Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01182-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01182-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01182-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 28 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00
Demandante: Rodolfo Lozano Díaz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Pérdida de investidura
|Defecto sustantivo – Relevancia Constitucional| Defecto procedimental absoluto -
Violación del principio de congruencia - Niega
Síntesis del caso: El accionante enjuició la providencia que confirmó la negativa a decretar
la pérdida de investidura de una concejal. Alegó que el juez de segunda instancia resolvió
sobre aspectos no apelados, pues el recurso se limitó al análisis del elemento subjetivo de
la causal, pero la decisión se fundamentó en la supuesta inexistencia del elemento objetivo,
sin que este hubiera sido materia de apelación.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Rodolfo Lozano Díaz
contra la Sentencia de 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados
1.1. Posición de la parte actora
1. El 3 de marzo de 2025, Rodolfo Lozano Díaz, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de
Estado, por la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, al
considerar que la Sentencia de 31 de octubre de 2024, dictada en el
proceso de pérdida de investidura Rad. 66001-23-33-000-2024-00239-01,
incurrió en un defecto procedimental absoluto por violación del principio de
congruencia, así como en un defecto sustantivo por inaplicación indebida
de la ley.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00
Demandante: Rodolfo Lozano Díaz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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“Primera: tutelar los derechos fundamentales al debido proceso de los cuales
es titular el señor Rodolfo Lozano Diaz, vulnerados por la Sección Primera del
Honorable Consejo de Estado al proferir la sentencia de segunda instancia del
31 de octubre de 2024, dentro del medio de control de Pérdida de Investidura
Radicado No. 66001233300020240023901.
Segunda: Dejar sin efecto la sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por
la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado dentro del medio de
control de Pérdida de Investidura Radicado No. 66001233300020240023901.
TERCERA: Ordenar a la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado que
profiera una nueva sentencia en reemplazo de la de fecha 31 de octubre de
2024.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:
4. 1) El accionante presentó una demanda de pérdida de investidura
contra la concejal María Camila Correa López, del Concejo Municipal de
Dosquebradas (Risaralda), por la presunta violación al régimen de
inhabilidades contemplado en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de
1994 y el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Argumentó que
José Ricardo Correa García, padre de la concejal, fue encargado del cargo
de agente de tránsito de la Alcaldía de Dosquebradas desde el 16 de mayo
de 2022, y la invocada fue elegida el 29 de octubre de 2023. Sostuvo que,
conforme con la jurisprudencia, los agentes de tránsito ejercen autoridad
civil y administrativa.
5. 2) El 8 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda,
mediante sentencia, negó la acción de pérdida de investidura. Determinó
que el empleo público de agente de tránsito no ejercía autoridad
administrativa, pero sí autoridad civil, por lo cual encontró configurado el
elemento objetivo de la causal. Sin embargo, concluyó que no se acreditó
con suficiencia la capacidad del agente de tránsito para influir sobre el
electorado ni la culpabilidad en términos de dolo o culpa grave.
6. 3) El accionante interpuso recurso de apelación contra dicha
decisión. Afirmó que la conducta de la concejal configuró dolo o culpa
grave, no leve, ya que se evidenció su descuido. Expuso que hubo
insuficiencia en la asesoría de su abogado y falta de verificación del
expediente administrativo de José Ricardo Correa García, lo que
evidenciaba ausencia de diligencia. Sostuvo que el agente de tránsito sí
tenía capacidad para influir sobre el electorado. Destacó el perfil
profesional de la concejal como abogada, lo que le permitía conocer la
ilicitud de su conducta. Finalmente, indicó que el padre de la concejal fue
incorporado a la carrera administrativa como auxiliar administrativo, y no
como agente de tránsito.
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Decisión: Declara improcedente y niega
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7. 4) El 31 de octubre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó que no se acreditó el elemento subjetivo de la causal del numeral
4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994. Señaló que debía centrarse en el
análisis del elemento subjetivo propuesto por el solicitante, para determinar
si la conducta de la accionada en la configuración objetiva de la causal de
inhabilidad fue dolosa o gravemente culposa, teniendo en cuenta la
autoridad civil ejercida por su padre como agente de tránsito municipal
durante los doce meses anteriores a su elección. Aclaró que “los cargos
relativos a la eventual configuración de autoridad administrativa por los
mismos hechos fueron denegados en la sentencia apelada y no son materia
de la presente impugnación”.
8. La providencia incluyó una extensa transcripción jurisprudencial sobre
la culpabilidad en la pérdida de investidura y sobre la modificación
introducida por la Ley 2003 de 2019, la cual exige acreditar la culpa grave o
el dolo.
9. Concluyó que “una lectura integral y sistémica de la normatividad
relacionada, permite observar que los agentes de tránsito y transporte son
empleados públicos investidos de autoridad para regular la circulación
vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las
normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales, perfil
profesional que lleva acentuada una instrucción ética, moral, física,
ecológica y de servicio comunitario”.
10. No obstante, aclaró que, “la habilitación como autoridad de tránsito
que le otorga la legislación, no puede ser equiparada, de plano, a la
autoridad civil establecida en la Ley 136, como aquella manifestación
propia de mando, poder, dirección, coordinación y control que se ejerce
sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o de
superioridad y dominio sobre los sectores sociales y económicos; por eso, no
cualquier clase de decisión constituye autoridad civil, -como aquellas que
adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo de una organización, en
la labor diaria que tiene a cargo-, sino solo esas que determinan
originariamente el modo de obrar mismo del Estado”. En consecuencia, las
funciones de los agentes de tránsito están dirigidas principalmente a
garantizar el cumplimiento del régimen normativo de tránsito y transporte y
la libre locomoción de las personas.
11. Los agentes de tránsito tienen un “rol fundamental como facilitadores
del cumplimiento de las normas de tránsito, investidos de facultades
eficaces y útiles en el marco operativo de dicha labor”. Por lo tanto, no tiene
potestad administrativa o civil. En particular, precisó que no ostentan
autoridad administrativa en los términos del artículo 188 de la Ley 136 de
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1994, dado que carecen de funciones de mando, las cuales están
reservadas a organismos de tránsito departamentales, municipales o
distritales, inspectores de tránsito y otras autoridades superiores.
12. Señaló que los agentes de tránsito tampoco tienen poder para
nombrar o remover empleados, ni para sancionarlos con suspensiones,
multas o destituciones, pues desempeñan una función técnico-operativa sin
representación legal o administrativa2.
13. Al verificar el manual específico de funciones y de competencias
laborales de los empleados de la planta de personal de la alcaldía
municipal de Dosquebradas, señaló que resultaba admisible “que la
accionada hubiere razonablemente concluido que de las labores
misionales y de apoyo operativo desplegadas por su padre (…) en calidad
de agente de tránsito encargado durante el período inhabilitante, -29 de
octubre de 2022 a 29 de octubre de 2023-, aquel no hubiere ostentado ni
ejercido autoridad civil, ni que, por lo mismo, aquello constituyera obstáculo
alguno para ser elegida concejal municipal”.
14. Manifestó que tampoco había prueba que corroborara que “el
uniformado hubiese ejercido la autoridad civil a través del desempeño de
labores distintas a las enlistadas en sus funciones legales y reglamentarias,
que sí hubieran implicado función de mando, nombramiento, remoción y
sanción de empleados con suspensiones, multas o destituciones”. Por el
contrario, el documento denominado “matriz verificación de condiciones
candidato al concejo elaborada por el abogado Juan Diego Giraldo Torres
-no aparece rúbrica-, se afirma de la accionada, en la casilla
correspondiente a la inhabilidad del artículo 43, numeral 4, de la Ley 136,
que su “[…] Padre es agente de tránsito, más no ejerce autoridad civil,
política, administrativa o militar, no existen sentencias que así lo clasifiquen y
es de carrera administrativa hace más de 20 años […]”, razón por la cual se
señaló que cumplía con carecer de dicho requisito negativo”.
15. El Consejo de Estado señaló que, aunque la matriz de riesgos
electorales no constituía eximente de responsabilidad, sí era prueba de que
la accionada supo oportunamente de la inexistencia de la inhabilidad, y
2 Para sustentar su posición hizo referencia a la sentencias en las que indicó que los agentes de tránsito no tenían
autoridad civil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 13 de
octubre de 1995, Expediente núm. 1422. Asimismo, incorporó una decisión en la que se afirmó que la autoridad
civil no recaía en los agentes de tránsito sino sobre los organismos de tránsito de orden departamental, municipal
o distrital, así como en sus inspectores de tránsito. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de 2018, número único de radicación 68001-23-33-000-2017-01224-
01(PI). También, se refiero a la ausencia de autoridad civil respecto de las funciones de agentes de policía. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 3 de julio de 2003, número único
de radicación 2000123310002002084202, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia de 28 de abril de 2005, número único de radicación 17001-23-31-000-2003-01536-01(3510) y
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 26 de abril de 1991,
radicación número 0516.
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que actuó conforme con lo señalado por su equipo de campaña, que
consideró que el empleo de su padre no impedía su elección.
16. El magistrado Oswaldo Giraldo López salvó su voto. Afirmó que,
aunque la providencia indicó que el objeto de apelación era el elemento
subjetivo, para negar la pérdida de investidura se pronunció sobre el
elemento objetivo y consideró que el padre de la acusada no ejercía
autoridad civil, debido a que carecía de función de mando, la cual
corresponde a organismos de tránsito departamentales, municipales o
distritales. Sostuvo que el juez de apelación se pronunció sobre aspectos no
recurridos, en contravía del artículo 320 del CGP, y que debió declararse la
pérdida de investidura, pues sí se ejercía autoridad civil y no se probó la
buena fe de la accionada.
17. Como fundamento de la vulneración de sus derechos, la parte actora
sostuvo que la Sentencia de 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, incurrió en un defecto procedimental
absoluto por violar el principio de congruencia y en defecto sustantivo por
la inaplicación indebida de la ley.
18. Señaló que la providencia incurrió en un defecto procedimental
absoluto porque el juez de apelación se apartó del procedimiento
establecido por el ordenamiento, “en el caso concreto, la Sección Primera
del Honorable Consejo de Estado extralimitó la competencia que le atribuye
la norma al juez de segunda instancia, para pronunciarse respecto del
recurso de apelación interpuesto por la parte o partes apelantes”.
19. Afirmó que el recurso solo se refirió al elemento subjetivo de la causal,
pero la decisión abordó el elemento objetivo, y sobre esa base se confirmó
la negativa de la pérdida de investidura. Indicó que, aunque la providencia
sintetizó los argumentos de apelación y centró el problema jurídico en el
elemento subjetivo, desarrolló un análisis del elemento objetivo, limitado a
establecer si el padre de la demandada ejercía autoridad civil. Asimismo,
reiteró los argumentos del salvamento de voto como respaldo a su posición.
20. Señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado se ha referido a
que el juez de segunda instancia solo debe pronunciarse sobre los
planteamientos de la apelación3. Asimismo, indicó que desconocer el límite
competencial viola el principio de congruencia4.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de diciembre de
2017, Radicado 08001-23-31-000-2009-01122-01. “el juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación,
a los planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre aspectos
o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de impugnación”.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 1 de
marzo de 2018, Radicado 11001-03-25-000-2013-00838-00.
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21. Sostuvo que la providencia incurrió en un defecto sustantivo, pues el
Consejo de Estado desconoció el contenido legal que reconoce autoridad
civil a los agentes de tránsito.
22. Sostuvo que el Consejo de Estado interpretó erróneamente los
artículos 2 y 5 de la Ley 1310 de 2009, y los artículos 3, 7, 122 y 135 de la Ley
769 de 2002, los cuales afirman que el agente es autoridad de tránsito,
investido de facultades regulatorias y sancionatorias. Estas normas lo
califican como autoridad civil, por ejercer funciones de mando, dirección y
sanción. Como argumento adicional, señaló que el salvamento de voto
reconoció que el agente de tránsito ejercía autoridad civil, por lo que debió
declararse la pérdida de investidura.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
23. La Sección Primera del Consejo de Estado6 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia
constitucional. Señaló que el accionante pretendía reabrir el debate ya
resuelto en el trámite ordinario para imponer su propia interpretación, según
la cual el padre de la concejal sí ejercía autoridad civil como agente de
tránsito en el mismo municipio donde fue elegida para el período 2024-2027.
24. Advirtió que el accionante sostuvo que se había desconocido la
autoridad que ostentaba el agente de tránsito al interpretar de forma
equivocada los artículos 2 y 5 de la Ley 1310 de 2009, así como los artículos
3, 7, 122 y 135 de la Ley 769 de 2002. Por lo tanto, el accionante cuestionó la
forma en la que el juez de segunda instancia desnaturalizó las funciones
regulatorias y sancionatorias propias de los agentes de tránsito, las cuales,
en su concepto, evidenciaban el ejercicio de autoridad civil mediante actos
típicos de mando, imposición, dirección, y potestades correccionales y
sancionatorias.
25. Sostuvo que la acción de tutela no procedía frente a desacuerdos
interpretativos, ya que no constituía un mecanismo para corregir o mejorar
decisiones judiciales. Por ello, el juez constitucional no podía pronunciarse
sobre materias abordadas en el proceso ordinario con el fin equívoco de
imponer su criterio o sugerir una solución distinta al caso.
26. Agregó que, incluso si se admitiera la existencia de relevancia
constitucional, no se encontraban probados los defectos alegados. Señaló
que el juez de apelación limitó su análisis al elemento subjetivo de la causal,
5 Mediante Auto 6 de marzo de 2025, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela, (2) tuvo como
demandada a la Sección Primera del Consejo de Estado y (3) vinculó al Tribunal de Risaralda y a María Camila
Correa López, como terceros con interés en el asunto.
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valoró la conducta de la convocada y concluyó que era razonable que la
concejal hubiera inferido que su padre no ejercía autoridad civil, ya que
desarrollaba funciones misionales y de apoyo operativo. Por esa razón, se
limitó a verificar si existía algún elemento probatorio que permitiera inferir lo
contrario, a partir del cumplimiento de funciones distintas a las previstas legal
y reglamentariamente.
27. Indicó que se abstuvo de examinar el elemento objetivo de la causal,
dado que no fue objeto del recurso de apelación. No obstante, ello no
impidió que analizara aspectos relacionados con las funciones del agente
de tránsito, su regulación nacional y local, y la jurisprudencia aplicable, por
estar estrechamente vinculados con la conducta desplegada por la
concejal y ser relevantes para determinar la existencia, o no, de dolo o culpa
grave.
28. María Camila Correa López7, por su parte, manifestó que la acción de
tutela resultaba improcedente, ya que el accionante simplemente
cuestionó la forma en que se adoptó la decisión de segunda instancia,
basando su argumentación en los planteamientos del salvamento de voto.
Añadió que la tutela no debía prosperar porque no se estructuraba un
debate constitucional genuino, sino meramente legal, al reiterar
argumentos y consideraciones propias del proceso ordinario. Sostuvo que la
acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia y que,
además, el accionante no demostró haber agotado todos los recursos
judiciales disponibles.
29. El Tribunal Administrativo de Risaralda8 remitió el expediente ordinario
solicitado, pero no se pronunció frente a la presente acción de tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales. 2.4. Conclusiones.
2.1. Fijación de la controversia
30. Le corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los
requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en su calidad de juez de segunda instancia, vulneró el
derecho fundamental al debido proceso por desconocer el principio de
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congruencia. Esto, al confirmar la denegación de la pérdida de investidura
con base en el análisis del elemento objetivo de la causal, cuando la
apelación solo contenía reparos frente al elemento subjetivo. Asimismo, se
debe determinar si realizó una interpretación errónea de las normas que
definen el alcance de la autoridad civil atribuida a los agentes de tránsito.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
31. En este caso, se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, únicamente, frente a la presunta violación al debido
proceso por el desconocimiento del principio de congruencia, porque no
existe medio de defensa judicial idóneo y eficaz que permitiera a la parte
accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. Cabe precisar que, al tratarse de
una providencia que confirmó otra, y en la que se habría producido una
aparente incongruencia entre lo solicitado en la apelación y lo resuelto, tal
situación no encaja dentro de las causales de nulidad taxativamente
previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Por tanto, el
recurso extraordinario de revisión no resultaba procedente ni idóneo9.
32. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
Sentencia de 31 de octubre de 2024 (18/11/202410) y la interposición de la
presente acción de tutela (3/3/2025)11. No se enjuició un fallo de tutela, pues
la controversia se relacionó con una sentencia de segunda instancia
dictada en el marco de un proceso de pérdida de investidura. Se
identificaron de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la
presunta vulneración derivada de ellos.
33. Por último, la controversia plantea una cuestión de relevancia
constitucional, dado que se alega la afectación del derecho fundamental
al debido proceso con ocasión de una providencia judicial. El eje central
del debate es la existencia de un defecto procedimental absoluto que, por
su naturaleza, no pudo ser discutido en el proceso ordinario. Lo anterior,
porque la presunta violación se materializó con la expedición de la
sentencia de segunda instancia, solo a partir de ese momento fue
jurídicamente posible invocar el principio de congruencia como vulnerado.
34. No obstante, respecto del defecto sustantivo, la Sala declarará su
improcedencia porque el debate gira en torno a la inconformidad de la
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 10 de
octubre de 2024, Radicado 66777, Sentencia de 10 de octubre de 2024, Radicado 67862 y Sentencia de 2 de
agosto de 2024, Radicado 64550.
10 De acuerdo con la información que reposa en SAMAI el mensaje de datos fue enviado el 14 de noviembre de
2024. Ver índice 13 de Samai.
11 Según acta Individual de reparto.
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parte accionante frente a la interpretación normativa realizada por el juez
de apelación. Es evidente que la acción de tutela fue instrumentalizada
para proponer una mejor interpretación de las normas aplicables. No
obstante, se recuerda que la acción de tutela no puede emplearse para
cuestionar el criterio de los jueces al momento de resolver el caso.
35. En realidad, el objetivo de la acción fue reabrir el debate jurídico
resuelto en sede ordinaria, buscando una decisión que coincidiera con el
razonamiento expuesto en la tutela. Así, el accionante no solo cuestionó la
argumentación del juez, sino que reiteró los planteamientos realizados en la
demanda sobre la naturaleza de la autoridad de los agentes de tránsito, lo
cual escapa al ámbito de competencia del juez de tutela.
36. Por las razones expuestas, la acción de tutela no presenta una
controversia de relevancia constitucional en relación con el defecto
sustantivo. Su finalidad real fue reinterpretar el concepto de autoridad de los
agentes de tránsito y controvertir el criterio adoptado por el juez de
apelación al negar la pérdida de investidura12.
2.3. Verificación de defectos alegados y/o afectación a derechos
fundamentales
37. La Sala negará el amparo solicitado, al no acreditarse la
configuración de un defecto procedimental absoluto derivado de la
violación del principio de congruencia. Las razones se explican a
continuación:
38. En relación con el defecto procedimental absoluto por violación del
principio de congruencia13, la Sala encuentra que la Sección Primera del
Consejo de Estado no incurrió en una violación del principio de
congruencia, ya que, en su calidad de juez de apelación, resolvió el caso
conforme a los reparos concretamente formulados en la apelación. Por
tanto, no excedió los límites de su competencia, como equivocadamente
lo afirmó el accionante.
39. La Sala no acoge los argumentos del accionante, dado que el fallo
de segunda instancia no confirmó la decisión inicial por ausencia de
12 Párrafos 10 a 14 de esta providencia.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-082 de 2023. “La Corte ha identificado varios escenarios frente a los cuales se
puede estar en presencia de un defecto procedimental (…) En tercer lugar, el desconocimiento del principio de
congruencia o consonancia, que se presentan ante la falta de conexión con los hechos y las pretensiones de la
demanda o una decisión incoherente entre sus partes. Sin embargo, la Corte ha precisado que la activación de
esta causal requiere que ese error esté acompañado de una motivación insuficiente. (…) En este defecto se reitera
y se repite que la finalidad de esta causal es prevenir las sorpresas en los que el funcionario judicial pueda incurrir
en la resolución de un caso, dado que esa situación afectaría el principio de contradicción y defensa de un usuario
de la administración de justicia[66]. En el Estado Social de Derecho, el juez también está vinculado al principio de
seguridad jurídica, mandato que abarca el carácter predictivo de sus decisiones, al estar sujeto a las fuentes del
derecho, como indica el artículo 230 de la Constitución”.
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acreditación del elemento objetivo de la causal. En realidad, centró su
análisis en la valoración del elemento subjetivo. Por ello, el accionante
incurre en error al afirmar que se analizó el elemento objetivo, cuando la
Sección Primera del Consejo de Estado expresó de forma clara y categórica
que limitaba su competencia al estudio de la culpabilidad de la concejal
demandada.
40. La Sala observa que la Sección Primera analizó el material probatorio
y valoró la conducta de la concejal con el fin de determinar el conocimiento
que tenía sobre la presunta inhabilidad. Lo anterior buscaba establecer si, a
partir de la información a su alcance, ella podía inferir que las funciones
desempeñadas por su padre correspondían a un servidor público con
autoridad civil o no.
41. En consecuencia, la Sección Primera examinó la conducta
desplegada por la concejal para establecer si actuó con culpa grave o
dolo. Para ello, consideró el grado de conocimiento que tenía sobre el
alcance de las funciones ejercidas por su padre. Estas valoraciones no se
realizaron para recalificar el elemento objetivo de la causal, sino para
analizar la conducta desde la perspectiva de la culpabilidad. Esto resulta
coherente con el juicio de pérdida de investidura, pues el análisis del
elemento subjetivo se sustenta en los hechos que configuran el elemento
objetivo, los cuales deben contextualizarse frente a la conducta de la
convocada.
42. Este argumento sería suficiente para negar el amparo, ya que parte
de un razonamiento equivocado por parte del accionante. No obstante, la
Sala considera necesario aclarar que, incluso si se entendiera que el juez de
segunda instancia se pronunció sobre el elemento objetivo —aun cuando
este no fue objeto de apelación— no se configuraría una vulneración del
debido proceso por desconocimiento del principio de congruencia.
43. En los procesos de pérdida de investidura, cuando se apela la
responsabilidad de servidores públicos elegidos popularmente, el juez de
segunda instancia no se encuentra impedido para pronunciarse sobre el
elemento objetivo, incluso si la primera instancia lo tuvo por acreditado. Esto
se debe a que el análisis del elemento subjetivo no puede desvincularse del
elemento objetivo, ya que el estudio de la culpabilidad puede hacerse si se
ha verificado previamente la configuración del elemento objetivo de la
causal, es decir, es preciso efectuarlo con los demás elementos de la causal
específica que se esté juzgando14.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, Sentencia de 14 de junio de 2019, Radicado 11001-03-15-000-2018-02615-00(PI) “Para tales efectos, por
razones metodológicas, primero, se estudiarán los aspectos objetivos, y, posteriormente, se examinarán los
componentes subjetivos de la causal. Es importante precisar que, en caso de configurarse los elementos objetivos,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00
Demandante: Rodolfo Lozano Díaz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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44. No resulta constitucionalmente admisible que el juez de pérdida de
investidura adelante un juicio sobre la culpabilidad de forma irrestricta, sin
verificar la existencia del elemento objetivo, amparado en un argumento
procesal relativo al alcance del recurso de apelación en procesos
ordinarios, conforme con el artículo 320 del Código General del Proceso.
45. La Sala advierte que el recurso de apelación en los procesos de
pérdida de investidura debe evaluarse dentro del contexto de dicho
proceso sancionatorio judicial. En este sentido, el juez de segunda instancia
puede examinar el elemento objetivo, aun cuando no haya sido apelado,
pues dicho elemento y el subjetivo son inescindibles. Así, si se apela uno, el
juez debe verificar previamente la existencia del otro, ya que la culpabilidad
presupone la configuración objetiva de la causal.
46. El artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 indica que se garantizará el non bis
in idem, y dispone que “[c]uando una misma conducta haya dado lugar a
una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el
primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los
aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista,
cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. (…) En todo
caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada
respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración
objetiva de la causal”. Sin embargo, esta norma no impone una restricción
entre las instancias del mismo proceso de pérdida de investidura, sino entre
procesos distintos (nulidad electoral y pérdida de investidura). Por ello, no
puede afirmarse que la decisión de primera instancia sobre el elemento
objetivo haga tránsito a cosa juzgada respecto de la segunda instancia
dentro del mismo proceso.
47. El juez de segunda instancia, en el proceso de pérdida de investidura,
debe valorar el elemento objetivo de la causal para determinar, con base
en él, si el demandado actuó con culpa grave o dolo, es decir, si hubo
culpabilidad.
será necesario abordar el juicio de culpabilidad para establecer si el convocado dejó de tomar posesión del cargo
en virtud de un comportamiento doloso o culposo, que lo hiciera sancionable o reprochable por el ordenamiento
jurídico”. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-326 de 2022 determinó “la autoridad judicial
competente, tras verificar la configuración de la causal de pérdida de investidura, debe examinar si en el caso
particular se configura el elemento de la culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad de congresista,
esto es, analizar las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y si el demandado conocía o
debía conocer de la actuación que desarrolló, y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión”. En igual
sentido, en Sentencia SU-424 de 2016 estableció que “el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las
sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada
en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00
Demandante: Rodolfo Lozano Díaz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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48. Además, permitir que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre
el elemento objetivo, aun cuando no haya sido apelado expresamente,
resulta compatible con el principio de doble conformidad, al garantizar que
una instancia distinta revalore la conducta acreditada en primera instancia.
49. Finalmente, la Sala advierte que considerar que el recurso de
apelación interpuesto por el solicitante no se limita exclusivamente al análisis
de la culpabilidad no vulnera la garantía de imposibilidad de reformar para
empeorar. Ello se debe a que la decisión de primera instancia negó la
pérdida de investidura, por lo cual su confirmación en segunda instancia no
empeora la situación del solicitante. En este caso, la segunda instancia
mantuvo la negativa a las pretensiones, aunque con fundamentos distintos.
2.4. Conclusiones
50. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarará
improcedente lo alegado respecto del defecto sustantivo, por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional, y negará el defecto
procedimental absoluto, al no acreditarse la violación del debido proceso
del accionante.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Rodolfo Lozano Díaz, respecto del defecto sustantivo invocado, por las
razones aquí señaladas.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Rodolfo Lozano Díaz, en relación
con el defecto procedimental, por las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15.
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-01182-00
Demandante: Rodolfo Lozano Díaz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente y niega
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
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