Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00319-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2024-00319-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2024-00319-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Accionada: María Cristina Ángel Ángel
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura de los concejales - reiteración de
jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionada contra la
sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. El ciudadano Manuel Ricardo Rey Vélez, actuando en nombre propio y en ejercicio
del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de
20112, solicitó:
“[…] PRETENSIONES
1. Declarar la Pérdida de Investidura de la ciudadana MARIA CRISTINA ANGEL
ANGEL, mayor de edad, vecino (sic) de la ciudad de San Martín de los Llanos (Meta)
(…) en su calidad de CONCEJAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS (META), por
el PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE - ASI, para el periodo
constitucional 2024-2027.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se decreten:
2.1. La anulación de la respectiva credencial.
2.2. La muerte política de la ciudadana en mención.
3. En caso de oposición, se condene al demandado a las costas procesales y a las
agencias en derecho. […]” (negrilla del texto).
1
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
I.1.1.- Los hechos
2. Manifestó que la señora María Cristina Ángel Ángel fue elegida, en las elecciones
territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023, concejal del municipio de San
Martín de los Llanos (Meta), para el período 2024-2027.
3. Mencionó que la acusada recibió, el 5 de noviembre de 2023, la credencial que la
acreditaba como concejal del mencionado municipio y el 2 de enero de 2024 tomó
posesión del cargo.
4. Indicó que en el Concejo Municipal de San Martín de los Llanos se dio trámite al
Proyecto de Acuerdo núm. 011, el cual fue aprobado y pasó a ser el Acuerdo núm.
11 de 12 de agosto de 2024, por medio del cual se concedió un beneficio temporal
respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio.
5. Aseveró que la accionada aprobó el mencionado acuerdo, a pesar de tener un
interés económico directo, al ser “[…] deudora morosa […]” del impuesto predial
unificado, puesto que, para la fecha de aprobación del acuerdo, por concepto de
esa obligación tributaria, debía a la administración municipal la suma de
$12.694.507.
6. Apuntó que la accionada, luego de aprobar el acuerdo, sin declararse impedida y
teniendo un interés económico directo, obtuvo un beneficio económico pues su
deuda se redujo a la suma de $4.973.923, por lo que obtuvo un descuento por valor
de $7.720.584.
7. Subrayó que la accionada incumplió el deber que le imponía su cargo de
declararse impedida en los asuntos en que tuviera interés particular, directo “[…] o
indirecto […]” consistente en la aprobación de beneficios para sí misma “[…] así
como desviar el interés general de la comunidad San Martinera, sobreponiendo el
interés particular pues era deudora de impuesto predial (sic) unificado y no se
declaró impedida, obteniendo un provecho personal con su voto […]”.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
8. El accionante, como fundamento de la solicitud, invocó:
“[…] como causales de pérdida de la investidura del ciudadana (sic) MARIA
CRISTINA ANGEL ANGEL, (…) las contenidas en el numeral 2 del artículo 55 de la
ley 136 de 1991 (sic), en concordancia con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617
del 2000, pues vulneró lo dispuesto en el artículo 70 ibídem (sic) e incumplió el deber
propio del cargo establecido en el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011
[…]” (negrilla del texto).
9. Manifestó que, durante el trámite del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024,
la accionada era conocedora de que era “[…] deudora morosa del impuesto predial
3
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
unificado […]” pues adeudaba a la administración municipal la suma de
$12.694.507.
10. Anotó que la accionada, en la sesión de la Comisión Segunda de Hacienda y
Crédito Público del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, realizada el 8
de agosto de 2024, participó activamente sin declararse impedida, pese a que era
“[…] deudora morosa de impuesto predial unificado y al estarse tramitando en dicho
proyecto un beneficio para los deudores morosos, su interés era particular, actual y
directo contrario al interés general. […]”.
11. Consideró que la accionada no se encontraba en igualdad de condiciones con la
ciudadanía en general puesto que no todos los ciudadanos eran contribuyentes del
impuesto predial unificado ni todos esos contribuyentes eran deudores.
12. Apuntó que el proyecto de acuerdo no generó beneficios tributarios para los
contribuyentes en general, pues creó una amnistía tributaria para los deudores, lo
cual, en su concepto, era inconstitucional por violación al principio de igualdad
tributaria.
13. Hizo referencia a las sentencias de 27 de agosto de 20223, 23 de marzo de 20034,
21 de noviembre de 20135 y 14 de diciembre de 20186, proferidas por el Consejo de
Estado, que consideró aplicables al presente asunto.
14. Destacó, con sustento en la sentencia de 27 de agosto de 2022, que, en el
presente asunto, la concejal accionada, encontrándose en causal de impedimento
porque la decisión la afectaba personalmente de manera directa, no se declaró
impedida y tampoco fue recusada, participando y votando positivamente en la
Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público y en la plenaria del Concejo
Municipal de San Martín de Llanos, el proyecto de acuerdo que se convertiría en el
Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, por medio del cual se concedió un
beneficio temporal respecto de los impuestos predial unificado y de industria y
comercio.
15. Indicó, con sustento en la sentencia de 23 de marzo de 2003, que la accionada
tenía un interés particular puesto que conocía de su condición de deudora del
impuesto predial unificado en la suma de $12.694.507, obligación que, luego de la
3
“[…] Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 27 de agosto de 2002, Rad. 2002-00446 (PI043), MP. Olga Inés
Navarrete Barrero. […]”. (Negrilla del texto).
4
“[…] Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 23 de marzo de 2003, Rad. 2009-00198(PI). […]”. (Negrilla del texto).
5
“[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero
ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013), Radicación
número: 25000-23-27-000-2012-00093-01(PI) […]”. (Negrilla del texto).
6
“[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero
ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho
(2018), Radicación número: 13001-23-33-000-2016-01192-01(PI) […]”. (Negrilla del texto).
4
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
aprobación del acuerdo, se redujo a $4.973.923, con lo cual recibió un beneficio
personal por valor de $7.720.584.
16. Frente a los elementos objetivo y subjetivo, subrayó, con sustento en sentencia
de 1.º de febrero de 20187 y 15 de diciembre de 20238, que la accionada:
16.1. Era concejal del municipio de San Martín de los Llanos y que existía un interés
particular y directo en cabeza suya como deudora del impuesto predial unificado en
la suma de $12.694.507.
16.2. No se declaró impedida en el trámite del proyecto de acuerdo que dio origen al
Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024, por medio del cual se concedió un beneficio
temporal respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio, ni
fue recusada.
16.3. Hizo parte cuórum y votó positivamente el proyecto de acuerdo que dio origen
al Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024, en la Comisión Segunda de Hacienda y
Crédito Público como en la plenaria del Concejo Municipal de San Martín de los
Llanos.
16.4. Era una persona con la capacidad de determinar el grado de ilegalidad de su
conducta, es decir, que tuvo la intención de beneficiarse del descuento de los
intereses del impuesto del cual era deudora, a lo que sumó que:
“[…] actuó de manera negligente y sin prudencia, ya que debió declararse impedida
y no lo hizo y terminó de manera intencional beneficiándose de manera directa,
poniendo su interés propio, por encima del interés general de la población de San
Martín de los Llanos (Meta) […]”.
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura9
17. La accionada, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud formulada
en su contra y se opuso a sus pretensiones al no advertir la configuración de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.
18. Manifestó que de lo expuesto por el accionante no podía advertirse cuál era el
beneficio o provecho particular de la accionada en la aprobación del Acuerdo núm.
7
“[…] Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P. Oswaldo Giraldo López. Sentencia
del 1 de febrero de 2018. Expediente radicación nro. 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de
mayo de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 05001-23-31-000-2017- 02538- 01 (PI) […]”.
8
“[…] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, CONSEJERO
PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Referencia:
PÉRDIDA DE INVESTIDURA, Radicación: 50001-23-33-000-2023-00007-01, Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS,
Concejal acusado: CARLOS HOYOS MALABERT, (iii) CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., quince
(15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA, Radicación: 50001-23-33-000-2023-
00006-01, Solicitante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS, Concejal acusado: ORLANDO GRANADOS ACEVEDO, […]”.
9
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
11 de 12 de agosto de 2024, puesto que en su contenido no se previó beneficio
particular para esta ni podía acreditarse que lo recibió toda vez que el mencionado
acuerdo era de carácter general, impersonal y abstracto, presentado por iniciativa
del alcalde municipal, el cual surtió primer debate en la Comisión Segunda de
Hacienda y Crédito Público, de la cual hacía parte, y posteriormente en la plenaria
del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, siendo aprobado por los trece
(13) concejales.
19. Estimó que no podía configurarse la violación del régimen de conflicto de
intereses en asuntos que afectan a la accionada en igualdad de condiciones a la
ciudadanía en general, como en efecto aconteció, conforme los fundamentos
legales expuestos en el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, en los cuales
se hizo referencia al beneficio del acuerdo para el municipio en general.
20. Insistió en que el beneficio tributario creado en el Acuerdo núm. 11 de 12 de
agosto de 2024 era para todas las personas contribuyentes de los impuestos predial
unificado e industria y comercio que no se habían puesto al día y destacó que, para
el caso del impuesto predial, ascendía a 7967 contribuyentes que adeudaban cerca
de $15.833.717.334, conforme a la información proveniente de la administración
municipal.
21. Mencionó que el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, beneficiaba,
igualmente, a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
22. Apuntó que adquirió con su hijo un inmueble en el municipio de San Martín de
los Llanos, producto de un subsidio de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de
Policía y adujo ser madre cabeza de hogar y responsable de la manutención de tres
(3) hijos, de los cuales dos (2) eran menores de edad, y de sus padres adultos
mayores, las cuales dependerían moral y económicamente de sus ingresos.
23. Agregó que devengaba una pensión mensual de “[…] menos de un salario
mínimo mensual […]” como pensionada del Ministerio de Defensa Nacional y que
era codeudora del crédito educativo de su hijo, copropietario del inmueble
involucrado en este medio de control, quien se encontraba estudiando en la ciudad
de Bogotá, en la Fundación Universitaria San Martín.
24. Aseveró que el medio de control de pérdida de investidura tiene carácter
sancionatorio, en el que se realiza un juicio de responsabilidad subjetivo, lo cual
quiere indicar que para establecer si:
“[…] un concejal incurrió en las causales que se le imputan, se requiere analizar,
inicialmente, la tipicidad de la conducta, lo que implica establecer si los hechos
invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se adecúan a la
causal endilgada […]”.
25. Puso de presente que se debía evaluar si había actuado en forma dolosa o
gravemente culposa en la aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024,
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
para lo cual señaló que el beneficio otorgado en este era temporal para los
contribuyentes de los impuestos predial y de industria y comercio.
26. Formuló como excepciones las de falta de prueba de la causal e inexistencia del
conflicto de intereses.
27. Insistió, respecto de la excepción de falta de prueba de la causal, que no obtuvo
beneficio ni provecho por el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, pues, a la
fecha de presentación de la contestación a la solicitud de pérdida de investidura,
tenía pendiente la obligación tributaria, para las vigencias 2010-2022, por la suma
de $12.862.916, conforme al documento expedido el 17 de octubre de 2024 por la
Secretaría de Hacienda Municipal de San Martín de los Llanos, en el cual constaría
que tampoco ha solicitado la aplicación del beneficio previsto en ese acuerdo.
28. Reiteró que devenga una pensión mínima junto con la remuneración como
concejal y que las obligaciones con sus hijos y padres, quienes dependían
económicamente de ella, no le permiten tener la solvencia económica para “[…]
ponerse al día en el pago del impuesto predial de su vivienda familiar, y no lo hará
porque desafortunadamente para ella como se ha dicho no cuenta con el músculo
financiero para hacerlo […]”.
29. Alegó que su situación económica tampoco le permitió acogerse al beneficio
tributario decretado por el Gobierno Nacional en el artículo 6. ° del Decreto núm.
678 de 20 de mayo de 202010, conforme la certificación expedida por la Dirección
Financiera de Impuestos de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos y
destacó que el inmueble de su propiedad, conforme el certificado de tradición y
libertad, no ha sido objeto de proceso de jurisdicción coactiva por parte del municipio
ni por otra entidad o persona.
30. Subrayó, respecto de la excepción de inexistencia del conflicto de intereses, que
el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 era un acto de carácter general,
impersonal y abstracto, luego no estaba referido a persona natural o jurídica en
particular.
31. Resaltó que no se acreditó que hubiese participado en la discusión y aprobación
del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 impulsada por un interés directo,
particular y actual y recordó que el proyecto fue presentado por el alcalde municipal
de San Martín de Llanos con respaldo en un análisis de impacto fiscal.
32. Expuso que, teniendo en consideración los impuestos que están involucrados en
el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, “[…] la gran mayoría o todos los
concejales se hubiesen declarado impedidos porque cualquiera de ellos, su familia,
su cónyuge, podrían tener un inmueble gravado con impuesto predial unificado, o
10
“[…] Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y presupuestal de las entidades
territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020. […]”.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
fueran propietarios de un establecimiento de comercio […]” e insistió en que no
estaba demostrado que actuó en interés propio o de su familia.
33. Reiteró que:
“[…] el Acuerdo 011 de 2024 es impersonal, general y abstracto, nunca se surtieron
efectos individuales, directos, patrimoniales en favor de mi prohijada o en el de alguno
de sus parientes y que su intervención estuvo enmarcada dentro del principio de la
buena fe, toda vez que los recaudos que se obtienen con la aprobación del acuerdo
contribuyen al mejoramiento de la vida de los habitantes del municipio es decir para
el pueblo Sanmartinero y esta es la razón de ser y para lo cual fue elegida
democráticamente la concejala, para ejercer el control político de la Administración
Municipal y el estudio de los proyectos de acuerdo que beneficien a la población. […]”.
I.3. Trámite del proceso
34. Mediante auto de 8 de octubre de 202411 se admitió la solicitud de pérdida de
investidura y i) se ordenó la notificación personal a la accionada y al agente del
Ministerio Público y ii) se le hizo saber a la accionada que contaba con el término
de cinco (5) días para referirse por escrito a la solicitud, aportar pruebas o pedir la
práctica de las que considerara conducentes.
35. El accionado se pronunció frente a la solicitud de pérdida de investidura 12, así
como el agente del Ministerio Público13.
36. En auto de 5 de noviembre de 202414 se decretó la práctica de pruebas y se fijó
para el día 12 de noviembre de 2024, hora 9:00 A.M., la realización de la audiencia
pública a la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de
201815.
37. Mediante auto de 8 de noviembre de 202416 se fijó para el día 18 de noviembre
de 2024, hora 2:30 P.M., la realización de la audiencia pública a la que se refieren
los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.
38. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881, fue realizada el día
18 de noviembre de 202417, con la asistencia e intervención del accionante, del
agente del Ministerio Público y del apoderado de la accionada.
11
Cfr. Índice 4, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
12
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
13
Cfr. Índice 9, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
14
Cfr. Índice 14, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
15
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”
16
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
17
Cfr. Índice 38, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
I.4. La sentencia de primera instancia18
39. El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 28 de noviembre de
2024, resolvió:
“[…] 1. DECLARAR la pérdida de investidura de la señora María Cristina Ángel Ángel,
Concejal del municipio de San Martín de los Llanos, conforme a lo expuesto. […]”
(negrilla del texto).
40. Expuso que los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida por
violación del régimen de conflicto de intereses eran: i) la calidad de concejal; ii) la
existencia de un interés directo, particular y actual; iii) la no manifestación de
impedimento; iv) la participación activa en el asunto; y iv) que el asunto sea de
competencia funcional del concejal.
41. Indicó que el Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024 tuvo como finalidad otorgar
un beneficio a los contribuyentes, mediante la implementación temporal de una
disminución en el porcentaje de la tasa de interés moratorio aplicado a las
obligaciones tributarias vencidas, respecto de los impuestos predial y de industria y
comercio.
42. Señaló que el documento de análisis de impacto fiscal del proyecto de acuerdo
señalaba que el beneficio incluiría los intereses que se causaran en los procesos de
cobro coactivo existentes y los acuerdos celebrados antes de la entrada en vigor
del beneficio propuesto.
43. Puso de presente que la Dirección Financiera de Impuestos del municipio de San
Martín de los Llanos certificó que:
“[…] 2. El predio con ficha catastral No 01010000014700100000000 a nombre de la
señora María Cristina Angel Angel tiene un proceso de cobro coactivo del año 2019
con la liquidación oficial número 2019-603 del mes de mayo del 2019, de las vigencias
2014 al 2016 y se envió con número de guía 1400169866; con una citación de
mandamiento de pago del 26 de julio del 2023 con recibido maría ángel (…) y numero
de guía 1405382 y mandamiento de pago número 603 del 24 de julio del 2023 con
numero de guía 1470141, con constancia de publicación a página web y constancia
de ejecutoriada del día 20 de febrero del 2024.
De igual forma, en el año 2022 se realizó la liquidación oficial número 2022-0353 del
20 de abril, de las vigencias 2017 al 2020 con número de guía 0375161.
3. Que la señora MARIA CRISTINA ANNGEL ANGEL (sic) identificada con número
de cedula 40.421.997 aparece únicamente como contribuyente que de acuerdo a la
información que reposa por ser titular del derecho de dominio del predio en mención
en nuestra base de datos, la cual es suministrada por el INSTITUTO GEOGRAFICO
AGUSTIN CODAZZI. […]”.
44. Indicó que en la sesión de 8 de agosto de 2024 correspondiente a la Comisión
Segunda de Hacienda y Crédito Público del Concejo Municipal de San Martín de los
18
Cfr. Índice 41, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Llanos, se dio primer debate al Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024, por medio
del cual se concedió un beneficio temporal respecto de los impuestos predial
unificado y de industria y comercio, sesión en la cual la accionada estuvo presente
y votó el trámite y aprobación de ese proyecto de acuerdo.
45. Aseguró que la accionada, igualmente, aprobó, en segundo debate, el citado
proyecto de acuerdo, en la sesión de 12 de agosto de 2024.
46. Analizó los requisitos objetivos para considerar vulnerado el régimen de conflicto
de intereses y subrayó que estaba acreditado que la señora María Cristina Ángel
Ángel fue electa concejal del municipio de San Martín de los Llanos para el período
2024-2027.
47. Señaló que la accionada tenía un interés específico, directo y potencial en la
expedición del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 por tener la condición de
demandada en un proceso coactivo promovido por la Secretaría de Hacienda del
municipio de San Martín de los Llanos, con el propósito de hacer efectivo el recaudo
de los impuestos prediales que esta adeudaba, cuya cuantía podría reducirse
sustancialmente al entrar en vigor el citado acto administrativo.
48. Consideró que:
“[…] Paralelamente al interés particular antes señalado, es claro que la medida de
alivio tributario contenida en el Acuerdo 011 de 2024 también se aplica a los demás
propietarios de inmuebles del municipio que estuviesen en mora en el pago del
impuesto predial.
Por lo anterior, puede afirmarse que esa determinación, además de favorecer en
forma directa a la demandada, por ser deudora morosa del impuesto predial en el
municipio, también favorecía de manera concurrente y en igualdad de condiciones a
los demás deudores de ese tributo municipal.
Si bien el artículo 48, ordinal 1.º, de la Ley 617 de 2000 establece que «No existirá
conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general», no puede
ignorarse que el artículo 70, ordinal 2.°, de la Ley 136 de 1994 prevé puntualmente
que cuando un concejal tiene un interés personal y directo en la decisión que debe
adoptar la Corporación a la cual pertenece, «[…] deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas».
Así, para la sala, en este caso concurre el presupuesto de configuración de un interés
directo, particular y actual o inmediato en cabeza en la concejal demandada. […]”.
49. Constató que, una vez revisadas las actas de las sesiones del Concejo Municipal
de San Martín de los Llanos realizadas el 8 y 12 de agosto de 2024, en las cuales
se dio primer y segundo debate al Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024, la
accionada participó activamente en la discusión y aprobación de dicho acuerdo, sin
que haya manifestado su impedimento, al ser potencial y directa beneficiada con el
alivio tributario contenido en el proyecto de acuerdo, por lo que consideró que se
10
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
cumplió el requisito consistente en no haber manifestado impedimento frente al
asunto objeto de decisión.
50. Aseveró que la concejal conformó el cuórum para la votación del Proyecto de
Acuerdo núm. 11 de 2024, según las actas mencionadas, y resaltó que la
participación de la concejal accionada en la discusión, votación y aprobación del
Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024 se dio dentro del marco de las funciones que
la ley les atribuye a los concejales, conforme la Ley 136 de 2 de junio de 199419.
51. Encontró que se cumplieron los requisitos objetivos de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, por lo que analizó la
presencia del elemento subjetivo.
52. No compartió la argumentación de la accionada, quien sostuvo que participó en
la votación del Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024 sin dolo ni culpa grave.
53. Destacó que el hecho de que alegara que su conducta no constituía conflicto de
intereses no la eximía del deber de declarar su impedimento para participar en la
votación de un proyecto de acuerdo que creaba beneficios tributarios de los cuales
podría ser beneficiaria, omisión que consideró una violación grave al principio de
imparcialidad y que reforzaba la existencia de un comportamiento culposo.
I.5. El recurso de apelación20
54. La accionada, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la solicitud.
55. Aseveró que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta algunas pruebas
allegadas al proceso y valoró indebidamente el oficio de 17 de octubre de 2024,
expedido por la Secretaría de Hacienda de San Martín de los Llanos, en el cual se
informa que no solicitó la aplicación del beneficio establecido en el Acuerdo 11 de
12 de agosto de 2024.
56. Aseguró que el Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024 era general, impersonal y
abstracto, presentado a iniciativa del alcalde del Municipio de San Martín de los
Llanos y que no fungió como ponente de este en el concejo municipal.
57. Mencionó que hizo parte de la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público
del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, a la cual le correspondió dar
primer debate al Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024, para luego ser discutido en
la plenaria de la corporación.
19
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
20
Cfr. Índice 44, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
11
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Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
58. Resaltó que no puede existir conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que la afecten en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general,
como aconteció, en su concepto, en el presente asunto, toda vez que de los
fundamentos legales del proyecto de acuerdo, en particular los previstos en los
artículos 3221 y 9122 de la Ley 136, dan cuenta que el proyecto beneficiaría al
municipio en general y no a ella en particular.
59. Apuntó que el beneficio tributario otorgado en el Acuerdo núm. 11 de 12 de
agosto de 2024 era para todas las personas contribuyentes de los impuestos predial
y de industria y comercio que no se habían puesto al día, siendo estos, en relación
con el impuesto predial, cerca de 8.000 contribuyentes, como lo advirtió la directora
administrativa de tesorería y la directora financiera de impuestos en el análisis de
impacto fiscal del proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal
y que sirvió de base para aprobar el citado acuerdo.
60. Se refirió a lo afirmado por la primera instancia en el sentido que existía, en
cabeza de la accionada, interés específico, directo y potencial en la expedición del
Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, por tener la condición de demandada
en un proceso de cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda del Municipio de San
Martín de los Llanos para el recaudo de las obligaciones tributarias adeudadas por
concepto del impuesto predial.
61. Manifestó que no recordaba haber sido notificada personalmente de la existencia
de un proceso coactivo en su contra por la administración municipal y mencionó que
si bien el documento de 6 de noviembre de 2024, expedido por la Dirección
Financiera de Impuestos del Municipio de San Martín de los Llanos, como respuesta
a una solicitud probatoria del agente del Ministerio Público, fue incorporado al
expediente y se corrió traslado del mismo en la audiencia de 18 de noviembre de
2024, no tuvo conocimiento del mismo pues no fue posible su consulta, lo cual se
podría interpretar como una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
62. Alegó, frente a los presupuestos para la existencia objetiva de la violación del
régimen de conflicto de intereses y, en particular, la presencia de un interés directo,
particular y actual, que no está probado que la accionada haya sido notificada en
debida forma de la existencia de un proceso coactivo en su contra.
63. Añadió que el alivio tributario previsto en el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de
2024, como lo señaló la primera instancia, se aplica a “[…] los demás propietarios
de inmuebles del municipio que estuviesen en mora en el pago del impuesto predial
[…]”, lo que querría decir que tal beneficio también se aplicaba a los demás
propietarios de inmuebles del municipio que estuviesen en esa situación, lo que
favorecía “[…] de manera concurrente y en igualdad de condiciones a los demás
deudores de ese tributo municipal […]” conforme lo expone el artículo 48 de la Ley
21
Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 6 de julio de 2012, “[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
22
Modificado por el artículo 29 de la Ley 1551.
12
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
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617 de 6 de octubre de 200023, norma según la cual, no existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado
en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
64. Estimó que estaba demostrado que no tuvo interés personal y directo en la
decisión adoptada por el Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, insistiendo
en que el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 era impersonal, general y
abstracto y no surtió efectos individuales, directos, patrimoniales en su favor o de
alguno de sus parientes, actuando de buena fe pues con la aprobación del acto
administrativo se contribuía al mejoramiento de la vida de los habitantes del citado
municipio.
65. Consideró,en lo que atinente al presupuesto de no manifestación de
impedimento, que no debía manifestarlo puesto que el Acuerdo núm. 11 de 12 de
agosto de 2024, insistió, era un acto general y pretendía que beneficiar a un total
de:
“[…] 7967 contribuyentes morosos, por una suma que asciende al valor de
$15.833.717.334, con esta propuesta se pretende que al menos el 50% del
contribuyente en mora haga uso del descuento y puedan cumplir con sus obligaciones
tributarias, de igual forma este acuerdo no solamente comprometía a los
contribuyentes de impuesto predial sino también los contribuyentes por concepto de
industria y comercio. […]”.
66. Destacó, frente al presupuesto de participación activa en el asunto, que:
“[…] Claro que la concejal participó y conformó el quórum para la votación del proyecto
de Acuerdo 011 de 2024, como lo es su deber, previendo que efectivamente su
participación obedeció al compromiso adquirido como cabildante Es por ello, que para
analizar los hechos materia de litigio en un proceso de pérdida de investidura no es
suficiente determinar si se estructuró o no la causal, sino que se debe analizar si el
demandado actuó con dolo o con culpa grave […]”.
67. Apunto que, de acuerdo con la Ley 136, dentro de las funciones de los concejales
se encuentra la presentación, discusión y aprobación de los proyectos de acuerdo,
por lo que la aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 se enmarca
en las funciones atribuidas por la ley a esos servidores públicos.
68. Concluyó que no se acreditó, objetivamente, la configuración de la causal de
pérdida de investidura que le fue atribuida, por lo que no resultaba procedente
establecer el elemento subjetivo de la conducta.
23
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”
13
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
I.6. Trámite del recurso de apelación
69. Mediante auto de 16 de enero de 202524, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por el accionado en contra de la sentencia de 28 de noviembre de 2024.
70. En auto de 3 de abril de 202525, se resolvió admitir el recurso de apelación y
rechazar las solicitudes probatorias presentadas en la impugnación.
71. Mediante auto de 28 de agosto de 202526, se ordenó, en la medida en que la
ponencia registrada para la Sala27 no obtuvo la mayoría necesaria, se remitiera el
expediente al despacho del consejero de Estado que seguía en turno.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
72. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto de la
accionada; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada;
y, v) los cargos formulados por el apelante contra la sentencia de primera instancia.
II.1. La competencia
73. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201928, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15029 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
74. La condición de la accionada, señora María Cristina Ángel Ángel como concejal
del municipio de San Martín de los Llanos, período 2024 – 2027, se encuentra
acreditada por la copia del formulario E2730, expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, mediante la cual se declaró que:
“[…] MARÍA CRISTINA ANGEL ANGEL (…) ha sido elegido(a) CONCEJAL por el
Municipio de SAN MARTIN DE LOS LLANOS – META, para el Período
Constitucional de 2024 al 2027, por el PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE “ASI”. […]” (negrilla del texto).
24
Cfr. Índice 45, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
25
Cfr. Índice 8, SAMAI.
26
Cfr. Índice 13, SAMAI.
27
Cfr. Índice 14, SAMAI.
28
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
29
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
30
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
14
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
75. Reposa, igualmente, copia del Acta núm. 001 de 2 de enero de 2024 31, que dio
cuenta de la sesión del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos de esa fecha,
en la cual tomaron posesión los concejales de ese municipio, entre ellos, “[…]
ÁNGEL ÁNGEL MARÍA CRISTINA […]”.
76. Se precisa que la condición de la accionada como concejal del municipio de San
Martín de los Llanos, período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el
recurso de apelación.
II.3. El problema jurídico
77. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201232, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por la accionada, se contrae a determinar si debe
revocarse la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se decretó la pérdida de
investidura de la señora María Cristina Ángel Ángel, concejal del municipio de San
Martín de los Llanos, período 2024-2027, por violar el régimen de conflicto de
intereses, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55
de la Ley 136 y el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617.
78. La apelante estimó que no se tuvieron en cuenta algunas pruebas allegadas al
proceso y se valoró indebidamente el oficio de 17 de octubre de 2024, expedido por
la Secretaría de Hacienda Municipal de San Martín de los Llanos, en la cual se
indicó que no solicitó la aplicación del beneficio establecido en el Acuerdo núm. 11
de 12 de agosto de 2024.
79. Alegó que el Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024, que se convertiría en el
Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024, no estableció un beneficio particular para ella
ni se acreditó que le haya beneficiado puesto que era un acto general, impersonal
y abstracto, presentado a iniciativa del Alcalde Municipal de San Martín de los
Llanos y del cual no fungió como ponente.
80. Expuso que no puede existir conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que la afecten en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general,
conforme el artículo 48 de la Ley 617, como aconteció, en su concepto, en el
presente asunto, toda vez que de los fundamentos legales del proyecto de acuerdo,
en particular los previstos en los artículos 32 y 91 de la Ley 136, dan cuenta que el
proyecto beneficiaría al municipio en general y no a la concejal en particular. Añadió
que el beneficio tributario creado por el Acuerdo 11 de 12 de agosto de 2024
31
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
32
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
15
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
favoreció a todos los contribuyentes de los impuestos predial y de industria y
comercio, con lo cual no debía manifestar impedimento alguno.
81. Manifestó que no recuerda haber sido notificada personalmente de la existencia
de un proceso coactivo en su contra por la administración municipal y mencionó que
si bien el documento de 6 de noviembre de 2024, expedido por la Dirección
Financiera de Impuestos del Municipio de San Martín de los Llanos como respuesta
a una solicitud probatoria del agente del Ministerio Público, fue incorporado al
expediente y se corrió traslado del mismo en la audiencia de 18 de noviembre de
2024, no tuvo conocimiento del mismo pues no fue posible su consulta, lo cual se
podría interpretar como una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
82. Alegó, frente a los presupuestos para la existencia objetiva de la violación del
régimen de conflicto de intereses y, en particular, la presencia de un interés directo,
particular y actual, que no está probado que la accionada haya sido notificada en
debida forma de la existencia de un proceso coactivo en su contra.
83. Destacó que participó en la conformación del cuórum para la votación del
Proyecto de Acuerdo 11 de 2024 pues era su deber como concejal y adujo que, por
ello, para analizar los hechos materia de litigio en un proceso de pérdida de
investidura no era suficiente determinar si se estructuró o no la causal, sino que se
debía analizar si el demandado actuó con dolo o con culpa grave.
84. Apuntó que, de acuerdo con la Ley 136, dentro de las funciones de los concejales
se encuentra la presentación, discusión y aprobación de los proyectos de acuerdo,
por lo que la aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 se enmarca
en las funciones atribuidas por la ley a esos servidores públicos.
85. Concluyó que no se acreditó, objetivamente, la configuración de la causal de
pérdida de investidura que le fue atribuida, por lo que no resultaba procedente
establecer el elemento subjetivo de la conducta.
II.4. La causal de pérdida de investidura invocada
86. El accionante le atribuyó a la señora María Cristina Ángel Ángel, concejal del
municipio de San Martín de los Llanos, período 2024-2027, la causal de pérdida de
investidura contenida en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617, consistente en la violación del régimen de conflicto
de intereses, así:
“[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]” (negrilla del texto).
16
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES
MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS
ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]” (negrilla del texto).
87. El artículo 70 de la Ley 136, estableció, respecto del conflicto de intereses, lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. […]” (negrilla del texto).
88. Esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales
previstos en los artículos 1°. y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5°.
del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 200933, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y señalan que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
89. De esa forma, con esta causal de pérdida de investidura se castiga la posibilidad
de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones
públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo
precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.
90. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios.
91. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben
guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento
33
“[…] Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. […]”.
17
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida
de investidura.
92. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, se ha pronunciado en diversas
ocasiones frente al alcance y contenido de la causal de pérdida de investidura
mencionada, las cuales, si bien se han realizado con ocasión de las controversias
asociadas a los congresistas, orientan el entendimiento, configuración y aplicación
de la figura a los miembros de corporaciones públicas del orden territorial.
93. Así, en sentencia de 28 enero de 202034, indicó:
“[…] A partir de las normas previamente mencionadas (C. Polt. Arts. 183 –numeral 1-
, 182 y 185, y Leyes 5 de 1992 –art. 286 a 296- y 1881 de 2018 –art. 18-), la
jurisprudencia reiterada de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado35 –en sede de pérdida de investidura de congresistas- ha señalado los
requisitos concurrentes que necesariamente deben estar acreditados para la
estructuración de la causal de violación del régimen de conflicto de intereses, así:
“(i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de
desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o
inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto
por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el
debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme
al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República”.36
En cuanto al segundo de los mencionados elementos de la causal de pérdida de
investidura en comento, esto es “(ii) La concurrencia de un interés directo, particular
y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano”, la
jurisprudencia de esta corporación ha señalado que se estructura cuando se observa:
a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden, incluso moral- del
congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso;
b) que efectivamente participe en la deliberación o decisión de ese tema en
específico; c) que ese interés sea directo, no eventual o hipotético; d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino particular.
Así las cosas, es válido concluir que, la causal de pérdida de investidura de violación
del régimen de conflicto de intereses se presenta cuando el congresista tiene interés
directo en el asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le afecta en forma
personal, a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o, a sus
socios, y plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general que
34
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Sentencia de 28 de enero de 2020. Radicación núm.: 11001 03 15 000 2019 02135 01.
35
Consejo de Estado, Sentencia del 17 de octubre de 2000, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, No. Rad. AC- 11116,
C.P. Mario Alario Méndez; Sentencia del 21 de noviembre de 2013, Sección Primera, Rad. No. 2012-01771-01, C.P. María
Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 2 de junio de 2016, Sección Primera, Rad No. 2015-00177, C.P. María Claudia Rojas
Lasso; Sentencia del 9 de noviembre de 2016, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2015-01333, C.P.
Ramiro Pazos Guerrero; Sentencia del 1 de febrero de 2018, Sección Primera, No. Rad. 2019-02830, C.P. Oswaldo Giraldo
López; Sentencia del 5 de septiembre de 2018, Sala de lo Contencioso Administrativo, Rad. No. 2018-00320, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia del 18 de febrero de 2019, Sala Especia] de Decisión No. 12, Rad No. 2018-03779,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
36
Ver entre otras: 1). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Expediente
11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). Providencia del 6 de junio de 2017. M.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 2)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 6. Magistrado Ponente: Carlos Enrique
Moreno Rubio. Sentencia de 16 de julio 2019. Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación: 11001-03-15-000-2019-02830-
00. Demandante: Andrés Zalamea. Demandado: Álvaro Uribe Vélez.
18
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su
impedimento para efectos de que este sea resuelto so pena de incurrir en la causal
de pérdida de investidura; en ese orden el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto,
si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada. […]” (negrilla y
subrayado del texto).
94. Esta Sección37 ha señalado que, para la configuración objetiva de esta causal se
requiere de la presencia de los siguientes elementos:
“[…] 55. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses38 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que,
movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin
declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la
función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios
de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.
56. Esta Sección39 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta “[…]
solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto objeto
de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones […]”; y
agregó que “[…] la Sala Plena40 ha sido enfática en sostener que si el interés se
confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]” (Destacado fuera de texto).
57. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
58. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en la
medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.
59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre
la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones
constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del
asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”.
37
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001 23 33 000 2022 01141-01.
38
Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de abril de 2019, C.P.
Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00(PI); y
Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-
00(IJ).
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de marzo de 2007,
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15- 000-2006-00003-01.
40
Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto de 27 de
mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
19
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
II.5. Los cargos formulados por el apelante en contra de la sentencia de
primera instancia
95. La Sala, inicialmente, analizará los argumentos del apelante que cuestionan la
existencia de los supuestos para la configuración objetiva de la violación del régimen
de conflicto de intereses, causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.
del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, en
concordancia con el artículo 70 de la Ley 136.
96. Posteriormente, en caso de ser procedente, analizará lo relativo a la
configuración del elemento subjetivo de culpabilidad.
97. Para el estudio de la controversia objeto del recurso de apelación, se encuentran
en el expediente las siguientes pruebas:
97.1. Copia del Acta núm. 007 que da cuenta de la sesión de 8 de agosto de 202441
de los integrantes de la Comisión Segunda de Hacienda y Crédito Público del
Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, de la cual hacía parte la
accionada42, en la cual se discutiría:
“[…] 4. CONTINUIDAD PRIMER DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No 011 “POR
MEDIO DEL CUAL CONCEDE UN BENEFICIO TEMPORAL RESPECTO DEL
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
5. Votación primer debate proyecto de ACUERDO No 011 “POR MEDIO DEL CUAL
CONCEDE UN BENEFICIO TEMPORAL RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL
UNIFICADO, EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES” […]” (negrilla del texto).
97.2. En el curso de esa sesión consta que la accionada, como integrante de esa
comisión del concejo municipal, votó positivamente i) el título, enunciado y
considerando del citado proyecto de acuerdo; ii) los artículos 1 y 2; y, iii) la totalidad
del proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado en primer debate.
97.3. Copia del Acta núm. 109 que da cuenta de la sesión de 12 de agosto de 202443
de la plenaria del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos, en la cual se
discutiría:
“[…] 5. LECTURA DE PONENCIA E INFORME DE COMISIÓN PROYECTO DE
ACUERDO No 011 “POR MEDIO DEL CUAL CONCEDE UN BENEFICIO
TEMPORAL RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, EL IMPUESTO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
6. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No 011 “POR MEDIO DEL
CUAL CONCEDE UN BENEFICIO TEMPORAL RESPECTO DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO, EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES” […]” (negrilla del texto).
41
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
42
La accionada firma la correspondiente acta como integrante de la comisión.
43
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
20
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
97.4. En el curso de esa sesión consta que la accionada votó positivamente i) el título,
enunciado y considerando del citado proyecto de acuerdo; ii) los artículos 1 y 2; y,
iii) la totalidad del proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad. De
esta manera:
“[…] Después de haber recibido los dos debates reglamentarios el proyecto de
acuerdo No 011 “POR MEDIO DEL CUAL CONCEDE UN BENEFICIO TEMPORAL
RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, EL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” pasa hacer
(sic) ACUERDO No 011 y pasa a manos del Ejecutivo Municipal para su sanción y su
debida publicación legal. […]” (negrilla del texto).
97.5. Exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo “[…] “POR MEDIO DEL CUAL
SE CONCEDE UN BENEFICIO TEMPORAL RESPECTO DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO, EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” […]”44 presentado por el alcalde municipal de
San Martín de los Llanos al concejo municipal, cuyo contenido, en lo pertinente, es
el siguiente:
“[…] Ahora bien, no se soporta solamente este proyecto en los beneficios que pueda
obtener la ciudadanía respecto a una disminución de la tasa de interés moratorio y al
incremento del recaudo por parte de la administración municipal, ha de tenerse en
cuenta los efectos negativos en el flujo de caja de los hogares que dejó la pandemia
durante los años 2020 a 2022. De igual manera el cierre de establecimientos de
comercio, que para nuestro caso fue de ciento setenta y uno (171) durante las
vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y a 31 de marzo de la actual vigencia; así mismo
otros factores externos, tales como condiciones de mercado, inseguridad, no han
permitido que la reactivación de la economía responda positivamente.
Es demostrable, que a pesar los esfuerzos (sic) que el gobierno nacional en
numerosas ocasiones ha planteado, a través los (sic) beneficios tributarios, para que
la ciudadanía pueda ponerse al día en sus obligaciones; la reducción de las deudas
atrasadas ha sido relativamente baja.
Otra prueba de la necesidad que tienen los contribuyentes morosos de obtener un
alivio o beneficio para poder ponerse al día en sus obligaciones, son las 62 solicitudes
de prescripción, radicadas en esta vigencia.
Aunado a lo anterior. Ha de tenerse (sic) en cuenta que desde la vigencia anterior
quedó priorizado ante el gestor catastral INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI -IGAC-, el municipio de San Martín de los Llanos, para el proceso de
conformación del catastro multipropósito. Por tal motivo, la Administración Municipal
está a la espera de la ejecución y entrega del informe de dicho proceso, “Catastro
multipropósito” y que este surta efectos como base gravable para el impuesto predial
unificado a partir de la vigencia 2025.
Esta situación, implica un gran impacto económico que afecta la situación financiera
de los contribuyentes; si se tiene en cuenta que tendrá un aumento considerable en
el valor del impuesto predial debido al incremento que sufrirán los avalúos catastrales,
aun si se establece el ajuste de las tarifas responsablemente.
44
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
21
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Adicional a lo expuesto anteriormente, también se busca que estos contribuyentes,
para el caso de impuesto predial, puedan soportar el cambio catastral sin la carga de
una cartera liquidada, con tasas de interés de usura menos dos puntos, como lo
determina la norma correspondiente.
Es así como, a través del presente proyecto de acuerdo, se pretende otorgar
beneficios a los contribuyentes, de los tributos más representativos del Municipio de
San Martín de los Llanos (Meta), beneficios estos que comporten una política solidaria
(sic) con los ciudadanos del territorio favoreciendo progresivamente la legalización de
predios urbanos, la cultura tributaria, el buen hábito de pago y la reactivación
económica, en pro de una mayor producción y el apalancamiento del crecimiento del
empleo.
De igual manera desde la Dirección Financiera de Impuestos, articuladamente con la
secretaría de planeación y en concordancia con el plan de desarrollo del municipio de
san Martín (sic) de los Llanos, Meta, se apoya la formalización y legalización de
predios a los ciudadanos del territorio urbano, para lo cual debe es necesario la paz
(sic) y salvo del Impuesto Predial que corresponda a las mejoras, hasta la vigencia
2024.
Además, incentivando la cultura tributaria, la recuperación de cartera, que conlleva a
evitar prescripciones de la misma. Fortalecer el cumplimiento de los deberes formales
y sustanciales, lo que contribuye con el progreso, fortalecimiento y crecimiento de la
economía en el territorio.
BENEFICIOS DE LA MEDIDA.
El propósito de este proyecto, es otorgar a los contribuyentes un beneficio mediante
la implementación temporal de una disminución en el porcentaje de la tasa de interés
moratorio aplicada a las obligaciones tributarias vencidas, respecto a los impuestos
predial unificado e industria y comercio.
(…)
Es imperativo señalar que esta disminución de la tasa de interés, se aplicará
únicamente cuando el contribuyente cancele la totalidad de la deuda vigente o en su
defecto la totalidad de alguna de las vigencias adeudadas. […]” (negrilla del texto).
97.6. Copia del Proyecto de Acuerdo núm. 11 de 2024 y estudio de su impacto
fiscal45, que en lo pertinente, destacó que:
“[…] Deuda del Impuesto Predial Unificado.
En la actualidad, nuestro sistema con corte a 30 de abril de 2024, arroja que 7.967
usuarios, se encuentran en mora por vigencias anteriores del Impuesto Predial
Unificado, por una suma que asciende al valor de 15.883.717.334; como lo indica la
siguiente tabla:
(…)
Así mismo se incluirán los intereses que se causen por los procesos coactivo (sic)
existentes y los acuerdos de pago celebrados antes de la entrada en vigencia del
beneficio propuesto, tanto de impuesto predial como de Industria y Comercio.
45
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
22
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
En virtud de lo anterior, la dirección financiera de impuestos efectuó análisis al
Proyecto de Acuerdo en mención y presentó las siguientes consideraciones:
El municipio presenta con corte 30 de abril de las vigencias 2019 al 2023 un total de
7967 contribuyentes morosos, con esta propuesta se pretende que al menos el 50%
del contribuyente en mora haga uso del descuento y puedan cumplir con sus
obligaciones tributarias.
Los beneficios de aplicar la medida de tasa de interés reducida serían mayores a los
costos. Se obtendría un recaudo (beneficio) de $683,235,925; presupuestalmente
encontramos que para la vigencia 2024 se proyectó la suma de $304.120.000, por
tanto, el marco fiscal no se ve afectado, y el impacto fiscal sería positivos puesto que
de los intereses proyectados el recaudo estaría por encima en un 44%.
DEUDA de Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios.
La deuda del Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, se presenta a
corte 31 de diciembre de 2023. Esta deuda registra cifras desde la vigencia 2019,
hasta la vigencia 2022, y la deuda por estas vigencias alcanza la cifra de
$109.876.156 COP. En el cuadro que se ilustra a continuación, se registran las
deudas ya mencionadas y discriminadas por años:
(…)
En la tabla anterior se observa los últimos 5 años, que tomamos como referencia para
hacer un el analicéis (sic) del impacto fiscal y se puede identificar que cuanto hay
beneficios e incentivos tributarios los contribuyentes se motivan a ponerse al día en
sus obligaciones tributarias. Donde vemos que en el año 2020 cuando estamos en
pandemia el gobierno nacional saco (sic) el decreto 20 de mayo de 2020 (sic) (fecha
de entrada en vigencia del Decreto 678 de 2020) y tuvo un incremento del 68.71%
por lo tanto no habría un impacto fiscal negativo si no positivo. Durante la vigencia
2021 se otorgó un beneficio tributario mediante el acuerdo 014 de 2021 que redujo
intereses moratorios y sanciones adeudados del período gravable 2021 y vigencias
anteriores de impuesto predial unificado y para el impuesto de industria y comercio
complementarios de avisos y tableros.
No obstante, la implementación temporal de una disminución en el porcentaje del
interés por mora, se toma como medida para una recuperación importante de la deuda
y a su vez generar un beneficio a los contribuyentes cuya capacidad de pago se ha
visto afectada por el reciente comportamiento económico y las situaciones financieras
y de mercado, que les ha afectado el cumplimiento de sus compromisos fiscales; de
tal forma que esta medida se convierte en un instrumento para el pago de los tributos
de Impuesto Predial Unificado, Impuesto de Industria y Comercio.
En conclusión, y tomando las estimaciones de medidas similares, en el Municipio de
San Martín de los Llanos Meta, en cuanto a beneficios de reducción de tasas de
interés moratorios aplicables a las deudas tributarias, el Proyecto de Acuerdo (…)
tendría unos costos de incentivos positivos, en donde el recaudo o beneficio es mayor
al costo tributario y eso que nada más se está teniendo en cuenta los dos impuestos
representativos de las finanzas del Municipio, según su finalidad de ingreso corriente
de libre destinación, como son el Impuesto Predial Unificado y el Impuesto de
Industria y Comercio; además de contribuir con el saneamiento de la deuda, y
minimizar costos en el proceso de cobro coactivo, lo cual es genera (sic) además de
desgaste administrativo, un costo político alto para la administración municipal. […]”
(negrilla del texto).
23
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
97.7. Copia del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 202446, “[…] “POR MEDIO DEL
CUAL SE CONCEDE UN BENEFICIO TEMPORAL RESPECTO DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO Y EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” […]” (negrilla del texto) cuyo contenido es el
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 1. TASA DE INTERÉS MORATORIA TRANSITORIA. Para las
obligaciones tributarias generadas por concepto del Impuesto predial unificado e
Impuesto de Industria y Comercio que se paguen totalmente o por vigencia completa
hasta el veinte (20) de diciembre de 2024, la tasa de interés de mora será equivalente
al veinte por ciento (20%) de la tasa de interés establecida en el artículo 635 del
Estatuto Tributario Nacional.
PARRAGRAFO PRIMERO: (sic) Para el impuesto de industria y comercio se tendrá
en cuenta el valor total a pagar por cada vigencia adeudada.
Para los efectos de este artículo será válido cualquier medio de pago, incluida la
compensación de los saldos a favor que se generen entre la fecha de entrada en
vigencia del presente acuerdo y el veinte (20) de diciembre de 2024. […]” (negrilla del
texto).
97.8. Constancia de 12 de agosto de 2024, expedida por el presidente de la Comisión
Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público y por el presidente del
Concejo Municipal de San Martín de los Llanos47, según la cual el Acuerdo núm. 11
de 12 de agosto de 2024 recibió los debates reglamentarios, con presentación de
ponencia el día 21 de mayo de 2024 y aprobación en primer debate el día 8 de
agosto 2024 y en segundo debate en sesión ordinaria del día 12 de agosto de 2024.
97.9. Certificación de 12 de agosto de 2024, expedida por el presidente del Concejo
Municipal de San Martín de los Llanos y la secretaria general de la corporación48,
según la cual el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 fue aprobado en primer
debate el día 8 de agosto 2024 y en segundo debate en sesión plenaria ordinaria
del día 12 de agosto de 2024.
97.10. Certificación de 12 de agosto de 2024, expedida por el presidente de la
Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público del Concejo
Municipal de San Martín de los Llanos y la secretaria general de la corporación 49,
según la cual el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 recibió el primer debate
reglamentario y fue aprobado por la comisión el día 8 de agosto de 2024.
97.11. Constancia de sanción y publicación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de
202450.
97.12. Reglamento interno del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos51.
46
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
47
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
48
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
49
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
50
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
51
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
24
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
97.13. Factura informativa de 22 de agosto de 202452, expedida por la Secretaría de
Hacienda del Municipio de San Martín de los Llanos, correspondiente a la obligación
adeudada por la accionada por concepto del impuesto predial unificado del período
2010 – 2022, previo a la aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024,
y en el cual se indica que asciende a la suma de $12.732.756.
97.14. Factura informativa de 22 de agosto de 202453, expedida por la Secretaría de
Hacienda del Municipio de San Martín de los Llanos, correspondiente a la obligación
adeudada por la accionada por concepto del impuesto predial unificado del período
2010 – 2022, posterior a la aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de
2024, y en el cual se indica que asciende a la suma de $4.973.923.
97.15. Archivos de audio correspondiente a las sesiones del Concejo Municipal de
San Martín de los Llanos de 854 y 1255 de agosto de 202456, las cuales dan cuenta
de la participación de la accionada en estas sesiones.
97.16. Respuesta a la petición presentada por la accionada, por parte de la directora
financiera de impuestos de la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos, de
fecha 17 de octubre de 202457, en la cual señaló:
“[…] Para dar respuesta a su derecho de petición, se realiza revisión a la base de
datos de impuesto predial y a la actualidad se evidencia deuda, por valor de DOCE
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEISMIL
(sic) ($12.862.916.oo) que corresponde a los periodos 2010 a 2022.
De igual forma se realiza revisión al histórico de pagos, donde solo se evidencia, pago
por las vigencias 2023 y 2024, por un valor de SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE (sic) ($626.639.oo) Mediante
factura 202405702 el 29 de febrero de 2024.
Así las cosas:
1. A la primera pregunta me permito manifestar que, de acuerdo a lo reflejado en la
base de datos de impuesto predial, en cuanto a la deuda actual y los pagos realizados,
por concepto de impuesto predial. Me permito manifestar que, al no existir pago
alguno, durante el año 2020, lapso este en el cual tuvo vigencia el ARTICULO 6. DEL
DECRETO 678, de 2020, expedido por la presidencia de la república “POR MEDIO
DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA GESTION TRIBUTARIA,
FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA,
DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 637 DE 2020 y al reflejar deuda de los
períodos 2010, a 2022. La contribuyente (sic) MARIA CRISTINA ANGEL ANGEL
identificada (…) NO fue objeto de haberse beneficiado de descuento o de haberse
acogido a los mismos beneficios establecidos en dicho Decreto Nacional, para el caso
del impuesto predial Unificado (sic), con afectación al predio urbano ubicado en la Kra
8, No 10 – 19 – 23 En el Municipio (sic) de San Martín de los Llanos Meta (…)
52
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
53
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
54
En formato MP3.
55
En formato WAV,
56
Cfr. Índice 1, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
57
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
25
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
2. A la segunda Pregunta, me permito manifestar que, revisada las bases de datos y
el archivo físico documental, de cobro coactivo a cargo de la Dirección Financiera de
Impuestos, se evidencia que existe el expediente No SH – TES – PRI – F1 – 2010 –
603, con afectación al predio urbano, ubicado en la Kra 8, No 10 – 19 – 23 En el
Municipio (sic) de San Martin de los Llanos Meta (…) Que figura a nombre de MARIA
CRISTINA ANGEL ANGEL identificada (…) a partir de la Vigencia 2014.
Igualmente, me permito manifestar que la Contribuyente MARIA CRISTINA ANGEL
ANGEL, identificada (…) NO ha solicitado la aplicación del beneficio que establece el
acuerdo 011 del 12 de agosto de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UN
BENEFICIO TEMPORAL RESPECTO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”; teniendo como prueba el informativo de deuda actual, por las
vigencias 2010, a 2022 […]”.
97.17. Factura informativa de 17 de octubre de 202458, expedida por la Secretaría de
Hacienda del Municipio de San Martín de los Llanos, correspondiente a la obligación
adeudada por la accionada por concepto del impuesto predial unificado del período
2010 – 2022, y en el cual se indica que asciende a la suma de $12.862.916.
97.18. Histórico de pagos de 17 de octubre de 202459, expedido por la Dirección
Financiera de Impuestos del Municipio de San Martín de los Llanos, correspondiente
a la accionada. En este documento se reporta un pago realizado por la accionada
por la suma de $626.639.
97.19. Copia del certificado de tradición y libertad del inmueble identificado con el
número de matrícula 236-4902, expedido, el 15 de octubre de 2024, por la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín60, y cuya dirección es la
siguiente:
97.20. El certificado reporta que la accionada adquirió el mencionado inmueble, en la
siguiente forma:
58
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
59
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
60
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
26
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
97.21. Copia de la declaración núm. 1044 rendida por la accionada ante el notario
único del círculo de San Martín, el día 15 de octubre de 2024 61, relativa a las
personas a su cargo.
97.22. Copia de la constancia expedida, el 2 de julio de 2024, por la Dirección de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) del Ministerio de Defensa Nacional 62,
en la cual se certifica que la accionada es pensionada de ese ministerio y devenga
una pensión mensual.
97.23. Copia del documento de solicitud de renovación de un crédito educativo
suscrito por la accionada y el señor Rigo Andrés Mejía Ángel, orden de matrícula
expedida por la Fundación Universitaria San Martín, el 4 de julio de 2024, al señor
Rigo Andrés Mejía Ángel y recibos de consignación expedidos, igualmente, por la
mencionada institución de educación universitaria63.
97.24. Comunicación de la directora financiera de impuestos de la Alcaldía de San
Martín de los Llanos, de fecha 6 de noviembre de 202464, en la cual se informa que:
“[…] 1. Que, una vez revisada nuestra base de datos, se pudo evidenciar que El predio
identificado con ficha catastral (…) ubicado en la K 8 10 19 23 presenta pago de la
vigencia 2023 y 2024 mediante recibo de impuesto predial 202405702 de fecha
20/02/2024 por un valor de seiscientos veintiséis mil seiscientos treinta y nueve pesos
(626.639).
2. El predio con ficha catastral (…) a nombre de la señora María Cristina Ángel Ángel
tiene un proceso de cobro coactivo del año 2019 con la liquidación oficial número
2019-603 del mes de mayo del 2019, de las vigencias 2014 al 2016 y se envió con
número de guía 1470141, con constancia de publicación a página web y constancia
de ejecutoriada del día 20 de febrero del 2024.
De igual forma, en el año 2022 se realizó la liquidación oficial número 2022-0353 del
20 de abril, de las vigencias 2017 al 2020 con número de guía 0375161.
3. Que la señora MARÍA CRISTINA ANGEL ANGEL identificada (…) aparece
únicamente como contribuyente que de acuerdo a la información (sic) que reposa por
ser titular del derecho de dominio del predio en mención en nuestra base de datos, la
cual es suministrada por el INSTITUTO GEOGRAFRICO AGUSTIN CODAZZI. […]”.
61
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
62
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
63
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
64
Cfr. Índice 25, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
27
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
97.25. A la comunicación anterior, se allegó65:
i) Factura informativa de 6 de noviembre de 2024, expedida por la
Secretaría de Hacienda del Municipio de San Martín de los Llanos,
correspondiente a la obligación adeudada por la accionada por concepto
del impuesto predial unificado del período 2010 – 2022, y en el cual se
indica que asciende a la suma de $12.926.495.
ii) Histórico de pagos de la accionada expedido el 6 de noviembre de 2024.
iii) Copia de la Liquidación Oficial de Impuesto Predial núm. 2019-603 de 31
de mayo de 2019, correspondiente a las vigencias 2014 a 2016, expedida
por la directora administrativa de tesorería de la Alcaldía Municipal de San
Martín de los Llanos, para la contribuyente María Cristina Ángel Ángel.
iv) Copia de la guía núm. 1400169866 con fecha de envío 12 de junio de
2019 y constancia de recibido por parte de la accionada.
v) Copia de la Resolución núm. 603 de 24 de julio de 2023, por la cual se
libró mandamiento de pago dentro del proceso coactivo seguido en contra
de la accionada, expediente núm. SH-TES-PR1-F1-2019-603, con
ocasión de la expedición de la Liquidación Oficial de Impuesto Predial
núm. 603 de 2019.
vi) Copia de la guía núm. 1405382 con fecha de recolección 27 de julio de
2023, fecha de entrega 1 de agosto de 2023 y constancia de recibido por
parte de la accionada.
vii) Copia de la citación de 26 de julio de 2023, dirigida a la accionada, para
que concurra a las oficinas del municipio a notificarse personalmente del
mandamiento de pago que se libró en su contra.
viii) Copia de la guía núm. 1470141 con fecha de admisión 16 de diciembre
de 2023, fecha de entrega 18 de diciembre de 2023 y constancia de
recibido por parte de la accionada.
ix) Copia de la constancia de ejecutoria de la Resolución núm. 603 de 24 de
julio de 2023, por la cual se libró mandamiento de pago dentro del proceso
coactivo seguido en contra de la accionada.
x) Copia de la Liquidación Oficial de Impuesto Predial núm. 2022-0353 de
20 de abril de 2022, correspondiente a las vigencias 2017 a 2020,
expedida por la directora administrativa de tesorería de la Alcaldía
65
Cfr. Índice 25, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
28
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
Municipal de San Martín de los Llanos, para la contribuyente María
Cristina Ángel Ángel.
xi) Copia de la guía núm. 0375161 con fecha de recolección 20 de mayo de
2022 y publicación de las liquidaciones oficiales realizada en la página
web del municipio de San Martín de los Llanos.
xii) Copia de la constancia de ejecutoria de la Liquidación Oficial de Impuesto
Predial núm. 2022-0353.
98. Las pruebas que obran en el expediente acreditan que:
98.1. La accionada, María Cristina Ángel Ángel es propietaria de un inmueble en el
municipio de San Martín de los Llanos y deudora del impuesto predial unificado
correspondiente a las vigencias 2010 a 2022.
98.2. El municipio de San Martín de los Llanos tramita un proceso administrativo de
cobro coactivo, expediente núm. SH-TES-PR1-F1-2019-603, para la recuperación
de lo adeudado por concepto del impuesto predial unificado correspondiente a las
vigencias 2014 a 2016, con ocasión de la Liquidación Oficial de Impuesto Predial
núm. 2019-603 de 31 de mayo de 2019.
98.3. En el proceso administrativo de cobro coactivo seguido en contra de la
accionada se libró mandamiento de pago mediante la Resolución núm. 603 de 24
de julio de 2023.
98.4. El municipio, igualmente, expidió Liquidación Oficial de Impuesto Predial núm.
2022-0353 de 20 de abril de 2022, para lograr la recuperación de lo adeudado por
la accionada correspondiente al impuesto predial unificado de las vigencias 2017-
2020.
98.5. La accionada participó y votó positivamente en el trámite de aprobación del
proyecto de acuerdo que se convirtió en el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de
2024, tanto en el Comisión Segunda de Presupuesto, Hacienda y Crédito Público,
de la cual era integrante, como en la plenaria del Concejo Municipal de San Martín
de los Llanos.
98.6. El Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024, estableció un beneficio para las
obligaciones tributarias generadas por concepto del impuesto predial unificado y del
impuesto de industria y comercio que se pagaran totalmente o por vigencia completa
hasta el 20 de diciembre de 2024, consistente en la reducción de la tasa de interés
moratoria.
99. Frente a la inconformidad de la apelante consistente en que no recuerda haber
sido notificada personalmente de la existencia de un proceso coactivo seguido en
su contra por la administración municipal, se advierte, de los documentos que fueron
29
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
remitidos por la Dirección Financiera de Impuestos de la Alcaldía Municipal de San
Martín de los Llanos, mediante oficio de 6 de noviembre de 2024, que esa dirección
remitió citación para notificación personal del mandamiento de pago librado dentro
del proceso de cobro coactivo núm. SH-TES-PR1-F1-2019-603, mediante la
Resolución núm. 603 de 24 de julio de 2023.
100. Se evidencia que la citación de 26 de julio de 2023 para notificar personalmente
el mencionado mandamiento de pago y la guía núm. 1405382 con fecha de
recolección 27 de julio de 2023 y fecha de entrega de 1.º de agosto de 2023, tienen
firma de recibido por parte de la accionada, de tal forma que no le asiste razón en
su argumentación.
101. Se precisa, frente al argumento del apelante consistente en que no pudo
consultar el oficio de 6 de noviembre de 2024, expedido por la Dirección Financiera
de Impuestos del Municipio de San Martín de los Llanos, pese a que en la audiencia
de pruebas realizada en primera instancia se corrió traslado de la misma, que tal
cuestionamiento debió ponerse de presente precisamente frente a la magistrada
instructora del proceso, no obstante, no consta requerimiento alguno del apoderado
judicial del apelante en tal sentido.
102. En efecto, el oficio de 6 de noviembre de 2024 fue radicado en el expediente
digital el 8 de noviembre de 202466 y, en la audiencia de 18 de noviembre de 202467,
en la cual se incorporó el documento y sus anexos al proceso y se corrió traslado
de estos, la parte accionada no advirtió dificultad alguna para consultar el citado
oficio.
103. Frente al argumento de la accionada de no existir conflicto de intereses cuando
se trate de considerar asuntos que la afecten en igualdad de condiciones a las de
la ciudadanía en general, conforme el artículo 48 de la Ley 617, como aconteció, en
su concepto, en el presente asunto, se precisa que esta norma establece que:
“[…] No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en
general. […]”.
104. La Sala pone de presente que en asuntos similares al aquí juzgado 68 y en
relación con la aplicación de la excepción contenida en la citada norma, ha indicado
lo siguiente:
“[…] V.3.4.- A partir de todo lo expuesto, para la Sala resulta evidente que con la
elaboración de la ponencia favorable, su voto positivo y participación en la expedición
66
Cfr. Índice 25, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
67
Cfr. Índice 38, SAMAI. Expediente digital 50001233300020240031900.
68
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00047 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00122 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00062 01.
30
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, sin declararse
impedido, no se generó en el accionado la colisión de los intereses que debió
garantizar en calidad de servidor público, con los intereses particulares de su señora
madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, en la medida en que si bien se constató
la existencia de deudas de esta contribuyente por concepto de Impuesto Predial
Unificado, -lo que la convierte en eventual candidata para los descuentos de dicho
acuerdo-, lo cierto es que ese beneficio la afecta, así como al concejal, en igualdad
de condiciones a las de la población en general del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare).
En los términos de la excepción legal prevista en la segunda parte del numeral 1, del
artículo 48, de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general, el accionado coadyuvó con la expedición de una norma
que encaja en la referida exclusión del legislador al crearse un beneficio temporal, -
desde el 9 de abril hasta el 31 de diciembre de 2024-, a todos aquellos deudores de
intereses moratorios con origen en obligaciones insolutas de los impuestos Predial
Unificado y de Industria y Comercio, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito
de aplicación en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).
Es así como, desde la exposición de motivos suscrita y avalada por el concejal
MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO JARA, se observa que el objetivo del Acuerdo
municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, era permitirle a toda la población
morosa de los impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio, que no solo a
su señora madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, -los cuales ascendían a la
representativa cifra de 10.711 morosos con corte a vigencia 2023, representados en
una cartera de $8.891.368.065, según el estudio previo-, ponerse al día en el pago
del respectivo tributo con una rebaja significativa de los intereses moratorios, lo que
dista, por definición, de dirigirse a una sola persona, grupo minoritario o subgrupo
pequeño de pobladores.
Visto está, además, que fue la actualización de los avalúos catastrales la que provocó
una renuencia generalizada de la población de pagar los referidos impuestos ante el
encarecimiento del tributo, diagnóstico de un problema macro del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare), que también permite advertir que el beneficio traído por el
citado acuerdo afecta a todo el universo de morosos en igualdad de condiciones, sin
transgredir la integridad del interés público en la decisión administrativa.
(…)
Es evidente, entonces, que con la estrategia temporal de reducción de intereses de
mora, adelantada, entre otros concejales, por el accionado a través de la expedición
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, lo que se procura
es la conformidad y eficiencia fiscal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
destinado a aquellos pobladores que voluntariamente deseen ponerse al día sin
afectar el capital de la obligación principal, pues no condona o extingue las
obligaciones tributarias causadas, máxime que el costo de recuperar la cartera por un
proceso de cobro coactivo se sometería a un trámite prolongado y costoso que, de
librarse con el acuerdo, normalizarían el ingreso de flujos tributarios, sin que ello le
represente un conflicto de intereses al concejal MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO
JARA.
Sin perjuicio de lo considerado, la Sala también advierte que el interés endilgado al
accionado resulta hipotético y aleatorio, pues el beneficio tributario consistente en la
reducción de los intereses de mora del Impuesto Predial Unificado, así como de las
sanciones e intereses de mora generados por el Impuesto de Industria y Comercio,
no deviene de manera automática del acuerdo, sino que, para hacerse acreedor de
cada exención, y en los respectivos porcentajes señalados, los morosos interesados
31
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
deben cumplir exigencias y requisitos acreditables ante la Secretaría de Hacienda
municipal, tales como, entre otros, el pago de la totalidad del impuesto adeudado por
cada período gravable, circunstancia de la que no se tiene certeza alguna de
cumplimiento por parte de la señora MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, madre del
concejal.
A partir de estos precisos elementos de juicio, se observa que el accionado no
pretendió lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales o de su
señora madre, en detrimento de la comunidad, o desconociendo el interés general
que debe guiar el ejercicio de sus funciones; el asunto puesto en conocimiento del
miembro de la corporación pública no le significó un enfrentamiento entre su interés
personal y el interés general o bien común, lo que no lo obligaba a manifestar
impedimento alguno para elaborar ponencia, votar y participar en la expedición del
Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024. […]”69 (negrilla y
subrayado del texto).
105. De esta manera, si bien está acreditado i) que la concejal accionada participó y
dio su voto positivo para la aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de
2024; ii) su condición de deudora del impuesto predial unificado para las vigencias
2010 a 2022; y iii) que, en relación con las obligaciones tributarias por concepto del
impuesto predial unificado para las vigencias 2014 a 2016 se le seguía un proceso
administrativo de cobro coactivo, le asiste razón a la apelante en cuanto indicó que
la primera instancia no tuvo en cuenta que los beneficios tributarios concedidos en
ese acuerdo cobijaban a la concejal en igualdad de condiciones a la ciudadanía del
municipio de San Martín de los Llanos.
106. La situación juzgada encaja en la excepción legal prevista en la segunda parte
del numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general, si se tiene en cuenta que el
Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024 estableció un beneficio temporal para
todos aquellos deudores de los impuestos predial unificado y de industria y
comercio, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito de aplicación en el
municipio de San Martín de los Llanos.
107. El Acuerdo Municipal núm. 11 de 12 de agosto de 2024 tenía como objetivo
permitirles a los habitantes del municipio de San Martín de los Llanos, deudores de
los impuestos predial unificado e industria y comercio y no solo a la concejal
accionada, cancelar dichas obligaciones tributarias, con una rebaja en la tasa de
interés moratorio.
108. El ente territorial, conforme al estudio de impacto fiscal allegado con el proyecto
de acuerdo, contaba, a 30 de abril de 2024, con 7.967 contribuyentes deudores del
impuesto predial unificado por la suma de $15.883.717.334 y, con la implementación
del beneficio tributario, se pretendía que al menos el 50% de esos contribuyentes
pudieran cumplir sus obligaciones tributarias.
69
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001 23 33 000 2024 00047 01.
32
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
109. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo que dio origen al Acuerdo
Municipal 11 de 12 de agosto de 2024, asimismo, permite evidenciar el contexto en
el que fue expedida la norma, mediado por i) los efectos negativos que, sobre las
finanzas de la población, trajo la pandemia en los años 2020 a 2022; ii) el cierre de
establecimientos de comercio en los años 2020 a 2024; iii) el proceso de
conformación del catastro multipropósito que incrementaría el valor del impuesto
predial unificado a partir de la vigencia 2025, producto del incremento de los avalúos
catastrales; y iv) la intención de la administración municipal de apoyar la
formalización y legalización de los predios urbanos del municipio, para lo cual
resultaría necesario encontrarse al día en el pago del impuesto predial unificado.
110. El beneficio tributario otorgado por el Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de 2024,
adicionalmente, no era inmediato y no operaba de manera automática, teniendo en
cuenta que para acceder a ellos se debían cumplir los requisitos allí señalados,
entre ellos, el pago total o por vigencia completa hasta el 20 de diciembre de 2024,
de tal forma que el interés resulta ser hipotético y aleatorio en la medida en que,
como se acreditó en el expediente, la accionada no se acogió al beneficio
establecido en el acuerdo.
111. Como consecuencia de lo expuesto, no se evidencia que la concejal accionada,
al participar en el trámite y aprobación del Acuerdo núm. 11 de 12 de agosto de
2024, haya actuado sin consultar la justicia y el bien común, en detrimento de la
comunidad o con desconocimiento del interés general, privilegiando su interés
personal, de tal forma que no estaba obligada a manifestar impedimento alguno.
112. La Sala, ante la prosperidad de este argumento del recurso de apelación y
evidenciar que, en el presente asunto, la accionada no incurrió, objetivamente, en
la violación del régimen de conflicto de intereses por encontrarse en la excepción
descrita en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, se abstendrá de estudiar los
demás argumentos formulados por el apelante.
II.6. Conclusión
113. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró
acreditados los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral
1. del artículo 48 de la Ley 617, consistente en la violación del régimen de conflicto
de intereses, lo cual impide continuar con el análisis del elemento subjetivo de
culpabilidad, razón por la que revocará la sentencia de 28 de noviembre de 2024,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar,
denegará la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de la señora
María Cristina Ángel Ángel, concejal del municipio de San Martín de los Llanos,
período 2024 – 2027.
33
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01
Accionante: Manuel Ricardo Rey Vélez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta y, en su lugar, DENEGAR la
solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de la señora María Cristina
Ángel Ángel, concejal del municipio de San Martín de los Llanos, conforme con las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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