Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2020-00417-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Pérdida de investidura: concejal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2020-00417-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 63001-23-33-000-2020-00417-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
26 de agosto de 2021
PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Concejal / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Celebración de contrato con una entidad pública de cualquier nivel en interés propio o de terceros dentro del año anterior a su elección, siempre que los contratos debieran ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Presupuestos para su configuración / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Elemento objetivo / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – Celebración de contrato de arrendamiento / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Se configura porque la celebración del contrato fue dentro del término inhabilitante, con una entidad pública, en interés propio y se ejecutó en el mismo municipio donde fue elegido / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
La Sala estima, entonces, que se encuentra configurada la inhabilidad contenida en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, esto es, que se encuentra acreditado que el acusado, José Vicente Castillo Cuesta, concejal del municipio de Circasia para el período 2020-2023, intervino (como contratista) en la celebración de contratos (contrato de arrendamiento núm. 13 de 2019) con entidades públicas de cualquier nivel (con el municipio de Circasia) en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, dentro del año anterior a la elección (contrato de arrendamiento núm. 13 suscrito el 15 de febrero de 2019 y fecha de la elección 27 de octubre de 2019) y, de esta manera, probada, objetivamente, la violación del régimen de inhabilidades de los concejales.
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Celebración de contrato con una entidad pública de cualquier nivel en interés propio o de terceros dentro del año anterior a su elección, siempre que los contratos debieran ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Elemento subjetivo / ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD EN PROCESO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA / CONCEPTOS Y ASESORÍAS JURÍDICAS / FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CONCEJAL – Bachiller / CONDUCTA DOLOSA – Inexistencia / CONDUCTA EXCUSABLE / CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA – Inexistencia / ELEMENTO SUBJETIVO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA – No configuración
La Sala encuentra acreditado que el demandado solicitó el concepto de tres abogados, ante las inquietudes que le generaba su situación consistente en haber suscrito un contrato de arrendamiento con el municipio de Circasia (Quindío) en el mismo año en que se desarrollarían las elecciones para elegir a los concejales de ese municipio (27 de octubre de 2019). No sobra advertir que la simple aptitud de leer no implica que se tenga claridad sobre el alcance de las disposiciones legales que regulan una situación de hecho, siendo esta la motivación para acudir al apoyo de profesionales, máxime si se tiene en cuenta que, en el presente asunto, la formación del acusado llegó hasta el de bachiller. Los mencionados abogados, uno de ellos especialista en administración pública y con experiencia en el sector público en el municipio de Circasia (Quindío) y en campañas políticas, podían otorgar claridad sobre la materia motivo de consulta (el régimen de inhabilidades de los concejales) y, si bien se observan falencias en tales opiniones como lo son no evaluar el contrato de arrendamiento y realizar un acopio y análisis más extenso de la jurisprudencia respecto de la inhabilidad que se le atribuye al acusado, que llevaría a conclusiones diferentes de las expuestas en ellos, en virtud del principio pro homine que impone al juez que «[…] “[…] sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental […]”[…]», es dable entender que tales defectos le corresponde asumirlos a los abogados que emitieron tales conceptos y no pueden ser endilgados al acusado. La Sala considera que, partiendo del supuesto de que para el demandado su conducta no resultaba contraria al ordenamiento jurídico, por lo que no puede entenderse configurado el dolo, resulta excusable, puesto que si bien, incurrió en la violación del régimen de inhabilidades al realizar la conducta descrita en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, actuó bajo la convicción que le dieron los conceptos elaborados por los abogados que consultó y en los cuales se le indicó que haber celebrado el contrato de arrendamiento núm 13 de 2019 con el municipio de Circasia (Quindío) en el mismo año en que se desarrollarían las elecciones para elegir a los concejales de los ente territoriales, esto es, el 27 de octubre de 2019, no constituía inhabilidad para inscribirse y ser elegido concejal del municipio de Circasia, por lo que no fue gravemente culposa, no configurándose el elemento subjetivo de la pérdida de investidura.
FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 3 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 NUMERAL 2 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 6 / LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 63001-23-33-000-2020-00417-01(PI)A
Actor: SANTIAGO BEDOYA SALGADO
Demandado: JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Tema: VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PREVISTO PARA LOS CONCEJALES
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 4 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
I.1. La solicitud de pérdida de investidura
El ciudadano Santiago Bedoya Salgado, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) –en adelante CPACA–, solicitó a esta jurisdicción que se decrete la pérdida de la investidura del señor José Vicente Castillo Cuesta, concejal del municipio de Circasia (Quindío) para el período 2020-2023.
I.1.1. Los hechos juzgados
Manifestó que el señor José Vicente Castillo Cuesta celebró, el 15 de febrero de 2019, con el municipio de Circasia, un contrato de arrendamiento de un local comercial ubicado en la Calle 6 entre Carreras 8 y 10, interior número 1, que hace parte de la plaza de mercado municipal, cuyo plazo de duración sería de 2 años, el cual, a la fecha de presentación de la demanda, seguía ejecutándose.
El acusado resultó elegido, en las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019, concejal del municipio de Circasia para el período 2020-2023 y tomó posesión de dicho cargo el 2 de enero de 2020, a pesar de encontrarse inhabilitado para hacerlo por haber incurrido en la conducta prevista en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, esto es, por celebrar en su interés particular, por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con una entidad pública o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos en la respectiva jurisdicción municipal donde se pretenda ser elegido.
Indicó que la conducta del acusado no tiene justificación puesto que lo que se espera de los candidatos a corporaciones de elección popular es que tengan una elemental cautela y cuidado que les permita establecer si su conducta se encuadra o no en una inhabilidad o en una incompatibilidad y, de esta manera, ha debido verificar, antes de su postulación, si pesaba sobre él algún tipo de impedimento legal para participar en la contienda electoral producto de la celebración de referido contrato de arrendamiento con el municipio de Circasia.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura invocada por el demandante
El demandante consideró que el problema jurídico que debía resolver esta jurisdicción consistía en:
«[…] determinar si el demandado: JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía número: 19.442.176, debe ser despojado de su investidura de Concejal del Municipio de Circasia Quindío para el período constitucional: 2.020-2.023, por haber violado el régimen de inhabilidades previsto para los Concejales, tras haber suscrito dentro del año anterior a su elección en el señalado cargo público, el contrato de Arrendamiento Nro. 013 de fecha 15 de febrero del año 2.019 con el Municipio de Circasia Quindío, inhabilidad contenida en el Artículo 43 numeral 3 de la Ley 136 del año 1.994 – modificado por el Artículo 40 de la Ley 617 del año 2.000 --, invocando como causal de pérdida de investidura la descrita en el Artículo 55 numeral 2 de la Ley 136 del año 1.994». (Resaltado y subrayado fuera de texto)
En los fundamentos de derecho de la solicitud citó (1) el artículo 43 numeral 3° de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617; (2) el artículo 48 numeral 1° de la Ley 617; y (3) el artículo 55 numeral 2 de la Ley 136; y mencionó (4) los artículos 143, 152 numeral 15, 168 y siguientes, en especial el 186 del CPACA; y (5) el Decreto Legislativo Núm. 806 de 2020, en concordancia con el artículo 186 del CPACA.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura
El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 16 de diciembre de 2020 inadmitió la demanda toda vez que no se dio cumplimiento a lo normado en el artículo 6 del Decreto Legislativo Núm. 806 de 2020 que alude al envío previo de la demanda y sus anexos a la persona demandada, concediéndole el término de 10 días hábiles para subsanarla.
El demandante, a través de mensaje de datos de 14 de enero de 2021, procedió al cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de Decreto Legislativo Núm. 806 de 2020 y, de esta manera, mediante auto de 27 de enero de 2021, el magistrado sustanciador del proceso admitió la demanda de pérdida de investidura y ordenó notificar personalmente al demandado y al agente del Ministerio Público, corriéndole traslado al demandado por el término de 5 días para referirse a lo planteado en la demanda y solicitar o aportar las pruebas que estimara conducentes.
Realizadas las notificaciones y comunicaciones mencionadas, el concejal acusado contestó la demanda.
I.3. La contestación de la demanda
El concejal acusado, a través de apoderado judicial, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones y solicitando que se declaran las excepciones propuestas y, en consecuencia, denegar la solicitud de pérdida de investidura.
En efecto, propuso la excepción de «AUSENCIA DE TIPICIDAD – LA ACTUACIÓN DE MI CLIENTE NO CONFIGURA LA CAUSAL DE INHABILIDAD ALEGADA POR EL DEMANDANTE – NO HAY CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA», manifestando que:
«[…] Mi cliente José Vicente Castillo Cuesta ha subsistido del comercio, toda su vida ha tenido un pequeño restaurante popular, porque lo único que sabe hacer es comida y explota sus habilidades culinarias en su establecimiento de comercio.
Hace más de 25 años ejerce el comercio en la famosa “Galería” o plaza de mercado de Circasia y hace muchos años viene suscribiendo contrato de arrendamiento con el Municipio de un pequeño local cuyo canon de arrendamiento es de escasos $97.000.
[…]
Consideramos con el debido respeto que, el haber firmado contrato de arrendamiento por parte de mi cliente con el Municipio de Circasia dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección, no se configura la causal de nulidad descrita en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, ya que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, este tipo de inhabilidades surgen con el fin de evitar que con la suscripción de un contrato con la entidad antes de la candidatura al concejo, se saque provecho económico, se obtengan unas utilidades y con el dinero obtenido producto del contrato, se financie la campaña política, lo que evidentemente pone en desventaja al contratista y candidato al Concejo con los demás, violando con ello, de manera lógica y evidente el principio de igualdad, así lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C 618 de 1997, cuando manifestó:
[…]
En el caso específico, es evidente que con la suscripción de un contrato de arrendamiento, tal aprovechamiento de recursos públicos no existe, ya que mi defendido en su calidad de arrendatario no obtiene del Municipio (sic) dinero producto del erario como contraprestación o beneficio del contrato.
[…]
Por lo anterior, es evidente Honorables Magistrados, que la situación fáctica y jurídica de la presente litis, no encaja dentro de la causal alegada por el demandante, ya que el hecho de haber suscrito contrato de arrendamiento mi cliente con el Municipio de Circasia en febrero de 2019 no lo inhabilitaba para ser candidato, elegido y posesionarse como Concejal como lo hizo, por cuanto este contrato no le generaba al candidato, hoy concejal un aprovechamiento de recursos públicos, ni una ventaja económica que lo pusiera en una situación privilegiada con respecto a los demás candidatos al Concejo.
Bajo esta premisa, fue que el señor José Vicente Castillo Cuesta tomó la decisión de aspirar al Concejo de Circasia en el año 2019, ya que evidentemente su actuar no encajaba en la causal de inhabilidad mencionada, sumado a los conceptos jurídicos recibidos que coincidían con esta interpretación, además de los que ya varios arrendatarios de locales comerciales de la Galería de Circasia que habían aspirado al Concejo del mismo Municipio y que habían ganado, se posesionaron y terminaron sus períodos por no haber sido demandados por esta causa, lo que generó en mi cliente la confianza legítima para aspirar al cargo de Concejal en ejercicio de sus derechos políticos descritos en la Constitución».
Alegó, igualmente, la excepción de «AUSENCIA DE CULPABILIDAD FRENTE A LA CAUSAL DE INHABILIDAD EXPUESTA POR EL DEMANDANTE – MI DEFENDIDO NO ACTUÓ CON DOLO NI CULPA – DEBE EXISTIR AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD» señalando que si eventualmente se llegara a considerar que suscribir el contrato de arrendamiento el 15 de febrero de 2019 con el municipio de Circasia lo inhabilitaba para ser elegido concejal de ese ente territorial, no se debería decretar la pérdida de investidura puesto que su actuación no ha sido dolosa o gravemente culposa, por las siguientes razones:
«[…] Inicialmente deseo pronunciarme sobre las calidades personales de mi defendido, ello para demostrar que no es persona con capacidad de raciocinio como para entender por si solo que es una inhabilidad, cuales son sus causales, cual es el espíritu de las mismas, etc.
[…]
De lo anterior se concluye: que mi cliente no es técnico, ni tecnólogo, ni profesional, su grado de instrucción es bachiller; también se evidencia que no ha tenido jamás un cargo en el sector público, tampoco a suscrito (sic) contratos de prestación de servicios con el Estado, no ha tenido nunca relación laboral con el Estado.
Lo anterior para que el Honorable Tribunal Administrativo del Quindío al analizar el elemento subjetivo de su comportamiento determine hasta donde pudo él haber realizado un juicio de valor para concluir sin lugar a equívocos que se encontraba inhabilitado para inscribirse como candidato, hacerse elegir como concejal de Circasia y posesionarse.
[…]
Ahora bien, es preciso indicar que mi defendido, con su familia no fue descuidado ni negligente al recibir la propuesta de ser candidato al Concejo de Circasia en el primer semestre del año 2019; al analizar la propuesta y a sabiendas de haber suscrito un contrato de arrendamiento con el Municipio de Circasia en meses anteriores, este se dio a la tarea de consultar, preguntar si existía alguna norma que le impidiera, le prohibiera o lo inhabilitara para ser candidato al Concejo, razón por la cual, en primera instancia solicito concepto verbal al profesional del derecho, reconocido en Circasia, Mario Germán Hoyos Molina, quien luego de analizar el caso concreto le manifestó a mi defendido y su familia que no habían (sic) ninguna inhabilidad, por lo que podía aspirar sin ningún problema. Mi poderdante le solicitó el concepto por escrito, y este le entregó concepto fecha de mayo de 2019, en el que luego del análisis jurídico concluye:
[…]
Concepto que se adjunta a la presente contestación de demanda.
Así mismo, mi defendido acudió donde el abogado Diego González García, quien coincidió con su colega Hoyos Molina al afirmarle que no tenía inhabilidad para aspirar al Concejo de Circasia aunque haya suscrito un contrato de arrendamiento con el Municipio dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección. En conclusión, esto dijo el profesional del derecho:
[…]
El concepto completo se adjunta también al presente escrito.
Como si no fuera suficiente, se le consultó a la abogada y conocida de la familia Alexandra María Castaño González, quien aportó también a solicitud de mi cliente jurídico por escrito de lo que interpretaba de la norma y la presunta inhabilidad del hoy demandado para ser candidato al Concejo, y esto dijo en conclusión:
[…]
Concepto jurídico de profesional del derecho que se aporta con la contestación de la demanda.
Así mismo, dice el demandado que también consultó con la que era estudiante de derecho para la época de los hechos (2019-1) Yaritza López Gallego quien luego de hacer un análisis de la situación fáctica del señor CASTILLO, manifestó verbalmente que no se encontraba inhabilitado para ser candidato al Concejo de Circasia por haber suscrito un contrato de Arrendamiento con el Municipio durante ese mismo año.
Incluso honorables Magistrados (sic), debo admitir hoy en mi calidad de apoderado del señor José Vicente Castillo Cuesta, que en su momento se me acercó en el parque de Circasia y me consultó lo mismo, lo que al hacer un análisis e interpretación restrictiva de las inhabilidades para ser concejal, y al encontrar que con la suscripción de un contrato de arrendamiento de un local en la plaza de mercado de Circasia dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de elección, consideré y así se lo hice saber verbalmente al señor Vicente que no estaba inhabilitado, ya que no se generaba una desigualdad entre él y lo demás (sic) candidatos y porque no recibía del Estado suma de dinero que pusiera en desventaja a los otros candidatos al Concejo Municipal de Circasia, espíritu de las inhabilidades.
Lo que pretendemos probar con esta excepción es que mi defendido al aspirar al concejo de Circasia conocedor de haber suscrito un contrato de arrendamiento con el Municipio, no fue negligente, ni imprudente, ni irresponsable, no actuó con el conocimiento de una inhabilidad y la voluntad de incurrir en ella; a pesar de su bajo grado de escolaridad y su poca o nada experiencia en el sector público, demostramos que el señor José Vicente Castillo Cuesta fue responsable, diligente, porque se asesoró, preguntó, consultó e hizo todo lo que estuvo a su alcance para no incurrir en una inhabilidad, es por eso que, seguro de los conceptos recibidos, se inscribió como candidato al Concejo, se hizo elegir y se posesionó, actuando seguro que no estaba incurso en causal alguna de inhabilidad»
I.4. Trámite del proceso judicial
El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia corrió traslado de las excepciones presentadas con la contestación de la demanda por el término de tres días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018; el artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021; los artículos 191 y 110 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y el artículo 201A del CPACA, adicionado por el artículo 51 de la Ley 2080 y, posteriormente, mediante auto de 17 de febrero de 2021, decretó las pruebas a practicar en el proceso, señaló el 24 de febrero de 2021, hora 9:00 a.m., para recibir los testimonios cuya práctica ordenó y fijó para el 25 de febrero de 2021, hora 8:00 a.m., la realización de la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.
El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, el 24 de febrero de 2021, se constituyó en audiencia pública y recibió los testimonios de los señores Mario Germán Hoyos Molina, Alejandra María Castaño González y Maycol Yesid Castillo Salgado.
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Quindío, el 25 de febrero de 2021, celebró la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881. El solicitante, en el curso de la mencionada audiencia, pidió que fueran concedidas las pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos expuestos a lo largo del proceso, en el sentido que el acusado incurrió en la inhabilidad prevista en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Agregó, asimismo, (1) que los abogados no fueron coherentes ni precisos frente a los conceptos que rindieron y que fueron aportados en el proceso; (2) que el contrato de arrendamiento celebrado entre el acusado y el municipio no es de que aquellos que ofrece el ente territorial en igualdad de condiciones a los ciudadanos en ejercicio de sus funciones constitucionales; (3) que los conceptos emitidos por los abogados Mario Germán Hoyos y Diego González García presentan similitudes en su forma, situación que si bien no fue objetada en su oportunidad, no por ello se puede dejar de afirmar que podrían haber sido elaborados en el mismo equipo de cómputo y emitidos para ser incorporados en la demanda; y (4) que un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública le habría señalado al demandado que estaría inhabilitado para ser concejal.
El Procurador 13 Judicial II Administrativo, agente del Ministerio Público que interviene en este proceso, indicó que las pretensiones de la demanda estaban llamadas a prosperar puesto que estaban presentes todos los elementos para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 43 numeral 3° de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617, por haber celebrado el contrato de arrendamiento núm. 13 con el municipio de Circasia dentro del período previsto en la norma.
Estimó probado el elemento subjetivo en atención a que el acusado estuvo en condiciones de conocer la inhabilidad en que se encontraba puesto que sabía leer y escribir; que, si bien recibió una asesoría jurídica errónea frente a su situación particular, lo cierto es que conoció el texto de la norma que contiene la inhabilidad y de su simple lectura era posible conocer sus alcances, lo cual le indicaría que se encontraba incurso en una inhabilidad para aspirar al cargo de concejal.
El demandado, a través de su apoderado judicial, solicitó se declarara la prosperidad de las excepciones de defensa propuestas, reiterando la posición expuesta a lo largo del proceso.
I.5. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia de 4 de marzo de 2021, resolvió:
«[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA la causal denominada “Ausencia de culpabilidad frente a la causal de inhabilidad” y, en consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin lugar a condenar en costas.
TERCERO: Por Secretaría se deberá compulsar copias de la actuación con destino a la Procuraduría General de la Nación para que por medio de sus delegados en el Departamento del Quindío se indague y determine si las actividades desplegadas por el demandado constituyen falta disciplinaria. Lo anterior en virtud del deber de dar aviso a las autoridades disciplinarias de conductas que pudieran incursionar en ese ámbito. (Ley 734 de 2000 art 34 núm. 24).
CUARTO: En firme esta sentencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones en el Sistema Informático de Administración Judicial siglo XXI».
Manifestó la primera instancia que el problema jurídico principal y los problemas asociados eran los siguientes:
«[…] 2. PROBLEMA JURÍDICO PRINCIPAL […] A la Sala Plena le corresponde determinar si: ¿El concejal electo para el Concejo Municipal de Circasia – Quindío, señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, para el período 2020 – 2023, se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades, al haber intervenido en el año anterior a su elección en la celebración de un contrato de arrendamiento con el municipio de Circasia?
Para efectos de resolver el presente caso, de acuerdo con los argumentos esgrimidos por los intervinientes en el medio de control de pérdida de investidura la Sala deberá dilucidar los siguientes tópicos:
2.1. PROBLEMAS JURÍDICOS ASOCIADOS: […] ¿El señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA objetivamente incurrió o no en la inhabilidad contenida en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, y, en consecuencia, si se configura la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136?
En caso de encontrar probada la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura, ¿En su proceder se encuentra probado el elemento subjetivo o culpabilidad?».
Planteó como tesis la consistente en que, si bien se había configurado objetivamente la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136, no ocurría lo propio con el elemento subjetivo, en la medida en que existían pruebas que acreditaban la diligencia debida del acusado tendientes a no incurrir en la causal, esto es, que actuó de buena fe confiando en la rigurosidad y exactitud de los conceptos que solicitó y en los que de manera unánime se le indicaba que no se configuraba una inhabilidad derivada de la suscripción de un contrato de arrendamiento con el municipio en el período inhabilitante.
Encontró probado que el acusado, José Vicente Castillo Cuesta, celebró con el alcalde del municipio de Circasia, el 15 de febrero de 2019, el Contrato de Arrendamiento Núm. 013, correspondiente al local comercial Núm. 1 de la plaza de mercado municipal denominada «La Galería», de propiedad del municipio de Circasia, el cual sería usado como restaurante. El término de ejecución se fijó en dos años y se acordó que la renta sería la suma de $97.000 pesos, los cuales se debían pagar vencido el mes.
Indicó que la copia del citado contrato fue aportado al proceso junto con el acta de inicio y, además, que «[L]a parte demandada no objetó la ocurrencia y vigencia de dicho negocio jurídico». Destacó, asimismo, que estaba acreditado el interés del demandado en la celebración del contrato al permitirle desarrollar una actividad comercial, la de restaurante, que aparejaba beneficios para el núcleo familiar del acusado, lo cual fue ratificado por los testimonios recaudados en el proceso, añadiendo que:
«[…] el municipio de Circasia permitió al arrendatario usar un bien público (local comercial ubicado en plaza de mercado) para un beneficio personal al permitir a cambio de una contraprestación económica hacer uso y explotar económica y comercialmente un bien inmueble, lo que supone además, la obtención de recursos económicos particulares por la explotación del espacio arrendado; lo cual fue ratificado en el proceso y que según las declaraciones, las utilidades económicas reportadas por la explotación del local mencionado fueron destinadas a gastos del núcleo familiar del aspirante a concejal (como los gastos de estudios de sus hijos) […] Además, según la misma prueba testimonial, el municipio de Circasia cubre el gasto del servicio público de agua; también se refirió que el restaurante por su ubicación central en el municipio tiene buena afluencia de comensales, todo ello indica un beneficio para el arrendatario […] Por consiguiente, dicho contrato de arrendamiento al señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA sin duda le reportaba un beneficio personal y patrimonial».
Afirmó que el contrato fue suscrito dentro del período establecido en la norma, esto es, dentro del año anterior a la elección, puesto que habiéndose desarrollado los comicios para elegir a los concejales del municipio de Circasia el 27 de octubre de 2019, el inicio de tal período se contabilizaba a partir del «26 de octubre de 2018», celebrándose tal acuerdo de voluntades el 15 de febrero de 2019, agregando que se ejecutó en el mismo municipio en el que resultó elegido el acusado como concejal, esto es, el municipio de Circasia, por haberse estipulado de esa manera en su cláusula 29, que al tenor indica que «Las actividades previstas en el presente contrato, se ejecutarán en la Alcaldía de Circasia, y domicilio contractual será el municipio de Circasia».
De esta manera la primera instancia encontró reunidos los presupuestos normativos de la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 y, por ello, configurado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura consistente en la violación del régimen de inhabilidades de los concejales, establecida en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136, abordando posteriormente el análisis del elemento subjetivo.
Subrayó, en lo atinente a la culpabilidad del acusado, que existe un deber general en cabeza de quien aspira a ser miembro de una corporación de elección popular, en este caso, del concejo municipal, derivado de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios como ciudadano, de indagar sobre la prohibición que genera inhabilidad contenida en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617, realizando un examen integral de su situación personal, el cual se acentuaba, en este caso, por la situación de haber suscrito un contrato de arrendamiento con el municipio de Circasia.
Aludió a que en el plenario se encontraba un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública relativo a una consulta formulada por el señor Castillo Cuesta por haberse «desempeñado como miembro de la junta directiva de la ESE del mismo municipio, como representante de los usuarios» y en la que indagó si esa situación «le comportaba una inhabilidad para aspirar a concejal […] el escrito emitido le señaló que por ser él un particular representante de usuarios, no le convierte en servidor público, motivo por el cual, en razón de ello, no estaba inhabilitado para aspirar al cargo de concejal».
Relató que:
«[…] el entonces aspirante a concejal desde el año 1979, tiene un grado de escolaridad de bachiller, según se verifica de su hoja de vida registrada en la Función Pública, como concejal del municipio de Circasia aportada al presente asunto. Así mismo, no obran pruebas indicativas de que el demandado hubiese ejercido un cargo público con anterioridad o haya recibido capacitación sobre los alcances que tiene el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 y con ello inferir un conocimiento previo de la causal indicativo de una conducta dolosa; toda su vida laboral estuvo dedicada a la comercialización de alimentos en el sector privado (25 años), en especial, a la venta de almuerzos en el local arrendado por el municipio de Circasia (según las declaraciones de todos los testigos y lo indicado en la contestación de la demanda), dichas circunstancias impedían al aspirante razonablemente, tener un conocimiento preciso y claro del régimen de inhabilidades y/o el orden jurídico aplicable para acceder legalmente al cargo de concejal en la localidad».
Señaló que la situación descrita imponía al acusado el deber de cerciorarse o de asesorarse profesionalmente respecto de su situación jurídica y verificar si resultaba viable (o no) ejercer el derecho fundamental a ser elegido en un cargo de elección popular como lo es el de concejal. Es así como:
«[…] se tiene probado en el proceso que efectivamente el señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, al tener la duda sobre si el hecho de haber suscrito el contrato de arrendamiento aludido, constituía una prohibición o inhabilidad legal para aspirar al cargo de concejal, decidió acudir a profesionales en el derecho para despejar su inquietud y recibir el asesoramiento pertinente. Dicha situación fue ratificada en la declaración de su hijo MAYCOL YESID CASTILLO SALGADO y los abogados MARIO GERMÁN HOYOS MOLINA y ALEJANDRA MARÍA CASTAÑOS GONZÁLEZ, estos últimos coincidieron en que el aspirante a concejal los abordó en primer momento de forma verbal a efectos de realizar el análisis jurídico de la situación, y posteriormente, les requirió un concepto por escrito sobre el objeto de la consulta.
Al respecto, los abogados MARIO GERMAN HOYOS MOLINA (30 de mayo de 2019), DIEGO GONZÁLEZ GARCÍA (24 de junio de 2019) y ALEJANDRA MARÍA CASTAÑOS GONZÁLEZ (27 de junio de 2019), emitieron conceptos por escrito en las fechas referidas, respecto a la inquietud jurídica de la inhabilidad reseñada con destino al aspirante. Los profesionales del derecho en sus escritos que obran en el proceso (carpeta contestación de la demanda), interpretaron de manera coincidente, que la causal de inhabilidad de que trata el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 en el caso del señor CASTILLO CUESTA no se configuraba. Concretamente estimaron que no todos los contratos suscritos por un ciudadano se subsumen en la causal que implica la inhabilidad en estudio; el requisito de interés directo en el contrato que señala la norma, debía entenderse como aquel que reporta una utilidad económica para el contratista, es decir, para el caso consultado, en el arrendatario. Así entonces, por tratarse de un contrato de arrendamiento dicha utilidad no era apreciable, dado que es el arrendatario a favor del municipio de Circasia. Así las cosas, desde su óptica, no existía posibilidad de obtener beneficios electorales a través del contrato descrito; agregada la circunstancia de no concurrir un egreso de recursos públicos de parte del municipio de Circasia; en uno de los conceptos se citó una sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, sin número de radicado, del 25 de agosto de 2016, Consejero Ponente Yepes Barreiro, que menciona: “es necesario que se acredite que la intervención en el contrato estatal aportó beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales a sí mismo o a terceros”; el último de los conceptos agregó, que la sola suscripción del contrato no es un acto generador de recursos, puesto que, es al arrendatario a quien le corresponde asumir el riesgo económico de su negocio.
El abogado MARIO GERMÁN HOYOS MOLINA en su declaración rendida en el proceso, ratificó la autoría del concepto por escrito que obra en el plenario con destino al demandado. Agregó, que su asesoramiento también fue de manera verbal en el mismo sentido. Ratificó la interpretación de la causal de la inhabilidad anteriormente descrita. Explicó que se desempeña como abogado desde el año 1996. Tiene especializaciones en administración pública y derecho penal. Igualmente, se ha desempeñado como asesor jurídico del municipio de Circasia y ha asesorado a varios candidatos al cargo de concejal e integra del equipo (sic) jurídico del partido político CAMBIO RADICAL. Rememoró que el entonces aspirante, le pidió su asesoría porque tenía dudas de una prohibición que le impidiera aspirar al cargo de concejal, ello, ante la suscripción del contrato de arrendamiento en la plaza de mercado. Indicó que era conocedor de los términos jurídicos de ese tipo de contratos por su experiencia laboral con el municipio y por ello, emitió su concepto.
Destacó que otros arrendatarios de esa plaza de mercado han accedido al cargo de concejales y terminaron su periodo constitucional.
La abogada ALEJANDRA MARIA CASTAÑOS GONZALEZ, en su declaración indicó no tener experiencia en el derecho público, pero ante la solicitud de un concepto de parte del concejal respecto de la posibilidad de estar incurso en una inhabilidad por virtud del contrato de arrendamiento, realizó un estudio del tema y emitió la interpretación que obra en el expediente, aceptó la autoría del escrito. En aquella oportunidad consideró que el pacto contractual no le reportaba ningún beneficio económico y por ello, desde su parecer, no se incurriría en la causal del numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617.
Los conceptos escritos aportados al proceso no fueron tachados de falsos, se ratificaron en audiencia de testimonios por sus autores en cuanto a la fecha de elaboración y criterio plasmado en los mismos y tampoco fue promovido por el actor el trámite de desconocimiento del documento en los términos del artículo 272 del CGP. No obstante que en los alegatos de conclusión el demandante puso en duda la fecha de suscripción de los mismos y le extrañó que tuvieran el mismo tipo de letra, como si hubiesen sido elaborados en un mismo computador, sus dudas no son suficientes para destacar su contenido (sic) y su procedencia, pues los abogados manifestaron bajo la gravedad del juramento, que en efecto se expresaron en 2019 y los tipos de letras son comunes a todos los computadores».
Siguiendo lo expuesto, encontró acreditado que el acusado obró con el cuidado requerido puesto que adelantó gestiones para informarse y asesorarse profesionalmente respecto del régimen de inhabilidades aplicables a los concejales municipales y, en particular, frente a la prohibición cuya realización se le atribuye por el hecho de haber suscrito un contrato de arrendamiento con el municipio de Circasia.
Adicionó que en la medida en que el concejal cuestionado no tenía conocimiento claro del alcance de la inhabilidad que se le atribuía, de buena fe, confió en la precisión de los conceptos jurídicos que solicitó a los mencionados abogados, cuyo criterio «provoca seguridad y confianza en que el estudio de su caso fue el más adecuado y certero, al no tener un concepto jurídico en dirección distinta o por lo menos, no existe prueba de ello, tampoco tuvo elementos para poner en tela de juicio la conclusión que recibió como asesoramiento, que como observamos, no corresponde con la jurisprudencia contencioso administrativa respecto a la causal, pero tal aspecto no le es reprochable a su conducta».
Indicó que la sola aptitud de lectura no puede llevar a que se tenga conocimiento del alcance de la causal y su aplicación, la cual ameritó pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, de lo cual colige que la labor de interpretación de las normas es propio de los profesionales del derecho o, al menos, de un profesional diligente para encontrar la fuente de consulta exacta, encontrando, entonces, que la conducta del concejal estaría justificada y descartaría una actuación gravemente culposa pese a incurrir, objetivamente, en la causal de pérdida de investidura.
I.6. El recurso de apelación
El demandante, inconforme con la sentencia de primera instancia, presentó recurso de apelación pues no comparte los planteamientos esbozados por el Tribunal Administrativo del Quindío frente al elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura que se le atribuyó al concejal cuestionado.
Mencionó que estaban presentes los elementos para la configuración de la inhabilidad endilgada al acusado al no poder ser inscrito como candidato ni elegido concejal para el período en que fue electo por haber celebrado un contrato con el municipio de Circasia en interés propio, el cual se ejecutó en ese ente territorial, resultando «[…] inocuo que se hubiere terminado el mismo posterior a la elección, situación que por lo demás no está probada dentro del proceso, y me refiero a la terminación del contrato, máxime cuando a todas luces el señor CASTILLO CUESTA, continúa, usufructuando el bien mueble objeto del contrato en cuestión».
Indicó que no es abogado y actuó como persona natural y por tal razón no tachó de falsos ni solicitó la «prueba caligráfica y grafológica» de los conceptos de los abogados y la estudiante de derecho que fueron aportados al proceso, subrayando que una vez escuchados sus testimonios y las circunstancias que rodearon su elaboración, pudo colegir que «[…] estos conceptos fueron fabricados una vez se llevó a cabo la demanda y no para la época de los hechos como se ha querido hacer ver y creer por parte del Apoderado del señor CASTILLO CUESTA».
Al respecto estimó que los abogados Mario Germán Hoyos Molina y Alejandra María Castaño González, quienes rindieron su testimonio en el proceso, si bien ratificaron lo expuesto en los conceptos, sus declaraciones no fueron coherentes y concordantes, puesto que:
«[…] no fueron abordados desde la perspectiva del contrato mismo de arrendamiento, el cual ninguno de los testigos conoció, ni tuvo en cuenta para dar su concepto y determinar que efectivamente no se encontraba incurso en una causal de nulidad (sic), por lo tanto no comparto la conclusión a la que llega el Tribunal frente a la no configuración del elemento subjetivo.
Los abogados declarantes además manifiestan que el señor CASTILLO CUESTA, al abordarlos para realizar su consulta, se mostraba muy claro en su intención y su voluntad de querer tener su opinión frente a la posible inhabilidad que creía tener, conociendo perfectamente el tema, luego no puede hablarse que el citado señor no tuviere capacidad de raciocinio para entender que es una inhabilidad, cuáles son sus causales, cual es (sic) el espíritu de las mismas, etc., de esta manera no es válida la argumentación hecha por la defensa, en ese sentido.
Tal como lo expreso el Ministerio Público (sic) a través del Procurador Judicial señalando que “estaban colmados todos los supuestos que contempla la inhabilidad previstas (sic) en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, modificada por el artículo 40 de la Ley 617. Añadió que no es dable descartar la culpabilidad del demandado al incurrir en la causal, puesto que el concejal tenía la aptitud de la lectura por su condición de bachiller, es decir, desde su óptica, la sola revisión de la norma implicaba conocer sus alcances, que le indicaban la situación de estar incurso en una inhabilidad para aspirar al cargo de concejal”.
Reitero que los conceptos emitidos por los abogados MARIO GERMÁN HOYOS MOLINA Y DIEGO GONZÁLEZ GARCÍA (sic), presentan muchas similitudes en su forma, pues paradójicamente si se comparan entre sí, se puede observar a simple vista que presentan márgenes similares, el tipo de letra similar, el tamaño de la hoja e incluso si se comparan con el escrito de contestación de la demanda, presentan estas mismas similitudes con este escrito, situación que desde luego no fue objetada en la oportunidad procesal respectiva, pero no puede pasarse por alto esta situación ya que puede dar a pensar que esos conceptos fueron hechos en el mismo equipo de cómputo, por lo tanto que los mismos no fueron elaborados en la época de los hechos, sino armados para contestar la demanda y estructurar la defensa frente a situaciones que no ocurrieron, conceptos que por lo demás argumentan posiciones similares y bajo la misma línea, como si se hubiere concertado para emitirlos.
La defensa quiere hacer ver que el señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, tiene como actividad económica ser propietario de un pequeño establecimiento de comercio, donde sus ingresos económicos no son muy altos, actividad que ejerce en local ubicado en la plaza de mercado del municipio de Circasia, donde solo van las personas que laboran en la plaza o sus alrededores, sin embargo del testimonio de MARIO GERMÁN HOYOS MOLINA e incluso del hijo del demandado, el restaurante es negocio bien acreditado y concurrido por un gran número de personas de todo el municipio de Circasia y sus alrededores, situación que además puede evidenciarse en la página de Facebook del demandado con el nombre Vicente Castillo Cuesta.
Los abogados declarantes no tienen certeza sobre las normas aplicadas al concepto, puesto que cuando se refieren a las normas refieren que creen que es esa norma, más no se nota la misma precisión que tienen en el concepto que entregaron al señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, los abogados declarantes tampoco son precisos en aspectos relevantes de los conceptos, como los honorarios que se pagaron.
Todo lo anterior permite inferir que las actuaciones del señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA demuestran su capacidad de raciocinio y ante todo la culpabilidad que el rigor de la Ley exige para el cumplimiento de la violación».
I.7. Trámite del recurso de apelación
El magistrado ponente en primera instancia, mediante providencia de 6 de abril de 2021, concedió el recurso de apelación.
Repartido el proceso en segunda instancia, el despacho sustanciador del proceso en esta instancia, a través del auto de 14 de mayo de 2021, admitió el recurso de apelación y corrió traslado del auto admisorio, en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, a las partes y al agente del Ministerio Público y, además, denegó el decreto de pruebas en segunda instancia.
Notificada la precitada providencia a los sujetos procesales, solo la parte demandada, a través de su apoderado judicial, presentó alegaciones de conclusión pidiendo la confirmación de la sentencia de primera instancia. El agente del Ministerio Público no intervino dentro del proceso.
La parte demandada, entonces, realizó un pronunciamiento respecto del recurso de apelación presentado por el demandante indicando que, si bien era probable que la inhabilidad que se le atribuyó al acusado estuviera probada, reiteraba que esto no era suficiente puesto que se debía acreditar, igualmente, la culpabilidad del concejal lo cual no ocurrió puesto que se demostró que actuó en forma diligente, prudente y responsable.
Encontró probado que el acusado fue juicioso, diligente y cuidadoso antes de aspirar al concejo municipal de Circasia, añadiendo que es una apreciación subjetiva del apelante la afirmación consistente en que poseía las condiciones intelectuales requeridas, por su condición de comerciante y gestor de lo público, para entender qué es una inhabilidad, puesto que, en su concepto, «[…] si hay algo difícil de entender jurídicamente es el régimen constitucional y legal de las inhabilidades, razón por la cual se vio en la obligación de acudir a conceptos de profesionales del derecho para que lo ilustraran al respecto».
Destacó que los conceptos aportados eran auténticos, veraces y válidos y fueron reconocidos por sus autores, quienes reconocieron sus firmas y explicaron al despacho su contenido e insistió en que no hay algo más complejo de entender e interpretar que una inhabilidad, «[…] que incluso los Honorables Magistrados de Tribunales se equivocan en su interpretación y que el Consejo de Estado al revocar sus sentencias corrigen la misma, por lo que imponerle esta carga a un ciudadano con un escaso bachiller de entender e interpretar jurídicamente una inhabilidad por el hecho de saber leer es irracional y desproporcional».
Consideraciones de la Sala
La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará los siguientes aspectos: i) competencia de la Sala; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del acusado; iii) el problema jurídico a resolver; iv) la causal de pérdida de investidura invocada por el solicitante y, posteriormente, se pronunciará en relación con v) el caso concreto.
II.1. La competencia
Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019; y en el artículo 150 del CPACA.
II.2. La condición de concejal del acusado
El señor José Vicente Castillo Cuesta, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.442.176, tiene la condición de concejal del municipio de Circasia (Quindío) en el período 2020-2023, como lo acredita el formulario E-26 CON, resultado del escrutinio y declaratoria de la elección de los concejales de ese municipio, dentro de los que se encuentra el acusado.
Asimismo, se encuentra el acta que da cuenta de la sesión inaugural del concejo municipal de Circasia (Quindío) correspondiente al período 2020-2023, realizada el 2 de enero de 2020, en la cual tomaron posesión los concejales de ese municipio, entre los cuales se encuentra el acusado.
Por tal motivo, se encuentra cumplido el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los concejales por así disponerlo el artículo 22 de la misma ley.
II.3. El problema jurídico
La sala de decisión, una vez se han agotado los trámites propios de este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, considera que el asunto que debe resolver se contrae a determinar si se configuran los elementos –objetivos y subjetivos– que permitan despojar de su investidura de concejal del municipio de Circasia (Quindío) al señor José Vicente Castillo Cuesta, elegido para el período 2020-2023, por violar del régimen de inhabilidades, causal de pérdida de investidura para estos servidores públicos de acuerdo con el artículo 55 numeral 2° de la Ley 136 en concordancia con el artículo 48 numeral 6° de la Ley 617, al incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, y celebrar, con el municipio de Circasia (Quindío), el contrato de arrendamiento núm. 013 de 15 de febrero de 2019 del local comercial núm. 1 ubicado en la plaza de mercado municipal «La Galería», dentro del año anterior a su elección como concejal, el cual debía ejecutarse en el municipio para el cual resultó elegido.
Para el efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 1° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019, concibe la pérdida de investidura como un proceso de carácter sancionatorio en el que se realiza un juicio de responsabilidad subjetivo, lo que significa que para efectos de establecer si un concejal incurrió en las causales que se le imputan, se requiere analizar, inicialmente, la tipicidad de la conducta, lo que implica establecer si los hechos invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se adecúan a la causal endilgada.
Pero dicho análisis no resulta suficiente para despojar de la investidura a los concejales en la medida en que, adicionalmente y en caso de que se encuentre que la conducta del acusado se adecúa a la causal de pérdida de investidura que se le atribuye, se requiere evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente culposa.
II.4. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye al acusado
A juicio del demandante, el acusado incurrió en la violación del régimen de inhabilidades previsto para los concejales, por intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, conducta descrita en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617.
La Sala, inicialmente, debe recordar que esta Corporación ha sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no indica que dicha causal hubiera sido eliminada, puesto que el numeral 6° del mencionado artículo establece que los diputados, concejales municipales y distritales y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura por las demás causales expresamente previstas en la ley.
Precisamente, la Ley 136, norma que no ha sido derogada en su totalidad por la Ley 617, señala, en el numeral 2° del artículo 55, que los concejales perderán su investidura «2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses». En efecto, en sentencia de 24 de mayo de 2018, esta Sección, en el sentido indicado, destacó lo siguiente:
«[…] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del Consejo de Estado como la Sección Primera, han sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no alude a la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir que la misma haya sido suprimida, toda vez que el numeral 6º del referido artículo 48 prevé con total claridad que los diputados, concejales municipales y distritales, y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.
En las providencias de 23 de julio de 2002, 2 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2012, la Sección Primera consideró lo siguiente:
“[…] Al respecto, se tiene que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación decidió que en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 deben entenderse incorporadas otras causales de Pérdida de la Investidura de concejales municipales, pues no derogó en su totalidad, por ejemplo, en lo concerniente la totalidad de la Ley 136 de 1994. Por ello, con respecto a la vigencia de la violación del régimen de inhabilidades, la Sala Plena asumió por importancia jurídica el estudio del tema arribando a la conclusión de que el numeral 8° del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 remite a causales de Pérdida de la Investidura consagradas en' otras normas, entre ellas, la Ley 136 de 1994, por lo que se entiende que en este aspecto no derogó el numeral 2º del artículo 55 de dicha norma y, consecuencialmente, encontró que la violación al régimen de inhabilidades continúa siendo causal de Pérdida de la Investidura de concejales […]”.
“[…] Frente al cargo de pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de inhabilidades al haber ejecutado un contrato de prestación de servicios en territorio del Distrito y dentro del término de inhabilidad del numeral 4º del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, la controversia gira en torno de establecer si el juez de primera instancia erró al considerar, de una parte, que la violación al régimen de inhabilidades de los ediles no constituye causal de pérdida de investidura y, de otra parte, que las inhabilidades del artículo 66-4 del Estatuto Orgánico de Bogotá, fueron establecidas para la elección de los ediles del Distrito Capital, lo que podría llevar a su anulación mediante la acción electoral, pero realmente no están consagrados como causal de pérdida de investidura en la ley 617 de 2000.
3.1. En cuanto al primer reproche, la Sala acoge lo señalado por esta Sección en providencia del 2 de marzo de 2006, cuando precisó que:
“[…] El régimen de inhabilidades previsto en la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura no fue derogado ni expresa ni tácitamente por la Ley 617 de 2000 en cuanto se refiere a los Concejales. De allí que, no obstante, que nada se dijo respecto de la violación del régimen de inhabilidades por parte de los Concejales y las consecuencias de ella en cuanto a la pérdida de investidura se refiere, se aplicarán las disposiciones que rigen para los Concejales […]” (Negrillas fuera de texto).
En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los Concejales, circunstancia que debe enmarcar la resolución del caso sub examine. […]»
Realizadas las consideraciones anteriores y como se indicó líneas atrás, la inhabilidad que se le atribuye al demandado es la prevista en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, que al tenor señala:
«[…] Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […] 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. […]»
Del contenido de la norma se evidencia que la misma establece tres eventos en los que se prohíbe ser inscrito candidato y elegido concejal municipal o distrital consistentes en:
La intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital;
La intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito; y
Ostentar la representación legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado.
El citado artículo, igualmente, señala un término para la configuración de aquellos eventos de un año antes de la elección.
La Sala Plena de esta Corporación se ha referido a la finalidad de esta inhabilidad, en la siguiente forma:
«[…] 78. En concordancia, son tres los eventos en que se configura la causal de inhabilidad objeto de estudio: 1) haber intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección; 2) haber intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas, en interés propio o en el de terceros, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección; 3) haber sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la elección.
79. Al respecto, la jurisprudencia ha manifestado que esta inhabilidad tiene un sentido:
“(…) eminentemente preventivo, orientado a preservar la igualdad de los aspirantes enfrentados en una contienda electoral, bajo el propósito de precaver, de una parte, la indebida utilización de la condición de candidato en las diligencias que éste adelante ante entidades oficiales y de la otra, la utilización por el candidato de sus vínculos y relaciones con estos entes para acreditarse ante el electorado.
De ello surge, como lo ha considerado la jurisprudencia de la Corporación al ocuparse del estudio de esta causal, que para su configuración no se requiere que el deseo o la intención se logren en la práctica, como consecuencia de las diligencias o de las actuaciones adelantadas. Lo relevante es la potencialidad que la participación en diligencias ante entidades públicas le otorga al aspirante en la obtención de ventajas respecto de los demás candidatos, quienes no tienen posibilidades para relacionarse con entidades públicas a ese nivel.”
80. La finalidad de la inhabilidad se encuentra sustentada en el principio de igualdad entre los candidatos, que impide que se puedan utilizar ventajas electorales como instrumento para obtener la calidad de congresista. Es por esto, que en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente se manifestó:
“En cuanto al tema de la gestión de negocios inhabilita para presentarse como candidato y para ser elgido (sic), es un tema que muchos de los presentes han tratado y algunos no entienden la razón de ser, básicamente tiene dos cuestiones, uno es el hecho de evitar que una persona con dineros del estado, si es contratista, haga las labores de la campaña o a travs (sic) de hacer la obra en una comunidad que se siente beneficiada, adquiera la influencia necesaria para ser elegida, (…); adicionalmente, no hay duda de que la eventualidad de ser elegido a una corporación crea una situación de ventaja frente a la entidad o empleado público ante la cual una persona está gestionando (…) ”
81. Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros proponentes […]»
La prohibición en que habría incurrido el acusado resulta ser la consistente en la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
Frente a los elementos para la configuración de la prohibición relacionada con la celebración de contratos contenida en la mencionada norma, esta Sección ha señalado que se requiere la presencia de los siguientes elementos:
«[…] 31. Es importante resaltar que la norma indicada supra establece tres supuestos fácticos para la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 3.° del artículo 43 ejusdem, a saber: el primero, relativo a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, en interés propio o de terceros. El segundo, relativo a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito; y, el tercero, según el cual no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
32. Atendiendo a que, en el caso sub examine, la solicitud de desinvestidura se fundamentó en el segundo supuesto contenido en la normativa anterior y a que el Tribunal, en la sentencia impugnada, consideró que se configuró la inhabilidad y, en consecuencia, la causal de desinvestidura: la Sala procederá al estudio de los elementos para la configuración de la inhabilidad relativa a que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal “[…] [q]uien dentro del año anterior a la elección haya intervenido […] en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito […]”.
33. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 4 de octubre de 2018, consideró que la inhabilidad establecida en el numeral 3.º del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, se configura siempre que se acrediten los siguientes elementos acumulativos: “[…] i) la celebración del contrato con entidad pública de cualquier nivel; ii) que la celebración del contrato lo haga en interés propio o de terceros, iii) que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal; y iv) que el contrato se ejecute en el mismo municipio para el cual resultó elegido como concejal […]”.
34. En relación con el elemento relativo a “[…] la celebración de contrato con entidad pública de cualquier nivel […]”, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que “[…] se encuentra dirigido a que el sujeto haya acordado libre y voluntariamente con una entidad de naturaleza pública [de cualquier nivel], la estipulación de obligaciones mutuas, ya sea que estas sean o no de carácter pecuniario, de modo que a partir de dicho acuerdo ambas partes adquieren obligaciones […]”.
35. En relación con los demás elementos, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que “[…] el relativo al periodo inhabilitante, […] hace referencia a que el contrato se haya suscrito dentro de los doce meses anteriores a la elección del concejal. Respecto el interés, se entiende que el negocio jurídico celebrado reporte beneficios para los contratantes o para terceros, y que la ejecución del mismo se haya dado en la entidad territorial (municipio o distrito) en la que se realizó la correspondiente elección […]”. Se aclara, además, que según lo ha explicado la Sección, “[…] el interés al que se refiere la norma no necesariamente debe tener un contenido económico o pecuniario, de suerte que, para que este se configure, no es forzoso que el contrato reporte una utilidad económica […]”.
36. En suma, para efectos de determinar si se configura o no la causal de desinvestidura por violación del régimen de inhabilidades indicada supra, se deben estudiar los cuatro elementos acumulativos, previamente mencionados, a saber: i) la celebración de contrato con entidad pública de cualquier nivel; ii) que la celebración del contrato se haga en interés propio o de terceros; iii) que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal y iv) que el contrato se ejecute en el mismo municipio en el cual resultó elegido el concejal respecto del cual se solicita la declaratoria de desinvestidura […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto)
II.5. El caso en concreto
II.5.1. La presencia de los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura
Una vez establecido el alcance y los elementos que deben concurrir para la configuración de las prohibiciones consistentes en la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, la Sala analizará el caso en concreto.
II.5.2. La celebración de contrato con entidad pública de cualquier nivel
En el plenario se encuentra copia del contrato de arrendamiento núm. 13 celebrado el 15 de febrero de 2019 entre el alcalde del municipio de Circasia (Quindío), representante legal de ese ente territorial, como arrendador, y el señor José Vicente Castillo Cuesta, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.442.176, como arrendatario, mediante el cual se concedió el uso y goce del «[…] LOCAL COMERCIAL INTERIOR NÚMERO: 01 ADAPTADO PARA USO EXLCUSIVO (sic) DE UN RESTAURANTE, LOCAL UBICADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 10, EL CUAL HACE PARTE DEL INMUEBLE DENOMINADO: PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL: LA GALERÍA, INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA FICHA CATASTRAL NÚMERO: 010100510001000, CUYO PROPIETARIO ES EL MUNICIPIO DE CIRCASIA, QUINDÍO», por el término de dos años (CLÁUSULA 5.- PLAZO Y DURACIÓN DEL CONTRATO).
II.5.3. Que la celebración del contrato se haga en interés propio o de terceros
Esta Corporación se ha pronunciado respecto de las características y elementos esenciales del contrato de arrendamiento, en la siguiente forma:
«[…] 6. El contrato de arrendamiento.
El de arrendamiento es un contrato en el que las partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o a prestar un servicio y la otra a pagar por ese goce, obra o servicio un precio determinado, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1973 del Código Civil.
De acuerdo con tal definición, puede afirmarse que son características del contrato de arrendamiento su bilateralidad, comoquiera que se celebra entre dos sujetos de derecho entre los cuales surgen obligaciones recíprocas que se sirven mutuamente de fundamento: las del arrendador consisten en entregar al arrendatario la cosa arrendada y en procurarle al arrendatario el uso y goce de la misma, mientras que las de éste consisten básicamente en conservar la cosa en el estado en el cual la recibió, pagar los cánones pactados y restituir el objeto material del contrato al término del mismo; su onerosidad, dado que el precio es uno de sus elementos esenciales y en cuya ausencia el contrato se torna en comodato; su conmutatividad, toda vez que las prestaciones a cargo de cada una de las partes se toma como equivalente de las asumidas por la otra y, finalmente, su carácter de tracto sucesivo, en la medida en que las obligaciones surgidas del contrato no pueden cumplirse instantáneamente sino que conllevan cierta duración en el tiempo.
El análisis de su regulación legal, como lo ha sostenido esta Sala, permite inferir que son elementos esenciales de esta modalidad contractual, los siguientes: (i) el otorgamiento del goce o uso de un bien; (ii) el precio que se paga por el uso o goce del bien y (iii) el consentimiento de las partes; a este respecto, la Corte Suprema de Justicia ha afirmado lo siguiente:
“La definición que del contrato de arrendamiento trae el art. 1973 ibídem indica que son de su esencia, de un lado, una cosa, cuyo uso o goce concede una de las partes a la otra o la prestación de un servicio o la ejecución de una obra, y del otro, el precio que se debe pagar por ese goce, obra o servicio. En el primer caso, que es el que interesa en la litis de que ahora conoce la Corte, la concesión del goce o uso de la cosa y el precio que por ella se paga, amén del consentimiento de las partes que lo celebran, como es obvio, son elementos esenciales del contrato de arrendamiento de cosas” (Se subraya).
[…]
Si bien en el derecho privado el contrato de arrendamiento puede tener un carácter consensual, tanto los de arrendamiento administrativos –regidos por el Decreto-ley 150 de 1976 y por el Decreto-ley 222 de 1983-, como los estatales -a la luz de la Ley 80 de 1993-, deben elevarse a escrito y han sido considerados como solemnes por la Jurisprudencia de la Sala de Sección. En efecto, así se ha expresado:
“La jurisprudencia de la Sala ha determinado, en relación con la prueba de la existencia de los contratos celebrados por el Estado, que en la generalidad de los casos, su existencia pende y se acredita mediante el documento escrito, razón por la cual se reputan solemnes, tal como lo han dispuesto las distintas regulaciones contractuales, así: artículo 18 del Decreto 150 de 1976, artículo 26 del Decreto-ley 222 de 1983 y artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993”. […]» (Subrayado y resaltado fuera de texto)
Las partes que celebraron el contrato de arrendamiento núm. 13 de 2019 señalaron como consideraciones, las siguientes:
«[…] 8) Que la Administración Municipal de Circasia, Quindío, a través de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, ha elaborado los correspondientes Estudios Previos y Estudios del Sector para desarrollar el presente contrato. 9) Que el municipio de Circasia, ha recibido una solicitud o carta de intención por parte del (la) señor (a): JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19442176, mediante la cual solicita al municipio realizar una evaluación sobre la posibilidad de alquilar o arrendar nuevamente el espacio o locación (Inmueble) en el que viene realizando su actividad comercial desde tiempo atrás; local que hace parte del bien inmueble donde históricamente ha funcionado la Plaza de Mercado Municipal, denominada: La Galería. 10) Que el municipio de Circasia, Quindío, ha analizado tal solicitud, y encontró procedente celebrar el contrato de arrendamiento pretendido, además, acudiendo al artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, que consagra: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…), en este caso se está brindando un servicio a la ciudadanía circasiana y a los turistas que visitan la localidad, además se propende por la comodidad, seguridad, generación de empleo y la dinamización económica dentro del municipio de Circasia […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto)
Como obligaciones principales a cargo de los contratantes, se pactaron las siguientes:
«[…] CLÁUSULA 3.- OBLIGACIONES POR PARTE DEL ARRENDATARIO (A): El ARRENDATARIO(A) tendrá como mínimo las siguientes obligaciones: A) Pagar al ARRENDADOR el canon mensual de arrendamiento en lugar, fecha y cantidad, tal y como se convenga en el presente contrato. B) Velar y cuidar por la conservación del inmueble y sus anexidades (paredes, techo, puertas y cerraduras) recibidas en arrendamiento. En caso de daño o deterioro distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo y que fueren imputables al mal uso del inmueble o a su propia culpa, deberá efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones del caso […] CLÁUSULA 4.- OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO ARRENDADOR: A) Hacer entrega de la locación a al ARRENDATARIO (A) (sic) en buenas condiciones y a entera satisfacción. B) Debe suministrar al ARRENDATARIO (A) copia del presente contrato de arrendamiento con firmas originales, si no lo hace será sancionado por la autoridad competente conforme a las normas vigentes. C) Expedir los recibos de pago en que conste la fecha, cuantía y período al cual corresponde el pago del arrendamiento, so pena de que sea obligado, en caso de renuencia, por la autoridad competente […]»
El contrato de arrendamiento núm. 13 de 2019 es un contrato suscrito en interés de ambos contratantes por su carácter oneroso y conmutativo, del cual surgen obligaciones para ambas partes.
Desde el punto de vista del arrendatario, el señor José Vicente Castillo Cuesta suscribió el contrato de arrendamiento en interés propio en la medida en que a través de este acuerdo de voluntades podría recibir un local comercial de propiedad del municipio de Circasia (Quindío) para desarrollar la actividad comercial de restaurante, esto es, para su disfrute y goce, con la consecuente obligación de pagar la renta que, de acuerdo con la cláusula 6 del contrato, fue fijada en la suma de «NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($97.000) M/CTE, mensuales para el año 2019. FORMA DE PAGO: El anterior valor del canon de arrendamiento, será parte del ARRENDATARIO(A)».
II.5.4. Que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal
El numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, señala expresamente que la prohibición consistente en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, debe darse dentro del año anterior a la elección.
Siguiendo el formulario E-26 CON, acta parcial del escrutinio municipal concejo, expedido por la autoridad electoral, que declara la elección de los «[…] CONCEJALES del departamento de QUINDIO, municipio de CIRCASIA para el período 2020-2023 […]», las elecciones al concejo municipal de Circasia se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019, por lo que el período fijado en la norma inició el 27 de octubre de 2018, razón por la cual, entonces, el contrato de arrendamiento núm. 13 de 2019 se celebró dentro del año anterior a la elección al haberse suscrito el 15 de febrero de 2019.
II.5.5. Que el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el mismo municipio en el cual resultó elegido el concejal respecto del cual se solicita la pérdida de investidura
En la medida en que la inhabilidad establecida el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, se materializa con la celebración efectiva del contrato estatal, independiente de su ejecución o liquidación los cuales se ubican por fuera de los supuestos que prevé la disposición, el elemento territorial se configura siempre que pueda deducirse del acuerdo de voluntades que el lugar de su ejecución o cumplimiento es el municipio o distrito en el cual el acusado funge concejal.
Del contenido del contrato de arrendamiento se deduce claramente que debía ejecutarse o cumplirse en el municipio en el cual resultó elegido el concejal acusado, esto es, el municipio de Circasia, puesto que, el objeto del contrato (cláusulas 1 y 2) radica precisamente en conceder el uso y goce de un inmueble ubicado en ese municipio y que es de su propiedad.
A lo expuesto se suma que las partes señalaron, en la cláusula 29, que «CLÁUSULA 29 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente Contrato, se ejecutarán en la Alcaldía de Circasia, Quindío, y el domicilio contractual será el Municipio de Circasia, Quindío».
La Sala estima, entonces, que se encuentra configurada la inhabilidad contenida en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, esto es, que se encuentra acreditado que el acusado, José Vicente Castillo Cuesta, concejal del municipio de Circasia para el período 2020-2023, intervino (como contratista) en la celebración de contratos (contrato de arrendamiento núm. 13 de 2019) con entidades públicas de cualquier nivel (con el municipio de Circasia) en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, dentro del año anterior a la elección (contrato de arrendamiento núm. 13 suscrito el 15 de febrero de 2019 y fecha de la elección 27 de octubre de 2019) y, de esta manera, probada, objetivamente, la violación del régimen de inhabilidades de los concejales.
II.5.6. La presencia del elemento subjetivo para la configuración de la causal de pérdida de investidura
La Sala, una vez acreditado que en el presente asunto el acusado, objetivamente, violó el régimen de inhabilidades, causal de pérdida de investidura para los concejales, al incurrir en la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por celebrar el contrato de arrendamiento núm. 13 de 15 de febrero de 2019, se procederá al análisis del elemento subjetivo de culpabilidad.
Se debe advertir que el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de 2019, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura «[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]», norma posterior a los hechos que se juzgan pero que resulta aplicable al presente caso en virtud del principio de favorabilidad en la medida en que, por un lado, la situación no se encuentra consolidada; y, por el otro, establece una situación más favorable al demandado relativa a aquel elemento. Por ello, en el presente asunto, se deberá acreditar que la conducta desplegada por el acusado lo fue con dolo o culpa grave.
En relación con el análisis de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura esta Sección acogió los planteamientos esbozados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-424 de 2016 y esbozó en la sentencia de 25 de mayo de 2017, su posición en relación con este aspecto, la cual ha sido reiterada por esta Sala en las decisiones de 8 de junio de 2017, de 2 de agosto de 2017, 21 de septiembre de 2017, 12 de octubre de 2017, 20 de octubre de 2017, 27 de octubre de 2017, 10 de noviembre de 2017, 1 de febrero de 2018, 26 de abril de 2018, 10 de mayo de 2018, 24 de mayo de 2018, 8 de junio de 2018, 4 de octubre de 2018, 3 de mayo de 2019, 16 de mayo de 2019, 13 de junio de 2019 y 19 de septiembre de 2019.
En reciente sentencia de 11 de marzo de 2021, nuevamente se prohijaron los criterios elaborados en la citada providencia de 25 de mayo de 2017, en la siguiente forma:
«[…] Previo a continuar con la indagación de la conducta del concejal demandado, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 2017, frente al análisis del elemento subjetivo, que al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública, que comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.
• Son causales de pérdida de investidura: el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades; la indebida destinación de dineros públicos; el conflicto de intereses y el tráfico de influencias debidamente comprobado.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político existente entre el elector y el elegido, que es un elemento fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando el candidato se presenta ante el electorado hace una declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 Superior, por regla general, los procesos sancionadores proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que las garantías del debido proceso sancionador también deben ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura constituye una norma aplicable, de inevitable observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede medirse únicamente por el resultado, en el segundo es indispensable evaluar la conducta y la intención en la producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los demandantes en este caso es fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular con la convicción de que no se encontraban inhabilitados para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno a la interpretación de la causal en debate, sino también actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al debido proceso del demandado, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la validez del voto popular […]”.
Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta desplegada por el demandado -la celebración de un contrato público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó la sentencia C-237 de 2012 “la pérdida de la investidura tiene a la Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del representante popular. En efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi estatal”, carácter cuya excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico” […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Asimismo, en la sentencia de 11 de febrero de 2021, la Sección señaló lo siguiente:
«[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura
126. Visto el artículo 1 de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019 “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas [en este caso concejales] que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”.
127. En este punto, es importante resaltar lo expuesto por esta Sala, en sentencia de 4 de febrero de 2020, consideró que “[…] la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y esta Sección han resaltado la diferencia entre la figura de la pérdida de investidura y el derecho disciplinario […]”.
128. En esa oportunidad, la Sala citó las sentencias proferidas, por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el 30 de junio de 2015, y por esta Sección, el 15 de marzo de 2018, y concluyó, por un lado, que “[…] [n]o resulta entendible, entonces, la tesis planteada por el apelante consistente en que el grado de culpabilidad que debería acreditarse, con sustento en las normas disciplinarias, es la culpa gravísima puesto que, además de la diferenciación y autonomía de estas dos figuras, desconoce el tenor literal de las disposiciones aplicables en el proceso de pérdida de investidura que establecen que el grado de culpabilidad que debe verificarse en la conducta del miembro de una corporación de elección popular es el dolo y la culpa grave […]”; y, por el otro, que sería “[…] bajo los criterios que ha expuesto esta Sección dentro del trámite de los procesos de pérdida de investidura cuya competencia le está asignada, precisa que analizará la existencia del elemento subjetivo en la conducta desplegada por los acusados, esto es, el dolo o la culpa grave […]”.
129. Ahora bien, visto el artículo 4 de la Constitución Política, “[…] [e]s deber de los nacionales […] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]”. Asimismo, visto el artículo 9.º del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”. Dicha norma fue objeto de examen de constitucionalidad y, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, la Corte Constitucional consideró lo siguiente:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados […]
Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”. […]
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia.
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados de cumplirlos […]” (Negrillas fuera de texto).
130. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus puniendi del Estado […]”.
131. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).
132. Lo anterior porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable […]”.
133. Precisado lo anterior, es importante resaltar que el estudio del elemento subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico; entretanto, la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
134. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
135. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido […]».
Será, en consecuencia, bajo los criterios que ha expuesto esta Sección en el trámite de los procesos de pérdida de investidura cuya competencia le está asignada, que se analizará la existencia del elemento subjetivo en la conducta desplegada por el acusado y los argumentos del recurso de apelación formulado por el demandante.
Como se indicó anteriormente, la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.
En el presente asunto, se aportó copia del formato de hoja de vida del señor José Vicente Castillo Cuesta presentada por este para tomar posesión del cargo de concejal del municipio de Circasia, el cual muestra que tiene como formación académica la de «[…] Bachiller […]», con fecha de grado «[…] MES 11 AÑO 1979 […]» y que su experiencia laboral se ha desarrollado, únicamente, en el sector privado.
De otro lado, se puede constatar que el acusado acudió a la asesoría de abogados. La Sala debe recordar que, en punto de los conceptos y asesorías jurídicas ha señalado que:
«[…] (iii) No es cualquier gestión la que permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por superada la censura de su conducta. Precisamente, como se indicó en líneas atrás, el análisis de la culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el comportamiento desplegado por el demandado.
Además, en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto)
En el expediente se encuentra el concepto rendido por el abogado Mario Germán Hoyos Molina, con fecha de recibido de 30 de mayo de 2019, cuyo contenido, en sus partes más importantes es el siguiente:
«[…] REFERENCIA: Emisión de concepto por escrito
Conforme a la referencia, y atendiendo a la consulta por usted realizada, en la cual me pregunta si yo como profesional del Derecho considero que usted JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.442.176 se encuentra inhabilitado para aspirar al Concejo Municipal de Circasia Q. y por ende ser Concejal de este Municipio, teniendo en cuenta que usted ha sido comerciante durante casi toda su vida en el Municipio de Circasia y que conforme a ello usted ha venido suscribiendo contratos de arrendamiento de local comercial para uso de un Restaurante que se encuentra ubicado en el puesto número 1 de la Calle 6 entre Carreras 9 y 10, el cual hace parte del inmueble denominado: Plaza de Mercado Municipal: La Galería, inmueble identificado con ficha catastral número 01010051000100, cuyo propietario es el Municipio de Circasia Quindío, esto teniendo en cuenta que para el año que se encuentra en curso usted firmo (sic) como arrendatario de dicho local comercial.
Teniendo en cuenta lo anterior me permito emitirle el siguiente CONCEPTO:
Principalmente es importante tener claro que se entiende por inhabilidad, y para esto la Jurisprudencia ha señalado que “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Teniendo claro esto, es importante resaltar que dado al carácter prohibitivo de las inhabilidades, estas son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en una ley o en la Constitución Política.
En lo que se refiere a las inhabilidades para ser concejal, el Artículo 312 de la Constitución Política dispone que “(…) La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos (…)”
Para el caso en concreto, encontramos la Ley 617 del 2000, la cual en su Artículo 40 establece expresamente cuáles son las INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES, veamos:
(…)
Así las cosas, para el caso que nos ocupa es importante analizar lo expuesto en el numeral 3° del mencionado artículo, toda vez que dentro del mismo se establece que estará inhabilitado para ser Concejal Municipal aquella persona que dentro del año anterior a la elección haya celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deben ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Pero es aquí donde resulta importante resaltar a qué tipo de contratos me está haciendo alusión la norma, lo cual se define de forma clara al leer lo dispuesto por la misma y al interpretarlo conforme a lo expuesto por parte del Consejo de Estado; y es en este punto donde resulta importante manifestar que el Honorable Consejo de Estado en jurisprudencia reiterada, precisó cual era la finalidad de esta prohibición, y sostuvo que “cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se puede deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opciones de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular”. (Subrayado fuera del texto original)
Y es aquí, que conforme a lo expuesto, resulta importante aclarar que la norma solo hace referencia a los contratos que se suscriben con ánimo de otorgar beneficios lucrativos, es decir en donde existe una remuneración económica o favorable por parte del contratante hacia el contratista encaminada a beneficiar o financiar la campaña electoral del aspirante. Y para este caso usted señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA, no se está beneficiando de un contrato con el cual vaya a recibir aportes económicos generados por parte de la Administración Municipal de Circasia Quindío, por el contrario, es usted quien tiene la obligación económica con el Municipio en el pago del canon de arrendamiento pactado dentro del mencionado contrato y es usted quien deberá por medio del ejercicio de su actividad comercial adquirir el dinero necesario para ello.
Es así que, conforme a la jurisprudencia expuesta, al estudio jurídico y al análisis en concreto realizado a este caso en particular, como profesional del Derecho (sic) considero que usted NO SE ENCUENTRA INHABILITADO PARA SER CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO, por las razones anteriormente expuestas […]»
Igualmente reposa el concepto elaborado por el abogado Diego González García de fecha 23 de junio de 2019 y de recibido 24 de junio de 2019, cuyo contenido, en sus partes más importantes es el siguiente:
«[…] ASUNTO: INHABILIDAD DE CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA Q.
SE ME CONSULTA: Si una persona que aspira a ser Concejal del Municipio de Circasia Quindío en las elecciones de Octubre de 2019, y que había suscrito contrato de arrendamiento de un local comercial con el Municipio en Febrero del mismo año ¿se encuentra inhabilitado?
Al respecto me permito informarle lo siguiente:
La Ley 136 de 1994 en su Artículo 43 establece:
[…]
Ahora bien, es importante entender el sentido de que tipo de celebración de contratos hace referencia la norma citada, y para ello se debe traer a colación la sentencia C-618 del 27 de noviembre de 1997 emitida por la Corte Constitucional, en la cual se señala las finalidades constitucionales que se persiguen con dicha inhabilidad, así:
[…]
En síntesis, el contrato al cual hace referencia la norma, es a aquel (sic) que genera un provecho económico para la persona con la cual se está suscribiendo, es decir, el contratista, utilidad que debe ser específicamente económica, pues en la misma se debe de ver afectado los recursos públicos para el cumplimiento del contrato suscrito.
Dicho de otro modo, que el o los contratos que celebre la persona interesada en aspirar al Concejo generen una afectación al erario público, y para que ello exista necesariamente debe existir una obligación por parte de la entidad, que en este caso es el Municipio de Circasia Quindío, en la cual este se obligue a realizar una prestación económica a la parte contratada. Lo cual es totalmente contrario al caso en particular, ya que nos encontramos frente a un contrato de arrendamiento, contrato en el cual el encargado de realizar la prestación económica es el contratista hacia el contratante, es decir en este caso es la persona que se encuentra interesada en aspirar al Concejo Municipal la que tiene la obligación de realizar el pago del canon de arrendamiento pactado en el contrato que se suscribió, caso en el cual en ningún momento se verán afectados los recursos públicos del Municipio.
Es así que, en criterio de este profesional y estudioso del Derecho, dentro del numeral 3° del Artículo 40 de la Ley 136 de 1994, modificada por el Artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en la expresión “celebración de contratos” no se encuentra inmerso el contrato de arrendamiento, pues el mismo NO se encuentra en los términos de aquellos contratos que afectan el recurso público, es decir, en aquellos contratos en los cuales al ser suscritos le generen un gasto económico a la entidad, y para el caso en concreto, el contrato de arrendamiento nunca generará dicha obligación para el Municipio de Circasia Quindío dada las especificaciones jurídicas de esta modalidad de contratación.
Es por ello que, con fundamento en lo expuesto, la persona que aspira a ser elegido Concejal del Municipio de Circasia en las elecciones de Octubre de 2019 y celebró contrato de arrendamiento en el mes de Febrero del mismo año NO SE ENCUENTRA INHABILITADO para ser elegido como concejal y ser miembro de dicha corporación pública […]»
Se encuentra, asimismo, el concepto de la abogada Alejandra María Castaños González con fecha de recibido 27 de junio de 2019, cuyo contenido, en sus partes más importantes es el siguiente:
«[…] CONCEPTO […] Solicitante: JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA […] Referencia: INHABILIDAD PARA SER CONCEJAL […] Fecha: 26 de Junio del año 2019 […] JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA solicita se le sea resuelto el siguiente interrogante:
¿Existe algún tipo de inconveniente si yo he venido suscribiendo durante varios años contratos de arrendamiento con el Municipio de Circasia Quindío y para el año en curso ya firmé el mencionado contrato, y deseo aspirar al Concejo Municipal de esta localidad?
Para contestar el citado interrogante, se debe tener claro que el “inconveniente” al cual se hace referencia, es denominado técnicamente INHABILIDAD, situación que se encuentra regulada en el Artículo 40 de la Ley 617 del 2000, en donde se establece cuáles son las inhabilidades, es decir las condiciones expresas por las cuales una persona no puede ser Concejal si ha realizado alguna de las situaciones allí dispuestas, y para este caso en concreto es importante analizar específicamente el numeral 3° del mencionado artículo, veamos:
[…]
Teniendo claro que la inhabilidad se genera en la celebración de contratos con cualquier entidad pública en interés propio o de terceros, resulta importante entender a qué tipo de contratos está haciendo referencia la norma, porque la misma NO INCLUYE TODOS LOS CONTRATOS, es decir, se debe estudiar el sentido de la misma, y para ello es importante establecer que el interés mismo de lo regulado en esta Ley va direccionado al beneficio que se le puede dar a la persona que está suscribiendo el contrato y que con este beneficio la persona pueda obtener de alguna forma un apoyo para su campaña electoral. Pues así lo dio a entender la Sección Quinta del Consejo de Estado, en Sentencia del 25 de Agosto del año 2016, cuyo Magistrado Ponente fue el Dr. Alberto Yepes Barreiro, en la cual se estableció que “no es suficiente con que se prueba el elemento temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es necesario que se acredite que la intervención en el contrato aportó beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales a sí mismo, es decir, al candidato o a terceros”.
Situación que no resulta para el caso en particular, toda vez que en la misma se está suscribiendo un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, contrato en el cual la parte contratante es quien resulta obtener el beneficio económico a cambio de arrendar un bien para que este sea utilizado conforme a lo establecido en el contrato.
Ahora bien, para el presente caso, el señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA ha venido suscribiendo durante muchos años el mismo contrato de arrendamiento que suscribió para el año en curso, por lo cual no cabría decir que con la suscripción de este contrato se está aportando un beneficio patrimonial o extrapatrimonial que de alguna forma beneficie su campaña como Concejal del Municipio de Circasia, o que la suscripción del mismo genere directamente un enriquecimiento en su patrimonio, pues como es claro, en este contrato existe una obligación expresa que es la de pagar el canon de arrendamiento y será JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA quien deberá trabajar al interior de su local comercial para poder generar los lucros económicos necesarios para cubrir sus deferentes gastos, pues el simple hecho de suscribir este contrato no se los da, es él quien deberá correr el riesgo económico de que su negocio le otorgue las ganancias suficientes, pues en este contrato el Municipio no le esta regalando (sic) el entable al particular, o le esta asegurando (sic) una venta fija, simplemente se lo está arrendando y en este caso el Municipio solo se preocupa por recibir un canon de arrendamiento.
Es con fundamento en todo lo anteriormente expresado, que como Abogado considero que la inhabilidad descrita en el numeral 3° del Artículo 40 de la Ley 617 del 2000 no cobija al contrato de arrendamiento, y por tal razón para el caso en concreto, no se genera una inhabilidad en el señor JOSÉ VICENTE CASTILLO CUESTA para que el mismo sea Concejal del Municipio de Circasia Q […]»
Dentro del trámite del proceso se recibieron los testimonios de los señores Mario Germán Hoyos Molina, Alejandra María Castaños González y Maycol Yesid Castillo Salgado.
El señor Mario Germán Hoyos Molina indicó en su testimonio que era abogado litigante graduado en el año 1996, especialista en derecho penal de la Universidad de Caldas y en administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Reconoció que el señor José Vicente Castillo Cuesta le consultó si tenía alguna inhabilidad o incompatibilidad para ser elegido concejal, a lo cual respondió, luego de estudiar el caso, que él podía perfectamente ser candidato al concejo municipal de Circasia.
Destacó que estudió las leyes 136 (artículo 40) y 617, elaborando un concepto jurídico sobre el régimen de inhabilidades, precisando que el caso particular del acusado consistía en ser arrendatario de un local en la plaza de mercado de Circasia, más conocida como La Galería, actividad que ha venido desempeñando desde hace mucho tiempo, mínimo desde hace 20 años, explicando, entonces, que lo que buscaba el legislador con la prohibición de celebrar contratos con el Estado es que el contratista no vaya a tener ventajas frente a los demás candidatos, las cuales no se presentaban frente al señor José Vicente Castillo Cuesta puesto que no recibe ninguna remuneración del municipio y, por el contrario, es él quien tiene que pagarla.
Resaltó que tuvo experiencia en el servicio público en instrucción criminal –antes de convertirse en la Fiscalía General de la Nación–; en la Fiscalía General de la Nación –como coordinador del área de criminalística y director del Cuerpo Técnico de Investigación en la Seccional Manizales–; así como Personero Municipal de Circasia; como asesor jurídico del Servicio Nacional de Aprendizaje; como concejal del municipio de Circasia; como asesor jurídico del municipio y del Hospital de Circasia; y, en la actualidad, es abogado litigante. Agregó que en época de elecciones se integra a los equipos jurídicos de las campañas.
Manifestó que tuvo varias conversaciones con el señor Castillo Cuesta sobre su situación personal y que, posteriormente, este le solicitó, verbalmente, la elaboración de un concepto jurídico por escrito, reconociendo que es el que fue aportado con la contestación de la demanda y que está suscrito por él y tiene el logo que emplea en su oficina de abogado; que tenía conocimiento de otras personas que eran arrendatarios de locales comerciales en la plaza de mercado y fueron concejales del municipio de Circasia, las cuales terminaron sus períodos sin contratiempo alguno, citando al señor Javier Bustamante y al padre de esta persona y a la señora Isabela, sin identificarla completamente; y que supo que el señor José Vicente Castillo Cuesta habría sido candidato al concejo en dos oportunidades anteriores pero no había podido acceder a tal dignidad.
Afirmó que para rendir su concepto consultó la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral, no obstante, no recordó cuáles sentencias; que para elaborarlo no revisó el contrato de arrendamiento celebrado por el señor José Vicente Castillo Cuesta con el municipio de Circasia, pero que no resultaba necesario, explicando que siendo asesor jurídico del municipio de Circasia, habría elaborado los contratos para los establecimientos de comercio del municipio y que era un modelo general para todos, por lo que consideró que sí conocía, en términos generales, los contratos de la plaza de mercado; y que no se realizó un cobro específico frente al concepto rendido pero que algo le dio el acusado.
La testigo Alejandra María Castaños González señaló que era abogada y que, al momento de rendir su testimonio, estaba cursando una especialización en derecho de familia, además que labora en TIGO, una empresa de telefonía móvil. Subrayó que era amiga del hijo del señor José Vicente Castillo Cuesta y que no ha tenido experiencia en los asuntos públicos.
Informó que, en efecto, a mediados del año 2019, el señor José Vicente Castillo Cuesta le manifestó, verbalmente, que quería aspirar al concejo municipal de Circasia y que tenía un contrato de arrendamiento con la alcaldía de ese municipio, por lo que quería saber si dicha situación lo inhabilitaba, a lo cual indicó, luego de investigar al respecto, que no podría incurrir en tal inhabilidad puesto que, conforme a la ley, específicamente, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, y una sentencia del Consejo de Estado, la cual no identificó con precisión, se debía acreditar que el contrato estaba reportando ventajas económicas y, para el caso, del suscrito por el acusado no las pudo advertir, pues era este quien debía pagar la renta al municipio.
Subrayó que entregó un concepto por escrito, reconociendo que corresponde al que fue aportado con la contestación de la demanda y que está suscrito por ella; que no recuerda cuanto tiempo demoró su entrega, indicando una o dos semanas; que el concepto fue entregado al hijo del acusado; que no tuvo en su poder el contrato de arrendamiento suscrito por el señor José Vicente Castillo Cuesta con el municipio de Circasia, señalando que no era necesario pues se trataba de un contrato de arrendamiento que venía suscribiendo desde hace 15 o 20 años atrás; que el contrato de arrendamiento no reporta un lucro al acusado por parte de la administración municipal y, por el contrario, quien pagaba al municipio era aquel; y que no cobró suma de dinero alguna por emitirlo.
Finalmente, fue recibido el testimonio del señor Maycol Yesid Castillo Salgado, quien afirmó ser el hijo del acusado. El magistrado instructor del proceso informó al acusado que no estaba obligado a declarar en contra de su padre en el proceso, no obstante, le señaló que podría renunciar a tal derecho y rendir el testimonio, a lo cual accedió el testigo.
El testigo manifestó, en relación con el acusado, que era la segunda vez que se presentaba a los comicios para ser elegido concejal del municipio de Circasia; que aquel no fue informado de encontrarse inhabilitado por la celebración del contrato de arrendamiento con ese ente territorial; que realizó consultas y pidió conceptos a algunos profesionales del derecho para revisar que no estuviera incurriendo en alguna prohibición; que los contratos que estarían prohibidos serían aquellos mediante los cuales se da dinero y el contrato de arrendamiento no encaja dentro de esta categoría; que tiene como grado de instrucción hasta el bachillerato y siempre ha trabajado en el restaurante, sin ocupar, anteriormente, cargos en el sector público; que otros arrendatarios han sido concejales del municipio de Circasia; que el contrato de arrendamiento se habría terminado bilateralmente antes de la posesión del señor Castillo Cuesta como concejal; que recibió el concepto elaborado por Alejandra María Castaños González; y que siempre ha trabajado en La Galería de Circasia.
La Sala, frente a los argumentos del recurso de apelación, debe señalar que si bien los conceptos elaborados por los abogados Mario Germán Hoyos Molina, Diego González García y Alejandra María Castaños González coinciden en los argumentos expuestos para concluir que para el caso del señor José Vicente Castillo Cuesta no se configuró la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, no puede colegirse que hayan sido elaborados con posterioridad a la presentación de la demanda y no para la época de los hechos juzgados, sumado al hecho consistente en que los señores Mario Germán Hoyos Molina y Alejandra María Castaños González reconocieron que los conceptos por ellos elaborados eran los que se encontraban en el expediente, por lo que resulta irrelevante si los testigos, en su declaración, no fueron precisos en los aspectos relevantes abordados en tales conceptos.
Frente a la elaboración de los conceptos emitidos, contrario a lo afirmado por el demandante, los testigos Alejandra María Castaños González y Mario Germán Hoyos Molina precisaron, de un lado, que no había recibido ningún dinero, y, del otro, que habría recibido alguna remuneración por él, por lo que no se puede afirmar que aquellos no tuvieran claro lo relativo a los honorarios que les fueron pagados por aquella actividad.
En lo que atañe a los conceptos jurídicos aportados al expediente y siguiendo para el efecto las decisiones judiciales proferidas por esta Sección, es posible deducir que en aquellos se delimitó la situación personal en la que se encontraba el señor José Vicente Castillo Cuesta y que sería objeto de la consulta, esto es, que había celebrado para el año 2019, año en el que se llevarían a cabo las elecciones para elegir concejales, un contrato de arrendamiento con el municipio de Circasia, indagando entonces si tal situación le generaba inhabilidad para aspirar y ser elegido concejal de aquel municipio.
Asimismo, tales conceptos identificaron cuál era la inhabilidad en la que podría estar incurso por la situación de hecho descrita, y que era la contenida en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Cabe resaltar que los abogados Mario Germán Hoyos Molina y Alejandra María Castaños González manifestaron no haber consultado el contrato de arrendamiento núm. 13 de 2019. El abogado Hoyos Molina afirmó que había tenido un conocimiento anterior de ellos por haber sido quien, en una época anterior, los habría elaborado y, para el caso, de la abogada Castaños González, indicó que estos habrían sido suscritos desde mucho tiempo atrás.
En el concepto del abogado Mario Germán Hoyos Molina se citó una decisión del Consejo de Estado, no obstante, no se identificó; en el concepto del abogado Diego González García, quien no rindió testimonio en el proceso, se citó la sentencia de la Corte Constitucional C-618 de 1997; y la abogada Alejandra María Castaños González citó la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de 25 de agosto de 2016, consejero de Estado ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro, sin identificarla plenamente. Ninguno de los conceptos jurídicos aborda las decisiones judiciales proferidas por esta Sección.
La sentencia de esta Corporación a la que aluden los conceptos corresponde a la proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016 dentro del expediente núm. 66001-23-33-000-2015-00475-01, reiterada en las sentencias de 13 de agosto de 2020, 16 de diciembre de 2020 y 18 de febrero de 2021, en la cual se explicó, frente a los elementos de la inhabilidad por celebración de contratos, lo siguiente:
«[…] 4. De las inhabilidades alegadas y sus características
Las inhabilidades que se consideran materializadas en el caso concreto, se encuentran establecidas en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el cual contempla:
“ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.” (Negritas fuera de texto)
Como puede observarse dicha causal contiene en su redacción tres inhabilidades, de forma tal que, según esta disposición y a groso modo, no podrán ser elegidos concejales quienes:
i) Hayan intervenido durante el año anterior a la elección en la gestión de negocios en interés propio o favor de terceros.
ii) Durante ese mismo lapso [el año anterior a la elección] hayan celebrado, con un interés propio o favor de terceros, contratos con entidades públicas siempre que el contrato se haya ejecutado en la respectiva entidad territorial.
iii) Hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas y contribución o entidades que presenten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social.
Específicamente en la demanda se endilgan los eventos consagrados en la primera y segunda parte del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, razón por la que es necesario establecer cuáles son los elementos que conforman las prohibiciones endilgadas.
Elementos de la Inhabilidad por contratación
En relación con la inhabilidad de contratación, establece la norma en comento que no podrá ser concejal “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.”
Respecto a los elementos que conforman dicha inhabilidad la Sección en providencia del 28 de abril de 2016 determinó que para que aquella se materialice es necesario que concurran, de forma concomitante, los siguientes elementos o presupuestos:
“i) Un elemento temporal limitado al año anterior a la fecha de la elección, es decir, se toma como punto de referencia el día de la elección y se cuenta un año hacía atrás.
ii) Un elemento material u objetivo consistente en intervenir en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, siempre y cuando el contrato se ejecute o cumpla en el municipio o distrito para el cual resultó electo (elemento territorial).
(…)
iii) Un elemento subjetivo relacionado con el interés propio o de terceros. Ahora bien no es suficiente con que se pruebe el elemento temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es necesario que se acredite que la intervención en el contrato estatal aportó beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales a sí mismo, es decir, al candidato o a terceros.”
Bajo este panorama, no cabe duda que para afirmar que una persona esta incursa en la inhabilidad por “celebración de contratos” deben estar acreditados los elementos temporal, material u objetivo, territorial y subjetivo, en los términos antes descritos […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto)
A su turno, la Sentencia C-618 de 1997 de la Corte Constitucional a la que se hace referencia en uno de los conceptos, juzgó la constitucionalidad del artículo 95 numeral 5° de la Ley 136, relativa a la inhabilidad para ser elegido o designado como alcalde, consistente en «[…] 5. Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse con el respectivo municipio […]».
Los conceptos coincidieron en afirmar que el contrato de arrendamiento suscrito por el señor José Vicente Castillo Cuesta no se encuadraba dentro de la inhabilidad precitada puesto que no generaba un provecho económico en cabeza suya y, por el contrario, era el acusado quien debía realizar pagos a la administración municipal por el uso de inmueble objeto del contrato, acudiendo a la teleología de las inhabilidades que era el consistente en impedir que se aprovecharan los recursos públicos para obtener beneficios electorales.
La posición jurídica expuesta en los conceptos señalados, como se indicó, no consultó las decisiones judiciales que esta Sección ha proferido en relación con la causal de pérdida de investidura que se le atribuye y con la inhabilidad que la origina, además de olvidar que los contratos de arrendamiento son suscritos en interés de ambos contratantes por su carácter oneroso y conmutativo, del cual surgen obligaciones para ambas partes, lo que quiere decir que, desde el punto de vista del arrendatario y frente al presente asunto, el señor José Vicente Castillo Cuesta suscribió el contrato de arrendamiento en interés propio en la medida en que a través de este acuerdo de voluntades podría recibir un local comercial de propiedad del municipio de Circasia (Quindío) para desarrollar la actividad comercial de restaurante, esto es, para su disfrute y goce.
De otra parte, no sobra advertir que esta Sección ha considerado que la realización de la conducta en la forma en que se encuentra prevista en el texto, en sí misma, traería como consecuencia la obtención de ventajas y beneficios electorales en relación con los demás candidatos, por lo que no se requiere allegar medios probatorios que acrediten, en concreto, que se tuvo una posición de privilegio frente a los demás candidatos al concejo municipal, a lo que se suma que la disposición legal no establece tal exigencia.
En efecto, la sala, en la sentencia de 10 de mayo de 2018, destacó lo siguiente:
«[…] II.4.5.6.21.- De otro lado y en relación con el argumento planteado en el cargo nro. 6, consistente en que si se interpreta que la contratación efectuada por el Club Promotor Semillas Colseñora se encuentra al mismo nivel de aquellos que celebran las personas jurídicas de derecho privado, se tenga en cuenta el elemento culpabilidad, al no estar demostrado que el contrato se haya celebrado con el propósito de obtener ventajas electorales, debe manifestarse, en primer lugar, que dicho elemento no se encuentra previsto en el texto del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, por lo que no debe ser objeto de análisis para su configuración.
II.4.5.6.22.- En segundo lugar y teniendo en cuenta que la situación descrita por el demandado no integra la inhabilidad, tampoco es un aspecto que deba analizarse al estudiar si el demandado actuó o no con culpa, pues de lo que se trata al examinar la culpabilidad es si el demandado conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, siendo el parámetro normativo precisamente el texto del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el numeral 3° del artículo 43 de la Ley 136, que se reitera, no consagra como elemento del tipo que el contrato se haya celebrado con el propósito de obtener ventajas electorales.
II.4.5.6.23.- Finalmente es necesario explicar que lo advertido por el demandante resulta ser la finalidad que inspiró al legislador a establecer la inhabilidad mencionada, la cual ha explicado la Sala, en la siguiente forma:
«[…] La Sala en sentencia de 6 de octubre de 2005, precisó la finalidad de esta prohibición y sostuvo que cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. Dijo la Sala:
“Empero, en este caso, esa circunstancia por sí sola no lleva a la Sala a considerar que el demandado hubiera actuado por interpuesta persona de Proinversiones S.A., pues, de una parte, es la Gerente de la sociedad la que aparece dando informes sobre el trámite de la negociación de pago relacionada con el lote vendido al Municipio de Sincelejo, facultad que de acuerdo con el artículo 30 de los estatutos le ha sido atribuida; y, de la otra, lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha dejado establecido como determinante en la actuación por interpuesta persona es no solo la real y activa participación, en este caso, del miembro de Junta Directiva, sino “el poder decisorio en la gestión social y de igual manera, la utilidad que a ese socio le reportaría su intervención, dado el interés económico que por sus acciones tiene en la sociedad.” (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11/11/1997, exp. AC-5061, reiterada en sentencia de 4/09/2003, exp. 2002-00993, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola). En este caso, el interés económico del demandado en la mencionada sociedad es mínimo, si se tiene en cuenta que sus acciones representan un 5% en el total del capital autorizado que, es de mil millones de pesos dividido en acciones de $1000 cada una; y de esas mil millones de acciones posee únicamente 43.159, lo que impide considerar a la Sala que en razón de tal interés se vio movido a actuar por interpuesta persona. De otra parte, vale la pena enfatizar en que cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. En este caso, estima la Sala que la aceptación del plazo para que la entidad pública pague una obligación que ha contraído e incumplido y que fue adquirida aún de antes de la fecha de inscripción del candidato a las elecciones de Asamblea Departamental no constituye violación al régimen de incompatibilidades, pues tal acuerdo no tiene la connotación de contrato de transacción. […]”
«[…] La Sala considera prudente en este punto reiterar que, tal como lo manifestó la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia de fecha 6 de octubre de 2005, “(…) cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales (…)”
Reitera igualmente lo expresado en sentencia del 3 de julio de 2008, conforme a la cual “cabe advertir que la ejecución o cumplimiento del contrato, si se produce dentro del término de los doce meses anteriores a la elección, debe comportar la configuración de la causal examinada, pues es indudable que en desarrollo de las actividades contractuales es donde se pueden obtener ventajas o beneficios frente a los demás aspirantes o candidatos, que fue precisamente lo que el legislador quiso proscribir”. […]».
II.4.5.6.24.- La finalidad en la consagración de la inhabilidad resultan ser los motivos por los cuales el legislador ha considerado que debe proscribir la posibilidad de que se celebren contratos con entidades públicas, en interés propio o de terceros, dentro del año siguiente a la elección.
II.4.5.6.25.- El legislador ha considerado, entonces, que la realización de la conducta en la forma que se encuentra consignada en el texto legal, en sí misma, traería como consecuencia que se obtengan ventajas y beneficios electorales en relación con los demás candidatos. […]»
La Sala encuentra acreditado que el demandado solicitó el concepto de tres abogados, ante las inquietudes que le generaba su situación consistente en haber suscrito un contrato de arrendamiento con el municipio de Circasia (Quindío) en el mismo año en que se desarrollarían las elecciones para elegir a los concejales de ese municipio (27 de octubre de 2019).
No sobra advertir que la simple aptitud de leer no implica que se tenga claridad sobre el alcance de las disposiciones legales que regulan una situación de hecho, siendo esta la motivación para acudir al apoyo de profesionales, máxime si se tiene en cuenta que, en el presente asunto, la formación del acusado llegó hasta el de bachiller.
Los mencionados abogados, uno de ellos especialista en administración pública y con experiencia en el sector público en el municipio de Circasia (Quindío) y en campañas políticas, podían otorgar claridad sobre la materia motivo de consulta (el régimen de inhabilidades de los concejales) y, si bien se observan falencias en tales opiniones como lo son no evaluar el contrato de arrendamiento y realizar un acopio y análisis más extenso de la jurisprudencia respecto de la inhabilidad que se le atribuye al acusado, que llevaría a conclusiones diferentes de las expuestas en ellos, en virtud del principio pro homine que impone al juez que «[…] “[…] sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental […]” […]», es dable entender que tales defectos le corresponde asumirlos a los abogados que emitieron tales conceptos y no pueden ser endilgados al acusado.
La Sala considera que, partiendo del supuesto de que para el demandado su conducta no resultaba contraria al ordenamiento jurídico, por lo que no puede entenderse configurado el dolo, resulta excusable, puesto que si bien, incurrió en la violación del régimen de inhabilidades al realizar la conducta descrita en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, actuó bajo la convicción que le dieron los conceptos elaborados por los abogados que consultó y en los cuales se le indicó que haber celebrado el contrato de arrendamiento núm 13 de 2019 con el municipio de Circasia (Quindío) en el mismo año en que se desarrollarían las elecciones para elegir a los concejales de los ente territoriales, esto es, el 27 de octubre de 2019, no constituía inhabilidad para inscribirse y ser elegido concejal del municipio de Circasia, por lo que no fue gravemente culposa, no configurándose el elemento subjetivo de la pérdida de investidura.
II.5.7. Conclusión
La Sala, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia, constató que si bien se reunieron los requisitos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades previsto para los concejales contenida en el numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en tanto se acreditó que el acusado incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, no se acreditó que la conducta fuera dolosa o gravemente culposa, y por tal motivo resulta pertinente la confirmación de la sentencia de 4 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de 4 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
[p4]
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 009.1SubsanacionDemandaPerdidaInvestidura.pdf
015.1ContestacionDemandaJoseVicenteCastillo.pdf
Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 034AutoConcedeRecursoApelacion.pdf
Índice 4 SAMAI. Índice 5 y 6 SAMAI. Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
«ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]».
«ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
«ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses».
«ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley».
«ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política. PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal». CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 68001-23-33-000-2017-01224-01(PI). Actor: EDWIM ACERO CASTILLO. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2017. Rad.: 2016 – 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2004 – 2404. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de diciembre de 2012. Rad.: 2012 – 00235. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA. Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02417-01(PI). Actor: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS. Demandado: AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS SIVICKAS. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 19 de enero de 2010, Radicado 2009-00708-00(PI). Ibídem.
(Cita del texto original) Corte Constitucional. Constitución Política de Colombia. Antecedentes artículo 179. Sesión Comisión 3 de abril 29 (3429). Presidencia de la República Consejería para el Desarrollo de la Constitución. Asamblea Nacional Constituyente 1991. 20 Ene 1994 Página 18. CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA. Bogotá D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02417-01(PI). Actor: JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR Y OTROS. En esta decisión judicial se indicó que: «[…] 83. Estos supuestos de inhabilidad tienen características propias y autónomas, que deben ser examinados de manera diferenciada. Es importante aclarar que, cuando la gestión de negocios concluya en la celebración de un contrato, la pérdida de investidura deberá decretarse por esta última. Y, de otra parte, cuando la gestión de negocios no culmine en la celebración de un contrato, esta debe decretarse por la gestión de negocios propiamente dicha […]». CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veinte (2020). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00142-01(PI). Actor: JHON WILLIAM LONDOÑO RICO. Demandado: JUAN MILCÍADES ROA VANEGAS. Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal.}
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 4 de octubre de 2018 dentro del proceso identificado con número único de radicación 810012339000201700118-01; Consejero Ponente, Hernando Sánchez Sánchez. Ibidem cita 44. Ibídem cita 44. 002Anexos.pdf
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION A. Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON. Bogotá D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 25000-23-26-000-2003-01007-01(33321). Actor: AEROVIAS COLOMBIANAS LIMITADA - ARCA LTDA. Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de marzo de 2001; Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Expediente No. 13352; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; Sentencia del seis (6) de julio de dos mil cinco (2005); Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez; Radicación número: 25000-23-26-000-1991-07392-01(12249). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de abril 30 de 1970. Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Exp. 16855, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
Ver, entre muchas otras providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 11 de 2010, Expediente 18636, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
«CLÁUSULA 2. – DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE DADO EN ARRENDAMIENTO: La locación o área que se entrega en calidad de arrendamiento, es el local interior número: 01 adaptado para RESTAURANTE, que pertenece al inmueble de medidas superiores o de mayor extensión denominado: Plaza de Mercado La Galería, dicha locación está ubicada en el área urbana del municipio de Circasia, Quindío, en la Calle 6 entre Carreras 9 y 10, identificada con la ficha catastral número: 010100510001000, misma del inmueble de superior medidas del cual hace parte». Diario Oficial No. 51.142 de 19 de noviembre 2019. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI). Actor: ANDRÉS ALBERTO PADILLA ÁVILA Y GREGORIO SANTAFÉ RODRÍGUEZ. Demandado: MARIO HINESTROZA ANGULO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2016-01908-01(PI). Actor: PAOLA ANDREA CANO RAMÍREZ. Demandado: LINDON JOHNSON GALEANO ABELLO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 76001-23-33-004-2016-01077-01(PI). Actor: JORGE NEIZER MUÑOZ VALENCIA. Demandado: NORBEY GIRALDO CARDONA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 73001-23-33-005-2016-00620-01(PI). Actor: NELSON LÓPEZ GARCÍA. Demandado: CHRISTIAN CAMILO REYES PALMA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2016-00346-01(PI). Actor: LUIS JESÚS BOTELLO GÓMEZ. Demandado: JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-33-000-2016-01393-01(PI). Actor: DIEGO FERNANDO PEÑUELA MELGAREJO. Demandado: HIPÓLITO DURÁN ZÚÑIGA. Referencia: Pérdida de investidura. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 44001-23-31-001-2016-00055-01(PI). Actor: JANER JAVIER PÉREZ BRITO. Demandado: JOSÉ GREGORIO MEJÍA HERRERA. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 76001-23-33-004-2016-01478-01(PI), Actor: FABIO HENRY LEMOS, Demandado: OCTAVIO JARAMILLO MORALES. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI). Actor: SERGIO FABIÁN MARTÍNEZ LEAL. Demandado: ELVIRA DÍAZ GARCÍA. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA- APELACIÓN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI). Actor: LUIS ENRIQUE SALDARRIAGA LONDOÑO. Demandado: NELSON CARDONA MARÍN. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Actor: DANIEL SILVA ORREGO. Demandado: JORGE LIBARDO MONTOYA ÁLVAREZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00277-01(PI). Actor: PABLO RODRÍGUEZ QUINTERO. Demandado: SELMEN DAVID ARANA CANO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00473-01(PI). Actor: SIMÓN RAMÍREZ ALZATE. Demandado: RONAL FABIÁN BONILLA RICARDO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 70001-23-33-000-2016-00274-01(PI). Actor: MIGUEL ÁNGEL MEDINA ALANDETE. Demandado: ARIS HARVEY RAMÍREZ JUNIELES. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00080-01(PI). Actor: DANIEL SILVA ORREGO Y OTRO. Demandado: FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 81001-23-39-000-2017-00118-01(PI). Actor: LUIS ALBERTO ARAÚJO GARCÍA. Demandado: JOSÉ ALFREDO PÉREZ RAMÍREZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 76001-23-33-000-2018-00572-01(PI). Actor: HERMES CARDONA LASPRILLA. Demandado: HERNÁN EDUARDO DÍAZ CRUZ. Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 81001-23-39-000-2016-00056-01(PI). Actor: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS. Demandado: DUVAN ISNARDO RAMIREZ LÓPEZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 05001-23-33-000-2018-00666-01(PI). Actor: LUCAS OSSA GUZMÁN. Demandado: DARÍO DE JESÚS CARRASQUILLA MUÑOZ. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 13001-23-33-000-2018-00738-01(PI). Actor: JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ. Demandado: RAFAEL ANTONIO TEHERÁN LORA, LIBARDO VEGA PACHECO, RAFAEL PALMERA SULBARÁN Y HORACIO AVILA MEJÍA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI). Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. Artículo 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
Artículo 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política. Artículo 183 de la Constitución Política. Artículo 182 y 183 de la Constitución Política. Artículo 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E). Ídem. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Corte Constitucional, sentencias SU-400 de 201, magistrada ponente Adriana M. Guillén Arango y SU-399 de 2012, magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978. Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI). Actor: EDWIN LEANDRO SÁNCHEZ CASTAÑO. Demandado: EMEL DARÍO HARNACHE BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN ANGARITA BECERRA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de febrero de 2020. Proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201900916-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 30 de junio de 2015, Expediente 11001031500020130111500, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E). CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 13001-23-33-000-2016-01107-01(PI). Actor: ÁLVARO JOSÉ MUÑOZ BARRIOS. Demandado: SANDRA PATRICIA CÁCERES, YENIS BADILLO GULLOSO, OSMEIDA MANRIQUE CAVIEDES Y JESÚS AUGUSTO ALFONSO PIÑEROS. Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJALES DE MORALES –BOLÍVAR. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978. Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación 110010315000201500102-00; sentencia de 23 de febrero de 2016; Consejera Ponente, doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de septiembre de 2016, proceso identificado con número único de radicación 1100103150002014003886-00, Consejero Ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro; y iii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 20 de febrero de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201803883-00;
Consejera Ponente, doctora María Adriana Marín. Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016; Magistrada Ponente, doctora Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2016
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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI). Actor: LEONARDO ESTEBAN CRUZ VARGAS. 015.1ContestacionDemandaJoseVicenteCastillo.pdf
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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá D.C., once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 15001-23-33-000-2020-00065-01(PI). Actor: LEONARDO ESTEBAN CRUZ VARGAS. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Bogotá D.C, veinticinco (25) de agosto dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 66001-23-33-000-2015-00475-01. Actores: GERARDO BERNAL MONTENEGRO Y JOHN HAROLD GÓMEZ GIRALDO. Demandado: CAROLINA GIRALDO BOTERO – CONCEJAL DE PEREIRA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00926-01. Actor: CARLOS AUGUSTO JAIMES BOHÓRQUEZ. Demandado: EDGARDO MOSCOTE PABA - CONCEJAL DE BARRANCABERMEJA, PERIODO 2020-2023. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Bogotá, D.C., Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020). Radicación número: 20001-23-33-000-2020-00005-01. Actor: ÁLVARO ENRIQUE CUELLO HINOJOSA. Demandado: JOSERTH JOSÉ GÓMEZ CONTRERAS – CONCEJAL DE VALLEDUPAR, PERÍODO 2020-2023.
trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020). Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00926-01. Actor: CARLOS AUGUSTO JAIMES BOHÓRQUEZ. Demandado: EDGARDO MOSCOTE PABA - CONCEJAL DE BARRANCABERMEJA, PERIODO 2020-2023. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 63001-23-33-000-2019-00260-03. Actor: MARCO ANTONIO CARO CASTELLANOS. Demandado: ULISES URIBE PUENTES - CONCEJAL DE ARMENIA, PERIODO 2020-2023. En lo que atañe a los elementos que estructuran la inhabilidad por intervención en la celebración de contratos consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 18 de julio de 2013, radicación 47001-23-31-000-2012-00010-01. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-000-2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación 11001032800020140005100. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado Sección Quinta, auto de Sala del 28 de abril de 2016, radicación Nº25000-23-24-000-2015-02753-01 CP. Alberto Yepes Barreiro. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00473-01(PI). Actor: SIMÓN RAMÍREZ ALZATE. Expediente: 2004-00013, Actor: ALBERTO LIZARDO GÓMEZ REVOLLO, M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 41001-23-33-000-2012-00231-01(PI). Actor: NELSON JAVIER ROJAS LIMA.
Demandado: YANETH GUTIERREZ MARTINEZ. Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005). Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación: 70001-23-31-000-2004-00013-01(PI). Actor: Alberto Lizardo Gómez Revollo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil ocho (2008). Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación: 44001-23-31-000-2008-00017-01(PI). Actor: Gabriel Esteban Pinto Redondo. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 54001-23-31-000-2012-00256-01(PI). Actor: SANDRA FAJARDO HERNANDEZ. Demandado: VICTOR JESUS DAZA RODRIGUEZ. Referencia: APELACION SENTENCIA – PERDIDA DE INVESTIDURA
Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2013. M.P. Alberto Rojas Rios. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veinte (2020). Radicación número: 54001-23-33-000-2019-00091-01 (PI). Actor: CARLOS EDUARDO EUGENIO LÓPEZ.
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