Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2024-00050-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 08001-23-33-000-2024-00050-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 08001-23-33-000-2024-00050-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
Accionado: Humberto Salim Fontalvo Pérez1
Tema: No tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de los concejos como causal de
pérdida de investidura de los concejales - reiteración de
jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionada, en contra
de la sentencia de 2 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud2
1. El ciudadano Praimer José Rúa Fontalvo, actuando en nombre propio y obrando
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20113, solicitó:
“[…] PRETENSIONES
DECRETAR la pérdida de su investidura al ciudadano HUMBERTO SALIM
FONTALVO PEREZ, designado a ocupar la curul de concejal del municipio de Palmar
de Varela, en virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política de
Colombia y en el 25 de la ley 1909 de 2018, por haber sido el candidato con mayor
votación a la alcaldía municipal de Palmar de Varela Atlántico, periodo 2020-2023.
[…]” (negrilla del texto).
1
Se identifica al accionado conforme a la solicitud de pérdida de investidura. La sentencia de primera instancia aclaró, frente
al nombre del accionado, lo siguiente: “[…] Se aclara que, si bien en los sistemas de información de que dispone la Rama
Judicial, así como en las providencias proferidas en el curso de ese proceso se identificó al demandado con el nombre de
Humberto Salim Fontalvo Pérez, en desarrollo de la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018,
se puso de presente, por parte del propio accionado, sobre el cambio en su nombre, a Humberto Salim Raad Pérez,
exhibiendo el documento que permitió la corroboración de su actual identificación e individualización. Por ende, en
esta providencia se empleará su actual identificación […]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
2
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
I.1.1.- Los hechos
2. Manifestó que el concejal accionado fue candidato a las elecciones para ocupar
el cargo de alcalde del municipio de Palmar de Varela (Atlántico) y obtuvo la
segunda votación.
3. Indicó que, en aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 9 de julio de 2018 4, la
Comisión Escrutadora del municipio de Palmar de Varela le otorgó al accionado el
término de 24 horas, conforme la Resolución núm. 2276 de 11 de junio de 2019 5,
para manifestar, por escrito, si aceptaba la curul por haber obtenido la citada
votación.
4. Mencionó que el accionado, dentro de la oportunidad señalada en la Resolución
núm. 2276 de 2019, aceptó la curul y, en consecuencia, fue declarado electo como
concejal del municipio de Palmar de Varela.
5. Aseveró que el accionado nunca tomó posesión del cargo de concejal y subrayó
que:
“[…] el señor HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ el día 30 de diciembre de
2019, a través de escrito dirigido al Honorable Concejo municipal de Palmar de Varela
y recibido el documento por esa corporación el día 02 de enero de 2020, presentó
renuncia irrevocable a su curul como concejal del municipio de Palmar de Varela, sin
siquiera haberse posesionado como tal.
SEPTIMO: Teniendo en cuenta lo anotado anteriormente, el día 03 de enero de 2020,
la señora MILENA MARGARITA OSORIO PERALTA, quien fungía como presidente
del Concejo municipal de Palmar de Varela, expidió la resolución No. 001 de enero 3
de 2020, “Por medio de la cual se acepta una renuncia a un concejal del municipio de
Palmar de Varela”, en este caso al señor HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ
[…]” (negrilla del texto).
6. Aseguró que, el 3 de enero de 2020, la concejal Milena Margarita Osorio Peralta,
quien fungía como presidente del Concejo Municipal de Palmar de Varela, le
comunicó al registrador municipal que procediera a proveer “[…] vacancia definitiva
de curul de Concejo Municipal de Palmar de Varela por renuncia del ciudadano
HUMBERTO SALIM FONTALVO PÉREZ. […]”.
7. Señaló que la concejal mencionada, en comunicación de 15 de enero de 2020, le
solicitó al Consejo Nacional Electoral que resolviera “[…] el trámite para efectos de
llenar la vacancia dejada por el señor HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ al
renunciar a su curul como concejal. […]” y, en comunicación de 28 de febrero de
2020, informó al Consejo Nacional Electoral, la expedición de la Resolución núm.
004 de 7 de enero de 2020, por medio de la cual “[…] se declara la vacancia absoluta
de una curul en el Concejo Municipal de Palmar de Varela y se dispone el
procedimiento para su remplazo […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas
independientes. […]”.
5
“[…] Por medio de la cual se establecen medidas para la aplicación del artículo 25 de la ley 1909 de 2018. […]”.
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
8. Puso de presente que el día “[…] uno (1) de enero de 2020 (sic) […]”, tomaron
posesión de sus curules 10 de 11 concejales electos del municipio de Palmar de
Varela y “[…] el ciudadano HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ se abstuvo de
posesionarse como tal, incumpliendo con su deber […]”.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura invocada
9. El accionante indicó que se configuró la causal de pérdida de investidura prevista
en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 6, esto es, por
no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación de las asambleas o concejos según sea el caso, o a la fecha en que
fueren llamados a posesionarse.
10. Estimó que el accionado no acudió, el día de la instalación del Concejo Municipal
de Palmar de Varela, a tomar posesión de su cargo, de tal forma que la causal de
pérdida de investidura se habría configurado desde el día 8 de enero de 2020,
tiempo en el cual se cumplieron los tres (3) días hábiles con los que contaba para
posesionarse.
11. Subrayó que, si bien el accionado presentó, el 30 de diciembre de 2020, presentó
escrito de renuncia al cargo de concejal, dicho trámite no estaba permitido en razón
a que:
“[…] i) (…) para el período inmediatamente anterior fungió como Concejal del
municipio de Palmar de Varela, pero ya había renunciado a dicho cargo
aproximadamente en el mes de agosto de 2018; es decir, YA NO ERA CONCEJAL;
ii) no podía renunciar a un cargo del cual aún no había iniciado período y mucho
menos se había posesionado, y iii) el actual concejo solo podía conocer de dicha
renuncia si solamente el ciudadano plurimencionado se hubiese posesionado en
dicho cargo. […]”.
12. Insistió en que, el accionado fue “[…] designado como […]” concejal del municipio
de Palmar de Varela, período 2020-2023, por haber obtenido la segunda votación
para el cargo de alcalde municipal y producirse la aceptación para ocupar tal cargo;
no obstante, “[…] el 2 de enero de 2020 presentó renuncia sin que la misma
constituya una causal de fuerza mayor para no posesionarse […]”.
13. Trajo a colación que el día 3 de enero de 2020, a través de la Resolución núm.
001, “[…] se le aceptó la renuncia como concejal del Municipio de Palmar de Varela
al señor HUMBERTO FONTALVO PÉREZ; por lo tanto, entre el 1 y 3 de enero del
2020 el mencionado ostentó (sic) dicha calidad sin posesionarse […]”. (Negrilla del
texto).
6
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
14. Puso de presente que:
“[…] La renuncia para la curul aceptada libre y voluntariamente no constituye fuerza
mayor para los efectos del numeral 3 del artículo 48 de la ley 617 del 2000, ya que,
una vez aceptada la curul, por mandato del Estatuto de la Oposición adquirió la
calidad de Concejal y tenía el deber de posesionarse el día de la instalación o dentro
de los 3 días siguientes.
Considero que con su actuar el señor FONTALVO PEREZ actuó de manera culposa
al no prever las consecuencias de sus conductas ya que, pudiendo rehusar que se
aplicara a su favor el precitado artículo, acepto ser concejal ante la autoridad electoral
que lo declaró elegido para el cargo al cual renunció y no tomó posesión sin mediar
hecho justificativo alguno que constituya fuerza mayor que lo exonerara del deber y
la responsabilidad que le implicaba la aceptación y el ejercicio del mismo.
VIGESIMO SEGUNDO: Con su conducta propia, libre y voluntaria ejecutada por el
acusado de aceptar la curul y luego abandonarla mediante renuncia que presentó el
2 de enero de 2020, fecha en la que se instaló el concejo hace que se pueda calificar
como imprudente y descuidada y a todas luces culposas, pues debió prever las
consecuencias de sus conductas, de manera que se configura los elementos objetivos
y subjetivos para declarar la pérdida de investidura del mencionado señor.
(…)
En el presente caso se observa que el concejal electo no alegó ningún hecho
constitutivo de fuerza mayor para dejar de tomar posesión del cargo, puesto que se
limitó a indicar que: “yo, HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ, varón, mayor de
edad, residente en este municipio identificado (…) presento ante esta corporación mi
renuncia irrevocable a mi curul como concejal del municipio de Palmar de Varela
Atlántico, para el período 2020-2023 lo anterior por motivos de índole personal”.
De modo que lo que se comprueba es que el señor FONTALVO PEREZ decidió de
manera voluntaria no posesionarse como concejal, lo que sustentó en razón de índole
personal; la cual por sí sola no constituye fuerza mayor por no tener la característica
que (sic) imprevisible, ni comportar el requisito de irresistible.
(…) una vez el concejal HUMBERTO FONTALVO PEREZ manifestó de forma
voluntaria que ocuparía la curul de conformidad con el artículo 25 del Estatuto de la
Oposición, le asistía el deber legal de tomar posesión del cargo, sin que aducir
razones de índole personal tenga la entidad para sustraerlo del cumplimiento de dicho
deber; de manera que, contrario a lo sostenido por el acusado, se acredita el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura.
(…)
Conforme a lo anterior, se concluye que este requisito se cumple, por cuanto el señor
HUMBERTO FONTALVO PEREZ ocupó el segundo puesto en la votación para
alcalde del municipio de Palmar de Varela – Atlántico, periodo 2020 – 2023, y
manifestó su decisión de aceptar la curul al concejo municipal como derecho que le
otorgó el Estatuto de la Oposición.
Y por ello, la Registraduría Nacional mediante el formulario E-26 CON, lo declaró
electo como concejal de ese municipio.
Que no se haya posesionado en el cargo dentro del término señalado en la ley: Frente
a este elemento se ten que, en el Acta nro. 001 de la sesión especial del 2 de enero
de 2020 del concejo municipal de Palmar de Varela, Atlántico, consta que se instaló
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
y tomaron posesión del cargo los concejales electos con excepción del señor
FONTALVO PÉREZ.
(…)
De acuerdo a lo anterior estimamos que el concejal acusado incurrió en la causal de
pérdida de investidura pues su actuar fue negligente ya que manifestó
voluntariamente que no se iba a posesionar del cargo sin probar razones de fuerza
mayor. Es decir, no obró con diligencia para establecer si, luego de aceptar la curul
de concejal de manera expresa, podía renunciar a la misma y no tomar posesión del
cargo de concejal; igualmente observamos que la conducta del demandado no está
justificada por ninguna parte.
VIGESIMO SEXTO: En el presente caso el señor HUMBERTO SALIM FONTALVO
PEREZ no aportó ningún elemento para probar que su actuar estuvo amparado en la
jurisprudencia de la corte por ningún lado. De acuerdo a lo anterior, está acreditado
que la conducta del señor FONTALVO PEREZ fue culpable, a título de culpa grave,
como quiera que se trató de la manifestación de no posesionarse en el cargo de
concejal, que no estuvo respaldad (sic) en buena fe cualificada proveniente de error
invencible, tal como lo manifestó la corte en el proceso de pérdida de investidura de
la acusada CECILIA SOLET CARRILLO SARMIENTO como concejal del municipio
de Repelón – Atlántico para el período constitucional 2020–2023.
(…)
VIGESIMO NOVENO: Que el señor, HUMBERTO SALIM FONTALVO PÉREZ,
identificado con (…) actualmente, se cambió su apellido FONTALVO por el de RAAD.
(ahora es Fontalvo Raad). Favor verificar cambio de apellido del demandado ante
autoridad competente. […]” (negrilla del texto).
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura7
15. El concejal accionado, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud
formulada en su contra y se opuso a sus pretensiones.
16. Manifestó que el señor “[…] HUMBERTO SALIM RAAD PEREZ […]” (negrilla del
texto) aceptó la credencial de concejal por haber alcanzado la segunda votación en
las elecciones territoriales realizadas en el año 2019 y que, en efecto, presentó
personalmente, el 2 de enero de 2020, renuncia como concejal para el período
2020-2023, fecha en la cual los demás concejales electos tomaron posesión de sus
cargos.
17. Mencionó que la presidenta del Concejo Municipal de Palmar de Varela,
mediante la Resolución núm. 01 de 3 de enero de 2020, aceptó la renuncia a la
curul y, ese mismo día, comunicó sobre tal decisión a la registraduría municipal.
18. Expuso, en cuanto a “[…] los antecedentes jurídicos planteados en la demanda
[…]”, que los hechos allí juzgados “[…] no son similares […]” puesto que renunció
el mismo día de la posesión de los concejales para el período 2020 – 2023 y no
antes como ocurrió en tales procesos judiciales.
7
Cfr. Índice 23, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
19. Aseveró que con la aceptación de la renuncia a la curul del accionado, mediante
la Resolución núm. 01 de 3 de enero de 2020, expedida por la presidenta del
Concejo Municipal de Palmar de Varela, se le dio “[…] validez al acto de la renuncia
ya que de considerarse que no podía hacerlo, la señora presidenta tenía que
rechazar la decisión lo cual no hizo. […]”.
20. Aseguró que la decisión de “[…] aceptar la renuncia el día 3 de enero de 2020,
hizo incurrir en error al señor HUMBERTO SALIM RAAD PÉREZ, de que su
decisión estuvo bien, pues aun gozaba de los tres días para tomar posesión […]”.
(Negrilla del texto).
21. Explicó que, si bien era cierto que el “[…] Estatuto de la Oposición y la Resolución
2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral […]” establecieron un límite temporal
para que el candidato con la segunda votación manifestara su decisión de aceptar
o no la curul y la imposibilidad de retracto:
“[…] en el caso del señor HUMBERTO SALIM RAAD PEREZ, no hubo retractación,
si no renuncia el mismo día en que tomaron posesión los Concejales del periodo 2020
– 2023.
(…)
En el caso del señor HUMBERTO SALIM RAAD, se reitera que el concejo municipal
de Palmar de Varela, tomó posesión el día 2 de enero de 2020 y ese mismo día decide
renunciar, ahora bien, al día siguiente 3 de enero de 2020, se le acepta la renuncia lo
que le da confianza de su acción a mi poderdante, pues tenía hasta el 8 de enero de
2020 para tomar posesión. […]” (negrilla del texto)
I.3. Intervención del agente del Ministerio Público8
22. El agente del Ministerio Público intervino en esta etapa procesal y manifestó que
“[…] la demanda debe prosperar […]” y, por ello, debía declararse la pérdida de
investidura del accionado, al haberse configurado la causal de pérdida prevista en
el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617.
23. Indicó que el ciudadano “[…] HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ […]” fue
declarado concejal del municipio de Palmar de Varela, período 2020-2023, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1909, tras obtener la segunda
votación para el cargo de alcalde municipal y manifestar su aceptación a ocupar la
citada curul.
24. Manifestó que estaba acreditado que el Concejo Municipal de Palmar de Varela
se instaló el día 2 de enero de 2020 y que el accionado no asistió a la posesión.
Afirmó, igualmente, que el accionado, sin haber tomado posesión de la curul,
presentó renuncia el mismo 2 de enero de 2020.
8
Cfr. Índice 25, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
25. Resaltó que el presidente del Concejo Municipal de Palmar de Varela, el día 3 de
enero de 2020, aceptó la renuncia del accionado a su curul, renuncia que se justificó
en motivos personales y que no puede constituir fuerza mayor, conforme los
artículos 64 del Código Civil y 1. ° de la Ley 95 de 16 de noviembre de 18909.
26. Argumentó que no era posible atribuirle responsabilidad a la presidencia del
Concejo Municipal de Palmar de Valera por haberle aceptado la renuncia al
accionado bajo el argumento consistente en que tal aceptación le dio validez a esa
renuncia y que lo habría hecho incurrir en error pues aun gozaba de tres (3) días
para su posesión, puesto que “[…] tal aceptación de renuncia fue un acto voluntario
presentado por el citado señor y posterior a la no presentación a tomar posesión
oportuna del cargo de concejal […]”.
27. En memorial presentado el 9 de mayo de 202410, el agente del Ministerio Público
desistió de la práctica de las pruebas que había solicitado en su escrito de
intervención.
I.4. Intervención del Consejo Nacional Electoral11
28. El Consejo Nacional Electoral intervino en el trámite del proceso y manifestó,
frente a las pretensiones de la solicitud, que se atenía a lo que resultara probado en
el medio de control y solicitó que el fallo de instancia no cobijara a la entidad.
I.5. Trámite del proceso
29. Mediante auto de 22 de marzo de 202412 se admitió la solicitud de pérdida de
investidura y i) se ordenó notificar la providencia por estado al solicitante; ii) se
ordenó la notificación personal al accionado y al agente del Ministerio Público y iii)
se les hizo saber a estos últimos sujetos procesales que contaban con el término de
cinco (5) días para pronunciarse sobre la solicitud y pedir la practica de pruebas,
conforme al artículo 10 de la Ley 1881 de 15 de enero de 201813.
30. Elaccionado14, el agente del Ministerio Público15 y el Consejo Nacional
Electoral16 se pronunciaron frente a la solicitud de pérdida de investidura.
31. En auto de 23 de julio de 202417 se decretó la práctica de pruebas y se fijó para
el día 27 de agosto de 2024, hora 10 A.M., la realización de la audiencia pública a
la que se refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881.
9
“[…] Sobre reformas civiles […]”.
10
Cfr. Índice 26, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
11
Cfr. Índice 29, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
12
Cfr. Índice 14, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
13
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”.
14
Cfr. Índice 23, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
15
Cfr. Índice 25, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
16
Cfr. Índice 29, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
17
Cfr. Índice 31, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
32. En auto de 30 de agosto de 202418 se dejó sin efectos la actuación desplegada
por la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico consistente en
notificar la solicitud de pérdida de investidura al Consejo Nacional Electoral.
33. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 fue realizada el día
27 de agosto de 202419, con la asistencia e intervención del accionante, del agente
del Ministerio Público y del apoderado del accionado.
34. La parte accionada20 presentó el resumen escrito al que se refiere el artículo 12
de la Ley 1881 y el agente del Ministerio Público emitió concepto radicado el 28 de
agosto de 202421 en el cual concluyó que las pretensiones de la solicitud de pérdida
de investidura debían prosperar.
I.6. La sentencia de primera instancia22
35. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 2
de septiembre de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: Decretar la pérdida de la investidura del cargo de concejal del
Municipio de Palmar de Varela, periodo constitucional 2020-2023, del señor
Humberto Salim Raad Pérez (antes Humberto Salím Fontalvo Pérez), por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y al Ministerio Público, en los
términos previstos en la Ley 1437 de 2011. […]” (negrilla del texto)
36. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:
“[…] si, ¿el señor, Humberto Salím Raad Pérez quien en virtud de lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, manifestó a la organización electoral aceptar la
curul como concejal en el Municipio de Palmar de Varela Atlántico por haber obtenido
la segunda votación más alta al cargo de alcalde municipal, desplegó una conducta
dolosa o gravemente culposa, al no tomar posesión de su cargo dentro de los tres (3)
días siguientes a la instalación del concejo municipal, para el período constitucional
2020-2023, incurriendo en la causal de pérdida de investidura contemplada en el
numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000? […]”
37. Aseveró que la tesis que defendería la Sala sería la consistente en que:
“[…] sí incurre en la causal de pérdida de investidura la persona que aspiró por
elección popular al cargo de alcalde municipal y por haber ocupado el segundo lugar
en la votación manifestó su decisión de aceptar la curul al concejo municipal, pero sin
justa causa no tomó posesión del cargo, debiendo ser declarada la pérdida de
investidura […]”.
18
Cfr. Índice 45, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
19
Cfr. Índice 52, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
20
Cfr. Índice 44, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
21
Cfr. Índice 42, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
22
Cfr. Índice 63, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
38. Abordó el caso concreto y procedió a verificar la existencia de los elementos para
la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura atribuida al
accionado, esto es, la prevista en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617,
consistente en “[…] no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o
a la fecha en que fueren llamados a posesionarse […]”.
39. Encontró acreditado que el accionado fue elegido concejal del municipio de
Palmar de Varela, período 2020-2023, como consecuencia de haber ocupado el
segundo lugar en las elecciones para alcalde de ese municipio y manifestar que
aceptaba la curul.
40. Indicó que al proceso se allegó escrito de fecha 2 de enero de 2020, en el cual:
“[…] el demandado presentó ante el Concejo Municipal de Palmar de Varela renuncia
al cargo de concejal. Asimismo, en su escrito de contestación de demanda manifestó
expresamente que aceptó la curul por derecho personal, renunciando a la misma, en
adición a que no existe elemento probatorio alguno que reste credibilidad a la
constancia manifestada en el acta antes mencionada, ni a la renuncia que fue firmada
con su puño y letra. […]”.
41. Puso de presente que el formulario E-26 CON expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, de fecha 27 de octubre de 2019, no fue tachado de falso
o desconocido por el demandado, así como:
“[…] tampoco desplegó actividad probatoria tendiente a desacreditarlo, para el
Tribunal, se encuentra demostrado que, el señor Humberto Salím Raad Pérez fue
elegido como concejal del municipio de Palmar de Varela Atlántico, para el período
constitucional 2020 – 2023, como consecuencia de ocupar el segundo lugar en las
elecciones para alcalde del mismo municipio y al manifestar que aceptaba la curul al
concejo.
81. En este punto, también se debe aclarar que tampoco le asiste la razón al
demandado sobre lo manifestado en audiencia pública por su apoderado, cuando
afirmó que la demanda adolecía de un anexo, como lo era la falta de escrito de
aceptación del cargo de concejal del día de los escrutinios (27 de octubre de 2024),
pues dicho formulario, deja la constancia del caso (formulario E – 26 CON); hecho
que no puede ser desconocido, pues, además, tal formulario E – 26 CON expedido
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, goza de presunción de legalidad, el
accionado no aportó ni pidió prueba destinada a desvirtuar tal afirmación de la que
dio fe pública el señor registrador municipal, por lo cual, no es cierto que se pueda
desvirtuar tal documento con la sola afirmación en contrario, que además, se contraría
con el mismo escrito de la contestación de la demanda y la renuncia misma
presentada por el investigado.[…]”.
42. Resaltó que fue allegado al expediente, el acta de instalación de la sesión
inaugural del Concejo Municipal de Palmar de Varela de 2 de enero de 2020, de la
cual coligió que el accionado no tomó posesión del cargo.
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43. Reiteró que se encontraba probado que el accionado, el 2 de enero de 2020,
radicó comunicación al Concejo Municipal de Palmar de Varela, en la que presentó
renuncia a la curul de concejal de ese municipio para el período 2020-2023.
44. Destacó que, con ocasión a la comunicación presentada por el accionado, el
Concejo Municipal de Palmar de Varela profirió la Resolución núm. 001 de 3 de
enero de 2020, en la cual se decidió aceptar la renuncia presentada por este.
45. La primera instancia estimó que:
“[…] 88. Sobre este punto, esta corporación considera pertinente aclarar que, la lógica
frente a la aceptación de una renuncia, es que ésta debe estar precedida del
respectivo nombramiento y la posesión, sin embargo, en este caso, se procedió en
dicha forma, aun cuando el concejal electo, no había procedido a la posesión en el
cargo.
89. Así las cosas, La renuncia (sic) en relación con los servidores públicos implica,
necesariamente, que aquellos se encuentren en ejercicio de funciones, esto es,
elegidos y posesionados, y manifiesten en forma libre y espontánea su deseo de
separarse del mismo, lo cual no aconteció en este caso, por cuanto el demandado no
se había posesionado en el cargo, tal y como quedó demostrado.
90. No obstante, a juicio del tribunal, esta es una circunstancia que atañe a la legalidad
del acto administrativo de aceptación de renuncia, sobre el cual, se debe remarcar,
no constituye el objeto de análisis del presente litigio, por el contrario, sí busca
examinar la conducta del demandado, de acuerdo con las determinadas causales
previstas en la Ley para exigir su responsabilidad y lograr la moralización, probidad e
imparcialidad de quienes vayan a ingresar o se encuentren desempeñando cargos de
elección popular. En esta misma senda, este aspecto, a juicio de la Sala, tampoco
tiene la virtualidad de generar convencimiento alguno de un actuar correcto o probo
en favor del accionado, pues, lo que deja en evidencia, es que incumplió con uno de
los deberes a los que se obligó una vez manifestó su aceptación a la curul, esto es,
tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la
instalación del concejo, o a la fecha en que fueren llamados para ello, no produciendo
este acto de aceptación de la renuncia un efecto de convicción interna tal, que
justificara su falta al deber, y, a sus compromisos constitucionales y legales.
91. Finalmente, para este caso, resulta irrelevante si la solicitud de renuncia fue
presentada el mismo día de la instalación del Concejo Municipal, pues esto no
desvirtúa el hecho materia de investigación por parte de esta corporación, el cual es,
precisamente auscultar sobre si tomó o no posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la instalación del Concejo Municipal de Palmar de Varela Atlántico, o del
llamado para ello, quedando por demostrado, que no lo hizo. […]”.
46. Analizó la existencia de la fuerza mayor en el presente asunto y mencionó que si
bien en la contestación de la demanda no fue invocada, en la audiencia a la que se
refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881, el accionado manifestó que antes,
durante y después de las elecciones del 27 de octubre de 2019, fue objeto de una
campaña de desprestigio:
“[…] encaminada a afectar su buen nombre y honra junto a su familia, esto lo llevó a
padecer de depresión y deseo de atentar contra su propia vida, debiéndose someter
a un tratamiento psicológico para tratar su estado de salud, siendo estas
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circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito para no serle impuesta la
sanción que aquí se analiza. […]”.
47. Anotó frente a lo expuesto que:
“[…] no están acreditadas las afecciones médicas, tanto físicas como psicológicas
que manifiesta padeció, y que habrían impulsado su decisión, esto es, las
circunstancias de modo tiempo y lugar en las que padeció, ni mucho menos cual fue
el origen de las mismas, circunstancia que sitúa al Tribunal en una posición de
absoluta imposibilidad para realizar el respectivo juicio de idoneidad sobre el hecho
descrito como constitutivo de fuerza mayor.
97. Se evidencia en el caso particular, que el demandado dentro de las oportunidades
que establece el juicio de pérdida de investidura para incorporar y solicitar la práctica
de pruebas (traslado de la demanda)23, no desplegó actuación procesal tendiente a
tal propósito, esto es, acreditar la ocurrencia de fuera (sic) mayor que le impidiese
ejercer como concejal del Municipio de Palmar de Varela – Atlántico.
98. Por último, se insiste que el concejal electo decidió voluntariamente no tomar
posesión del cargo, manifestando tal deseo mediante carta de renuncia, en la que se
limita a expresar circunstancias personales, sin ahondar a cuáles se refería; por lo
que no existe causa o motivo que le impidiera, tomar posesión del cargo, que fuera
propia de un hecho extraño o fuerza.
99. En consecuencia, se comprueba que están reunidos la totalidad de las
circunstancias objetivas de la causal invocada por el solicitante para decretar la
pérdida de investidura del señor Humberto Raad Pérez, quien fue elegido concejal
del municipio de Palmar de Varela, para el período constitucional 2020-2023, y no
tomó posesión del cargo sin que mediara una causal de fuerza mayor que lo
justificara. […]”.
48. Apuntó, en relación con el elemento subjetivo de culpabilidad, que la aceptación
de la renuncia presentada por el accionado, el 3 de enero de 2020, no podía generar
una convicción razonable del cual pudiera predicarse un error invencible, en razón
a que la renuncia implica que se haya aceptado un cargo y se haya llevado a cabo
la posesión en este, de tal forma que tal acto no tenía los mínimos estándares de
secuencialidad y sustentación jurídica propios de la vinculación de servidores
públicos.
49. Destacó que la expedición del acto administrativo de aceptación de la renuncia
no derogó la Carta Política, la Ley 617, el Estatuto de la Oposición ni “[…] la
resolución expedida por el C.N.E. reglamentaria de esta última […]”, en las que se
establece que “[…] el no tomar posesión del cargo de concejal implica una infracción
al código de ética, cumplimiento de deberes, conducta recta, pulcra y transparente
que se exige y que es propia de la dignidad del cargo […]”.
50. Se refirió a la asesoría jurídica que le habría dado un abogado del municipio de
Palmar de Varela, en los siguientes términos:
23
ARTÍCULO 10. El congresista dispondrá de los cinco (5) días siguientes, contados a partir de la fecha de la notificación,
para referirse por escrito a lo expuesto en la solicitud. Podrá aportar pruebas o pedir las que considere conducentes, en los
términos del artículo siguiente.
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“[…] se plantea por el señor abogado del accionado que este recibió consejo jurídico
de quien el creía era el mejor y más experimentado abogado de Palmar de Varela,
Dr. Wilson Mejía Amador, quien, luego de hacer un estudio, le manifestó que, no
tendría ninguna consecuencia negativa no proceder a posesionarse en el cargo, pues
él no había sido elegido como concejal directo, sino de una forma indirecta,
sugiriéndole que debía realizar una comunicación al Concejo manifestando su
renuncia, y agregando que el término dispuesto en la Resolución Nro. 2276 de 2019
del Consejo Nacional Electoral en su expresión “sin posibilidad de retracto” se refería
al periodo de los escrutinios, advirtiéndole además que, sería antiético proceder a
posesionarse en el cargo y luego presentar la renuncia, por lo que al no ser abogado
el señor Humberto Salim acató tal consejo, sin perjuicio de que dice, haber realizado
la misma consulta a otros jurisconsultos que no la contradijeron.
105. Sobre tales afirmaciones, se inicia indicando que, las mismas no tienen soporte
probatorio alguno, por lo que, aun pensando que tales conceptos jurídicos se
hubiesen presentado al demandado de manera verbal, esto no eximía de utilizar
cualquier medio probatorio disponible por el ordenamiento para demostrar dentro del
proceso, que tales conceptos si fueron emitidos al señor Humberto Salim Raad Pérez,
como bien pudiera ser la declaración al interior del proceso del supuesto abogado
consultado, entre otros.
106. Asimismo, la diligencia y cuidado no queda demostrada con cualquier tipo
gestión por parte de quien es acusado de haber incurrido en una causal de pérdida
de investidura; así las cosas, el simple hecho de haber elevado una consulta o
formulado una inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se debe
tener por superada la falta de diligencia, de pericia y cuidado.
107. Tal como lo ha sentado la jurisprudencia del Consejo de Estado24 en los
conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades públicas, cuerpos u órganos
consultivos, así como las asesorías jurídicas requeridas a profesionales del derecho,
se debe propender por la formulación correcta y completa de las preguntas, con el
acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y demás elementos para su
debida comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y
jurídicos que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal
de pérdida de investidura. Por su parte, para responder el asunto que se ha
encomendado, las apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los
conceptos y asesorías, deben ser conclusivas y contener medianos criterios de
idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de
modo tal que de éstos se desprenda un convencimiento justificado, defendible y
razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura.
108. En el caso concreto estos aspectos no fueron acreditados, por ende, resulta
imposible realizar el filtro de idoneidad sobre la supuesta asesoría que habría recibido
del demandado, es decir, si las preguntas fueron realizadas adecuadamente, las
calidades profesionales del abogado consultado, y demás aspectos antes señalados.
[…]”.
51. Puso de presente que, si en gracia de discusión, tales conceptos se hubieren
entregado al accionado, las decisiones judiciales de esta corporación han resaltado
la inviabilidad de considerar que el consejo profesional de un abogado que se afirme
experto resulte suficiente para generar confusión en el entendimiento e
interpretación de una norma, puesto que, en relación con el presente asunto, no
existen posturas interpretativas que pudieran llevar a error.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia de, veintiocho (28) de abril de
dos mil veintidós (2022), RAD. 13001233300020210055201 en sede de pérdida de investidura.
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52. Aseveró que, en todo caso, existía el deber de conocimiento de la norma y, en
consecuencia, la imposibilidad de afirmar su desconocimiento como excusa para no
cumplirla, siguiendo el artículo 9. ° del Código Civil, y añadió que se trata de un
asunto que no genera equívocos en su alcance, por su claridad, por lo que:
“[…] afirmaciones tales como lo pueden ser la posible circunstancia de renunciar
previo o posterior a la posesión misma del cargo, lo expresado acerca de no ser
abogado el llamado a tomar posesión para saber las consecuencias que le eran
propias, así como tampoco, que, el supuesto errado concepto jurídico de un
profesional del derecho, resulta suficiente por sí solo, para desconocer la norma.
111. Así las cosas, ninguno de esos eventos resulta ser un error ni da lugar a buena
fe calificada, por lo que no queda otra conclusión que disponer que el comportamiento
del investigado dentro del elemento de culpabilidad fue propio de una culpa grave,
debiendo ser sancionado con la consecuencia jurídica que para el efecto contempla
el ordenamiento, como lo es la pérdida de la investidura.
112. Finalmente, la transición en la estructuración del sistema electoral Colombiano
que significó la introducción en el ordenamiento jurídico, del Estatuto de la Oposición,
en cuanto a la aplicación de la curul por derecho personal, no descarta la diligencia y
pericia que el demandado debió observar, en un primer momento, al aceptar la curul
y después, en un segundo momento, de conocer las consecuencias que podrían
derivar de no tomar posesión del cargo, pues las reglas del certamen electoral
estuvieron claras desde un primer momento, consignándose en la Ley Estatutaria
1909 de 2019 y la Resolución No 2276 de 11 de julio de 2019, con absoluta nitidez
que, una vez aceptada la curul, emergía el deber de tomar posesión del cargo y sin
posibilidad de retracto. […]”.
I.7. El recurso de apelación25
53. El accionado, a través de apoderado, inconforme con la decisión de primera
instancia, presentó recurso de apelación orientado a que se revoque y, en su lugar,
se denieguen las súplicas de la demanda.
54. Como motivos de inconformidad, expuso lo siguiente:
i) “[…] El a quo (sic) hizo un juicio falso de existencia […]”
55. El apoderado judicial del apelante manifestó que la primera instancia dio por
probado, sin estarlo, la aceptación de la curul.
56. Hizo referencia a su intervención en la audiencia pública en la cual resaltó la
deficiente defensa técnica y material del apoderado judicial anterior quien “[…] da
por ciento que mi mandante haya aceptado la curul como concejal en virtud del
estatuto de la oposición, lo cual resulta una quimera, como lo demostraré más
adelante. […]”.
25
Cfr. Índice 67, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
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57. Anotó que la aceptación de hechos no constituye, por sí sola, plena prueba, sobre
todo en procesos sancionatorios en los cuales opera la presunción de inocencia del
accionado, por lo que los hechos deben quedar debidamente probados. Indicó que
el apoderado judicial anterior pudo haber señalado en la contestación de la
demanda que:
“[…] el hecho era cierto; lo puede decir también el acta general de escrutinio municipal
AGE o el E-26 CON, pero si de alguna forma se demuestra a través de otros medios
de prueba, que no es cierto, ni se pudo constatar su ocurrencia, el hecho no podrá
aceptarse como cierto, máxime que para declarar la muerte política a través de la
perdida de investidura, se requiere PLENA PRUEBA y no meras suposiciones o
conjeturas o dichos sin respaldo probatorio. […]”.
58. Aseguró que el “[…] formulario E-26 CON […]” de la Comisión Escrutadora
Municipal de Palmar de Varela expresó erróneamente que al momento de realizar
la declaratoria de quien sería el alcalde de ese municipio, el segundo candidato con
mayor votación, “[…] HUMBERTO SALIM FONTALVO PÉREZ […]” manifestó por
escrito la decisión de aceptar la curul al concejo municipal, conforme el artículo 25
de la Ley 1909.
59. Afirmó que el “[…] acta general de escrutinios […]” de la Comisión Municipal de
Palmar de Varela “[…] falta a la verdad […]”, al señalar que:
“[…] “En la fecha 30-10-2019 04:31:46 PM- SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE
PRESENTARON RECURSOS NI RECLAMACIONES ANTE ESTA COMISIÓN.
DENTRO DEL TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA CURUL EN
CONCORDANCIA CON LO PRECEPTUADO EN LA LEY 1909 DEL 9 DE JULIO DE
2018 EN SU ARTÍCULO 24 EL SEÑOR HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ,
IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 8499168
PRESENTÓ ESCRITO DE ACEPTACIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL DEL PALMAR
DE VARELA, ASÍ MISMO SU APODERADO, DOCTOR ISMAEL DE REYES
BARRIOS MARIN, PRESENTÓ ESCRITO EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019
CONFIRMANDO LA ACEPTACIÓN”. […]”.
60. Anotó que la falsedad ideológica no debía tramitarse a través del incidente de
tacha de falsedad, puesto que la inconformidad que pone de presente está
relacionada con el contenido del texto, “[…] el cual desestimará en unos apartes,
mediante el acervo probatorio que haré valer, y que deberán ser valoradas bajo los
principios de la sana crítica por el juzgados al momento de proferir la sentencia […]”.
61. Hizo referencia al artículo segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, relativo a la oportunidad para aceptar
la curul en una corporación pública en ejercicio de la prerrogativa prevista en el
artículo 25 de la Ley 1909, y, evidenció, en su concepto, faltas a la verdad en el “[…]
acta general de escrutinios municipal […]” de la Comisión Escrutadora Municipal de
Palmar de Varela, así:
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61.1. Puso de presente que:
“[…] Al leerse el acta general de escrutinios municipal de Palmar de Varela-Atlántico,
queda claro que el acto declarativo de elección de alcalde, data del 30 de octubre de
2019 pasadas las cuatro de la tarde, y según las voces del inciso 1° del artículo 2° de
la resolución No. 2276 de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, el término
u oportunidad para aceptar la curul en virtud del artículo 25 de la ley 1909 de 2018,
es dentro de las 24 horas siguientes a dicha declaración, es decir, en nuestro caso
concreto, era entre las 4:31 PM del 30 de octubre de 2019 y las 4:31 PM del 31 de
octubre de 2019, sin embargo del texto transcrito del AGE, se desprende que mi
prohijado supuestamente presentó escrito de aceptación antes que lo hiciera su
supuesto apoderado, al confirmar éste la aceptación el 29 de octubre de 2019, es
decir, de manera extemporánea por prematuro, y NO DENTRO DEL TÉRMINO
previsto en la resolución 2276 de 2019, como FALSAMENTE lo señala el AGE […]”
(negrilla del texto).
61.2. Apuntó que lo expuesto era una “[…] prueba indiciaria […]” de la inexistencia
de los tres (3) escritos, “[…] el de mi prohijado aceptando, el poder y el memorial de
su supuesto apoderado, y del que no se mencionaron a viva voz por parte de los
escrutadores ni la secretaria de la Comisión […]” y subrayó que una vez tuvo
conocimiento de los boletines informativos que daban como ganador en la elección
para alcalde municipal al señor “[…] GALDINO OROZCO […]”, el accionado no se
hizo presente en los escrutinios ni envió carta de aceptación de la curul al concejo.
61.3. Adujo que era falso que el accionado haya otorgado poder y que, de haberlo
hecho, no lo habría otorgado al señor “[…] ISMAEL DE LOS REYES BARRIOS
MARIN […]”, por tratarse de un simpatizante del grupo político que apoyaba a su
rival a la alcaldía del municipio de Palmar de Varela “[…] tan es así, que su hermano,
lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento, ya que no dispongo de los
registros civiles de nacimiento para acreditar parentesco, VIRGILIO RAFAEL
BARRIOS MARÍN, fue designado secretario de despacho el 2 de enero de 2020, al
iniciar el mandato del señor GALDINO OROZCO […]”.
61.4. Mencionó que lo que si se escuchó a viva voz fue lo indicado en la “[…] página
4 del acta general de escrutinios municipal […]” consistente en que “[…] “En la fecha
30-10-2019 04:33:46 PM- En concordancia con el Artículo 25, de la ley 1909 del año
2018, El candidato (a) HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ queda notificado
(a) en estrados que tendrá derecho personal a ocupar, en su orden, una curul al
CONCEJO del municipio de PALMAR DE VARELA-ATLANTICO”. […]”.
61.5. Aseveró que sin darse el tiempo de espera de 24 horas “[…] para ver si el señor
HUMBERTO SALIM acepta o no la curul, y en menos de dos minutos, esto es, a las
4:35 pm, ya se estaban imprimiendo los formularios E-26 CON […]” y estimó que si
la comisión escrutadora hubiera actuado correctamente, habría indicado que se
abstenía de otorgar el plazo mencionado pues el accionado ya lo había aceptado,
añadiendo que “[…] La puesta en escena, era declarar la elección, de los
concejales, como sí él hubiese aceptado, lo cual no era cierto. […]”.
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61.6. Alegó que sugirió al accionado presentar derecho de petición al registrador
municipal de Palmar de Varela para solicitar copia de la carta de aceptación de la
curul, del poder conferido y del memorial del profesional del derecho confirmando la
aceptación de la curul, cuya respuesta, de fecha 29 de agosto de 2024, fue que no
se encontraron dichos documentos.
61.7. Trajo a colación que el accionado manifestó ante notario y bajo la gravedad del
juramento, el 2 de septiembre de 2024, que en los escrutinios celebrados en el
municipio de Palmar de Varela, con ocasión de las elecciones de 27 de octubre de
2019, no acudió personalmente ni por interpuesta persona ni otorgó poder para ser
representado ni dio su consentimiento verbal o escrito.
61.8. Expuso que el derecho de petición aludido y la declaración jurada fueron
allegados al proceso “[…] después de celebrada la audiencia, en la misma hice
alusión, a la INEXISTENCIA de la carta de aceptación, así como del poder
conferido, y del tal memorial del abogado confirmando la aceptación. […]”.
61.9. Trajo a colación que el accionado, en las elecciones realizadas en octubre de
2023, volvió a ser candidato a la alcaldía superando su anterior votación y subrayó
que dio instrucciones a una apoderada para que presentara denuncia penal en
contra del registrador municipal del Estado Civil de Palmar de Varela por las
irregularidades ocurridas en los escrutinios.
61.10. Mencionó que la primera instancia, en auto de 2 de septiembre de 2024,
decretó una nulidad procesal y, sin estar ejecutoriada la providencia, proyectó la
sentencia fechada es mismo día, lo que le dio a entender que se quería “[…]
desatender las pruebas entregadas el 3 de septiembre de 2024 que eran de tal
trascendencia, que otro hubiese sido el sentido del fallo, y por ello le coloca fecha
del 2 de septiembre a la sentencia, que sin embargo nació a la vida jurídica después
del 10 de octubre de 2024 […]”.
62. Afirmó que la primera instancia supone que existió una carta de aceptación, un
poder y que un abogado entregó el memorial a la Comisión Escrutadora de Palmar
de Varela confirmando la aceptación de la curul por parte del accionado, “[…] y así
lo diga el acta general de escrutinios (que por ciento no fue leída a viva voz en ese
aparte) ante nuestra oposición, debe cotejarse su real existencia con otros medios
de prueba. […]”.
ii) “[…] En el juicio subjetivo no se demostró el dolo o culpa grave de
mi mandante […]”
63. Afirmó que para la primera instancia no resultó aceptable el concepto jurídico
solicitado al profesional del derecho “[…] Dr. WILSON RAFAEL MEJÍA AFANADOR
[…]” quien fungía, para la época de los hechos, como presidente del Directorio
Departamental Liberal del Atlántico y quien, como asesor jurídico del accionado,
“[…] lo acompañó irrestrictamente y públicamente en su campaña, siendo él
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residente el Municipio de Palmar de Varela hacía décadas, y que en virtud del covid
19 (sic), falleció el 15 de abril de 2021, razón por la cual, se nos imposibilita su
declaración. […]”; sin embargo, indicó que solicitaría la declaración del señor “[…]
HENRY GEOVANNI AFRICANO DE LA CRUZ […]”, persona cercana al abogado
Mejía Afanador y quien podría dar testimonio sobre las circunstancia de tiempo
modo y lugar en que se dio la asesoría.
64. El apoderado judicial del apelante señaló que:
“[…] El señor Humberto Salim Fontalvo Pérez, hoy Humberto Salim Raad Pérez, en
medio de su aflicción que más adelante explicaré, no quería estar expuesto a los
escenarios públicos, razón por la cual, tenía pensado, renunciar a tomar posesión de
su investidura de concejal, pero ante las dudas jurídicas que le suscitaban la nueva
norma contenida en el artículo 25 de la ley 1909 de 2018 o estatuto de la oposición,
pidió la asesoría de quien él consideraba como el mejor y más experimentado
abogado de Palmar de Varela, Dr. Wilson Mejía Amador, que para el suscrito, quien
tuve oportunidad de conocerlo, también lo era, quien a prime facie (sic), le dijo que no
veía impedimento legal alguno para que presentara renuncia para posesionarse en la
curul de concejal, pero que dada a lo reciente de la norma, le diera unos días de
espera, para estudiarla con detenimiento y darle una más completa asesoría.
A los pocos días, el Dr. Mejía Amador contacta a mi mandante y le explica que en
virtud de que él como no fue elegido al concejo de manera directa, sino indirecta, tenía
un derecho personal e intransferible en virtud del estatuto de la oposición y que no
tendría consecuencia negativa alguna, si decidía renunciar a ocupar la curul,
advirtiéndole que debía pasar la correspondiente comunicación al Presidente del
Concejo Municipal. También le dijo que el término de “sin posibilidad de retracto”
contenido en la resolución No. 2276 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, se
refería exclusivamente durante los escrutinios, ya que dicha resolución, solo se refería
a dicho procedimiento. Adicionalmente, mi mandante le preguntó, que si no era mejor,
posesionarse e inmediatamente renunciar, a lo que el abogado le manifestó, que eso
si le parecía algo antiético y censurable, y que era como una manera de hacerle
trampa a la ley.
Dicho concepto no dista mucho, del que muchos tribunales administrativos del país,
palmaron en varias sentencias, recién estrenada la norma, donde opto por recordar
las siguientes:
(…)
Si bien es cierto, el Consejo de Estado, revocó las anteriores sentencias, ello no dice
cosa distinta, a que ni a la altura de los más encopetados magistrados de los
tribunales administrativos del país, había conciencia de la ilicitud sustancial a título de
dolo o culpa grave, en la conducta desplegada por mi mandante, y otros tantos, que
arropados en el manto de la confianza legítima que le suscitó la aceptación de sus
renuncias, no tomaron posesión de sus curules.
(…)
En la Corte Constitucional también han sido destacado salvamentos de votos de
Magistrados que no comparten que una sanción tan severa como es la pérdida de
investidura se les aplique a los concejales que han renunciado a la curul antes de
tomar posesión, y la misma ha sido aceptada por la mesa directiva. Veamos este
salvamento del Magistrado Jorge Iván Palacio: […]”.
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65. Argumentó que si no existía una causal de pérdida de investidura relacionada
con el desistimiento en la aceptación de la curul obtenida por el derecho personal
previsto en el Estatuto de la Oposición, no podría predicarse la configuración de la
causal atribuida al accionado pues esta se aplicaría a quienes, desde un principio,
aspiraron al concejo municipal.
66. Puso de presente que estaba demostrado que el accionado renunció y le fue
aceptada la renuncia por la mesa directiva del Concejo Municipal de Palmar de
Varela.
iii) “[…] El fin teleológico de la pérdida de investidura y el abuso del
derecho […]”
67. Adujo que la presunción de defraudar la confianza del electorado había quedado
totalmente desvirtuada “[…] al aportar los guarismos electorales de mi mandante,
cuando en las elecciones de 2019 obtuvo 7214 votos y en las del año 2023, cuando
volvió a lanzarse para el mismo cargo de alcalde, mejoró su votación, obteniendo
7580 votos. […]”.
68. Subrayó que el fin que persigue la presentación de la solicitud de pérdida de
investidura en contra del accionado “[…] a pocos meses de caducar la acción […]”
era “[…] acallar al demandado, quien es la única voz de oposición […]” que tenía el
Concejo Municipal de Palmar de Varela y dio cuenta que el accionante es hermano
del actual alcalde de ese municipio, pese a que no cuenta con los registros civiles
de nacimiento de ambas personas para acreditar ese parentesco.
69. Expresó que la solicitud de pérdida de investidura es, igualmente, una retaliación
por “[…] haberse atrevido a demandar mediante la acción de nulidad electoral la
elección del actual alcalde de Palmar de Varela, su señor hermano. […]”.
70. Anotó que el medio de control de pérdida de investidura se empleó para acallar
a la oposición y que se abusó del derecho al acudirse al medio de control con
temeridad.
iv) “[…] La fuerza mayor como exonerante (sic) de la responsabilidad
[…]”
71. El apoderado del accionado mencionó que:
“[…] En mi intervención y en el resumen escrito, presentado luego de la audiencia,
dejé plasmadas las evidencias de la campaña negra de desprestigio que fue objeto
mi mandante. Un señor que hasta el año de 2018 solo había tenido rumores sobre su
verdadero padre, pero que en la campaña de 2019, los ataques contra su familia
fueron tan incisivos y deshonrosos que confrontó a su madre, y ésta, unos días
después de la campaña (cuando mi mandante ya tenía 33 años), fue que por fin le
dijo la verdad sobre su padre, lo que se corroboró con las pruebas de ADN dadas a
conocer hasta el año de 2022.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
No solo entró en la natural tristeza que les pasa a quienes pierden por pocos votos
una elección, sino que al tener un conocimiento ya franco y directo sobre la verdad
de su progenitor, JORGE RAAD MANZUR, por cierto fallecido hacía muchos años, lo
llevaron a una depresión, teniendo que ser tratada su afección por la Psicóloga
MIREYMA LUZ PEREZ CUELLO, quien en declaración jurada que adjunto, en uno de
sus apartes manifiesta:
(…)
Desconozco si los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, o ahora los
del Consejo de Estado han pasado por una situación de éstas, como para determinar,
si efectivamente, la depresión causada y la recomendación dada por una profesional
de la psicología, son o no, motivo para configurarse la fuerza mayor.
(…)
Y si la respuesta es no, la solución al problema jurídico planteado, era la de NO
decretar la pérdida de investidura, toda vez, que en materia sancionatoria, cualquier
duda, debe resolverse a favor del demandado.
Solo, quien padece una situación de éstas, está en capacidad de evaluarla y dar un
veredicto. No olvidemos que este juicio, aparte de desentrañarse la causal objetiva
de pérdida de investidura, debe hacerse un juicio subjetivo, donde está proscrita la
responsabilidad objetiva, teniéndose que demostrar el dolo o la culpa grave del
demandado.
(…)
Cuando no se tienen los elementos suficientes que nos lleven a tener la certeza, sobre
si una renuncia es presentada por fuerza mayor o no, y siendo la inexistencia de la
fuerza mayor, la causal de una sanción tan severa como la muerte política, ésta no
podrá decretarse, así haya un mínimo de incertidumbre.
Peor aún, en nuestro caso concreto, se tienen los elementos constitutivos de la fuerza
mayor. El estado de depresión de mi mandante, fue certificado por una profesional de
la psicología, quien le recomendó, no tomar posesión del cargo de concejal, con el fin
de no estar expuesto a la vida pública en medio de su enfermedad, y evitar así nuevos
ataques contra la honra de su familia. La depresión no devino por la voluntad de mi
prohijado, jamás se lo esperaba y sus efectos en su salud mental, no le fueron
resistibles, como lo demuestra su profunda tristeza que derivó en depresión. […]”.
v) “[…] El Tribunal del atlántico (sic) invirtió la carga de la prueba […]”
72. Insistió en que no existió aceptación expresa y por escrito del accionado de la
curul de concejal del municipio de Palmar de Varela, teniendo en cuenta que no
existen los documentos que lo acreditarían, no es posible sancionarlo con la pérdida
de investidura.
I.8. Trámite del recurso de apelación
73. Mediante auto de 4 de diciembre de 202426, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por el accionado en contra de la sentencia de 2 de septiembre de 2024.
26
Cfr. Índice 70, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
74. En auto de 10 de abril de 202527 se resolvió admitir el recurso de apelación
interpuesto por el accionado, negar el decreto de las pruebas solicitadas en segunda
instancia y correr traslado del auto admisorio a la parte accionada y al agente del
Ministerio Público, por el término de tres (3) días.
75. La parte accionante28 solicitó que se desestimaran los argumentos del recurso
de apelación por la ausencia de pruebas que sustenten las afirmaciones realizadas
por el accionado y destacó que:
“[…] Con lo anotado y demostrado en todos los documentos anteriores, igualmente
en lo consignado en el Formulario E-26 CON hacen plena prueba y confirma que el
señor HUMBERTO SALIM RAAD PEREZ aceptó como cierto el hecho de ocupar la
curul como Concejal en el Municipio de Palmar de Varela al ser el segundo candidato
con mayor votación en las Elecciones de autoridades regionales, Alcaldía de Palmar
de Varela, en las elecciones del 27 de octubre de 2019, y no son meras suposiciones
y conjeturas tal y como lo manifiesta el abogado GIOVANNY DECOLA.
A manera de conclusión, es imperativo dejar claro que el señor HUMBERTO SALIM
RAAD PEREZ sino (sic) estaba de acuerdo con la asignación a la curul de Concejal
Municipal, debió haber demandado el formulario E-26.
Le cabe razón al Honorable Magistrado rechazar las pruebas presentadas por ser
extemporáneas de acuerdo a lo fundamentado en el artículo 14 de la Ley 1881 de
2018, igualmente a lo previsto en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 el cual
establece las oportunidades probatorias dentro de esta clase de procesos.
Que las aseveraciones presentadas por el apoderado judicial del accionado
HUMBERTO SALIM RAAD PEREZ carecen de sustento probatorio; dado que lo único
que está probado dentro del proceso es la Aceptación de la curul en calidad de
concejal del Municipio de Palmar de Varela, por obtener la segunda votación y no
haber renunciado a ella, encontrándose incurso en PÉRDIDA DE INVESTIDURA. Lo
único que pretende el apoderado judicial es inducir al Despacho en error tratando de
demostrar hechos falsos sin pruebas que demuestren tales afirmaciones. […]”
(negrilla del texto).
76. La parte accionada29 presentó recurso de súplica contra el artículo segundo de
la parte resolutiva del auto 10 de abril de 2025 que negó la práctica de las pruebas
solicitadas en segunda instancia.
77. La Sala, en auto de 29 de mayo de 202530, decidió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR el auto de 10 de abril de 2025, proferido por el
consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, por medio del cual denegó
tener como pruebas unos documentos y decretar unos testimonios aportados y
solicitados por la parte demandada en el recurso de apelación interpuesto contra el
fallo de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente proveído. […]” (negrilla del texto).
27
Cfr. Índice 6, SAMAI.
28
Cfr. Índice 10, SAMAI.
29
Cfr. Índice 12, SAMAI.
30
Cfr. Índice 20, SAMAI.
21
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
78. La parte accionada, en memorial radicado el 10 de agosto de 2025 31, solicitó que
esta Sección, al momento de dictar sentencia, tuviera en cuenta la sentencia de
unificación SU-292 de 2025, proferida por la Corte Constitucional, de la cual anexó
el comunicado núm. 32 de 2 y 3 de julio de 2025.
79. La parte accionante, por su parte, en memorial radicado el 15 de agosto de
202532, se pronunció respecto de la solicitud de aplicación de la citada sentencia de
la Corte Constitucional y solicitó desestimar los argumentos del recurso de
apelación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
80. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del
accionado; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada;
y v) los cargos formulados por el apelante contra la sentencia de primera instancia.
II.1. La competencia
81. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201933, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15034 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
82. La condición del accionado, señor “[…] Humberto Salim Raad Pérez (antes
Humberto Salím Fontalvo Pérez) […]”35, como concejal electo del municipio de
Palmar de Varela, período 2020-2023, se encuentra acreditada por la copia del
formulario E-26 CON36, “[…] ACTA PARCIAL DEL ESCRUTINIO MUNICIPAL (…)
CONCEJO […]”, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
correspondiente a las elecciones de autoridades territoriales realizadas el 27 de
octubre de 2019 para el municipio de Palmar de Varela (Atlántico), en la cual se
indica:
31
Cfr. Índice 26, SAMAI.
32
Cfr. Índice 28, SAMAI.
33
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
34
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
35
Conforme la parte resolutiva de la sentencia de 2 de septiembre de 2024.
36
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
22
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83. Los cuestionamientos del recurso de apelación frente al formulario E-26 CON,
“[…] ELECCIONES AUTORIDADES TERRITORIALES (…) 27 DE OCTUBRE DE
2019 (…) ACTA PARCIAL DEL ESCRUTINIO MUNICIPAL (…) CONCEJO […]”,
serán analizados al abordar los argumentos de la impugnación.
II.3. El problema jurídico
84. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201237, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por el accionado, se contrae a determinar si debe
revocarse la sentencia de 2 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se decretó la pérdida de
investidura del señor “[…] Humberto Salim Raad Pérez (antes Humberto Salím
Fontalvo Pérez) […]” (negrilla del texto), declarado concejal del municipio de
Palmar de Varela, período 2020-2023, en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la
Ley 1909, por estimar que no se configuró la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617.
85. El apelante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, en razón
a que:
85.1. Existió un juicio falso de existencia puesto que la primera instancia encontró
acreditado, sin estarlo, que el accionado había aceptado la curul de concejal del
municipio de Palmar de Varela, teniendo en cuenta que lo expuesto en el formulario
37
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
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E-26 CON, correspondiente al acta parcial del escrutinio municipal de las elecciones
territoriales realizadas el 27 de octubre de 2019, no corresponde a lo sucedido en
esos escrutinios.
85.2. La primera instancia invirtió la carga de la prueba e insistió en que, en la medida
en que no existió aceptación, expresa y por escrito del accionado, de la curul de
concejal del municipio de Palmar de Varela, pues no existen los documentos que
así lo acrediten, no era posible sancionarlo con la pérdida de investidura.
85.3. Se configuró un evento de fuerza mayor consistente en el estado de salud
mental del accionado, lo cual motivó su renuncia a ocupar la curul de concejal del
municipio de Palmar de Varela.
85.4. Se empleó la solicitud de pérdida de investidura con un mecanismo para acallar
al demandado en el ejercicio de la oposición política y como retaliación por haber
formulado demanda de nulidad electoral en contra del actual alcalde del municipio
de Palmar de Varela, quien es hermano del accionante.
85.5. No se demostró el dolo o culpa grave en la medida en que i) el accionado acudió
a la asesoría de un profesional del derecho quien le indicó que no había
impedimento legal para que presentara su renuncia para posesionarse en la
respectiva curul, en tanto su elección era indirecta producto del derecho que le
confería el Estatuto de la Oposición, y ii) no tomó posesión del cargo por la confianza
legítima proveniente que le generó la aceptación de su renuncia.
II.4. La causal de pérdida de investidura invocada
86. El accionante le atribuyó al concejal accionado, haber incurrido en la causal de
pérdida de investidura contenida en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617, esto
es:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
(…)
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren
llamados a posesionarse.
(…)
Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor
[…]”.
24
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87. Esta Sección38 ha señalado que para la configuración objetiva de esta causal se
requiere de la presencia de los siguientes elementos:
“[…] Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la
Constitución Política, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 136,
todos los servidores públicos, categoría a la cual pertenecen los concejales, deberán
posesionarse de manera previa al ejercicio de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes
correspondientes, por cuanto es tal acto el que los vincula directamente con sus
deberes, derechos y responsabilidades institucionales39.
Con fundamento en ello, la Sala reitera que los elementos objetivos y configurantes
de esta causal de pérdida de investidura, así como las condiciones bajo las cuales
debe verificarse su presencia, son los siguientes:
(I) Que el candidato una vez haya sido declarado concejal por la autoridad electoral
competente y obtenida su curul, no se posesione en dicho cargo dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la fecha de la instalación del respectivo cabildo municipal o
distrital.
(II) O que el candidato a concejal, a pesar de no haber sido declarado electo por la
autoridad electoral competente ni obtenida su curul en las elecciones territoriales, sea
llamado a posesionarse en dicho cargo por la respectiva Mesa Directiva del cabildo
municipal o distrital al cual aspiró, -en aras de cubrir una vacancia por falta absoluta26
ocurrida con posterioridad-, y aun así no se posesione dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la fecha del llamado.
(III) O que el candidato al cargo uninominal de alcalde municipal o distrital, que no
haya sido elegido como tal, pero haya obtenido la segunda mejor votación, acepte por
escrito, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la declaratoria de elección
de ese cargo, y previo a la del concejo municipal o distrital, una curul en dicha
corporación territorial proveída con el fin de garantizar la oposición política por
ministerio de los artículos 112 Superior, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015 y 25 de la
Ley Estatutaria 1909, en consonancia con el artículo segundo de la Resolución núm.
2276 de 2019, y sin embargo no se posesione en el cargo dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la instalación del correspondiente cabildo municipal o distrital.
En esa medida el correcto entendimiento de la dinámica constitucional exige aplicar
la causal prevista en el artículo 48, numeral 3 de la Ley 617, no solo cuando el
incumplimiento del deber de posesión proviene del candidato elegido en la contienda
electoral o llamado a completar una vacante absoluta, sino también cuando en dicha
omisión incurra el designado que aceptó la curul otorgada por mandato de los
artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25 de la Ley Estatutaria
1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019. Para la Sala, este referente
constitucional no puede ser concebido, en modo alguno, como una circunstancia
excluida del régimen de pérdida de investidura territorial, así como tampoco implica
desconocer el carácter restrictivo que gobierna este medio de control.
(…)
38
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 5 de diciembre de 2024. Radicación núm.: 13001233300020240025001.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de 2017, número
único de radicación 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E). Ver
también: Corte Constitucional, sentencia C-247 de 1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto
núm. 1135 de 22 de julio de 1998.
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(IV) En cualquiera de los tres escenarios anteriores, cuando la causa de la omisión
de posesionarse en el término previsto ante el presidente de la corporación o quien
haga sus veces, haya sido una situación de fuerza mayor, no se configurará esta
causal.
La Sala resalta en este punto que, conforme se desprende de la norma acusada y,
por disposición expresa del legislador, el estudio de la eventual configuración, o no,
de un evento de fuerza mayor, resulta intrínseco al análisis inicial de la referida causal;
es decir, para efectos metodológicos, es obligación del operador judicial, a diferencia
de lo que sucede con otras causales, auscultar su presencia desde la revisión
preliminar de sus elementos configurativos, debido a la particular forma como está
concebida esta causal.
Ello, al margen de la evidente esencia subjetiva que envuelve el estudio del fenómeno
de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad en el proceso de pérdida de
investidura, toda vez que procura explorar circunstancias que justifiquen la comisión
de las conductas tipificadas. […]”.
88. No sobra precisar, siguiendo el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el
artículo 4° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201940, que el proceso de pérdida
de investidura es un proceso de carácter sancionatorio en el que se realiza un juicio
de responsabilidad subjetivo, lo que quiere indicar que para efectos de establecer
si un concejal, en este caso, incurrió en las causales que se le imputan, no basta
con analizar la tipicidad de la conducta, esto es, establecer si los hechos invocados
en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se adecúan a la causal
endilgada.
89. Se requiere, adicionalmente y en caso de que se encuentre que la conducta del
concejal acusado se adecúa a la causal de pérdida de investidura que se le atribuye,
evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente culposa.
II.5. Los cargos formulados por el apelante en contra de la sentencia de
primera instancia
II.5.1. Los cuestionamientos relativos a la aceptación de la curul de concejal
por el accionado
90. La Sala se referirá a los cuestionamientos de la parte apelante relativas a la
aceptación de la curul de concejal del municipio de Palmar de Varela, período 2020-
2023, formulados en los cargos denominados “[…] El a quo hizo un juicio falso de
existencia […]” y “[…] El Tribunal de atlántico (sic) invirtió la carga de la prueba
[…]”.
91. La parte apelante estimó que no estaría probado que aceptó ocupar la curul de
concejal del municipio de Palmar de Varela, período 2020-2023, en virtud de lo
previsto en el artículo 25 de la Ley 1909, pese a que en la contestación a la solicitud
dio por cierto esa aceptación y al contenido del formulario E-26 CON.
40
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
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92. Manifestó que lo expresado en el formulario E-26 CON no corresponde a la
realidad, aludiendo al contenido del acta general de escrutinios de la Comisión
Municipal de Palmar de Varela y afirmando que era falso que haya aceptado la curul
de concejal de ese municipio; que haya otorgado al abogado Ismael de los Reyes
Barrios Marín, por ser simpatizante del grupo político de su rival a la alcaldía de ese
municipio; y que este apoderado haya confirmado tal aceptación.
93. Mencionó que recibió respuesta, el 29 de agosto de 2024, a un derecho de
petición presentado ante el registrador municipal de Palmar de Varela, en el cual se
informó que no se encontró la carta de aceptación ni poder alguno y, además, que
manifestó ante notario, bajo la gravedad del juramento, que en los escrutinios
celebrados el 27 de octubre de 2019, no acudió personalmente ni por interpuesta
persona a estos, ni otorgó poder para ser representado ni dio consentimiento verbal
o escrito para la aceptación de la curul de concejal de ese municipio, pruebas que
fueron allegadas con posterioridad a la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12
de la Ley 1881, pero que no fueron tenidas en cuenta en la sentencia de primera
instancia, no obstante se aportaron con el recurso de apelación para que fueran
valoradas en segunda instancia.
94. Estimó que la primera instancia supuso que existió carta de aceptación de la
curul, que existió poder al citado abogado y que el profesional del derecho allegó
memorial confirmando la aceptación.
95. La Sala advierte que mediante auto de 23 de julio de 2024, el magistrado
sustanciador del proceso se pronunció frente a las pruebas cuya práctica fue
solicitada.
96. En el citado auto se tuvieron como pruebas los documentos allegados en la
solicitud de pérdida de investidura, entre ellos, el “[…] Acta parcial de escrutinio
municipal concejo municipal de fecha E-26 de fecha (sic) 27 de octubre de 201941
[…]” y se indicó que “[…] La parte demandada, si bien contestó la demanda, no
aportó elementos de convicción ni solicitó la práctica de pruebas42 […]”.
97. Es así como fue allegada al proceso, de manera regular y oportuna, únicamente,
el “[…] Acta parcial de escrutinio municipal concejo municipal de fecha E-26 de
fecha (sic) 27 de octubre de 201943 […]”, en la cual consta que:
41
Folios 35-43- Archivo 02DemandaAnexos
42
Archivo digital “18_CONTESTACIÓN”
43
Folios 35-43- Archivo 02DemandaAnexos
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98. Se precisa que el apelante, con su impugnación, solicitó la práctica de pruebas
en segunda instancia, en la siguiente forma:
“[…] En aras de hallar la verdad real sobre este proceso, aparte de las que el
Despacho considere decretar de oficio, téngase como pruebas las siguientes:
• Documentales
1. Declaración jurada de mi mandante, donde bajo la gravedad del juramento
manifiesta no haber suscrito carta de aceptación de la curul de concejal ni haber
otorgado poder al abogado ISMAEL DE LOS REYES BARRIOS MARÍN
2. Copia del derecho de petición del 27 de agosto de 2024 enviado a la Registraduría
Municipal del Estado Civil de Palmar de Varela con el objeto de remitir copia de la
supuesta carta de aceptación de la curul y copia del supuesto poder otorgado.
3. Copia de la respuesta al anterior derecho de petición del 29 de agosto de 2024
donde el Registrador confirma que en su despacho registral no reposan los anteriores
documentos ni se tienen evidencia de los mismos.
4. Constancia del correo enviado al Tribunal administrativo del atlántico el 3 de
septiembre de 2024 a las 9:44 am donde adjunto las anteriores pruebas muy
relevantes y que fueron desestimadas.
5. Copia de los formularios E-26 municipal de las elecciones de 2019 y 2023, donde
se puede demostrar que mi mandante mejoró su votación anterior, y por lo tanto se
desvirtúa la presunción de haber afectado la confianza de sus electores.
6. Copia del certificado de vigencia de la tarjeta profesional del finado WILSON
RAFAEL MEJIA AMADOR, donde se puede constatar su experiencia de más de 45
años como profesional del derecho.
7. Copia de la resolución del Partido Liberal dando a conocer la composición del
Directorio departamental Liberal donde el Dr. WILSON RAFAEL MEJIA AMADOR
funge como Presidente del directorio departamental Liberal.
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8. Copia del acta general de escrutinios municipales de Palmar de Varela, elecciones
octubre 27 de 2019, donde podrán constatarse las imprecisiones que denuncio.
9. Declaración jurada de la profesional de la psicología MIREYMA LUZ PEREZ
CUELLO, donde certifica el estado de profunda tristeza que derivó en depresión del
señor HUMBERTO SALIM RAAD PEREZ y su recomendación de que renunciara a
tomar posesión como concejal.
10.Copia de la resolución No. 1130 de 2021 del IGAC donde se le hace un
nombramiento al señor ISMAEL DE LOS REYES BARRIOS MARIN, donde aparece
su correo electrónico para ser notificado.
11. Copia de la declaración jurada de la clavera designada por la rama judicial con
ocasión de las elecciones verificadas el 29 de octubre de 2023, y que dan cuenta de
las graves irregularidades ocurridas en el Municipio de Palmar de Varela donde
denuncia que le falsificaron la firma afectado la cadena de custodia de los documentos
electorales, incluidos los formularios y los votos, y que fue uno de los insumos que le
sirvieron a la apoderada judicial de mi mandante para impetrar la denuncia penal
contra el hoy Registrador de dicho municipio.
• Testimoniales
Ante la renuencia del señor ISMAEL DE LOS REYES BARRRIOS MARIN de
certificarme su condición o no de haber sido mi apoderado, en los escrutinios de 2019,
solicito se llame a declarar al señor ISMAEL DE LOS REYES BARRIOS MARIN (…)
para que manifieste bajo la gravedad del juramento y enseñe los elementos de
convicción del supuesto poder otorgado por el señor HUMBERTO SALIM RAAD
PEREZ y el memorial enviado a la comisión escrutadora municipal.
Se llame a declarar bajo la gravedad del juramento al señor HENRY GEOVANNI
AFRICANO DE LA CRUZ (…) para que cuente todo cuanto sepa de la asesoría
brindada por el Dr. WILSON RAFAEL MEJIA AMADOR al demandado y sobre los
escrutinios de octubre de 2019, en especial, en lo atinente a la aceptación de la curul
de parte del demandado y el actuar de la Comisión escrutadora Municipal. […]” .
99. En auto de 10 de abril de 2025 se negó la práctica de estas pruebas en segunda
instancia, decisión confirmada en auto de 29 de mayo de 2025.
100. La prueba que reposa en el expediente, en relación con la aceptación de la curul,
es el formulario E-26 CON, acta parcial del escrutinio para el concejo municipal de
Palmar de Varela, correspondiente a las elecciones realizadas el 27 de octubre de
2019.
101. Por ello, no es posible, como lo hace el apelante, referirse a las pruebas
allegadas con el recurso de apelación, entre ellas, al acta general de los escrutinios
municipales del municipio de Palmar de Varela, a la petición de 27 de agosto de
2024 formulada por el accionado a la Registraduría Municipal del Estado Civil de
Palmar de Varela, a la respuesta a esa petición de fecha 29 de agosto de 2024, a
los formularios E-26 de las elecciones de 2019 y 2023 o a la declaración
juramentada realizada por el accionado.
102. El formulario E–26 CON, en términos del artículo 257 de la Ley 1564, es un
documento público, los cuales “[…] hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de
las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza […]”, por lo que
los miembros de la comisión escrutadora dieron fe de que:
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
103. Se precisa que el medio de control de pérdida de investidura, conforme el
artículo 1. ° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4. ° de la Ley 2003, es un
proceso sancionatorio en el cual se realiza un juicio de responsabilidad subjetiva en
contra de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular que, con
su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan incurrido en las causales previstas
en la Carta Política y en la ley, por lo que no tiene por objeto discutir si los
documentos electorales contienen datos contrarios a la verdad, como lo pretende el
apelante.
104. Se estima que la condición del accionado como concejal elegido del municipio
de Palmar de Varela, período 2020-2023, en virtud de la aplicación de lo previsto en
el artículo 25 de la Ley 1909, se encuentra debidamente acreditada, en
consecuencia, los cargos no tienen vocación de prosperidad.
II.5.2. La configuración de un evento de fuerza mayor
105. La parte accionada alegó que la presentación de su renuncia a ocupar la curul
de concejal del municipio de Palmar de Valera fue la consecuencia de su estado de
salud mental, lo cual constituye en evento de fuerza mayor. El apoderado del
accionando, resaltó:
“[…] En mi intervención y en el resumen escrito, presentado luego de la audiencia,
dejé plasmadas las evidencias de la campaña negra de desprestigio que fue objeto
mi mandante. Un señor que hasta el año de 2018 solo había tenido rumores sobre su
verdadero padre, pero que en la campaña de 2019, los ataques contra su familia
fueron tan incisivos y deshonrosos que confrontó a su madre, y ésta, unos días
después de la campaña (cuando mi mandante ya tenía 33 años), fue que por fin le
dijo la verdad sobre su padre, lo que se corroboró con las pruebas de ADN dadas a
conocer hasta el año de 2022.
No solo entró en la natural tristeza que les pasa a quienes pierden por pocos votos
una elección, sino que al tener un conocimiento ya franco y directo sobre la verdad
de su progenitor, JORGE RAAD MANZUR, por cierto fallecido hacía muchos años, lo
llevaron a una depresión, teniendo que ser tratada su afección por la Psicóloga
MIREYMA LUZ PEREZ CUELLO, quien en declaración jurada que adjunto, en uno de
sus apartes manifiesta:
(…)
Desconozco si los magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, o ahora los
del Consejo de Estado han pasado por una situación de éstas, como para determinar,
si efectivamente, la depresión causada y la recomendación dada por una profesional
de la psicología, son o no, motivo para configurarse la fuerza mayor.
(…)
30
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
Y si la respuesta es no, la solución al problema jurídico planteado, era la de NO
decretar la pérdida de investidura, toda vez, que en materia sancionatoria, cualquier
duda, debe resolverse a favor del demandado.
Solo, quien padece una situación de éstas, está en capacidad de evaluarla y dar un
veredicto. No olvidemos que este juicio, aparte de desentrañarse la causal objetiva
de pérdida de investidura, debe hacerse un juicio subjetivo, donde está proscrita la
responsabilidad objetiva, teniéndose que demostrar el dolo o la culpa grave del
demandado.
(…)
Cuando no se tienen los elementos suficientes que nos lleven a tener la certeza, sobre
si una renuncia es presentada por fuerza mayor o no, y siendo la inexistencia de la
fuerza mayor, la causal de una sanción tan severa como la muerte política, ésta no
podrá decretarse, así haya un mínimo de incertidumbre.
Peor aún, en nuestro caso concreto, se tienen los elementos constitutivos de la fuerza
mayor. El estado de depresión de mi mandante, fue certificado por una profesional de
la psicología, quien le recomendó, no tomar posesión del cargo de concejal, con el fin
de no estar expuesto a la vida pública en medio de su enfermedad, y evitar así nuevos
ataques contra la honra de su familia. La depresión no devino por la voluntad de mi
prohijado, jamás se lo esperaba y sus efectos en su salud mental, no le fueron
resistibles, como lo demuestra su profunda tristeza que derivó en depresión. […]”.
106. Para el análisis del cargo formulado por la parte accionada, se advierte que en
el expediente está acreditado, lo siguiente:
106.1. El accionado, conforme el formulario E-26 CON44, fue declarado concejal del
municipio de Palmar de Varela (Atlántico), en virtud de lo previsto en el artículo 25
de la Ley 1909, que al tenor señala:
“[…] ARTÍCULO 25. CURULES EN LAS CORPORACIONES PÚBLICAS DE
ELECCIÓN POPULAR DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Los candidatos
que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos en los
cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal,
tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas
Departamentales, Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos,
durante el periodo de estas corporaciones. Con la organización política a que
pertenezcan, podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7o de esta
ley y harán parte de la misma organización política.
Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde
Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y
Concejos Distritales y Municipales respectivamente, los candidatos que
ocuparon el segundo puesto en votación, deberán manifestar por escrito ante
la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o no una curul en
las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.
Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales,
la autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como
diputados y concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos
puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista
44
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules restantes de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.
Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el
artículo 263 de la Constitución Política para la distribución de todas las curules de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por población.
[…]” (negrilla y subrayado del texto).
106.2. Se encuentra comunicación de 30 de diciembre de 2019, con fecha de recibido
2 de enero de 202045, en la cual el accionado presentó renuncia irrevocable a la
curul de concejal del municipio de Palmar de Varela, así:
106.3. El Concejo Municipal de Palmar de Varela, conforme el acta respectiva 46,
realizó sesión inaugural el día 2 de enero de 2020, en la cual tomaron posesión los
concejales de ese municipio para el período 2020-2023. En desarrollo de dicha
sesión se procedió a la lectura de la carta de renuncia remitida por el accionado
[punto núm. 4 del orden del día].
106.4. Mediante Resolución núm. 001 de 3 de enero de 202047, la presidente del
Concejo Municipal de Palmar de Varela aceptó la renuncia presentada por el
accionado a su curul de concejal, período 2020 – 2023, así:
45
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
46
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
47
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
32
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
“[…] RESOLUCIÓN No. 001
(3 de enero de 2020)
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA A UN CONCEJAL DEL
MUNCIPIO (sic) DE PALMAR DE VARELA”
El honorable PRESIDENTE DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE
VARELA, en uso de sus facultades Constitucionales y Legales contenidas en la Ley
136 de 1994 modificada por la Ley 1551 del año 2.021, y:
CONSIDERANDO:
Que el día 27 de octubre de 2019 se realizaron las elecciones para elegir Alcaldes,
Concejales, Diputados y miembros de Juntas Administradoras Locales.
En el Municipio de Palmar de Varela se eligió en calidad de Alcalde al Dr. GALDINO
RENE OROZCO FONTALVO, quien obtuvo la mayor votación y el segundo lugar el
candidato HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ.
El señor HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ, aceptó ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la curul ante el Concejo Municipal de Palmar de Varela, en
representación del Partido Liberal, para la provisión señalada en el Estatuto de la
Oposición, Ley 1909 del año 2018.
Una vez otorgada la credencial al señor HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ,
radicó el día 29 de diciembre de 2019, ante el delegado de la Registraduría Nacional
del Estado Civil del Municipio de Palmar de Varela, renuncia irrevocable a su curul de
concejal del Municipio.
La renuncia fue puesta a consideración del Registrador Nacional del Estado Civil, vía
correo electrónico, mediante comunicación de fecha 2 de diciembre del año 2019.
Mediate (sic) comunicación de fecha 11 de diciembre de 2019, se informa al delegado
de la Registraduría, que el peticionario debe radicarla ante el Concejo Municipal, para
que se le informe sobre el particular, por no ser la Registraduría la entidad competente
para su aceptación.
El día 2 de enero del año 2020, siendo la 2:00 PM, el señor HUMBERTO SALIM
FONTALVO PEREZ, radicó ante el CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE
VARELA, renuncia irrevocable a la curul en calidad de concejal del municipio para el
periodo 2020-2023.
Por ser competente el señor Presidente de la Corporación para decidir sobre la
aceptación de la renuncia de un concejal, en atención a lo señalado en el artículo 53
de la Ley 136 de 1.994, modificada por la Ley 1551 de 2012.
RESUELVE:
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada por el señor HUMBERTO SALIM
FONTALVO PEREZ (…) a su curul en calidad de concejal del Municipio de Palmar
de Varela, para el período 2020-2023.
SEGUNDO: Comunicar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre la
aceptación de la presente renuncia.
TERCERO: Comunicar al señor HUMBERTO SALIM FONTALVO PEREZ, la
presente decisión. […]” (negrilla del texto).
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
106.5. Se encuentran comunicaciones de 3 y 15 de enero de 202048,
respectivamente, dirigidas al registrador municipal de Palmar de Varela y al Consejo
Nacional Electoral, por parte de la presidente del Concejo Municipal de Palmar de
Varela, en las cuales se solicita resolver el trámite para llenar la vacancia absoluta
en esa corporación por la renuncia del accionado.
106.6. Reposa comunicación de 28 de febrero de 202049, dirigida a los magistrados
del Consejo Nacional Electoral, por parte de la presidente del Concejo Municipal de
Palmar de Varela, en la cual informa de la expedición de la Resolución núm. 004 de
7 de enero de 2020, por la cual declaró la vacancia absoluta de una curul en ese
concejo municipal y dispuso el procedimiento para su remplazo.
106.7. Se allegó petición, de fecha 11 de julio de 2022 50, formulada al presidente del
Concejo Municipal de Palmar de Varela, con fecha de radicado 13 de julio de 2022,
en la cual se solicita informar si el accionado tomó posesión del cargo de concejal
de ese municipio, período 2020-2023, y si renunció a esa curul.
106.8. Reposa respuesta a la petición suscrita por el presidente del Concejo Municipal
de Palmar de Varela, de fecha 18 de julio de 202251, en la cual indica que:
107. La causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3. del artículo 48 de
la Ley 617, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de, en este caso, el concejo municipal, o a la
fecha en que fueren llamados a posesionarse, no tiene aplicación cuando medie
fuerza mayor.
108. EstaSección52, en relación con la fuerza mayor como eximente de
responsabilidad en el proceso de pérdida de investidura, ha destacado lo siguiente:
48
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
49
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
50
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
51
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
52
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de marzo de 2025.
Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicación núm.: 68001233300020230073902.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
“[…] Frente al alcance del referido concepto de fuerza mayor, la Sala ha precisado53,
entre otras, en providencia de 16 de febrero de 2012, lo siguiente:
“[…] En consideración a lo anterior, es preciso determinar si en el asunto sub
examine estaban dadas o no las condiciones para inaplicar la causal 3ª del
artículo 48 de la Ley en mención, por el hecho de haber mediado una
situación constitutiva de fuerza mayor.
Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 del Código Civil
Colombiano, subrogado por el artículo 1° de la Ley 95 de 1890, “Se llama
fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”
Según se desprende de la anterior definición legal, la situación
constitutiva de la fuerza mayor debe ser un hecho extraño a quien la alega,
totalmente imprevisible e irresistible, capaz de determinar y justificar el
incumplimiento o inejecución de determinado deber u obligación por parte
de éste. En razón de su carácter imprevisible e irresistible, la fuerza mayor
es considerada en nuestro ordenamiento jurídico como causa eximente
de responsabilidad, por cuanto viene a justificar el incumplimiento de la
correspondiente obligación.
Al respecto es pertinente citar el siguiente aparte contenido en la sentencia
proferida el 30 de agosto de 2002, dentro del proceso identificado con el número
8046, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo:
“En otras palabras, ¿qué de imprevisible tiene que una persona, que se
dedica a una actividad única en determinado municipio, decida también, por
su propia voluntad, participar en una elección para concejal? ¿Y qué de
irresistible tiene no renunciar o mantenerse en un cargo de elección popular?
Siempre que en una decisión intervenga la libertad para adoptarla, per se, se
descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues esta supone la ocurrencia
de un imprevisto al que es imposible resistir.
Decidir “correr el riesgo” de suministrar el combustible, bajo la consideración
de estar exonerado por ser proveedor único, conlleva la decisión de asumir
las consecuencias que de ello se derivan, como, por ejemplo, colocarse en
una causal de incompatibilidad. Luego, decidir, voluntariamente, seguir
suministrando el combustible y, al mismo tiempo, desempeñarse como
concejal, no fue un imprevisto al que es imposible resistir, sino todo lo
contrario, una situación, a todas luces previsibles.”
La imprevisibilidad, que es propia de la figura, se presenta cuando resulta
totalmente imposible visualizar o contemplar el hecho con anterioridad a
su ocurrencia. Para establecer qué es lo previsible, se hace necesario
considerar las circunstancias particulares del caso concreto a fin de
verificar cuáles son las previsiones normales que habrían de exigirse a
quien alega en su beneficio ese fenómeno liberatorio.
En tratándose de la obligación que asumen las personas que han sido elegidas
por el voto popular como miembros de una corporación administrativa de
carácter territorial, en el sentido de tomar posesión del cargo dentro del término
perentorio establecido en el artículo 48 de la ley 617 de 2000, el parágrafo de
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 6 de abril de 2017, número
único de radicación 05001-23-33-000-2016-00444-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 10 de
noviembre de 2017, número único de radicación 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo
López.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
ese mismo artículo admite como causal exonerativa o exculpativa de
responsabilidad, la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor, en el
entendido de que el incumplimiento de esa obligación no le es
jurídicamente imputable ni puede dar lugar a que se declare la pérdida de
la investidura, con las gravosas consecuencias señaladas por el
ordenamiento jurídico.
La fuerza mayor, en estos casos, se produce entonces cuando el hecho
exógeno al concejal elegido es imprevisible e irresistible y se traduce en la
imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a la obligación ya mencionada. En
tales circunstancias el hecho de la falta de posesión dentro de la
oportunidad legal no puede subsumirse en la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48 numeral 3° de la Ley 617 de 2000, por
tratarse de una omisión plenamente justificada.
En ese orden de ideas, la ocurrencia de una situación fáctica constitutiva
de fuerza mayor traslada al interesado la carga de demostrar que el
fenómeno por él alegado, además de corresponder a una causa extraña,
imprevisible e irresistible, le impidió el cumplimiento de la obligación de
tomar posesión dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
la instalación de las sesiones del Concejo Distrital […]”54 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
No debe perderse de vista que la Sala ha advertido “[…] que la ocurrencia de una
situación fáctica constitutiva de esa fuerza mayor traslada al interesado la carga de
demostrar que, el fenómeno por él alegado, corresponde a una causa extraña […]”55.
En este sentido, la situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser un hecho: (i)
extraño a quien la alega, (ii) totalmente imprevisible (iii) e irresistible, (iv) capaz de
determinar y justificar el incumplimiento o inejecución de determinado deber u
obligación por parte de éste. […]” (negrillas y subrayado del texto).
109. De las pruebas regular y oportunamente allegadas al medio de control, se
advierte que ninguna de ellas está relacionada con el estado de salud mental del
accionado.
110. El accionado, en su recurso de apelación, hace referencia a una declaración
juramentada rendida por una sicóloga, la cual aportó con la impugnación, así:
“[…] 9. Declaración jurada de la profesional de la psicología MIREYMA LUZ PEREZ
CUELLO, donde certifica el estado de profunda tristeza que derivó en depresión del
señor HUMBERTO SALIM RAAD PEREZ y su recomendación de que renunciara a
tomar posesión como concejal. […]”
111. Se reitera que tal medio de prueba no puede ser valorado en tanto que, en auto
de 10 de abril de 2025 se negó la práctica de pruebas en segunda instancia, decisión
confirmada en auto de 29 de mayo de 2025.
112. Así, el accionado no cumplió con la carga de acreditar la situación de fuerza
mayor alegada, de tal forma que la renuncia presentada a ocupar la curul de
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de febrero de 2012, número
único de radicación 25000-23-15-000-2011-00213-01(PI), consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno (E).
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de agosto de 2015, número
único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González (E).
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
concejal del municipio de Palmar de Varela, en virtud de la aplicación del artículo 25
de la Ley 1909, fundada en motivos personales que no se revelaron, constituyó una
conducta voluntaria de este y, por ello, no provino de un hecho externo imprevisible
e irresistible, por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
II.5.3. El cuestionamiento relacionado con el fin teleológico del medio de
control de pérdida de investidura y el abuso del derecho
113. La parte accionada manifestó que la presentación de la solicitud de pérdida de
investidura en su contra fue un mecanismo para acallar al demandado en el ejercicio
de la oposición política y como retaliación por haber formulado demanda de nulidad
electoral en contra del actual alcalde del municipio de Palmar de Varela, quien es
hermano del accionante.
114. La Sala destaca que de las pruebas que fueron allegadas regular y
oportunamente al proceso, no es posible acreditar las afirmaciones expuestas por
el apelante y, en todo caso, conforme al artículo 5. ° de la Ley 1881, aplicable a los
proceso de pérdida de investidura de concejales y diputados, es claro que el medio
de control puede ser presentado por cualquier ciudadano, esto es, es de carácter
público56, de tal forma que el cuestionamiento no tiene vocación de prosperidad.
II.5.4. No se demostró el dolo o culpa grave del accionado
115. El apelante señala que no se demostró el dolo o culpa grave en la medida en
que i) el accionado acudió a la asesoría de un profesional del derecho quien le indicó
que no había impedimento legal para que presentara su renuncia para posesionarse
en la respectiva curul, en tanto su elección era indirecta producto del derecho que
le confería el Estatuto de la Oposición, y ii) no tomó posesión del cargo por la
confianza legítima proveniente que le generó la aceptación de su renuncia.
116. El artículo 1. ° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003, indica
que:
“[…] El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que,
con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. […]”.
117. Por ello, no resulta suficiente para despojar de la investidura a los miembros de
corporaciones públicas de elección popular, en este caso, a los concejales
municipales o distritales, establecer si los hechos invocados en la solicitud y que se
le atribuyen se adecúan, objetivamente, a la causal endilgada pues se requiere,
además, evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente culposa.
56
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 12 de junio de 2024. Consejero ponente:
Fredy Ibarra Martínez. Radicación núm.: 11001-03-15-000-2023-04791-01 (PI).
37
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
118. Esta Sección57, ha establecido los parámetros bajo los cuales se realiza el
análisis del elemento subjetivo, en la siguiente forma:
“[…] Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016
62. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 201658,
consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía
determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien ostentaba
la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento objetivo y un
elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares en las que se
presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la
actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión […]”.
63. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un Estado
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no
pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se
adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta
regulada en la ley […], contraria al ordenamiento jurídico […] y culpable […]”.
64. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores proscriben
la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura analiza
la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era necesario
verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la inhabilitación para
ser elegido a perpetuidad.
Sentencia de 25 de mayo de 2017
65. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201759, indicó que para
definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar los
elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales correspondían
al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía
o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
66. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el marco
normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general para el
candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer
dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se
obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta de culpa que impidiera el
reproche subjetivo de su obrar.
67. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y negativos con
los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal eran de
obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto “[…] [e]sa, es una
diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción
del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las normales
57
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 11 de mayo de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-01016-01.
58
Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de 2017, C.P. María
Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
38
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y
sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante. […]”.
68. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine, in
dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
69. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:
“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el
sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su
comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos
ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un
grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el
sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba
contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al
menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar. […].
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados
en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
39
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado
para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con
base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena
fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017
70. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 201760,
consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben valorar en los
procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el demandado conocía
o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa
acción u omisión, aspecto que implica verificar si se está ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar
la culpa […]”.
Sentencia de 10 de mayo de 2018
71. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201861, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un
candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le
impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte […]”62.
60
Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José Fernando Reyes
Cuartas.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de 2018, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
62
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de 2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón,
Número único de radicación: 810012339000201600056-01; providencia en la cual se consideró que “[…] El proceder del
demandado deriva en negligente, habida cuenta que no verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual
aspiró, pues ello le hubiera permitido percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido
Concejal Municipal […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de
agosto de 2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante su deber de
conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad […]”;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número
único de radicación: 760012333000201800572-01; providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el
expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es
culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su
obrar. Al respecto, cabe precisar que el artículo 9.º del Código Civil, según el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de
excusa […]”.
40
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
72. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y cuidado,
ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al cargo al cual
pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó de forma diligente
[…]”.
Sentencia de 11 de junio de 2020
73. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202063, hizo referencia al artículo
4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los nacionales […] acatar
la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades […]” y reiteró el
contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual se indica que “[…] la ignorancia
de las leyes no sirve de excusa […]”.
74. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis del
dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés
jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.
75. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa o
gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los hechos
como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto conocía o
debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
76. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara que
el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en
la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; y por el
otro, en aquellos eventos en los que se concluyera que el sujeto no conocía la ilicitud
de su conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su
actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las
medidas para evitar su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
Sentencia de 11 de marzo de 2021
77. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202164, consideró que “[…] no
cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es
acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de investidura;
y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una inquietud a una
entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por superada la censura
de su conducta. Precisamente […] el análisis de la culpabilidad del demandado no se
agota allí, sino que el Juez tiene la obligación de auscultar las singularidades de cada
caso en aras de calificar el comportamiento desplegado por el demandado […]”.
78. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías jurídicas
requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la formulación correcta
y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser necesario, de la
documentación y elementos que permitan su debida comprensión, inquietud que debe
coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de duda
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de 2020, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de 2021, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
41
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura; y de la respuesta del
asunto que se ha encomendado, las apreciaciones o recomendaciones jurídicas
vertidas en los conceptos y asesorías deben ser conclusivas y contener medianos
criterios de idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su
elaboración, de modo tal que de estos se desprenda un convencimiento justificado,
defendible y razonable de no estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida
de investidura.
La conducta dolosa o gravemente culposa
79. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.
80. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -en
este caso, haber incurrido en inhabilidad- se encontraba prohibida por la Constitución
Política y la ley.
81. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria a
derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en
la misma.
82. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es “gravemente
culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable. […]” (negrilla y subrayado del
texto).
119. Para cuestionar la configuración del elemento subjetivo de culpabilidad, el
accionado alega que solicitó concepto jurídico al abogado Wilson Rafael Mejía
Amador, el cual contaba con más de 45 años de experiencia profesional y que, para
aquella época, fungía como presidente del Directorio Departamental Liberal del
Atlántico, no obstante, en atención a que había fallecido, solicitaría:
“[…] la declaración del señor HENRY GEOVANNI AFRICANO DE LA CRUZ, una de
las personas más cercanas al Dr. WILSON MEJÍA AMADOR, y a quien le consta al
detalle la asesoría pedida y brindada, para que nos dé testimonio de las
circunstancias de tiempo modo y lugar en que se dio dicha asesoría, y quien habiendo
estado en los escrutinios, también sobre ellos le interrogaré. […]”.
120. Resaltó que el mencionado profesional del derecho le indicó que, como había
sido elegido de manera indirecta, tenía un derecho personal e intransferible en virtud
del Estatuto de la Oposición y que no tendría problema en renunciar a la curul,
advirtiéndole que debía presentar la correspondiente comunicación al presidente del
Concejo Municipal de Palma de Varela.
121. De las pruebas regular y oportunamente allegadas al medio de control, se
advierte que ninguna de ellas tiene por objeto acreditar que el accionado solicitó el
mencionado concepto jurídico y en qué condiciones fue rendido por el citado
profesional del derecho.
122. Se agrega que el accionado, en su recurso de apelación, solicitó que en esta
instancia se decretara la práctica del testimonio de:
42
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
“[…] HENRY GEOVANNI AFRICANO DE LA CRUZ (…) para que cuente todo cuanto
sepa de la asesoría brindada por el Dr. WILSON RAFAEL MEJIA AMADOR al
demandado y sobre los escrutinios de octubre de 2019, en especial, en lo atinente a
la aceptación de la curul de parte del demandado y el actuar de la Comisión
escrutadora Municipal. […]”.
123. Se reitera que en auto de 10 de abril de 2025 se negó la práctica de pruebas en
segunda instancia, decisión confirmada en auto de 29 de mayo de 2025, de tal forma
que no se encuentra acreditado que el accionado haya tenido la diligencia y cuidado
de acudir a la asesoría de profesionales para conocer la situación en la que se
encontraba y las consecuencia que le acarrearía no tomar posesión de la curul a la
cual accedió en virtud de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1909.
124. El accionado, asimismo, puso de presente que presentó renuncia a su curul
antes de la posesión y que la misma fue aceptada, de tal forma que no tomó
posesión del cargo por la confianza legítima que le generó esa aceptación.
125. En el expediente se encuentra comunicación de 30 de diciembre de 2019, con
fecha de recibido 2 de enero de 202065, en la cual el accionado presentó renuncia
irrevocable a la curul de concejal del municipio de Palmar de Varela.
126. El Concejo Municipal de Palmar de Varela, conforme el acta respectiva 66, realizó
sesión inaugural el día 2 de enero de 2020, en la cual tomaron posesión los
concejales de ese municipio. En desarrollo de dicha sesión se procedió a la lectura
de la carta de renuncia remitida por el accionado [punto núm. 4 del orden del día].
127. Mediante Resolución núm. 001 de 3 de enero de 2020 67, la presidente del
Concejo Municipal de Palmar de Varela, aceptó la renuncia presentada por el
accionado a su curul de concejal, período 2020 – 2023.
128. Se precisa que esta Sección ha señalado que, una vez que el miembro de una
corporación de elección popular manifiesta de forma voluntaria que ocupará la curul
de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1909, le asiste el deber legal de tomar
posesión del cargo, sin que sea dable considerar que la renuncia pueda constituir
un evento de fuerza mayor que impida la configuración de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley 617.
129. Así, en sentencia de 11 de marzo de 202168, se destacó que:
“[…] 92. Así las cosas, del análisis de los elementos normativos y jurisprudenciales
anunciados, es posible extraer las siguientes reglas:
(i) Por mandato constitucional surge el derecho personal al candidato que le siga en
votos de decidir si acepta o no el llamado, según lo disponen los artículos 112 de la
65
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
66
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
67
Cfr. Índice 3, SAMAI. Expediente digital 08001233300020240005000.
68
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto
Serrato Valdés. Sentencia de 11 de marzo de 2021. Radicación núm.: 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI).
43
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
Constitución Política, en concordancia con el 25 de la Ley 1909 de 2018. En este
sentido, el ordenamiento constitucional le otorga al candidato que obtuvo la segunda
mayor votación en las elecciones al cargo uninominal -entiéndase presidente,
vicepresidente, gobernador departamental o alcalde distrital o municipal- la
oportunidad de manifestar su decisión de aceptar o no un escaño en la corporación
pública respectiva, de tal manera que depende de su voluntad la consolidación de su
derecho.
(ii) El candidato debe manifestar oportunamente la aceptación dentro de las 24 horas
siguientes a la declaratoria de elección del cargo uninominal, por escrito y sin
posibilidad de retracto ante la comisión escrutadora competente, según lo dispone el
artículo 2° de la Resolución 2276 de 11 de junio de 2019- cuya presunción de
legalidad nunca ha sido desvirtuada, al punto que esta jurisdicción declaró ajustada a
derecho dicha expresión como quedó analizado-.
(iii) La sentencia de 16 de diciembre de 2020, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual declaró la legalidad de la expresión «[…] y sin
posibilidad de retracto», contenida en el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019 es
de obligatorio cumplimiento69 y tiene efectos erga omnes en relación con la causa
petendi analizada, tal y como lo dispone el artículo 189 del CPACA, cuyo tenor literal
es el siguiente:
(…)
(iv) Para la Sala, la imposición de un plazo temporal y, con ello, la prohibición de
retracto cumple las siguientes finalidades razonables: (i) en primer lugar, garantiza el
buen funcionamiento de la organización electoral y con ello el cumplimiento de la
Constitución Política que reconoce un derecho a favor del candidato que resultó
derrotado en las elecciones uninominales; (ii) permite que en los tiempos y en la
oportunidad prevista en la norma se puede efectuar la aplicación de la cifra repartidora
y con ello tener certeza de quién va a resultar beneficiario de dicha prerrogativa
constitucional. En esa medida, no resulta admisible que el concejal designado de
forma caprichosa acepte la curul y luego desista, más aún si está en juego la
representación de los derechos de la oposición. Valga resaltar que la reforma
constitucional introducida con el Acto Legislativo 02 de 2015 fue concebida para
garantizar los derechos de la oposición la cual es vista no solo como «[…] (i) una
garantía institucional para las organizaciones políticas que participan en el sistema
democrático que se declaren en oposición al Gobierno, por lo que se erige en un límite
a las competencias legislativas70»; sino también «(ii) un derecho fundamental de todos
los ciudadanos a participar en el control del poder político»71 y, (iii) finalmente,
redunda en la seguridad jurídica electoral que debe brindar el Consejo Nacional
Electoral.
(v) Presentada dicha aceptación, al candidato le asiste el deber de tomar posesión de
su cargo, o lo que es lo mismo, prestar el juramento de cumplir y defender la
Constitución, por cuanto dicho acto solemne lo vincula directamente con sus deberes,
derechos y responsabilidades institucionales y, no hacerlo dentro de la oportunidad
prevista por la ley- que para el caso de los concejales debe realizarse en la instalación
del concejo o dentro de los tres (3) días siguientes- podría acarrear la muerte política,
salvo que medie fuerza mayor.
(vi) Resulta reprochable, entonces que, una vez efectuada la manifestación de
aceptación, el llamado-designado no se posesione en el cargo, toda vez que con ello
69
Cabe destacar que el contenido de dicha providencia fue notificada el 18 de diciembre de 2020 y la última constancia
secretaria señala que se ordenó el archivo de dicho proceso.
70
C- 018 de 2018.
71
Ibídem.
44
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
se afecta el principio de representación democrática y los derechos de la oposición
los cuales no pueden quedar a su arbitrio.
(…)
131. En este sentido, la Sala debe determinar si la copia del escrito de 30 de diciembre
de 2019, mediante el cual el señor Néstor Hubeimar Candela Reyes manifiesta su
«RENUNCIA IRREVOCABLE Y DESISTO DE LA ACEPTACIÓN DE LA CURUL AL
CONCEJO por motivos personales, además NO TOMARÉ POSESIÓN al cargo
de CONCEJAL por el Municipio de Tinjacá –Boyacá, para el período 2020 al 2023,
por el PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIO (sic) INDÍGENA Y SOCIAL- MAIS» es
constitutiva de fuerza mayor.
132. Para la Sala, no existe duda que dicha manifestación no es un hecho constitutivo
de fuerza mayor, pues tal y como lo ha reconocido esta Sección en otras
oportunidades, «[…] siempre que en una decisión intervenga la libertad para
adoptarla, per se, se descarta la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues estas suponen
la ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir72». […]” (negrilla y
subrayado del texto).
130. En sentencia de 9 de junio de 202273, se indicó lo siguiente:
“[…] Por último, la acusada alegó que no defraudó la confianza de los electores
porque no fue elegida popularmente como concejal y por ello le asistía el derecho de
renunciar a la curul antes de posesionarse; sin embargo, la Sala recuerda que, como
se explicó líneas atrás, la finalidad de la causal endilgada es garantizar el principio
democrático de representación política porque obliga a quienes fueron elegidos
popularmente a asumir el ejercicio del mandato que les confirió el pueblo a través del
voto, de modo que no tomar posesión del cargo implica una ruptura del pacto político
entre los electores y el elegido.
Si bien es cierto, como lo aduce la acusada, que no fue elegida popularmente para el
cargo de concejal, sino que su aspiración fue para fungir como alcalde, también lo es
que en el proceso está acreditado que la concejal manifestó a la autoridad electoral
la voluntad de aceptar la curul y, en razón a dicha aceptación, fue que se le designó
en el cargo; por lo que, una vez declarada concejal, le asistía el deber legal de
posesionarse.
Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que el inciso tercero del artículo 25 del
Estatuto de la Oposición establece que, cuando, quien ocupe el segundo puesto de
la votación para el cargo de alcalde, acepte la curul de concejal, se aplicará la regla
prevista en el artículo 263 de la Constitución para la distribución de las curules en los
concejos municipales, por lo que la aceptación constituye la disminución de un escaño
a asignar en la votación obtenida directamente en los respectivos comicios.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que, al tenor de lo establecido por el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018 y la Resolución 2276 de 2019, la señora Carrillo
Sarmiento tuvo la libertad de no aceptar la curul de concejal a la que tenía derecho a
aspirar por haber obtenido la segunda votación a la alcaldía del municipio; pero, una
vez hizo uso del mismo, ya no podía declinar, sino solo por causas constitutivas de
fuerza mayor. […]”.
72
Sentencia proferida el 30 de agosto de 2002, dentro del proceso identificado con el número 8046, C. P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
73
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López. Sentencia de 9 de junio de 2022. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2020-00573-01.
En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente:
Oswaldo Giraldo López. Sentencia de 1 de diciembre de 2022. Radicación núm.: 47001-23-33-000-2021-00025-01.
45
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
131. En Sentencia de 21 de marzo de 202474, se reiteró que:
“[…] 69. En el presente asunto, conforme el acta general del escrutinio para las
elecciones territoriales de 27 de octubre de 2019 correspondientes al municipio de
Sampués y el oficio de 2 de enero de 2020, a los cuales se aludió anteriormente, está
probado que el acusado aceptó la curul que le correspondía por haber seguido en
votos a quien la autoridad electoral declaró elegido como alcalde de Sampués, de
acuerdo con la Ley 1909 y la Resolución 2276 de 2019, por lo que le asistía el deber
de tomar posesión del cargo en el concejo municipal de Sampués, no obstante, se
abstuvo de cumplirlo.
70. Ahora bien, con la entrada en vigencia del texto del artículo 112 Constitucional
(adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2015), en concordancia con los artículos 24 y
25 de la Ley 1909, surgió una nueva modalidad (indirecta) de acceder a las
corporaciones públicas de elección popular, esto es, Congreso de la República,
asambleas departamentales y concejos distritales y municipales, para aquellos
candidatos que obtuvieran la segunda votación para cargos de elección uninominales.
71. Esta Sección ha sido partidaria de la aplicación de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48 numeral 3° de la Ley 617, para aquellos
concejales designados en virtud del derecho personal previsto en las precitadas
normas, conforme las sentencias de 1 de diciembre de 202275, 9 de junio de 202276,
28 de abril de 202277 y 11 de marzo de 202178.
(…)
75. Lo anterior, en tanto que quien ocupa el segundo lugar en la votación para un
cargo nominal debe manifestar su voluntad para acceder a la curul y tal aceptación
implica, precisamente, el sometimiento de esa persona, por voluntad propia, a las
reglas que rigen a los concejales.
76. Es así como, declarada la elección surge para el candidato la obligación de tomar
posesión en las oportunidades previstas en la ley, en las mismas condiciones de todos
los demás concejales, pues la normas no hacen diferencia alguna y en esa medida
tampoco le es dable al interprete hacerla. […]”.
132. Se advierte que la aceptación de la renuncia presentada por el accionado,
mediante la Resolución núm. 001 de 3 de enero de 2020 no podía generar la
confianza legítima alegada por este, puesto que lo decidido en tal acto
administrativo implica aceptar la posibilidad de retractarse de asumir la curul, en
este caso, del concejo municipal, que inicialmente se había aceptado, en
contraposición a las disposiciones de orden constitucional y legal, entre ellas, el
74
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de marzo de 2024. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 70001 23 33 000 2023 00106 01.
75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022). Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación núm.:
47001-23-33-000-2021-00025-01.
76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022). Referencia: Pérdida de Investidura. Radicación núm.: 08001-23-
33-000-2020-00573-01.
77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de veintiocho (28) de abril de dos
mil veintidós (2022). Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
13001233300020210055201.
78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés. Sentencia de once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación núm.: 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI).
46
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
artículo 25 de la Ley 1909 y, en particular, el artículo 2. ° de la Resolución núm. 2276
de 2019 que prohíbe tal retractación.
133. El citado artículo 2. ° de la Resolución núm. 2276 de 2019, señala:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA CURUL EN LA
CORPORACIÓN PÚBLICA. – Dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de
elección de los cargos de gobernador, alcalde distrital y/o municipal y previo a la de
las asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo (2°) puesto en votación,
deberán manifestar por escrito, por una sola vez y sin posibilidad de retracto,
su decisión de aceptar o no una curul en las asambleas departamentales y
concejos distritales y/o municipales […]” (negrilla y subrayado fuera del texto).
134. La posición del accionado implica, igualmente, el desconocimiento del propósito
de las mencionadas disposiciones, consistente en:
“[…] observa la Sala que la vocación que adquiere quien ocupa el segundo lugar en
las elecciones para alcalde, de ser designado en el concejo, deriva precisamente de
la confianza que depositó en esa persona el electorado, y del carácter que adquiere
como persona representativa en la oposición; precisamente para que tenga la
posibilidad de expresar con criterio de autoridad los argumentos que le llevaron al
segundo lugar en las votaciones, en representación de las personas que depositaron
su voto a favor, el Estatuto de la Oposición ha previsto que se manifieste sobre la
aceptación o no de la curul que se le ofrece. No se trata entonces de un derecho
personal derivado de su participación en la elección a alcalde, sino de una posición
que adquiere como consecuencia de la confianza que le deposita el elector y que le
lleva precisamente a ocupar el cargo, de aceptarlo, para la defensa de las ideas que
le ha expuesto a sus electores. […]”79.
135. En relación con la aplicación de lo señalado en la sentencia SU-292 de 2025
proferida por la Corte Constitucional, conforme lo sugiere el apoderado judicial del
apelante80 y de la cual solo se allegó el Comunicado núm. 32 de 2 y 3 de julio de
2025, se precisa que, como lo ha indicado la Corte Constitucional:
“[…] los comunicados de prensa “no son sentencias ni responden a las
características propias de las providencias judiciales, motivo por el cual su propósito
eminentemente informativo no les confiere fuerza vinculante de ninguna índole”81.
[…]”82
“[…] 7. Al respecto, esta Sala Especial recuerda que el alcance de los comunicados
de prensa es meramente informativo, que no son sentencias y, en esa medida, al
no responder a las características propias de las providencias judiciales, no se les
confiere fuerza vinculante de ninguna índole83. Sobre el particular, esta Corporación
ha sostenido que:
79
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo
López. Sentencia de 9 de junio de 2022. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2020-00573-01.
80
Índice 26, SAMAI.
81
Corte Constitucional, auto 286 de 2009.
82
Corte Constitucional, Auto A-597/23
83
Ver, al respecto, el auto 283 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza).
47
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
“el Reglamento Interno de la Corte Constitucional84, en el literal c) de su artículo 9º,
establece como función del Presidente de la Corporación la de “servir a la Corte de
órgano de comunicación”, de modo que “sólo él podrá informar oficialmente de los
asuntos decididos en Sala Plena”85 y, precisamente, en ejercicio de esta función, el
presidente expide y firma los comunicados de prensa, cuyo carácter es meramente
informativo, según lo ha puesto de presente la Corporación al señalar que “son un
medio expedito para dar a conocer a los ciudadanos las sentencias que profiere la
Corte, pero no reemplazan la decisión misma”86. […]”87.
136. No obstante, del contenido del comunicado prensa núm. 32 se puede advertir
que la situación de hecho estudiada en la sentencia SU-292 de 2025, a la cual alude
el comunicado, difiere de la analizada en este proceso.
137. Como se ha mencionado con anterioridad, se acreditó con las pruebas que
obran en el expediente, que el accionado, mediante comunicación de fecha 30 de
diciembre de 2019 y con fecha de recibido de 2 de enero de 2020 [hora 2:00 p.m.],
presentó renuncia irrevocable a su curul como concejal del municipio de Palmar de
Varela, período 2020-2023, aduciendo motivos de índole personal, sin indicar cuales
eran estos.
138. Consta que en la sesión de instalación del concejo de ese municipio, período
2020-2023, realizada ese mismo 2 de enero de 2020 [hora de inicio 5:00 p.m.], de
lo cual da cuenta el acta respectiva, se leyó la carta de renuncia presentada por el
accionado [punto 4 del orden del día] y, posteriormente, los concejales procedieron
a tomar posesión y juramento como concejales de ese municipio [punto 5 del orden
del día].
139. Del llamado a lista que se realizó para la citada sesión de instalación del concejo
municipal de 2 de enero de 2020, es posible colegir que el accionado no se hizo
presente a esta, teniendo en cuenta que respondieron a ese llamado los concejales:
84
Adoptado por el Acuerdo 01 de 1992, adicionado por los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y recodificado mediante Acuerdo 05
de 1992, posteriormente adicionado y modificado por los Acuerdos 01 de 1995, 01 de 1996, 01 de 1997, 01 de 1999, o1 de
2000, 01 de 2001, 01 de 2004, 01 de 2007, 02 de 2007 y 01 de 2008.
85
Acerca de la facultad de la Corte Constitucional para regular lo referente a las condiciones de publicidad de sus sentencias
es útil la consulta de los Autos 152 B de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett y 028 de 2006. M. P. Alvaro Tafur Galvis.
86
Cfr. Corte Constitucional, Auto No. 12 de 2007. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
87
Corte Constitucional, Auto 201/13.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
140. Se allegó la Resolución núm. 001 de 3 de enero de 2020, a través de la cual, la
presidenta del concejo municipal de ese municipio, aceptó la renuncia presentada
por el accionado a su curul de concejal para el período 2020-2023.
141. El comunicado 32, da cuenta, en relación con la sentencia SU 292 de 2025, que
la renuncia presentada por el concejal y su aceptación expedida por el concejo
municipal -en el proceso que dio lugar a que se profiriera esa decisión-, se dio con
anterioridad al acto inaugural de instalación de la respectiva corporación pública -al
cual no se presentó-, situación que, se reitera, es diferente de la acreditada en este
proceso.
142. Se precisa que el derecho personal a ocupar una curul, el cual tiene como
fundamento lo dispuesto en el artículo 112 de la Carta Política, incisos 4, 5 y 6
adicionados por el Acto Legislativo núm. 2 de 1. ° de julio de 201588, tiene por
finalidad:
“[…] privilegiar el voto otorgándole mayores niveles de efectividad, es decir, concedió
a quien resulta segundo en una contienda electoral a Presidente, Vicepresidente de
la República, Gobernador de departamento, Alcalde distrital y Alcalde municipal, la
opción de aceptar una curul en la duma correspondiente acatando el respaldo popular
obtenido en las urnas.
53. Este derecho personal, reconoce el valor del voto ciudadano por determinado
programa de gobierno, que si bien no obtuvo la mayoría necesaria para ser el que
rige los 4 años del período institucional del cargo correspondiente, si puede ser
determinante para su mejoramiento, ya que recoge las voces de otras opciones
altamente representativas en el respectivo territorio.
54. Igualmente, se puede constituir en un apoyo para el control en la implementación
de las políticas, los objetivos planteados a nivel nacional, territorial y sectorial a
mediano y largo plazo, las metas, estrategias y políticas en materia económica, social
y ambiental que guiarán la acción del gobierno para alcanzarlos, a través del
señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de
la planeación89.
55. Este apoyo ciudadano, también se puede erigir como una voz de oposición, si es
del caso90 con la bancada correspondiente, al considerar que el primer mandatario en
la implementación de sus políticas no consulta, por ejemplo, los problemas de la
comunidad o en su contenido existen errores o deficiencias que lo hacen inviable.
56. Es así como, este derecho personal propende por mayores niveles de democracia
bajo la égida que quien acepta la curul en las condiciones del artículo 112 Superior,
verificará entre otras cosas, la correspondencia de los planes de desarrollo con los
planes de gobierno, su articulación y armonización con las obligaciones
constitucionales y legales, pero por sobre todo, que efectivamente se propenda por
atender las necesidades de las comunidades, de la entidad territorial y que se
88
“[…] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras
disposiciones. […]”
89
Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
90
Artículo 7º Niveles territoriales de oposición política. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán
declararse en oposición, en cualquiera de los niveles de Gobierno de que trata el artículo 2º de esta ley.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
garantice su normal funcionamiento así como el cumplimiento de los fines estatales91.
[…]”92
143. La Ley 1909 reglamentó, entre otros asuntos, ese derecho personal establecido
en la Carta Política que, para lo que interesa a este proceso, se encuentra previsto
en los artículos 2493 y 2594. La Corte Constitucional, en la sentencia C-018 de
201895, se refirió a esas disposiciones, en la siguiente forma:
“[…] 599. El artículo 24 del PLEEO es un desarrollo directo del inciso 4º del artículo
112 de la Constitución Política, adicionado mediante el artículo 1º del Acto Legislativo
02 de 2015. En este sentido, el legislador estatutario reconoce la opción que el
constituyente quiso incorporar en el sentido que el candidato que le siga en votos al
Presidente y Vicepresidente de la República, ocupen una curul en el Senado y la
Cámara de Representantes respectivamente. Así, se le brinda al candidato derrotado
en las elecciones presidenciales la oportunidad de integrarse a la bancada de su
partido o movimiento político en el Congreso y participar en el ejercicio de la oposición
política, de manera que se consolide una alternativa de poder, pero por lo demás
garantiza que las personas que votaron por la opción derrotada también se
encuentren representadas.
600. Cuando este artículo incorpora a los candidatos a presidente y vicepresidente a
su respectiva organización política, responde a la no personalización de la política,
pues más que el reconocimiento a una persona determinada, la curul que estos
candidatos pueden ocupar, responde a un respeto por las ideas políticas que aunque
derrotadas en la regla de la mayoría, recibieron un apoyo significativo de los
ciudadanos en ejercicio de su derecho a la participación política, en ejercicio de su
derecho al voto96. En este sentido es clara la exposición de motivos del PLEEO objeto
de revisión al señalar que “[e]l Acto Legislativo 02 de 2015 incluyó dentro de esta
norma y con el claro propósito de estimular el ejercicio de la oposición que de forma
natural correspondería a quien ha perdido la elección”97.
(…)
603. Por lo demás, el artículo 25 del PLEEO es un desarrollo directo de los incisos 4º
y 6º del artículo 112 Superior, adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2015. En primer
lugar, el legislador estatutario estableció que “los candidatos que sigan en votos a
quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a
ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos
Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas
corporaciones”, ello reproduce el inciso 4º del artículo 112 por lo que no genera
problema de constitucionalidad alguno. A su vez, señala que en dichas corporaciones
91
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Portal%20Territorial/RedePlan/Plan%20Desarrollo/Orientaci
ones%20Asambleas%20y%20Concejos%20en%20Proceso%20Adopci%C3%B3n%20PDT.pdf
92
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: Rocío Araujo Oñate.
Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2019-03317-01.
93
Curules en Senado y Cámara de Representantes.
94
Curules en las Corporaciones Públicas de Elección Popular de las Entidades Territoriales.
95
Magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo.
96
En efecto, este tipo de fórmulas buscan profundizar el pluralismo político, caracterizado así en la sentencia C-490 de 2011:
“En contraposición con la Constitución de 1886 que circunscribía el ejercicio de la actividad política de los ciudadanos al
sufragio universal y libre, la democracia constitucional contemporánea prevé un cambio cualitativo sobre este tópico, que (i)
amplía las modalidades de participación democrática en instancias que van más allá que la elección representativa; y (ii)
supera la concepción individualista, a través de la previsión de fórmulas que reconocen el pluralismo político, entendido como
la necesidad de incorporar al debate democrático las diferentes tendencias ideológicas existentes en la sociedad, al igual que
las distintas vertientes de identidad social y comunitaria, entre ellas las derivadas de perspectivas de género, minorías étnicas,
juventudes, etc. “
97
Gaceta del Congreso No. 32, primero (1º) de febrero de 2017, página 7.
50
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
colegiadas harán parte de la organización política a la cual pertenecen, es decir, tal
como sucede con el candidato a presidente y vicepresidente el legislador estatutario
busca fortalecer el ejercicio de la oposición política canalizada a través de partidos y
movimientos políticos y no recurriendo al ejercicio personalista de la política. […]”
144. Esta corporación98 ha destacado que la prerrogativa prevista en el artículo 112
de la Carta Política y en los artículos 24 y 25 de la Ley 1909 es un derecho personal,
en razón a que:
“[…] para acceder a la mencionada prerrogativa, el candidato solo debe acreditar ser
el que le siga en votos al electo y, conforme el inicio 6 del artículo 112 Constitucional99
aceptar de manera expresa la curul así reconocida. Es decir, es una decisión propia
y no depende de la bancada, partido o de la colectividad a la que pertenece.
59. Este ejercicio, se materializa con el acto que declara la elección del cargo
uninominal, pues es allí donde se cristaliza la voluntad popular a través del escrutinio
público, en el que se establece el orden de votación obtenido por cada opción política.
60. Previo a la declaratoria de la elección de las corporaciones públicas, el ciudadano
que no resultó electo por ser la segunda alternativa más votada, debe manifestar a la
comisión escrutadora competente, su intención de ser miembro del ente territorial,
para que quien tiene el deber de contabilizar los sufragios proceda a descontar una
curul, que es la que se refiere al derecho propio y, posterior a ello, proceder conforme
el mandato 263 superior respecto de los demás escaños.
61. Por manera que, le corresponderá a las comisiones escrutadoras contabilizar y
declarar la elección del Presidente y su fórmula, gobernadores, y alcaldes, de forma
anticipada a la de las corporaciones públicas, con el fin de poder garantizar el derecho
fundamental de los candidatos bajo las condiciones previstas en los artículos 112
Superior y 25 de la Ley 1909 de 2018, el cual se concreta con la elección de los
primeros mandatarios del nivel nacional o territorial y se ejerce con la aceptación del
candidato y su posterior inclusión en la corporación pública que se declare con
posterioridad. […]”
145. Esta Corporación100, igualmente, en lo que se refiere a la posibilidad de que el
beneficiario de la prerrogativa pueda rehusarse a ser, en el presente caso, concejal
en virtud del precitado derecho personal, ha destacado:
“[…] que la norma permita a los beneficiarios de la referida curul rehusarse a ser
congresistas, diputados o concejales en virtud del derecho personal adquirido,
implica, de por sí, una diferencia sustancial entre la naturaleza del acto por medio
del cual se materializa el acceso a la curul (voto indirecto) y la que se deriva del
sistema de designación ordinario (voto directo).
En tratándose de elecciones parlamentarias, los elegidos tienen la obligación de
tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación
de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse, so pena de
incurrir en causal de pérdida de investidura (C. P. art. 183.3); y los diputados,
concejales municipales y distritales, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
98
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: Rocío Araujo Oñate.
Sentencia de 19 de noviembre de 2020. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2019-03317-01.
99
En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de
acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.
100
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Radicación núm.: 08001-23-33-000-2020-00012-01.
51
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que
fueren llamados a posesionarse (art. 48.3 Ley 617 de 2000). Esto se debe al
compromiso que tienen con sus electores, el cual se encuentra protegido por los
principios pro electorem y pro electoratem –en los términos defendidos por la
jurisprudencia en vigor de la Sección Quinta del Consejo de Estado101–, propios del
sistema de elección por voto popular.
Es por ello que la posibilidad de aceptar el cargo, entendida como un derecho
personal, responde a una dinámica completamente distinta, por cuanto en este
evento no se busca asegurar la voluntad electoral directa de los sufragantes frente
a la elección de una determinada dignidad –que votaron por un candidato a un cargo
uninominal, no por un aspirante a corporación pública–, sino de hacer valer, de
forma indirecta, ese respaldo a la fuerza política en cuestión identificada en términos
cuantitativos (por el número de votos) de constituirse en un instrumento de la
representación en otro espacio democrático y deliberativo. Básicamente, no se
puede obligar al candidato vencido en la elección de presidente, vicepresidente,
gobernador o alcalde a aceptar el cargo de congresista, diputado o concejal, pues
ello es una consecuencia indirecta de su derrota, siempre que le haya significado el
segundo lugar en esa carrera por la silla de primer mandatario del nivel respectivo.
Y es que no puede ser otra la interpretación, por cuanto lo contrario supondría
aceptar que los candidatos enfrentados en una contienda se encuentran privados
de la potestad de reconciliar sus posiciones una vez finalizados los comicios; o que
la persona vencida electoralmente tenga la obligación de asumir una curul a la que
no aspiró y, por contera, desempeñar unas funciones para las que podría no estar
preparado; o que, contra todo pronóstico, el Gobierno no pueda operar sin la
existencia de fuerzas que le hagan oposición política –deseable en toda democracia,
mas no indispensable–desde las corporaciones populares.
Por eso la comprensión del “derecho personal” al que se refiere el artículo 112 de la
Constitución Política tiene que armonizarse con el contexto de las garantías de la
oposición; muy distinto al del derecho a elegir y ser elegido (art. 40 C. P.) que se
concreta en este caso en la aspiración presidencial, vicepresidencial, de gobernador
departamental o de alcalde distrital o municipal.
En estos eventos, en los que hay lugar a la curul consagrada en el artículo 112 de
la Carta en concordancia con los artículos 24 y 25 del Estatuto de la Oposición, el
pueblo vota por una fórmula presidencial o por un mandatario territorial, no por un
aspirante a alguna corporación pública. Cada voto depositado tiene la intención de
poner en el primer lugar a su destinatario, y el hecho de que ello lo sitúe en un
segundo escaño es apenas una “contingencia electoral” que activa una prerrogativa
individual, que con sus particularidades, valga decir, nace del sufragio.
Cuando la Corte Constitucional defiende en la sentencia C-018 de 2019 que lo
consagrado en el artículo 112 de la Carta, y desarrollado por el artículo 24 del
mentado Estatuto “busca fortalecer el ejercicio de la oposición política canalizada a
través de partidos y movimientos políticos y no recurriendo al ejercicio personalista
de la política”, se refiere a que el ejercicio de la oposición debe tener como vehículo
la agrupación política a la que pertenece el servidor designado en estas
particularísimas condiciones. Empero, desde luego, una cosa es el respeto por el
sistema de bancadas durante el desempeño del cargo, y otra, muy distinta, la
titularidad del derecho a acceder al mismo. En condiciones normales (voto directo),
101
Cfr. M. P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de unificación de 7 de junio de 2016, rad. 11001-03-28-000-2015-00051-00,
demandada: GOBERNADORA DE LA GUAJIRA. En dicha oportunidad, la Sala se decantó por la tesis conforme con la cual
“… el acto electoral antes que el derecho del elegido, es el derecho del elector y que, por ende, en esta materia el principio
pro homine opera a favor del segundo y no del primero, lo que se traduce en pro hominum (humanidad), pro electoratem
(electorado) o pro sufragium (electores)”.
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Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
el derecho a la curul es del partido que recibió los votos para la elección de la
respectiva corporación; en el contexto del mencionado derecho personal (voto
indirecto), es propio de quien ocupó el segundo lugar en las elecciones
correspondientes para primer mandatario nacional o local, el cual, de aceptarlo se
somete a los deberes y obligaciones democráticas y partidistas que le son
inherentes. […]”
146. En cuanto a la imposibilidad de retracto, una vez se manifieste por escrito la
decisión de aceptar o no una curul en las asambleas departamentales y concejos
distritales y municipales, prevista en el artículo 2. ° de la Resolución núm. 2276 de
2019, la Corporación102 subrayó que:
“[…] Para la Sala, evidentemente el legislador estatutario no contempló de manera
expresa la posibilidad o no de retracto frente a la decisión que manifieste el candidato
que, en comicios para elecciones uninominales de gobernador o alcalde, obtenga el
segundo lugar en las votaciones, respecto de su derecho personal a acceder a una
curul en la asamblea o concejo correspondiente; sin embargo, ello no significa que
haya excedido sus facultades; pues no incluyó un aspecto nuevo frente a lo legislado
estatutariamente, sino que su establecimiento contribuye a los fines de la norma
estatutaria ya que con ella se materializa lo referente a la aceptación o no de la curul
en el término indicado, que es precisamente la disposición del legislador.
Lo anterior, significa que aunque expresamente la norma estatutaria no hace
referencia directa a la posibilidad de retracto, como sí lo hizo la autoridad electoral,
no se evidencia en ello una función legislativa sino relativa a la operatividad como
órgano de control y vigilancia de los partidos, movimientos y grupos significativos de
ciudadanos.
(…)
De la comparación de los apartes normativos (ley estatutaria y resolución
reglamentaria), se advierte que el acto expedido por el CNE, pretendió, como
correspondía, regular la disposición estatutaria y para el efecto, debe partirse de la
finalidad de ésta, que no es otra que la de “dotar de eficacia el voto ciudadano,
permitiendo que el segundo candidato más votado pueda acceder a la corporación
pública correspondiente”103; situación que no se altera con la disposición objeto de
análisis, pues, la labor del ente regulador no es transcribir los aparte de la norma, en
este caso estatutaria, sino de regular sus alcances, de modo que no haya confusión
e incertidumbre frente a sus repercusiones, en aplicación del principio del efecto útil
de las normas104, como en este caso, que a pesar de no contemplar la expresión
cuestionada, con ella se materializa lo referente a la aceptación o no de la curul en el
término indicado.
En el asunto concreto, se tiene que la ley estatutaria al respecto, únicamente se refirió
a la obligación de manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su
decisión de aceptar o no una curul; y, si bien no hizo manifestación alguna sobre la
posibilidad o no de retracto respecto de tal expresión, lo cierto es que ello incide
directamente en el reparto de las curules, pues en el caso de asambleas y concejos,
102
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 16 de diciembre de 2020. Radicación núm.: 11001 03 28 000 2019 00060 00 (ppal) y
acumulados 11001-03-28-000-2019-00068-00, 11001-03-28-000-2019-00080-00, 11001-03-28-000-2019-00082-00 y 11001-
03-28-000-2020-00039-00.
103
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de noviembre de 2020. Rad. 2019-00253-02. M.P. Rocío Araújo
Oñate.
104
Ibídem.
53
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2024 00050 01
Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
dicha aceptación constituye la disminución de un escaño a asignar en la votación
obtenida directamente en los comicios de cada corporación. […]”
147. La reglamentación del derecho personal a acceder a ocupar una curul, en este
caso, en el concejo municipal, por ser el candidato que le siguió en votos a quien la
autoridad electoral declaró elegido para el cargo de alcalde municipal, previsto en
los artículos 112 de la Carta Política, 25 de la Ley 1909 y en la Resolución núm.
2276 de 2019, así como las decisiones judiciales proferidas por esta Corporación,
permiten afirmar que ese candidato tiene la facultad de elegir si acepta o rehúsa
ocupar esa curul y no se le puede obligar a que asuma ese cargo.
148. Sin embargo, una vez manifestada la voluntad de aceptar ocupar esa curul, el
candidato se somete a los deberes y obligaciones democráticas y partidistas
inherentes al cargo que aceptó ocupar y, en particular, accede a representar a ese
grupo significativo de ciudadanos que apoyó un determinado programa de gobierno,
pero que no obtuvo la mayoría necesaria para ser el que rija el período institucional
del cargo correspondiente, que puede erigirse, incluso, como una voz de oposición.
149. Abstenerse de tomar posesión del cargo de concejal del municipio de Palmar de
Varela, período 2020-2023, sin la existencia de razones de fuerza mayor y una vez
se accedió a ocupar dicha curul, produjo la defraudación de la confianza depositada
por ese grupo significativo de ciudadanos con una voz divergente a la que llegó a la
administración y que, incluso, podía erigirse como oposición, pues dejó de estar
representada en esa corporación pública de elección popular, con lo que el
accionado privilegió su proyecto personal.
150. Se precisa que la manifestación de renuncia presentada por el accionado a
ocupar la curul de concejal del municipio de Palmar de Varela, período 2020-2023,
aludiendo a motivaciones personales y su aceptación mediante la Resolución núm.
001 de 3 de enero de 2020, desconoció la imposibilidad de retracto para quien
acepta la curul conforme lo previsto en el artículo 2.° de la Resolución núm. 2276
de 2019.
151. Se insiste en que la prerrogativa prevista en artículos 112 de la Carta Política,
25 de la Ley 1909 y en la Resolución núm. 2276 de 2019 constituye un derecho
personal porque se le permite al candidato la posibilidad de aceptar o rehusarse a
aceptar la curul, oportunidad que tiene un ámbito temporal determinado: “[…] Dentro
de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección de los cargos de (…)
concejos distritales y/o municipales […]”, sin que se prevea una posibilidad posterior
para esto.
152. Conforme a lo expuesto y las circunstancias en que se produjo la renuncia del
accionado a la curul y su aceptación, no es posible evidenciar la existencia de un
error o convicción invencible; por el contrario, el accionado, en contravía de su deber
de tomar posesión del cargo, el día de la instalación del concejo municipal, presentó
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
la renuncia y al día siguiente esta le fue aceptada dentro del plazo para cumplir con
la citada obligación legal.
153. En efecto, la manifestación del accionado se radicó en el concejo municipal de
Palmar de Varela el día 2 de enero de 2020, día en el cual produjo la instalación del
concejo municipal de tal suerte que la conciencia de que se estaba actuando
conforme al ordenamiento jurídico era humanamente superable con la diligencia
debida de consultar las normas que regularon la forma en que accedió a la curul y
de recibir la asesoría de expertos en la materia frente a su situación, con lo cual
habría llegado a la conclusión que no era posible la renuncia a ocupar tal cargo,
pues esto implicaba actuar, se reitera, contra la prohibición de retracto del artículo
2.° de la Resolución 2276 de 2019.
154. De esta manera, el accionado ha debido conocer, para la fecha de instalación
del concejo municipal dicha prohibición, con lo cual, igualmente, ha debido entender
que no era posible que le fuera aceptada una renuncia fundada en una actuación
contraria al ordenamiento jurídico, situación, se insiste, que podía ser superada con
la revisión de las normas que regularon la forma en que accedió a la curul y
recibiendo la asesoría de expertos en la materia frente a su situación, lo cual no
ocurrió.
155. A partir de lo expuesto, se considera que el accionado incurrió en la causal de
pérdida de pérdida de investidura prevista en el numeral 3. del artículo 48 de la Ley
617, en la medida en que manifestó voluntariamente que no tomaría posesión del
cargo de concejal del municipio de Palmar de Varela, sin que se haya acreditado
una situación de fuerza mayor.
156. Se reitera que, acorde con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1909 y la
Resolución núm. 2276 de 2019, el accionado estaba en libertad de no aceptar la
curul de concejal a la que tenía derecho a ocupar por haber obtenido la segunda
votación a la alcaldía del mencionado municipio; pero, una vez hizo uso de ese
derecho, ya no podía retractarse, sino por la ocurrencia, se insiste, de circunstancias
constitutivas de fuerza mayor.
157. Igualmente, no se encuentra acreditado que el accionado haya desplegado
acciones tendientes a conocer el marco normativo que regía su aspiración a la
alcaldía municipal de Palmar de Varela, el cual establecía la posibilidad de acceder
a una curul en el concejo municipal producto de obtener la votación que le siguiera
a quien resultara elegido como alcalde municipal, ni las disposiciones que
establecieron ese derecho personal y las condiciones para su ejercicio -entre ellas,
la imposibilidad de retracto-, ni las normas que constituyen el régimen aplicable a
los concejales municipales que prevén como causal de pérdida de investidura, no
tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de
instalación del concejo municipal, lo cual ocurrió el 2 de enero de 2020.
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158. No es posible considerar que, el hecho de que se le haya aceptado la renuncia
a la curul de concejal del municipio de Palmar de Varela, pueda constituirse en una
circunstancia constitutiva de error invencible, en la medida en que dicha aceptación
se muestra contraria a las disposiciones que regulan la manera en que el accionado
accedió a la curul en el citado concejo municipal y que expresamente excluyen la
posibilidad de retracto, sumado a que el propósito que inspira ese marco normativo
se encuentra en la posibilidad que se le da a quien accede de esa manera a una
curul en una corporación pública de elección popular de representar a un grupo
significativo de ciudadanos con una voz de divergente a la que llegó a la
administración y que, incluso, podía erigirse como oposición.
159. En la medida en que el comportamiento del accionado, conforme lo señaló la
primera instancia y por lo expuesto anteriormente, fue gravemente culposo, el cargo
no tiene vocación de prosperidad.
II.6. Conclusión
160. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, encuentra que los
argumentos del apelante no permitieron desvirtuar la configuración de los elementos
objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3.
del artículo 48 de la Ley 617, razón por la que se confirmará la sentencia de 2 de
septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor “[…]
Humberto Salim Raad Pérez (antes Humberto Salím Fontalvo Pérez) […]”, como
concejal elegido del municipio de Palmar de Varela, período 2020-2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de septiembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo del Atlántico, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
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Accionante: Praimer José Rúa Fontalvo
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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