Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01888-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01888-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2021-01888-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
18 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2021-01888-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: MARY CRUZ ÁVILA MARTÍNEZ
TESIS: SE CONFIGURA LA AMENAZA A LOS DERECHOS COLECTIVOS POR
LA INADECUADA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA VEREDA EUCALIPTO. EL JUEZ POPULAR ESTÁ
FACULTADO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS
PARA LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, SIEMPRE QUE
TENGAN RELACIÓN CON LA CAUSA PETENDI.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL GOCE DE
UN AMBIENTE SANO Y A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
MUNICIPIO DE CAREPA1 contra la sentencia de 6 de diciembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia2 que
amparó los derechos colectivos invocados.
1
En adelante el Municipio
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 05001 23 33 000 2021 01888 01
Actora: MARY CRUZ ÁVILA MARTÍNEZ
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
La señora MARY CRUZ ÁVILA MARTÍNEZ, a través de apoderada
judicial, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de
la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto
de 19983, presentó demanda ante el Tribunal, contra el MUNICIPIO,
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA4, el CONSORCIO
EUCALIPTO 20195 y la CORPORACIÓN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE URABÁ6-7, tendiente a obtener la protección de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y
salubridad pública.
I.2. Hechos
Señaló que la vereda Eucalipto del MUNICIPIO estaba conformada
por invasiones que fueron legalizadas con la ayuda del Gobierno
Municipal, Departamental y Nacional, razón por la que no contaban
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4
En adelante el Departamento.
5
En adelante el Consorcio.
6
En adelante CORPOURABA.
7
Vinculada por medio de auto de 12 de julio de 2021.
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Actora: MARY CRUZ ÁVILA MARTÍNEZ
con servicios públicos domiciliarios, especialmente, el de
alcantarillado, hasta que el DEPARTAMENTO, el MUNICIPIO y
CORPOURABA suscribieron un convenio interadministrativo en el
año 2019 para la provisión del servicio de alcantarillado y
saneamiento básico, en el que quedó establecido que el ente
territorial municipal sería el responsable de la obra.
Manifestó que en desarrolló del Convenio, se adelantó un proceso de
licitación que tenía como uno de sus objetos la construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR8, el cual le fue
asignado al CONSORCIO, con quien suscribió el contrato núm. 147
de 2019 y, en consecuencia, en el año 2020 la PTAR fue terminada y
puesta en funcionamiento.
Aseguró que la PTAR presentaba constantes fugas, lo que ocasionaba
la inundación de las viviendas y predios aledaños, circunstancia que
afectaba la salud y tranquilidad de los habitantes de la zona debido
a los malos olores e irrigación de agua por las vías y predios
particulares, con lo cual también se ponían en riesgo cultivos,
edificaciones, entre otros.
8
En adelante PTAR.
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Sostuvo que la planta generaba olores insoportables y que vertía
sobre la quebrada cercana aguas servidas que afectaban
negativamente y a largo plazo la flora, fauna cultivos y la salud de
las personas y animales del sector, aunado a que la PTAR no cumplía
con el retiro obligatorio de vías, viviendas y la quebrada.
I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como
vulnerados, lo siguiente:
“[…] Segundo. Ordenar las medidas protección y restablecimiento
de los derechos amenazados y conculcados.
Tercero. Ordenar la reubicación de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la vereda Eucalipto del municipio de Carepa,
con los ajustes técnicos necesarios, en un lugar donde no afecten
los derechos de disfrute de ambiente sano y salubridad publica
[…]”.
I.4. DEFENSA
I.4.1. El DEPARTAMENTO aseguró que cumplió con la competencia
que le fue asignada en el artículo 7º de la Ley 142 de 11 de julio de
19949, en virtud de lo cual suscribió el convenio interadministrativo
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Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.
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núm. 4600009854 de 2019, en el que se estableció que su obligación
se circunscribía a la entrega del recurso económico y no respecto de
la ejecución material de la obra, por lo que no tiene incidencia alguna
en los hechos de la demanda.
Manifestó que como el contrato idem estaba, para ese momento, en
etapa de liquidación, requeriría al MUNICIPIO para que informara
sobre el estado de la obra y así poder adelantar las acciones
administrativas a que hubiere lugar.
Informó las actividades realizadas por la supervisión de la Gerencia
de Servicios para la liquidación del convenio, en el que destacó que
no tenía conocimiento de lo que presuntamente estaba ocurriendo en
el proyecto.
Arguyó que el MUNICIPIO era el llamado a la intervención y
ejecución de las obras que llegaran a requerirse, pues es el que tiene
a su cargo la planeación, prestación de servicios públicos y gestión
del riesgo en su territorio, razón por la que propuso la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva.
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I.4.2. CORPOURABA advirtió que, dado que la PTAR se encontraba
en una zona con pendiente, no era posible que un derrame de la
misma causara la inundación de las viviendas aledañas, máxime si
funcionaba en perfectas condiciones, conforme lo evidencia el
informe técnico núm. 400-08-02-01-1469-2021, elaborado por un
profesional de la entidad, en el que se indicó que la planta no
presentaba:
“[…] derrames de aguas residuales producto de reboses, cuando
se presentan fuertes lluvias es el momento de mayor cantidad de
agua a impulsar mediante la activación automática de bombas, las
cuales posterior a estos eventos se desactivan por parte del
operario. Es de anotar que para garantizar el no rebose del sistema
de tratamiento se debe realizar una correcta operación del sistema
por parte del operario […]”.
Señaló que la PTAR cumplía con la distancia mínima para la
localización de sistemas de tratamiento centralizados, de acuerdo
con lo ordenado en la Resolución núm. 0330 de 2017.
Indicó que para la ejecución de la PTAR no se requerían permisos,
autorizaciones, concesiones o licencia ambiental de su parte, no
obstante, para su funcionamiento sí era necesario tramitar el
respectivo permiso de vertimientos, de acuerdo con lo establecido en
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el artículo 2.2.3.3.4.10 del Decreto 1076 de 26 de mayo de 201510,
con el cual no contaba el MUNICIPIO, por el que abrió el expediente
núm. 200-165126-0084-2021 por infracción a la normativa
ambiental.
Aseguró que no ha recibido ninguna queja por las presuntas
afectaciones ambientales señaladas en la demanda; y que como se
verificó en la visita de campo, estas no existían por el funcionamiento
de la PTAR.
I.4.4. El MUNICIPIO propuso las excepciones de falta de
legitimación en la causa por activa, “inexistencia de violación al
derecho al ambiente sano”, “inexistencia de violación al derecho a la
salud y salubridad pública”, “inexistencia de acción u omisión”,
“inexistencia de daño antijurídico”, “inexistencia de nexo causal”,
“prevalencia del interés general y patrimonio público” y “oposición a
los medios de prueba”, para lo cual argumentó lo siguiente:
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Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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-. Que la accionante no pertenecía a la comunidad de la vereda
Eucalipto, tampoco era presidenta ni integrante de la Junta de Acción
Comunal, ya que no vivía cerca de la PTAR.
-.Que la PTAR satisfacía las necesidades de acueducto y saneamiento
básico bajo condiciones técnicas soportadas en diseños y estudios
aprobados por el DEPARTAMENTO y la autoridad ambiental, razón
por la que la obra contó con los permisos y licencias ambientales
requeridas.
Afirmó que ha realizado reuniones con la comunidad y sus lideres,
quienes han expresado su satisfacción con el funcionamiento de la
planta y agradecimiento con la inversión en la vereda, ya que se ha
mejorado su calidad de vida al contar con sistema de acueducto y
saneamiento básico.
Puso de presente que la PTAR era supervisada por un miembro de la
comunidad de la vereda Eucalipto, quien podía dar fe de las óptimas
condiciones en que se encontraba y de su funcionamiento, por lo que
desconocía las razones por las que la demandante pretendía la
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reubicación de la planta y de esa forma, privar a la comunidad de sus
beneficios.
-. A su juicio, el derecho a la salud y salubridad pública no guardaba
relación con lo solicitado en la demanda, pues este se refiere a la
atención en salud, seguridad social y cobertura médica, y ningún
miembro de la comunidad había sufrido enfermedad con ocasión del
funcionamiento de la PTAR, pues contaba con las condiciones
técnicas y ambientales requeridas.
Señaló que no era verdad que existían aguas residuales en las calles,
viviendas, cultivos y quebradas del sector, pues la PTAR tenía con un
óptimo funcionamiento y, aunado a ello, no había recibido quejas por
los hechos objeto de la acción.
-. Describió las actuaciones efectuadas para garantizar los derechos
de la comunidad y, por las cuales, en su sentir, no ha incurrido en
ninguna acción u omisión tendiente a ocasionar su afectación, tales
como: i) la suscripción de un convenio interadministrativo con el
DEPARTAMENTO y CORPOURABA y el contrato núm. 147 de 2019,
en virtud del cual construyó la PTAR que en la actualidad funciona de
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manera óptima; y ii) la planta es supervisada por un fontanero que
se encarga de que funcione correctamente y en caso de que ocurran
fallas debe solucionarlas o reportarlas, quien ha evidenciado el
normal funcionamiento de la misma.
-. Advirtió que a la parte actora le correspondía probar el daño
antijurídico, pues no se ha recibido ninguna queja por parte de la
comunidad de la vereda sobre la supuesta afectación a cultivos,
viviendas, calles y a la salud, quienes, por el contrario, han
manifestado plena satisfacción con la obra.
-. Argumentó que las acciones desplegadas por las entidades
accionadas evidenciaban que no ha causado una amenaza a la
comunidad, motivo por el cual, no existía nexo de causalidad entre
el daño antijurídico alegado y su proceder.
-. Puso de presente que la solicitud de reubicación de la planta iba
en contravía del interés general de la comunidad de la vereda, pues
perseguía un interés particular de parte de la actora al no ser parte
de la misma y obviaba que dejaría sin PTAR a aproximadamente 300
personas que se encontraban satisfechas con la obra, aunado a que
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se habían invertido mil millones de pesos del erario en la
construcción, con lo cual quedaba en evidencia la desproporción de
la petición de la parte demandante.
-. Se opuso a las pruebas solicitadas en el escrito de la demanda,
fundamentalmente porque las estimó contrarias al ordenamiento
jurídico.
I.5.- Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 4 de
octubre de 2021, la cual se declaró fallida por no existir ánimo
conciliatorio entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2022, declaró
no probadas las excepciones propuestas y amparó los derechos
colectivos al ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública,
para lo cual ordenó lo siguiente:
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“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS, las excepciones de
falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia violación al
derecho al ambiente sano y al derecho a la salud y salubridad pública,
inexistencia de acción u omisión y de daño antijurídico, inexistencia
de nexo de causalidad, prevalencia del interés general y patrimonio
público presentadas por el Municipio de Carepa; y la de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Antioquia.
SEGUNDO: DECLARAR la vulneración y/o amenaza de los derechos
colectivos alegados como violados por los actores populares, con base
en las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Para hacer efectivo el amparo de los derechos colectivos
vulnerados, se ORDENA lo siguiente,
1. El Municipio de Carepa deberá capacitar al señor Jorge Arrieta o a
la persona o personas encargadas de la operación de la planta, en los
puntos identificados en el informe de Empresas Públicas de Medellín
y proveerle del respectivo manual de operación de la Planta de
Tratamiento – PTAR; o en caso de estimarlo conveniente para la
cesación de la vulneración de los intereses colectivos invocados,
vincular para el funcionamiento de la estructura a una persona o
personas que posean los conocimientos y experiencia necesaria para
su adecuado funcionamiento, quienes en todo caso deberán atender
cada una de las recomendaciones plasmadas en el informe de EPM.
Para el efecto, ya sea que se opte por la capacitación o la contratación
de una persona con conocimientos específicos en la materia, contará
con la asesoría de la Corporación Autónoma Regional- Corpourabá
quien deberá brindarla a partir del marco de sus competencias
legales.
Si el Municipio de Carepa lo estima necesario luego de contar con la
asesoría de la Corporación Autónoma, podrá buscar para este mismo
fin a profesionales externos expertos en el manejo de estas
estructuras, quienes a su turno también deben atender las falencias
identificadas por EPM.
Para la implementación de estas acciones, el Municipio contará con el
plazo de 3 meses, contados a partir de la notificación de esta
providencia.
2. El Municipio de Carepa deberá realizar los estudios necesarios y la
instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integral de
almacenamiento y quema de biogás; además la implementación de
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un sistema de plataformas para que el operador de la planta pueda
cumplir sus funciones de manera segura.
Para el desarrollo de esta acción tendrá un plazo de 6 meses,
contados a partir de la notificación de esta providencia, en todo caso,
luego de instaladas estas estructuras deberá capacitarse de forma
inmediata sobre su adecuado manejo y operación al operador de la
PTAR.
3. El Municipio de Carepa deberá coordinar la toma de muestras y
análisis de éstas con un laboratorio acreditado, a fin de dar
cumplimiento al Decreto 1287 de 2014 y la Resolución 631 de 2015,
atendiendo además las previsiones relativas a la frecuencia del
análisis.
Para ello se contará con el plazo de 3 meses, contados a partir de la
notificación de esta providencia.
4. El Municipio de Carepa en virtud de las obligaciones que le asisten
en materia urbanística deberá realizar un estudio técnico y
socioeconómico que establezca si las viviendas identificadas en el
informe de EPM a 6 y 15 metros de distancia de PTAR fueron
construidas de manera ilegal, y con fundamento en ello determinar
las alternativas a adelantar dentro de las cuales deberá estudiarse la
opción de reubicación a partir de las soluciones institucionales que el
ente territorial tenga para el efecto.
Para ello se contará con el plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación de esta providencia.
5. El Municipio de Carepa deberá realizar los trámites necesarios para
la obtención del permiso de vertimientos ante la Corporación
Autónoma Regional.
Para ello se contará con el plazo de 3 meses, contados a partir de la
notificación de esta providencia, en caso de no ser cumplida la
Corporación Autónoma Regional deberá dar apertura al proceso que
corresponda por la omisión de esa obligación.
6. Una vez realizadas las anteriores órdenes deberán informarlas a la
Corporación Autónoma Regional, para que esta última realice
seguimiento periódico a la Planta de Tratamiento a fin de verificar que
no existan fugas de gases malolientes y tomar muestras del agua
residual que se vierte en afluentes hídricos para evitar que se
presente contaminación ambiental.
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En caso de existir alguna anomalía deberá comunicarla de forma
inmediata al Municipio de Carepa, así como las medidas correctivas
que deba implementar.
7. El Departamento de Antioquia prestará asistencia al municipio de
Carepa en el desarrollo de las actividades que corresponde al ente
local y coordinará las acciones que correspondan para garantizar el
cumplimiento de los Planes para el Manejo de los Servicios de Agua y
Saneamiento, específicamente en lo relacionado con el
funcionamiento de la PTAR.
CUARTO: CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente
sentencia, en los términos de los artículos 34 de la Ley 472 de 1998,
el cual estará integrado por: i) el Magistrado Ponente; ii) la actora
popular; iii) un representante de la comunidad; iv) un delegado de
cada una de las entidades públicas obligadas, esto es, Municipio de
Carepa, Corpourabá, y el Departamento de Antioquia; y v) el
personero municipal de Carepa […]”.
Adujo, respecto de la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa propuesta por el MUNICIPIO, que la demandante no
tenía que probar que era parte de la comunidad o que habitaba cerca
de la zona objeto de la acción, pues lo que aquí se pretendía era la
satisfacción de un interés de carácter colectivo e impersonal, por lo
que cualquier persona estaba facultada para presentar la demanda.
Consideró que el problema jurídico a resolver se circunscribía a
determinar si se afectaron los derechos colectivos al ambiente sano
y salud o salubridad pública con ocasión de las fallas, filtraciones y
desbordamientos que presentaba la PTAR de la vereda Eucalipto del
MUNICIPIO.
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Indicó que dentro del plan de desarrollo 2016 – 2019 del
MUNICIPIO se previó la construcción de un sistema de tratamiento
de aguas residuales en la vereda Eucalipto, por lo que aquel presentó
un proyecto ante el DEPARTAMENTO, en virtud del cual se suscribió
el convenio interadministrativo núm. 4600009854 entre los entes
territoriales y CORPOURABA, en el que se estipuló que el
DEPARTAMENTO aportaría $1.000.000.000, el MUNICIPIO
$535.000.000 y la Corporación $400.000.000.
Puso de presente que el MUNICIPIO se comprometió a adelantar
todas las gestiones para la contratación de la obra, lo cual dio como
resultado el contrato de obra núm. 147 de 26 de septiembre de 2019,
el cual tenía por objeto la construcción de la PTAR de la vereda
Eucalipto.
Advirtió que los testimonios, el material audiovisual aportado y la
prueba documental evidenciaban que: i) la PTAR presentaba
filtraciones o rebosamientos y malos olores; ii) que el señor Jorge
Arrieta Cogollo, habitante de la vereda, era el aperador de la PTAR y
que su labor era sufragada por la comunidad; y iii) que la planta era
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autosostenible y que el MUNICIPIO solo intervenía en determinados
momentos.
Puso de manifiesto que el informe rendido por CORPOURABA daba
cuenta que no se presentaban malos olores en el sector y que no
había amenaza o riesgo de tipo ecológico o ambiental; que, por el
contrario, la planta fue catalogada en buenas condiciones; y que, del
mismo modo, en el informe rendido por el MUNICIPIO se aseguró
que el agua en su proceso final era semi potable.
Manifestó que, por su parte, el dictamen pericial rendido por la
Empresa Públicas de Medellín precisó que existían algunas falencias
en la forma en la que era operada la PTAR, lo cual se relacionó con
la posible generación de malos olores y concluyó que: i) si se habían
presentado reboses o fugas, pues la estructura presentaba marcas
que advertían de esa circunstancia; ii) en la estructura se
identificaron falencias como la ausencia de quemadores de gases,
por lo que se generaban malos olores; iii) resultaba necesario instalar
plataformas seguras para el operador de la planta; y iv) existían dos
viviendas ubicadas en cercanía al a PTAR, una a 6 metros y otra a 15
metros, con lo cual, se incumplió la Resolución núm. 330 de 2017.
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Puso de manifiesto que frente a la vivienda ubicada cerca de la PTAR,
el contratista informó que cuando se inició la construcción no había
casas alrededor del lote, y que fue durante la suspensión ocasionada
por el Covid 19 que fueron instaladas, por lo que consideró que la
parte actora no probó que los inmuebles que se encontraban
alrededor de la PTAR existían antes del inicio de la obra.
Concluyó que sí se presentó un riesgo o amenaza de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad
pública de la comunidad, habida cuenta que se acreditó la presencia
de olores que salían de la PTAR, bien fuera por el deficiente manejo
de esta o por el rebosamiento de agua, así como por la fuga de gases
a la atmosfera, lo cual podía repercutir en el cuidado del medio
ambiente y en la salud de las personas.
Manifestó, frente a la responsabilidad del MUNICIPIO, que era el
encargado de asegurar la estructura básica de saneamiento, velar
por el adecuado funcionamiento de la PTAR y realizar un constante
monitoreo sobre las condiciones en que se encontraba la obra, pues
era la autoridad encargada de la satisfacción en la prestación del
servicio, razón por la que debía verificar permanentemente las
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condiciones de la planta y los conocimientos de la persona o personas
encargadas de su manejo, en aras de no incurrir en un defectuoso
funcionamiento y prevenir afectaciones que pudieran atentar contra
el medio ambiente y la salubridad de los habitantes.
Consideró, en relación con el DEPARTAMENTO y CORPOURABA,
que cumplieron con sus deberes constitucionales y legales en la
intervención y participación del proyecto de la construcción de la
PTAR, en aras de satisfacer la necesidad que presentaba el
MUNICIPIO; no obstante, estimó que, en el marco de sus funciones
y competencias, el ente territorial departamental debía apoyar al
MUNICIPIO y la Corporación realizar un seguimiento a los tipos de
riesgo ambiental que existieran para evitar afectar la salud humana.
Estimó que no había lugar a reubicar la PTAR, pues no se demostró
que para el momento de la planeación de las obras e inicio de las
mismas hubiesen viviendas que colindaran con la planta; y que para
el traslado sería necesario adquirir recursos adicionales, cuando ya
se habían invertido más de mil millones de pesos allí, aunado a que
en el informe rendido por las Empresas Públicas de Medellín se
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aseguró que la problemática podía ser mitigada con la
implementación de las medidas ordenadas.
III.- FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El MUNICIPIO precisó que los señalamientos efectuados en la
demanda se dirigieron a asegurar que con ocasión de las fugas que
se presentaban en la PTAR, las viviendas, los predios aledaños e
incluso las vías de la vereda se vieron afectadas por inundaciones,
cuya situación amenazó pequeños cultivos, edificaciones, el espacio
público y el cauce del río, y que incluso habían tenido que cerrar
pozos privados de abastecimiento de agua, sumado a los malos
olores.
Estimó que ninguna de las situaciones descritas fue demostrada
dentro del proceso, ni con el informe rendido por las Empresas
Públicas de Medellín, ni con los testimonios y mucho menos con los
registros fílmicos que se aportaron.
Argumentó que del dictamen pericial no era posible corroborar las
afirmaciones realizadas por la actora popular, pues de allí no se
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concluía que debido a los rebosamientos de la PTAR se ocasionaron
inundaciones a las viviendas, daño a los cultivos, cierre de pozos
privados de agua y/o contaminación de la quebrada aledaña.
Adujo que ninguna de las personas que rindió testimonio en el
proceso era habitante de la vereda Eucalipto, que incluso algunos de
ellos no visitaban la zona hacía meses, y otros, aunque acudían al
lugar, no permanecían mucho tiempo allí, de tal manera que llamaba
la atención el hecho de que se afirmara que se estaba afectando a la
comunidad, pero ninguno de los afectados acudió al proceso.
Manifestó que los verdaderos residentes de la vereda Eucalipto no se
han visto afectados con la construcción de la PTAR, como lo
aseguraba la demandante; y que, contrario a ello, la obra se adelantó
para el bienestar de las más de 300 personas que habitaban la
vereda, quienes por demás le han manifestado su agradecimiento
por la planta y por mejorar su calidad de vida, tal y como lo aseguró
el señor Jorge Luis Arrieta Cogollo, fontanero de la PTAR.
Señaló, específicamente, lo siguiente:
“[…] Ahora bien, además de no residir en el lugar, los testigos de la
parte actora hicieron manifestaciones que dejan en entredicho las
afirmaciones de la demandante, como es el caso del señor HUGO
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ALBERTO LÓPEZ AGUDELO quien aseguró al Despacho que antes de
la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, el
predio adquirido por este por compra que le realizara a la señora Mary
Cruz Ávila (actora popular) se inundaba y generaba malos olores; o
lo manifestado por la señora VIRGINIA URREGO USUGA quien indicó
en su declaración que las inundaciones que se presentaban en el lugar
perjudicaban a los habitantes de la vereda la Yaya y no a los
habitantes de la vereda Eucalipto, ambos declarantes entonces hacen
referencia a unas presuntas inundaciones que perjudican a un sector,
no obstante no es posible concluir que el sector afectado sea la vereda
Eucalipto y mucho menos que la inundaciones ocasionadas sean
consecuencia de la PTAR pues de acuerdo con la declaración del señor
Hugo, estas inundaciones se presentaban antes de la construcción de
la planta […]”.
Arguyó que del material audiovisual aportado por los testigos no era
posible corroborar ninguna de las situaciones manifestadas por la
parte accionante, ya que lo único que se advertía era el rebosamiento
de la PTAR, el cual era tan mínimo que era imposible que causara
inundaciones en las viviendas de la vereda o en los predios aledaños
y que tampoco se podía observar que era un agua contaminada o
que causaba malos olores, por lo que estimó que dicha prueba no era
suficiente para acoger las pretensiones de la demanda.
Cuestionó la validez de los videos aportados por uno de los testigos,
pues, según su dicho, la misma declarante aseguró que no los había
realizado y que desconocía la fecha en que fue tomado, por lo que
no era posible saber si lo que allí se observaba ocurrió antes o
después de la puesta en funcionamiento de la PTAR, de manera que
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dicho medio de prueba era insuficiente para demostrar las
situaciones expuestas por la actora popular.
Aseguró que la interposición de la presente acción obedecía a un
interés netamente particular y no al interés general de los habitantes
de la vereda Eucalipto, cuyo argumento no fue tenido en cuenta por
el Tribunal al resolver la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa, pues la señora Mary Cruz Ávila está inconforme con
la presunta falta de pago del lote en el que se construyó la PTAR, el
cual, a su juicio, era de su propiedad, razón por la que solicitó la
reubicación de la planta, situación que, si bien tampoco quedó
probada, fue lo que “realmente llevó a la interposición de la
demanda” y no precisamente el bienestar de la comunidad de la
vereda.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1. Mediante auto de 28 de abril de 202311, la Sección Tercera –
Subsección “C” admitió el recurso de apelación interpuesto por el
MUNICIPIO contra la sentencia de primera instancia y le advirtió al
señor Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el
11
Visible en el índice núm. 7 del expediente digital.
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Consejo de Estado que, de conformidad con el numeral 6 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA, podría emitir su concepto hasta antes de que
ingresara el proceso al despacho para sentencia.
-. Posteriormente, mediante proveído de 16 de junio de 2023, se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión, para lo
cual se les concedió el término de 5 días.
IV.2.- En el término referido en precedencia únicamente el
DEPARTAMENTO presentó alegatos de conclusión, en el sentido de
reiterar los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la
demanda referentes a la responsabilidad el MUNICIPIO como
garante de la prestación de los servicios públicos y de la gestión del
riesgo.
-. Mediante auto de 14 de septiembre de 2023, la Sección Tercera –
Subsección “C” ordenó remitir el expediente a la Secretaría de la
Sección Primera de la Corporación para que conociera del presente
asunto, por cuanto los derechos colectivos cuyo amparo se perseguía
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no incluía la moralidad administrativa y tampoco se trataba de un
asunto de naturaleza contractual.
V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
De lo expuesto en precedencia, el problema jurídico a resolver por la
Sala es determinar si se configura la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y
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salubridad pública y, en esa medida, si son procedentes o no, las
órdenes que le fueron impartidas a las accionadas en la sentencia de
primera instancia.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan los
medios de convicción pertinentes y conducentes para establecer si
hay amenaza o vulneración de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano y seguridad y salubridad pública con ocasión del
funcionamiento de la PTAR ubicada en la vereda Eucalipto del
MUNICIPIO, así:
-. Convenio interadministrativo núm. 4600009854 de 26 de junio de
2019, suscrito entre el DEPARTAMENTO, el MUNICIPIO y
CORPOURABA, que tenía por objeto la construcción del
alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales
en la vereda Eucalipto, para lo cual las partes aunaron esfuerzos para
aportar recursos que permitieran alcanzar el objetivo trazado.
La Sala destaca que en la cláusula tercera del contrato se pactó que
el objetivo del convenio se estimaba en la suma de $1.941.571.661;
y que, el valor de los aportes, serían así: i) el DEPARTAMENTO, a
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través de la Gerencia de Servicios Públicos, hasta $1.000.000.000
del costo del proyecto; ii) el MUNICIPIO la suma de
$535.000.0000; y iii) CORPOURABA la suma de $406.571.661.
-. Licitación pública núm. LP-007 de 2019, realizada por el
MUNICIPIO, cuyo objeto era la construcción del alcantarillado
sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales en la vereda
Eucalipto, por valor de mil ochocientos catorce millones quinientos
cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos
($1.814.552.954), la cual fue asignada al Consorcio Eucalipto 2019
mediante Resolución núm. 2761 de 5 de septiembre de 2019 y, en
consecuencia, suscribieron el contrato de obra núm. 147 de 26 de
septiembre de 2016, por un plazo inicial de 6 meses, producto del
cual se construyó la PTAR objeto de la presente acción.
-. Informe técnico de autoridad ambiental de fecha 23 de julio de
2021, elaborado por CORPOURABA, en el que se conceptuó lo
siguiente12:
“[…] – Debido a una sobrecarga, una de las bombas de impulsión se
encuentra fuera de servicio, razón por la cual la planta se encuentra
12 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento “ED_GMAILRV_REMISION(.pdf) NroActua 2”, archivo
“19RecepcionContestacionAccionPopularCorpourabaYAnexos”.
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trabajando solo con una de las 2 bombas de impulsión; sin embargo,
esta tiene la capacidad de impulsar la totalidad de las aguas
residuales recolectadas por las redes de alcantarillado de la vereda
hacia la PTAR.
• No se perciben olores, aun cuando la bomba de impulsión se
encuentra en funcionamiento.
• No se evidencian derrames de aguas residuales producto de
reboses. El operario de la planta expresa que solo se presentan
reboses cuando hay fuertes lluvias que inundan el sistema de
impulsión lo cual hace que se activen las bombas, expresa también
que cuando se presentan estas lluvias se realiza la desactivación del
sistema automático de bombeo para evitar la situación mencionada.
Cabe anotar que debido al encerramiento de la planta y la pendiente
del terreno no es posible que un derrame producido en la planta de
tratamiento inunde las viviendas aledañas.
• La planta de tratamiento se encuentra funcionando en perfectas
condiciones, lo cual se puede corroborar con las condiciones
organolépticas del efluente y las instalaciones se encuentran en
buenas condiciones.
• A 5 metros del encerramiento de la planta se encuentra instalada
una vivienda, el contratista de la obra manifiesta que cuando se inició
la construcción de la planta no se encontraban viviendas aledañas,
estas fueron instaladas mientras la obra se encontraba suspendida
por la pandemia del Covid – 19; sin embargo, teniendo en cuenta la
tecnología del sistema de tratamiento este se encuentra cumpliendo
con la distancia mínima a centros poblados.
[…] Una vez revisada la base de datos de CORPOURABA no se
encuentra expediente de permiso de vertimiento para la planta ni
quejas interpuestas relacionadas con el funcionamiento de ésta.
6. Conclusiones
La planta, aunque se encuentra funcionando solo 1 de las bombas de
impulsión está operando adecuadamente, realizando el tratamiento
de las aguas residuales de manera eficiente.
No se perciben olores ofensivos alrededor de la planta aun cuando se
encuentra en operación.
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La planta de tratamiento de aguas residuales cumple con el artículo
183 del RAS, en lo concerniente a distancia mínima a centros
poblados.
La planta de tratamiento no cuenta con permiso de vertimiento
vigente.
[…]
ANEXO FOTOGRÁFICO […]”.
-. Informe de visita a la PTAR de la vereda Eucalipto, realizado por el
MUNICIPIO, de fecha 2 de agosto de 2021, del cual se resalta lo
siguiente:
“[…] Actualmente la planta de tratamiento brinda un funcionamiento
de aproximadamente 24 horas, todos los días de la semana, a menos
que factores externos, como falta de energía eléctrica en la vereda
detenga el funcionamiento de la planta.
El sistema de alcantarillado cumple con un proceso para realizar el
tratamiento del agua, el cual consiste en desplazar el agua por 6
estaciones del sistema […]
En la visita técnica se observó que el sistema trabaja en óptimas
condiciones, ya que a esta planta se le realiza un mantenimiento y
supervisión diaria a manos del fontanero del sistema, quien es el
señor Jorge Arrieta, y es de esta manera que cumple a cabalidad con
el objetivo para el cual fue diseñado, que consiste en brindarle un
tratamiento a las aguas residuales y convertirlas en aguas semi
potables, como se puede observar en la imagen 7, que el agua
después de realizar todo su proceso está lista para salir del sistema
sin causar afectaciones en el ambiente o sus alrededores […]”13.
13
Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento “ED_GMAILRV_REMISION(.pdf) NroActua 2”, archivo
“21RecepcionContestacionDemandaMunicipiodeCarepaConConstanciaDeTrasladoALasPartesYEscritoCo
ntestacionDemanda”.
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-. Informe de la visita técnica realizada al sistema de tratamiento de
aguas residuales de la vereda Eucalipto del MUNICIPIO, por parte
de Empresas Públicas de Medellín por orden del Tribunal, de fecha 8
de agosto de 2022, del cual se resalta que:
“[…] Según el documento “CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
VEREDA EUCALIPTO, MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA el sistema
de tratamiento de aguas residuales está compuesto por: un
pretratamiento, dos reactores UASB, dos filtros anaerobios de flujo
ascendente FAFA y dos lechos de secado. La PTAR recibe las aguas
colectadas por la red de alcantarillado del sector de diámetro 200 mm
en PVC.”
[…] Según la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el “Artículo 183. Distancias
mínimas para localización de sistemas de tratamiento de aguas
residuales centralizados” la “Tabla 28. Distancias mínimas de
sistemas de tratamiento de aguas residuales con relación a otra
infraestructura” establece que para una “PTAR con reactor
anaerobio”, en este caso los UASB, la distancia con respecto a centros
poblados es de mínimo 200 metros.
[…] En la visita realizada se encontró que la primera vivienda
está a 6 metros de la pared del reactor UASB, lo que incumple
el artículo 183 de la Resolución 0330 del 08 de junio de 2017
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La segunda
vivienda se encuentra a 15 metros de distancia.
[…] 2. CANAL DE ENTRADA
[…] En la visita realizada se encontró que hay una bomba en
operación y la otra fuera de servicio para mantenimiento hace
varios días, el señor Jorge Arrieta manifiesta que no se le
realiza limpieza al canal de entrada ya que no se requiere. El
bombeo no es automático, se enciende manualmente cada vez
que va el operador, en la noche no hay bombeo de agua
residual al sistema y se acumula en la cámara de entrada.
No se registra información ni se cuenta con la tabla de reporte
la cantidad y las características del material extraído según el
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documento “CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN
LA VEREDA EUCALIPTO, MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA”.
[…] 3. REJAS DE CRIBADO
[…] En la visita se encontraron marcas de rebose de agua
residual sin tratar de las rejas de cribado y el desarenador, el
señor Jorge Arrieta manifiesta que no se le realiza limpieza y
que no es necesario, en el momento que se desborda el
desarenador el agua residual corre fuera del sistema
generando malos olores a la comunidad.
No se registra información ni se cuenta con la tabla de reporte
según el documento “CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA VEREDA EUCALIPTO, MUNICIPIO DE CAREPA
ANTIOQUIA”.
Después de las rejas de cribado, el agua residual ingresa a un
desarenador donde las arenas se depositan el fondo y el agua residual
sedimentada continua hacia los UASB, las arenas son descartadas
cada 1.5 a 2 días hacia los lechos de secado.
[…]
4. DIGESTOR DE LODOS UASB
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
no se le realiza medición de caudal, pH, alcalinidad o medición
de producción de gas.
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[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
realiza purga de lodos cada 1.5 días, esto ocasiona que el
UASB no se logre estabilizar, no se genera la cantidad y calidad
del biogás que estos reactores permiten, lo que afecta a la
comunidad por malos olores y la calidad del agua efluente.
[…] En la visita realizada se encontró que el sistema de
tratamiento no cuenta con quemador de gases, lo que
ocasiona que el poco gas que se produce va directamente a la
atmósfera y genera malos olores a la comunidad.
5. FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDIENTE FAFA
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
no se requiere el lavado del material de soporte de la biomasa
y por tal motivo no ejecuta esta actividad, esto en operación
normal genera sobre carga del sistema y afecta el proceso y la
calidad del efluente.
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
no es necesario remover las natas que se acumulan sobre la
superficie del agua.
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
no purga una vez al día la línea de gas para remover el
condensado y evitar el taponamiento de la red de gas. Además,
el gas se escapa a la atmósfera afectando a la comunidad con
malos olores.
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[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
realiza purga de lodos cada 1.5 días, esto ocasiona que el FAFA
no se logre estabilizar, lo que afecta a la comunidad por malos
olores y la calidad del agua efluente.
[…] No se registra información ni se cuenta con los formatos
de control todas las labores de operación realizadas en los
FAFA, según el documento “CONSULTORIA PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA EUCALIPTO,
MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA”
6. FILTRO GRUESO DE PULIMIENTO
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
es un “Desarenador secundario” y lo opera completamente
inundado, no lo opera como un filtro de pulimento. Además, lo
purga cada dos días.
7. LECHOS DE SECADO DE LODOS DIGERIDOS
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
realiza purga de lodos cada 1.5 o 2.0 días, dependiendo del
tanque lo que no permite un tiempo de deshidratación de siete
(7) día en la celda, por lo que el lodo nunca se alcanza a secar
y lo diluye a través del lecho enviando en el efluente final, lo
que afecta la calidad del agua y del todo el tratamiento.
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
realiza purga de lodos cada 1.5 o 2.0 días, dependiendo del
tanque lo que no permite un tiempo de deshidratación de siete
(7) día en la celda, lo que no permite medir la altura de la torta
de lodos y definir cuando se debe descartar.
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
realiza purga de lodos cada 1.5 o 2.0 días, dependiendo del
tanque lo que no permite un tiempo de deshidratación de siete
(7) día en la celda, lo que no permite determinar cuándo
retirarlos de la planta.
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
lo poco que ha retirado de los lechos de secado lo dispone en
el lote de la planta.
[…] En la visita realizada el señor Jorge Arrieta manifiesta que
no repone la arena que sale adherida al lodo.
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[…]
Conclusiones:
1. La PTAR no cumple con la distancia mínima según la Resolución
0330 de 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en el “Artículo 183. Distancias mínimas para localización de
sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados”.
2. En términos generales, el agua residual ingresa al sistema de
tratamiento y pasa por los diferentes tanques, toda el agua residual
al final se filtra por los lechos de secado.
3. Los lodos y las arenas se descargan en los lechos de secado y se
diluyen constantemente con el agua residual que proviene de los
diferentes tanques.
4. El señor Jorge Luis Arrieta Cogollo quien es el que opera el sistema
de tratamiento, realiza las actividades que según él le explicaron
verbalmente, no cuenta con el manual de operación del sistema, se
encontró la planta aseada y organizada.
5. Con el fin de terminar el cumplimiento de la Resolución 0631 de
2015 para el agua residual efluente y el Decreto 1287 de 2014 para
el biosólido, se debe contratar un laboratorio acreditado tanto para la
toma de muestras como los análisis respectivos.
Recomendaciones:
1. Verificar cómo cumplir con la distancia mínima según la Resolución
0330 del 08 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio […]
2. Reentrenar al operador del sistema en cuanto a procesos
(nombres, función de cada unidad o tanque)
3. Capacitar al operador en las rutinas diarias y entregarle físicamente
el manual de operación.
4. Diligenciar y llevar registro de las actividades del operador según
manual de operación.
5. Verificar y evitar la fuga de gases malolientes a la atmósfera, esto
se puede mitigar implementando una operación adecuada de los
UASB, FAFAS y adicionalmente, instalar un sistema integral de
almacenamiento y quema de biogás.
6. Dotar a la planta de un sistema o plataformas seguras para que el
operador pueda, por ejemplo, revisar y mantener de forma segura las
rejas de cribado, ya que se encontró una escalera de madera que no
cumple con normas de seguridad ocupacional […]”14 (Resaltado de la
Sala).
14
Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento “ED_GMAILRV_REMISION(.pdf) NroActua 2”, archivo
“144Respuestaexhorto271VisitaTecnica”.
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-. Testimonio rendido por el señor Jorge Arrieta Cogollo, en su calidad
de operador de la PTAR y del acueducto de la vereda Eucalipto, quien
se refirió a la forma cómo opera la planta y las condiciones que ha
presentado desde que inició su funcionamiento, reiterando el hecho
de que no se han presentado inconvenientes en su funcionamiento.
Adicionalmente, advirtió que el predio en el que se ubicaba la planta
era de propiedad de la señora Mary Cruz Ávila.
-. Testimonio rendido por la señora Yuliana Carolina Mosquera
Suárez, en su calidad de ingeniera civil vinculada al MUNICIPIO,
quien se refirió a conceptos técnicos relacionados con las PTAR y a
que no se tenían registros de quejas presentadas por la comunidad
por problemas con la planta en la vereda Eucalipto. Asimismo,
informó que el fontanero que operaba la planta era contratado
directamente por la comunidad y que se sufragaba con los ingresos
que la misma producía.
-. Testimonio rendido por el señor Ovidio de Jesús Ardila Rodas, en
su calidad de ex alcalde del MUNICIPIO, quien se refirió a los
antecedentes de creación de la vereda Eucalipto y de la PTAR que allí
funciona y, además, manifestó que había escuchado que la planta
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estaba causando malos olores pero que no había podido ir hasta allá
a verificar.
-. Testimonio rendido por el señor Wilmar Smith Anaya Ávila,
residente de la vereda Eucalipto para los años 2019 – 2020, quien,
sobre los hechos objeto de la presente acción aseguró que: i) el
predio donde estaba ubicada la PTAR era de propiedad de la señora
Mary Cruz Ávila y que este no le había sido comprado; ii) alrededor
de la planta existían malos olores, de lo cual la comunidad se quejaba
constantemente; y iii) la zona se llenaba de agua y que se rebosaba.
-. Testimonio rendido por el señor Hugo Alberto López Agudelo, en
su calidad de propietario de un predio ubicado en la vereda Eucalipto,
quien, sobre los hechos objeto de la presente acción, aseveró que la
casa mas cercana a la PTAR estaba a más o menos 5 metros y que
su propiedad estaba cerca de allí; y coincidió con que la planta
expelía malos olores, que existían rebosamientos de agua que
cuando llovía afectaban a la totalidad de la vereda y que antes de la
PTAR no existía ningún tipo de sistema de alcantarillado.
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-. Testimonio rendido por la señora Virginia Urrego Úsuga, habitante
de la vereda la Yaya, quien afirmó que antes de la construcción de la
PTAR no existía alcantarillado en la zona, que la vivienda más cercana
a la planta estaba de 3 a 5 metros, que se presentaban malos olores,
que existía rebosamiento de aguas y que eso ocurría en muchas
ocasiones, sobre todo en época de lluvia. Además, indicó que los
malos olores le han causado vómitos, pese a estar en estado de
embarazo, y ausencia de deseo de comer, afectaciones que, según
su dicho, también han sufrido otros habitantes de la zona.
-. Testimonio rendido por el señor Edinson Murillo Mosquera, en su
calidad de asesor jurídico del MUNICIPIO para el momento en que
se construyó la PTAR, quien aseguró que la vereda Eucalipto se creó
producto de una invasión, razón por la que no contaba con acueducto
ni alcantarillado, circunstancias que se subsanaron con el tiempo.
Declaró que luego de una visita que realizó en enero de 2020 al lugar
donde está ubicada la planta, pudo observar que la vivienda situada
en cercanías de la misma estaba a escasos 3 metros de distancia,
que existían malos olores tanto en el sitio como en la vereda y
rebosamientos de aguas, al parecer, servidas.
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Asimismo, relató el procedimiento que adelantó mientras ejercía el
cargo de asesor jurídico del ente territorial para la compra del predio
en que se ubicaba la PTAR.
-. Videos y fotografías en las que se evidencia una planta de
tratamiento con rebosamientos o derrames en los tanques que la
componen, así como en el piso, tanto en el interior como en el
exterior de la misma.
De lo expuesto, la Sala evidencia que la PTAR ubicada en la vereda
Eucalipto fue financiada con recursos del MUNICIPIO, del
DEPARTAMENTO y de CORPOURABA, conforme lo estipulado en
el convenio interadministrativo de asociación núm. 4600009854 de
2019; y que fue construida y entró en funcionamiento en el año 2020,
y es operada por un fontanero miembro de la comunidad.
Del mismo modo, la Sala advierte que de los informes rendidos por
el MUNICIPIO y por la autoridad ambiental, no se evidencia que el
funcionamiento de la PTAR ha causado o causa una afectación al
medio ambiente, pues según lo dicho, no presenta rebosamientos o
desbordamientos que afecten a la comunidad y tampoco expele
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malos olores, a contrario sensu, se asegura que funciona en óptimas
condiciones y que cumple la función que le corresponde.
Sin embargo, el dictamen pericial rendido por Empresas Públicas de
Medellín afirma que: i) la planta no cumple con la distancia mínima
requerida en la Resolución núm. 0330 de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, pues la primera vivienda se encuentra
a 6 metros de la pared de uno de los reactores y la segunda está a
15 metros de distancia; ii) toda el agua residual que ingresa al
sistema de tratamiento, al final se filtra por los lechos de secado, lo
que ocasiona malos olores a la comunidad; iii) los lodos y arenas se
descargan en los lechos de secado y se diluyen en el agua residual
que procede de los tanques; iv) el operador de la planta no cuenta
con manual de operaciones y ejecuta su labor con base en la
explicación verbal que le fue realizada; y v) para dar cumplimiento a
la Resolución núm. 0631 de 2015 y el Decreto 1287 de 2014, se
debía contratar un laboratorio acreditado para la toma de muestras
y análisis respectivo.
Adicionalmente, se puso de presente que el sistema era manual y se
ponía en funcionamiento cada vez que el operador iba a la planta, no
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existía registro de la información ni reporte de la cantidad y
características del material extraído, tampoco se realiza medición del
caudal, pH, alcalinidad o producción de gas y el biogás que se
produce afecta a la comunidad por malos olores y la calidad de agua
del afluente, entre otros aspectos, que ponen en evidencia que la
planta no es operada con los conocimientos técnicos requeridos.
Conforme lo expuesto, la Sala considera que si bien no se encuentra
acreditada suficientemente la vulneración de los derechos colectivos
amparados en primera instancia, sí está demostrada su amenaza,
pues del dictamen pericial practicado y de los testimonios rendidos,
se advierte que existe una deficiente operación de la PTAR, lo cual
podría afectar el derecho al goce de un ambiente sano y a la
seguridad y salubridad pública, ya que como se advirtió por parte de
la empresa que realizó el peritaje, pese a que la planta funciona, lo
cierto es que presenta una serie de deficiencias operativas que
posiblemente ha ocasionado el derrame de aguas residuales,
producción de gas o biogás directamente a la atmosfera y en esa
medida malos olores.
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Respecto del carácter preventivo de las acciones populares la
jurisprudencia de la Corporación ha explicado que este medio de
defensa también procede, incluso, cuando el derecho o interés
colectivo está amenazado y es necesario evitar un daño contingente
o hacer cesar el peligro15.
En efecto, el artículo 2º de la Ley 472 faculta al juez para adoptar
medidas de protección cuando se demuestran hechos causantes de
«daño contingente, peligro o amenaza» para los derechos
colectivos.
Por su parte, la Corte Constitucional ha considerado que la naturaleza
preventiva de las acciones populares implica que no es requisito para
su ejercicio el que se consolide un daño o perjuicio de los derechos o
intereses que se busca amparar, sino que basta que exista la
amenaza o riesgo de que se produzca en razón de los fines públicos
que las inspiran16.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 13de
febrero de 2018, número único de radicación 25000-23-15-000-2002-02704-01, CP: William
Hernández Gómez.
16
Sentencia C-215 de 1999, Magistrada ponente (E): Martha Victoria Sáchica De Moncaleano.
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Así las cosas, atendiendo a las distintas dimensiones del derecho al
goce al ambiente sano, en especial, aquella referida a su objetivo
social, el cual supone la conservación de las condiciones del medio
ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de las generaciones presentes y futuras, y al
deber del Estado de conservación del medio ambiente, eficiente
manejo de los recursos y fomento del desarrollo sostenible 17, la Sala
considera que el mencionado derecho colectivo se encuentra
amenazado por la indebida operación de la PTAR objeto de la
presente acción, la cual ha ocasionado derrames, rebosamiento de
aguas residuales, malos olores, así como fuga de gases directamente
a la atmosfera.
Asimismo, a juicio de la Sala, lo anterior también amenaza el derecho
a la seguridad y salubridad pública, pues dicho derecho propende,
entre otras, por la salvaguarda de la salud de la población por medio
de acciones de salubridad, tanto individuales como colectivas, así
como por la garantía del bienestar de la comunidad18.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de junio
de 2024. Rad: 630012333000202200040-01. M.P: Hernando Sánchez Sánchez.
18
Supra nota 17.
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En consecuencia, contrario a lo sostenido por el recurrente, la
amenaza a los derechos colectivos invocados sí se encuentra
debidamente fundamentada, pese a que no se demostraron los
hechos narrados en el escrito de la demanda, en los términos
expresamente señados, pues existe evidencia de que por la indebida
operación de la PTAR de la vereda Eucalipto del MUNICIPIO,
presenta rebosamientos o derrames de aguas residuales y malos
olores, así como liberación de gases directamente a la atmosfera, lo
que acredita que se está en presencia de una problemática social que
debe ser atendida por parte del ente territorial, como encargado de
la prestación del servicio público de alcantarillado.
Conforme a lo expuesto, la Sala considera que la decisión de declarar
la amenaza de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano
y a la seguridad y salubridad públicas por parte del ente territorial
fue acertada, así como las órdenes impartidas, pues propenden: i)
por la solución de la problemática social que fue advertida; ii) se
acompasan con los instrumentos que establece el ordenamiento
jurídico para la garantía de los derechos colectivos; y iii) se enmarcan
en las competencias y deberes de las entidades accionadas.
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Ahora bien, en cuanto al cuestionamiento efectuado por el
MUNICIPIO a los testimonios valorados, la Sala estima que aun
cuando se rindieron por personas que aseguran no vivir en la vereda
Eucalipto, lo cierto es que si viven cerca de la misma y/o tienen
conocimiento directo de lo que allí ocurre, además, son coincidentes
en afirmar que la planta tiene rebosamientos o derrames, que expele
malos olores y que muy cerca de la PTAR existen viviendas, cuyas
afirmaciones concuerdan con el dictamen pericial que fue rendido por
EPM.
Por lo tanto, la Sala al realizar un análisis conjunto de los medios de
prueba considera que los testimonios rendidos deben ser valorados
bajo la óptica previamente expuesta.
Lo anterior, no desconoce el hecho de que la construcción de la PTAR
por parte del ente territorial mejoró la calidad de vida de los
habitantes de la vereda Eucalipto, ni el “agradecimiento” que según
el MUNICIPIO muchos de ellos han manifestado. Por el contrario,
la presente acción propende porque esas buenas condiciones de vida
permanezcan e incluso sean mejores que las actuales.
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Ahora bien, en cuanto a las grabaciones y fotografías aportadas, la
jurisprudencia de esta Sección ha indicado de manera reiterada que:
“[…] lo primero a tener en cuenta es que esta Corporación ha
indicado que para que las fotografías tengan connotación
probatoria y puedan ser valoradas conforme a las reglas de la sana
crítica, se debe tener certeza de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que fueron tomadas, lo que normalmente se devela a
través de otros medios de prueba complementarios […]”19.
Conforme con lo anterior, la Sala observa que en el presente caso
ninguno de los videos y fotografías obrantes en el expediente permite
tener un contexto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que fueron tomados. Sin embargo, dicho valor probatorio no le resta
firmeza a las conclusiones expuestas sobre la amenaza a los
derechos colectivos invocados.
Finalmente, en cuanto al argumento de que la motivación de la
demandante en la interposición de la presente acción es de carácter
particular, porque al parecer el MUNICIPIO no le pagó el valor del lote
en que en que se encuentra la PTAR, que es de su propiedad, la Sala
considera que basta con señalar que: i) no existe ningún medio probatorio
obrante en el expediente que acredite esta circunstancia; ii) esa discusión
escapa de la órbita de competencia de la acción popular, pues en nada se
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de mayo
de 2020. Rad: 68001 23 33 000 2018 00913 01. M.P: Oswaldo Giraldo López.
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relaciona con la amenaza a los derechos colectivos invocados; y iii) este
hecho no le resta legitimidad a la actora para promover la presente acción,
conforme lo consideró el Tribunal, pues cualquier persona puede acudir
ante un juez para reclamar el amparo de los derechos colectivos cuando
advierta su amenaza o transgresión, como en efecto ocurrió en el asunto
sub examine.
Ahora, la Sala MODIFICARÁ el ordinal CUARTO de la parte resolutiva
de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de Verificación del
cumplimiento de la sentencia estará integrado por el magistrado ponente
del Tribunal, quien lo presidirá, y se confirmará en lo demás el fallo de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal CUARTO de la parte resolutiva
de la sentencia de 6 de diciembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el cual quedará así:
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“CUARTO: CONFORMAR un COMITÉ DE VERIFICACIÓN para la
constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la presente
sentencia, en los términos de los artículos 34 de la Ley 472 de 1998,
el cual estará integrado por: i) el Magistrado Ponente, quien lo
presidirá; ii) la actora popular iii) un representante de la comunidad;
iv) un delegado de cada una de las entidades públicas obligadas, esto
es, Municipio de Carepa, Corpourabá, y el Departamento de Antioquia
y v) el personero municipal de Carepa”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de julio de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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