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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00307-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00307-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del 26 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de la referencia. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá. Tercero. Reconocer como apoderados de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a los abogados que se enlistan a continuación: Apoderado (a) Cédula Tarjeta Profesional Gloria Ximena Arellano Calderón 3157857217 123175 17 Certificado de Vigencia 1516403. w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 12 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicado: 15001233300020190030701 (2387-2023) Demandante: Jesús Ernesto González Pinto Omar Trujillo Polanía18 111750785519 201792 María Camila Camargo Rueda20 109049238921 340484 Cuarto. Aceptar la renuncia del poder presentada por la abogada Gloria Ximena Arellano Calderón, teniendo en cuenta que allegó la comunicación de que trata el inciso 4 del artículo 76 del CGP. Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2019-00307-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001233300020190030701 (2387-2023)
Demandante: Jesús Ernesto González Pinto
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Temas: Sustitución de la pensión gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 26 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones y hechos de la demanda:

2. El señor Jesús Ernesto González Pinto, actuando por intermedio de apoderado,
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
declarar la nulidad de las Resoluciones UGM 019864 del 12 de diciembre de 2011
y UGM 031199 del 3 de febrero de 2012, expedidas por Cajanal1 EICE, que le
negaron la sustitución de una pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó condenar a la
UGPP a lo siguiente: i) sustituir la pensión gracia que en vida devengaba la señora
María Inés González de Pinto, teniendo en cuenta su condición de hijo inválido de
la causante; ii) pagar de forma actualizada las sumas adeudadas por concepto de
mesadas atrasadas; y iii) sufragar la condena en costas.

4. Como fundamentos fácticos, se expuso:

1 Caja Nacional de Previsión Social.

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Radicado: 15001233300020190030701 (2387-2023)
Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

i) Por Resolución 6348 del 22 de septiembre de 1992, Cajanal EICE le
reconoció a la señora María Inés González de Pinto una pensión gracia de
jubilación.

ii) La mencionada docente falleció el 9 de junio de 2008.

iii) El demandante ostenta la condición de hijo inválido, comoquiera que le fue
diagnosticado acromegalia, gigantismo hipofisiario y un tumor en la hipófisis, por
lo que debido realizarse tres cirugías en el cráneo, lo cual se ha traducido en
deficiencia en el campo visual y alteraciones de las funciones complejas del
cerebro, que le han ocasionado grave deterioro en su capacidad física, patologías
que son progresivas y siguen empeorando su estado de salud.

iv) Antes del fallecimiento de la señora María Inés Pinto de González, el señor
Jesús Ernesto González Pinto dependía económicamente de ella.

1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

5. El accionante sostuvo que las resoluciones demandadas infringieron los
artículos 13, 48 y 84 de la Constitución Política; y 314 del Código Civil.

6. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso:

i) Los actos acusados negaron la sustitución pensional reclamada en razón a que
el actor se había casado y, por lo tanto, no dependía económicamente de su
señora madre; sin embargo, esta apreciación desconoce el artículo 314 del
Código Civil, en tanto define la emancipación como «un hecho que pone fin a la
patria potestad», pero ello no significa la pérdida de las obligaciones de
protección y socorro que se derivan del lazo familiar. Además, la obligación de
cuidado de los padres hacia los hijos persiste aún cuando haya operado la
emancipación, tal como lo prevé el artículo 251 ibidem.

ii) La entidad accionada también negó la prestación porque el dictamen de
pérdida de la capacidad laboral no precisó la fecha de estructuración de la
invalidez; sin embargo, en dicho documento consta que la enfermedad del señor
Jesús Ernesto González Pinto es progresiva y su estado de invalidez data del
año 2001 (aproximadamente), esto es, antes del fallecimiento de su progenitora.

iii) El hecho de que el actor estuviera afiliado al sistema de salud en calidad de
cotizante no demuestra su independencia económica, pues su señora madre «le
ayudaba con dicha afiliación atendiendo a su discapacidad».

1.3. Contestación de la demanda

7. La UGPP sostuvo que el accionante no tiene derecho a la sustitución pensional
reclamada, ya que su estado civil es casado, lo que significa que se emancipó de
sus padres. De ahí que se encuentra desvirtuada la dependencia económica.

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Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

Además, el dictamen de invalidez aportado por el interesado no cuenta con fecha
de estructuración de ese estado.

1.4. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 26 de enero de
2023, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
razonamientos:

i) La dependencia económica está ligada a la obligación alimentaria que tienen
los padres con sus hijos, que por disposición legal va hasta los 18 años de edad
o hasta los 25 si están estudiando o de por vida si se encuentren en incapacidad
para subsistir.

ii) El demandante no demostró que adquirió las patologías que le ocasionaron
la pérdida de la capacidad laboral con anterioridad a la cesación de la obligación
alimentaria; por el contrario, ello ocurrió cuando contaba con más de 30 años de
edad.

iii) Las declaraciones extra juicio no dieron cuenta de la manera que se vio
afectado el accionante por la ausencia de la ayuda que le brindaba su señora
madre y tampoco de la existencia de una dependencia económica.

iv) En razón a que el demandante es casado y tiene dos hijos, son estas las
primeras personas llamadas a socorrerlo y, solo ante su ausencia, serían los
padres quienes tendrían tal obligación.

v) Desde el fallecimiento de la señora Pinto de González el demandante no ha
experimentado una desmejora en sus necesidades básicas, pues ha mantenido
su afiliación al sistema de salud como cotizante, es decir, que «no echó de menos
los aportes que presuntamente le eran suministrados por la causante, como
ayuda financiera para su sostenimiento».

1.5. Recurso de apelación

9. El accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, por las siguientes razones:

i) El a quo omitió tener en cuenta el escrito de alegatos de conclusión, pese a
que fue presentado oportunamente.

ii) El artículo 47 de la ley 100 de 1993 no establece que el hijo invalido deba ser
menor de 18 años para acceder a la pensión de sobrevivientes. La norma solo
exige que la invalidez se haya estructurado antes del fallecimiento del causante,
requisito que se encuentra acreditado en este caso, ya que el desmedro en la
salud del demandante «se dio con mucha anterioridad a la fecha de fallecimiento

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Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

de su madre».

iii) El hecho de que el actor se hubiera casado no es razón suficiente para
negarle su derecho a la pensión de sobrevivientes, pues ello pugna con la libertad
de realizar su proyecto de vida. Además, en el expediente no existe prueba de
que el accionante reciba un ingreso permanente que le permita garantizar una
vida digna.

iv) El artículo 314 del Código Civil define la emancipación como «un hecho que
pone fin a la patria potestad», pero ello no significa la pérdida de las obligaciones
de protección y socorro que se derivan de los lazos familiares. Además, la
obligación de cuidado de los padres hacia los hijos se mantiene, aunque haya
operado la emancipación, conforme lo estipula el artículo 251 ibidem.

v) El hecho de que el actor estuviera afiliado al sistema de salud en calidad de
cotizante no desvirtúa su dependencia económica de la causante, ya que ella
«era quien le ayudaba con dicha afiliación atendiendo a su discapacidad».

1.6. Trámite correspondiente a la segunda instancia

10. Por auto del 22 de junio de 2023, se admitió el recurso de apelación.

11. La UGPP presentó alegatos de conclusión y reiteró los argumentos expuestos
en las respectivas etapas del proceso. El agente del Ministerio Público se abstuvo
de rendir concepto.

12. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

13. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto en el recurso de alzada.

2.2. Del problema jurídico
14. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Jesús Ernesto

2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»

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Radicado: 15001233300020190030701 (2387-2023)
Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

González Pinto reúne los requisitos legales para acceder a la pensión de
sobrevivientes reclamada en calidad de hijo, en condición de invalidez, de la señora
María Inés González de Pinto.

2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

15. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la
Sentencia de Unificación 029-CE-S2-2022 de 11 de agosto de 20224, reiteró el
carácter especial de la pensión gracia, cuya finalidad es el reconocimiento a los
docentes territoriales por su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al
servicio de la actividad educativa; y así compensar las diferencias salariales de
aquellos frente a los docentes vinculados a la Nación.

16. Seguidamente se explicó que aunque la sustitución de dicha prestación no era
un aspecto debatido en el marco de la unificación, era necesario precisar que por
tratarse de una prestación especial, la sustitución de la misma se regía por las
normas generales, destacando que dicha figura no estaba contemplada para los
educadores en 1913 cuando se originó la pensión gracia, y por vía jurisprudencia el
Consejo de Estado se fue desarrollando la postura enfocada en proteger el núcleo
familiar de los docentes.

17. Así, se estableció como regla de unificación que la norma que regula la
sustitución de la pensión gracia es la vigente para el momento del fallecimiento del
causante.

18. Para arribar a la anterior conclusión, la corporación realizó un recuento sobre
la dádiva en cita y rememoró que la Sección Segunda en punto a la sustitución de
la pensión gracia ha partido de dos criterios: i) consistente en «que se aplican las
normas generales anteriores a la Ley 100 de 1993, bajo el entendido que para los
excluidos de la referida Ley, en los términos del artículo 279, continúa vigente la Ley
71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1989. Ello, como quiera que el
artículo 279 excluye a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio de la aplicación del sistema integral de seguridad social en
pensiones».

19. Y ii) que para el análisis de dicha sustitución se tienen en cuenta la disposición
de la Ley 100 de 1993 siempre que esté vigente al momento del deceso; ello, por
cuanto dicha pensión estaba a cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y del
Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, y el artículo 279 ibidem solo
exceptuó de su ámbito de aplicación a las prestaciones a cargo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio. Así pues, se ha considerado que como las
normas que regulan la pensión gracia no prevén la sustitución pensional, esta se
rige por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

20. En todo caso, se aclara que la aplicación de la Ley 100 de 1993, en las

4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017)

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Radicado: 15001233300020190030701 (2387-2023)
Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

situaciones en que sea la norma vigente para efectos de la sustitución de la pensión
gracia, no habilita en modo alguno a reconocer la pensión de sobrevivientes con
fundamento en el numeral 2 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige tan solo la cotización de 50 semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento; ello, en
tanto la especialidad de la prestación mencionada permite que se reconozca aun
cuando el docente no está afiliado al ente de previsión que la concede, ni efectuó
aportes; y especialmente porque «a la luz de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad no puede conllevar a que también proceda el reconocimiento de la
pensión gracia de sobrevivientes con 50 semanas de cotización, porque la vocación
de sustituibilidad de una pensión creada como especial y transitoria no puede llevar
a perpetuar una regulación de un tiempo pretérito (1913), creada para compensar
salarialmente a los maestros de primaria de las regiones apartadas».

21. Así entonces, resulta claro que el derecho a la sustitución pensional debe
analizarse a la luz de las disposiciones que se encuentren vigentes al momento del
fallecimiento del causante; criterio que se tendrá en cuenta para resolver la presente
controversia.

22. De manera que, como el deceso de la señora María Inés González de Pinto
ocurrió el 9 de junio de 2008, el asunto debe atender a los requisitos contemplados
en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
[…]
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que
establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio
previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;5

2.4. Actuación administrativa

23. Por Resoluciones UGM 019864 del 12 de diciembre de 2011 y UGM 031199 del
3 de febrero de 2012, Cajanal EICE le negó al señor Jesús Ernesto González Pinto
la sustitución de una pensión gracia con ocasión del fallecimiento de la señora María
Inés González de Pinto.

2.5. Caso concreto

24. En atención al contexto antes descrito, procede la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, teniendo en cuenta que el reconocimiento de la pensión de

5 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-

1094 de 2003 y C-066 de 2016.

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sobrevivientes debe analizarse conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por la Ley 797 de 2003.

25. De acuerdo con la referida disposición, para que el hijo en condición de invalidez
acceda a la pensión de sobrevivientes debe acreditar que dicho estado se estructuró
antes del fallecimiento del causante y que dependía económicamente de este.

26. Al respecto, esta corporación ha expresado que «la fecha de estructuración de
la invalidez es el momento a partir del cual la persona pierde de manera permanente
y definitiva su capacidad laboral y en consecuencia, la capacidad de generar los
ingresos para su manutención».6

27. En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que, para que se
cause el derecho a la pensión de sobrevivientes, «es necesario que la invalidez y la
dependencia económica estén presentes al momento del fallecimiento del
progenitor, pues ese es el sentido que emana de la protección que brinda la
seguridad social a quien, encontrándose con una pérdida de capacidad laboral del
50% o más, se ve privado del soporte económico que, en vida, su padre le prohijó».7

28. A su turno, el Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación CE-SUJ-
SII 010-2018, analizó el requisito de la dependencia económica y concluyó:8

[…] La medida está orientada a constatar la suficiencia o no de recursos del núcleo
familiar de manera que se les asegure una vida en condiciones dignas. No obstante,
esto no conlleva la necesidad de demostrar que se carece por completo de recursos,
pues tal interpretación desconoce el principio de proporcionalidad, al sacrificar
derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad
humana y los postulados constitucionales de solidaridad y protección integral a la
familia.
[...]

En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede asumirse desde
la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la falta de condiciones
materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar que dicho concepto debe ser
analizado en armonía con los postulados constitucionales y legales que enmarcan la
seguridad social, tales como la protección especial a las personas que, por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta.

29. Ahora bien, la Sala considera que el actor no demostró los requisitos para
acceder a la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo en condición de invalidez
de la señora María Inés González de Pinto, ya que no acreditó que la estructuración
de la invalidez fue anterior al fallecimiento de la causante, ni que dependiera
económicamente de ella.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2023, radicado 47001-23-

33-000-2016-00095-01 (3826-2021).
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL349-2024 del 12 de febrero de 2024,

Radicación n.° 98842.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, radicado 81001-23-33-000-2014-

00012-01 (1321-15).

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Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

30. En efecto, el interesado aportó un dictamen de la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez suscrito el 29 de julio de 2010, en el cual se determinó que presentaba
una pérdida de la capacidad laboral del 51.52%; sin embargo, no se indicó la fecha
de estructuración de la invalidez y el documento es posterior al deceso de la
causante.

31. Dicho dictamen se basó en las patologías de «alteraciones hipófisis anterior»,
«pérdida de campo visual» y «alteraciones funcionales complejas del cerebro». A
su vez, el actor aportó su historia clínica que da cuenta de las intervenciones
quirúrgicas a las que fue sometido por tumor en la hipófisis en los años 2001 y 2004;
sin embargo, el plenario no da cuenta de que para esos años los padecimientos le
ocasionaran una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, esto es, que
permitiera estructurar un estado de invalidez en los términos del artículo 38 de la
Ley 100 de 1993 y mucho menos que aquel se hubiera presentado antes del deceso
de la señora María Inés González de Pinto.

32. Esta corporación ha negado las pensiones de sobrevivientes de los hijos que
alegan su condición de inválidos cuando no existe certeza de que ese estado se
hubiera estructurado antes del fallecimiento del causante, en razón a que «es
necesario acreditar la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para efectos del
reconocimiento de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes, según
sea el caso, por cuanto ello sería tanto como desconocer el procedimiento de la
calificación de la incapacidad laboral, establecido en el artículo 62 del Decreto 1848
de 19699, los fundamentos para la calificación del origen y grado de pérdida esta
regulado en el Decreto 2463 de 200110; y, el grado de incapacidad de invalidez que
debía tener aquel aspirante a obtener la sustitución pensional».11

33. En relación con las normas referenciadas en la cita jurisprudencial transcrita, es
pertinente anotar que los artículos 41 y 42 de la Ley 100 de 1993 introdujeron
modificaciones al procedimiento y autoridades encargadas de calificar el estado de
invalidez que preveía el Decreto 1848 de 1969. Además, el Decreto 2463 de 2001
fue derogado por el Decreto 1352 de 2013. En todo caso, la sentencia en cita es
orientadora en torno a los requisitos que se vienen comentando para que los hijos
en condición de invalidez accedan a la pensión de sobrevivientes y para la fecha
del fallecimiento de la causante se encontraba vigente el Decreto 2463 de 2001.

34. En lo que atañe a la dependencia económica del demandante respecto de su
señora madre, se aportaron varias declaraciones extraprocesales, suscritas por el
actor, su hermana y otras personas, en las cuales se manifestó lo siguiente:

9 Artículo 62º.- Calificación de la incapacidad laboral. 1. La calificación del grado de invalidez se efectuará por

el servicio médico de la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por
el servicio médico de la entidad o empresa empleadora. 3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan
servicio médico, deberán contratar dicho servicio con la Caja Nacional de Previsión Social, para la calificación
a que se refiere este artículo
(…)”.
10 “(…) Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de

invalidez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2023, radicado 47001-

23-33-000-2016-00095-01 (3826-2021).

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Radicado: 15001233300020190030701 (2387-2023)
Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

Fecha de la
declaración Declarante Contenido de la declaración
Día - Mes -
Año
Que conozco al señor JESÚS ERNESTO GONZÁLES
13/09/2010 Nelson PINTO, con cédula de ciudadanía 7.160.907 de Tunja,
Giovanni desde hace VEINTIOCHO (28) AÑOS y he sido testigo
Mejía Bonilla como en el transcurso de este tiempo su salud ha venido
en detrimento, más menos [sic] en el año 1986-1987
presentó dolores de cabeza, los cuales fueron
deteriorando su salud, hasta que se le diagnosticó un
tumor hipófisis (acromegalia) por lo cual se le han
practicado 3 cirugías de alta complejidad. Por lo anterior
su capacidad laboral se vio limitada razón por la cual
dependía económicamente de su mamá la señora
MARÍA INÉS PINTO DE GONZÁLEZ, fallecida.
Que conozco al señor JESÚS ERNESTO GONZÁLEZ
17/09/2010 Aura Teresa PINTO hace aproximadamente 24 años por ser
Morales de compañera de trabajo de la mamá, desde esa época
Alvarado JESÚS empezó a sufrir problemas graves de salud y a
pesar de los esfuerzos de la familia y de los médicos
que lo estaban tratando no descubrían la causa de su
enfermedad, con el tiempo conocieron que esos
problemas cerebrales radicaban en un tumor en la
glándula hipófisis, por este motivo los problemas de
salud continuaron, por esta razón le era difícil conseguir
un trabajo estable y mucho menos desempeñarlos por
lo tanto dependía económicamente de su señora madre
la señora MARÍA INÉS PINTO DE GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.). Es de anotar que en este momento la salud
de Jesús es regular y sus entradas son muy bajas para
poder subsistir.
17/11/2010 Que el día nueve (09) de junio de 2008 falleció mi
Jesús señora madre MARÍA INÉS PINTO DE GONZÁLEZ,
Ernesto quien en vida se identificaba con la C.C. No. 23.540.911
González expedida en Duitama. Así mismo declaro que yo
Pinto dependía económicamente de mi señora madre, ya que
por mi discapacidad (acromegalia por tumor de hipófisis
recidivante) no puedo trabajar, no recibo renta ni
pensión alguna por ninguna entidad pública o privada.
16/01/2012 Que mi madre MARÍA INÉS PINTO DE GONZÁLEZ,
Elsa Trinidad quien se identificaba en vida con cédula de ciudadanía
González número 23.540.911, fecha de su fallecimiento 6 de junio
Pinto de 2008, era la persona encargada de colaborarle con
la seguridad social, cubrirle los gastos de la casa y
pagarle la pensión a sus hijos, brindarle el sustento y
bienestar general a mi hermano JESÚS ERNESTO
GONZÁLEZ PINTO.
18/01/2012 Que conozco al señor JESÚS ERNESTO GONZÁLEZ
Sandra PINTO, identificado con la cédula de ciudadanía número
Fabiola 7.160.907 de Tunja, hace treinta (30) años y me conta
Alvarado que la mamá la señora MARÍA INÉS PINTO DE
Morales GONZÁLEZ, era quien le ayudaba para pagar el
arriendo, estudios de sus hijos, alimentación, le pagaba
el seguro médico y pensión, ya que el señor ERNESTO
GONZÁLEZ PINTO, se encuentra enfermo de un tumor
en la cabeza y que ha sido operado dos veces por esta

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Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

razón doña MARÍA INÉS PINTO DE GONZÁLEZ era
quien le ayudaba para su sustento.

35. En relación con las anteriores declaraciones es pertinente anotar que los
declarantes coincidieron en afirmar que el actor dependía económicamente de su
señora madre; sin embargo, un análisis detenido de tales documentos evidencia
que se solo exponen apreciaciones genéricas, que impiden concluir con certeza
sobre la verosimilitud de su dicho.

36. En efecto, los declarantes no fueron detallados en las razones por las que les
constaba la dependencia económica y tampoco concretaron la forma en que la
causante proveía a la manutención del accionante.

37. Solamente la hermana del señor Jesús Ernesto González Pinto y la señora
Sandra Fabiola Alvarado Morales expresaron que la madre del demandante le
colaboraba o ayudaba con el pago de la seguridad social, cubrir los gastos de la
casa, y pagar la pensión de sus hijos y, en general, le brindaba «sustento y
bienestar».

38. No obstante, las declarantes no identificaron el monto de esa ayuda o qué tan
significativa era para el demandante, en aras de poder concluir que estaba
subordinado económicamente a su señora madre.

39. Es más, en el dictamen antes referido se mencionó que la ocupación del
accionante era «asesor de salud ocupacional». Asimismo, al consultar el RUAF12
se observa que, desde antes de fallecimiento de la causante, el actor venía
aportando al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales
en calidad de trabajador dependiente, como se ilustra en la siguiente imagen:13

12 Registro Único de Afiliados.
13 https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx

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Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

40. En casos con contornos similares al presente, esta corporación ha negado la
pensión de sobrevivientes con fundamento en los siguientes razonamientos:14

Aunado a lo anterior del sistema integral de información de la protección social15, se
evidencia que el demandante se encuentra afiliado en salud [cotizante, activo desde
el 1° de noviembre de 2015], pensiones [cotizante, activo desde el 1° de julio de 2017],
riesgos laborales [activo desde el 28 de enero de 2023], labora en Neiva y se
encuentra afiliado a la caja de compensación familiar del Huila [activo desde el 3 de
noviembre de 2005, como trabajador afiliado dependiente].
[…]
De acuerdo con lo anterior, como la pretensión del demandante es el reconocimiento
de la sustitución pensional, se tiene que no es procedente pues si bien requirió de la
protección económica de su progenitora para su subsistencia, lo cual se mantuvo
hasta el fallecimiento de la pensionada; tal situación se superó porque se demostró
que se encuentra laboralmente activo, lo que le permite mantenerse en condiciones
dignas, por tal razón, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

41. En este orden de ideas, el actor no logró demostrar la dependencia económica
respecto de la causante de la prestación reclamada, pues no existe claridad del
monto del aporte que esta hacía para su manutención, y en especial que tal
colaboración fuera relevante y significativa para predicar una subordinación
económica, máxime cuando el actor también percibía un salario producto de una
relación laboral, por lo que era importante determinar las razones por las que dicho
ingreso resultaba insuficiente para atender una vida en condiciones dignas.

42. En consecuencia, se confirmará la decisión apelada, que negó las súplicas de
la demanda.

43. Finalmente, es pertinente anotar que en el recurso de apelación el actor afirmó
que la sentencia apelada debió tener en cuenta los alegatos de conclusión
presentados en la primera instancia; sin embargo, el apelante omitió argumentar el
por qué, de haber sido considerados por el a quo, la decisión final hubiese sido
distinta. Sobre el particular, se recuerda que tal escrito, además de ser facultativo,
se ha entendido como «la oportunidad para expresarle al juez cuál debe ser, en su
sentir, la conclusión a la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de
hecho, de derecho, y el acervo probatorio, sin que sea posible a esas alturas del
proceso traer nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas».16

2.6. Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de junio de 2024, radicado 41001-23-

33-000-2017-00047-01 (6247-2022).
Demandante: Néstor Orlando Silva Londoñ
15 https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx
16 Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 9 de febrero de 2017, radicado 66001-2333-000-

2016-00080-01 (PI)

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frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, se impondrán costas al demandante -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Boyacá.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del 26 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Boyacá.

Tercero. Reconocer como apoderados de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a
los abogados que se enlistan a continuación:

Apoderado (a) Cédula Tarjeta
Profesional
Gloria Ximena Arellano Calderón 3157857217 123175

17 Certificado de Vigencia 1516403.

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Radicado: 15001233300020190030701 (2387-2023)
Demandante: Jesús Ernesto González Pinto

Omar Trujillo Polanía18 111750785519 201792
María Camila Camargo Rueda20 109049238921 340484

Cuarto. Aceptar la renuncia del poder presentada por la abogada Gloria Ximena
Arellano Calderón, teniendo en cuenta que allegó la comunicación de que trata el
inciso 4 del artículo 76 del CGP.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – SAMAI, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

18 Abogado adscrito a la Sociedad Trujillo Polania & Asociados S.A.S.
19 Certificado de Vigencia 1516421.
20 Abogada adscrita a la Sociedad Trujillo Polania & Asociados S.A.S.
21 Certificado de Vigencia 1516437.

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