Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2025-00661-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2025-00661-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2025-00661-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 76001-23-33-000-2025-00661-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: PROCURADURÍA 165 JUDICIAL II PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Accionada: CLARA INÉS BOTERO CARMONA
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura de concejal. Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionada contra la
sentencia de 31 de octubre de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1. Las Procuradurías 165 y 166 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437
de 18 de enero de 20112 solicitaron:
“[…] DECRETAR la pérdida de investidura de la señora CLARA INES BOTERO
CARMONA, en su condición de ex concejal del municipio de Caicedonia para el
periodo 2020 – 2023 por haber incurrido en la causal denominada “violación del
régimen de conflicto de interés”. […]”.
I.1.1. Los hechos
2. Afirmaron que la accionada fue elegida concejal del municipio de Caicedonia, en
las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, para el período constitucional
2020 – 2023.
3. Manifestaron que la accionada participó en el llamado a lista, debate y votación
del proyecto de acuerdo núm. 001 de 20233 -Posterior Acuerdo 001-023 de 13 de
enero de 2023-, el cual establecía en el artículo primero una condición especial para
el pago del impuesto predial unificado y de industria y comercio en el municipio,
relativo a la reducción del 50% del total de los intereses moratorios de quienes
tengan deuda por concepto de esos impuestos, correspondientes a los períodos
gravables 2022 y anteriores, siempre y cuando paguen de contado el total de la
obligación principal más los intereses hasta el 30 de junio de 2023.
1
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
3
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECIALES DE PAGO DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO
DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y SE MODIFICA TRANSITORIAMENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 LOS
ARTICULOS 40 Y 41 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. […]”.
2
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
4. Adujeron que la accionada es propietaria de un inmueble en el municipio de
Caicedonia, que se identifica con matrícula inmobiliaria núm. 382-27645, el cual
presentaba para la época de discusión y votación del precitado proyecto de acuerdo
una mora en el pago del impuesto predial de la vigencia 2022. Es decir, que la
accionada era beneficiaria directa del alivio tributario establecido por dicho proyecto
de acuerdo.
I.1.2. La explicación de la causal de pérdida de investidura
5. La parte accionante mencionó los artículos 55 y 70 de la Ley 136 de 2 de junio de
19944 y el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20005 e indicó
que la concejal accionada incurrió en la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses, al participar sin manifestar
impedimento en el debate y votación del precitado proyecto de acuerdo, que
versaba sobre beneficios de carácter tributario en materia del impuesto predial
unificado, pese a que presentaba mora en el pago del impuesto y por ende era
beneficiaria directa del acuerdo.
6. Manifestaron que estaba probada la culpa grave porque: i) la ignorancia de la ley
no sirve de excusa; ii) la accionada como servidora pública debía consultar el
régimen jurídico aplicable a su investidura; iii) dos sentencias del Consejo de Estado
proferidas en los años 20146 y 20167, muy anteriores a la conducta de la accionada,
debían orientar su conducta subjetiva; y iv) los concejales cuentan con un equipo
de apoyo que les permite verificar cuestiones jurídicas, en especial, relativas a
impedimentos y conflictos de interés, para garantizar la transparencia de la función
pública.
I.2. Pronunciamiento sobre la solicitud de pérdida de investidura
7. La concejal accionada, señora Clara Inés Botero Carmona, no se pronunció sobre
la solicitud de pérdida de investidura.
I.3. Trámite del proceso
8. Mediante auto de 3 de octubre de 20258 se admitió la solicitud de pérdida de
investidura, ordenándose la notificación a la accionada y al agente del Ministerio
Público y corriéndose traslado para que la acusada contestara la solicitud, aportara
y solicitara la práctica de pruebas.
9. La accionada no se pronunció sobre la solicitud de pérdida de investidura. El
Ministerio Público solicitó el decreto de pruebas9.
4
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
6
“[…] La primera de ellas, con Radicación número: 68001-23-33-000-2013-00902-01(PI), es del treinta y uno (31) de julio de
dos mil catorce (2014). […]”.
7
“[…] La segunda, con Radicación número: 2015-00335-01, es del trece (13) de octubre de dos mil. (sic) dieciséis (2016)
[…]”.
8
Cfr. Índice 5 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 10 del expediente digital de primera instancia.
3
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
10. En auto de 17 de octubre de 202510 se resolvió sobre: i) las solicitudes
probatorias presentadas por los solicitantes de la pérdida de investidura y el
Ministerio Público; y ii) se fijó fecha para realizar la audiencia pública a que se
refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201811. Mediante
auto de 23 de octubre de 202512 se reprogramó la fecha de la audiencia pública.
11. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 se realizó el día 29
de octubre de 202513, con la asistencia e intervención de los accionantes y del
agente del Ministerio Público. La accionada no se hizo presente.
I.4. La sentencia de primera instancia14
12. LaSala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2025, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECRETAR la pérdida de investidura de la señora Clara Inés Botero
Carmona, elegida como concejal del municipio de Caicedonia por el período 2020
2023.
SEGUNDO: ejecutoriada esta sentencia, COMUNICAR lo aquí decidido al Concejo
municipal de Caicedonia, al Consejo Nacional Electoral, y a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, para lo de su competencia. […]”.
13. Luego de explicar la competencia y los marcos normativos y desarrollos
jurisprudenciales de la pérdida de investidura, del conflicto de intereses como causal
de pérdida de investidura y de los supuestos que conforman el elemento objetivo de
dicha causal, consideró que la solicitud se presentó dentro de la oportunidad
prevista en el artículo 6 de la Ley 1881.
I.4.1. Análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
parte del tribunal
14. Indicó
que estaba probada la condición de concejal y, por ende, el primer
supuesto del elemento objetivo.
15. Sobre la concurrencia de un interés directo, particular y actual de la accionada,
explicó que estaba probado que es propietaria de un inmueble en el municipio de
Caicedonia, que es sujeto pasivo del impuesto predial unificado por dicho inmueble
y que según factura aportada al proceso tiene la condición de deudora de dicho
impuesto por el periodo gravable 2022.
16. Señaló que estaba probado que la accionada participó sin manifestar
impedimento en la votación y aprobación del Acuerdo núm. 001-023 del 13 de enero
de 2023, que estableció unas medidas especiales de pago de impuestos en el
municipio de Caicedonia. En especial, que dicho acuerdo estableció una reducción
10
Cfr. Índice 13 del expediente digital de primera instancia.
11
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
12
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 37 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. Índice 40 del expediente digital de primera instancia.
4
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
del 50% del total de los intereses moratorios causados para aquellos sujetos pasivos
del impuesto predial unificado que tengan deudas a cargo por dicho concepto,
correspondiente a los períodos gravables 2022 y anteriores, y paguen de contado
hasta el 30 de junio de 2023 el total de la obligación principal más el 50% de los
intereses de mora causados.
17. Consideró que no se configura la excepción prevista en el numeral 1. del artículo
48 de la Ley 617, en razón a que la condición del artículo primero del Acuerdo núm.
001-023 de 2023 no se dirige a la comunidad en general que pudiere ser sujeto
pasivo del impuesto predial unificado, sino a un grupo determinado y deudor moroso
de ese impuesto, de periodos anteriores al 2022, inclusive.
18. Que “[…] A partir de lo anterior, la Corporación estima que sí existió, por parte de
la señora Clara Inés Botero Carmona en su calidad de concejal del municipio de
Caicedonia para el 2023, una concurrencia de intereses -en el aspecto de índole
económico-, pues al ser propietaria de un bien inmueble ubicado en esa
municipalidad y hallarse en mora por el IPU del período gravable por el año 2022
generó a su favor un beneficio por aprobarse una amnistía tributaria por parte del
Concejo de esa municipalidad. […]”.
19. En consecuencia, que estaba probado el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses.
I.4.2. Análisis del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
por parte del tribunal
20. El tribunal explicó que para efectos del elemento subjetivo se debía probar si la
conducta realizada por la accionada fue dolosa o gravemente culposa.
21. Consideró que se probó que la accionada participó en el debate y en la votación
a favor del proyecto de acuerdo que se convirtió en el Acuerdo núm. 001-023 de 13
de enero de 2023, el cual contenía una amnistía tributaria en materia del impuesto
predial unificado que le beneficiaba, sin manifestar impedimento.
22. Sostuvo que teniendo en cuenta la naturaleza del cargo que ejercía la accionada,
debía tener conocimiento de la posible incurrencia en el régimen de conflicto de
intereses, que podría derivar en una pérdida de investidura. Pese a ello, no
manifestó impedimento de manera previa a la discusión y aprobación del precitado
acuerdo municipal.
23. Agregó que no se observa una situación que le hubiera impedido a la accionada
conocer sobre la concurrencia de intereses y que la falta de manifestación de
impedimento para conocer el asunto le generaba un beneficio económico sobre la
generalidad de la sociedad del municipio de Caicedonia, el cual resultaba contrario
al ordenamiento jurídico. Que ello estructura el elemento subjetivo en este caso
concreto.
5
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
24. Concluyó que al haberse probado los elementos objetivo y subjetivo de la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses era
procedente decretar la pérdida de investidura de la señora Clara Inés Botero
Carmona, quien fungió como concejal del municipio de Caicedonia por el período
2020-2023.
I.5. El recurso de apelación15
25. La accionada, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque la sentencia y, en su lugar, se niegue la
solicitud de pérdida de investidura.
26. Señaló que la sentencia apelada parte de una lectura parcial e incompleta del
régimen de conflicto de intereses aplicable a los concejales, toda vez que omite
analizar si la actuación cuestionada involucra efectivamente un beneficio individual,
exclusivo o diferenciado para la funcionaria, necesario para estructurar el elemento
objetivo de la causal. Agregó que el tribunal redujo el conflicto de intereses a una
evaluación formal del cuórum y que la medida adoptada en el acuerdo municipal es
general y afecta a toda la ciudadanía bajo parámetros iguales.
27. Alegó que la sentencia del tribunal omite el análisis de la excepción legal prevista
en el artículo 48 de la Ley 617, en la cual se establece que aun existiendo un interés
del concejal no se estructura el conflicto de interés en aquellos eventos en que se
consideren asuntos que afectan al concejal en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general.
28. Explicó que se trata de una cláusula que impide a los concejales ser sancionados
por participar en debates que inciden de forma masiva y generalizada sobre la
comunidad y que la falta de análisis por el tribunal implica un “[…] defecto de
integración normativa que afecta sustancialmente la decisión […]”.
29. Expresó que el impuesto predial unificado no constituye una carga individual ni
particular sino una obligación tributaria que recae sobre todos los propietarios de
bienes inmuebles en el municipio de Caicedonia y que la situación de la concejal no
la diferencia de ninguno de los demás sujetos pasivos del tributo, sino que la asimila
a la situación de “[…] miles de contribuyentes […]”.
30. Aseveró que las medidas de alivio contenidas en el Acuerdo núm. 001-023 de
2023 no fueron diseñadas para beneficiar a un individuo o grupo específico, sino
responder a una necesidad fiscal y social del municipio. Se trató de medidas de
política pública de alcance general cuyo propósito era favorecer a la comunidad y
fortalecer la recuperación de cartera.
31. Sostuvo que no está probado que el interés sea directo y particular por el simple
hecho de ser contribuyente del impuesto predial, dado que ello implicaría que
cualquier concejal propietario de un inmueble estaría impedido para intervenir en
15
Cfr. Índice 44 del expediente digital de primera instancia.
6
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
decisiones sobre tributos locales, tarifas de servicios públicos, reglamentos
urbanísticos o cualquier otra norma de alcance general que afecte de forma
indistinta a la población. Con ello se desconocería la obligación de los concejales
de participar y votar en la mayoría de los asuntos municipales a cargo del concejo.
32. Indicó que la sentencia apelada desconoce que la concejal no recibió, ni podía
recibir, un provecho individual adicional al que recibiría cualquier otro ciudadano
sujeto del tributo porque no se trató de una condonación personalizada, de un
beneficio discrecional ni de una actuación que genera un impacto económico
exclusivo para la accionada, careciendo el acuerdo de un “[…] elemento de
personalización del beneficio […]”, más allá de la situación de ser contribuyente del
impuesto.
33. Explicó que teniendo en cuenta las características del juicio sancionatorio de
pérdida de investidura, la severidad de la sanción y los argumentos anteriores, el
tribunal resolvió sancionar con pérdida de investidura a la accionada, lo que implicó
un exceso sancionatorio, un desconocimiento de los principios que rigen este
proceso y una deficiente valoración normativa y fáctica.
34. Añadió que el supuesto interés económico derivado de una deuda predial no fue
verificado, ya que la accionada no ha realizado ningún pago relacionado con la
medida de alivio contenida en el Acuerdo núm. 001-023 de 2023, de modo que no
ha recibido beneficio económico alguno ni ha obtenido ventaja patrimonial derivada
de su voto, lo que implica inexistencia de provecho personal, puesto que no se trató
de una norma diseñada para favorecerla ni existió una consecuencia económica
individual para la concejal.
35. Señaló que no existe una ventaja singular, diferenciada y exclusiva para la
concejal, que pueda configurar el conflicto de intereses en este caso concreto.
I.6. Trámite del recurso de apelación
36. Mediante auto de 26 de noviembre de 202516, se concedió el recurso de
apelación interpuesto por la accionada en contra de la sentencia de 31 de octubre
de 2025.
37. En auto de 30 de enero de 202617, se resolvió admitir el recurso de apelación y
correr traslado del auto admisorio del recurso de apelación a las accionantes y al
agente del Ministerio Público por el término de tres (3) días.
38. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
39. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto de la
16
Cfr. Índice 47 del expediente digital de primera instancia.
17
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
7
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
acusada; iii) el problema jurídico; iv) el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses; v) el estudio del
problema jurídico; y vi) las conclusiones.
II.1. La competencia
40. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201918, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15019 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
41. La condición de la accionada, señora Clara Inés Botero Carmona, como concejal
del municipio de Caicedonia para el periodo 2020 - 2023, se encuentra probada con
la copia del formato E-26 CON, correspondiente al “[…] ACTA PARCIAL DEL
ESCRUTINIO MUNICIPAL […] CONCEJO […]” de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, de las elecciones de autoridades territoriales realizadas el 27 de
octubre de 201920. Asimismo, con la certificación expedida por la presidente del
Concejo Municipal de Caicedonia, el 22 de octubre de 202521.
42. Se precisa que la condición de la accionada como concejal del municipio de
Caicedonia para el periodo 2020 – 2023 no fue objeto de cuestionamiento en el
recurso de apelación.
II.3. El problema jurídico
43. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, aplicables por
virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437,
observa lo siguiente:
44. Losaccionantes pidieron que se decretara la pérdida de investidura de la
entonces concejal Clara Inés Botero Carmona por haber incurrido en violación del
régimen de conflicto de intereses con ocasión de su participación sin manifestar
impedimento en el debate, votación y aprobación del Acuerdo núm. 001-023 de 13
de enero de 2023, que versó sobre un alivio tributario temporal en el municipio de
Caicedonia, con fundamento en que la favorecía en forma directa, particular y actual
por su condición de propietaria de un inmueble en ese municipio y deudora del
impuesto predial unificado de la vigencia 2022.
18
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024 “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
19
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
20
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento “2. Anexos”. Página 8.
21
Cfr. Índice 24 del expediente digital de primera instancia.
8
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
45. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de
31 de octubre de 2025 consideró que la conducta que se le atribuye la accionada
se encuadra en los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, por cuanto se probó
que: i) la señora Clara Inés Botero Carmona fue concejal del municipio de
Caicedonia para el período 2020-2023; ii) la accionada es propietaria de un
inmueble en el municipio de Caicedonia y deudora del impuesto predial unificado de
la vigencia 2022; iii) la existencia de interés directo, particular y actual o inmediato
de la accionada derivado de su participación en la discusión, votación y aprobación
del Acuerdo núm. 001-023 de 13 de enero de 2023, que estableció un beneficio
tributario para los deudores del impuesto predial unificado de la vigencia 2022 y
anteriores; y iv) la efectiva participación de la concejal en el trámite del asunto sin
manifestar impedimento.
46. Asimismo, explicó que estaba probado el elemento subjetivo, en la medida que
la conducta de la accionada fue gravemente culposa con fundamento en que: i) la
concejal tenía el deber de conocer el régimen de conflicto de intereses pues el
desconocimiento de la ley no sirve de excusa; ii) no se probó situación alguna que
le hubiera impedido a la demandada conocer sobre la concurrencia de intereses; y
iii) al haber participado la concejal en el debate y aprobación del acuerdo, pese al
interés calificado, se incurrió en un comportamiento contrario a la ley.
47. La accionada en el recurso de apelación estima que no estaba probado que su
interés fuere directo, particular y actual. Alegó que su interés se enmarca en la
excepción prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, según el cual no
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
48. En ese orden, el problema jurídico en este caso consiste en definir:
49. Si se configuran los elementos objetivo y subjetivo que permitan decretar la
pérdida de investidura de la accionada como concejal del municipio de Caicedonia
para el periodo constitucional 2020 -2023, por haber incurrido en violación del
régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley
617, con ocasión de su participación en el debate, votación y aprobación del
Acuerdo núm. 001-023 de 13 de enero de 2023, que estableció medidas especiales
de pago de impuestos en el municipio de Caicedonia.
II.4. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de conflicto de intereses
50. Esta causal encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular representan
al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Igualmente, en el
artículo 11 de la Ley 1437, que indica que cuando el interés propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo, el servidor público
deberá declararse impedido.
9
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
51. Esta hipótesis se encuentra prevista como causal de pérdida de investidura para
los concejales en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 y en el numeral 2. del
artículo 55 de la Ley 136, cuyo contenido es el siguiente:
51.1. Numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No
existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
[…]”.
51.2. Numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su
investidura por:
[…]
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses. […]”.
52. En efecto, el artículo 70 de la Ley 136 establece que cuando para los concejales
exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en
los debates o votaciones respectivas.
53. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés se
presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es
la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial 22 […]”.
54. Conforme con lo anterior, esta Sección23 ha considerado que el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto
de intereses requiere que se prueben los siguientes presupuestos o requisitos
concurrentes: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre la
existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su
cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencias de 18 de febrero de 2021.
Expediente radicado nro. 85001 2333 000 2020 00012 02. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés y sentencia de 7 de
noviembre de 2025. Radicado núm. 50001-23-33-000-2024-00319-01. C.P. doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
10
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus
funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o
votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el
interés.
II.5. El estudio del problema jurídico
II.5.1. La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses
55. LaSala, teniendo en cuenta los argumentos planteados en el recurso de
apelación, analizará los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.
a) La cualidad de la concejal como sujeto activo de la conducta
56. Se encuentra probado que la señora Clara Inés Botero Carmona fue elegida
concejal del municipio de Caicedonia para el periodo 2020 – 2023, según se indicó
anteriormente.
57. Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura.
b) La existencia de un interés directo, particular y actual de la concejal o
de alguna de las personas señaladas en la ley, de orden moral o
económico
58. El tribunal consideró que se encontraba probado que el interés de la concejal al
participar en el debate y votación del Acuerdo núm. 001-023 de 2023 fuere directo,
particular y actual con fundamento en que la concejal participó en el debate y
votación de un acuerdo que establecía alivios tributarios temporales para deudores
del impuesto predial unificado en el municipio de Caicedonia, de la que sería
beneficiaria la concejal en razón de su condición de propietaria de un inmueble y
deudora de ese impuesto.
59. Agregó que no aplica la excepción prevista en el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617, en razón a que el beneficio tributario no se dirige a la comunidad en general
que pudiere ser sujeto pasivo del impuesto sino a un grupo determinado de ella y
deudor del periodo 2022 o anteriores.
60. La accionada argumentó en el recurso de apelación que no estaba probado el
interés calificado y que su situación particular se enmarca en la excepción prevista
en el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617 que establece que no existirá conflicto
de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.
61. De acuerdo con los argumentos planteados en el recurso de apelación, debe
analizarse si se presentó en la concejal un interés constitutivo de pérdida de
11
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
investidura, con ocasión de su participación en el debate, votación y aprobación del
Acuerdo núm. 001-023 de 2023, para lo cual se debe recordar que el interés que
configura el segundo supuesto del elemento objetivo de la causal debe ser directo,
particular y actual.
62. Es directo, cuando “[…] el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su
fuente en el asunto que fue conocido por el legislador […]24”, en este caso el
concejal.
63. Es particular cuando la participación en el asunto le confiere un “[…] derecho
exorbitante, de rango superior, que pugna con el principio de igualdad que ampara
a todos los colombianos en el disfrute de sus derechos en el Estado Social de
Derecho. […]25”, bien sea que le beneficia de manera directa a él o su cónyuge o
compañera permanente o a alguno de sus parientes en los grados previstos en el
artículo 70 de la Ley 136, o alguno de sus socios de derecho o de hecho.
64. Se debe resaltar que de conformidad con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley
617, “[…] No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos
que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general. […]”.
65. Es actual o inmediato cuando se presenta al momento de la participación o
votación del asunto que deba conocer, sin necesidad de regulaciones
complementarias, quedando excluidos los “[…] sucesos contingentes, futuros o
imprevisibles26 […]”.
66. Para efectos de resolver, la Sala considera necesario precisar que en los
procesos de pérdida de investidura corresponde al solicitante de la pérdida de
investidura probar los requisitos concurrentes que se exigen para estructurar el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
de conflicto de intereses, de conformidad con el artículo 167 de la Ley 156427.
67. La Sala, una vez analizadas y valoradas todas las pruebas del proceso, observa
que en torno a la existencia o no del interés calificado, se encuentra acreditado lo
siguiente:
68. Se encuentra probado con la copia del certificado de tradición28 expedido por la
respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que el inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria núm. 382-2764529 ubicado en el municipio de
Caicedonia, Valle del Cauca, es de propiedad de la señora Clara Inés Botero
Carmona.
24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión nro. 6. Sentencia del 15 de
octubre de 2024. C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente nro. 11001-03-15-000-2024-03204-00.
25
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2042 de 21 de octubre de 2010, C.P. doctor Augusto
Hernández Becerra, radicado núm.: 11001-03-06-000-2010-00112-00.
26
Ibidem.
27
Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1881.
28
Impreso el 1 de octubre de 2025.
29
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento “2. Anexos”. Páginas 21 a 24.
12
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
69. Se aportó al proceso copia de dos facturas expedidas en fechas diferentes, que
contienen la Liquidación Oficial del Impuesto Predial Unificado, expedidos por la
tesorería de la alcaldía del municipio de Caicedonia, en relación con el precitado
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria núm. 382-27645 de propiedad de la
accionada.
70. La primera, corresponde a la copia de la factura núm. 337250 30 de 17 de mayo
de 2025, en la cual se indica que, para esa fecha, la señora Clara Inés Botero
Carmona presentaba una deuda de “5.579” pesos, a título de “1005 Predial
Unificado”; y “5.092” pesos a título de “1505 Interés Predial Unificado”, en relación
con el año 2022, así:
71. La segunda, corresponde a la copia de la factura núm. 35377531 de 23 de octubre
de 2025, en la cual se indica que, para esa fecha, la señora Clara Inés Botero
Carmona presentaba una deuda de “5.579” pesos, a título de “1005 Predial
Unificado”; y “5.619” pesos a título de “1505 Interés Predial Unificado”, en relación
con el año 2022, así:
72. Se aportó copia del Oficio 131-16.01 de 23 de mayo de 202532 suscrito por la
Tesorera General del municipio de Caicedonia, con asunto, “[…] PETICIÓN
INFORMACIÓN COPIAS, RADICADO INTERNO DE VENTANILLA UNICA No.
01200 DE MAYO 12 DE 2025 […]”, dirigida a los procuradores 165 y 166 judiciales
II para Asuntos Administrativos en la que informa lo siguiente:
“[…] RESPUESTA:
30
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento “2. Anexos”. Página 25.
31
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia. Documento 36.
32
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
13
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
[…]
Petición Segunda: En caso afirmativo, informe si para los años 2023 y 2024
cuando se aprobó las amnistías tributarias mediante los acuerdos 001 de 13 de
enero de 2023 y 001 de 24 de enero de 2024, dichos bienes inmuebles
presentaban mora en el pago del impuesto predial. En caso afirmativo, entregue
copia de los documentos que soporten su respuesta.
Para los periodos 2023 y 2024, el estado de cuenta de los predios mencionados,
es el siguiente:
[…]
[…]
Tercero: En caso afirmativo, informe si respecto de dichos bienes se hizo uso de
alguno de los beneficios previstos en el acuerdo que autorizó la amnistía tributaria.
En caso afirmativo, entregue copia de los documentos que soporten su respuesta.
[…]
[…]
Como se evidencia en las Facturas de cada uno de los predios en su gran mayoría,
fueron cancelados en cada vigencia, por lo tanto, no tenían lugar a intereses por mora
y por ende a hacer uso de beneficios, como se detalla a continuación:
[…]
Los predios que no realizaron el pago de las vigencias 2023 y 2024, son los
siguientes:
[…]
En los casos anteriores, los predios de propiedad de Clara Inés Botero
Carmona, ubicado en la Calle […], aún se encuentran en mora, como se
evidencia en las facturas. […]”. (Negrilla fuera de texto).
73. Seaportó al proceso certificación33 expedida por la Tesorera General del
municipio de Caicedonia el 23 de octubre de 2025 en la cual indica lo siguiente:
“[…] LA SUSCRITA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA,
VALLE DEL CAUCA
CERTIFICA:
33
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia. Documento 36.
14
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
1. Que en la Base Catastral de (sic) Municipio de Caicedonia, aparece registrada
como propietaria del inmueble ubicado en la Calle […] la señora Clara Inés Botero
Carmona, identificada con C.C. No. […].
2. Que para los períodos gravables anteriores al 2023, era deudora del impuesto
predial unificado sobre el inmueble ubicado en la Calle […].
3. Que la señora Clara Inés Botero Cardona, identificada con C.C. No. […]. Luego
de aprobado el proyecto de Acuerdo No. 001-023 del 13 de enero de 2023. NO,
efectuó el pago de obligaciones vencidas del impuesto predial unificado en el
municipio de Caicedonia de vigencias anteriores, respecto del inmueble ubicado
en la Calle […].
4. No existen Comprobantes de pago por concepto del impuesto predial unificado en
las que figura la señora Clara Inés Botero Carmona, identificada con C.C. No.
[…], como sujeto pasivo de ese gravamen, respecto del Inmueble ubicado en la
Calle […], realizados durante el año gravable 2023 y anteriores. […]”. (Negrilla del
texto).
74. Se aportó al proceso copia del proyecto de acuerdo núm. 001 de 2023, “[…] POR
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECIALES DE PAGO DE
IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y SE
MODIFICA TRANSITORIAMENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 LOS
ARTÍCULOS 40 Y 41 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DEL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2020 […]” y de la exposición de motivos34.
75. El proyecto de acuerdo establecía lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONDICION ESPECIAL PARA EL PAGO DE
IMPUESTO EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA. Los
sujetos pasivos, contribuyentes y responsables de impuestos de predial
unificado e industria y comercio, ubicados en el Municipio de Caicedonia, que
tengan deudas a cargo por concepto de dichos impuestos correspondiente a
los períodos gravables 2022 y anteriores, podrán obtener hasta el 30 de junio
de 2023, la reducción del cincuenta por ciento (50%) del total de los intereses
moratorios causados, siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
Pago de contado del total de la obligación principal más los intereses, por cada
concepto y período, con reducción al cincuenta por ciento (50%) del valor de
los intereses de mora causados por el impuesto hasta la fecha del
correspondiente pago.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Quienes tengan acuerdo de pago y quieran acogerse
al beneficio deberán efectuar el pago total de la deuda para recibir dicho
beneficio.
ARTÍCULO TERCERO: Modificar durante la vigencia 2023 las disposiciones
contenidas en el Capítulo II Artículos 40 y 41 del Acuerdo Municipal No. 010 de
noviembre 26 de 2020, los cuales quedarán así:
ARTÍCULO 40. CUOTAS Y PLAZOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO. El proceso de cobro del Impuesto Predial Unificado en
el Municipio de Caicedonia será como sigue:
34
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento “2. Anexos”. Páginas 13 a 20.
15
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
La cuantía total anual del Impuesto Predial Unificado y la Sobretasa Ambiental
podrá pagarse hasta en cuatro cuotas, dentro de la correspondiente vigencia
fiscal.
El Alcalde Municipal mediante Decreto de Calendario Tributario determinará las
fechas de vencimiento de los plazos para pagar de contado (en una sola cuota)
con descuento, y en las cuatro cuotas autorizadas en el presente artículo.
Para el pago en una sola cuota, con descuento, el plazo máximo vencerá el
último día hábil del mes de mayo de 2023.
Para quienes opten por pagar por cuotas, el plazo máximo para pagar la primera
cuota vencerá el último día hábil del mes de marzo, el plazo máximo para pagar
la segunda cuota vencerá el último día hábil del mes de junio, el plazo máximo
para pagar la tercera cuota vencerá el último día hábil del mes de septiembre,
el plazo máximo para pagar la cuarta cuota vencerá el último día hábil del mes
de diciembre.
ARTÍCULO 41. DESCUENTOS PARA PROMOVER EL PRONTO PAGO.
Dentro del Decreto de Calendario Tributario que promulgue el Alcalde Municipal
durante la respectiva vigencia fiscal 2023, podrá otorgar descuentos como
incentivo y promoción del pronto pago.
Para quienes cancelen el total del impuesto anual y las sobretasas a su cargo,
el descuento podrá alcanzar hasta los siguientes topes:
Pago total hasta el último día hábil del mes de marzo, el 20%.
Pago total hasta el último día hábil del mes de abril, el 15%.
Pago total hasta el último día hábil del mes de mayo, el 10%.
PARÁGRAFO 1. Para hacerse acreedores a los descuentos previstos en este
artículo, los propietarios o poseedores de predios objeto de gravamen deberán
encontrarse o ponerse a paz y salvo.
PARÁGRAFO 2. Los descuentos sólo se aplicarán al Impuesto Predial
Unificado correspondiente a la respectiva vigencia fiscal y en ningún caso sobre
deudas de vigencias anteriores., ni sobretasas.
PARÁGRAFO 3. La Tesorería Municipal pondrá a disposición de los
contribuyentes la facturación respectiva, durante el primer trimestre del año.
ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA: El presente acuerdo municipal, rige a partir de
su sanción y publicación y rige solo por la vigencia 2023. […]”. (Negrilla fuera de
texto).
76. La exposición de motivos explicó la justificación económica, social y legal del
proyecto de acuerdo, en el sentido de indicar que “[…] apuntan a favorecer a los
contribuyentes del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, y de esta manera
otorgar prerrogativas que les permita ponerse al día con sus obligaciones fiscales,
dar cumplimiento al deber constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad […]”. Agregó
que, en ese sentido, “[…] se pretende mitigar los efectos negativos que en estos
momentos atraviesa el territorio nacional, y que ha impactado de manera negativa
a todos los sectores de nuestra economía, ralentizando su desempeño y
disminuyendo de manera significativa sus ingresos y la capacidad de pago de sus
obligaciones laborales, comerciales y tributarias, por lo que se hace necesario
16
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
establecer medidas que modifiquen dicho impacto y les permitan a los diferentes
sectores honrar sus obligaciones. […]”.
77. Se aportó al proceso copia del acta núm. 003 de 13 de enero de 202335, en la
cual consta que: i) la concejal Clara Inés Botero Carmona respondió al llamado a
lista y estuvo presente en la sesión plenaria; ii) en esa sesión se presentó ante la
plenaria el proyecto de acuerdo núm. 001 de 2023, “[…] POR MEDIO DEL CUAL
SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECIALES DE PAGO DE IMPUESTOS EN EL
MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y SE MODIFICA
TRANSITORIAMENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 LOS ARTÍCULOS 40 Y 41
DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 […]”; la
ponencia positiva a cargo de dos concejales y la exposición de motivos del proyecto
de acuerdo presentado por el municipio; iii) la accionada no manifestó
impedimento36; y iv) se realizó el segundo debate ante la plenaria del concejo
municipal, en la que se surtió la votación y aprobación del proyecto de acuerdo.
78. En especial, se encuentra probado con la copia de la precitada acta, que la
concejal accionada estuvo presente en el debate del proyecto de acuerdo y que en
él intervinieron otros concejales. Asimismo, que en el debate se puso de presente
que el proyecto de acuerdo buscaba: i) generar un impacto positivo en toda la
comunidad del municipio de Caicedonia, mediante el mayor recaudo e inversión de
los impuestos; y ii) generar equilibrio y equidad mediante amnistías parciales en los
intereses por mora, derivados del pago de la totalidad de los impuestos; y
descuentos por pronto pago del impuesto para quienes se encuentran al día.
79. Constaen la precitada acta que el articulado del proyecto de acuerdo fue
aprobado por los 13 concejales presentes, entre ellos, por la señora Clara Inés
Botero Carmona.
80. Por último, se aportó copia del Acuerdo núm. 001-023 de 13 de enero de 202337
junto con las constancias de debate, aprobación por el Concejo Municipal de
Caicedonia y de la remisión del Concejo al ejecutivo municipal para sanción38.
81. La Sala considera que en este caso no está probado que el interés de la entonces
concejal accionada sea directo, particular y actual.
82. En relación con el interés particular, este tiene lugar cuando la participación en
el asunto le confiere al concejal o a alguno de los parientes o personas establecidas
en la ley, un “[…] derecho exorbitante, de rango superior, que pugna con el principio
35
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento “2. Anexos”. Páginas 26 a 36.
36
Cfr. Al respecto, ver el acta núm. 003 de 13 de enero de 2023 y la certificación expedida el 23 de octubre de 2025 por la
Presidenta del Concejo Municipal de Caicedonia en la cual hace constar que la señora Clara Inés Botero Carmona “[…] no
radicó impedimento alguno ante esta Corporación, para declararse impedida de participar activamente en la discusión y
votación positivamente del mencionado proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS
ESPECIALES DE PAGO DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y SE MODIFICA
TRANSITORIAMENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DEL
26 DE NOVIEMBRE DE 2020”, según consta en el acta No. 3 del día viernes 13 de enero de 2023 […]”. Certificación visible
en índice 32 del expediente digital de primera instancia.
37
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECIALES DE PAGO DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO
DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y SE MODIFICA TRANSITORIAMENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 LOS
ARTÍCULOS 40 Y 41 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 […]”.
38
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia. Documento “2. Anexos”. Páginas 9 a 12.
17
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
de igualdad que ampara a todos los colombianos en el disfrute de sus derechos
[…]39”.
83. Cabe precisar que no constituye violación del régimen de conflicto de intereses
cuando “[…] se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”, de conformidad
con el numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617.
84. La Sala pone de presente que en asuntos similares al aquí juzgado40, en relación
con la aplicación de la excepción contenida en el numeral 1. del artículo 48 de la
Ley 617, ha indicado lo siguiente:
“[…] V.3.4.- A partir de todo lo expuesto, para la Sala resulta evidente que con la
elaboración de la ponencia favorable, su voto positivo y participación en la expedición
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, sin declararse
impedido, no se generó en el accionado la colisión de los intereses que debió
garantizar en calidad de servidor público, con los intereses particulares de su señora
madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, en la medida en que si bien se constató
la existencia de deudas de esta contribuyente por concepto de Impuesto Predial
Unificado, -lo que la convierte en eventual candidata para los descuentos de dicho
acuerdo-, lo cierto es que ese beneficio la afecta, así como al concejal, en igualdad
de condiciones a las de la población en general del municipio de Paz de Ariporo
(Casanare).
En los términos de la excepción legal prevista en la segunda parte del numeral 1, del
artículo 48, de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto de intereses cuando se
trate de considerar asuntos que afecten al concejal en igualdad de condiciones a las
de la ciudadanía en general, el accionado coadyuvó con la expedición de una norma
que encaja en la referida exclusión del legislador al crearse un beneficio temporal,
desde el 9 de abril hasta el 31 de diciembre de 2024-, a todos aquellos deudores de
intereses moratorios con origen en obligaciones insolutas de los impuestos Predial
Unificado y de Industria y Comercio, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito
de aplicación en el municipio de Paz de Ariporo (Casanare).
Es así como, desde la exposición de motivos suscrita y avalada por el concejal
MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO JARA, se observa que el objetivo del Acuerdo
municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, era permitirle a toda la población
morosa de los impuestos Predial Unificado y de Industria y Comercio, que no solo a
su señora madre, MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, -los cuales ascendían a la
representativa cifra de 10.711 morosos con corte a vigencia 2023, representados en
una cartera de $8.891.368.065, según el estudio previo-, ponerse al día en el pago
del respectivo tributo con una rebaja significativa de los intereses moratorios, lo que
dista, por definición, de dirigirse a una sola persona, grupo minoritario o subgrupo
pequeño de pobladores.
Visto está, además, que fue la actualización de los avalúos catastrales la que provocó
una renuencia generalizada de la población de pagar los referidos impuestos ante el
encarecimiento del tributo, diagnóstico de un problema macro del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare), que también permite advertir que el beneficio traído por el
39
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2042 de 21 de octubre de 2010, C.P. doctor Augusto
Hernández Becerra, radicado núm.: 11001-03-06-000-2010-00112-00.
40
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00047-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00122-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00062-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.
18
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
citado acuerdo afecta a todo el universo de morosos en igualdad de condiciones, sin
transgredir la integridad del interés público en la decisión administrativa.
[…]
Es evidente, entonces, que con la estrategia temporal de reducción de intereses de
mora, adelantada, entre otros concejales, por el accionado a través de la expedición
del Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024, lo que se procura
es la conformidad y eficiencia fiscal del municipio de Paz de Ariporo (Casanare),
destinado a aquellos pobladores que voluntariamente deseen ponerse al día sin
afectar el capital de la obligación principal, pues no condona o extingue las
obligaciones tributarias causadas, máxime que el costo de recuperar la cartera por un
proceso de cobro coactivo se sometería a un trámite prolongado y costoso que, de
librarse con el acuerdo, normalizarían el ingreso de flujos tributarios, sin que ello le
represente un conflicto de intereses al concejal MICHAEL D’ANDREIS CASTILLO
JARA.
Sin perjuicio de lo considerado, la Sala también advierte que el interés endilgado al
accionado resulta hipotético y aleatorio, pues el beneficio tributario consistente en la
reducción de los intereses de mora del Impuesto Predial Unificado, así como de las
sanciones e intereses de mora generados por el Impuesto de Industria y Comercio,
no deviene de manera automática del acuerdo, sino que, para hacerse acreedor de
cada exención, y en los respectivos porcentajes señalados, los morosos interesados
deben cumplir exigencias y requisitos acreditables ante la Secretaría de Hacienda
municipal, tales como, entre otros, el pago de la totalidad del impuesto adeudado por
cada período gravable, circunstancia de la que no se tiene certeza alguna de
cumplimiento por parte de la señora MARÍA ELENA JARA GUTIÉRREZ, madre del
concejal.
A partir de estos precisos elementos de juicio, se observa que el accionado no
pretendió lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales o de su
señora madre, en detrimento de la comunidad, o desconociendo el interés general
que debe guiar el ejercicio de sus funciones; el asunto puesto en conocimiento del
miembro de la corporación pública no le significó un enfrentamiento entre su interés
personal y el interés general o bien común, lo que no lo obligaba a manifestar
impedimento alguno para elaborar ponencia, votar y participar en la expedición del
Acuerdo municipal núm. 500.02-001 de 9 de abril de 2024. […]”41. (Negrilla y
subraya fuera de texto)
85. La situación juzgada se enmarca en la excepción legal prevista en la segunda
parte del numeral 1. del artículo 48 de la Ley 617, según la cual no existirá conflicto
de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal en
igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general, si se tiene en cuenta que
el Acuerdo núm. 001-023 de 2023 estableció un beneficio temporal para todos
aquellos deudores de los impuestos predial unificado y de industria y comercio, para
los periodos 2022 y anteriores y con efecto en la reducción del 50% del total de los
intereses moratorios, sin discriminaciones o limitaciones en su ámbito de aplicación,
en el municipio de Caicedonia.
86. Elinterés general que subyace al proyecto de acuerdo se hace evidente
igualmente con los debates que permiten evidenciar el contexto del proyecto de
norma, que se funda principalmente en una medida orientada a mitigar los efectos
negativos que para el año 2022 y 2023 atravesó el territorio nacional y que impactó
41
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00047-01.
19
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
en forma negativa todos los sectores de la economía del municipio, ralentizando el
desempeño y disminuyendo de manera significativa los ingresos y la capacidad de
pago de las obligaciones de los ciudadanos en materias laboral, comercial y
tributaria.
87. Asimismo, se orientó a favorecer a todos los contribuyentes del municipio de
Caicedonia para que se pongan al día con sus obligaciones fiscales y, con ello,
lograr un mayor recaudo y contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado.
88. Si bien está acreditado que la concejal accionada estuvo presente en la sesión
plenaria y dio su voto positivo para la aprobación del proyecto de acuerdo núm. 001-
023 de 2023, por medio del cual se estableció que los sujetos pasivos,
contribuyentes y responsables de, entre otros, el impuesto predial unificado,
ubicados en el municipio de Caicedonia, que tengan deudas a cargo por concepto
de dichos impuestos correspondientes a “[…] los períodos gravables 2022 y
anteriores, podrán obtener hasta el 30 de junio de 2023, la reducción del
cincuenta por ciento (50%) del total de los intereses moratorios causados […]”,
siempre y cuando se cumplieran unas condiciones previstas en la norma; y que la
accionada es propietaria de un inmueble en ese municipio y por ende sujeto pasivo
del impuesto predial unificado, se advierte que el beneficio tributario que se
pretendía conceder en ese proyecto de acuerdo cobijaba a la accionada en igualdad
de condiciones a la ciudadanía del municipio de Caicedonia.
89. Así las cosas, el interés de la concejal en este caso no es particular sino general.
90. En relación con el interés directo, se trata de aquel beneficio, provecho o utilidad
que encuentra su fuente en el asunto conocido por el concejal42.
91. No se encuentra probado que la accionada fuera beneficiaria directa del proyecto
de acuerdo y, por ende, que tuviera para el 13 de enero de 2023, fecha en que se
realizó la sesión plenaria y el debate, votación y aprobación del proyecto de
acuerdo, la condición no solo de deudora del impuesto predial unificado para la
vigencia 2022 o anteriores, sino que tuviera intereses moratorios causados que
pudieren ser sujeto de la reducción del 50%.
92. Las pruebas aportadas al proceso, entre ellas, las facturas núms. 337250 y
353775 dan cuenta de que para los días 17 de mayo de 2025 y 23 de octubre de
2025, fecha en que se expidieron dichos documentos, la accionada tenía una deuda
para el periodo 2022 de cinco mil quinientos setenta y nueve pesos ($5.579,oo) por
concepto de impuesto predial unificado. Asimismo, que para la primera fecha los
intereses por dicho impuesto ascendían a cinco mil noventa y dos pesos ($5.092,oo)
y para la segunda, que los intereses habían aumentado a cinco mil seiscientos
diecinueve pesos ($5.619,oo).
42
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión nro. 6. Sentencia del 15 de
octubre de 2024. C.P.: Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente nro. 11001-03-15-000-2024-03204-00.
20
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
93. Las facturas aportadas como prueba y que fundamentaron la sentencia de
primera instancia no tienen el alcance que otorgó el tribunal, que le permitiera
afirmar que la accionada ostentaba un interés directo, particular y actual.
94. Dichos documentos solamente prueban como hecho cierto que para los días 17
de mayo de 2025 y 23 de octubre de 2025 la accionada era deudora del impuesto
predial unificado en relación con el periodo 2022 y tenía intereses causados en
montos inferiores a los cinco mil seiscientos veinte pesos ($5.620,oo), pero de
ninguna manera constituyen prueba cierta de que para el 13 de enero de 2023 la
accionada tuviere tal condición y por ende que el interés fuere cierto como lo
consideró el tribunal en la sentencia apelada.
95. Lo mismo ocurre con la copia del Oficio núm. 131-16.01 de 23 de mayo de 202543
y la certificación de 23 de octubre de 2025 suscritas por la Tesorera General del
municipio de Caicedonia.
96. Estos documentos permiten concluir que la accionada, señora Clara Inés Botero
Carmona, en su condición de propietaria del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria núm. 382-27645: i) presentaba mora “[…] Para los periodos 2023 y 2024
[…]” y no para el periodo 2022 o anteriores; ii) que no había hecho uso de beneficios
de amnistía en relación con ese inmueble; iii) que no realizó el pago del impuesto
por las vigencias 2023 y 2024; y iv) que a la fecha “[…] aún se encuentran en mora
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
97. El análisis y valoración probatoria permite determinar que en este caso no está
probado que el interés de la accionada en relación con el beneficio previsto en el
proyecto de acuerdo núm. 001 de 2023 fuera directo, toda vez que no se probó que
para el 13 de enero de 2023 la accionada tuviera causados intereses moratorios por
deudas del impuesto predial unificado, correspondientes a las vigencias 2022 o
anteriores.
98. La Sala considera adicionalmente que en este caso el interés de la concejal
accionada no es actual, inmediato o automático, sino que es hipotético, eventual,
aleatorio e incierto.
99. Como se indicó anteriormente, el interés es actual o inmediato cuando se
presenta al momento de la aprobación del asunto que deba conocer el miembro de
la corporación pública de elección popular, sin necesidad de regulaciones
complementarias o trámites posteriores que permitan la materialización del
beneficio.
100. En este caso, el proyecto de acuerdo tenía como objetivo permitir a los
habitantes del municipio de Caicedonia, deudores de, entre otros, el impuesto
predial unificado, cancelar dichas obligaciones tributarias, con una rebaja en la tasa
de interés moratorio del 50%, siempre y cuando se cumplieran algunas condiciones
establecidas en esa misma normativa, entre las cuales se resalta el pago total de la
43
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
21
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
obligación a cargo y en un plazo previsto en el Acuerdo núm. 001-023 de 13 de
enero de 2023.
101. Lo anterior resulta relevante puesto que el beneficio tributario establecido por el
Acuerdo núm. 001-023 de 2023 no era inmediato y no operaba de manera
automática, teniendo en cuenta que para acceder a este se debían cumplir los
requisitos allí señalados, entre ellos, se reitera, el pago total o por vigencia completa
y que el pago se realizara hasta en una fechas prevista en esa normativa -el 30 de
junio de 2023-, de tal forma que el interés resulta ser hipotético y aleatorio, al punto
que se encuentra probado que la accionada no accedió al beneficio.
102. Así las cosas, no se demostró que la participación de la concejal accionada en
el debate y votación del proyecto de acuerdo núm. 001 de 2023, posterior Acuerdo
núm. 001-023 de 13 de enero de 202344, haya tenido como propósito la defensa de
un interés particular, ajeno a la defensa del interés general, o que haya constituido
una actuación sin consultar la justicia y el bien común, en detrimento de la
comunidad, de tal forma que la entonces concejal no estaba obligada a manifestar
impedimento alguno.
103. La Sala resalta que las consideraciones contenidas en esta providencia se
constituyen en una reiteración jurisprudencial de las sentencias de 12 de diciembre
de 202445, 15 de mayo de 202546, 28 de agosto de 202547 y 7 de noviembre de
202548.
104. Por ende, al no encontrarse probado el segundo supuesto del elemento objetivo
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses, en especial, en lo relativo a que el interés sea directo, particular y actual,
la Sala queda relevada del estudio del elemento subjetivo y por ende de los demás
argumentos formulados por la apelante.
II.6. Conclusiones
105. A partir de una valoración integral de los medios de prueba que obran en el
expediente, no se demostró que la concejal del municipio de Caicedonia para el
periodo 2020 - 2023, señora Clara Inés Botero Carmona, haya incurrido en la causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses con
ocasión de su participación en el debate, votación y aprobación del Acuerdo núm.
001-023 de 13 de enero de 2023.
106. Por estas razones, la Sala revocará la sentencia de 31 de octubre de 2025,
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
44
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS ESPECIALES DE PAGO DE IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO
DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA Y SE MODIFICA TRANSITORIAMENTE DURANTE LA VIGENCIA 2023 LOS
ARTÍCULOS 40 Y 41 DEL ACUERDO MUNICIPAL No. 010 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 […]”.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de 2024.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00047-01.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de mayo de 2025. Consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00122-01.
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00062-01.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 7 de noviembre de 2025.
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00319-01.
22
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00661-01
Accionantes: Procuraduría 165 Judicial II para Asuntos Administrativos del Valle del
Cauca y otro
cuanto había decretado la pérdida de investidura de la accionada y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 31 de octubre de 2025 proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DENEGAR la
solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de la señora Clara Inés
Botero Carmona, concejal del municipio de Caicedonia para el periodo 2020-2023,
conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.