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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00122-01

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00122-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada contra el concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), señor VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2024-00122-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

15 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 850012333000202400122011
Recurso de apelación contra la sentencia de 19 de diciembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

TESIS: LA EXPEDICIÓN DEL ACUERDO MUNICIPAL NÚM. 500.02-001 DE 9 DE
ABRIL DE 2024, “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS
TRIBUTARIOS TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES
TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO […]”, NO CONFIGURÓ
EN EL ACCIONADO CONFLICTO DE INTERÉS ALGUNO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado
contra la sentencia de 19 de diciembre de 2024, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual
decretó la pérdida de investidura del señor VÍCTOR JULIÁN BARÓN
GODOY, concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2024-2027.

I.- ANTECEDENTES

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2024 00122 01
Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

I.1.- El ciudadano FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura del señor VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY, concejal
del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), por hechos sucedidos
dentro del período constitucional 2024-2027, al considerar que
incurrió en la causal prevista en el artículo 55, numeral 2, en
concordancia con el artículo 70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942,
y en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 6 de octubre de
20003, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante explicó, en síntesis,
que el concejal participó en la sesión plenaria del Concejo Municipal
de Paz de Ariporo (Casanare), aprobatoria del Acuerdo municipal
núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, “[…] Por medio del cual se
adoptan beneficios tributarios temporales para el pago de intereses
y sanciones tributarias en el municipio de Paz De Ariporo […]”.

Indicó que aquél debió declararse impedido para votar ese acuerdo
por un posible conflicto de intereses, pues se benefició directamente,
así como su tíos y suegro, al reducirse el pago de intereses de mora
y sanciones sobre el impuesto predial de vigencias anteriores,
acuerdo que afectó a un grupo específico equivalente al 10% de la
población del municipio y no a la comunidad en general.

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.

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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2024 00122 01
Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

Manifestó que el accionado era deudor moroso de las vigencias 2023
y 2024 del impuesto predial y sus intereses, correspondientes al bien
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 475-8397; que su tía, la
señora LUZ DELIA BARÓN REYES, era deudora morosa del
impuesto predial, vigencias de 2015 hasta 2023, de 15 predios
ubicados en ese ente territorial, al igual que su suegro, el señor
WILLIAM CIDNEY FORERO SANDOVAL, de las vigencias de 2018
hasta 2024, de ocho predios ubicados en el mismo municipio,
sumados a su tío, el señor NÉSTOR JULIO BARÓN REYES, respecto
de las vigencias 2023 y 2024, de un inmueble ubicado en dicho
municipio.

Arguyó que lo anterior demuestra un beneficio directo del accionado,
así como de sus familiares, con la expedición del Acuerdo municipal
núm. 500.02-001, de 9 de abril de 2024, por lo que debió declararse
impedido para participar en su debate y aprobación, en los términos
del artículo 70, numeral 2, de la Ley 136.

I.3.- El concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura en la que se opuso a su
pretensión, para lo cual manifestó, en síntesis, que no existía ningún
beneficio particular a su favor, pues los beneficios tributarios
otorgados en el Acuerdo municipal núm. 500.02-001, de 9 de abril
de 2024, estaban dirigidos a la comunidad en general y no eran de
aplicación automática debido a que quienes quisieran acogerse al
beneficio debían pagar en su totalidad el impuesto adeudado.

Mencionó que, de conformidad con la certificación expedida por la
Secretaría de Hacienda del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),

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Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

ni él ni los señores NÉSTOR JULIO BARÓN REYES, LUZ DELIA
BARÓN REYES y WILLIAM CIDNEY FORERO SANDOVAL, eran
beneficiarios del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril
de 2024.

Adujo que el actor no hizo ningún juicio de reproche sobre el
elemento objetivo-subjetivo de culpabilidad, así como tampoco se
detuvo en el examen de las causales de justificación de la conducta,
ni los eximentes de responsabilidad establecidos por la ley, como
dispositivos enervantes de la desinvestidura; y que no existe la
conducta reprochada porque el proyecto de acuerdo no estaba
encaminado a beneficiar a los concejales, sino a la comunidad en
general.

Indicó que el comportamiento endilgado es atípico, en tanto que no
existió un interés directo en la toma de la referida decisión; y que la
norma que regula el conflicto de intereses de concejales, establece
como elemento del tipo justificante la discusión y votación de
acuerdos municipales cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general, por lo que la culpabilidad no subsiste sin
conducta, tipicidad, y antijuricidad.

Señaló que la cláusula 23.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, conforme a la Constitución Política de 1991 y a las normas
internas, debe interpretarse con restricción de las causales de
pérdida de investidura a las que concuerden, con rigor de tipicidad a
las descripciones de hechos punibles en el Código Penal colombiano.

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Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, mediante sentencia de 19 de diciembre de 2024, decretó la
pérdida de investidura del señor VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY,
concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), para lo cual
sostuvo que está acreditado que la señora ANGIE ALEXANDRA
FORERO CUBIDES es la esposa del accionado e hija del señor
WILLIAM CIDNEY FORERO SANDOVAL, por lo que este último es
el suegro del concejal; y que no fue posible establecer parentesco
entre el accionado y los señores NÉSTOR JULIO BARÓN REYES y
LUZ DELIA BARÓN REYES.

Manifestó que se probó que tanto el concejal como su suegro eran
deudores morosos del impuesto predial, vigencia 2023, lo que los
convertía en beneficiarios del Acuerdo municipal núm. 500.02-001
de 9 de abril de 2024, en cuyo trámite y aprobación participó de
manera activa el accionado, sin declararse impedido, con voto a favor
en el segundo debate del entonces Proyecto de Acuerdo núm.
300.047.1-001 de 20 de marzo de 2024, circunstancia de la que
deviene un interés económico directo en su favor y en el de su
suegro, el señor WILLIAM CIDNEY FORERO SANDOVAL, pues los
beneficios allí previstos no cobijaban a la totalidad de sujetos pasivos
del impuesto predial del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
sino, únicamente, a los contribuyentes morosos, desconociendo así
el principio de generalidad de los tributos aplicable a los beneficios
tributarios.

Aseguró que si en gracia de discusión se aceptara que el accionado
no tenía la obligación de saber que sus parientes por consanguinidad

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o afinidad eran deudores morosos del impuesto predial, para la época
del debate y aprobación del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de
9 de abril de 2024, lo cierto es que no se puede obviar que el mismo
concejal, como propietario del predio ubicado en la Marginal de la
Selva 13.14 In 2, identificado con cédula catastral núm.
0100000002220028000000000, era deudor de ese tributo para las
vigencias fiscales 2023 y 2024, según se prueba con la certificación
expedida por la Secretaría de Hacienda del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare).

Señaló que para determinar su impacto no se requería analizar la
trazabilidad de los beneficios tributarios otorgados en el año anterior
con los del Proyecto de Acuerdo núm. 300.047.1-001 de 20 de marzo
de 2024, pues este elemento de juicio no resulta determinante para
la configuración de la conducta, que alude a que existiendo un interés
directo en la decisión del concejal este no se hubiese declarado
impedido para participar en el debate y votación respectivas.

En cuanto al elemento subjetivo, mencionó que el accionado sí estaba
en condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa
de la causal, toda vez que, como se afirmó en la contestación de la
solicitud, era consciente de que con la aprobación del proyecto de
acuerdo se iba a otorgar un beneficio de tipo económico a un grupo
concreto de la población, entre ellos, los deudores morosos de los
tributos del impuesto predial entre los que estaban sus parientes, lo
que lo obligaba a declararse impedido.

Anotó que ante el quebrantamiento de los elementos de ética de un
obrar imparcial, prudente y cuidadoso en el ejercicio de rol como

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concejal, el accionado pasó por alto su obligación de velar por el
interés general y los principios de la función administrativa de
igualdad, moralidad e imparcialidad establecidos en el artículo 209
de la Constitución Política que se le exige a los miembros de las
corporaciones de elección por voto popular, siendo procedente su
desinvestidura.

Indicó que a partir de la interpretación de la Corte Constitucional en
la sentencia C-101 de 24 octubre de 2018, no resulta procedente la
interpretación literal del accionado, porque la Constitución Política de
Colombia determina qué autoridades diferentes a los funcionarios de
la jurisdicción penal, conocen de inhabilidades y sanciones, entre
ellos se encuentra el presente medio de control que compete a la
jurisdicción contenciosa administrativa.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El concejal, a través de su apoderado, interpuso recurso de apelación
tendiente a que se revoque la sentencia de 19 de diciembre de 2024
y, en su lugar, se deniegue la pérdida de investidura, para lo cual
reitera los argumentos expuestos en la contestación de la solicitud
inicial, entre ellos, el de que se configura la excepción prevista en el
artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, porque el Proyecto de Acuerdo
núm. 300.047.1-001 de 20 de marzo de 2024, afectó a la ciudadanía
en general en igualdad de condiciones y no solo a él; y que el actor,
no hizo ningún juicio de reproche sobre el ‘elemento objetivo-
subjetivo del tipo: la Culpabilidad’, ni se detuvo en el examen de las
causales de justificación de la conducta, ni los eximentes de

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responsabilidad establecidos por la ley, como los dispositivos
enervantes de la desinvestidura.

Aduce que las condiciones no fueron diferentes para los concejales o
para los familiares de los concejales, de cara a la comunidad en
general, razón por la cual no existe el conflicto de intereses en el
proyecto de acuerdo objeto de reproche, el cual no estaba
encaminado a beneficiar a los concejales, sino a toda la comunidad,
sumado a que, una vez aprobado, primero se tenía que pagar
completa la obligación tributaria adeudada, para luego recibir un
descuento en los intereses moratorios, exclusivamente, es decir que
el beneficio no estaba implícito en el acuerdo municipal, como un
obsequio o regalo para un grupo de personas reducidas.

Manifiesta que la antijuricidad material, exigible a esta clase de
servidores públicos, deja ver que su decisión no es contraria a
derecho y está justificada en que el asunto debatido y aprobado se
establezca en igualdad de condiciones para la ciudadanía en general
o para un número representativo de ciudadanos electores, quienes
de forma abstracta e inespecífica se beneficien con la decisión.

Comenta que ninguno de los elementos de la culpabilidad se hace
presente en el caso concreto, porque no hay prueba de que sabía que
estaba cometiendo un comportamiento contrario a la ley, pues se
debe tener en cuenta su formación, la cual no es jurídica, y el
beneficio que generaba para la comunidad en general, beneficios
estos que se realizan en diferentes municipios, lo cual es de
conocimiento público; y que hasta lo ocurrido en el municipio de Paz
de Ariporo (Casanare), no se había investigado a los concejales por

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la aprobación de estos acuerdos, lo que demuestra que, con su
actuación, no se ha causado un daño efectivo ni se influyó
ilegalmente en la aprobación del citado proyecto de acuerdo.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20184, no fue descorrido
por el solicitante.

IV.2.- Por su parte, el procurador Quinto Delegado ante esta
Corporación, en representación del Ministerio Público, rinde concepto
de 1o. de abril de 2025, mediante el cual solicita que se confirme la
sentencia apelada, con fundamento en la palmaria presencia de un
conflicto de intereses en el trámite de aprobación de un proyecto de
acuerdo municipal, que estaba dirigido a proporcionar beneficios
tributarios a los deudores morosos del impuesto predial, lo que
permite colegir que el cabildante era consciente, de antemano, de
que él era deudor moroso del impuesto predial, no necesariamente
ello implica que conociera la situación personal de sus familiares y,
sin embargo, está probado que sus tíos y suegro también lo eran.

Sostiene que está acreditado que en la sesión de 9 de abril de 2024
el accionado no puso en conocimiento de esa Corporación ningún tipo
de impedimento para participar en la discusión y aprobación del
Proyecto de Acuerdo núm. 300.047.1-001 de 20 de marzo de 2024,
a sabiendas de que allí se iban a establecer una serie de beneficios

4 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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tributarios para deudores morosos, lo que claramente lo incluía como
deudor de ese impuesto, más aún cuando sabía que no había pagado
lo correspondiente a los años 2023 y 2024.

Menciona que el concejal obvió cumplir con su obligación de
manifestar que le asistía un interés personal, que recaía sobre él y
sus parientes, comoquiera que todos iban a ser beneficiarios directos
de la condonación de intereses moratorios que la norma preveía y,
aun así, no puso a consideración de la Corporación tal impedimento;
y que, en tal sentido, los beneficios otorgados por el Acuerdo
municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, aplican solamente
a un segmento específico de la población del municipio como son los
deudores morosos de impuesto predial, en cuanto no son
prerrogativas que se apliquen a la universalidad de la comunidad en
general, dejando entrever la existencia de un interés particular en el
asunto que se iba a discutir.

Aduce que lo que se reprocha al servidor público es participar en la
discusión de proyectos de acuerdo que puedan implicar un beneficio
para sí mismo o para un tercero que sea afín a él, incurriendo así en
el citado conflicto de intereses, por lo que no es de recibo el
argumento del concejal, según el cual no percibió beneficio alguno
para él ni para sus familiares, en tanto que el deudor tenía que haber
pagado la totalidad de la deuda para acceder a los descuentos del
Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

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Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación, en consonancia con el escrito de la solicitud
inicial, si el concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
señor VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY, incurrió en la causal
prevista en los artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral
1, de la Ley 617, en concordancia con el artículo 70 de la Ley 136,
esto es por violación del régimen de conflicto de intereses, luego de
votar y participar en la expedición, sin declararse impedido, del
Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, “[…] Por
medio del cual se adoptan beneficios tributarios temporales para el
pago de intereses y sanciones tributarias en el municipio de Paz De
Ariporo […]”, a pesar de subsistirle un presunto interés directo,
particular y actual a él mismo y a sus parientes, señores WILLIAM
CIDNEY FORERO SANDOVAL, NÉSTOR JULIO BARÓN REYES y
LUZ DELIA BARÓN REYES.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales5

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.

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Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70, de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, en cuanto al
conflictos de interés, determina lo siguiente:

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Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que si bien son expuestas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
en los que se examinan las conductas de concejales, como en el caso
sub lite.

Precisamente, en la sentencia de 12 de abril de 2011 de la Sala Plena
se recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan
el tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo

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Solicitante: FRANCISCO JAVIER GARZÓN RIVERA

clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena6, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre de

2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.

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ha dicho la Sala7, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 20088, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de

2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
8 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto

del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.

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23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates9, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo10.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”11.

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,

número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de

2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo sostenido en el concepto de 28 de abril de la Sala
de Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones12:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18

de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

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d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”13.

A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección14 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación

núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.

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compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-,
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en

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ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos15.

El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.
El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de

2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.

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de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general16
y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.

La Sala Plena17 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”18 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían

16 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de

radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la
Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar
consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados
del congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso
de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado
de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público […]”.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010,

número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-
01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de

1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.

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el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”19.

La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:

“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de

2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”20.

El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.

No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.

El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale

20 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero

ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente
núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade y de 22 de marzo de 2013,
Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.

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decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”21 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.

Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del

21 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero
ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994,
consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente
Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Amado
Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente Doctor Jesús María
Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero
ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-
00286 (PI), consejero ponente Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

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mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral,
surge la obligación de manifestar el consecuente impedimento22;
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.

V.3.- Del caso concreto

V.3.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso23, y que guarda estrecha relación con el asunto a resolver
en esta instancia, pudo verificar que:

El señor VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY, fue elegido concejal del
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), por el Partido de la Unión
por la Gente-Partido de la U, para el período constitucional 2024-
2027, según se desprende del Formulario E-26 CON de 1o. de
noviembre de 2023, expedido por los miembros de la Comisión

22 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de

2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas.
23 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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Escrutadora de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL.

Con oficio de 20 de marzo de 2024, la alcaldesa municipal (E) de Paz
de Ariporo (Casanare), presentó ante el Concejo Municipal de ese
ente territorial el Proyecto de Acuerdo núm. 300.047.1-001 de 20 de
marzo de 2024: “[…] Por medio del cual se adoptan beneficios
tributarios temporales para el pago de intereses y sanciones
tributarias en el municipio de Paz de Ariporo […]”.

El 7 de abril de 2024, el concejal MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO
JARA, en calidad de ponente de la Comisión Segunda, presentó
ponencia positiva para segundo debate del Proyecto de Acuerdo núm.
300.047.1-001 de 20 de marzo de 2024, e invitó a la plenaria a
votarlo positivo, por lo que el 9 de abril de 2024, según acta núm.
500.01.2-037, se llevó a cabo sesión plenaria del Concejo Municipal
de Paz de Ariporo (Casanare) en la que se registró la asistencia del
accionado, concejal VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY, así como su
voto positivo, lo que redundó en la aprobación final de dicho texto
con 9 votos a favor y 4 votos ausentes, siendo sancionado el 12 de
abril de 2024 por el alcalde municipal como Acuerdo municipal núm.
500.02-001 de 9 de abril de 2024.

El citado acuerdo estableció lo siguiente:

“[…] ACUERDO No. 500.02-001
(ABRIL 09 DE 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN BENEFICIOS TRIBUTARIOS
TEMPORALES PARA EL PAGO DE INTERESES Y SANCIONES
TRIBUTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO”
(…)

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ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: BENEFICIO TEMPORAL A
CONTRIBUYENTES MOROSOS. Desde la fecha de entrada en
vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2024,
a los intereses moratorios de tributos municipales y/o las
sanciones de carácter tributario, se les aplicarán los
siguientes beneficios:

1. Los intereses de mora del impuesto predial de las vigencias
anteriores a 2024, se disminuirán en el 70%, siempre y cuando el
contribuyente moroso realice desde la fecha de sanción del presente
acuerdo y hasta el 31 de mayo de 2024 el pago de lo totalidad del
impuesto adeudado por cada periodo gravable.

2. Los intereses de mora del impuesto predial de las vigencias
anteriores a 2024, se disminuirán en el 40%, siempre y cuando el
contribuyente moroso realice desde el 1 de junio y hasta el 30 de
septiembre de 2024 el pago de la totalidad del impuesto adeudado
por cada período gravable.

3. Los intereses de mora del impuesto predial de las vigencias
anteriores a 2024, se disminuirán en el 10%, siempre y cuando el
contribuyente moroso realice desde el 1 de octubre y hasta el 31 de
diciembre de 2024 el pago de la totalidad del impuesto adeudado
por cada periodo gravable.

4. Las sanciones e intereses de mora generados por el
impuesto de industria y comercio, tendrán las mismas
disminuciones y en las mismas fechas descritas en los tres
numerales anteriores.

PARÁGRAFO 1. La disminución de los intereses moratorios de los
numerales 1 2 y 3 sólo se aplicarán al impuesto predial. Los
intereses moratorios de lo sobretasa ambiental no tendrán ningún
descuento o disminución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACUERDOS DE PAGO. Estas
disposiciones aplican en los mismos términos y condiciones para los
contribuyentes que tengan acuerdos de pago vigentes siempre y
cuando se pague el valor total del compromiso: y para acceder a los
anteriores beneficios descritos en el artículo primero en ningún caso
se aceptará la suscripción de acuerdos de pago.

ARTÍCULO TERCERO. COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN. Lo
administración municipal en cabeza de la Secretaría de Hacienda,
coordinará, definirá y establecerá los criterios, protocolos técnicos,

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estrategias y mecanismos necesarias para garantizar la difusión,
divulgación y publicidad del presente acuerdo procedimiento
relacionado con los beneficios temporales contenido en el presente
acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir
de la fecha de su publicación, y hasta el 31 de diciembre de 2024
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De conformidad con el registro civil de matrimonio núm. 07803966,
expedido por la Registraduría de Paz de Ariporo (Casanare), y con el
registro civil de nacimiento con serial núm. 19488842 de la Notaría
Única del Círculo de Paz de Ariporo (Casanare), se puede constatar
que el accionado está casado con la señora ANGIE ALEXANDRA
FORERO CUBIDES, desde el 4 de febrero de 2022, quien, a su vez,
es hija del señor WILLIAM CIDNEY FORERO SANDOVAL, lo que
permite concluir que este es suegro del concejal y que ostentan
parentesco en primer grado de afinidad24.

Obran también los registros civiles de nacimiento núms. 24514186,
30648145 y 51775227, correspondientes al accionado y a los señores
NÉSTOR JULIO BARÓN REYES y LUZ DELIA BARÓN REYES,
respectivamente. Una vez analizados en detalle, si bien se observa
que el padre del concejal es el señor FLAVIO BARÓN REYES,
persona que comparte los mismos apellidos de estos dos últimos a
quienes el actor señala de ser tíos del accionado, lo cierto es que
como no hay prueba que demuestre que los tres son hermanos, en
este caso provenientes de los mismos padres, permanece sin

24 Código Civil colombiano: “[…] Artículo 47. <Afinidad legítima>. Afinidad legítima es la que

existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o
mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su marido o
mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho marido o mujer con el
dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la línea recta, con
los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la
línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer […]”.

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constatarse la existencia de parentesco alguno y su grado entre el
concejal VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY y los señores NÉSTOR
JULIO BARÓN REYES y LUZ DELIA BARÓN REYES.

Luego entonces, como la solicitud de desinvestidura señaló a los
señores NÉSTOR JULIO BARÓN REYES y LUZ DELIA BARÓN
REYES, como presuntos beneficiarios irregulares de la expedición del
Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, a partir,
exclusivamente, de un posible parentesco en tercer grado de
consanguinidad con el accionado, que no fue probado por el actor, la
Sala descarta conflicto de interés alguno en lo que concierne a
aquellos, debiendo continuar con el análisis de las circunstancias que
rodean solo al concejal y a su suegro.

Al respecto, se tiene que través del Oficio núm. 323 de 28 de
noviembre de 2024, el secretario de Hacienda de la Alcaldía de Paz
de Ariporo (Casanare), certificó lo siguiente:

(i) Que el accionado, señor VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY, es
propietario del predio ubicado en ‘MARGINAL DE LA SELVA 13 14 In
2’, en ese ente territorial, identificado con cédula catastral núm.
0100000002220028000000000, y se encontraba en mora a 9 de abril
de 2024, para las vigencias 2023 y 2024 del impuesto predial
unificado. Y en cuanto al impuesto de industria y comercio, no
registra establecimiento comercial ni mora por concepto de este
tributo.

(ii) Que el señor WILLIAM CIDNEY FORERO SANDOVAL, -suegro
del accionado-, es propietario de 20 predios en dicho municipio, de

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los cuales, -con corte a 9 de abril de 2024-, en 15 de aquellos debía
las vigencias del impuesto predial correspondientes a 2018 hasta
2024; 2 debían la vigencia 2024; 2 adeudaban las vigencias de 2019
a 2024; y 1 debía las vigencias 2023 y 2024. Y que, respecto del
impuesto de industria y comercio, no registra establecimiento
comercial ni mora por concepto de este tributo.

Con relación a esta certificación, la Sala advierte que, en su análisis,
no tendrá en cuenta las deudas certificadas por el secretario de
Hacienda que correspondan a la vigencia 2024 del impuesto predial
unificado, toda vez que el Proyecto de Acuerdo núm. 300.047.1-001
de 20 de marzo de 2024, que luego se sancionó como Acuerdo
municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, prevé el descuento
de los intereses moratorios del impuesto predial unificado, así como
del impuesto de industria y comercio, -incluidas las sanciones de este
último-, sobre las deudas de vigencias anteriores a 2024, lo que
excluye las facturas por concepto del mencionado tributo, expedidas
para el año 2024.

V.3.2.- De los impuestos predial unificado y de industria y
comercio en el contexto local del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare)

Al respecto, el artículo 287 de la Constitución Política prevé que las
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley, por lo que
en tal virtud tienen derecho a “[…] Administrar los recursos y
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones […]”; y, en tal sentido, el artículo 315 Constitucional,

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numeral 5, establece que son atribuciones del alcalde “[…]
Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo
sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras
públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que
estime convenientes para la buena marcha del municipio […]”.

En consonancia con ello, el artículo 313 Constitucional, numeral 4,
determina que a los concejos les corresponde “[…] Votar de
conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los
gastos locales […]”, por lo que, a su vez, el artículo 32, numeral 6,
de la Ley 136, -modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 6 de
julio de 201225-, ordena que son atribuciones de los concejos,
además de las señaladas en la Constitución y la ley, “[…] Establecer,
reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y
sobretasas, de conformidad con la ley […]”.

El artículo 338 Constitucional, en el mismo sentido, prevé:

“[…] Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las
asambleas departamentales y los concejos distritales y
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las
bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las
autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que
cobren a los contribuyentes, como recuperación de los
costos de los servicios que les presten o participación en los
beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método
para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su
reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los
acuerdos.

25 “[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los

municipios […]”.

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Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período
determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que
comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley,
ordenanza o acuerdo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este marco, el artículo 362 Superior también indica que “[…] Los
impuestos departamentales y municipales gozan de protección
constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la
Nación, salvo temporalmente en caso de guerra exterior […]”.

Por su parte, el artículo 59 de la Ley 788 de 27 de diciembre de
200226, establece que “[…] Los departamentos y municipios
aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario Nacional, para la administración, determinación,
discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio
incluida su imposición, a los impuestos por ellos
administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento
administrativo de cobro a las multas, derechos y demás
recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término
de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán
disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus
tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto
del monto de los impuestos […]”.

Con la entrada en vigor de la Ley 44 de 18 de diciembre de 199027,
se fusionó, en un solo impuesto, el predial con (i) el de parques y
arborización, (ii) estratificación socioeconómica y (iii) sobretasa de

26 “[…] Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y

se dictan otras disposiciones […]”.
27 “[…] Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan

otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias […]”.

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levantamiento catastral, para convertirlo en el denominado ‘impuesto
predial unificado’, estableciéndose como un tributo del orden
municipal, cuya administración, recaudo y control corresponde a los
respectivos municipios, su base gravable es el avalúo catastral o el
autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto
predial unificado, y su tarifa deberá ser fijada por los respectivos
concejos, la cual oscilará entre el 1 x 1000 y 16 x 1000 del respectivo
avalúo, teniendo en cuenta los estratos socioeconómicos, usos del
suelo en el sector urbano y antigüedad de la formación o
actualización del catastro28.

El hecho generador del impuesto predial unificado, entonces, está
constituido por la propiedad o posesión que se ejerza sobre un bien
inmueble, en cabeza de quien detente el título de propietario o
poseedor de dicho bien, quienes, a su vez, tienen la obligación, según
corresponda, de declarar y pagar el impuesto.

Es así como el Concejo Municipal de Paz de Ariporo (Casanare), a
través del Acuerdo municipal núm. 500.02-012 de 30 de agosto de
202329, que modificó el Estatuto de Rentas de ese ente territorial, -
Acuerdo municipal núm. 500.02-017 de 9 de diciembre de 201330-,
estableció que el impuesto predial unificado es un gravamen real que
recae sobre los bienes raíces, puede hacerse efectivo con el
respectivo predio, independientemente de quien sea su propietario,

28 Ley 44 de 1990, artículos 1º a 4º.
29 “[…] Por medio del cual se modifica el Título II del Capítulo I del Impuesto Predial Unificado y Título

V del Capítulo I Beneficios para el Impuesto Predial Unificado del Acuerdo No. 500.02-017 de 2013,
Título II del Capítulo I Impuesto Predial Unificado del Acuerdo No. 500.02-008 de 2017 y se dictan
otras disposiciones […]”.
30 “[…] Por medio del cual se adopta el Estatuto de Rentas, la normatividad sustantiva tributaria, el

procedimiento tributario y el régimen sancionatorio tributario para el municipio de Paz de Ariporo,
departamento de Casanare […]”.

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de tal suerte que el municipio de Paz de Ariporo (Casanare) podrá
perseguir el inmueble sea quien fuere el propietario o poseedor, y a
cualquier título que lo haya adquirido, -artículo 2º-, y que el sujeto
pasivo de dicho tributo es la persona natural o jurídica propietaria o
poseedora de predios ubicados en la jurisdicción de ese municipio, -
artículo 4º-.

Con relación al impuesto de industria y comercio, regulado en las
leyes 97 de 24 de noviembre de 191331 y 14 de 6 de julio de 198332,
así como en el Decreto Ley 1333 de 25 de abril de 198633, en el
Estatuto de Rentas del municipio de Paz de Ariporo (Casanare) se
previó como un gravamen de carácter obligatorio, el cual recae, en
cuanto materia imponible, sobre todas las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras, que se ejerzan o realicen
dentro de la jurisdicción de ese ente territorial, que se cumplan en
forma permanente, u ocasional, en inmuebles determinados, con
establecimientos de comercio o sin ellos, -artículo 33-.

Como sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio, se definió
a la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, que realice el
hecho generador de la obligación tributaria, esto es el ejercicio o
realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial,
comercial o de servicios en la jurisdicción del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare), por lo que también son contribuyentes de este
tributo las sociedades de economía mixta y las empresas industriales
y comerciales del Estado, los consorcios, uniones temporales, y

31 “[…] Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos Municipales […]”.
32 “[…] Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones

[…]”.
33 “[…] Decreto Ley 1333 de 1986 […]”.

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patrimonios autónomos que realicen actividades industriales,
comerciales, de servicio y financieras en ese ente territorial, -
artículos 35 y 36-.

V.3.3.- En la exposición de motivos de 7 de abril de 2024, que
antecedió a la expedición del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de
9 de abril de 2024, el concejal, señor MICHAEL D’ANDREIS
CASTILLO JARA, dejó en evidencia que el secretario de Hacienda
del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), -se reitera que esta fue
una iniciativa de la administración municipal-, realizó un estudio
minucioso de los estados financieros que arrojaron una cartera que
ascendía a más de $12.600.000.000, por concepto de intereses de
mora originados en la ausencia de pago de los impuestos predial
unificado y de industria y comercio, por parte de los contribuyentes
del municipio durante las vigencias 2019 a 2024.

Allí se advirtió que dicha mora generó repercusiones financieras que
afectaron la liquidez de la cartera, pues los recursos para inversión
se estaban destinando para cubrir la deuda fiscal, lo que hacía
necesaria la recuperación de esa cartera a través del manejo del
inventario administrativo de deudas y el empleo de herramientas
legales que, a partir de una relación costo beneficio, permitiera
disminuirla. Y que la recuperación de la deuda tributaria como
propósito fundamental de la administración municipal, debía
adelantarse a partir de estrategias que contribuyeran a su
saneamiento durante un período temporal, estimulando, a la vez, el
recaudo de impuestos.

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Se resaltó que el entonces proyecto de acuerdo no buscaba condonar
o extinguir las obligaciones tributarias causadas, por cuanto solo
disponía descuentos sobre los intereses de mora en algunas
proporciones y espacios de tiempo, fomentando así la conformidad
fiscal y mejorando el recaudo de fondos. Y que, siendo el
incumplimiento de las obligaciones tributarias bastante elevado, se
necesitaba el aporte del ciudadano en una mayor proporción,
especialmente de los contribuyentes de las principales fuentes de
ingresos como son los impuestos predial unificado y de industria y
comercio.

La exposición de motivos sostuvo que la cartera del impuesto predial
unificado, calculada desde la vigencia 2019, -con especial énfasis en
la vigencia 2023 cuando se incrementó de manera ‘descomunal’ en
497%-, generó intereses moratorios que se vieron reflejados en la
factura de la vigencia 2024, por valor de $3.777.008.090. Y que, con
base en el software financiero SYSMAN, con corte a 5 de marzo de
2024, la cartera del impuesto predial unificado de los últimos cinco
años ascendió a $8.891.368.065, incremento equivalente al 1.121%,
cuando en años anteriores no había superado el 13%, en gran
medida por la actualización catastral que provocó una renuencia
generalizada de la población ante el encarecimiento del tributo.

Continuó explicando que el número de contribuyentes morosos ha
venido en constante ascenso, por lo que la cartera pasó de 4.887
ciudadanos morosos en la vigencia 2022, a 10.711 deudores en la
vigencia 2023, -cifra esta corroborada en Oficio núm. 187 de 13 de
agosto de 2024, suscrito por el secretario de Hacienda municipal-,
configurándose así un incremento del 119%, de los cuales, si el 10%

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de aquellos pagaran sus obligaciones tributarias, se iban a recaudar
$890.000.000; y que si ese 10% pagara un 30% de lo
correspondiente a los intereses de mora, el recaudo ascendería por
dicho concepto a $113.000.000, para una proyección estimada en
total de más de $1.000.000.000.

Aseveró, por último, que el proyecto de acuerdo no generaba impacto
fiscal negativo, sino que, por el contrario, generaría un impacto fiscal
positivo, pues representa una expectativa de ingresos para el
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), al incentivar al
contribuyente a pagar sus obligaciones, mejorando así el recaudo de
tributos y provocando una mayor disponibilidad de recursos para
optimizar la ejecución del Plan de Desarrollo, estimulando, por
demás, la cultura de pago sin llegar a las instancias del cobro
coactivo.

V.3.4.- A partir de todo lo expuesto, y en reiteración del criterio
establecido por la Sección en sentencia de 12 de diciembre de
202434, en un evento idéntico al del caso concreto, para la Sala
resulta evidente que con el voto del concejal VÍCTOR JULIÁN
BARÓN GODOY y su participación en la expedición del Acuerdo
municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, sin declararse
impedido, no se generó la colisión de los intereses que debió
garantizar en calidad de servidor público, ni con los suyos ni con los
de su suegro, señor WILLIAM CIDNEY FORERO SANDOVAL, en la
medida en que si bien se constató la existencia de deudas de ambos
por concepto de impuesto predial unificado, -lo que los convierte en

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de

diciembre de 2024, número único de radicación 85001233300020240004701, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.

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eventuales candidatos para acceder a los descuentos de dicho
Acuerdo-, lo cierto es que ese beneficio los afecta en igualdad de
condiciones a las de la población en general del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare).

En los términos de la excepción legal prevista en la segunda parte
del numeral 1, del artículo 48, de la Ley 617, según la cual no existirá
conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general, el accionado coadyuvó con la expedición de una norma
que encaja en la referida exclusión del legislador al crearse un
beneficio temporal, -desde el 9 de abril hasta el 31 de diciembre de
2024-, a todos aquellos deudores de intereses moratorios con origen
en obligaciones insolutas de los impuestos predial unificado y de
industria y comercio, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito
de aplicación en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).

Cabe señalar que desde la exposición de motivos, suscrita y avalada
por el concejal MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO JARA, se observa
que el objetivo del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril
de 2024, era permitirle a toda la población morosa de los impuestos
predial unificado y de industria y comercio, -los cuales ascendían a
la representativa cifra de 10.711 morosos con corte a vigencia 2023,
representados en una cartera de $8.891.368.065, según el estudio
previo-, y no solo al accionado y a su suegro, ponerse al día en el
pago del respectivo tributo con una rebaja significativa de los
intereses moratorios, lo que dista, por definición, de dirigirse a una
sola persona, grupo minoritario o subgrupo pequeño de pobladores.

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Además, en la exposición de motivos se indica que fue la
actualización de los avalúos catastrales la que provocó una renuencia
generalizada de la población a pagar los referidos impuestos ante el
encarecimiento del tributo, diagnóstico de un problema macro del
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), lo que también permite
advertir que el beneficio traído por el citado acuerdo afecta a todo el
universo de morosos en igualdad de condiciones, sin transgredir la
integridad del interés público en la decisión administrativa.

Cabe aclarar, que no resulta cierto que el citado acuerdo tuviera
como destinatarios al 10% de los ciudadanos del municipio, pues tal
como antes se indicó, lo que se mencionó en la exposición de motivos
fue que si el 10% de los morosos pagaran sus obligaciones tributarias
se iban a recaudar $890.000.000; y que si ese 10% pagara un 30%
de lo correspondiente a los intereses de mora, el recaudo ascendería
por dicho concepto a $113.000.000, para una proyección estimada
en total de más de $1.000.000.000, lo que es sustancialmente
distinto a lo afirmado en la solicitud de desinvestidura.

De hecho, con Oficio núm. 302 de 12 de noviembre de 2024, el
secretario de Hacienda del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
hizo constar, en el mismo sentido, que “[…] el Acuerdo municipal No.
500-02-001 de 9 de abril de 2024, estaba dirigido al 100% de los
contribuyentes del impuesto predial y al 100% de los contribuyentes
y con sanciones del impuesto de industria y comercio que fueran
objeto de aplicación del acuerdo en mención. El 10% de que trata
el recaudo proyectado en la exposición de motivos del
proyecto de acuerdo sobre la cartera morosa, es tan solo un
ejercicio didáctico para tratar de demostrar el impacto fiscal

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positivo que generaría el acuerdo, tal como se describió así:
“No obstante, si tan solo el 10% de los contribuyentes
morosos del impuesto predial pagaran sus obligaciones
descritas en la tabla No. 1, se podrían recaudar 890 millones
de pesos y si ese mismo 10% pagara un 30% de lo
correspondiente a los intereses de mora, el recaudo
ascendería por este concepto a 113 millones de pesos, para
un total de más de MIL MILLONES DE PESOS” […]”.

Es evidente, entonces, que la estrategia temporal de reducción de
intereses de mora, adelantada por el accionado, entre otros
concejales, a través de la expedición del Acuerdo municipal núm.
500.02-001 de 9 de abril de 2024, lo que procura es la conformidad
y eficiencia fiscal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
destinado a aquellos pobladores que voluntariamente deseen
ponerse al día sin afectar el capital de la obligación principal, pues no
condona ni extingue las obligaciones tributarias causadas, máxime
que el costo de recuperar la cartera por un proceso de cobro coactivo
se sometería a un trámite prolongado y costoso que, de librarse con
el acuerdo, normalizarían el ingreso de flujos tributarios, sin que ello
le represente un conflicto de intereses al concejal VÍCTOR JULIÁN
BARÓN GODOY.

Sin perjuicio de lo considerado, la Sala también advierte que el
interés endilgado al accionado resulta hipotético y aleatorio, pues el
beneficio tributario consistente en la reducción de los intereses de
mora del impuesto predial unificado, así como de las sanciones e
intereses de mora generados por el impuesto de industria y
comercio, no deviene de manera automática del acuerdo, sino que

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para hacerse acreedor de cada exención, y en los respectivos
porcentajes señalados, los morosos interesados deben cumplir
exigencias y requisitos acreditables ante la Secretaría de Hacienda
municipal, tales como, entre otros, el pago de la totalidad del
impuesto adeudado por cada período gravable, circunstancia de la
que no se tenía certeza alguna de su cumplimiento por parte del
accionado y su suegro.

A partir de estos precisos elementos de juicio, se observa que el
accionado no pretendió lucrarse u obtener beneficios, ventajas o
privilegios personales o de su suegro, en detrimento de la
comunidad, o desconociendo el interés general que debe guiar el
ejercicio de sus funciones; el asunto puesto en conocimiento del
miembro de la corporación pública no le significó un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o bien común, lo que
no lo obligaba a manifestar impedimento alguno para votar y
participar en la expedición del Acuerdo municipal núm. 500.02-001
de 9 de abril de 2024.

Con fundamento en lo considerado, y al descartarse la configuración
del elemento objetivo de la causal de violación del régimen de
conflicto de intereses, prevista en los artículos 55, numeral 2, y 70
de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, lo que, por demás,
impide proseguir con el examen del elemento subjetivo, la Sala
revocará la sentencia de 19 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar, denegará la
solicitud de pérdida de investidura presentada contra el concejal del
municipio de Paz de Ariporo (Casanare), señor VÍCTOR JULIÁN

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BARÓN GODOY, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de diciembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y, en su lugar,
DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada contra
el concejal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare), señor
VÍCTOR JULIÁN BARÓN GODOY.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 15 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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