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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00086-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2015-00086-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2015-00086-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00086-00
Referencia. Medio de control de nulidad
Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO

TESIS: SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SÍ ESTABA FACULTADO Y ERA
COMPETENTE PARA EXPEDIR LA EXPRESIÓN ACUSADA, POR
VIRTUD DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA QUE LE CONFIERE EL
ARTÍCULO 189, NUMERAL 11, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y
CON EL OBJETO DE REGLAMENTAR LAS LEYES 1285 DE 2009
(ARTÍCULO 13), 446 DE 1998 (ARTÍCULO 75) Y 640 DE 2001
(CAPÍTULO V), SOBRE LA CONCILIACIÓN JUDICIAL Y
EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, EN
LO RELACIONADO CON LOS REQUISITOS PARA LA PETICIÓN DE LA
CONCILIACIÓN. DICHA EXPRESIÓN NO ESTABLECE UNA CONDUCTA
QUE PUEDA SER CASTIGADA COMO DELITO; NI CONTRADICE EL
ARTÍCULO 10º DEL DECRETO 2150 DE 1995, MODIFICADO POR EL
ARTÍCULO 7º DEL DECRETO LEY 019 DE 2012, NI LA SENTENCIA C-
340 DE 1996; TAMPOCO FUE EXPEDIDA CON FALSA O FALTA DE
MOTIVACIÓN.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por el

ciudadano ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO tendiente a que

se declare la nulidad de la expresión, “bajo la gravedad de

juramento” contenida en el literal i) del artículo 6º del Decreto 1716

de 14 de mayo de 2019, “Por el cual se reglamenta el artículo

13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de

2

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”, expedido por el

GOBIERNO NACIONAL1.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La demanda

El ciudadano ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO, obrando en

nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad, previsto

en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo - CPACA2, presentó demanda ante esta

Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa

suspensión provisional de los efectos de la expresión, “bajo la

gravedad de juramento”, contenida en el literal i) del artículo 6º

del Decreto 1716 de 14 de mayo de 2019, “Por el cual se

reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo

75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de

2001”, expedido por el GOBIERNO NACIONAL.

I.2.- Fundamentos de derecho

En apoyo de sus pretensiones, el actor adujo la violación de los

artículos 29, 40, -numeral 6-, 116, 150, 189, -numeral 11-, y 229 de

1
Conformado por el Presidente de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia, hoy Ministerio
de Justicia y del Derecho. Se precisa que para la fecha de admisión de la demanda (30 de junio de
2015), la Sección no había adoptado el criterio de vincular al presidente de la República, establecido en
el proveído de 15 de febrero de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, exp. núm. 11001-03-24-000-
2014-00573-00.
2
En adelante CPACA.

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la Constitución Política; 137 del CPACA; y el Decreto 019 de 10 de

enero de 20123.

Concretamente, señaló los siguientes cargos de violación:

. PRIMER CARGO: INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 29 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.

Señaló que el presidente de la República no puede, en ejercicio

ordinario de sus funciones, definir o establecer mediante decreto

ordinario o administrativo, conductas cuya inobservancia puedan ser

castigadas como delito, porque la descripción de las conductas típicas

como lo dispone el artículo 29 de la Constitución Política, solo puede

ser establecida por la ley, cuya elaboración corresponde al Congreso

de la República.

. SEGUNDO CARGO: INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 10º DEL
DECRETO LEY 2150 DE 1995 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO
25 DE LA LEY 962 DE 2005 A SU VEZ MODIFICADO POR EL
ARTÍCULO 7º DEL DECRETO LEY 019 DE 2012. ASIMISMO, AL
ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
COLOMBIA.

Indicó que el artículo 7º del Decreto Ley 019 solo es aplicable para

el trámite de actuaciones administrativas, no así para las actuaciones

judiciales, caso en el cual el legislador se reservó la facultad de

establecer las que deban surtirse bajo la gravedad de juramento, en

3
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”.

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Nulidad

virtud del principio de legalidad.

Precisó que, al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia

C-340 de 1o. de agosto de 19964, declaró la exequibilidad del

artículo 10º del Decreto 2150 de 5 de diciembre de 19955, en cuanto

eliminó las declaraciones extrajudiciales dentro de las actuaciones

administrativas, bastando solo la afirmación que hiciere el particular

ante la autoridad administrativa, la cual se entiende bajo la gravedad

del juramento, pero bajo el entendido de que dicha facultad la

entregó el legislador al Ejecutivo solo frente a las actuaciones

administrativas.

Manifestó que la expresión acusada contraviene lo dispuesto en el

referido artículo 10º del Decreto 2150 de 1995, modificado por el

artículo 25 de la Ley 962 de 8 de julio de 20056, a su vez modificado

por el artículo 7º del Decreto Ley 019 de 2012, al aplicar: “la

prohibición de exigir declaraciones extrajudiciales, bastando para

surtirla la sola afirmación que el particular haga ante la autoridad, la

cual se entiende hecha bajo la gravedad de juramento”, la cual, se

reitera, solo puede ser aplicable a las actuaciones administrativas

mas no a las judiciales.

4
M.P. José Gregario Hernández Galindo.
5
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.
6
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos
de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos.”

5

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Nulidad

Agregó, para sustentar la infracción al artículo 116 de la Constitución

Política, que las leyes 270 de 7 de marzo de 19967, 446 de 7 de julio

de 19988, 640 de 5 de enero de 20019 y 1395 de 12 de julio de

201010 otorgaron precisas facultades a los agentes del Ministerio

Público para adelantar el trámite de conciliación extrajudicial en

derecho en materia contencioso administrativa, razón por la que los

invistió de función jurisdiccional, en las precisas competencias

asignadas y por tal motivo, entre otras, pueden por ejemplo proferir

autos.

Anotó que la expresión acusada contraviene lo dispuesto en el

artículo 10º del Decreto Ley 2150, al aplicar: “la prohibición de exigir

declaraciones extrajudiciales, bastando para surtirla la sola

afirmación que hiciere el particular haga ante la autoridad, la cual se

entiende hecha bajo la gravedad del Juramento”, la cual solo es

aplicable en actuaciones administrativas, quedando excluidas las

actuaciones judiciales.

. TERCER CARGO: INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 150,
NUMERAL 10, Y 189, NUMERAL 11, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE COLOMBIA Y FALTA DE COMPETENCIA DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

7
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
8
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
9
“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
10
“Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.

6

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Nulidad

Alegó que se vulneró el artículo 150, numeral 10, de la Constitución

Política y existió falta de competencia del presidente de la República,

por cuanto él no es el competente para expedir leyes, ni se encuentra

revestido por el Congreso de la República para expedir tal normativa

con fuerza de ley.

Adujo que la expresión “bajo la gravedad de juramento”, contenida

en la disposición acusada, infringe el artículo 189, numeral 11, de la

Constitución Política, por extralimitación de la potestad

reglamentaria, ejercida mediante la expedición del citado Decreto.

Anotó que en ejercicio de dicha potestad reglamentaria, el

presidente de la República, no puede, mediante decreto

reglamentario, como lo es el Decreto 1716 de 2009 acusado,

entrar a regular materias de reserva legal, ya que la exigencia de

prestar juramento para agotar el requisito de procedibilidad de

conciliación extrajudicial en derecho, en materia contencioso

administrativa, no fue establecida previamente en las leyes respecto

de las cuales el presidente de la República podía ejercer potestad

reglamentaria, razón por la que se infringió el artículo 150, numeral

10, de la Constitución Política.

. CUARTO CARGO: FALSA MOTIVACIÓN O FALTA DE
MOTIVACIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 10º DEL
DECRETO LEY 2150 DE 1995 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO

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25 DE LA LEY 962 DE 2005 A SU VEZ MODIFICADO POR EL
ARTÍCULO 7º DEL DECRETO LEY 019 DE 2012.

Expresó que el presidente de la República incurrió en una falta de

motivación, en cuanto no mencionó, en el texto del Decreto 1716

de 2009 acusado, como motivación (fundamento de derecho) que

pretendía reglamentar el artículo 10º del Decreto Ley 2150 de 1995,

modificado por el artículo 25 de la Ley 962; y que “en caso de que

hubieran sido sus verdaderos motivos para establecer tal situación,

entonces estaría viciado igualmente” por falsa motivación.

II.3.- Contestación

El Ministerio de Justicia y del Derecho, se opuso a las

pretensiones de la demanda, para lo cual adujo, en síntesis, lo

siguiente:

Sostuvo que la expresión demandada no resulta violatoria de las

normas superiores invocadas como violadas, porque encuentra

fundamento en las normas establecidas para la implementación de

medidas de descongestión de la administración de justicia, que el

Estado ha adoptado en beneficio de los ciudadanos que acuden ante

las diferentes jurisdicciones, para solucionar los conflictos que se

presentan.

8

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Nulidad

Indicó que el parágrafo 3º del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010 es

uno de los requisitos legitimados para ser previstos en el reglamento

del artículo 6º del Decreto 1716 demandado.

Señaló que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-598 de

201111, con ocasión del estudio de constitucionalidad del artículo 52

de la Ley 1395, que establece los requisitos que debe reunir la

solicitud de conciliación, señaló que las exigencias establecidas en

dicha norma no resultaban excesivas para quienes pretenden acudir

a la jurisdicción contencioso administrativo y que, por el contrario,

propenden por determinar la legitimidad de la solicitud de

conciliación, asegurando la seriedad de la pretensión.

Expresó que la disposición acusada no prevé una descripción típica

de un comportamiento ilícito, pues adolece, en su estructura, de un

verbo rector, de los sujetos activos y pasivo y no describe una

sanción punitiva, tal y como se encuentra establecido en el artículo

9º de la Ley 599 de 24 de julio de 200012.

Afirmó que la finalidad de la norma es evitar la duplicidad de

trámites, que congestionen los despachos de los procuradores

judiciales y de la administración de justicia, pero en momento alguno

a modificar las normas citadas por el demandante.

11
M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
12
"Por la cual se expide el Código Penal."

9

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II.4.- Medida cautelar. A través de la providencia de 18 de

noviembre de 2015, el despacho denegó la solicitud de suspensión

provisional de los efectos de la expresión acusada. La decisión fue

confirmada mediante proveído de 4 de abril de 2017, que resolvió el

recurso de reposición.

II.5.- El Despacho sustanciador, el 6 de abril de 2017, celebró la

audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA (redacción

original), fijó el litigio13, resolvió sobre las pruebas aportadas por las

partes, y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que

presentaran sus alegatos de conclusión de conformidad con lo

dispuesto en el inciso final del artículo 181 idem.

13
“[…] El objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, la contestación de la misma, la medida
cautelar y su contestación, consiste en determinar si la expresión “bajo la gravedad del Juramento”
contenida en el literal i) del artículo 6° del Decreto núm. 1716 de 14 de mayo de 2009, “Por el cual se
reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capitulo
V de la Ley 640 de 2001”, expedido por el Gobierno Nacional, vulnera los artículos 29, 116, 150,
numeral 10, 189, numeral 11, de la Constitución Política, en síntesis, por cuanto (i) el acto demandado
no corresponde a una ley o norma con fuerza de ley, sino que se trata de un Decreto ordinario a través
del cual no se pueden definir o establecer conductas cuya inobservancia pueda ser sancionada como
delito, porque ello es de Ley; (ii) el Presidente de la Republica no tiene competencia para expedir leyes
y no fue revestido por el Congreso de la Republica para expedir la disposición acusada con fuerza de
ley; y (iii) se extralimito en la potestad reglamentaria que le otorga la Constitución; y el artículo 10°
del Decreto Ley 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005, modificado por el
artículo 7° del Decreto Ley 019 de 2012, por que dicha norma solo es aplicable a actuaciones
administrativas no así a la actuaciones judiciales, caso en el cual el Legislador se reservó la facultad de
establecer las situaciones que deban surtirse bajo la gravedad del juramento, en virtud del principio de
legalidad; y que se incurrió en una nulidad por falta de motivación al no haber mencionado en la parte
motive del acto acusado que pretendía reformar el citado artículo 10°, “y que en caso de que hubieran
sido sus verdaderos motivos para establecer tal situación”, estaría viciado de nulidad por falsa
motivación, conforme a lo expuesto por el actor a folios 13 a 23 del cuaderno principal y 1 a 11 del
cuaderno de medidas cautelares; y a lo respondido por la parte demandada a folios 38 a 40 vuelto del
cuaderno principal y 16 a 20 de la medida cautelar, que, entre otros, soporta su defense en el parágrafo
3° del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, “Por la cual se adoptan medidas de descongestión judicial”,
como uno de los requisitos legitimados para ser contemplados en el reglamento de dicho artículo, el
cual como lo dijo la Corte Constitucional, es el artículo 6° del Decreto 1716 de 2009, declarado exequible
en la sentencia C-598 de 10 de agosto de 2011, al considerar que los requisitos establecidos en dicha
norma no constituían una exigencia excesiva en términos de constitucionalidad. Que de acuerdo con
las disposiciones que regulan la supresión de trámites innecesarios en la Administración Pública, la
expresión demandada se constituye en una manifestación del solicitante que se presume de buena fe,
cuando afirma no haber presentado previamente solicitudes de conciliación o demandas en relación con
los mismos hechos; que la finalidad de dicha norma es la de evitar duplicidad de trámites que
congestionen los Despachos de los Procuradores Judiciales y de la Administración de Justicia, pero en
momento alguno a modificar las normas referidas por el demandante; y que no se está frente a una
conducta que pueda ser considerada como delito, tal como está establecido en el artículo 9° de la Ley
599 de 2000 […]”.

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II.6.- Alegatos de conclusión

II.6.1.- El Ministerio de Justicia y del Derecho14 reiteró los

argumentos de la contestación de la demanda, en el sentido de que

la norma demandada no establece una descripción típica de un

comportamiento ilícito, no violó la reserva legal ni excedió la potestad

reglamentaria, evita la duplicidad de trámites y no establece que se

allegue una declaración extrajuicio.

II.6.2.- La Procuraduría Delegada para la Conciliación

Administrativa15, solicitó denegar las pretensiones de la demanda

porque no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de la

expresión acusada.

Advirtió que lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia

C-598 de 2011 constituye un parámetro de constitucionalidad que

debe ser valorado por el juez contencioso administrativo, al momento

de ejercer el control de legalidad del acto acusado.

Adujo que la imposición de la exigencia prevista en el literal i) del

artículo 6º del Decreto 1716 acusado, consistente en que quien

presente una solicitud de conciliación, ante la Procuraduría General

de la Nación, debe manifestar “bajo la gravedad de juramento” no

14
Folios 129 a 131 del C.1.
15
Folios 112 a 128 del C.1.

11

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haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en

los mismos hechos, resulta no solo proporcionada y razonable, sino

que la misma se justifica a la luz de los postulados constitucionales.

Indicó que dicho requerimiento persigue varias finalidades legítimas,

entre las cuales, se destacan: i) garantizar que quien acuda a la

conciliación extrajudicial goce de una pretensión seria y legítima para

conciliar; ii) evitar la duplicidad de trámites conciliatorios sobre la

base de los mismos hechos, el desgaste de la conciliación como

mecanismo alternativo de solución de controversias y la congestión

de los despachos de los procuradores judiciales para asuntos

administrativos y de la administración de justicia; iii) favorece los

principios de celeridad y economía procesal, el acceso a la

administración de justicia y redunda en una justicia más pronta,

oportuna, eficiente y eficaz; y iv) salvaguardar la eficacia de la

conciliación, ya que permite hacer más recta, eficiente y eficaz la

labor desempeñada por los agentes conciliadores y evita el uso

abusivo y temerario de la conciliación, contraria al principio de lealtad

procesal.

Agregó que la exigencia contenida en la disposición parcialmente

acusada persigue finalidades que resultan legítimas desde el punto

de vista constitucional, porque permite favorecer principios de rango

constitucional, como la celeridad, economía procesal, transparencia,

12

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eficacia, rectitud de la administración de justicia y lealtad procesal,

evitando el uso abusivo de la figura de la conciliación extrajudicial y

el desgaste en la administración de justicia.

Expresó que el juramento ha sido concebido desde sus orígenes como

un acto solemne y ritual con el cual se busca la garantía de la

veracidad, rectitud, el compromiso y fidelidad de quien se

compromete con sus afirmaciones.

Precisó que la disposición acusada no está llamada a establecer una

conducta antijurídica, ni a crear una sanción de carácter penal por la

inobservancia de dicha conducta.

Sostuvo que la expresión demandada no está exigiendo una

declaración extrajuicio, sino el requerimiento consistente en declarar

que no se presentaron demandas o solicitudes de conciliación sobre

los mismos hechos, la cual se debe realizar bajo la gravedad de

juramento. Tampoco tiene vocación de reformar el artículo 10º del

Decreto 2150, ya que el mismo fue expedido por el Gobierno

Nacional, con el fin de reglamentar los artículos 13 de la Ley 1285 de

22 de enero de 200916 y 75 de la Ley 446, y el capítulo V de la Ley

640.

16
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia”.

13

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Manifestó que el Decreto acusado goza de la motivación exigida para

esta clase de actos administrativos de carácter general, ya que en él

se indicaron con precisión y claridad los fundamentos

constitucionales y legales para su expedición, -artículo 189, numeral

11 de la Constitución Política-, y el objeto del acto, el cual fue

expedido con el propósito de reglamentar los artículos 13 de la Ley

1285, 75 de la Ley 446 y el capítulo V de la Ley 640.

II.6.3 El actor de manera extemporánea adujo que el presidente de

la República se extralimitó en el ejercicio de la potestad

reglamentaria, al establecer una actuación que debe surtirse bajo la

gravedad de juramento sin que las leyes reglamentadas señalen tal

exigencia; y que la conciliación extrajudicial, en materia contencioso

administrativa, no es una actuación administrativa, razón por la que

no es aplicable lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto Ley 2150,

modificado por el artículo 25 de la Ley 962.

Alegó que se estableció un elemento del tipo penal, vía reglamento,

sin autorización legal.

Indicó que la Corte Constitucional no examinó la legalidad del

Decreto 1716, en la sentencia C- 589 de 2011 y que la expresión

14

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demandada no es necesaria para garantizar la tranquilidad del

conciliador.

Indicó que con posterioridad a la radicación del presente proceso, el

Gobierno Nacional expidió el Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015,

en el que se tomó como fundamento de derecho, el literal objeto de

esta demanda, y lo reprodujo en el literal i) del artículo 2.2.4.3.1.1.6

de esa disposición, razón por la cual solicita declarar también la

nulidad de la expresión “bajo gravedad de juramento”, contenida en

el nuevo precepto.

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la

expresión, “bajo la gravedad de juramento”, contenida en el

literal i) del artículo 6º del Decreto 1716, “Por el cual se

reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo

75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de

2001”, expedido por el Gobierno Nacional.

La disposición acusada es del siguiente tenor:

“[…] DECRETO 1716 DE 2009
(mayo 14)

“Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de

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2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V
de la Ley 640 de 2001”.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de la potestad que le confiere el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

CAPITULO I

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN ASUNTOS DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[…]

ARTÍCULO 6°. PETICIÓN DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL. La petición de conciliación o extrajudicial
podrá́ presentarse en forma individual o conjunta por los
interesados, ante el agente del Ministerio Público (reparto)
correspondiente, y deberá́ contener los siguientes requisitos:
[…]

i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento, de
no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación
con base en los mismos hechos;

[…]” (Destacado fuera de texto).

El primer cargo consiste en que el presidente de la República no

puede, en ejercicio ordinario de sus funciones, definir o establecer

mediante decreto ordinario o administrativo, conductas cuya

inobservancia puedan ser castigadas como delito, porque la

descripción de las conductas típicas, como lo dispone el artículo 29

de la Constitución Política, solo puede ser establecida por la ley, cuya

elaboración corresponde al Congreso de la República.

De conformidad con lo señalado en el literal i) del artículo 6º del

Decreto 1716, dicho literal lo que establece es un requisito que

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debe contener la petición de conciliación extrajudicial, esto es, que

se haga una manifestación “bajo la gravedad del juramento” de

no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base

en los mismos hechos; pero en manera alguna la disposición acusada

establece o describe una conducta constitutiva de delito o un hecho

punible con su correspondiente sanción o pena, ni que su

inobservancia puede ser castigada por delito, conforme lo aduce el

actor.

Al respecto, se debe tener en cuenta que conforme al artículo 9º del

Código Penal, -Ley 599-, para que una conducta sea punible se

requiere que sea típica, antijurídica y culpable.

En sentencia C-996 de 2 de agosto de 200017, la Corte Constitucional

señaló que el delito se refiere a la violación de una ley general y

abstracta; y que sólo es punible el hecho descrito en la ley y

sancionado con una pena.

Asimismo, precisó que la determinación de los tipos penales implica

el señalamiento de los elementos que estructuran el tipo penal, que

indican que es esa y no otra la conducta que de manera objetiva, da

lugar a una sanción penal, de la siguiente manera:

17
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-996 de 2 de agosto de 2000, M.P. Antonio Barrera
Carbonell, Expediente núm. D-2787.

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

“[…] 3.1. Ante la necesidad de evitar la arbitrariedad judicial
y de asegurar la libertad de los ciudadanos, los clásicos
entendieron que el delito como ente jurídico no era otra
cosa, que la violación de una ley general y abstracta,
pues ningún acto del hombre puede ser reprochado a
éste, si una ley no lo prohíbe.

Luego, con el fin de consolidar esta garantía y de legitimar
las decisiones tomadas en materia jurídico penal, se
construyeron dos principios: las penas deben estar señaladas
en la ley, y sólo es punible el hecho descrito en la ley y
sancionado con una pena, los cuales se recogieron en los
conocidos aforismos nullum crimen sine previa lege penale y
nulla poena sine lege.

Le corresponde, por lo tanto, al legislador describir de
manera clara, precisa e inequívoca, las conductas que
han de considerarse como hechos delictivos. Por ello,
aquellas normas ambiguas, extremadamente generales e
indeterminadas, esto es, las que consagran como hechos
punibles comportamientos cuya descripción resulta inexacta,
difusa o imprecisa, desconocen el mandato contenido en el
artículo 29 de la Constitución, pues permiten diferentes
interpretaciones y dan lugar a la arbitrariedad judicial.

En diferentes oportunidades la Corte, se ha ocupado de
examinar la naturaleza y alcance del principio de legalidad en
materia penal, tanto desde el punto de vista de la ley
sustantiva como de la procesal. Al respecto, en sentencia C-
843/99 esta Corporación se pronunció de la siguiente
manera:

"El principio de legalidad penal constituye una de las
principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye
una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos,
ya que les permite conocer previamente las conductas
prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese
principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad
judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el
poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de
derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen
expresamente cuando establecen que nadie puede ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa (CP art. 29).

Esta Corte ha precisado además (Ver sentencia C-559 de 1999,
MP Alejandro Martínez Caballero, Fundamentos 15 y ss) que
en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o
reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los
hechos punibles, no es suficiente, y debe ser complementado
por un principio de legalidad en sentido estricto, también
denominado como el principio de tipicidad o taxatividad, según
el cual, las conductas punibles y las penas deben ser no sólo

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

previa sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de
suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una
conducta concreta se adecua a la descripción abstracta
realizada por la ley. Sólo de esa manera el principio de
legalidad cumple verdaderamente su función garantista y
democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas
y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. En efecto,
únicamente si las descripciones penales son taxativas, pueden
las personas conocer con exactitud cuáles son los
comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces, en el
proceso de adecuación típica, se limita a determinar si,
conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado
cometió o no el hecho punible que se le imputa.

"El principio de taxatividad penal implica no sólo que las
conductas punibles deben estar descritas
inequívocamente sino que las sanciones a imponer
deben estar también previamente predeterminadas,
esto es, tiene que ser claro cuál es la pena aplicable, lo
cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las
sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los
criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta
el juzgador al imponer en concreto el castigo. En efecto,
según la Carta, nadie puede ser juzgado sino "conforme a
leyes preexistentes al acto que se le imputa" (CP art. 29), lo
cual significa, para lo relativo a la pena, que es el legislador,
única y exclusivamente, el llamado a contemplar por vía
general y abstracta la conducta delictiva y la sanción que le
corresponde. Por su parte, el artículo 15-1 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9º de la Convención
Interamericana señalan que a nadie se le “puede imponer
pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito”, lo cual significa que la pena tiene que
estar determinada previamente en la ley pues sólo así puede
conocerse con exactitud cuál es la pena más grave
aplicable..."

3.2. Por consiguiente, el límite al poder punitivo del Estado,
en lo relativo a asegurar el principio de legalidad, se refleja
como garantía de objetividad, pues la finalidad perseguida
con la determinación de los hechos punibles consiste en que
sean previsibles para el ciudadano los presupuestos de
punibilidad y la clase de pena imponible para reprimir la
conducta ilícita.
[…]

3.3. Cuando el legislador describe cuáles comportamientos
han de tenerse como delictivos, ello implica que el proceso
de adecuación típica no permite una interpretación arbitraria
de los tipos penales. Pero, a su vez, éste no conduce a un
mero hacer mecánico del operador jurídico, pues el juicio de
tipicidad que éste realiza le permite analizar en qué
condiciones cuando una conducta se adecua a uno u otro tipo

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00086-00
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Nulidad

delictivo y cuando no. En este sentido, resulta evidente que
corresponde al investigador o al juzgador determinar qué tipo
de imputación en relación con la persona vinculada al proceso
penal, deriva en un hecho punible.

Esta observación resulta trascendental, pues la
responsabilidad penal que se atribuye a un sujeto
determinado comienza por el proceso de adecuación típica,
el cual dicho en otras palabras, es un juicio de tipicidad por
parte del operador jurídico. Debe luego, debe considerarse
que el funcionario judicial, debe hacer la interpretación de los
tipos penales en forma estricta, lo cual significa que no le
está permitido hacerla en forma extensiva o restringida.

En síntesis, la determinación de los tipos penales
implica el señalamiento de los elementos que
estructuran el tipo penal, que indican que es esa y no
otra la conducta que de manera objetiva, da lugar a
una sanción penal. Por consiguiente, siempre será del
orden restrictivo, en cuanto limita el poder punitivo del
Estado.

De esta manera, el principio de legalidad estricta se asegura
y garantiza, pues al funcionario judicial no le corresponde la
función de crear tipos penales, en razón de que esta labor
conforme quedó antes expresada, corresponde al legislador,
según las voces del numeral 2 e inciso 3 del artículo 150 de
la Constitución. Por eso resulta importante resaltar que la
actividad del funcionario judicial habrá de ser
complementaria en la medida que debe constatar si los
hechos legalmente establecidos y probados dentro del
proceso penal, se adecuan a los elementos que se establecen
en los tipos penales. […]” (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, en virtud de lo señalado en la citada sentencia y en el

artículo 9º del Código Penal, -Ley 599-, para la Sala, lo dispuesto en

la disposición acusada no describe una conducta típica, antijurídica y

culpable que pueda ser considerada una conducta punible, ni

determina los elementos que estructuran un tipo penal, ni la sanción

penal.

En otras palabras, lo dispuesto en la disposición acusada no define

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un comportamiento que ha de tenerse como delictivo, al requerir que

la petición de conciliación extrajudicial debe contener es una

manifestación “bajo la gravedad del juramento” de no haber

presentado demandas o solicitudes de conciliación con base en los

mismos hechos, ni mucho menos establece que la inobservancia de

esa norma de lugar a la imposición de una sanción penal o de otra

consecuencia, como lo adujo el actor, y, en tal sentido, no existió

desconocimiento del debido proceso.

En consecuencia, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

El segundo cargo es el relativo a que la expresión acusada

contraviene lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 2150 de 1995,

modificado por el artículo 25 de la Ley 962, a su vez modificado por

el artículo 7º del Decreto Ley 019 de 2012, el cual solo es aplicable

para el trámite de actuaciones administrativas, no así para las

actuaciones judiciales, caso en el cual el legislador se reservó la

facultad de establecer las que deban surtirse bajo la gravedad de

juramento, en virtud del principio de legalidad.

Que la Corte Constitucional mediante sentencia C-340 de 1º de

agosto de 199618 declaró la exequibilidad del artículo 10º del Decreto

18
M.P. José Gregario Hernández Galindo.

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2150 de 5 de diciembre de 199519, en cuanto eliminó las

declaraciones extrajudiciales dentro de las actuaciones

administrativas, bastando solo la afirmación que hiciere el particular

ante la autoridad administrativa, la cual se entiende bajo la gravedad

del juramento, pero bajo el entendido de que dicha facultad la

entregó el legislador al Ejecutivo solo frente a las actuaciones

administrativas.

Asimismo, se alegó que se violó el artículo 116 de la Constitución

Política, el cual otorgó a los agentes del Ministerio Público funciones

jurisdiccionales para adelantar el trámite de conciliación extrajudicial

en materia contencioso administrativa, si se tiene en cuenta que la

expresión acusada contraviene lo dispuesto en el artículo 10º del

Decreto Ley 2150, la cual prohíbe las declaraciones extrajuicio, y que

solo es aplicable en actuaciones administrativas, quedando excluidas

las actuaciones judiciales.

Frente a este cargo, es del caso traer a colación el artículo 10º del

Decreto 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la Ley 962,

a su vez modificado por el artículo 7º del Decreto Ley 019 de 2012,

que es del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 7. Prohibición de declaraciones extra
juicio. El artículo 10 del Decreto 2150 de 1995, modificado

19
“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública”.

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por el artículo 25 de la Ley 962 de 2005, quedará así:

"ARTÍCULO 10. Prohibición de declaraciones extra
juicio. Se prohíbe exigir como requisito para el trámite de
una actuación administrativa declaraciones extra juicio ante
autoridad administrativa o de cualquier otra índole. Para
surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la
autoridad, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del
juramento."
[…]”.

La Corte Constitucional en sentencia C-340 de 1º de agosto de

199620 declaró la exequibilidad del citado artículo 10º del Decreto

2150 y para el efecto, sostuvo:

“[…] Resulta de lo anterior que el Ejecutivo, al ejercer las
facultades extraordinarias, tiene por límite material el
contenido de la ley habilitante y, además, cuando ella
consagra requisitos formales o sustanciales que condicionan
la actividad legislativa extraordinaria del Gobierno,
únicamente se entiende que los decretos correspondientes
son constitucionales si cumplen la integridad de las
exigencias legales, en la forma y con los alcances que el
mismo legislador ordinario haya definido. Lo cual se explica
con naturalidad y lógica cuando se recuerda que, a la luz de
la Constitución, el titular de la facultad es el Congreso,
que, si la traslada en forma temporal al Presidente de
la República, tiene todo el derecho de hacerlo dentro
de las condiciones y con los requerimientos que juzgue
prudentes.
[…]

Por el aspecto material, la facultad que se confiere tiene un
indudable carácter legislativo, ya que al legislador
corresponde, según los artículos 26, 84 y 334 de la
Constitución, establecer -y por ende reformar y
suprimir- los requisitos, formalidades, procedimientos
y trámites que puedan exigirse a las personas para el
ejercicio de sus actividades, tanto en el campo de
profesiones y oficios y en la esfera de la iniciativa
privada y la empresa, como en lo relativo a las
gestiones y asuntos propios de las múltiples relaciones
entre los particulares y el Estado.

Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-340 de 1º de agosto de 1996, M.P. José Gregario
20

Hernández Galindo, Expediente D-1178.

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Podía el Ejecutivo, en consecuencia, dictar decretos
con fuerza de ley cuyo objetivo primordial debería
radicar, según la norma transcrita, en "suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios, existentes en la administración pública".

No podía el legislador ordinario -esa la razón de las
facultades- indicar directamente cuáles de los aludidos
procedimientos, trámites y requisitos resultaban
innecesarios, es decir, superfluos en relación con las
finalidades sustanciales de la actividad pública. Esa era una
materia que correspondía al Gobierno, revestido de las
atribuciones legislativas excepcionales, y, en
consecuencia, era éste el encargado de verificar esa
connotación de "ausencia de necesidad" en los
distintos aspectos y momentos de las actuaciones
administrativas.

Es evidente que, si la facultad otorgada radicaba
precisamente en eso, gozaba el Gobierno de un
razonable margen de apreciación, perfectamente
ligado a su experiencia y conocimiento en torno al
rodaje ordinario de la administración pública, para
detectar y, por tanto, enunciar los requerimientos
vigentes, impuestos por la ley a los particulares,
llamados a desaparecer por no ser indispensables.

Que el Presidente de la República, plenamente
autorizado para hacerlo según el alcance de la norma
habilitante, haya encontrado que, para el éxito de las
gestiones a cargo de la administración no se hace
necesario que los documentos ante ella presentados
por los particulares tengan que ser forzosamente
autenticados ante notario, o reconocidos notarial o
judicialmente, o que la actividad administrativa no
exige de suyo que toda afirmación formulada por
particulares ante las entidades públicas deba pasar
previamente en forma obligatoria por el tamiz de la
declaración ante juez en la modalidad "extrajuicio", es
algo que encaja de manera indudable en la previsión
del legislador ordinario, pues corresponde a una
verificación que justamente quiso él dejar en cabeza
del Ejecutivo.

Basta considerar el cúmulo de dificultades prácticas
que las mencionadas exigencias ocasionaban a las
personas, por una parte, y la posibilidad real de
cumplir los fines estatales sin que ellas estén
presentes en la legislación, por la otra, para entender
que el Gobierno no hizo nada diferente de "suprimir
(...)regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios, existentes en la administración pública",

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que era lo autorizado de manera expresa y tajante por
la ley de facultades.
[…]

Pero, adicionalmente, la Corte Constitucional estima
necesario afirmar que, a partir de la Constitución de 1991,
estaba el legislador obligado a las supresiones y reformas
que de manera genérica previó la Ley 190 de 1995, toda vez
que requisitos como los prohibidos por las normas
demandadas, en cuanto inoficiosos, partían de una
concepción preconstitucional basada en la desconfianza del
Estado en la honestidad y veracidad de los particulares
cuando actuaban ante él.

La presunción de mala fe que dichas exigencias
desarrollaban, plasmando obligaciones y cargas inútiles y
superfluas, creaba innecesarios obstáculos a la normal
actividad de los particulares, inclusive para todo lo referente
al cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado -como
las tributarias-, generando a la vez, por lógica consecuencia,
un clima propicio a la inmoralidad y al ilícito aprovechamiento
de las necesidades y circunstancias de la gente por parte de
servidores públicos inescrupulosos que -es de todos
conocido- obtenían ganancia merced a la autorización de
documentos y solicitudes que no llenaban los requisitos
formales exigidos por la ley y, en no pocos casos, gracias a
su alteración.

En el sentir de la Corte, el principio de la buena fe, plasmado
en el artículo 83 de la Carta Política, que representa para las
autoridades públicas la obligación de suponer la honestidad
de los administrados -a no ser que en forma fehaciente se
les pueda demostrar que actúan ilícitamente-, guarda íntima
relación con el objetivo de preservar la moralidad en la
Administración Pública, que era precisamente el buscado por
el Congreso al expedir la Ley 190 de 1995.

Desde luego, no significa lo anterior que a partir de la
Constitución haya quedado el legislador desautorizado
para exigir los requisitos y formalidades que juzgue
adecuados con miras a lograr ciertos fines en toda
clase de asuntos, pues las propias normas
constitucionales citadas le otorgan plena competencia
para ello. Es claro, sin embargo, que sus exigencias a los
particulares no pueden suponer presunción de mala fe y que,
en todo caso, las autoridades distintas del legislador tienen
expresamente prohibido, y de modo terminante, el
establecimiento de cualquier trámite, formalidad o requisito
no contemplado por la ley. Se trata, ni más ni menos, de un
monopolio del legislador.

Debe observarse que las disposiciones enjuiciadas son
aplicables a las actuaciones administrativas, lo que

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hace necesario advertir que su preceptiva encuadra en
mandatos constitucionales de gran claridad, a los que
es preciso dar fuerza y aplicabilidad práctica, tales
como los consagrados en los artículos 123 y 209 de la
Constitución. El primero de ellos destaca el papel del
servidor público ante el Estado y en relación con la
comunidad, a cuyo servicio se halla, razón por la cual está
obligado a ejercer sus funciones en la forma prevista por la
Constitución y las leyes y no según su capricho o intereses.
El segundo fija los principios tutelares de la función
administrativa, que está al servicio de los intereses
generales, expresando que son los de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
todos los cuales se ven traicionados y desconocidos cuando,
en aras del vicio burocrático, se obstaculizan y dificultan las
actividades de los particulares por razón de requisitos de
origen administrativo no previstos en la ley y, por tanto,
proscritos por la Constitución.

La Corte estima necesario repetir en esta materia lo que ha
venido sosteniendo en su jurisprudencia de manera
invariable:

[…]

El artículo 83 dispone que "Las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en
todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas",
mientras el 84 es perentorio en señalar que "cuando un
derecho o una actividad hayan sido reglamentados de
manera general, las autoridades públicas no podrán
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos
adicionales para su ejercicio", principio refrendado en el
artículo 333, relativo a la actividad económica y a la iniciativa
privada, para cuyo ejercicio "nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos sin autorización de la ley".

De todo lo cual se desprende sin mayores esfuerzos del
intelecto que el principio es la confianza, expresada en la
presunción de buena fe, mientras que las excepciones al
mismo, es decir, aquellas ocasiones en las cuales pueda
partir el Estado del supuesto contrario para invertir la carga
de la prueba, haciendo que los particulares aporten
documentos o requisitos tendientes a demostrar algo, deben
estar expresa, indudable y taxativamente señaladas en la
ley. De tal modo que el servidor público que formule
exigencias adicionales a las que han sido legalmente
establecidas, vulnera abiertamente la Constitución e incurre
en abuso y extralimitación en el ejercicio de sus
atribuciones". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de
Revisión. Sentencia T-460 del 15 de julio de 1992. M.P.: Dr.
José Gregorio Hernández Galindo).

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Se considera que la supresión de los trámites y requisitos
aludidos en los preceptos objeto de demanda, en vez de
violar disposición alguna de la Carta, da desarrollo cabal a
uno de sus postulados básicos.

Por el contrario, atentan contra la Constitución y lesionan los
derechos de los gobernados las conductas renuentes de los
servidores públicos que, desconociendo las prohibiciones en
vigor, siguen exigiendo documentos originales autenticados
o reconocidos notarial o judicialmente, o declaraciones
extrajuicio, para lo relativo al trámite de los asuntos a su
cargo.

Observa la Corte que la primera y más grave falta
disciplinaria de cualquier funcionario consiste en violar la
Constitución (artículos 6 y 124 C.P.) y, por ello, tanto los
superiores jerárquicos como el Ministerio Público están
obligados a aplicar con drasticidad y prontitud las sanciones
de esa índole que merecen los infractores, sin perjuicio de las
penales que tengan origen en la posible comisión del delito
de prevaricato.

4. La normatividad demandada no reguló procesos
judiciales sino administrativos

[…]

Pero, a no dudarlo, la sola lectura de los artículos 1 y 10
del Decreto 2150 de 1995 confiere certidumbre en el
sentido de que para nada modifican ni alteran la
normatividad procesal en materia civil, pues su objeto
no es el de regular los procesos judiciales sino el de
introducir en la legislación los correctivos
indispensables para que los
trámites administrativos se sujeten, según lo dicho, a
los postulados constitucionales.

Si de lo que se trata es de prohibir unas ciertas
exigencias "a las entidades que integran la
Administración Pública" y de suprimir requisitos que
se venían aplicando en las actuaciones ante las
mismas, así consistieran ellos en documentos de
origen judicial, resulta palmario que el legislador no
penetró en el ámbito propio de las ritualidades
procesales conducidas por los jueces y, entonces, este
cargo carece de todo fundamento.

Las normas impugnadas se declararán exequibles.
[…]”. (Destacado fuera de texto).

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De conformidad con lo señalado en la sentencia transcrita, el objeto

del artículo 10º del Decreto 2150 de 1995 no es el de regular los

procesos judiciales, sino el de introducir en la legislación los

correctivos indispensables para que los trámites administrativos se

sujeten a los postulados constitucionales, por lo que debe observarse

que la disposición anotada es aplicable a las actuaciones

administrativas.

Asimismo, que a partir de lo señalado en la Constitución Política el

legislador no quedó desautorizado para exigir los requisitos y

formalidades que juzgue adecuados con miras a lograr ciertos fines

en toda clase de asuntos, pues las propias normas constitucionales

le otorgan plena competencia para ello.

Y que, por ende, el presidente de la República puede, revestido de

las atribuciones legislativas excepcionales, dictar decretos con fuerza

de ley, para establecer, suprimir o reformar los requisitos,

formalidades, procedimientos y trámites en la administración

pública.

Ahora, en sentencia C- 598 de 10 de agosto de 201121, la Corte

Constitucional señaló que los requerimientos mínimos que exige el

artículo 6º del Decreto 1716 acusado para acudir a la conciliación

21
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-598 de 10 de agosto de 2011, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, Expediente D-8258.

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como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción

contencioso corresponden a una medida legítima e importante, que

no es excesiva para quienes pretenden acudir a esa jurisdicción, toda

vez que el diseño del mecanismo prejudicial de la conciliación busca

asegurar la seriedad de la pretensión, hacerlo más ágil y expedito.

Así discurrió la Corte:

“[…] Encuentra la Corte que la finalidad de la medida
acusada es legítima e importante, puesto que lo se
busca con la inadmisión de la solicitud de conciliación
en materia de lo contencioso administrativo es que
quienes pretenden acudir a la conciliación como
requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción
contenciosa, observen los requerimientos mínimos
que exige la normativa para tal efecto, y que no son
otros que los contenidos en el artículo 6 del Decreto
1716 de 2009, según el cual:

“ARTÍCULO 6o. PETICIÓN DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL. La petición de conciliación extrajudicial
podrá presentarse en forma individual o conjunta por los
interesados, ante el agente del Ministerio Público (reparto)
correspondiente, y deberá contener los siguientes requisitos:
a) La designación del funcionario a quien se dirige;
b) La individualización de las partes y de sus representantes
si fuere el caso;
c) Los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que
se fundamentan;
d) Las pretensiones que formula el convocante;
e) La indicación de la acción contencioso-administrativa que
se ejercería;
f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que
se harían valer en el proceso;
g) La demostración del agotamiento de la vía gubernativa,
cuando ello fuere necesario;
h) La estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones;
i) La manifestación, bajo la gravedad del juramento,
de no haber presentado demandas o solicitudes de
conciliación con base en los mismos hechos;
j) La indicación del lugar para que se surtan las
notificaciones, el número o números telefónicos, número de
fax y correo electrónico de las partes.
k) La copia de la petición de conciliación previamente enviada
al convocado, en la que conste que ha sido efectivamente

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recibida por el representante legal o por quien haga sus
veces, en el evento de que sea persona jurídica, y en el caso
de que se trate de persona natural, por ella misma o por
quien esté facultado para representarla;
l) La firma del apoderado del solicitante o solicitantes”

La observancia de estos requisitos permite a la parte
convocada como al conciliador, tener los elementos
suficientes para determinar si la parte que cita realmente le
asiste una pretensión legítima a partir de la cual se puedan
proponer fórmulas de arreglo que permitan arribar a una
conciliación que haga innecesaria la activación de la justicia
formal. Ninguno de los requerimientos enlistados se
convierte en una exigencia excesiva para quienes
pretenden acudir a la jurisdicción contenciosa, toda
vez que el diseño de este mecanismo prejudicial busca
asegurar la seriedad de la pretensión, razón por la que
se requiere que un profesional del derecho sea quien
presente la solicitud.

En ese sentido, la competencia que se le reconoce al
Procurador Judicial para inadmitir la solicitud de conciliación
indicando los requisitos que fueron omitidos, más allá de
entorpecer el derecho de acceso a la administración de
justicia lo que busca es hacer más ágil y expedito el
mecanismo de la conciliación, entendido éste desde el
ámbito jurídico procesal, pues precisamente lo que se quiere
con esta exigencia es evitar que se llegue a una audiencia en
donde las partes, Estado-administrado en la mayoría de los
casos, carezcan de los elementos de juicio suficientes para
proponer las respectivas fórmulas de acuerdo e intentar
conciliar los distintos intereses en juego, por la carencia de
información necesaria, importante y relevante para el efecto.

En este caso, el legislador no hizo más que elevar a
rango legal lo que en esta materia ya preveía el
Decreto Reglamentario 1716, que en el parágrafo 1 del
artículo 6 estipuló que “el agente del Ministerio Público
informará al interesado sobre los requisitos faltantes
para que subsane la omisión”.

Para la Corte no cabe duda que la competencia que, a partir
de esta ley, tiene el Procurador Judicial para inadmitir la
solicitud de conciliación hace efectivos entre otros, los
principios de eficacia, economía y celeridad que
inspiran la función pública, en los términos del artículo
209 constitucional, pues es sabido que la función que se le
asigna a los conciliadores hace parte de ésta según se
desprende del artículo 116 constitucional, y por ende,
gobernada por los principios contenidos en la norma
constitucional aludida, así como por la Ley 270 de 1996, en
donde el conciliador debe contar con algunas facultades que

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le permitan que el objeto de este mecanismo se cumpla a
satisfacción.
[…]

No se trata de meros formalismos o ritualidades como
lo advierte el escrito de demanda, pues es claro que la
parte conoce los requisitos que debe cumplir para
presentar su solicitud de conciliación, los cuales en caso
de considerarse contrarios al mecanismo de la conciliación
deben ser demandados, sin que por ello se afecte la facultad
de inadmisión que aquí se analiza. […]” (Destacado fuera de
texto).

Conforme a lo anterior, se debe señalar que si bien es cierto que el

citado artículo 10º del Decreto 2150 de 1995 solo es aplicable a las

actuaciones administrativas y eliminó las declaraciones

extrajudiciales dentro de las actuaciones administrativas cuando al

efecto dispuso “[…] En las actuaciones administrativas, suprímese

como requisito las declaraciones extrajuicio para el reconocimiento

de un derecho particular y concreto […]”, también lo es que la

expresión demandada no está exigiendo como requisito allegar

declaraciones extrajuicio, sino una manifestación bajo la gravedad

del juramento, requerimiento, entre otros, previsto por el artículo

6º del Decreto 1716 para acudir a la conciliación, que a juicio de la

Corte Constitucional22, es una medida legítima e importante y no es

excesiva para quienes pretenden acudir a la jurisdicción contencioso

administrativo.

Asimismo, cabe mencionar que lo previsto en la expresión acusada

se encuentra, por el contrario, en consonancia con lo dispuesto por

22
Así lo indicó en sentencia C- 598 de 2011.

31

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00086-00
Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

el artículo 10º del Decreto 2150, modificado por el artículo 7º del

Decreto Ley 019 de 2012, al indicar esta última que “bastará la

afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se

entenderá hecha bajo la gravedad de juramento”

Adicionalmente, no puede perderse de vista que, conforme lo señaló

la Corte Constitucional en sentencia C-340 de 1996, el presidente de

la República puede, revestido de las atribuciones legislativas

excepcionales, dictar decretos con fuerza de ley, para establecer,

suprimir o reformar los requisitos, formalidades, procedimientos y

trámites en la administración pública.

Y en este caso, precisamente, conforme se desprende de su

encabezado, el Decreto 1716 de 2009 acusado fue expedido, por

el Gobierno Nacional, para reglamentar las leyes 1285 de 2009

(artículos 13), 446 de 1998 (artículo 75) y 640 de 2001 (Capítulo V),

sobre la conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-

administrativa, y en la norma acusada, específicamente para precisar

o reglamentar los requisitos que debe contener la petición de

conciliación extrajudicial.

Por consiguiente, para la Sala la expresión demandada no contradice

lo dispuesto en el referido artículo 10º del Decreto 2150 de 1995,

modificado por el artículo 25 de la Ley 962, a su vez modificado por

32

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Nulidad

el artículo 7º del Decreto Ley 019 de 2012, ni la sentencia C-340 de

1996, que declaró la exequibilidad de dicha disposición.

Ahora, en cuanto a la violación del artículo 11623 de la Constitución

Política, la Sala observa que la expresión demandada tampoco

transgredió tal norma, toda vez que si bien es cierto que los agentes

del Ministerio Público, al adelantar el trámite de conciliación

extrajudicial en derecho en materia contencioso administrativa,

están investidos de una función jurisdiccional, como lo aduce el actor,

también lo es que la disposición acusada al requerir que se haga una

“manifestación bajo la gravedad del juramento” no está afectando la

función de administrar justicia, excepcionalmente atribuida a ellos.

Lo anterior, toda vez que conforme a la citada sentencia C-598 de

2011, la competencia que se le reconoce al procurador judicial para

inadmitir la solicitud de conciliación indicando los requisitos que

fueron omitidos, más allá de entorpecer el derecho de acceso a la

administración de justicia lo que busca es hacer más ágil y expedito

el mecanismo de la conciliación, hacer efectivos, entre otros, los

23
“[…] Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces,
administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas
funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias
precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido
adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o
en equidad, en los términos que determine la ley. […]” (Destacado fuera de texto).

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Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00086-00
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Nulidad

principios de eficacia, economía y celeridad que inspiran la función

pública, “[…] en los términos del artículo 209 constitucional, pues es

sabido que la función que se le asigna a los conciliadores hace parte

de ésta según se desprende del artículo 116 constitucional, y por

ende, gobernada por los principios contenidos en la norma

constitucional aludida, así como por la Ley 270 de 1996, en donde el

conciliador debe contar con algunas facultades que le permitan que

el objeto de este mecanismo se cumpla a satisfacción […]”.

Asimismo, se observa que en la citada sentencia la Corte indicó que

el Agente del Ministerio Público a quien por reparto le corresponda

conocer de la solicitud de conciliación queda por ese hecho habilitado

para ejercer de forma transitoria las facultades a las que se refiere

el artículo 116 de la Constitución Política, razón por la que puede

adoptar decisiones que tiendan a hacer más rápida, eficaz y eficiente

su labor, en este caso, analizar e inadmitir la solicitud de conciliación

para que sea corregida por la parte que la convoca, en forma similar

a como lo hace el juez para lograr la efectividad de los derechos en

juego.

Por lo tanto, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

El tercer cargo se refiere a la infracción de los artículos 150,

numeral 10, y 189, numeral 11, de la Constitución Política de

Colombia y a que existió falta de competencia, por cuanto el

34

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00086-00
Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

presidente de la República no es el competente para expedir leyes,

ni se encuentra revestido por el Congreso de la República para

expedir tal normativa; y que la expresión “bajo la gravedad de

juramento”, contenida en la disposición acusada, infringe el numeral

11 del artículo 189 de la Constitución Política, por extralimitación de

la potestad reglamentaria.

Adujo que, en ejercicio de dicha potestad reglamentaria, el

presidente de la República, no podía, mediante decreto

reglamentario, esto es el Decreto 1716 de 2009 acusado, entrar

a regular materias de reserva legal y establecer la expresión “bajo la

gravedad de juramento”, contenida en la disposición acusada, ya que

la exigencia de prestar juramento para agotar el requisito de

procedibilidad de conciliación extrajudicial en derecho, en materia

contencioso administrativa, no fue señalada previamente en las leyes

respecto de las cuales el presidente de la República podía ejercer

potestad reglamentaria, razón por la que se infringieron los artículo

150, numeral 10, y 189, numeral 11, de la Constitución Política.

Conforme se dijo anteriormente, del texto del Decreto 1716 de

2009 acusado, específicamente de su encabezado, se desprende

que este fue expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar las

leyes 1285 de 2009 (artículo 13), 446 de 1998 (artículo 75) y 640

de 2001 (Capítulo V), en ejercicio de la atribución que le ha conferido

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
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el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política.

El citado artículo 189, numeral 11, establece:

“[…] Corresponde al Presidente de la República como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa:

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]”.
(Destacado fuera de texto.)

Frente al alcance de la potestad reglamentaria, esta Sección, en

sentencia de 6 de junio de 201324, precisó lo siguiente:

“[…] Constitucionalmente la potestad reglamentaria
pertenece al Presidente de la República (Artículo 189 (11)
Superior), quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante
la expedición de decretos, resoluciones y órdenes; actos que
de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 Superior,
revisten una forma especial, en la medida en que deben
contar con la firma del Ministro o Director de Departamento
Administrativo respectivo, quienes por ese hecho se hacen
responsables.

El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por
objeto dictar las normas complementarias necesarias
para la cumplida ejecución de una regulación. Por ello,
el acto reglamentario es un acto complementario de la
regulación y no una creación originaria como ésta.

Así, en sentencia de febrero 8 de 200025, la Sala Plena del
Consejo de Estado, sobre esta temática, puntualizó:

“El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución
al Presidente de la República como suprema autoridad
administrativa, con la finalidad de que expida normas de

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio
de 2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00284-00.
Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2012-00074-00).
25
M.P. Dr. Javier Díaz Bueno, Radicación C-761.

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carácter general para la correcta ejecución de la ley. Por ser
una atribución propia que le confiere la Carta Política, no
requiere de una norma legal que expresamente la conceda y
se caracteriza además por ser atribución inalienable,
intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio
y es irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se
halla limitado por la Constitución y la ley, ya que al
ejercerla el Presidente de la República no puede alterar
o modificar la ley que reglamenta.

Los límites de la potestad reglamentaria están señalados en
cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente
la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra
todos los elementos indispensables para su cumplimiento,
nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no habrá
oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria;
pero si faltan en ella detalles necesarios para su
correcta aplicación habrá lugar a proveer a la
regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria. En otros términos, tanta será la
materia reglamentable cuanta determine la necesidad
de dar cumplimiento a la ley...” Las negrillas y subrayas
fuera de texto.)

Y, en Sentencia de octubre 26 de 199926, la Sala Plena del H.
Consejo de Estado, acerca del alcance de la potestad
reglamentaria, dijo:

“(…) Los límites de la potestad reglamentaria están señalados
en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada
cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la
ley suministra todos los elementos indispensables para su
ejecución nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no
habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad
reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios
para su correcta aplicación hay lugar a proveer a la
regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad
reglamentaria. En otros términos, tanta será la
materia reglamentable cuanta determine la necesidad
de dar cumplimiento a la ley. El reglamento desarrolla
y complementa la ley reglamentada, con el objeto de
asegurar su ejecución. La potestad reglamentaria de las
leyes está referida a cualesquiera leyes, sin distinciones, que
no las establece la norma constitucional". Ahora bien, la
potestad de reglamentar la ley no puede confundirse con la
facultad de expedir actos administrativos de carácter
general. Es así que, según lo expuesto, en ejercicio de
la potestad reglamentaria se expiden decretos,
resoluciones y órdenes necesarios para que la ley pueda ser
ejecutada, en tanto que mediante los actos que se expidan
en ejercicio de la facultad de dictar actos de carácter general

26
M.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación IJ-007

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se ejecuta la ley. Además, la potestad de reglamentar
la ley es atribución del Presidente de la República,
según lo establecido en el artículo 189, numeral 11, de
la Constitución, en tanto que de la facultad de expedir actos
administrativos de carácter general están investidas muchas
autoridades [...]” (Destacado fuera de texto).

De tal manera que al hacerse uso de dichas potestades, el Ejecutivo

debe inspirarse en el propósito de desarrollar, aclarar, complementar

y hacer mucho más explícita la norma de carácter legislativo que le

sirve de sustento, en orden a facilitar y asegurar su ejecución y

correcto cumplimiento.

En el caso bajo examen, en desarrollo de dichas funciones, el

presidente de la República expidió el Decreto 1716 de 2009,

contentivo del literal i) del artículo 6º, demandado, con el objeto

de desarrollar reglamentariamente lo previsto en las leyes 1285 de

2009 (artículo 13), 446 de 1998 (artículo 75) y 640 de 2001 (Capítulo

V).

En efecto, resulta evidente que se requería la expedición de una

norma reglamentaria, como es la citada disposición acusada del

Decreto 1716 de 2009, que desarrollara y complementara lo

relacionado con los requisitos para la petición de conciliación

extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, en orden a

garantizar la cumplida ejecución de las leyes 1285 de 2009 (artículo

13), 446 de 1998 (artículo 75) y 640 de 2001 (Capítulo V), que le

sirvieron de sustento.

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Al respecto, se precisa que el Gobierno Nacional, a través del literal

i) del artículo 6º acusado del Decreto 1716, en ejercicio de su

potestad reglamentaria (artículo 189 numeral 11 de la Constitución

Política), se limitó a reglamentar lo relativo a los requisitos para la

petición de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso

administrativo. Asuntos a los cuales hacen alusión las citadas leyes

1285 de 2009 (artículo 13), 446 de 1998 (artículo 75) y 640 de 2001

(Capítulo V); que se refieren a la conciliación extrajudicial como

requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso-

administrativa, al Comité de conciliación que se debe integrar para

el efecto y a la aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales

en materia de lo contencioso administrativo.

Dichas leyes son del siguiente tenor:

-Ley 1285, “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia”.

“[…] ARTÍCULO 13. Apruébase como artículo nuevo 42A de
la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en
materia contencioso-administrativa. A partir de la
vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables,
siempre constituirá requisito de procedibilidad de las
acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo o en las normas que lo
sustituyan, el adelantamiento del trámite de la
conciliación extrajudicial. […]”.

-Ley 446

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“[…] ARTÍCULO 75. Comité de conciliación. La Ley 23 de
1991 tendrá un nuevo artículo, así:

"Artículo 65B. Las entidades y organismos de Derecho
Público del orden nacional, departamental, distrital y de los
municipios capital de departamento y los Entes
Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar
un comité de conciliación, conformado por los funcionarios
del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones
que se le señalen.
Las entidades de derecho público de los demás órdenes
tendrán la misma facultad. […]".

-Ley 640

“[…] CAPÍTULO V

DE LA CONCILIACIÓN CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 23. Conciliación extrajudicial en materia de
lo contencioso administrativo. Las conciliaciones
extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo
sólo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio
Público asignados a esta jurisdicción y ante los conciliadores
de los centros de conciliación autorizados para conciliar en
esta materia.

ARTÍCULO 24. Aprobación judicial de conciliaciones
extrajudiciales en materia de lo contencioso
administrativo. Las actas que contengan conciliaciones
extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo
se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días
siguientes al de su celebración, al juez o corporación que
fuere competente para conocer de la acción judicial
respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o
improbación. El auto aprobatorio no será consultable.

ARTÍCULO 25. Pruebas en la conciliación extrajudicial.
Durante la celebración de la audiencia de conciliación
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo los
interesados podrán aportar las pruebas que estimen
pertinentes. Con todo, el conciliador podrá solicitar que se
alleguen nuevas pruebas o se complementen las presentadas
por las partes con el fin de establecer los presupuestos
de hecho y de derecho para la conformación del
acuerdo conciliatorio.

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Nulidad

Las pruebas tendrán que aportarse dentro de los veinte (20)
días calendario siguientes a su solicitud. Este trámite no dará
lugar a la ampliación del término de suspensión de la
caducidad de la acción previsto en la ley.
Si agotada la oportunidad para aportar las pruebas según lo
previsto en el inciso anterior, la parte requerida no ha
aportado las solicitadas, se entenderá que no se logró el
acuerdo.

ARTÍCULO 26. Pruebas en la conciliación judicial. En
desarrollo de la audiencia de conciliación judicial en asuntos
de lo contencioso administrativo, el juez o magistrado, de
oficio, o a petición del Ministerio Público, podrá decretar las
pruebas necesarias para establecer los presupuestos de
hecho y de derecho del acuerdo conciliatorio. Las pruebas se
practicarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la
audiencia de conciliación. […]”.

Así pues, el literal i) del artículo 6º del Decreto 1716 de 2009

no desbordó las facultades del Gobierno Nacional ni sobrepasó los

lineamientos dispuestos en las normas que le sirvieron de

fundamento, toda vez que lo que hizo fue proveerla de aquellos

detalles necesarios para la aplicación de la conciliación extrajudicial

en asuntos de lo contencioso administrativo27 y para su adecuado

ejercicio, en lo concerniente a uno de los requisitos necesarios para

la petición de conciliación extrajudicial, esto es, que el interesado

manifieste “bajo la gravedad de juramento” no haber presentado

demandas o solicitudes de conciliación con base en los mismos

hechos. Requisito que tiene como objetivo primordial otorgarle al

conciliador la tranquilidad de que no existen solicitudes o demandas

idénticas y, por consiguiente, que la decisión que se llegue a tomar

27
En el artículo 1º del Decreto 1716 acusado se señala:
“[…] ARTÍCULO 1º. OBJETO. Las normas del presente decreto se aplicarán a la conciliación
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. […]” (Destacado fuera de texto).

41

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dentro de la actuación respectiva es única y, por tanto, no afectará

la seguridad jurídica de los directamente relacionados.

Al efecto, vale la pena señalar, como lo precisó esta Sección, en la

referida sentencia de 6 de junio de 201328, que si faltan en la ley,

detalles necesarios para su correcta aplicación hay lugar a proveer

a la regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad

reglamentaria.

Así las cosas, la Sala observa que el Gobierno Nacional no se

extralimitó al expedir el literal i) del artículo 6º del Decreto 1716

de 2009 acusado y, que por el contrario, sí estaba facultado y era

competente para expedirlo, por virtud de la potestad reglamentaria

que le confiere el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política

y, específicamente, de lo dispuesto en las leyes 1285 de 2009

(artículo 13), 446 de 1998 (artículo 75) y 640 de 2001 (Capítulo V),

que contribuyen a la necesidad de fortalecer la conciliación

extrajudicial como mecanismo eficaz para la solución de conflictos,

con el propósito de avanzar en la descongestión de la Administración

de Justicia y hacer efectivo el derecho de acceso a la misma.

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de junio
de 2013, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2006-00284-00.
Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-
03-24-000-2012-00074-00).

42

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Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento de

la expresión demandada, pues así lo pone de presente en su

encabezamiento, cuando además de invocar la atribución del

precitado artículo 189 constitucional, alude a las referidas leyes29.

Ahora, es del caso precisar que si bien es cierto que la exigencia de

prestar juramento para agotar el requisito de procedibilidad de

conciliación extrajudicial en derecho, en materia contencioso

administrativa, no fue señalada en las leyes, de manera expresa,

también lo es, como se dijo anteriormente, que en ejercicio de la

potestad reglamentaria, el presidente de la República, podía expedir

el decreto acusado y proveer de esos detalles necesarios, que hacían

falta para la correcta aplicación de las leyes relacionadas con la

conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acudir

a la jurisdicción contencioso administrativa y de la aprobación

judicial.

En otras palabras, el presidente de la República podía en ejercicio de

la potestad reglamentaria expedir un decreto reglamentario, el cual

desarrollara y complementara las leyes reglamentadas, con el objeto

de asegurar su ejecución.

29
“[…] Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de
1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001 […]”.

43

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Por lo tanto, la Sala advierte que se trata de una materia que no

tenía que ser desarrollada por el legislador; es decir, que no

correspondía al dominio o reserva de la ley, razón por el cual no se

violó la reserva legal, ni se infringieron los artículos 150, numeral 10,

y 189, numeral 11, de la Constitución Política y, por ende, este cargo

tampoco está llamado a prosperar.

El cuarto cargo hace referencia a que el presidente de la República

incurrió en una falta de motivación, en cuanto no mencionó, en el

texto del Decreto 1716 de 2009 acusado, como motivación

(fundamento de derecho) que pretendía reglamentar el artículo 10º

del Decreto Ley 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la

Ley 962; y que “en caso de que hubieran sido sus verdaderos motivos

para establecer tal situación, entonces estaría viciado igualmente” el

acto por falsa motivación.

En cuanto a la falsa y falta de motivación, es del caso traer a

colación la sentencia de 24 agosto de 201830, en la cual esta Sección

precisó lo siguiente:

“[…] La validez del acto administrativo también depende de
que los motivos por los cuales se expide sean ciertos,
pertinentes y tengan el mérito suficiente para justificar la
decisión que mediante el mismo se haya tomado. Es decir,
que correspondan a los supuestos de hecho y de derecho
jurídicamente necesarios para la expedición del acto
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de agosto
de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2008-00388-00
(Acumulado 11001-03-24-000-2008-00173-00).

44

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2015-00086-00
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administrativo de que se trate, y que se den en condiciones
tales que hagan que deba preferirse la decisión tomada y no
otra.

Se trata de un requisito material, en cuanto depende de la
correspondencia de lo que se aduzca en el acto
administrativo como motivo o causa del mismo, con la
realidad jurídica y/o fáctica del caso.

El vicio de falsa motivación se presenta cuando la
sustentación fáctica del acto carece de veracidad o de
coherencia entre el hecho y el supuesto de derecho; es
decir, o no es cierto lo que se afirma en las razones de
hecho, o no hay correspondencia entre tales razones y
los supuestos de derecho que se aducen para proferir
el acto.

Ahora bien, debe precisarse que una cosa es la falsa
motivación y otra la falta de motivación: la primera, es
un evento sustancial, que atañe a la realidad fáctica y jurídica
del acto administrativo, y la segunda, es un aspecto
procedimental, formal, ya que ésta es la omisión en
hacer expresos o manifiestos en el acto administrativo
los motivos del mismo. La falsa motivación plantea para el
juzgador un problema probatorio, de confrontación de dos
extremos, como son lo dicho en el acto y la realidad fáctica
atinente al mismo, con miras a comprobar la veracidad;
también plantea un juicio lógico de correspondencia entre la
realidad constatada y la consecuencia jurídica que se
pretende desprender de ella, cuando la primera resulta
demostrada. De otro lado, la falta de motivación le
significa un problema de valoración directa del cuerpo
o contenido del acto sobre si se expresan o indican
razones para su expedición, y si lo dicho es suficiente
como para tenerse como motivación. […]” (Destacado
fuera de texto).

De conformidad con lo anterior y atendiendo lo previsto en el Decreto

núm. 1716 de 2009, contentivo de la expresión demandada, esta

Sala no encuentra que se presente ninguno de los supuestos para la

configuración de la causal de nulidad por falta de motivación, habida

cuenta que, se reitera, dicho acto fue expedido por el Gobierno

Nacional, con el objeto de reglamentar las leyes 1285 de 2009

(artículo 13), 446 de 1998 (artículo 75) y 640 de 2001 (Capítulo V),

45

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

sobre la conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso

administrativa, en lo relacionado con los requisitos para la petición

de la conciliación, y con fundamento en el ejercicio de la atribución

que le ha conferido el artículo 189, numeral 11, de la Constitución

Política, conforme se desprende de su encabezado, lo que pone de

presente que el acto administrativo hizo expreso o manifiesto los

motivos o fundamentos del mismo.

Tampoco incurrió en falsa motivación, dado que el referido decreto

contiene una fundamentación acorde con la realidad, los supuestos o

razones de derecho no son contrarios a la realidad, no se dio un alcance

diferente a las normas en que se basó y existe coherencia en la

motivación y los supuestos de derecho que se aducen para proferirlo y

no lo motivó en una norma inexistente.

Sin embargo, cabe mencionar que dicho acto administrativo,

específicamente la expresión acusada, no podía tener como

motivación que con el mismo se buscaba reglamentar el artículo 10º

del Decreto Ley 2150 de 1995, modificado por el artículo 25 de la

Ley 962, a su vez modificado por el artículo 7º del Decreto Ley 019

de 2012, dado que la expresión cuestionada no está exigiendo como

requisito allegar declaraciones extrajuicio, sino una manifestación

bajo la gravedad del juramento, requerimiento, entre otros, previsto

por el artículo 6º del Decreto 1716, que debe contener la petición

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

de conciliación extrajudicial, para acudir a la conciliación extrajudicial

contencioso administrativa.

En consecuencia, este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

Ahora, en cuanto al argumento señalado por el actor, en los alegatos

de conclusión, que se refiere a que con posterioridad de la demanda,

objeto de este proceso, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1069

de 26 de mayo de 2015, el cual tomó como fundamento de derecho

el literal, objeto de esta demanda, y reprodujo su contenido en el

literal i) del artículo 2.2.4.3.1.1.6, razón por la cual solicita la nulidad

de la expresión “bajo gravedad de juramento”, contenida en el

referido literal i) del artículo 2.2.4.3.1.1.6, se advierte que la referida

inconformidad o solicitud, introducida por el actor en los alegatos de

conclusión, no fue planteada ni debatida en la demanda, motivo por

el cual resulta a todas luces extemporánea y, en consecuencia, la

Sala no emitirá pronunciamiento de fondo al respecto, porque ello

comprometería el debido proceso, toda vez que la otra parte no

tendría oportunidad de oponerse a esos nuevos argumentos.

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

Frente a este asunto, es del caso traer a colación la sentencia de 23

de abril de 202031, en la que esta Sección precisó sobre los alegatos

de conclusión, lo siguiente:

“[…] Ahora bien, esta Sala encuentra que la referida
inconformidad no fue planteada y debatida en la
demanda, en la que, de hecho, la parte actora no invocó
como normas violadas el artículo 16 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, relativo al requisito de
novedad de la invención a patentar, ni el artículo 52, numeral
3 del Código Contencioso Administrativo, según el cual al
interponerse recursos en la vía gubernativa se deben
relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.

En ese escenario, la Sala recuerda que los alegatos de
conclusión constituyen la oportunidad procesal otorgada a
las partes para que, si a bien lo tienen, manifiesten sus
impresiones respecto de lo ocurrido en el proceso y expresen
al juez cuál debe ser, en su sentir, la conclusión a la que debe
llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de
derecho y el acervo probatorio, lo cual no implica la
posibilidad de adicionar los cargos o argumentos de
defensa, pues ello comprometería el debido proceso,
como quiera que la otra parte no tendría oportunidad
de oponerse a esos nuevos argumentos32.

En esa misma línea de ideas, la Sala recuerda que, en torno
al principio de congruencia de la sentencia, instituido como
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido
proceso de las partes, esta Sección ha sostenido que las
normas invocadas como violadas en el concepto de violación,
entre otros aspectos, delimitan la acción del fallador, habida
cuenta del carácter rogado de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Así lo ha expresado la Sección:

[…] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse
al petitum elevado sino además, a los hechos que sirven de
soporte aducidos por quien entabla la demanda, y en
tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, es menester señalar que el

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-
00003-00.

32
Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
9 de febrero de 2017. Radicado: 66001-2333-000-2016-00080-01 (PI). M. P. (e): Carlos Enrique Moreno
Rubio. Actor: Daniel Silva Orrego y otros.

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Actor: ANDRÉS JULIÁN ESTRADA OTALVARO
Nulidad

quebranto normativo endilgado en el capítulo del libelo
que contenga el concepto de violación, constituye un
límite que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo
si se tiene en cuenta que en este campo la justicia es
rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse
sino dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo
del proceso”33. […] (Resaltado fuera del texto).

En consecuencia, los nuevos argumentos introducidos
por la demandante en los alegatos de conclusión,
relativos a la violación del artículo 16 de la Decisión 486 de
2000 de la Comisión de la Comunidad Andina así como del
artículo 52, numeral 3 del Código Contencioso
Administrativo, esto es, por la falta de valoración de pruebas
presentadas con el recurso de reposición al interior del
trámite administrativo de solicitud de patente, a todas luces
resultan extemporáneos esta, razón por la cual la Sala
no emitirá pronunciamiento de fondo al respecto. […]”.
(Destacado fuera de texto).

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas

invocadas por el actor, razón suficiente para que se mantenga la

presunción de legalidad que ampara a la expresión, “bajo la

gravedad de juramento”, contenida en el literal i) del artículo 6º

del Decreto 1716, “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley

1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V

de la Ley 640 de 2001”, expedida por el Gobierno Nacional.

Condena en costas

33
Colombia. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de
5 de junio de 1997. Radicado: 4092. M. P: Manuel Santiago Urueta Ayola, reiterada, entre otras, en
sentencia de 5 de diciembre de 2019, radicación: 13001233100020110221101, con ponencia de
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Finalmente, y en atención a la clase de acción que se promovió, la Sala

considera, de conformidad con lo previsto en el artículo 18834 del CPACA,

que no hay lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la

acción exime de esta fijación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, de

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente,

previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

34
“[…] ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [...]”.

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de abril de 2026.

PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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