE
HASTA LA PROYECCIÓN DE LA CARRERA 3 ENTRE CÁMARAS 2 Y 6, EN EL
CORREGIMIENTO DE PUEBLO TAPAO, MUNICIPIO DE MONTENEGRO’ […] el
cual contempla dentro de su ejecución la reposición de la red de alcantarillado
sanitario y la construcción de la red pluvial, dicha intervención se tiene
contemplada con reposición en brecha con la conexión de la(sic) domiciliarias
correspondientes.

Teniendo en cuenta que la Entidad no puede realizar pavimentación total con
los recursos provenientes de tarifa, es decir solo se puede hacer pavimentación
en brecha, una vez iniciada[s] las obras […] se encontró que la estructura de
pavimento existente ya había cumplido su vida útil y se encontraba fatigada
generando desportillamiento en el momento de realizar los cortes y desprendimiento
de pavimento aledaño a la franja en el momento de la demolición.

Dado lo anterior, la reposición en brecha no garantiza condiciones de estabilidad de
las obras que se están ejecutando […] [e]s por esto que Empresas Públicas del
Quindío solicita muy respetuosamente que la Alcaldía del municipio de
Montenegro, analice la posibilidad de adelantar las gestiones necesarias para
realizar una reposición total del pavimento […]”138 (Destacado fuera de texto).

140. Adicionalmente, en el informe final de auditoría de la Contraloría General del
Quindío a Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP se señaló que para el 2017 la
Empresa solamente había cumplido un 30% de las metas establecidas en el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el Municipio de Montenegro.

141. En el mismo documento se señalaron como fuentes de financiación para el
mencionado Plan: i) los recursos propios de Empresas Públicas del Quindío S.A.
ESP; ii) recursos de la autoridad ambiental con origen en el cobro de tasas
retributivas, para uso específico en los interceptores y en las plantas de tratamiento
de aguas residuales; iii) recursos del Municipio de Montenegro provenientes de la
Nación, de conformidad con la Ley 1176 de 27 de diciembre de 2007 139; y iv)
recursos del Plan Departamental de Aguas para la construcción de colectores,
interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales.

142. De manera que la Corporación Autónoma Regional del Quindío expidió
Resolución 1130 de 16 de mayo de 2019, en la cual señaló que Empresas Públicas
del Quindío S.A. ESP hizo un ajuste en el presupuesto, sin cambiar las actividades

138 Cfr. índice 5 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.

Archivo denominado: 005.2.DocumentosPruebanExistenciaC ausasGeneranAfectacionHecho2(.pdf) NroActua
5. Páginas 71-72.
139 “[…] Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras

disposiciones […]”.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

establecidas sino únicamente las fuentes de financiación en algunas obras, debido
a que el Municipio de Montenegro invertiría en saneamiento. En el artículo segundo
de la mencionada Resolución se dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Ajustar parcialmente el Artículo Tercero de la
Resolución CRQ N° 813 del tres de abril del año dos mil dieciocho (03/04/2018),
incorporando al Plan Financiero acogido, la financiación aprobada en el parágrafo
primero del Artículo primero del presente proveído, discriminando la inversión en
reposición de redes de alcantarillado como se presenta en la siguiente tabla:

[…]

Parágrafo Segundo: El Ajuste conlleva únicamente el cambio de responsable en
una parte de la inversión prevista; estableciéndose obligación a cargo del Ente
Territorial, tal y como se indica en la tabla anterior; sin que se modifique y/o afecte
el contenido de la Resolución CRQ N° 813 del tres de abril del año dos mil dieciocho
(03/04/2018) […]”140 (Destacado fuera de texto).

143. Lo anterior estuvo ajustado a la consideración de determinar que habría “[…]
una disminución de ingresos vía Tarifa que son garantizados con el aporte financiero
(Certificación) [del Municipio de Montenegro] y que a su vez conllevar[á] una
disminución según lo advierte la Empresa en el cobro efectuado a los usuarios […]”.
Además, en el mismo documento se mencionó que “[…] la compra del lote para la
construcción de la PTAR Cajones, se encontraba incorporada dentro del PSMV
como compromiso de la ESP, a realizarse de manera previa a la instalación de la
estructura de saneamiento […]”141.

144. Así las cosas, para la Sala es evidente que Empresas Públicas del Quindío
S.A. ESP es competente en la adopción de medidas para solucionar la vulneración
y amenaza de los derechos e intereses colectivos debido a que ostenta la
responsabilidad, junto con el Municipio, de construir, mantener y financiar las obras
que contribuirán a la superación de la problemática que, para este caso, se trata de

140 Cfr. índice 5 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación:
630012333000202200040-00.
Archivo denominado: 008.5.MONTENEGRORESOLUCION001130-1 6Hecho6(.pdf) NroActua 5. Páginas 20-
21.
141 Página 16.

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la reposición de las redes de alcantarillado y el arreglo de las vías afectadas por las
fallas del sistema de servicio público.

145. En ese orden de ideas, la Sala considera que, si bien la empresa prestadora
ha realizado trámites para gestionar soluciones temporales, es necesario que se
realice ordenadamente la construcción que corresponde bajo la realidad del
corregimiento Pueblo Tapao, propenda con su labor tal como señalan sus funciones
de construcción, instalación y mantenimiento de la infraestructura; así como de
celebrar convenios de cooperación y realizar operaciones financieras encaminadas
a obtener recursos para atender las obligaciones a su cargo. Todo ello sin perjuicio
de la responsabilidad que recae, tal como se señaló en la sentencia proferida, en
primera instancia, por el Tribunal, en cuanto a que el Municipio de Montenegro debe
desplegar activamente las herramientas que tiene como, por ejemplo, la
presentación de proyectos al Plan Departamental de Aguas o al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con la normativa vigente.

146. En ese marco, la Sección Primera ha advertido que “[…] el proceder
adecuado […] no es el de esgrimir simple y llanamente falta de capacidad 142 [y se
agrega, la presencia de situaciones que impidan la garantía de los derechos], sino
que, ante ello, es su deber poner en conocimiento de otras autoridades […] las
dificultades propias de su gestión, con el objeto de obtener de ellas la cooperación
que se requiera y así, de consuno, poder gestionarlas y superarlas […]” 143.

147. En relación con la falta de recursos económicos, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, reiteró que las
autoridades no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial o la garantía
de los derechos con fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, se
precisó lo siguiente:

“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.

142 Respecto de la alegada carencia de recursos financieros para ejecutar las medidas de amparo, en reiterada

jurisprudencia, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que la falta de disponibilidad
presupuestal no es óbice para ordenar el restablecimiento de los derechos colectivos cuya vulneración se
demostró en el proceso judicial. Cfr.: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 25 de octubre de 2001,
Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 70001233100020000512-01,
Expediente 0303. Actor: Adalberto Castro Meléndez.
143 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.

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83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”144 (Destacado fuera de texto).

148. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de forma reiterada, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.

149. Lo mencionado acaece en razón a la importancia de la comparecencia de la
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP en el proceso con fundamento en, por un
lado, su condición de “[…] entidad administrativa encargada de proteger el derecho
o el interés colectivo afectado […]”145; y, por el otro, que en el ejercicio de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, tiene la responsabilidad
de contribuir en la superación de la problemática evidenciada en torno a los
derechos e intereses colectivos objeto de pronunciamiento.

150. Adicional a lo mencionado, en el Oficio expedido el 30 de agosto de 2019 por
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP se señaló que “[...] al crecer la población
y en especial los establecimientos comerciales y de comidas, no son conocedores
de que los negocios en los cuales se realice procesamiento de alimentos y generen
aguas residuales deben contar con un sistema de tratamiento de aguas servidas
(trampa de grasas), encapsulamiento del aceite vegetal usado, el cual debe ser
recolectado por empresas encargadas de la disposición de estos materiales, según
Resolución 631 de 2015 […]”.

151. En razón de ello, la Sala comparte la orden proferida por el Tribunal en el
sentido de concluir que es necesario que el Municipio, como entidad responsable
de la prestación del servicio público domiciliario, emprenda campañas de pedagogía
para la población del corregimiento de Pueblo Tapao en el sentido de educar sobre

144 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01.
145 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la

demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.

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cómo debe ser la disposición adecuada de los residuos domésticos, teniendo en
cuenta que es un factor relevante en la obstaculización del sistema de alcantarillado.

152. Por lo anterior, en complemento a la orden de la sentencia proferida, en
primera instancia, la Sala determinará que las sesiones educativas deben realizarse
una vez al mes por el término de un año para asegurarse que la comunidad adquiere
los conocimientos requeridos para poner en práctica dichas indicaciones.

153. Es por lo mencionado que se confirmará la sentencia proferida, en primera
instancia, en lo relacionado con la inclusión de la Empresas Públicas del Quindío
S.A. ESP en las ordenes allí impartidas y se adicionará en los términos
anteriormente expuestos.

Responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el caso
concreto

154. En aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad,
complementariedad y armonía regional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en concordancia con el artículo 365 de la Constitución y los preceptos de
la Ley 142, al ser autoridad rectora de las políticas nacionales frente a los servicios
públicos. Asimismo, tiene una función general y subsidiaria de apoyo financiero,
técnico y administrativo orientado a garantizar la prestación de servicios públicos
domiciliarios, en especial, de acueducto, alcantarillado y agua potable.

155. Con relación a ello, dentro de sus competencias, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio debe, entre otras: i) formular, dirigir y coordinar las políticas,
planes, programas y regulaciones en materia de financiación en el marco de agua
potable y saneamiento básico; ii) diseñar y promover programas especiales de agua
potable y saneamiento básico para el sector rural, en coordinación con las entidades
competentes del orden nacional y territorial; iii) contratar el seguimiento de los
proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con el apoyo financiero
de la Nación; y iv) prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las
autoridades ambientales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en
el marco de las competencias del sector.

156. Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad
con el artículo 192 de la Ley 2294 de 19 de mayo de 2023146 definirá las condiciones

146 “[...] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 ‘Colombia potencia mundial de la vida’

[…]”.

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para asegurar de manera efectiva al acceso a agua y al saneamiento básico en
aquellos eventos en donde no sea posible mediante la prestación del servicio
público de acueducto, alcantarillado y aseo, incluyendo la posibilidad de garantía a
través de medios alternos y los lineamientos del mínimo vital.

157. Asimismo, podrá prestar colaboración a aquellos proyectos de agua potable
y saneamiento básico en los que las entidades territoriales soliciten apoyo de la
Nación, para lo cual se debe tener en cuenta la Resolución núm. 0661 de 23 de
septiembre de 2019147 en donde se establecen los requisitos correspondientes.

158. En lo evidenciado dentro del proceso, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio expidió Oficio 2019EE0073147 de 18 de agosto de 2019, mediante el cual
dio respuesta a la solicitud de respaldo financiero promovida por el Personero
Municipal de Montenegro y señaló que “[…] es requisito indispensable que los
proyectos que requieran apoyo financiero de la Nación, sean formulados y
estructurados por parte del municipio cumpliendo los requisitos establecidos en la
Resolución 1063 de 2016 […]”, adicionó que, para el caso concreto, “[…] a nivel
regional existe el Plan Departamental de Agua de Quindío, cuyo gestor es la
Secretaría de Aguas e Infraestructura de la Gobernación de Quindío […] quien
puede apoyar con los diseños y/o formulación de los proyectos y financiación, por
lo tanto se podrá contar con la asistencia técnica del Gestor del Departamento, e
igualmente adelantar las gestiones necesarias para definir las fuentes de
financiación, que permitan la viabilidad financiera del correspondiente proyecto […]”.

159. En el mismo documento el Ministerio relacionó como fuentes de recursos
para la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico las
siguientes: i) el Sistema General de Participaciones SGP; ii) las bolsas de apoyo
financiero a los PAP-PDA; iii) los recursos propios de la entidad territorial y
financiación externa; iv) la línea de redescuento con tasa compensada; v) Sistema
General de Regalías; vi) corporaciones autónomas regionales; y vii) otras fuentes
de recursos.

160. En curso de dicho trámite, la autoridad nacional remitió Oficio
2019EE0075317 de 25 de agosto de 2019, a través del cual mencionó al Municipio
de Montenegro que es el encargado de promover la solicitud de apoyo financiero a

147 “[...] Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua

potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga
la Resolución número 1063 de 2016 y se dictan otras disposiciones […]”.

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la Nación e insistió que “[…] las actividades de apoyo técnico en la gestión de
proyectos fueron asignadas al gestor, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
2.3.3.1.4.14 del Decreto 1077 de 20105, motivo por el cual puede contar con dicho
apoyo por parte del Plan Departamental de Agua de Quindío […]”.

161. Con relación a esa entidad, en la parte resolutiva de la sentencia proferida,
en primera instancia, el Tribunal declaró a la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio como responsable de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos y, en consecuencia ordenó que, “[…] de manera coordinada y
complementaria (en el marco de sus competencias) en el término de un (01) año
contado a partir de esta sentencia, realicen todas las gestiones necesarias
(técnicas, administrativas y financieras), apropien los recursos presupuestales y
realicen los procesos de contratación respectivos, para llevar a cabo las diferentes
fases de formulación y ejecución de un proyecto de infraestructura para que el
sistema de alcantarillado del Corregimiento de Pueblo Tapao permita conducir y
disponer de las aguas residuales y aguas lluvias en debida forma, teniendo en
cuenta las fases de diagnóstico, diseño, y construcción […]”.

162. La Sala evidencia que, sin desconocer que las principales obligadas en la
superación de la situación estudiada son la entidad territorial y la empresa
prestadora, la orden del Tribunal orientada a que el Ministerio deba adoptar las
medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado, en lo que incluyó el deber de organizar recursos presupuestales y
realizar procesos de contratación y construcción, no obedece a lo que dicha entidad
deba asumir en el presente caso debido a que el Municipio de Montenegro ya cuenta
con el apoyo financiero del Plan Departamental de Aguas y no se ha demostrado
que, por ahora, sea necesario un ingreso adicional.

163. La Sala considera que, de conformidad con la normativa relacionada y lo
expuesto previamente, la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no es
competente de adelantar dichas gestiones omitiendo las indicaciones de la
Resolución 661 de 23 de septiembre de 2019148, modificada por la Resolución 418
de 10 de agosto de 2021149, se encontró demostrado que la entidad surtió el trámite

148 “[...] Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua

potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga
la Resolución número 1063 de 2016 y se dictan otras disposiciones […]”.
149 “[...] Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 0661 de 2019, en relación con la adquisición

de predios y el pago de derechos de servidumbre para el desarrollo de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico, que tengan como propósito conjurar los efectos de desastres declarados por el presidente
de la República, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, y de aquellos proyectos que se financien
o cofinancien con recursos de banca multilateral […]”.

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correspondiente indicando al Municipio cómo debía elevar la solicitud de apoyo
financiero y, además, que el encargado del apoyo en primer lugar sería el
Departamento del Quindío en razón al Plan Departamental de Aguas, al cual se
encuentra vinculado. Ante tal advertencia también se evidenció que el Municipio no
presentó solicitud alguna, en respuesta a las instrucciones advertidas por la entidad.

164. Sin perjuicio de lo anterior, el Municipio y el Departamento, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en el evento de
considerar que las fuentes de recursos o el Plan Departamental de Aguas son
insuficientes, siguiendo el procedimiento previsto en la normativa vigente
relacionada con la presentación de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico, podrán solicitar el apoyo de la Nación - Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio o de la respectiva autoridad competente en la materia, la cual
resolverá en el marco de sus competencias, de la normativa vigente y teniendo en
cuenta la importancia de garantizar la protección de los derechos e intereses
colectivos en este caso concreto.

165. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien no se declarará probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la Sala modificará los ordinales segundo, tercero y quinto de la
parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de
excluir de dicha orden a la precitada entidad.

Responsabilidad del Departamento del Quindío, en el caso concreto

166. Como contribución de los departamentos a las actividades de las entidades
territoriales municipales, vale anotar lo señalado en el artículo 63 de la Ley 99 sobre
el principio de armonía regional, en el siguiente sentido: “[…] Los Departamentos,
los Distritos, los Municipios, […] ejercerán sus funciones constitucionales y legales
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las
directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado,
racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente
físico y biótico del patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

167. Como se observa teniendo en cuenta lo indicado supra, los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional
deben permitir la articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus

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competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio
o en la conservación del entorno natural involucrado en ese servicio público.

168. Si bien es cierto, como se indicó en el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial supra, los municipios son los principales obligados a garantizar la
prestación de servicios públicos en su jurisdicción, para efectos de ello pueden
evaluar la necesidad de gestionar el apoyo de las entidades de los órdenes
departamental y nacional, con el propósito de lograr la adopción de medidas
orientadas a garantizar la prestación y consecuencialmente proteger los derechos
e intereses colectivos relacionados con los servicios públicos domiciliarios y, en
especial, los de acueducto y alcantarillado.

169. La Sala encuentra que la vinculación del Departamento del Quindío se
encuentra demostrada en la Resolución 1130 de 16 de mayo de 2019, expedida por
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en la cual se incluyó a la entidad
territorial departamental en el presupuesto del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos del Municipio de Montenegro, debido a que se comprometió a
gestionar recursos por medio del Plan Departamental de Aguas haciendo la
salvedad de no poder considerar dichos recursos como ciertos “[…] hasta tanto se
tenga certeza de los mismos […]”.

170. En el artículo tercero de la mencionada Resolución se dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO TERCERO: Ajustar parcialmente el Artículo cuarto de la
Resolución CRQ N° 813 del tres de abril del año dos mil dieciocho (03/04/2018),
incorporando un nuevo parágrafo en el que se detalle la obligación de gestión de
recursos a realizarse por parte de la gobernación del Quindío, el cual quedará así:

‘Parágrafo Cuarto: La Gobernación del Quindío de acuerdo con la
certificación expedida realizará las gestiones que se presentan en la
siguiente tabla, las cuales efectuara en los términos y plazos contenidos en
el cronograma establecido en el presente Artículo; lo anterior sin perjuicio de
que las dos entidades (EPQ S.A ESP y Gobernación del Quindío) se asocien
para realizar la actividad de gestión, buscando efectividad en la actuación.

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[…]”150.

171. Aun así, la Personería Municipal de Montenegro radicó solicitud, el 1 de
agosto de 2019 ante el Departamento de Quindío para que dicha autoridad “[…]
cofinanci[e] o […] destin[e] […] recursos al ente territorial, mediante la suscripción
de convenios interadministrativos, contratos o cualquier(sic) de cualquier otra índole
que estime pertinente para solucionar la ardua situación, aunando esfuerzos en aras
de ejecutar las acciones tendientes a la reposición del alcantarillado […]”.

172. En respuesta, el Secretario de Aguas e Infraestructura del Departamento de
Quindío informó que, mediante Oficio S.A.I.S.B.81.73.02 de 16 de agosto de 2019,
el Departamento del Quindío, “[…] en cumplimiento de sus funciones de
coordinación, apoyo administrativo, técnico y financiero en el sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico, se encuentra estructurando el proyecto
‘OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO
PUEBLO TAPAO MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO’[…]”151.

173. En este punto, la Sala precisa que, contrario a lo manifestado por el
Departamento del Quindío, las órdenes impartidas no obedecen a la determinación
de la existencia de una acción u omisión por parte de esa entidad, que implique
amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados y, por
ende, responsabilidad en ese sentido, como lo alega en el recurso de apelación,
sino que su comparecencia al proceso y las órdenes impartidas se fundamentan en,
por un lado, su condición de “[…] entidad administrativa encargada de proteger el

150 Cfr. índice 5 del expediente digital, SAMAI. Número único de radicación: 630012333000202200040-00.

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21.
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Archivo denominado: 011.8.RespuestaAgotamientoRequisitoProcedibilidadHecho10(.pdf) NroActua 5. Página
7.

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derecho o el interés colectivo afectado […]”152; y, por el otro, en que el ejercicio de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en los términos
explicados, son “[…] necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo […]”153 o, al menos, superar la
situación evidenciada en torno a los derechos e intereses colectivos objeto de
pronunciamiento.

174. Aunado a ello y en los términos explicados supra, el Departamento del
Quindío deberá contribuir, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias y en los términos explicados anteriormente, con la gestión
de recursos orientados a la construcción de la infraestructura necesaria para
garantizar la prestación del servicio público domiciliario en la zona objeto de esta
acción popular. Es decir, su participación activa es determinante para garantizar la
protección de los derechos e intereses colectivos.

175. La Sala reitera que, si bien el Municipio de Montenegro y Empresas Públicas
del Quindío, al ser prestadores de servicios públicos domiciliarios son los
principalmente responsables de la construcción, mantenimiento y mejoras de la red
de alcantarillado; en el marco de los principios de coordinación, concurrencia,
complementariedad y armonía regional, deben trabajar articuladamente con la
entidad departamental en el ejercicio de sus competencias propias, y propender por
la superación de la problemática planteada en el caso concreto.

176. En suma, la Sala considera que en este caso se debe modificar el ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, en el sentido
de excluir al Departamento como responsable de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos.

177. Sin embargo, atendiendo a las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias del Departamento y a la importancia de este en la superación de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos, en este caso, no se declarará
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Quindío y se confirmará en lo demás la precitada sentencia, en
cuanto le impartió órdenes de protección.

152 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la

demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
153 Así lo establece el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia. Asimismo, la norma establece en su inciso

final que “[…] [t]ambién comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de
su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]”.

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Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

178. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal quinto, lo siguiente:

“[…] Quinto: Intégrese un comité de verificación para el seguimiento al cumplimiento
de este fallo, el que estará conformado por el Magistrado Ponente del Tribunal
Administrativo del Quindío, el Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal,
quien lo presidirá; el Personero del municipio de Montenegro, la señora agente de
la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Armenia, un delegado del
municipio de Montenegro, un delegado de Empresas Públicas del Quindío, un
delegado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, un delegado
del Departamento del Quindío, un delegado de la Nación-Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, comité que se constituirá dentro del mes siguiente a la
notificación de la presente providencia y deberá rendir a este Tribunal, informes cada
cuatro meses sobre el cumplimiento de esta sentencia y uno final al culminar sus
labores […]” (Destacado fuera de texto).

179. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el
sentido de precisar que el Magistrado Sustanciador del Tribunal deberá presidir el
comité de verificación, tal como se precisará en la parte resolutiva de la sentencia.

180. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

181. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones de la Sala

182. En suma, la Sala: i) modificará en los términos indicados supra los ordinales
segundo, tercero y quinto de la sentencia proferida, en primera instancia, por las
razones expuestas en esta providencia; y ii) confirmará en lo demás la sentencia de
26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

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III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de 26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:

“Segundo: Declárese que el Municipio de Montenegro, Empresas Públicas del
Quindío S.A. ESP y la Corporación Autónoma Regional del Quindío se
encuentran vulnerando los derechos e intereses colectivos incoados, al no
adoptar las medidas necesarias para garantizar el servicio de alcantarillado
que permita evacuar de manera adecuada las aguas residuales y aguas
lluvias, al no efectuar el correspondiente control y seguimiento de los
problemas ambientales y al no dar cumplimiento a los principios de
coordinación, y complementariedad entre entidades públicas”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
26 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:

“Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración:

• Ordenar al Municipio de Montenegro, al Departamento del Quindío y a las
Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP que de manera coordinada y
complementaria, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, en el término de un (01) año contado a partir de esta sentencia,
realicen todas las gestiones necesarias (técnicas, administrativas y
financieras), apropien los recursos presupuestales y realicen los procesos de
contratación respectivos, para llevar a cabo las diferentes fases de formulación
y ejecución de un proyecto de infraestructura para que el sistema de
alcantarillado del corregimiento de Pueblo Tapao permita conducir y disponer
de las aguas residuales y aguas lluvias en debida forma, teniendo en cuenta
las fases de diagnóstico, diseño, y construcción.

• Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Quindío que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, preste
asesoría y realice evaluación, control y seguimiento durante todas las fases de
formulación y ejecución del proyecto de infraestructura para el sistema de
alcantarillado en el corregimiento de Pueblo Tapao ubicado en el Municipio de
Montenegro, aunado a las demás competencias tendientes a vigilar y controlar
las conductas que atenten contra el medio ambiente.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

• Ordenar al Municipio de Montenegro que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, realice campañas de educación a
los miembros de la comunidad del corregimiento de Pueblo Tapao del
Municipio de Montenegro, mes a mes por el término de un (1) año, para que
eviten arrojar al sistema de alcantarillado residuos sólidos y líquidos diferentes
a las aguas residuales producto de las actividades domésticas

• El Municipio de Montenegro y el Departamento del Quindío, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, podrán solicitar
el apoyo de la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o de la
respectiva autoridad competente en la materia, siguiendo el procedimiento
previsto en la normativa vigente relacionada con la presentación de proyectos
del sector de agua potable y saneamiento básico, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia”.

CUARTO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 26
de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:

“Quinto: Intégrese un comité de verificación para el seguimiento al
cumplimiento de este fallo, el que estará conformado por el Magistrado
Ponente del Tribunal Administrativo del Quindío, quien lo presidirá; el
Procurador Judicial Delegado ante este Tribunal; el Personero del Municipio
de Montenegro; la señora agente de la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y
Agraria de Armenia; un delegado del Municipio de Montenegro; un delegado
de Empresas Públicas del Quindío S.A. ESP; un delegado de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío; y un delegado del Departamento del Quindío.
El comité se constituirá dentro del mes siguiente a la notificación de la presente
providencia y deberá rendir a este Tribunal, informes cada cuatro meses sobre
el cumplimiento de esta sentencia y uno final al culminar sus labores.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las
autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el
marco del comité de verificación de cumplimiento, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo
que incluye todas las órdenes de la sentencia”.

QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 26 de mayo de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

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Núm. único de radicación: 630012333000202200040-01

OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Quindío, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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