Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00265-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00265-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 50001-23-33-000-2025-00265-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: LUCELIDA MAZABEL SCARPETA
Accionado: EDILBERTO LANDAETA GONDELLEZ
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura de concejal. Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 19 de noviembre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. La señora Lucelida Mazabel Scarpeta en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112 solicitó:
“[…] Conforme en los anteriores hechos, en ejercicio del medio de control de pérdida
de investidura, consagrado en el artículo 143 […] de la ley 1437 de 2011, solicito sea
decretada la perdida de investidura al concejal de Villavicencio (Meta) EDILBERTO
LANDAETA GONDELLEZ, por haber incurrido en la causal de violación del régimen
de inhabilidades, régimen de conflicto de intereses, causal relacionada en el artículo
48, numerales 1 y 6 de la ley 617 de 2000. […]”3.
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que el accionado fue elegido concejal del municipio de Villavicencio, en las
elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, para el período constitucional 2024
• 2027.
3. Manifestó que el accionado participó en el llamado a lista, debate y votación de
los siguientes proyectos de acuerdo, por medio de los cuales se otorgan alivios
tributarios temporales en el municipio de Villavicencio: i) proyecto de acuerdo núm.
039 de 2024; ii) proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024, en relación con el cual
aclara que el accionado fue uno de los ponentes en primer debate ante la Comisión
Segunda de Presupuesto y Hacienda del concejo municipal; y iii) proyecto de
acuerdo núm. 003 de 2025.
1
Cfr. Índice 1 del expediente digital de primera instancia y subsanación de la demanda visible en índice 8 del expediente
digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
3
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia.
2
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
4. Adujo que el proyecto de acuerdo núm. 003 de 2025 fue aprobado por el concejo
municipal y sancionado posteriormente como Acuerdo núm. 648 de 27 de enero de
2025.
5. Indicó que el señor Edilberto Landaeta Gondellez es pariente en tercer grado de
consanguinidad de las señoras Herminda Landaeta Rodríguez4 y Ernestina
Landaeta Rodríguez5; y del señor Engelberto Landaeta Rodríguez6, quienes figuran
como propietarios de inmuebles ubicados en el municipio de Villavicencio, registran
obligaciones prediales vigentes u obligaciones moratorias por pago del impuesto
predial.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
6. La accionante mencionó el artículo 123 de la Constitución Política, los numerales
1. y 6. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20007, los artículos 55 y 70
de la Ley 136 de 2 de junio de 19948 y la Ley 734 de 5 de febrero de 20029 e indicó
que el concejal accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses al participar sin manifestar
impedimento en el debate y votación de los precitados proyectos de acuerdo, que
versaban sobre beneficios de carácter tributario en materia predial, pese a que las
medidas podían generar “[…] provecho económico directo o indirecto a familiares
dentro de los grados de parentesco previstos en la ley. […]”.
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura10
7. Elconcejal, señor Edilberto Landaeta Gondellez, a través de apoderado, se
pronunció sobre la solicitud de pérdida de investidura y pidió que no se accediera a
las pretensiones de la demanda.
8. Explicó que asistió a las sesiones de la comisión segunda y a plenarias en el
trámite de los proyectos de acuerdo núms. 039 de 2024, 053 de 2024 y 003 de 2025,
pero que no incurrió en conflicto de intereses porque: i) “[…] Ninguno de estos
proyectos N° 039 y 054 (sic) de 2024 llegaron a convertirse en acuerdo municipal,
ya que fueron archivados […]”; ii) en el trámite del proyecto de acuerdo núm. 003
de 2025 el concejal se declaró impedido expresamente y se retiró antes de la
votación, quedando su voto como “ausente”; iii) los proyectos abordaron asuntos de
carácter general y abstracto porque otorgaban beneficios tributarios a todos los
4
Inmuebles identificados con: i) matrícula inmobiliaria 230-82873 y cédula catastral 010507220029901; y ii) matricula
inmobiliaria 230-32121 y cédula catastral 010300030006000.
5
Inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 230-120444 y cédula catastral 010306620035000.
6
Inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 230-38635 y cédula catastral 010600090012000.
7
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
8
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
9
“[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. […]”.
10
Cfr. Índice 17 del expediente digital de primera instancia.
3
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
contribuyentes en mora, sin destinatarios específicos; y iv) no existió ni se probó el
beneficio directo, actual o cierto para el concejal o sus familiares.
9. Alegó que se configuran las excepciones de “[…] INEPTITUD SUSTANTIVA DE
LA DEMANDA […]”, “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
[…]” y “[…] CARENCIA DE RIGOR PROCESAL DE LA DEMANDA […]” porque: i)
la accionante no demuestra condiciones que le otorguen legitimación en la causa
para presentar la demanda, ni interés jurídico; y ii) se evidencia falta de claridad y
coherencia en la formulación de pretensiones y estructuración de cargos, por lo que
se incumplen los requisitos de esta clase de demandas previstos en la ley.
10. Invocó las excepciones de “[…] FALTA DE PRUEBA DE UN INTERÉS
DIRECTO, ACTUAL Y CIERTO […]”, “[…] INEXISTENCIA DE LA CAUSAL
ALEGADA […]”, “[…] INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS […]”, “[…]
AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN EN EL ACTO ACUSADO […]”, “[…] AUSENCIA
DE PARENTESCO RELEVANTE PARA CONFIGURAR CONFLICTO DE
INTERESES […]” e “[…] IMPROCEDENCIA DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA
POR GENERALIDAD DE LA MEDIDA […]”, con fundamento en que no se prueba
el interés calificado porque: i) los proyectos eran generales y beneficiaban a todos
los ciudadanos en mora; ii) fueron archivados, de manera que no produjeron
efectos; iii) el concejal no votó ni participó en la aprobación del proyecto de acuerdo
núm. 003 de 2025; y iv) que los familiares que fundamentan la solicitud son lejanos
y que no se demostró que las deudas de estos existieran al momento de los debates
ni que el concejal conociera la existencia de las mismas.
11. Agregó que, en todo caso, el artículo 48 de la Ley 617 establece que no hay
conflicto de intereses cuando los asuntos afectan al concejal en igualdad de
condiciones a la ciudadanía en general. Ello porque, reitera, los proyectos discutidos
establecían un alivio tributario universal, dirigido a toda la comunidad, sin
individualizar beneficiarios. Además, porque los proyectos fueron archivados, sin
producir efectos jurídicos.
12. Por último, argumentó “[…] FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL ELEMENTO
SUBJETIVO […]” porque no estaba probado ni el conocimiento ni la voluntad de
favorecer intereses particulares.
I.3. Trámite del proceso
13. Mediante auto de 27 de agosto de 202511 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura y, una vez subsanados los requisitos por la accionante12, en auto de 17
de septiembre de 202513 se admitió, ordenándose la notificación al accionado y al
agente del Ministerio Público y corriéndose traslado para que el acusado contestara
la solicitud, aportara y solicitara la práctica de pruebas.
11
Cfr. Índice 4 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia.
4
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
14. El
accionado contestó la solicitud de pérdida de investidura y formuló
excepciones. El Ministerio Público solicitó el decreto de pruebas14.
15. En auto de 14 de octubre de 202515 se resolvió sobre: i) las solicitudes
probatorias presentadas por las partes y el Ministerio Público; y ii) se fijaron fechas
para realizar las audiencias de pruebas y pública a que se refieren los artículos 11
y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201816.
16. La audiencia de pruebas se realizó los días 2217 y 2918 de octubre de 2025 y
posteriormente se realizó la audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley
1881, el día 10 de noviembre de 202519, con la asistencia e intervención de la
accionante, del agente del Ministerio Público y del concejal y su apoderado.
I.4. La sentencia de primera instancia20
17. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 19 de
noviembre de 2025, resolvió: i) desestimar las excepciones de “[…] Ineptitud
sustantiva de la demanda […]” y “[…] falta de legitimación en la causa por activa
[…]” formuladas por el accionado y ii) negó la solicitud de pérdida de investidura del
concejal.
18. A título de cuestión previa precisó que no estaba probada la excepción de “[…]
ineptitud sustantiva de la demanda […]” porque en los procesos de pérdida de
investidura no se exige una técnica jurídica rigurosa al argumentar el asunto. Agregó
que en este caso el concepto de la violación era claro en cuanto precisa las causales
y se explican las razones de hecho que fundamentan la solicitud de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.
19. En relación con la excepción de “[…] falta de legitimación en la causa por activa
[…]” señaló que no se configura ese medio exceptivo porque la pérdida de
investidura como medio de control puede ser interpuesta por cualquier ciudadano,
sin que se exija alguna calidad o interés.
20. Explicó que el problema jurídico que se debía resolver consistía en establecer si
el accionado “[…] incurrió en la causal de pérdida de investidura contenida en el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 por violación del conflicto de
intereses21, al no declararse impedido para participar en el trámite de los Proyectos
de Acuerdo 039 y 053 de 2024 y 003 de 2025, por medio de los cuales se propuso
14
Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 26 del expediente digital de primera instancia.
16
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
17
Cfr. Índice 45 del expediente digital de primera instancia.
18
Cfr. Índice 52 del expediente digital de primera instancia.
19
Cfr. Índice 61 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índice 65 del expediente digital de primera instancia.
21
Según las exigencias del presente medio de control la cita del numeral 6 del artículo resulta inane pues la demandante tiene
la carga de proponer de manera específica de la causal y explicar su configuración para garantizar el derecho de contradicción
y defensa del demandado y este numeral 6 de manera abierta que la ley establezca.
5
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
y, en el último de los citados, se otorgaron alivios tributarios temporales en el
Municipio de Villavicencio, pues, existen familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad que resultaban directamente beneficiados con dichas medidas
tributarias. […]”.
21. Sostuvo que la respuesta al problema jurídico planteado sería negativa porque
“[…] no se configura en el actuar del concejal EDILBERTO LANDAETA
GONDELLEZ la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses, toda
vez que si bien se encuentra acreditado el elemento objetivo de la causal al haber
participado en el primer debate del Proyecto de Acuerdo 053 de 2024 como ponente
e integrante de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública del
Concejo Municipal de Villavicencio, no se logró demostrar el elemento subjetivo
referido a un interés directo, particular y concreto del demandado en el tema
abordado en el proyecto de acuerdo, esto es, en los alivios tributarios temporales
que se otorgarían a los contribuyentes del Municipio de Villavicencio aparte del
interés general que le asiste como concejal […]”.
22. Luego de referirse al marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de
control de pérdida de investidura y de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses, explicó que corresponde a la parte
accionante la carga de probar los elementos objetivo y subjetivo para la
configuración de la causal.
I.4.1. Análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
parte del tribunal
23. Indicó
que estaba probada la condición de concejal y, por ende, el primer
supuesto del elemento objetivo.
24. Sobre la participación del concejal en diversos proyectos de acuerdo expuso que
no estaba probada la intervención del accionado en el trámite del proyecto de
acuerdo núm. 03922, presentado el 6 de noviembre de 2024, en tanto la única prueba
aportada era una certificación del concejo municipal donde precisa que dicho
proyecto no alcanzó a surtir trámite dentro del periodo de sesiones ordinarias de la
vigencia 2024 y, en consecuencia, fue archivado.
25. En relación con el proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024, el tribunal explicó que
se encontraba probado con el acta núm. 024 de 20 de diciembre de 2024 de la
Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública que el accionado fue uno
de los ponentes del proyecto y que este fue aprobado por los miembros de la
comisión. Añadió que, según certificación aportada al proceso por el Concejo
Municipal de Villavicencio, el proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 no alcanzó a
surtir su trámite en plenaria en el periodo de sesiones extraordinarias del año 2024
y fue archivado.
22
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO […]”.
6
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
26. Sobre el proyecto de acuerdo núm. 003 de 2025 explicó que según acta núm.
001 de 20 de enero de 2025 de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda
Pública del Concejo Municipal de Villavicencio, el accionado no respondió a lista.
En esa sesión se aprobó en primer debate el proyecto de acuerdo.
27. Explicó que posteriormente se realizó la sesión plenaria extraordinaria el 27 de
enero de 2025, según consta en el acta núm. 011, en la cual el demandado estuvo
presente al momento del llamado a lista. Agregó que se probó que el accionado
manifestó que se retiraba del recinto por impedimento y que no participó en la
votación nominal de la ponencia, que resultó en la aprobación del acuerdo por el
concejo municipal.
28. Teniendo en cuenta lo anterior, el tribunal precisó que estaba probado el tercer
supuesto del elemento objetivo, relativo a que el concejal hubiere conformado el
cuórum o participado en el debate o votación del asunto, únicamente en relación
con el proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024. Ello porque el accionado intervino
en el primer debate celebrado el 20 de diciembre de 2024 como ponente e integrante
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública.
29. Señaló que se probó que el concejal accionado no manifestó impedimento
durante el primer debate del proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 y que se trataba
de un asunto que corresponde al ámbito de competencia funcional del Concejo
Municipal de Villavicencio.
30. En consecuencia, que se probó el elemento objetivo de la causal de conflicto de
intereses.
I.4.2. Análisis del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
por parte del tribunal
31. El tribunal explicó que en el elemento subjetivo se debía demostrar la existencia
de un interés directo, particular y concreto del accionado o de las personas
establecidas en la ley, distinto al inherente a la función pública o al que corresponde
a la comunidad en general.
32. Indicó que dicho interés no estaba probado porque, si bien, estaba probado el
parentesco, la propiedad de los inmuebles y que uno de los parientes del accionado,
a saber, la señora Herminda Landaeta Rodríguez, tía del demandado, registraba
obligaciones pendientes por concepto de impuesto predial en la vigencia 2024,
correspondientes a los dos predios de su propiedad, por un valor total de quinientos
setenta y siete mil pesos M/cte. ($577.000,oo), no estaba probado: i) que el
demandado tuviera conocimiento “[…] de la deuda de su tía Herminda Landaeta
Rodríguez con el ente territorial y de su relevancia en el contexto de la finalidad del
acuerdo por el cual se censura su postura como concejal […]”; ii) “[…] que no
resultaría relevante la referida deuda porque no se denotan mayores valores ni
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
atrasos significativos para beneficios importantes dentro de los efectos del acuerdo
que pudiera generarse […]”; y iii) “[…] que, en el trámite adelantado por el Ejecutivo
para la elaboración del proyecto de acuerdo, se hubiesen realizado y presentado
listados de deudores morosos (entre los cuales figurara la tía del concejal
demandado) y que estos hubiesen sido puestos en conocimiento de los concejales,
incluido el accionado. […]”.
33. Asimismo, el tribunal explicó que estaba probado con la declaración que rindió el
concejal que este no se ve con sus familiares desde hace mucho tiempo, entre ellos
su tía Herminda, y que desconoce sus deudas.
34. Conforme con lo anterior concluyó que “[…] no se encuentra acreditado el
elemento subjetivo referido a que el demandado tenga un interés directo, particular
y concreto […] en el tema abordado en el Proyecto de Acuerdo 053 de 2024, esto
es, los alivios tributarios temporales que se otorgarían a los contribuyentes del
Municipio de Villavicencio, aparte del interés general que le asiste como concejal
[…]”.
35. En todo caso, indicó que el Consejo de Estado ha explicado que en casos en los
que se pretende la declaratoria de pérdida de investidura por haber participado en
acuerdos que establecen medidas de alivio para contribuyentes morosos de
impuestos, ha concluido que el interés resulta hipotético y aleatorio en atención a
que el beneficio tributario no deviene de manera automática del acuerdo, sino que,
para hacerse acreedor a dichos beneficios, deben cumplirse determinados
requisitos por parte del beneficiario.
36. Por lo anterior, determinó que no estaba probado el elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura.
I.5. El recurso de apelación23
37. La accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque la sentencia y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura del accionado.
38. Señaló que el tribunal “[…] MINIMIZA QUE EL BENEFICIO PARA FAMILIARES
ERA DIRECTO, CIERTO Y PROBADO […]” al punto que consideró que “[…] no
habría interés […]”. Al respecto, indicó que no es de recibo que en la sentencia
apelada se hubiere considerado que el beneficio era “irrisorio” o condicionado al
cumplimiento de requisitos que no se probaron en relación con la pariente, porque
la valoración cuantitativa del beneficio es irrelevante y porque el interés era
evidente, derivado de la existencia de la mora en el cumplimiento de la obligación
predial y de la prueba del elemento objetivo de la causal.
23
Cfr. Índice 68 del expediente digital de primera instancia.
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
39. Que en este caso el interés se configuraba con ocasión de la existencia del
parentesco, de la obligación predial y de los alivios particulares, directos y
potenciales y de la falta de manifestación de impedimento.
40. Manifestó que el tribunal “[…] RECONOCE EL ELEMENTO OBJETIVO, PERO
NIEGA EL SUBJETIVO SIN MOTIVACIÓN LÓGICA […]” y que la sentencia erró al
exigir “[…] PRUEBA ABSOLUTA DEL CONOCIMIENTO […]”. Alegó que, si bien, se
reconoció que el concejal participó como ponente en el primer debate y configuró el
cuórum sin manifestar impedimento, se descartó el elemento subjetivo con
fundamento en la ausencia de conocimiento personal.
41. Explicó que considerar probado el elemento objetivo y no el subjetivo es una
separación no razonada porque estaba probado: i) el grado de consanguinidad por
línea paterna de la tía, conforme con los registros civiles de nacimiento y la
declaración del demandado; ii) la titularidad de los bienes alegados mediante los
certificados de tradición y libertad; y iii) la existencia de las obligaciones tributarias
con las certificaciones de la oficina de impuestos.
42. Sostuvo que la jurisprudencia admite inferencias razonables a partir del contexto
objetivo, para la configuración del elemento subjetivo, y que en todo caso no se
exige que el beneficio se materialice para sancionar la omisión de manifestación de
impedimento y por ende la configuración de la causal.
43. Esgrimió que la “[…] SENTENCIA REDUCE INDEBIDAMENTE EL ELEMENTO
SUBJETIVO AL “CONOCIMIENTO EFECTIVO” DE LA DEUDA DEL FAMILIAR
[…]”, lo que resulta excesivo y desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado
que permite “[…] medios de convicción indiciarios […]” e inferencia racional.
Adicionó que se desconoce “[…] LA POSICIÓN DE GARANTE Y DEBER DE
DILIGENCIA […]” del accionado y refirió como supuestos a tener en cuenta: i) que
el concejal fue el ponente y estuvo expuesto a datos públicos sobre beneficiarios
potenciales y contó con el apoyo técnico de la Secretaría de Hacienda del municipio;
ii) que el concejal estuvo en posición de conocer la existencia de deudas de
familiares, al punto que manifestó impedimento en el proyecto de acuerdo
adelantado posteriormente, en enero de 2025; y iii) que le era exigible la obligación
de verificar las bases de datos con el propósito de identificar si familiares eran
posibles beneficiarios. Que no hacerlo, siendo adicionalmente el ponente, implicó
falta de diligencia y omisión constitutivas del elemento subjetivo.
44. Resaltó que la sentencia valoró la declaración del accionado, donde manifestó
que no es cercano a los familiares ni conoce sus deudas, pero que no realizó una
correcta valoración de la prueba teniendo en cuenta la posición de “[…] garante de
la ética […]” del concejal, el deber de diligencia activa del accionado, propio del
elemento subjetivo; y que la aplicación del principio in dubio pro reo no impide al
juez realizar inferencias lógicas a partir del conjunto probatorio y la experiencia.
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I.6. Trámite del recurso de apelación
45. Mediante auto de 18 de diciembre de 202524, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la accionante en contra de la sentencia de 19 de noviembre de 2025.
46. En auto de 27 de enero de 202525, se resolvió admitir el recurso de apelación y
correr traslado del auto admisorio del recurso de apelación al accionado y al agente
del Ministerio Público por el término de tres (3) días.
47. El concejal Edilberto Landaeta Gondellez manifestó26 por intermedio de
apoderado que comparte la sentencia apelada en cuanto negó la solicitud de
pérdida de investidura. Reiteró los argumentos expuestos durante el proceso y, en
especial, indicó: i) que los proyectos de acuerdo no nacieron a la vida jurídica y por
tanto no producen efectos jurídicos, no generan situaciones jurídicas particulares,
no puede dar lugar a beneficio alguno y no son susceptible de control sancionatorio;
y ii) no se probó el elemento subjetivo consistente en el conocimiento, la intención
de favorecer particulares ni la existencia de un beneficio cierto.
48. El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
49. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
acusado; iii) el problema jurídico; iv) el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses; v) el estudio del
problema jurídico; y vi) las conclusiones.
II.1. La competencia
50. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201927, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15028 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
51. La condición del accionado, señor Edilberto Landaeta Gondellez, como concejal
del municipio de Villavicencio, se encuentra probada con la copia del formato E-26
CON, correspondiente al “[…] ACTA DEL ESCRUTINIO MUNICIPAL […]
24
Cfr. Índice 70 del expediente digital de primera instancia.
25
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
26
Cfr. Índice 8 del expediente digital de segunda instancia.
27
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
28
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
10
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
CONCEJO […]” de la Registraduría Nacional del Estado Civil, correspondiente a las
elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023 y con el
oficio núm. DGE-GRESITE-2525 de 26 de septiembre de 2025 expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil29.
52. Se precisa que la condición del accionado como concejal del municipio de
Villavicencio no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación.
II.3. El problema jurídico
53. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437,
observa lo siguiente:
54. La accionante pidió que se decretara la pérdida de investidura del concejal
Edilberto Landaeta Gondellez por haber incurrido en violación del régimen de
conflicto de intereses con ocasión de su participación sin manifestar impedimento
en el debate y votación de los proyectos de acuerdo núms. 039 y 053 de 2024 y 003
de 2025, que versaron sobre alivios tributarios temporales en el municipio de
Villavicencio, con fundamento en que podían favorecer parientes dentro de los
grados establecidos en la ley.
55. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta en la sentencia de 19 de
noviembre de 2025 consideró que la conducta que se le atribuye al accionado no
se encuadra en la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses porque: i) no había pruebas en torno a la participación del
concejal en el trámite del proyecto de acuerdo 039 de 2024 en tanto la única prueba
aportada sobre el mismo fue una certificación de archivo; ii) se probó que el
accionado manifestó impedimento y se retiró del debate y votación del proyecto de
acuerdo núm. 003 de 2025; y iii) que, si bien, estaba probado que el accionado fue
ponente y participó en el primer debate y votación del proyecto de acuerdo núm.
053 de 2024 sin manifestar impedimento, y que su familiar, la señora Herminda
Landaeta Rodríguez, tenía deudas por concepto de impuesto predial, se debía tener
en cuenta que el interés era hipotético y aleatorio y por ende no estaba probado el
interés calificado, el cual analizó en el marco del elemento subjetivo.
56. Asimismo, explicó que no estaba probado el elemento subjetivo porque no se
acreditó ni el conocimiento sobre el estado de cuenta de su familiar ni el ánimo de
favorecer a terceros.
57. El accionante en el recurso de apelación estima que se demostró la configuración
de los elementos objetivo y subjetivo de la causal precitada porque: i) estaba
29
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia. Páginas 28 y 29.
11
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
probado el parentesco del concejal con la señora Herminda Landaeta Rodríguez, la
obligación predial del pariente y la participación del concejal sin manifestar
impedimento en el primer debate del proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 que
otorgaba alivios tributarios. Por ende, que estaba probado el interés directo,
particular y actual; y ii) que el tribunal incurrió en indebida valoración probatoria de
los supuestos para la configuración del elemento subjetivo, que admite inferencias
razonables e indicios y que se debió tener en cuenta la falta de diligencia del
concejal y las omisiones en que incurrió teniendo en cuenta que era el ponente del
proyecto, tuvo apoyo técnico y que el provecho del familiar era real y comprobable.
58. Por lo anterior y atendiendo a que el recurso de apelación delimita el
pronunciamiento en segunda instancia, la Sala abordará el análisis de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses
exclusivamente en torno a la participación del concejal en el proyecto de acuerdo
núm. 053 de 2024, con el propósito de acompasar el derecho fundamental al debido
proceso y el principio de congruencia30 de las sentencias.
59. En ese orden, el problema jurídico consiste en definir:
60. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura del concejal accionado, por haber incurrido en violación del
régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley
617, con ocasión de la participación del concejal en el debate y votación del proyecto
de acuerdo núm. 053 de 2024.
II.4. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses
61. Esta causal encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular representan
al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Igualmente, en el
artículo 11 de la Ley 1437, que indica que cuando el interés propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo, el servidor público
deberá declararse impedido.
62. Esta hipótesis se encuentra prevista como causal de pérdida de investidura para
los concejales en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 y en el numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136, cuyo contenido es el siguiente:
62.1. Numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de septiembre de 2019, Radicación núm.
110010315000201901598-01. Asimismo, ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
1 de noviembre de 2016. Radicación núm. 110010315000201202013-00.
12
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”.
62.2. Numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:
[…]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]”.
63. En efecto, el artículo 70 de la Ley 136 establece que cuando para los concejales
exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en
los debates o votaciones respectivas.
64. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés se
presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es
la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial31 […]”.
65. Conforme con lo anterior, esta Sección Primera32 ha considerado que el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses requiere que se prueben los siguientes presupuestos o
requisitos concurrentes: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se
demuestre la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del
concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus
funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o
votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el
interés.
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 18 de febrero de 2021.
Expediente radicado nro. 85001 2333 000 2020 00012 02. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés y sentencia de 7 de
noviembre de 2025. Radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00319-01. C.P. doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
II.5. El estudio del problema jurídico
II.5.1. La configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de conflicto de intereses en el caso concreto
66. La Sala, teniendo en cuenta los argumentos planteados en el recurso de
apelación, analizará los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar la
causal de pérdida de investidura, no sin antes aclarar que la existencia de un interés
directo, particular y actual del concejal o de alguna de las personas establecidas en
la ley, debe ser estudiado en el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura y no en el elemento subjetivo, como lo hizo el tribunal en la sentencia
apelada, lo cual ha sido reiterado en forma pacífica por la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado33.
a) La cualidad del concejal como sujeto activo de la conducta
67. Se encuentra probado que el señor Edilberto Landaeta Gondellez fue elegido
concejal del municipio de Villavicencio para el periodo 2024 – 2027, según se indicó
anteriormente.
68. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.
b) La existencia de un interés directo, particular y actual del concejal o de
alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o económico
69. El tribunal consideró que no se encontraba probado que el interés del concejal al
participar en el debate y votación del proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 fuere
directo, particular y actual con fundamento en que los alivios tributarios temporales
que se otorgarían a los contribuyentes del municipio de Villavicencio se constituyen
en un asunto de interés general.
70. Agregó que el interés resulta hipotético y aleatorio en atención a que el beneficio
tributario no deviene de manera automática del acuerdo, sino que, para hacerse
acreedor a dichos beneficios, deben cumplirse determinados requisitos por parte
del beneficiario.
33
Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: i) sentencia de 18 de febrero
de 2021. Radicación núm. 85001-23-33-000-2020-00012-02. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) sentencia de 30
de octubre de 2025. Radicación núm. 05001-23-33-000-2025-00218-01. C.P. doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes; iii)
sentencia de 27 de noviembre de 2025. Radicación núm. 50001-23-33-000-2024-00163-01. C.P. doctor Germán Eduardo
Osorio Cifuentes; iv) sentencia de 27 de noviembre de 2025. Radicación núm. 85001-23-33-000-2025-00049-01. C.P. doctor
Carlos Fernando Mantilla Navarro; v) sentencia de 23 de octubre de 2025. Radicación núm. 85001-23-33-000-2024-00132-
01. C.P. doctor Pablo Andrés Córdoba Acosta; vi) sentencia de 2 de octubre de 2025. Radicación núm. 25000-23-15-000-
2025-00386-01. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón; vii) sentencia de 31 de julio de 2025. Radicación núm. 27001-2-
33-000-2024-00031-01. C.P. doctor Oswaldo Giraldo López; y viii) sentencia de 13 de marzo de 2025. Radicación núm. 25000-
23-15-000-2024-00769-01. C.P. doctor Hernando Sánchez Sánchez, entre otras.
14
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
71. La accionante argumentó en el recurso de apelación que, contrario a lo
manifestado por el tribunal, sí estaba probado el interés calificado con ocasión de:
i) la existencia del parentesco entre el concejal y la señora Herminda Landaeta
Rodríguez; ii) la existencia de una obligación predial del pariente; iii) la participación
del concejal en el proyecto de acuerdo que otorgaba alivios particulares, directos y
potenciales en materia tributaria; y iv) la falta de manifestación de impedimento.
Explicó que el interés era evidente y se derivaba en forma directa de la mora en el
cumplimiento de la obligación predial y el beneficio que obtendría el familiar.
72. De acuerdo con los argumentos planteados en el recurso de apelación, debe
analizarse si se presentó en el concejal o en alguno de los parientes o personas
señalados en la ley un interés constitutivo de pérdida de investidura, con ocasión de
la participación del accionado en el debate y votación en el proyecto de acuerdo
núm. 053 de 2024, para lo cual se debe recordar que el interés debe ser directo,
particular y actual.
73. Es directo, cuando “[…] el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su
fuente en el asunto que fue conocido por el legislador […]34”, en este caso el
concejal.
74. Es particular cuando la participación en el asunto le confiere un “[…] derecho
exorbitante, de rango superior, que pugna con el principio de igualdad que ampara
a todos los colombianos en el disfrute de sus derechos en el Estado Social de
Derecho. […]35”, bien sea que le beneficia de manera directa a él o su cónyuge o
compañera permanente o a alguno de sus parientes en los grados previstos en el
artículo 70 de la Ley 136, o alguno de sus socios de derecho o de hecho.
75. Se debe resaltar que de conformidad con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley
617, “[…] No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos
que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general. […]”.
76. Es actual o inmediato cuando se presenta al momento de la participación o
votación del asunto que deba conocer, sin necesidad de regulaciones
complementarias, quedando excluidos los “[…] sucesos contingentes, futuros o
imprevisibles36 […]”.
77. Para efectos de resolver, la Sala considera necesario precisar en forma previa
que en los procesos de pérdida de investidura no es procedente la confesión
derivada de un interrogatorio de parte.
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión nro. 6. Sentencia del 15 de
octubre de 2024. C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente nro. 11001-03-15-000-2024-03204-00.
35
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2042 de 21 de octubre de 2010, C.P. doctor Augusto
Hernández Becerra, radicado núm.: 11001-03-06-000-2010-00112-00.
36
Ibidem.
15
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
78. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en auto de 6 de octubre de 201537, consideró que, teniendo en cuenta el
mandato previsto en el artículo 33 de la Constitución Política y la naturaleza
sancionatoria del juicio de pérdida de investidura, en esta clase de procesos el
interrogatorio de parte es improcedente porque los “[…] demandados no están
obligados a declarar contra sí mismos en razón al especial régimen de sujeción en
que se encuentran […]”; argumentos que esta Sala prohíja en el caso sub examine
en relación con la declaración que rindió el concejal accionado, señor Edilberto
Landaeta Gondellez.
79. Asimismo, que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura probar los
requisitos concurrentes que se exigen para estructurar el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses,
de conformidad con el artículo 167 de la Ley 156438, en especial, se reitera, que el
interés sea directo, particular y actual.
80. La Sala, una vez analizadas y valoradas todas las pruebas del proceso, observa
que en torno a la existencia o no del interés calificado, se encuentra acreditado lo
siguiente:
81. Elconcejal Edilberto Landaeta Gondellez es pariente en tercer grado de
consanguinidad de la señora Herminda Landaeta Rodríguez -tía paterna del
accionado-, según consta en las copias de los registros civiles de nacimiento de los
señores Edilberto Landaeta Gondellez, Edilberto Landaeta Rodríguez -padre del
accionado- y de la señora Herminda Landaeta Rodríguez39.
82. Se encuentra probado con las copias del certificado de tradición de los inmuebles
identificados con matrícula inmobiliaria núm. 230-82873 y 230-3212140, que la
señora Herminda Landaeta Rodríguez es propietaria de dos inmuebles ubicados en
el municipio de Villavicencio.
83. Asimismo, conforme con los certificados de estado de cuentas de impuesto
predial unificado, expedidos por la Secretaría de Hacienda Municipal de
Villavicencio41 en relación con los precitados inmuebles, que la señora Herminda
Landaeta Rodríguez presenta el siguiente estado financiero:
84. En relación con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 230-
82873:
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicación núm. 110010315000201401602-00. Recurso
de súplica. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés
38
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881.
39
Cfr. Índices 1 y 40 del expediente digital de primera instancia. Del índice 1, ver páginas 14 a 20 y 29 a 33. En dichos
documentos consta que Edilberto Landaeta Gondellez es hijo del señor Edilberto Landaeta Rodríguez. Asimismo, se
encuentra probado que el señor Edilberto Landaeta Rodríguez y la señora Herminda Landaeta Rodríguez son hijos del señor
Pablo Jesús Landaeta y de la señora Carmelina Rodríguez.
40
Cfr. Índice 39 del expediente digital de primera instancia. Páginas 12 y 19.
41
Cfr. Índice 51 del expediente digital de primera instancia. Páginas 8 y 10. Se resalta que adicionalmente se aportaron
certificados de estado de cuenta de los señores Luis Augusto Flórez Godellez y Engelberto Landaeta Rodríguez, en las cuales
consta que no tienen deudas por concepto de Impuesto Predial Unificado en el municipio de Villavicencio.
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
85. En relación con el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 230-
32121:
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
86. Se aportó al proceso copia del acta núm. 024 de 20 de diciembre de 2024 42, así
como el enlace electrónico de video43 de dicha sesión, que corresponde con la
sesión de la Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública del municipio
de Villavicencio.
87. En dichos documentos consta: i) que los concejales ponentes del proyecto de
acuerdo núm. 053 de 202444, por medio del cual se otorgan alivios tributarios
temporales en el municipio de Villavicencio, fueron los señores Armando Baquero
Vargas -coordinador ponente- y Edilberto Landaeta Gondellez -ponente-; ii) que en
esa sesión se surtió el primer debate de ese proyecto de acuerdo, ante la Comisión
Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública del municipio de Villavicencio; iii) que,
con ocasión de dicho trámite, en esa sesión, se aprobó en primer debate el proyecto
de acuerdo núm. 053; y iv) que el concejal accionado estuvo presente en la sesión
y participó en la votación del precitado proyecto normativo.
88. El coordinador ponente explicó que el fundamento del proyecto de acuerdo de
alivios tributarios en el municipio se orientaba a la búsqueda de un “[…] beneficio
de la ciudadanía […]” teniendo en cuenta que la situación económica en el municipio
de Villavicencio fue impactada negativamente en los últimos años por la pandemia
y sus efectos en la economía y en las familias. Agregó que este fue un factor
determinante en el atraso en el pago de impuestos de los ciudadanos y explicó que
adicional a lo anterior el municipio y los ciudadanos se han visto afectados por los
cierres viales de la ruta Bogotá – Villavicencio y la baja industrialización e inversión
42
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
43
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia. https://www.concejodevillavicencio.gov.co/sesiones-en-audio-y-
video-2024/sesion-comision-segunda-024-de-2024
44
“[…] PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 053 DE 2024 POR MEDIO DEL
CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO […]”.
18
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
en el municipio, entre otras circunstancias, que han impactado negativamente en
las finanzas.
89. Explicó adicionalmente que el proyecto de acuerdo busca generar reactivación
económica, mediante alivios al bolsillo de los contribuyentes y un mayor recaudo de
impuestos para que la administración pueda financiar proyectos y obras del plan de
desarrollo municipal.
90. Según el acta y video de la sesión núm. 024 de 202445, el título y encabezado
del proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 que fue aprobado por la comisión, fue
del siguiente tenor:
“[…] Por medio del cual se otorgan alivios tributarios temporales en el municipio de
Villavicencio.
El Concejo del municipio de Villavicencio, en uso de las facultades constitucionales,
legales y, en especial, de las conferidas en los artículos 287 y 313 de la Constitución
Política de Colombia, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, demás normas
concordantes […]”.
91. El articulado del proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024, que fue aprobado y
votado en bloque, según consta en el acta y video de la sesión núm. 024 de 202446
es el siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. ALIVIOS TRIBUTARIOS PARA CONTRIBUYENTES
DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Los sujetos pasivos del impuesto
predial con obligaciones pendientes del pago a la entrada en vigencia del
presente acuerdo tendrán derecho a los alivios tributarios temporales en las
siguientes condiciones:
1. Si realiza el pago total del 100% del impuesto desde la entrada en vigencia
del presente acuerdo y hasta el 10 de enero de 2025, el interés de mora
generado se reducirá en un 90%.
2. Si realiza el pago del total del 100% del impuesto, desde la entrada en
vigencia al presente acuerdo y hasta el día 31 de enero de 2025, el interés de
mora generado se reducirá en un 70%.
3. Si realiza el pago total del 100% del impuesto desde la entrada en vigencia
del presente acuerdo y hasta el día 28 de febrero de 2025, el interés de mora
generado se reducirá en un 50%.
4. Los contribuyentes que a la entrada en vigencia del presente acuerdo tengan
solicitudes radicadas ante la Dirección de Conservación y actualización Catastral de
la Secretaría de Catastro y Espacio Público del municipio de Villavicencio, por algún
tipo de inconformidad relacionada con el proceso masivo de actualización catastral
realizada en los años 2020, 2021 y 2022, y que incida en el avalúo catastral del
predio objeto de la solicitud, tendrán plazo hasta el 28 de febrero del año 2025 para
pagar el impuesto predial unificado sobre las vigencias causadas con posterioridad
al proceso masivo de actualización catastral con una reducción del 100% en los
intereses de mora causados.
45
Al respecto, ver audio y video de la sesión núm. 024, a partir de 2:02:10 y hasta 2:03:31.
46
Al respecto, ver audio y video de la sesión núm. 024, a partir de 2:03:32 y hasta 2:13:09.
19
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
Parágrafo primero. Para tener derecho a los alivios temporales establecidos
en el presente artículo, el sujeto pasivo debe efectuar la cancelación total de
las obligaciones, por lo que no se admitirá abonos o pagos parciales, ni la
suscripción de acuerdos o facilidades de pago.
Parágrafo segundo. Los alivios temporales establecidos en el presente artículo se
extienden a aquellas obligaciones pendientes de pago que se encuentran en etapa
de determinación oficial, discusión en sede administrativa o judicial, o cobro
administrativo coactivo.
Parágrafo tercero. los alivios temporales establecidos en el presente artículo se
extienden a aquellas obligaciones pendientes de pago que tengan acuerdos o
facilidades de pago vigentes sobre el saldo insoluto.
ARTÍCULO SEGUNDO. LOS ALIVIOS TRIBUTARIOS PARA CONTRIBUYENTES
DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS. Los
sujetos pasivos contribuyentes del impuesto de industria y comercio - ICA con
obligación en mora a la entrada en vigencia del presente acuerdo, tendrán derecho
a los alivios tributarios temporales, en las siguientes condiciones:
1. Si realiza el pago total del 100% de la obligación a cargo desde la entrada en
vigencia del presente acuerdo y hasta el día 10 de enero de 2025, el interés de mora
generado se reducirá en un 90%.
2. Si realiza el pago del total del 100% de la obligación a cargo desde la entrada en
vigencia del presente acuerdo y hasta el día 31 de enero de 2025, el interés de mora
generado se reducirá en un 70%.
3. Si realiza el pago total del 100% de la obligación a cargo desde la entrada en
vigencia del presente acuerdo y hasta el día 28 de febrero de 2025, el interés de
mora generado se reducirá en un 50%.
4. Cuando se trate de sanciones, los alivios temporales aplicarán respecto de la
sanción actualizada en caso de que aplique, para lo cual el obligado deberá pagar
el 50% de la sanción cuyo plazo máximo de pago será el día 28 de febrero del 2025
Parágrafo primero. Para tener derecho a los alivios temporales establecidos en el
presente artículo, no se admitirá el pago por abonos o pagos parciales, ni la
suscripción de acuerdos o facilidades de pago.
Parágrafo segundo. Los alivios temporales establecidos en el presente artículo se
extienden a aquellas obligaciones en mora que se encuentran en etapa de
determinación oficial, resolución, sanción, discusión en sede administrativa y
judicial, o cobro administrativo coactivo y obligaciones formales y sustanciales
pendientes.
Parágrafo tercero. Tratándose de obligaciones omisas o inexactas sin acto
administrativo de liquidación, el contribuyente deberá presentar la respectiva
declaración o corrección y realizar el pago en los numerales de este artículo, sin
perjuicio de las facultades de fiscalización que posteriormente puedan adelantar la
administración tributaria municipal.
Parágrafo cuarto. Los alivios temporales se extienden a los contribuyentes y/o
responsables que liquiden y paguen o paguen las sanciones impuestas relacionadas
con el cumplimiento en la debida forma de los deberes formales del impuesto de
industria y comercio y complementarios y/o relacionados con el deber de reportar o
enviar información de manera general o particular y subsanen esta omisión.
20
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
Parágrafo quinto. En ningún caso los alivios temporales establecidos para las
sanciones serán acumulables con otras, ni la sanción ya reducida podrá ser inferior
a la mínima.
Parágrafo sexto. Los alivios temporales establecidos en el presente artículo se
extienden a aquellas obligaciones pendientes de pago que tengan acuerdos o
facilidades de pago vigentes sobre el saldo insoluto.
ARTÍCULO TERCERO: ALIVIOS TRIBUTARIOS PARA CONTRIBUYENTES DEL
IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Los sujetos pasivos del impuesto de
alumbrado público con obligaciones pendientes de pago a la entrada en vigencia del
presente acuerdo tendrán derecho a los alivios tributarios temporales en las
siguientes condiciones:
1. Si realiza el pago total del 100% del impuesto desde la entrada en vigencia del
presente acuerdo y hasta el día 10 de enero de 2025, el interés de mora generado
se reducirá en un 90%.
2. Si realiza el pago total del 100% del impuesto, desde la entrada en vigencia al
presente acuerdo y hasta el día 31 de enero del 2025, el interés de mora generado
se reducirá en un 70%.
3. Si realiza el pago total del 100% del impuesto desde la entrada en vigencia del
presente acuerdo y hasta el día 28 de febrero de 2025, el interés de mora generado
se reducirá en un 50%
Parágrafo primero. Para tener derecho a los alivios temporales establecidos en el
presente artículo, el sujeto pasivo debe efectuar la cancelación total de las
obligaciones, por lo que no se admitirá pago por abonos o abonos parciales, ni la
suscripción de acuerdos o facilidades de pago.
Parágrafo segundo. Los alivios temporales establecidos en el presente artículo se
extienden a aquellas obligaciones pendientes de pago que se encuentran en etapa
de determinación oficial, discusión en sede administrativa o judicial, o cobro
administrativo coactivo.
Parágrafo tercero. los alivios temporales establecidos en el presente artículo se
extienden a aquellas obligaciones pendientes de pago que tengan acuerdos o
facilidades de pago vigentes sobre el saldo insoluto.
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al alcalde para reglamentar, de ser necesario,
los demás requisitos y procedimientos específicos que deben cumplir los
contribuyentes para acceder a los beneficios establecidos en el presente
acuerdo.
La Secretaría de Hacienda a través de la dirección de impuestos efectuará la
siguiente (sic) ajustes que requieran en los sistemas de información, protocolos o
sistemas de facturación y/o declaración.
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y
publicación. […]”. (Destacado de la Sala).
92. Se encuentra probado con la copia del acta núm. 024 de 20 de diciembre de 2024
y su archivo de audio y video, que el articulado fue aprobado en bloque por los
concejales presentes, entre ellos, por el señor Edilberto Landaeta Gondellez.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
93. Por último, se aportó copia de la certificación expedida por la Secretaria General
del Concejo Municipal de Villavicencio de 26 de diciembre de 2024 en la cual hace
constar “[…] Que, el proyecto de Acuerdo No. 053 del diecisiete (17) de diciembre
de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN ALIVIOS TRIBUTARIOS
TEMPORALES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”, no alcanzó a surtir
trámite, en el periodo de sesiones extraordinarias 2024; por lo cual se procede a su
archivo. […]”47.
94. La Sala considera que el análisis y valoración probatorios permiten concluir que,
en este caso, no está probado que el interés del concejal accionado o de alguna de
las personas establecidas en la ley, sea particular y concreto.
95. En relación con el interés particular, se resalta que este tiene lugar cuando la
participación en el asunto le confiere al concejal o a alguno de los parientes
establecidos en la ley, un “[…] derecho exorbitante, de rango superior, que pugna
con el principio de igualdad que ampara a todos los colombianos en el disfrute de
sus derechos […]48”.
96. Por el contrario, el interés es general y no constituye violación del régimen de
conflicto de intereses cuando “[…] se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”, de conformidad con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617.
97. La Sala pone de presente que en asuntos similares al aquí juzgado 49 y en relación
con la aplicación de la excepción contenida en el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617, se ha indicado lo siguiente:
“[…] V.3.4.- A partir de todo lo expuesto, para la Sala resulta evidente que con la
elaboración de la ponencia favorable, su voto positivo y participación en la expedición
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, sin declararse
impedido, no se generó en el accionado la colisión de los intereses que debió
garantizar en calidad de servidor público, con los intereses particulares de su señora
madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, en la medida en que si bien se constató
la existencia de deudas de esta contribuyente por concepto de Impuesto Predial
Unificado, -lo que la convierte en eventual candidata para los descuentos de dicho
acuerdo-, lo cierto es que ese beneficio la afecta, así como al concejal, en igualdad
de condiciones a las de la población en general del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare).
En los términos de la excepción legal prevista en la segunda parte del numeral 1, del
artículo 48, de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones a las
47
Cfr. Índice 43 del expediente digital de primera instancia. Documento núm. 38. Página 5.
48
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2042 de 21 de octubre de 2010, C.P. doctor Augusto
Hernández Becerra, radicado núm.: 11001-03-06-000-2010-00112-00.
49
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00047-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00122-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00062-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
de la ciudadanía en general, el accionado coadyuvó con la expedición de una norma
que encaja en la referida exclusión del legislador al crearse un beneficio temporal,
desde el 9 de abril hasta el 31 de diciembre de 2024-, a todos aquellos deudores de
intereses moratorios con origen en obligaciones insolutas de los impuestos Predial
Unificado y de Industria y Comercio, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito
de aplicación en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).
Es así como, desde la exposición de motivos suscrita y avalada por el concejal
MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO JARA, se observa que el objetivo del Acuerdo
municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, era permitirle a toda la población
morosa de los impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio, que no solo a
su señora madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, -los cuales ascendían a la
representativa cifra de 10.711 morosos con corte a vigencia 2023, representados en
una cartera de $8.891.368.065, según el estudio previo-, ponerse al día en el pago
del respectivo tributo con una rebaja significativa de los intereses moratorios, lo que
dista, por definición, de dirigirse a una sola persona, grupo minoritario o subgrupo
pequeño de pobladores.
Visto está, además, que fue la actualización de los avalúos catastrales la que provocó
una renuencia generalizada de la población de pagar los referidos impuestos ante el
encarecimiento del tributo, diagnóstico de un problema macro del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare), que también permite advertir que el beneficio traído por el
citado acuerdo afecta a todo el universo de morosos en igualdad de condiciones, sin
transgredir la integridad del interés público en la decisión administrativa.
[…]
Es evidente, entonces, que con la estrategia temporal de reducción de intereses de
mora, adelantada, entre otros concejales, por el accionado a través de la expedición
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, lo que se procura
es la conformidad y eficiencia fiscal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
destinado a aquellos pobladores que voluntariamente deseen ponerse al día sin
afectar el capital de la obligación principal, pues no condona o extingue las
obligaciones tributarias causadas, máxime que el costo de recuperar la cartera por un
proceso de cobro coactivo se sometería a un trámite prolongado y costoso que, de
librarse con el acuerdo, normalizarían el ingreso de flujos tributarios, sin que ello le
represente un conflicto de intereses al concejal MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO
JARA.
Sin perjuicio de lo considerado, la Sala también advierte que el interés endilgado al
accionado resulta hipotético y aleatorio, pues el beneficio tributario consistente en la
reducción de los intereses de mora del Impuesto Predial Unificado, así como de las
sanciones e intereses de mora generados por el Impuesto de Industria y Comercio,
no deviene de manera automática del acuerdo, sino que, para hacerse acreedor de
cada exención, y en los respectivos porcentajes señalados, los morosos interesados
deben cumplir exigencias y requisitos acreditables ante la Secretaría de Hacienda
municipal, tales como, entre otros, el pago de la totalidad del impuesto adeudado por
cada período gravable, circunstancia de la que no se tiene certeza alguna de
cumplimiento por parte de la señora MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, madre del
concejal.
A partir de estos precisos elementos de juicio, se observa que el accionado no
pretendió lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales o de su
señora madre, en detrimento de la comunidad, o desconociendo el interés general
que debe guiar el ejercicio de sus funciones; el asunto puesto en conocimiento del
miembro de la corporación pública no le significó un enfrentamiento entre su interés
personal y el interés general o bien común, lo que no lo obligaba a manifestar
impedimento alguno para elaborar ponencia, votar y participar en la expedición del
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024. […]”50. (Negrilla y
subraya fuera de texto)
98. De esta manera, si bien está acreditado: i) que el concejal accionado fue ponente,
participó y dio su voto positivo para la aprobación en primer debate del proyecto de
acuerdo núm. 053 de 2024, por medio del cual se otorgan alivios tributarios
temporales en el municipio de Villavicencio, entre otros, en materia del impuesto
predial unificado; y ii) que un pariente en tercer grado de consanguinidad era deudor
de ese impuesto, según certificación expedida por la Secretaría de Hacienda
Municipal de Villavicencio: la Sala considera que el beneficio tributario que se
pretendía conceder en ese proyecto de acuerdo cobijaba al concejal y a sus
parientes en igualdad de condiciones a la ciudadanía del municipio de Villavicencio.
99. La situación juzgada encaja en la excepción legal prevista en la segunda parte
del numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general, si se tiene en cuenta que el
proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 estableció un beneficio temporal para todos
aquellos deudores de los impuestos predial unificado; de industria, comercio y
complementarios; y de alumbrado público, sin discriminaciones o limitaciones en su
ámbito de aplicación, en el municipio de Villavicencio.
100. Elinterés general que subyace al proyecto de acuerdo se hace evidente
igualmente con los debates que permiten evidenciar el contexto del proyecto de
norma, que se funda principalmente en una medida orientada a hacer frente a los
efectos negativos de orden económico y social que, sobre las finanzas de la
población, trajo: i) la pandemia en los años 2020 a 2022; ii) la problemática derivada
de los cierres de la vía Bogotá – Villavicencio; y iii) la disminución de la demanda de
vivienda que afecta el sector construcción y que genera efectos económicos
regionales.
101. Asimismo, en cuanto se trató de un proyecto de acuerdo que buscó sanear las
finanzas del municipio, generar reactivación económica mediante alivios al bolsillo
de los ciudadanos contribuyentes y un mayor recaudo de impuestos para que la
administración pueda financiar proyectos y obras del plan de desarrollo municipal,
todo lo cual quedó probado con el acta y video de la sesión núm. 024 de 2024
aportada como prueba.
102. En ese orden, la Sala considera que el interés del concejal y de su pariente en
este caso no es particular sino general.
103. La Sala considera adicionalmente que en este caso el interés del concejal
accionado y de su pariente no es actual, inmediato o automático, sino que es
hipotético, eventual, aleatorio e incierto.
50
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00047-01.
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Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
104. Como se indicó anteriormente, el interés es actual o inmediato cuando se
presenta al momento de la aprobación del asunto que deba conocer el miembro de
la corporación pública de elección popular, sin necesidad de regulaciones
complementarias o trámites posteriores que permitan la materialización del
beneficio.
105. En este caso, el proyecto de acuerdo tenía como objetivo permitir a los
habitantes del municipio de Villavicencio, deudores de, entre otros, el impuesto
predial unificado, cancelar dichas obligaciones tributarias, con una rebaja en la tasa
de interés moratorio, siempre y cuando se cumplieran algunas condiciones
establecidas en esa misma normativa, entre las cuales se resalta el pago total de la
obligación a cargo y en unos plazos previstos en el proyecto de acuerdo.
106. Lo anterior resulta relevante porque el beneficio tributario pretendido mediante
el proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 no era inmediato y no operaba de manera
automática, teniendo en cuenta que para acceder a este se debían cumplir los
requisitos allí señalados, entre ellos, se reitera, el pago total o por vigencia completa
y que el pago se realizara hasta en unas fechas previstas en esa normativa, de tal
forma que el interés resulta ser hipotético y aleatorio.
107. Adicional a lo anterior, el artículo cuarto del proyecto de acuerdo facultó al
alcalde para “[…] reglamentar, de ser necesario, los demás requisitos y
procedimientos específicos que deben cumplir los contribuyentes para
acceder a los beneficios establecidos en el presente acuerdo. […]”, lo que
refuerza el hecho de que la sola expedición del acuerdo no generaba el beneficio
que en criterio de la accionante configura el interés calificado, para el concejal o sus
parientes, sino que se requería de otros trámites para su adjudicación. (Negrilla
fuera de texto).
108. Así las cosas, no se demostró que la participación del concejal accionado en el
debate y votación del proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024 haya tenido como
propósito la defensa de un interés particular, ajeno a la defensa del interés general,
o que haya constituido una actuación sin consultar la justicia y el bien común, en
detrimento de la comunidad, de tal forma que el concejal no estaba obligado a
manifestar impedimento alguno.
109. Por ende, al no encontrarse probado el segundo supuesto del elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, en especial, en lo relativo a que el interés sea particular y actual, la Sala
queda relevada del estudio del elemento subjetivo y por ende de los demás
argumentos formulados por la apelante.
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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00265-01
Accionante: Lucelida Mazabel Scarpeta
II.6. Conclusiones
110. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que reposan en el
expediente, no se demostró que el concejal del municipio de Villavicencio, señor
Edilberto Landaeta Gondellez, haya incurrido en la causal de pérdida de investidura
por violación del régimen de conflicto de intereses con ocasión de su participación
en el debate y votación del proyecto de acuerdo núm. 053 de 2024.
111. Por estas razones, la Sala confirmará la sentencia de 19 de noviembre de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de noviembre de 2025, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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