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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2021-00552-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2021-00552-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 96 Número único de radicación: 13001 23 33 000 2021 00552 01 Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, quien había sido declarado concejal electo del municipio de Margarita (Bolívar), para el período constitucional 2020-2023, en representación del Partido de la U. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 13001-23-33-000-2021-00552-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 130012333000202100552011
Recurso de apelación contra la sentencia de 17 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO

TESIS: NO TOMAR POSESIÓN DEL CARGO DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS
SIGUIENTES A LA INSTALACIÓN DE LA RESPECTIVA CORPORACIÓN PÚBLICA
TERRITORIAL, COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE LOS
CONCEJALES DESIGNADOS A OCUPAR UNA CURUL POR MANDATO DE LOS
ARTÍCULOS 112, SUPERIOR, 1º DEL ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2015, Y 25 DE LA
LEY ESTATUTARIA 1909, EN CONSONANCIA CON EL ARTÍCULO SEGUNDO DE
LA RESOLUCIÓN NÚM. 2276 DE 2019, ESTO ES POR MOTIVOS DE OPOSICIÓN
POLÍTICA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante

contra la sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual denegó la

pérdida de investidura del concejal electo del municipio de Margarita

(Bolívar), señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, por hechos relacionados

con el período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia, podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 13001 23 33 000 2021 00552 01
Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO,

actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de

investidura del señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, concejal electo del

municipio de Margarita (Bolívar), por hechos relacionados con el

período constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la

causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 6 de

octubre de 20002, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro

de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del concejo.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

Indicó que el 27 de octubre de 2019 se realizaron las elecciones para

alcalde del municipio de Margarita (Bolívar), para el período

constitucional 2020-2023, por lo que el 2 de noviembre de 2019 la

comisión escrutadora municipal declaró la elección del señor JUAN

MANUEL CAMARGO TORRES (Q.E.P.D.), como alcalde del

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO

municipio de Margarita (Bolívar), y determinó que el accionado,

señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, había ocupado la segunda mejor

votación.

Mencionó que en aplicación del artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909

de 9 de julio de 20183, el accionado aceptó la curul obtenida en el

Concejo Municipal, pero el 30 de diciembre de 2019 le manifestó a la

Registraduría Municipal de Margarita (Bolívar) y al Consejo Nacional

Electoral su decisión de renunciar voluntariamente a aquella.

Dijo que el 2 de enero de 2020 se instaló el nuevo Concejo Municipal

de Margarita, pero el accionado no se presentó a tomar posesión del

cargo. Que en el acta núm. 01 del Concejo Municipal consta la

primera sesión en la que se dejó constancia de la lectura del oficio

suscrito el 30 de diciembre del 2019, enviado por el accionado, en el

que manifestó su renuncia voluntaria de la curul del Concejo

Municipal de Margarita (Bolívar), a lo que el presidente provisional

del Concejo señaló que debían esperar que la Registraduría Nacional

se pronunciara al respecto.

3 “[...] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos

a las organizaciones políticas independientes [...]”.

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Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO

Anotó que, posteriormente, el accionado fue elegido alcalde del

municipio de Margarita (Bolívar), en las elecciones atípicas

celebradas el 12 de septiembre de 2021, con ocasión del

fallecimiento de quien ocupaba dicho cargo.

Invocó como causal de pérdida de investidura el artículo 48, numeral

3, de la Ley 617, de acuerdo con el cual los concejales municipales

perderán su investidura por no tomar posesión del cargo dentro de

los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del concejo, para

lo cual adujo que el 30 de diciembre de 2019 el accionado presentó

renuncia al cargo de concejal, pero dicha renuncia no es permitida

porque (i) para el período anterior no fungía como concejal del

municipio de Margarita (Bolívar); (ii) no podía renunciar de un cargo

del cual no había iniciado período y no se había posesionado, y (iii)

el actual concejo solo podía conocer de la renuncia si se hubiese

posesionado en el cargo para el cual fue elegido.

Sostuvo que el artículo 2° de la Resolución núm. 2276 de 11 de junio

de 20194, expedida por el Consejo Nacional Electoral, señala que

“[...] dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección

4 “[...] Por medio de la cual se establecen medidas para la aplicación del artículo 25, de la

Ley 1909 de 2018 [...]”.

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Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO

de los cargos de gobernador, alcalde distrital y/o municipal, y previo

a la asambleas departamentales y concejo distritales y/o municipales

respectivamente, los candidatos que ocuparan el segundo puesto de

votación, deberán manifestar por escrito, por una sola vez y sin

posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o no la curul en las

asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales

[...]”.

Acotó que la norma transcrita no solo regula la oportunidad de

aceptar la curul, sino que además señala que debe realizarse por una

sola vez y sin posibilidad de retracto. Que la renuncia al cargo se

apoyó en ‘asuntos personales’, motivación que no fue constitutiva de

fuerza mayor, pues en su decisión intervino la libertad para

adoptarla, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional y el

Consejo de Estado, entre otras, en la sentencia SU-632/17.

Manifestó que si bien es cierto que a la figura jurídica de pérdida de

investidura de concejales no se aplican las inhabilidades e

incompatibilidades para ser alcalde, previstas en los artículos 95 y 96

de la Ley 136 de 2 de junio de 19945, modificado y derogado por el

5 “[...] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios [...]”.

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artículo 37 de la Ley 617, lo cierto es que el accionado fue elegido

alcalde del municipio de Margarita (Bolívar) en las elecciones atípicas

de 12 de septiembre de 2021, con ocasión del fallecimiento del

alcalde anterior, por lo que al declararse la pérdida de su investidura

se le genera una inhabilidad sobreviniente.

I.3.- El concejal, a través de apoderado judicial, se opuso a la

prosperidad de la pretensión de desinvestidura, para lo cual arguyó

que no incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el

artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 porque, a su juicio, no se

encuentran configuradas la tipicidad, la antijuridicidad y la

culpabilidad.

Indicó que el 3 de noviembre de 2019 aceptó el cargo de concejal

como consecuencia del ejercicio de su derecho personal a aceptar

una curul dentro del Concejo Municipal de Margarita (Bolívar), con el

fin de ejercer oposición al alcalde electo. Que, sin embargo, el 30 de

diciembre de 2019 desistió de su derecho de ejercer oposición en la

curul del concejo, lo cual fue comunicado a las autoridades

electorales y al concejo municipal, manifestando razones de carácter

personal, renuncia que fue aceptada por el Concejo Municipal

mediante la Resolución núm. 063 de 30 de diciembre de 2019.

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Refirió que, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral,

presentó demanda contra el acto que declaró la elección del alcalde

municipal de Margarita (Bolívar), invocando su inhabilidad para ser

elegido, y en dicho libelo solicitó medidas cautelares de suspensión

del acto de elección; que uno de los motivos personales para

renunciar al cargo de concejal fue la de hacer uso de su derecho

político a ser elegido y de oponerse al mandato del alcalde municipal

electo a través de la demanda electoral, ya que tenía razones

fundadas para creer que prosperarían las pretensiones de ésta; y

que tan cierto era que el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó

la medida cautelar de suspensión del acto de elección.

Adujo que con la renuncia a su derecho no se afectaría la oposición

al mandato del alcalde electo, puesto que ingresaba a la Corporación

un candidato de su mismo partido político (Partido de la U), el cual

se declaró en oposición junto con el Partido Conservador Colombiano.

Indicó que la limitación a la posibilidad de retracto contenida en el

artículo 2º de la Resolución núm. 2276 de 2019, no puede ser

aplicada para efectos de decretar la pérdida de investidura, ya que

se trata de una norma jurídica inconstitucional que: (a) reguló

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aspectos no previstos en la Ley Estatutaria 1909; y (b) limitó, por

fuera del ámbito de la ley estatutaria, el ejercicio legítimo de

derechos políticos, por lo que la expresión ‘y sin posibilidad de

retracto’ contenida en el artículo 2º, se debe inaplicar por ser

inconstitucional e ilegal.

Admitió que si bien no se presentó una fuerza mayor, lo cierto es que

existe ausencia de culpabilidad y, además, la causal de pérdida de

investidura no aplica para el caso concreto, por cuanto aquella tiene

como finalidad sancionar la ruptura del compromiso del candidato

elegido para con sus electores, quienes mediante el voto depositaron

un mandato en el candidato ganador. Que la norma solo ampara

casos de aspirantes a corporaciones públicas que luego de haber

obtenido una votación incumplen el compromiso democrático con sus

electores, es decir se incurre en la causal únicamente en los casos

en que el candidato no se posesiona en el cargo para el cual aspiró a

ser elegido.

Insistió en que en el presente caso no se defraudó ese pacto,

compromiso o mandato, porque el accionado no aspiró al Concejo

Municipal de Margarita (Bolívar), sino que lo hizo al cargo de alcalde

municipal, de manera que no le resultan aplicables dichas reglas; y

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que la posibilidad de acceder a la curul se constituye en un derecho

personal de quien obtuvo la segunda mejor votación, como una

forma de garantizar el derecho a la oposición, de manera que ello se

produce como consecuencia de reglas especiales para materializar el

derecho a la oposición.

Señaló que aceptar la tesis del solicitante implicaría romper las reglas

de interpretación y aplicación de las causales de pérdida de

investidura, en especial las reglas de taxatividad, interpretación

restrictiva, prohibición de analogía, así como el principio pro homine,

pues se extiende la aplicación de la causal a eventos no previstos en

la norma jurídica.

Recalcó que para la época de la ocurrencia de los hechos no existía

jurisprudencia anunciada con relación a la aplicación de la causal de

pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo, respecto a

los candidatos que aspiraron a cargos uninominales, pero que en

virtud del artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, tenían el derecho

personal de aceptar y ejercer una curul en la respectiva corporación

pública. Que al no existir un precedente claro que extendiera la

causal a este tipo de eventos, se lesiona la confianza legitima y el

propio principio de culpabilidad.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 17 de noviembre de 2021, denegó

la solicitud de pérdida de investidura del señor JOSÉ MARTÍNEZ

NIETO, concejal electo del municipio de Margarita (Bolívar), período

constitucional 2020-2023, para lo cual explicó, inicialmente, que la

excepción de inconstitucionalidad propuesta por el accionado, del

aparte “y sin posibilidad de retracto”, contenida en el artículo 2º de

la Resolución núm. 2276 de 2019, no tenía lugar debido a que ya

había sido objeto de estudio de legalidad por parte de la Sección

Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 16 de

diciembre de 2020, en la que la encontró ajustada a derecho, criterio

que debía acogerse.

Sostuvo que para que se configure la causal analizada en el presente

asunto se debían cumplir tres requisitos, a saber: (i) Que el candidato

haya sido elegido, designado-llamado, en el marco del artículo 112

de la Constitución Política y 25 de la Ley Estatutaria 1909; (ii) que el

elegido, llamado-designado por mandato del artículo 112 de la

Constitución Política y 25 de la Ley Estatutaria 1909, no haya tomado

posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha

de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la

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fecha en que fueren llamados a posesionarse; y (iii) que la falta de

posesión no sea atribuible a un caso de fuerza mayor.

Indicó que en el presente caso estaba probado que el accionado

aceptó la curul, no se posesionó dentro de los tres (3) días siguientes

a la instalación del Concejo Municipal de Margarita (Bolívar) y el

escrito de renuncia al cargo no es un hecho constitutivo de fuerza

mayor porque en esa decisión intervino su voluntad, quedando así

descartadas la imprevisibilidad e irresistibilidad y, por lo tanto,

encontrándose probado el tercer requisito objetivo de la causal

imputada, esto es, ausencia de fuerza mayor, se configuraba el

elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura.

Frente al elemento subjetivo, mencionó que a partir de las

circunstancias personales del accionado y del entorno en el cual tomó

la decisión de no posesionarse en el cargo de concejal, éste no había

incurrido en dolo o culpa grave, por lo que no se configuraba la

culpabilidad presupuesto de la pérdida de investidura.

Recordó que el accionado alegó haber presentado una demanda de

nulidad contra el alcalde municipal de Margarita (Bolívar), elegido

para el período 2020-2023, por considerar que se encontraba

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inhabilitado para desempeñar el cargo; y que el Tribunal

Administrativo de Bolívar decretó la suspensión provisional del acto

de elección, lo cual le generó la expectativa de que obtendría una

sentencia anulatoria, lo que le permitiría aspirar de nuevo al cargo

de alcalde.

Señaló que ante dicha expectativa consultó a una profesional del

derecho, que lo asesoró en su campaña a la alcaldía sobre la

posibilidad de renunciar a su curul de concejal y aspirar al cargo de

alcalde en las nuevas elecciones, profesional esta que le aseguró que

podía presentar la renuncia en vez de tomar posesión del cargo de

concejal, lo cual hizo con el resultado de que el presidente del

Concejo se la aceptó el 30 de diciembre de 2019, por lo cual se

abstuvo de tomar posesión.

Manifestó que en respaldo de las afirmaciones del accionado, obra en

el expediente copia del proceso de nulidad electoral con radicado

13001233300020200000300, seguido por él contra el señor JUAN

MANUEL CAMARGO TORRES, en su condición de alcalde elegido

del municipio de Margarita (Bolívar), para el período constitucional

2020-2023, en el cual consta que mediante auto de 21 de enero de

2020 la Sala núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar decretó la

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suspensión provisional del acto de elección, solicitada en diciembre

de 2019, por considerar que había incurrido en causal de inhabilidad

para el desempeño del cargo, proceso que finalmente fue decidido

en forma desfavorable a las pretensiones mediante sentencia de 25

de agosto de 2020.

Acotó que en audiencia de pruebas se recibió el testimonio de la

señora KETTY ARIAS RUIDÍAZ, quien manifestó ser abogada y

especialista en derecho administrativo y contratación estatal, quien

hizo parte del equipo que acompañó y asesoró al accionado, tanto en

la campaña para elección de alcalde municipal para el período 2020-

2023, como en su decisión de renunciar al cargo de concejal el 30 de

diciembre de 2019 y no tomar posesión de éste en enero de 2021.

Destacó que el evidente interés de la testigo en el éxito de su

asesorado no le resta credibilidad, entre otras cosas porque dio

detallada cuenta respecto a los resultados de las elecciones a alcalde

para el período 2020-2023, la aceptación de la curul de concejal por

parte del accionado, sus motivaciones personales y expectativas por

razón de la iniciación de un proceso de nulidad electoral contra el

alcalde elegido, la presentación y aceptación de la renuncia del

demandado, entre otros hechos que percibió de manera directa, que

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resultaron confirmados por la prueba documental allegada al proceso

(formularios de la Comisión Escrutadora Municipal que declararon la

elección de alcalde y concejales para el período 2020-2023, el escrito

de aceptación de la curul de concejal por haber recibido la segunda

votación a alcaldía, la copia del proceso de nulidad electoral, el

memorial mediante el cual presenta la renuncia a la curul de concejal

ante el Concejo Municipal, la Resolución mediante la cual el

presidente del Concejo acepta la renuncia). Y, adicionalmente, el

dicho de la testigo no resultó desvirtuado por algún medio de prueba

allegado al proceso.

Mencionó que podría afirmase, como lo hace el solicitante y el Agente

del Ministerio Público, que le resultaba posible al accionado, dada su

experiencia previa como concejal y a su abogada por virtud de los

conocimientos que se esperan de ella, -debido a su formación como

especialista en derecho administrativo y contratación estatal y

experiencia como asesora de la administración municipal-, tener

claridad acerca de la imposibilidad jurídica de retractarse de la

aceptación del cargo y de deshacer la obligación de asumirlo luego

de su aceptación, lo cierto es que los pronunciamientos judiciales del

Consejo de Estado no se conocían al momento en que el accionado

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debió definir si renunciaba, mantenía su curul de concejal o se

posesionaba en el cargo.

Anotó que varios tribunales administrativos del país, entre ellos el de

Bolívar y Boyacá, adoptaron en varios pronunciamientos de procesos

de pérdida de investidura iniciados con base en la causal que ahora

se estudia, el criterio según el cual la prohibición de retracto de la

aceptación de la curul de concejal establecida en la Resolución 2276

de 2019 debía inaplicarse por inconstitucional, al considerarse que

violaba la reserva de ley estatutaria a que están sometidas las

normas que limitan los derechos fundamentales de naturaleza

política.

Concluyó que el accionado se asesoró de una profesional que por su

formación en derecho y su experiencia, puede tenerse como idónea,

para superar su desconocimiento sobre el sentido de las normas que

regulaban la imposibilidad de retractarse de su aceptación de la curul

de concejal, punto sobre el cual no existía claridad y que resultaba

determinante para la configuración de la causal de pérdida de

investidura.

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Agregó que el carácter problemático del punto sobre el cual el

accionado solicitó consejo quedó demostrado, no solo por los

pronunciamientos comentados de algunos tribunales

administrativos, sino también en la propia sentencia de la Sección

Quinta del Consejo de Estado que decidió la demanda de nulidad

contra el artículo 2º de la Resolución núm. 2276 de 2019, del Consejo

Nacional Electoral, la cual fue aprobada con una aclaración y un

salvamento de voto, lo que impide exigir al accionado que tuviera

claridad sobre normas que regulaban la retractación de quienes

habiendo obtenido la segunda votación para elecciones de alcalde,

decidieran aceptar una curul en el Concejo.

A partir de tales razones, descartó la configuración del elemento

subjetivo de responsabilidad, por lo cual denegó la solicitud de

desinvestidura.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante, mediante escrito recibido el 2 de diciembre de 2021,

interpuso recurso de apelación en el que reitera, in extenso, los

fundamentos de hecho y de derecho de la solicitud, para pedir la

revocatoria de esa providencia y, en su lugar, decretar la pérdida de

investidura del accionado.

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Manifiesta que se encuentran demostrados y probados, con especial

énfasis, los elementos subjetivos de responsabilidad, por lo que una

correcta interpretación de las normas que regulan el caso conllevaría

revocar la sentencia apelada y acceder a la pretensión de pérdida de

investidura.

Alega que el Tribunal realizó una indebida o errónea interpretación

del elemento subjetivo de responsabilidad, vulnerando así el debido

proceso del solicitante, al considerar que no se demostraron los

presupuestos procesales para declarar la pérdida de investidura,

cuando habían suficientes elementos de prueba en que se

demostraba la culpabilidad y el dolo del accionado, como también la

falta de existencia de pronunciamientos inequívocos acerca de la

posibilidad de renunciar o retractarse, en la que concluyó, respaldada

en la inconstitucionalidad de la Resolución del Consejo Nacional

Electoral, que las providencias de Tribunales Administrativos del país

fueron posteriores a la renuncia del señor JOSÉ MARTINEZ NIETO.

Indica que el Consejo de Estado decidió un caso en particular o

similar con los mismos fundamentos fácticos, en el que señaló que la

renuncia de un concejal, sin haber tomado posesión del cargo para

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el cual fue electo, designado o llamado, trae como consecuencia la

pérdida de investidura; que en dicho caso determinó los elementos

subjetivos de responsabilidad, con relación a la culpa grave y el dolo,

en el cual no eximió de responsabilidad la asesoría bridada por un

abogado que no es especialista en la materia ‘asuntos electorales’, ni

mucho menos cuando se defrauda al elector en la consolidación del

pacto político, y como también lo que tiene que ver en el nivel

educativo, cuando tiene conocimiento de la ley de acuerdo con los

cargos que haya ocupado con anterioridad.

Resalta que el hecho de que la elección se haya dado de ‘manera

indirecta’, ello no anula el pacto político que se genera entre el

elegido y los ciudadanos que, al ser defraudado por la no posesión

de aquél, da lugar a la pérdida de investidura. Que, en efecto, ni

siquiera podría aducirse que la elección se dio de manera indirecta,

pues, aunque es cierto que el candidato inicialmente se postuló a la

alcaldía y no al concejo, con la aceptación de la curul en virtud de lo

previsto en el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, el propio

candidato acepta que los votos obtenidos ahora tengan como

propósito la obtención de esa curul.

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Manifiesta que, en suma, cuando los concejales obtienen la curul en

virtud de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909,

también han aceptado un pacto político con los ciudadanos que lo

han elegido, solo que, como se indicó, dicho pacto se consolida en el

momento justamente que se acepta la curul por parte de quien tiene

derecho a ella, por lo cual en esa hipótesis también adquiere, entre

otras obligaciones, la de tomar posesión del cargo, pues fue para ello

que se aceptó.

Sostiene que el accionado fue concejal del municipio de Margarita

(Bolívar) en diferentes períodos, incluso fue presidente de la misma

corporación municipal, como quedó demostrado en los testimonios

de la abogada KETTY ARÍAS RUIDIAZ, y de los concejales

ARCECIO RAPALINO JIMÉNEZ y RONALD GULLOSO ÁVILA, lo

que descarta cualquier eximente de responsabilidad por el

desconocimiento de la ley, en cuanto al nivel educativo del

accionado.

Menciona que debe tenerse en cuenta que, actualmente, la

jurisprudencia del Consejo de Estado ha unificado criterios respecto

a las consecuencias jurídicas de: (i) no posesionarse en un cargo de

elección popular dentro del término fijado en la ley o la Constitución

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para hacerlo; (ii) renunciar ante la autoridad competente antes de la

posesión para aspirar a otro cargo público o empleo, o (iii)

posesionarse en un cargo de elección popular y posteriormente

renunciar para postularse a otro que coincida así sea parcialmente

en el mismo período constitucional; que en los dos primeros eventos,

la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que constituye

una causal de pérdida de investidura, mientras que en el tercero la

Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que se presentaría una

causal de nulidad electoral.

Estima que el Tribunal se olvidó por completo del precedente

existente, según el cual si interviene la voluntad del concejal en la

no posesión no puede hablarse de fuerza mayor ya que no se

satisface el carácter de externo del hecho que se alega; y que en el

caso concreto no hubo buena fe, ni seguridad de que su conducta por

desconocimiento de la ley o por la ausencia de precedente

jurisprudencial, le haya generado de forma oportuna renunciar o no

tomar posesión, debido a que su renuncia tuvo fines distintos a las

consideraciones en la parte motiva de la sentencia recurrida que

alegó el accionado, esto es su voluntad personal.

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Refiere que en el testimonio de la abogada KETTY ARÍAS RUIDIAZ,

ésta expresó que para asesorar y concluir la determinación de

renunciar a la curul del accionado, ello obedeció al concepto expedido

por el Departamento Nacional de la Función Pública, hecho que no

está probado ni tampoco se aportó dicho concepto al proceso como

elementos de prueba; y que, no obstante, la asesoría jurídica

realizada por la testigo tampoco podría considerarse como un

mecanismo idóneo, debido a que no era experta en derecho electoral,

así como quedó evidenciado que era especialista en Derecho

Administrativo y en Contratación Estatal.

Solicita compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que se

investigue la conducta de los magistrados del Tribunal que profirieron

la sentencia apelada, en contradicción al precedente jurisprudencial

que marcó las pautas para constituir el elemento subjetivo de la

causal de pérdida de investidura alegada y se determine si la

conducta de aquellos configuró el delito de prevaricato por acción o

por omisión, así como las demás conductas en que hayan incurrido.

De igual forma, requirió compulsar copias a la Comisión Nacional de

Disciplina Judicial, para que se investigue si la conducta del Tribunal

constituyó falta al deber y cumplimiento de impartición de justicia,

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toda vez que éste conocía de antemano un precedente judicial por

los mismos hechos que se ventilan en el caso bajo examen.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1. El accionado, a través de apoderado, reitera sus argumentos

de defensa para solicitar que sea denegado el recurso de apelación

interpuesto por el accionante, para lo cual manifiesta que el apelante

no explicó las razones para que los pronunciamientos judiciales

citados constituyeran precedente aplicable en el caso concreto,

puesto que no analizó si se trataba de los mismos hechos y

fundamentos de derecho.

Indica que en momento alguno la sentencia apelada desconoció

precedentes sobre la materia, por el contrario, determinó que no

resultaba procedente decretar la pérdida de investidura porque

concurrían razones de peso para inferir que él no actuó con dolo ni

culpa grave.

Menciona que debe confirmarse la sentencia del Tribunal, teniendo

en cuenta que actuó sin culpabilidad al momento de ejecutar el

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comportamiento por el cual se le vinculó al presente proceso de

pérdida de investidura, por lo que solicita tener en cuenta las razones

del a quo y las circunstancias de la defensa, -que procede a reiterar

íntegramente-, en las que queda claro un comportamiento que no

puede serle imputado a título de dolo ni de culpa.

Anota que la testigo KETTY ARIAS RUIDÍAZ declaró ante a quo

que él estaba convencido y esperaba un resultado favorable de la

demanda electoral con radicado número 13001-23-33-000-2020-

00003-00, en el que se había decretado la suspensión provisional del

acto de elección porque se consideraba que el electo alcalde estaba

inhabilitado.

Manifiesta que estos elementos demuestran que el accionado tenía y

siempre tuvo la intención de aspirar al cargo de alcalde municipal de

Margarita (Bolívar); y que a través de la demanda contenciosa

administrativa, esperaba poder llegar a ese importante cargo, es

decir que su voluntad era la de ser alcalde municipal de Margarita

(Bolívar).

Insiste en que por lo anteriormente dicho, el 30 de diciembre de 2019

presentó ante el Concejo Municipal y la autoridad electoral del

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municipio, renuncia a ejercer la curul a la que tenía derecho por

haber obtenido la segunda votación más alta para el cargo de

alcalde; y que revisado este documento se observa que,

independientemente de que presentó o no renuncia al cargo,

manifestó que no ejercería la curul a la que tenía derecho “por

motivos personales”.

Indica que teniendo en cuenta que no era abogado buscó asesoría y

apoyo en su equipo de trabajo, entre otras, en la abogada KETTY

ARIAS RUIDÍAZ, abogada egresada de la Universidad de San

Buenaventura, experta en derecho administrativo y con vasta

experiencia en la asesoría y ejercicio del derecho público, cuyo

testimonio fue recibido, quien mencionó que el accionado le pidió

consejo a su equipo de trabajo sobre la posibilidad de manifestar que

no aceptaba el derecho de ejercer la curul a pesar de que, en un

principio, había dicho que sí lo haría, por lo que se estudió la situación

de conformidad con el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, y

encontró que no existía ninguna prohibición o impedimento legal para

presentar el documento ante la autoridad electoral y el propio

Concejo Municipal, porque la ley no lo prohibía, reconociendo que le

había asesorado y conocido, en forma íntegra, el documento firmado

por el señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO.

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Resalta que no existió conocimiento ni tampoco voluntad de violar la

ley y, lo más importante, se demuestra que siendo una persona

desconocedora de las leyes, buscó informarse debidamente sobre la

procedencia o no de presentar el documento en el que manifestaba

que no ejercería como concejal del municipio de Margarita (Bolívar)

“por motivos personales”, esto es querer ser alcalde del municipio de

Margarita (Bolívar), y la necesidad de apartar del cargo al alcalde

electo que consideraba había sido elegido con violación de las reglas

del juego electoral, lo que demuestra que su escrito de renuncia no

fue una actuación consciente y voluntaria de violar la ley, tampoco

fue una actuación que demuestre indiligencia o impericia, ni siquiera

un asumo de un comportamiento culposo.

Sostiene que, en efecto, para la época de la ocurrencia de los hechos

no existía jurisprudencia anunciada con relación a la aplicación de la

causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo,

respecto a los candidatos que aspiraron a cargos uninominales, pero

que en virtud del artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, en el marco

del derecho político a ejercer oposición, tenían el derecho personal

de aceptar y ejercer una curul en la respectiva corporación pública.

Que, al no existir un precedente claro para el momento de ejecución

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del comportamiento, que extendiera la causal a este tipo de eventos,

se lesionaría la confianza legítima y el propio principio de

culpabilidad.

Aduce que, en tratándose de miembros de corporaciones públicas

municipales, la causal solo tiene aplicación para los casos en que el

candidato al concejo resulta elegido como consecuencia directa del

voto popular, y, luego de haber obtenido la curul, defrauda la

confianza depositada por los electores. Que la confianza del

electorado estaba dirigida a que el accionado fuese alcalde municipal

de Margarita (Bolívar), y en virtud de esa confianza depositó su voto

para que fuese elegido como tal, por consiguiente la causal de

perdida de investidura no puede ser aplicada al caso concreto porque

no existió la defraudación de la confianza del elector, la ruptura del

compromiso democrático que persigue sancionar la causal, como

quiera que el electorado depositó su voto para elegirlo alcalde, que

no concejal.

Finalmente, indica que, por demás, después del fallecimiento del

alcalde elegido para el período 2020-2023, se convocó a elecciones

atípicas y resultó elegido alcalde municipal de Margarita (Bolívar),

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por lo que el electorado reiteró su voto para que fuese alcalde y no

concejal.

IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta

instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con los términos en que fue presentado el recurso

de apelación, le corresponde a la Sala establecer si el concejal electo

del municipio de Margarita (Bolívar), señor JOSÉ MARTÍNEZ

NIETO, desplegó una conducta dolosa o gravemente culposa, al no

tomar posesión de su cargo dentro de los tres (3) días siguientes a

la instalación del Concejo Municipal de Margarita (Bolívar), para el

período constitucional 2020-2023.

V.2.- Del Acto Legislativo 2 de 1o. de julio de 20156, la Ley

Estatutaria 1909 y la Resolución 2276 de 2019 del Consejo

6 “[...] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional y se dictan otras disposiciones [...]”.

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Nacional Electoral7 y su incidencia en la causal de pérdida de

investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley

617.

El artículo 1o. del Acto Legislativo 2 de 2015, incorporó una

modificación novedosa al artículo 112 de la Constitución Política al

reconocer el ‘derecho personal’ a ocupar una curul en la corporación

pública respectiva, al candidato que le siga en votos a quien la

autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y

vicepresidente de la República, gobernador de departamento y

alcalde distrital y municipal. Indica la precitada disposición:

“[...] Artículo 1°. Adiciónense los incisos cuarto, quinto y
sexto del artículo 112 de la Constitución Política, los cuales
quedarán así:
(…)

El candidato que le siga en votos a quien la autoridad
electoral declare elegido en el cargo de Presidente y
Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento,
Alcalde Distrital y Alcalde municipal, tendrá el derecho
personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de
Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y
Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de
la correspondiente corporación.

Las curules así asignadas en el Senado de la Republica y en la
Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en
los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el
número de miembros de dichas corporaciones.

7 Acápite desarrollado por la Sala en sentencia de 11 de marzo de 2021, número único de

radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI), consejero ponente Roberto Augusto
Serrato Valdés, que ahora se prohíja en su integridad.

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En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones
públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de
acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista
en el artículo 263.

Parágrafo transitorio. La asignación de las curules
mencionadas en este artículo no será aplicable para las
elecciones celebradas en el año 2015 […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Dicha norma fue incorporada en los artículos 24 y 25 de la Ley

Estatutaria 1909, el cual elevó a la categoría de derecho fundamental

la oposición. A la luz de dicho compendio normativo, ésta goza de

una especial protección del Estado y de las autoridades y le permite

proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y ejercer

libremente el control político a la gestión de gobierno mediante los

instrumentos señalados en ese compendio, sin perjuicio de los

derechos previstos en otras leyes8.

En las deliberaciones que se dieron al interior del Congreso9,

quedaron consignadas las siguientes consideraciones:

“[…] El Acto Legislativo número 02 de 2015 incluyó dentro de
esta norma y con el claro propósito de estimular el ejercicio de
la oposición que de forma natural correspondería a quien ha
perdido la elección, que los candidatos que le sigan en
votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el
cargo de Presidente y Vicepresidente de la República,
Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde

8 Artículos 3° y 4°, de la Ley Estatutaria 1909 de 2018.
9 Gaceta 32 de 2017 de 1° de febrero de 2017: exposición de motivos al proyecto de ley

estatutaria número 03 de 2017, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición,
página 7.

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municipal tendrá el derecho personal a ocupar una curul
en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea
Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal,
respectivamente, durante el período de la
correspondiente corporación. Las curules así asignadas en
el Senado de la República y en la Cámara de Representantes
serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las
demás curules no aumentarán el número de miembros de
dichas corporaciones. En caso de no aceptación de la curul en
las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la
misma se asignará de acuerdo con la regla general de
asignación de curules prevista en el artículo 263 […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

El artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, reguló lo concerniente a las

curules en las corporaciones públicas de elección popular de las

entidades territoriales. A la luz de la citada norma, los candidatos

que sigan en votos a quien la autoridad electoral declare elegidos en

los cargos uninominales, esto es, gobernación, alcaldía distrital o

municipal, deben manifestar por escrito su decisión de aceptar o no

la curul en la corporación pública respectiva ante la comisión

escrutadora competente. Dicha norma señala:

“[…] Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas
de elección popular de las entidades territoriales. Los
candidatos que sigan en votos a quienes la autoridad electoral
declare elegidos en los cargos de Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán
derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos
Municipales respectivos, durante el período de estas
corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan,
podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7 de
esta ley y harán parte de la misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de
Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las

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Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y
Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon
el segundo puesto en votación deberán manifestar por
escrito ante la comisión escrutadora competente, su
decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes
distritales y municipales, la autoridad electoral les
expedirá, previa aceptación, las credenciales como
diputados y concejales distritales y municipales a los que
ocuparon los segundos puestos en la votación para los
mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el
artículo 263 de la Constitución para la distribución de las
curules restantes de Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla
general prevista en el artículo 263 de la Constitución
política para la distribución de todas las curules de
Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y
Municipales por población [...]” (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-018 de 201810, al

ejercer el control de constitucionalidad previo, oficioso, automático e

integral del proyecto de ley que pasaría a convertirse en el Estatuto

de la Oposición Política, consideró que tal disposición era un

desarrollo directo del artículo 112 Constitucional, y en ella sostuvo:

[…] Por lo demás, el artículo 25 del PLEEO es un desarrollo
directo de los incisos 4º y 6º del artículo 112 Superior,
adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2015. En primer lugar,
el legislador estatutario estableció que “los candidatos que
sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos
en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital
y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su

10 Corte Constitucional, sentencia C-018 de 4 de abril de 2018, magistrado ponente
Alejandro Linares Cantillo.

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orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos
Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el
período de estas corporaciones”, ello reproduce el inciso 4º del
artículo 112 por lo que no genera problema de
constitucionalidad alguno. A su vez, señala que en dichas
corporaciones colegiadas harán parte de la organización política
a la cual pertenecen, es decir, tal como sucede con el candidato
a presidente y vicepresidente el legislador estatutario busca
fortalecer el ejercicio de la oposición política canalizada a través
de partidos y movimientos políticos y no recurriendo al ejercicio
personalista de la política.

Los siguientes tres incisos del artículo 25 bajo revisión
incorporan las reglas procedimentales para la distribución de
las curules, habida cuenta de que a diferencia de lo que sucede
en el inciso 2º del artículo 112 tratándose de las curules
otorgadas al candidato que le siga en votos al presidente y
vicepresidente de la República electos, el constituyente no
previó una regla determinada para la distribución de dichas
curules en los Concejos y Asambleas. En primer lugar, se
establece que el candidato que siga en votación al gobernador
de departamento o alcalde municipal o distrital electo, deberá
manifestar su voluntad de acceder a la curul en la asamblea o
el concejo municipal o distrital respectivamente. El inciso 6º del
artículo 112 superior, señala la consecuencia derivada de la “no
aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las
entidades territoriales […]”, de donde razonablemente se
infiere que entre la certificaciones de los resultados electorales
por parte de la autoridad electoral y el otorgamiento de la curul
en la asamblea o el concejo debe mediar una aceptación, de
donde se sigue que el requisito de manifestar por escrito ante
la comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o
no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y Municipales, incorporado en el PLEEO bajo análisis
se encuentra dentro de las competencias del legislador
estatutario.

Por su parte, el inciso tercero del artículo 25 señala que una
vez otorgadas las curules en la asamblea, concejo municipal o
distrital, según corresponda, se procederá al cálculo de las
demás curules en los términos del artículo 263 de la
Constitución. Así, este inciso tampoco se opone a lo dispuesto
en la Constitución Política, en la medida, en que a diferencia de
lo que sucede con las curules en senado y cámara, el
constituyente no previó un aumento en el número de miembros
de dichas corporaciones colegiadas, como tampoco previó la
modificación expresa del sistema de reparto de curules en
dichas corporaciones, por lo cual, de una lectura sistemática de

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la Constitución debe entenderse que el reparto se hace de
conformidad con el artículo 263 superior, tal y como lo hace en
este caso el legislador estatutario.

Finalmente, el último inciso del artículo 25 señala como
consecuencia de la no aceptación de la curul la aplicación de “la
regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución
política para la distribución de todas las curules de Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por
población”, este inciso tampoco plantea problema
constitucional alguno, en la medida en que reproduce el inciso
sexto del artículo 6º del artículo 112, otorgándole a la no
aceptación de la curul por parte del candidato derrotado la
misma consecuencia que ya había sido prevista por el
constituyente […]”.

Resulta claro, entonces, que el legislador estatutario, en desarrollo

directo del artículo 112 de la Constitución Política, le brinda la

oportunidad al candidato con segunda mayor votación en las

elecciones uninominales, -en este caso la Alcaldía-, de ocupar una

curul en la respectiva corporación pública, -en este caso en el

Concejo-, lo cual permite que dichos candidatos tengan

representación visible en el cuerpo colegiado con el fin de que se

puedan convertir en una fuerza alternativa de oposición, presenten

iniciativas de interés regional y ejercer el control político, con lo cual

se garantiza la representación popular de la fuerza política vencida.

En este sentido, resulta importante traer a colación las

consideraciones esgrimidas en el proyecto de Acto Legislativo 7 de

2014 “[...] Por medio del cual se reforman los artículos 112, 171,

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176, 299 y 312 de la Constitución Política de Colombia. [Candidatos

a cargos uninominales como congresistas] [...]”11, en el cual se

invocaron las siguientes motivaciones:

“[…] Con el artículo 1º se ordena introducir en el artículo 112
de la Constitución Política vigente un inciso final. De aprobarse
este proyecto, tal como lo esperamos, los candidatos a los
cargos de Presidente y Vicepresidente de la República,
Gobernador de Departamento, Alcaldes de Distrito y Municipio
que sigan en votos a quienes la Organización Electoral declare
elegidos en estos cargos, tendrán asiento en el Senado, en la
Cámara de Representantes, en la Asamblea Departamental, en
los Concejos Distritales y Concejos Municipales respectivos,
durante el período para el cual se hizo la correspondiente
elección.

De esa manera se aumenta con una curul el número de
Senadores, Representantes, Diputados, Concejales
Municipales y Concejales Distritales, con el ánimo de
profundizar y extender la representación popular en
tanto un conjunto de ciudadanos, aquellos que votaron
por el candidato no elegido, la adquieren en las
corporaciones de origen popular así: a nivel nacional en
el Senado, a nivel regional en la Cámara, a nivel
departamental en las Asambleas, a nivel distrital y
municipal en los Concejos Distritales y Concejos
Municipales.

Con la normatividad vigente, quienes votan por el
candidato que pierde la elección prácticamente
depositan un voto ineficaz, porque este candidato
desaparece de la vida política y esta circunstancia
desanima al elector y es causa, entre otras, de la
abstención electoral. Se pretende, en cambio del
régimen actual, darle pleno valor al voto ciudadano,
pues no solo el ciudadano que vota por un candidato que
resulta ganador tendrá representación visible, sino que

11 “[...] Por medio del cual se reforman los artículos 112 171, 176, 299 y 312 de la
Constitución Política de Colombia [...]”. Gacetas 369 de 2014 (publicación del proyecto de
acto legislativo) y 438 del 2014 (publicación de la ponencia de primer debate). El autor del
citado proyecto fue el senador Eduardo Enríquez Maya. Cabe destacar que de forma paralela
se tramitó la reforma de equilibrio de poderes del acto legislativo 2 de 2015, en el cual se
incorporó la reforma al artículo 112 de la Constitución, con ocasión de la proposición
presentada por el senador Eduardo Enríquez Maya. (página 34 de la Gaceta 765 del 2014).

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la tendrán también los ciudadanos cuyos candidatos
siguen en votos. Es obvio que los elegidos representan
al pueblo sin distinción de ninguna clase entre quienes
votaron a su favor o a favor de otros que no resultaron
elegidos, pero se aspira con estas modificaciones a que
las ideas y planteamientos que se hacen en las campañas
electorales no se diluyan y puedan tener eco y
posibilidad de realización.

En ese orden de ideas, estamos hablando de una
representación tangible, visible y eficaz de un universo
compuesto de ciudadanos que depositan su voto, pero que sus
ideas no se materializan, sino que las ven perderse,
desperdiciarse y no ser utilizadas. Y, por supuesto, nos estamos
refiriendo a la participación que pueden y deben tener aquellos
ciudadanos que exponen criterios y métodos distintos en la
conducción del Gobierno, en la concepción de la representación
democrática y en el manejo de los bienes del Estado.

De ese modo, buscamos que también tenga
representación visible y eficaz quien sufraga, pero no
logra que sus candidatos sean elegidos. A través de la
fórmula que proponemos al Congreso y a la opinión pública,
podrán analizarse las ideas y proyectos que un líder
expuso en la respectiva campaña electoral, y el
programa no escogido por el electorado puede contar y
ser estimado como una alternativa legítima y, al mismo
tiempo, se abre a los candidatos la oportunidad de contribuir
desde las corporaciones públicas al ejercicio del poder político,
como conductores políticos y jefes de la oposición, si es del
caso.

Obsérvese que la Constitución Política garantiza el derecho de
los partidos y movimientos políticos con personería jurídica a
declararse en oposición al Gobierno y, posteriormente a esta
declaración, pueden ejercer la función crítica, y planear y
desarrollar alternativas políticas. Si bien el derecho a la
oposición se consagró explícitamente, los instrumentos para
hacerla efectiva son apenas el acceso a la información y a la
documentación oficial, el uso de los medios de comunicación
del Estado, del espectro electromagnético y la réplica en los
mismos medios de comunicación.

Dejó de mencionarse un derecho que surge por generación
espontánea de las elecciones y de las posiciones políticas
distintas a la oficial o a la mayoritaria. Se trata del derecho de
los candidatos perdedores en las elecciones a tener
representación visible y eficaz en las corporaciones y a plantear

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inquietudes y proyectos sobre la manera como debe conducirse
el Gobierno y cómo deben solucionarse los problemas que
ordinariamente atraviesa la comunidad. No hacer efectivo este
derecho constituye un deterioro de la representatividad que en
los países desarrollados cada día se aumenta y profundiza.

Las últimas experiencias son reflejo de varias inconsistencias y
contradicciones. Los candidatos perdedores en elecciones
uninominales no llegan a las corporaciones públicas y carecen
de espacios oficiales en los cuales puedan expresar libre y
permanentemente sus opiniones. Este sistema priva a la
comunidad de una contribución eficiente y de conocimientos
respecto del papel que deben desempeñar los partidos políticos
y sus directores en el desenvolvimiento de la administración
pública y el desarrollo de la vida política.

Los candidatos a la Presidencia, a la Vicepresidencia, a las
gobernaciones y las alcaldías que no fueron elegidos a pesar de
contar con guarismos importantes de votación se esfuman, y
con ellos los planteamientos y programas que en razón de las
jornadas electorales expusieron públicamente a la comunidad.

El derecho a integrar las corporaciones públicas es
intuitu personae, es decir, se concede por los atributos
personales y por los votos que la ciudadanía deposita a
favor del candidato. Por este motivo, no es susceptible
de transferirse a ninguna persona como consecuencia de
la función electoral que lo genera. El titular de este
derecho no puede ser reemplazado y la renuncia, en el
evento de presentarse, le haría perder la respectiva
curul con la consiguiente responsabilidad política de
quien así actúa [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 2276

de 11 de junio de 2019 “[...]Por medio de la cual se establecen

medidas para la aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018

[...]”, la cual dispuso:

[…] ARTÍCULO SEGUNDO: OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR
LA CURUL EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA.- Dentro de las

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24 horas siguientes a la declaratoria de elección de los cargos
de gobernador, alcalde distrital y/o municipal y previo a la de
las asambleas departamentales y concejos distritales y/o
municipales, respectivamente, los candidatos que ocuparon el
segundo (2) puesto en votación, deberán manifestar por
escrito, por una sola vez, y sin posibilidad de retracto, su
decisión de aceptar o no una curul en las asambleas
departamentales y concejos distritales y/o municipales [...]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Esa expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”, fue demandada

ante esta jurisdicción. En dicha oportunidad, la demandante señaló

que ese precepto normativo fue expedido con violación del

preámbulo y los artículos 13, 150, numerales 1 y 2, de la Constitución

Política; 25 de la Ley Estatutaria 1909; y 137 de la Ley 1437 de 18

de enero de 201112, por lo que el Consejo Nacional Electoral se había

excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al usurpar una

competencia del legislador estatutario.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, que conoció del asunto,

mediante sentencia de 16 de diciembre de 202013, denegó las

pretensiones de nulidad y declaró ajustada a derecho la expresión

“[…] y sin posibilidad de retracto [...]”14, para lo cual hizo un análisis

12 “[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo [...]”.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

16 de diciembre de 2010, número único de radicación 11001-03-28-000-2019-00060-00
(acumulados), consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
14 En dicha sentencia también se analizó si el Consejo Nacional Electoral, al expedir el

parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019 se excedió en el ejercicio de la
potestad reglamentaria, en relación con la prohibición de tener en cuenta los votos en blanco
para efectos del artículo 25, de la Ley Estatutaria 1909 de 2018.

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de la naturaleza de la facultad constitucional en cabeza del Consejo

Nacional Electoral, de lo que concluyó que: (i) esa institución, por

mandato constitucional, tiene a su cargo la suprema inspección y

vigilancia de la organización electoral, por lo que en ejercicio de

dichas atribuciones puede expedir las normas de carácter operativo

y administrativo en asuntos de su competencia; (ii) la Ley Estatutaria

1909, si bien no hizo referencia a la posibilidad de retracto, lo

concerniente a la aceptación o no de la curul incide en el reparto de

las curules de la respectiva corporación, y (iii) el precepto de análisis

es una norma de carácter operativo o técnico que permite garantizar

el cumplimiento de los derechos y garantías de los diferentes

partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que participan en la

contienda electoral.

Así las cosas, del examen de los elementos normativos y

jurisprudenciales anunciados, es posible extraer las siguientes

reglas:

(i) Por mandato constitucional, le surge el derecho personal al

candidato que le siga en votos al primero, de decidir si acepta o no

el llamado a ocupar una curul en la respectiva corporación territorial,

según lo dispone el artículo 112 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. En este

sentido, el ordenamiento superior le otorga al candidato que obtuvo

la segunda mayor votación en las elecciones al cargo uninominal, -

entiéndase presidente, vicepresidente, gobernador departamental o

alcalde distrital o municipal-, la oportunidad de manifestar su

decisión de aceptar o no un escaño en la corporación pública que

corresponda, de tal manera que depende de su voluntad la

consolidación de su derecho.

(ii) El candidato debe manifestar, oportunamente, su aceptación

para ocupar el respectivo escaño corporativo, dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes a la declaratoria de elección del

cargo uninominal, por escrito y sin posibilidad de retracto, ante la

comisión escrutadora competente, según lo dispone el artículo 2° de

la Resolución 2276 de 2019, acto administrativo cuya presunción de

legalidad nunca ha sido desvirtuada, al punto que esta jurisdicción

declaró ajustada a derecho dicha expresión como atrás quedó

analizado.

(iii) La sentencia de 16 de diciembre de 2020, proferida por la

Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la

legalidad de la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”,

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contenida en el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, es de

obligatorio cumplimiento15 y tiene efectos erga omnes con relación

a la causa petendi analizada, tal y como lo dispone el artículo 189

del CPACA, cuyo tenor literal es el siguiente:

[….] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la
nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo
en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la
legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control
inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales
se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una
ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en
parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos
reglamentarios […].

(iv) Para la Sala, la imposición de un plazo temporal y, con ello, la

prohibición de retracto, cumple las siguientes finalidades razonables:

(a) en primer lugar, garantiza el buen funcionamiento de la

organización electoral y con ello el cumplimiento de la Constitución

Política que reconoce un derecho a favor del candidato que resultó

derrotado en las elecciones uninominales; (b) permite que en los

tiempos y en la oportunidad prevista en la norma se puede efectuar

la aplicación de la cifra repartidora y con ello tener certeza de quién

15 Cabe destacar que dicha providencia fue notificada el 18 de diciembre de 2020 y la última

constancia secretaria señala que se ordenó el archivo de dicho proceso.

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va a resultar beneficiario de dicha prerrogativa constitucional. En esa

medida, no resulta admisible que el concejal designado, de forma

caprichosa, acepte la curul, se declare electo, y luego desista, más

aún si está en juego la representación de los derechos de la

oposición. Valga resaltar que la reforma constitucional introducida

con el Acto Legislativo 02 de 2015, fue concebida para garantizar los

derechos de la oposición la cual es vista no solo como “[…] (i) una

garantía institucional para las organizaciones políticas que participan

en el sistema democrático que se declaren en oposición al Gobierno,

por lo que se erige en un límite a las competencias legislativas

[...]”16, sino también “[...] (ii) un derecho fundamental de todos los

ciudadanos a participar en el control del poder político [...]”17 y, (c)

finalmente, redunda en la seguridad jurídica electoral que debe

brindar el Consejo Nacional Electoral.

(v) Presentada dicha aceptación, al candidato le asiste el deber de

tomar posesión de su cargo en la respectiva Corporación, o lo que

es lo mismo, prestar el juramento de cumplir y defender la

Constitución, por cuanto dicho acto solemne lo vincula directamente

con sus deberes, derechos y responsabilidades institucionales; y no

16 Cit., sentencia C-018 de 2018.
17 Ídem.

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hacerlo dentro de la oportunidad prevista por la ley, -que para el

caso de los concejales debe realizarse en la instalación del concejo o

dentro de los tres (3) días siguientes-, podría acarrear la muerte

política, salvo que medie fuerza mayor, en los términos del artículo

48, numeral 3, de la Ley 617.

(vi) Resulta reprochable, entonces, que una vez efectuada la

manifestación de aceptación el llamado-designado, declarado electo,

no se posesione en el cargo, toda vez que con ello se afecta el

principio de representación democrática y los derechos de la

oposición los cuales no pueden quedar a su arbitrio.

(vii) Para la Sala, la prerrogativa prevista en el artículo 112

Constitucional no puede ser interpretada como una excepción al

deber de tomar posesión del cargo en los términos y oportunidades

previstos en la ley, pues la citada norma no estableció ninguna

limitante en dicho sentido.

(viii) La fuerza mayor es el único supuesto que prevé el artículo 48

de la Ley 617, como causal eximente de la obligación de tomar

posesión en el cargo, que está definida en el artículo 64 del Código

Civil como “[...] el imprevisto a que no es posible resistir, como un

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naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de

autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. [...]”. Para su

configuración, es necesario que el hecho que impida la posesión

provenga de una causa extraña que sea externa, imprevisible e

irresistible capaz de determinar y justificar el incumplimiento del

deber u obligación de tomar posesión del cargo.

V.3.- De la causal de pérdida de investidura de concejal

municipal o distrital, prevista en el artículo 48, numeral 3, de

la Ley 617, consistente en no tomar posesión del cargo dentro

de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del

concejo o a la fecha en que fuere llamado a posesionarse

La causal de pérdida de investidura que se le endilga al concejal

electo del municipio de Margarita (Bolívar), para el período

constitucional 2020-2023, es la prevista en el artículo 48, numeral 3,

de la Ley 617, así:

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
(…)
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3)
días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas

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o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren
llamados a posesionarse.
(…)
Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación
cuando medie fuerza mayor […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Esta Sala ha sostenido, en el devenir de la interpretación y aplicación

jurisprudenciales de la referida causal, lo siguiente18:

“[…] Para que se configure la causal transcrita, la Sala
encuentra que se requiere que el concejal electo no haya
tomado posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la fecha de instalación del concejo o a la
fecha en que fuere llamado a posesionarse.

Entiéndase por posesión “el acto de prestar juramento
previsto en el artículo 12219 de la Constitución Política
ante el funcionario competente; de este acto da fe un
acta, suscrita por quien toma el juramento y por quien lo
pronuncia, sin cuya solemnidad la persona no puede
entrar a servir ningún cargo20 […]”21 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

14 de septiembre de 2017, número único de radicado 23001-23-33-000-2017-00091-
01(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.
19 “[…] Artículo 122 […] Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar

juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las
normas del servidor público […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

28 de abril de 2005, número único de radicado 76001-23-31-000-2004-00774-01 (PI),
Magistrado ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

6 de agosto de 2015, número único de radicado 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI),
consejera ponente doctora María Elizabeth García González.

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Para tales efectos, se observa que el artículo 35 de la Ley 136, regula

tanto la instalación de los concejos municipales como la elección de

sus funcionarios así:

“[…] Artículo 35. Elección de funcionarios. Los concejos
se instalarán y elegirán a los funcionarios de su
competencia en los primeros diez días del mes de enero
correspondiente a la iniciación de sus períodos
constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días
de anticipación.

En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en
cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que
para el efecto convoque el alcalde […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

Una vez instalados los concejos municipales, en consonancia con el

artículo 122 Constitucional, el artículo 49 de la Ley 136 establece que

los concejales se posesionarán en sus cargos ante el presidente de

la respectiva corporación, para lo cual deberán tomar el respectivo

juramento:

“[…] Artículo 49. Posesión. Los presidentes de los
concejos tomarán posesión ante dichas corporaciones, y
los miembros de ellas, secretarios y subalternos, si los
hubiere, ante el presidente; para tal efecto, prestarán
juramento en los siguientes términos: "Juro a Dios y
prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y
las leyes de Colombia […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

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De igual forma, en cuanto a estos actos de posesión de los concejales

y de la instalación de los concejos, en sentencias de 27 de abril de

200622 y de 19 de junio de 200823, la Sala precisó:

“[…] Para resolver, debe precisarse que la posesión es el
acto de prestar ante el funcionario el juramento que
ordena el artículo 122 de la Constitución Política. De este
acto da fe un acta, suscrita por quien toma el juramento
y quien lo pronuncia. Sin esta solemnidad no puede
entrarse a servir ningún cargo. La posesión es una
declaración de voluntad administrativa, que tiene
consecuencias jurídicas24.

La instalación es un acto de la Corporación como tal y
que se celebra por una sola vez, al iniciarse el período
constitucional. A su turno, la iniciación del período de
sesiones supone el acto de instalación en que debieron
posesionarse sus miembros […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de

la Constitución Política, en consonancia con lo dispuesto en el artículo

49 de la Ley 136, todos los servidores públicos, categoría a la cual

pertenecen los concejales, deberán posesionarse de manera previa

al ejercicio de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar juramento de

cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

27 de abril de 2006, número único de radicado 23001-23-31-000-2004-00059-02,
consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

19 de junio de 2008, número único de radicado 70001-23-31-000-2006-00531-01,
consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 16 de marzo de 1993,

expediente núm. 501, consejero ponente doctor Humberto Mora Osejo.

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correspondientes, por cuanto es tal acto el que los vincula

directamente con sus deberes, derechos y responsabilidades

institucionales25.

Con fundamento en ello, la Sala reitera que los elementos objetivos

y configurantes de esta causal de pérdida de investidura, así como

las condiciones bajo las cuales debe verificarse su presencia, son los

siguientes:

(I) Que, el candidato, una vez haya sido declarado concejal por la

autoridad electoral competente y obtenida su curul, no se posesione

en dicho cargo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha

de la instalación del respectivo cabildo municipal o distrital.

(II) O, que, el candidato a concejal, a pesar de no haber sido

declarado electo por la autoridad electoral competente ni obtenida su

curul en las elecciones territoriales, sea llamado a posesionarse en

dicho cargo por la respectiva Mesa Directiva del cabildo municipal o

distrital al cual aspiró, -en aras de cubrir una vacancia por falta

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

9 de marzo de 2017, número único de radicado 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI),
consejero ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E). Ver también: Corte
Constitucional, sentencia C-247 de 1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil, Concepto núm. 1135 de 22 de julio de 1998.

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absoluta26, ocurrida con posterioridad-, y aun así no se posesione

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha del llamado.

(III) O, que, el candidato al cargo uninominal de alcalde municipal

o distrital, que no haya sido elegido como tal, pero haya obtenido la

segunda mejor votación, acepte por escrito, dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes a la declaratoria de elección de ese

cargo, y previo a la del concejo municipal o distrital, una curul en

dicha corporación territorial, proveída con el fin de garantizar la

oposición política por ministerio de los artículos 112 Superior, 1º del

Acto Legislativo 2 de 2015 y 25 de la Ley Estatutaria 1909, en

consonancia con el artículo segundo de la Resolución núm. 2276 de

2019, pero no se posesione en el cargo dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes a la instalación del correspondiente cabildo

municipal o distrital.

26 Ley 136, “[…] Artículo 51º.- Faltas absolutas. Son faltas absolutas de los concejales:

a) La muerte;
b) La renuncia aceptada;
c) La incapacidad física permanente;
d) La aceptación o desempeño de cualquier cargo o empleo público, de conformidad con lo
previsto en el artículo 291 de la Constitución Política;
e) La declaratoria de nulidad de la elección como concejal;
f) La destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación
como resultado de un proceso disciplinario;
g) La interdicción judicial;
h) La condena a pena privativa de la libertad […]”

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En efecto, como quedó analizado con anterioridad, el Acto Legislativo

2 de 2015 introdujo una nueva modalidad de acceder a la condición

de miembro de una corporación pública de elección popular, la cual

es entendida como una garantía a favor de quien resulte con la

segunda mayor votación en las elecciones uninominales, -entiéndase

para el cargo de presidente y vicepresidente de la República,

gobernador, alcalde distrital o municipal-, para obtener una curul en

la corporación pública electoral respectiva, ya sea en el Senado, la

Cámara de Representantes, las asambleas o los concejos municipales

o distritales, con el fin de que dicha fuerza política, que obtuvo una

votación importante en términos cualitativos, tenga representación

en los cuerpos colegiados y, si es del caso, poder actuar como fuerza

de oposición política.

En esa medida, el correcto entendimiento de la dinámica

constitucional exige aplicar la causal prevista en el artículo 48,

numeral 3, de la Ley 617, no solo cuando el incumplimiento del deber

de posesión proviene del candidato elegido en la contienda electoral

o llamado a completar una vacante absoluta, sino también cuando

en dicha omisión incurra el designado que aceptó la curul otorgada

por mandato de los artículos 112 Constitucional, 1º del Acto

Legislativo 2 de 2015, 25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la

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Resolución núm. 2276 de 2019. Para la Sala, el nuevo referente

constitucional no puede ser concebido, en modo alguno, como una

circunstancia ajena al régimen de pérdida de investidura territorial,

así como tampoco implica desconocer el carácter restrictivo y de

prohibición de la analogía que caracteriza este medio de control.

Al concejal designado, -llamado a ocupar una curul por mandato del

artículo 112 Superior-, y declarado electo por la autoridad electoral,

le asiste el deber de tomar posesión del cargo una vez producida su

aceptación por escrito y bajo las condiciones previstas en los artículos

25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución 2276 de

2019, habida cuenta que, a través de dicho acto jurídico solemne,

queda vinculado formalmente con sus deberes, derechos y sus

responsabilidades, prerrogativa constitucional que no constituye una

excepción a la obligación de tomar posesión del cargo dentro de las

oportunidades establecidas en la ley especial.

La Sala, al discurrir sobre este aspecto, determinó lo siguiente:

“[...] Como se indicó anteriormente, el candidato designado -
llamado a ocupar una curul por mandato del artículo 112
Superior, le asiste el deber de tomar posesión del cargo, una
vez producida la aceptación, pues a través de dicho acto
jurídico solemne queda vinculado jurídicamente con sus
deberes, derechos y sus responsabilidades y la mencionada
prerrogativa constitucional no puede ser vista como una

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excepción a la obligación de tomar posesión del cargo dentro
de las oportunidades previstas en la ley.

En este sentido, no se advierte la existencia de una
posible antinomia entre el artículo 48, numeral 3°, de la
Ley 617 de 2000 y el artículo 112 superior, dado que el
derecho personal que le asiste al candidato en aplicación
del mecanismo estatuido en la norma constitucional no
resulta incompatible con el régimen jurídico previsto
para los concejales que señala que, es causal de pérdida
de investidura, no tomar posesión del cargo en los
términos y oportunidades señalados en la ley.

Resulta importante destacar lo dicho por la Sala Plena de esta
Corporación, mediante sentencia de 28 de mayo de 201927 en
la cual se señaló que la causal de pérdida de investidura por no
tomar posesión del cargo resulta aplicable para proteger el
pacto político que existe entre el elector o la institucionalidad y
el elegido, llamado o designado, elemento fundamental de la
democracia representativa, al señalarse:

[…] es necesario precisar que el ejercicio de toda función
pública es un derecho que finalmente se revierte en un
deber;28 por lo tanto, el inciso 2. ° del artículo 122 de la
Constitución Política regula que «[…] ningún servidor
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento
de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben […]». En consecuencia, para
ejercer el cargo de congresista y cumplir el mandato
recibido, debe tomarse posesión de este y prestarse
juramento de rigor.29

27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de mayo

de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03883-01(PI), consejero
ponente William Hernández Hernández. Cabe poner de presente que, el señor Seuxis
Paucias Hernández Solarte obtuvo su curul como Representante a la Cámara como
consecuencia de la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional
y el grupo armado FARC. En el referido Acto Legislativo se estableció que, en caso de que
el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-FARC27 no alcanzara el umbral de la
votación válida para las Cámaras del Congreso, tendría derecho a cinco curules en el Senado
de la República y cinco en la Cámara de Representantes. En esta decisión, la Sala Plena
analizó si el acusado incurrió en la causal de pérdida de investidura por no tomar posesión
del cargo prevista en el numeral 3° del artículo 183 de la Constitución Política. El acusado
sostenía que se encontraba en una situación constitutiva de fuerza mayor, toda vez que fue
capturado con fines de extradición por orden de la Fiscalía General de la Nación.
28 Cita es original de la providencia: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil,

concepto de 12 de diciembre de 2007, radicación 11001-03-06-000-2007-00102-00(1872),
solicitante ministro del Interior y de Justicia.
29 Cita es original de la providencia: Art. 17 de la ley 5 de 1992

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En principio podría indicarse que los servidores públicos
solo pueden ser objeto de reproche sancionatorio en
virtud de su cargo y a partir del momento en que se
posesionen. Sin embargo, el constituyente estableció para
los congresistas30 una causal específica por la
defraudación del mandato popular, con la que sanciona la
conducta de aquel representante o senador que no tome
posesión en el momento de la instalación de la respectiva
cámara o dentro de los ocho (8) días siguientes a este
hecho, o a su llamamiento a ocupar la curul, según el
caso.

Esta causal busca garantizar el principio democrático de
representación política, porque obliga al congresista a
asumir el ejercicio del mandato que le confirió el pueblo a
través de su voto, so pena de la sanción allí prevista. En
efecto, es claro que el congresista contrae un
compromiso con sus electores o representados y con
la institución, por lo tanto, debe posesionarse en su cargo
porque este acto lo vincula jurídicamente con sus deberes,
sus derechos y sus altas responsabilidades institucionales
(art. 133 de la Constitución Política).

Esta Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
considera, además, que no hacerlo implica una ruptura del
pacto político existente entre el elector o la
institucionalidad y el elegido, llamado o designado,
elemento fundamental de la democracia
representativa; es decir, esta causal exige que la
31

confianza depositada por el elector, o como en este caso
por la institucionalidad en el marco de un acuerdo de paz,
no resulte frustrada por la decisión unilateral e
injustificada del representante o senador de no
presentarse a la posesión del cargo, sin que medie fuerza
mayor que así lo avale [...]”32 (Destacado y subrayado es
original de la sentencia).

En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante
sentencia de 29 de octubre de 201933, expresó:

30 Cita es original de la providencia: Y otros miembros de corporaciones de elección popular.
31 Cita es original de la providencia: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia

del 8 de septiembre de 1992 (sin número se expediente). Citado en la sentencia C-507 de
1994.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-632 de 12 de octubre de 2017, magistrado ponente

José Fernando Reyes Cuartas.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de

octubre de 2019, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-02616-01(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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[…] 74. La precitada causal debe ser analizada, por un
lado, desde el elemento objetivo que comprende el
estudio de tipicidad, orientada a determinar si el
congresista incurrió en la conducta reprocha por la norma
constitucional; y, por el otro, desde el elemento subjetivo
que comprende el juicio de culpabilidad, con el objeto de
establecer si el demandado es culpable de la conducta
objetiva o si, por el contrario, se configuró una situación
eximente de responsabilidad.

75. Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, mediante sentencias proferidas el 17 de
octubre de 2000, el 23 de abril de 2001 y el 28 de mayo
de 2019, explicó que para la configuración de la causal de
desinvestidura supra se debe determinar: i) si se trata de
una persona que resultó electa como congresista o ii) si
se trata de una persona que, por su vocación, es “[…]
llamada a posesionarse […]” como tal.

76. Bajo el primer supuesto, la configuración de la
causal de desinvestidura requiere el estudio de los
siguientes elementos: i) Que el demandado haya sido
elegido congresista; ii) que el elegido no haya tomado
posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes
a la fecha de instalación de las Cámaras; y iii) que la falta
de posesión no sea atribuible a un hecho constitutivo de
fuerza mayor.

77. Bajo el segundo supuesto, la configuración de la
causal requiere la acreditación de los siguientes cuatro
elementos: i) Que el demandado tenga la vocación de
llamado; ii) que haya sido llamado a tomar posesión del
cargo de congresista; iii) que el llamado haya dejado de
tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días
siguientes al llamamiento que se le haya efectuado; y iv)
que la falta de posesión no sea atribuible a un hecho
constitutivo de fuerza mayor.

78. En el caso sub examine, la Sala observa que los
hechos y la conducta con base en los cuales se solicita la
desinvestidura de la demandada atienden al primer
supuesto previsto en la norma. En ese orden de ideas,
previo a estudiar los elementos referidos supra, se
realizará el estudio del marco normativo y los desarrollos
jurisprudenciales de la fuerza mayor y los elementos para
su configuración.

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Así las cosas, para la Sala, el Agente del Ministerio Público
acierta en sus afirmaciones cuando indica que la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 3° del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000 sí resulta aplicable
para los concejales designados en virtud del derecho
personal previsto en el artículo 112 de la Constitución
Política y 25 de la Ley 1909 de 2018, pues a partir de una
interpretación sistemática-finalística34 del
ordenamiento jurídico, es posible afirmar que ellos
tienen el deber de tomar posesión del cargo, dentro del
término perentorio previsto en la norma, so pena de
incurrir en la causal de pérdida de investidura [...]”35
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Resulta palmario, por lo tanto, la inexistencia de una eventual

contradicción entre los artículos 48, numeral 3°, de la Ley 617, y

112 Superior, debido a que el derecho personal que le asiste al

candidato en aplicación del mecanismo estatuido en la norma

constitucional, no resulta incompatible con el régimen jurídico

previsto para los concejales que señala que es causal de

34 La Corte Constitucional, en sentencia C- 1026 de 2001 dijo: “[…] 8- También esta Corte

ha señalado que la autonomía que la Carta “reconoce a la interpretación legal o judicial tiene
como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados”(sentencia C-
301/93); esto es, los frutos del ejercicio hermenéutico deben ser razonables. En este
sentido, expresó la Corporación que “cuando el efecto de la interpretación literal de una
norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia
disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las
decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que
buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento
jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalista” (sentencia C-
011/94). El contenido mismo del concepto de “razonabilidad” ha sido explorado por la Corte,
que en sentencia C-530/93, dijo que éste “hace relación a que un juicio, raciocinio o idea
esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es
decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su
conveniencia o necesidad”. En otras palabras, se trata de garantizar que, en cada caso, la
interpretación de las disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un criterio finalista,
que tome en cuenta las metas y objetivos establecidos en la Carta, de acuerdo con los
criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados de la filosofía humanista que inspira el
constitucionalismo colombiano [...]”.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

11 de marzo de 2021, número único de radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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desinvestidura no tomar posesión del cargo en los términos y

oportunidades señalados en la ley, interpretación sistemática-

finalística del ordenamiento jurídico que les impone a aquellos el

deber de hacerlo.

(IV) En cualquiera de los tres escenarios anteriores, cuando la causa

de la omisión de posesionarse en el término previsto ante el

presidente de la corporación o quien haga sus veces, haya sido una

situación de fuerza mayor, no se configurará esta causal.

La Sala resalta en este punto que, conforme se desprende de la

norma acusada y, por disposición expresa del legislador, el estudio

de la eventual configuración, o no, de un evento de fuerza mayor,

resulta intrínseco al análisis inicial de la referida causal; es decir, para

efectos metodológicos, es obligación del operador judicial, a

diferencia de lo que sucede con otras causales, auscultar su presencia

desde la revisión preliminar de sus elementos configurativos, debido

a la particular forma como está concebida esta causal.

Ello, al margen de la evidente esencia subjetiva que envuelve el

estudio del fenómeno de la fuerza mayor, como eximente de

responsabilidad en el proceso de pérdida de investidura, toda vez

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que procura explorar circunstancias que justifiquen la comisión de

las conductas tipificadas.

Frente al alcance del referido concepto de fuerza mayor la Sala36 ha

precisado, entre otras, en providencia de 16 de febrero de 2012, lo

siguiente:

“[…] En consideración a lo anterior, es preciso determinar si en
el asunto sub examine estaban dadas o no las condiciones para
inaplicar la causal 3ª del artículo 48 de la Ley en mención, por
el hecho de haber mediado una situación constitutiva de fuerza
mayor.

Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64
del Código Civil Colombiano, subrogado por el artículo 1°
de la Ley 95 de 1890, “Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como
un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc.”

Según se desprende de la anterior definición legal, la
situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser un
hecho extraño a quien la alega, totalmente imprevisible
e irresistible, capaz de determinar y justificar el
incumplimiento o inejecución de determinado deber u
obligación por parte de éste. En razón de su carácter
imprevisible e irresistible, la fuerza mayor es
considerada en nuestro ordenamiento jurídico como
causa eximente de responsabilidad, por cuanto viene a
justificar el incumplimiento de la correspondiente
obligación.

Al respecto es pertinente citar el siguiente aparte contenido en la
sentencia proferida el 30 de agosto de 2002, dentro del proceso

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 6 de abril de 2017, número único de radicado 05001-23-33-000-2016-00444-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 10 de noviembre de 2017, número
único de radicado 66001-23-33-002-2016-00055-01(PI), consejero ponente Oswaldo
Giraldo López.

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identificado con el número 8046, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo:

“En otras palabras, ¿qué de imprevisible tiene que una
persona, que se dedica a una actividad única en
determinado municipio, decida también, por su propia
voluntad, participar en una elección para concejal? ¿Y qué
de irresistible tiene no renunciar o mantenerse en un cargo
de elección popular? Siempre que en una decisión
intervenga la libertad para adoptarla, per se, se descarta
la imprevisibilidad e irresistibilidad, pues esta supone la
ocurrencia de un imprevisto al que es imposible resistir.

Decidir “correr el riesgo” de suministrar el combustible,
bajo la consideración de estar exonerado por ser
proveedor único, conlleva la decisión de asumir las
consecuencias que de ello se derivan, como, por ejemplo,
colocarse en una causal de incompatibilidad. Luego,
decidir, voluntariamente, seguir suministrando el
combustible y, al mismo tiempo, desempeñarse como
concejal, no fue un imprevisto al que es imposible resistir,
sino todo lo contrario, una situación, a todas luces
previsibles.”

La imprevisibilidad, que es propia de la figura, se presenta
cuando resulta totalmente imposible visualizar o
contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia.
Para establecer qué es lo previsible, se hace necesario
considerar las circunstancias particulares del caso
concreto a fin de verificar cuáles son las previsiones
normales que habrían de exigirse a quien alega en su
beneficio ese fenómeno liberatorio.

En tratándose de la obligación que asumen las personas que
han sido elegidas por el voto popular como miembros de una
corporación administrativa de carácter territorial, en el sentido
de tomar posesión del cargo dentro del término perentorio
establecido en el artículo 48 de la ley 617 de 2000, el
parágrafo de ese mismo artículo admite como causal
exonerativa o exculpativa de responsabilidad, la
ocurrencia de un hecho de fuerza mayor, en el entendido
de que el incumplimiento de esa obligación no le es
jurídicamente imputable ni puede dar lugar a que se
declare la pérdida de la investidura, con las gravosas
consecuencias señaladas por el ordenamiento jurídico.

La fuerza mayor, en estos casos, se produce entonces cuando
el hecho exógeno al concejal elegido es imprevisible e

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irresistible y se traduce en la imposibilidad absoluta de dar
cumplimiento a la obligación ya mencionada. En tales
circunstancias el hecho de la falta de posesión dentro de
la oportunidad legal no puede subsumirse en la causal
de pérdida de investidura prevista en el artículo 48
numeral 3° de la Ley 617 de 2000, por tratarse de una
omisión plenamente justificada.

En ese orden de ideas, la ocurrencia de una situación
fáctica constitutiva de fuerza mayor traslada al
interesado la carga de demostrar que el fenómeno por él
alegado, además de corresponder a una causa extraña,
imprevisible e irresistible, le impidió el cumplimiento de
la obligación de tomar posesión dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la fecha de la instalación de las
sesiones del Concejo Distrital […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

No debe perderse de vista que esta Sala ha advertido “[…] que la

ocurrencia de una situación fáctica constitutiva de esa fuerza mayor

traslada al interesado la carga de demostrar que, el fenómeno por él

alegado, corresponde a una causa extraña […]”37.

En este sentido, la situación constitutiva de la fuerza mayor debe ser

un hecho: (i) extraño a quien la alega, (ii) totalmente imprevisible

(iii) e irresistible, (iv) capaz de determinar y justificar el

incumplimiento o inejecución de determinado deber u obligación por

parte de éste.

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

6 de agosto de 2015, número único de radicado 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González (E).

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Precisamente, por su carácter imprevisible e irresistible, la fuerza

mayor es considerada en nuestro ordenamiento jurídico como causa

eximente de responsabilidad, por cuanto justifica el incumplimiento

de la correspondiente obligación y desactiva los efectos jurídicos que

ello desataría en condiciones de normalidad38.

V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- Análisis del elemento objetivo de la causal prevista en

el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617

38 Estos elementos han sido desarrollados, principalmente, desde el punto de vista de la
responsabilidad civil38 y allí se ha indicado, por lo tanto, que el hecho que se invoca como
constitutivo de fuerza mayor debe reunir las siguientes tres características:
 Imprevisible (imprevisibilidad). Significa que quien aduce el hecho como constitutivo de
fuerza mayor estuvo impedido para actuar con el fin de evitar sus consecuencias porque no
podía prever con anterioridad su ocurrencia38, es decir, que no había alguna razón especial
para que el sujeto pensara que se produciría el acontecimiento que configura la fuerza
mayor. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, explica que el hecho
imprevisible es aquel “[…] que, dentro de las circunstancias normales de la vida, no sea
posible contemplar por anticipado su ocurrencia […]”.
 Irresistible (irresistibilidad). Implica que el cumplimiento de la obligación se torne
imposible pese a la conducta prudente adoptada por el sujeto. Es decir, hace referencia a
que quien alegue la fuerza mayor debe probar que la situación que invoca conllevó la
imposibilidad de cumplir o de obrar de manera diferente a como lo hizo; por lo tanto, no se
trata de una simple dificultad sino de un verdadero obstáculo insuperable.
 Extraño o exterior (no imputabilidad o ajenidad). Significa que no puede alegar esa
causa quien ha contribuido con su conducta a la realización del hecho alegado38; es decir,
el afectado no puede haber intervenido en la situación que le imposibilitó cumplir su deber
u obligación, de forma que no haya tenido control sobre la situación ni injerencia en esta38.
Por esa razón el acontecimiento no puede ser imputable a la persona.
Sobre este último elemento la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional coinciden en señalar que la exterioridad se concreta en que el acontecimiento
o circunstancia que se invoca como causa extraña, también debe resultarle ajeno
jurídicamente, esto es, que quien lo alega no haya tenido control sobre la situación, ni
injerencia en la misma, es decir, que estuvo fuera de su acción y por el cual no tiene el
deber jurídico de responder38.

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Si bien el presente recurso interpuesto por el solicitante, gira en

torno, exclusivamente, a la configuración del elemento subjetivo de

la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 48,

numeral 3, de la Ley 617, la Sala no dejará de advertir, tal como lo

hizo el Tribunal, que está demostrada la presencia de su elemento

objetivo, habida cuenta que el señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO fue

declarado concejal electo del municipio de Margarita (Bolívar), en

representación del Partido de la U, para el período constitucional

2020-2023, según consta en el Formulario E-26 CON de 4 de

noviembre de 2019, luego de haber ocupado la segunda mayor

votación en las elecciones de alcalde municipal del mismo ente

territorial y período constitucional, y haber aceptado, por escrito, la

curul asignada en el Concejo Municipal de Margarita (Bolívar).

De ello se dejó constancia en el referido Formulario E-26 CON de 4

de noviembre de 2019:

“[...] Tendiendo en cuenta que, al momento de realizar la
declaratoria de ALCALDE, el segundo candidato con mayor
votación JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, manifestó, por escrito, la
decisión de aceptar a curul al CONCEJO se asigna dando
aplicación al artículo 25, de la Ley 1909 de 2018. Por lo tanto,
se restará una curul del número de curules a proveer [...]”.

En efecto, el accionado, previo a ello, había diligenciado, suscrito e

impreso su huella en el Formato ‘Nota de Presentación Personal’ de

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la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 3 de noviembre de

2019, mediante el cual manifestó su aceptación de la curul al Concejo

Municipal de Margarita (Bolívar), y sin posibilidad de retracto en los

términos de los artículos 25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de

la Resolución núm. 2276 de 2019.

No obstante, el concejal electo, con memorial de 30 de diciembre de

2019, dirigido a la Registraduría Municipal de Margarita (Bolívar) y al

Consejo Nacional Electoral, decidió renunciar a la curul que había

aceptado desempeñar en el Concejo Municipal de Margarita (Bolívar),

período constitucional 2020-2023, así: “[...] Sin embargo he decidido

renunciar, voluntaria y espontáneamente, a esta curul en el Concejo

Municipal de Margarita-Bolívar por razones personales. De igual

manera, solicito recomposición de la corporación y asignar esa curul

a quien corresponda [...]”.

Fue así como, a través de la Resolución núm. 063 de 30 de diciembre

de 2019, el Concejo Municipal de Margarita (Bolívar) resolvió

aceptarle la renuncia al accionado.

Luego, tal como se observa en el Acta núm. 001 de 2 de enero de

2020, contentiva de la sesión de instalación de esa corporación

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pública territorial, el señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO no hizo

presencia, no contestó el llamado a lista ni tomó posesión del cargo

de concejal municipal asignado por el Estatuto de Oposición Política,

así como tampoco fue aportado al proceso evidencia alguna que

permita constatar su posesión dentro de los tres (3) días siguientes

al citado acto de instalación.

En el mismo sentido, no fue alegado ni probado ningún factor

constitutivo de fuerza mayor que exima de responsabilidad al

accionado e impidiera la configuración objetiva de la causal de

pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la

Ley 617.

V.4.2.- De la excepción de inconstitucionalidad propuesta por

el accionado, en cuanto a la expresión “[...] y sin posibilidad

de retracto [...]”, contenida en el artículo segundo de la

Resolución núm. 2276 de 2019

En cuanto a la solicitud de inaplicar por inconstitucional la expresión

“[...] y sin posibilidad de retracto [...]”, contenida en el artículo

segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, que fuere elevada por

el accionado, porque, a su juicio, el Consejo Nacional Electoral reguló

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aspectos no previstos en la Ley Estatutaria 1909 y reglamentó un

derecho fundamental que está sujeto al principio de reserva de ley

estatutaria, la Sala pone de presente que, contrario a lo alegado, ese

acto fue expedido en ejercicio de las atribuciones constitucionales y

legales, en especial, las conferidas por el numeral 1, 3 y 4 del artículo

265 de la Constitución Política y los artículos 11 y 12 del Decreto Ley

2241 de 15 de julio de 198639, tal y como se evidencia en la parte

considerativa en la cual se indicó:

“[…] Que de acuerdo al mandato constitucional el Consejo
Nacional Electoral tiene como atribución velar por el desarrollo
de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

Que, por mandato del artículo 209 constitucional, la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.

Que el artículo 265 constitucional dispone que el Consejo
Nacional Electoral, de oficio, o por solicitud, tiene la atribución
de revisar escrutinios y los documentos electorales
concernientes a cualquiera de las etapas del proceso
administrativo de elección con el objeto de que se garantice la
certeza de los resultados […]”.

De lo anterior resulta posible colegir que la Constitución Política

previó un sistema de reglamentación especial en cabeza de ciertas

entidades como el Consejo Nacional Electoral para “[...] el cabal

39 “[...] Por el cual se adopta el Código Electoral [...]”.

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ejercicio de la función electoral [...]” 40. En otras palabras, dicha

entidad tiene a su cargo la expedición de normas de naturaleza

operativa y administrativa para regular temas que son de su

competencia41.

Para la Sala, la citada resolución fue expedida de conformidad con la

facultad constitucional prevista en los artículos 265 y 266 de la

Constitución Política y, en esa medida, no se evidencia una

contradicción con los postulados de la Carta Política, puesto que el

mismo Estatuto Superior faculta a ciertos órganos del Estado, como

el Consejo Nacional Electoral, a expedir actos de contenido normativo

“[…] para el cabal ejercicio de la función electoral, siempre que tal

facultad se entienda circunscrita a la regulación de “... aspectos

técnicos y de mero detalle [...]”42.

Adicionalmente, la Sección Quinta de esta Corporación, sala

especializada en los asuntos electorales, mediante sentencia de 16

de diciembre de 2020, encontró ajustada a derecho dicha expresión

por lo que denegó la pretensión de nulidad incoada en su contra,

40 Corte Constitucional, sentencia C-307 de 30 de marzo de 2004, magistrados ponentes

Rodrigo Escobar Gil, Manuel José Cepeda Espinosa y Alfredo Beltrán Sierra.
41 Corte Constitucional, sentencia C-1081 de 21 de octubre de 2005, magistrado ponente

Marco Gerardo Monroy Cabra. También puede verse la sentencia C-102 de 24 de octubre
de 2018, magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez.
42 Cit., sentencia C-307 de 2004.

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providencia que goza de cosa juzgada erga omnes frente a la causa

petendi juzgada y es de obligatorio cumplimiento para las

autoridades y los particulares. Allí se consideró que el Consejo

Nacional Electoral sí tiene competencia para “[…] regular el

desarrollo de procesos electorales, de normas de carácter operativo,

expedidas por el CNE, para garantizar el cumplimiento de derechos

y garantías de los diferentes partidos, movimientos y grupos de

ciudadanos que participan en la contienda electoral en igualdad de

condiciones, que en el caso particular ayudan a materializar el

ejercicio de la aceptación de las curules obtenidas por derecho propio

[...]”.

Sin perjuicio de mencionar que la herramienta de la excepción de

inconstitucionalidad ostenta un carácter subsidiario ante ese

pronunciamiento judicial de legalidad efectuado por la Sección

Quinta, toda vez que cede ante lo resuelto por la sentencia de 16 de

diciembre de 2020, lo cierto es que tal y como lo ha determinado

esta Sala en otras ocasiones43, no resulta procedente inaplicar, por

inconstitucional, la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”,

establecida en el artículo 2° de la Resolución núm. 2276 de 2019, en

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

11 de marzo de 2021, número único de radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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tanto fue expedida con fundamento en las competencias

constitucionales y legales que tiene el Consejo Nacional Electoral

para regular temas de su ámbito funcional44, como lo es la

oportunidad para que el segundo candidato con mayor votación a un

cargo uninominal, acepte y acceda a una curul en la respectiva

corporación pública territorial, asignada con fines de oposición

política por orden de los artículos 112 Superior, 1º del Acto

Legislativo 2 de 2015 y 25 de la Ley Estatutaria 1909.

Al no prosperar la excepción de inconstitucionalidad de una expresión

empleada como fundamento para la estructuración de la causal de

pérdida de investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la

Ley 617, se mantiene entonces su configuración objetiva en los

términos anteriormente expuestos.

V.4.3.- Examen del elemento subjetivo en la conducta del

accionado

44 Cit. Sentencia C-1081 de 2005.

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En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal electo JOSÉ

MARTÍNEZ NIETO, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala

en sentencia de 25 de mayo de 201745, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública46, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo
de elección popular, sino también la imposibilidad futura
de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si
éste llega a incurrir en alguna de las causales de
procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura47: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades48; la indebida destinación
de dineros públicos49; el conflicto de intereses50 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado51.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
46 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
47 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el

artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
48 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003);

180, 181 y 183 de la Constitución Política.
49 Art. 183 de la Constitución Política.
50 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
51 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo

Escobar Gil.

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• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las
causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas
por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley
(principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad,
esto es, atiende a las circunstancias particulares en las
que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y
si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que
ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la
causal lo admita, se esté ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de
las instituciones de la sociedad política.

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(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a
los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente
aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o
restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues
mientras en el primero la consecuencia puede medirse
únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la

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causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar
la ausencia de culpa en la configuración de la causal de
inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia
en torno a la interpretación de la causal en debate, sino
también actuaron con sujeción al precedente vigente y
vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo
de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón
por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que el proceso de pérdida de investidura se
desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva
[…]”52 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

52Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).

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Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.53

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios,
muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación
vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser
elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a
su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado
de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco
es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo
de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados
por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que
la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual,
adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su
carácter estricto y restringido. Como explicó la sentencia C-237
de 201254 “la pérdida de la investidura tiene a la Constitución
de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que

53 Ídem.
54Corte Constitucional, sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, magistrado ponente
Humberto Antonio Sierra Porto.

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hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento
de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del
representante popular.55 En efecto, en el proceso de
pérdida de investidura no es posible calificar el grado de
culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, pues como ha
señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un
sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la
pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”56, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos políticos.
En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura,
se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter
político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y
única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de
texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere
el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la
intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la
segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el

55 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
56 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto).

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aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación
de total intención en la realización de la misma y, por ende, de
un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que
se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta,
pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo
de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era
constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió
dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento,
la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer
su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como
candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale
al dolo.

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Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de
la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante
una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las
calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales

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se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el
año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser
ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia
que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer
el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad
jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos
deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se
repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”57 […]58” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Como se puede advertir de lo consignado en la precitada sentencia,

la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige

57 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
58 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien

pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos

los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de

dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones

personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,

las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya

realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar

conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida

inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el

cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el

contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que

impida el reproche subjetivo de su obrar59.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia

de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del

artículo 9°, del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que

regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está

ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento

a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,

59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,

en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201960, que modificó

el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio

de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y

la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su

conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de

las causales de pérdida de investidura establecidas en la

Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores

que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por

los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa

grave-.

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, contrario a lo

sostenido por el Tribunal, el comportamiento del accionado sí estuvo

precedido de la falta de cuidado que se exhibe al no manejar los

negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes

o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios, en la

medida en que optó, conscientemente, por no posesionarse en el

60 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.

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empleo público de concejal municipal de Margarita (Bolívar), período

2020-2023, a pesar de haber aceptado la curul que las conquistas

constitucionales del sistema de oposición política le habían asignado,

-artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25

de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de

2019-, y aun así confió en evitar las consecuencias jurídicas de su

acto omisivo con razones que no lo exculpan ni justifican.

En efecto, el señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, definitivamente,

estaba en condiciones cognitivas de comprender el hecho o la

circunstancia configurativa de la referida causal de pérdida de

investidura, toda vez que se pudo constatar que el incumplimiento

de la obligación de tomar posesión del cargo fue el resultado de sus

actos libres y conscientes de: (i) volver a presentarse en las

elecciones atípicas de alcalde municipal de Margarita (Bolívar), lo que

pretendía desde que promovió la demanda electoral con número

único de radicación 13001233300020200000300, seguida por él

contra el acto de elección del señor JUAN MANUEL CAMARGO

TORRES, en su condición de alcalde elegido del municipio de

Margarita (Bolívar), para el período constitucional 2020-2023,

elecciones que sí sucedieron pero luego del fallecimiento de este

último, resultando ganador de dicha contienda especial el accionado.

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Este hecho, lejos de exonerarlo, evidencia un desinterés intencional

por la curul del Concejo Municipal de Margarita (Bolívar), en

detrimento del pacto político que había asumido y del principio de

representación democrática.

(ii) Aceptar la curul al Concejo Municipal con el objetivo de

emprender un proyecto político desde ese cuerpo colegiado de

representación popular, en ejercicio del derecho de oposición política

reconocido constitucional, legal y reglamentariamente, -lo que dio

lugar a que el Consejo Nacional Electoral declarara su elección-, y,

luego, presentar escrito de renuncia, a pesar de que el Estatuto de

la Oposición Política y la Resolución núm. 2276 de 2019 del Consejo

Nacional Electoral, no solo imponían un límite temporal para que el

candidato con segunda mayor votación manifestara por escrito su

decisión de aceptar o no la curul, sino también impedía la posibilidad

de retracto.

Para la Sala resulta reprochable que el accionado, luego de haber

expresado su decisión de aceptar la curul al Concejo Municipal por

haber sido el candidato con la segunda mayor votación en las

elecciones de la Alcaldía Municipal de Margarita (Bolívar), no haya

tomado posesión del cargo, afectando así el principio de

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representación democrática y los derechos de la oposición política,

máxime cuando él sabía que era factible, desde el mismo instante de

su inscripción, que se diera el evento en el que no fuese elegido

alcalde pero sí concejal, de conformidad con los artículos 112

Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015, 25 de la Ley

Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276 de 2019, y,

que de aceptar esa asignación de escaño corporativo, no podría

retractarse de la misma, restándole así un único camino: la posesión

oportuna en los términos de ley salvo un evento constitutivo de

fuerza mayor.

Basta revisar el Formulario E-6AL de ‘SOLICITUD PARA LA

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE

CANDIDATURA’, diligenciado por el accionado el 24 de julio de 2019,

mediate el cual se inscribió en la contienda electoral para elegir

alcalde del municipio de Margarita (Bolívar), período constitucional

2020-2023, en representación del Partido de la U, que el señor JOSÉ

MARTÍNEZ NIETO firmó, luego de que verificara la siguiente

constancia expresa:

“[...] SECCIÓN 3
OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA CURUL EN LA
CORPORACIÓN PÚBLICA

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Una vez declarada la elección de los cargos de
Gobernador, Alcalde Distrital y Municipal, los candidatos
que ocuparon el segundo (2º) puesto en votación,
tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una
curul en las Asambleas Departamentales, Concejos
Distritales y Municipales respectivos, durante el período
de estas corporaciones (Art. 25 Ley 1909 de 2018).

La oportunidad para aceptarla curul en la corporación
pública debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes
a la declaración de elección manifestado por escrito, por
una sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión de
aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y/o Municipales.
Esta manifestación podrá hacerse ante la comisión escrutadora
encargada de realizar la declaratoria de elección del cargo
uninominal, o ante la comisión escrutadora competente para
declarar las corporaciones públicas (Art. 2 Resolución 2276 del
11 de junio de 2019 CNE) [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Para el accionado las reglas del juego electoral siempre estuvieron

claras desde el principio, así como los diferentes escenarios que

podían desatarse y sus respectivas repercusiones, lo que permite

observar que no había lugar a duda alguna ni situación jurídica

ambigua con la potencialidad de producir, en el accionado, el

entendimiento errático con el que ahora intenta justificar su conducta

omisiva, después de escoger el camino incorrecto por fuera del

ordenamiento.

En cuanto a la supuesta asesoría brindada al accionado por la

abogada KETTY ARIAS RUIZDIAZ, la Sala pone de presente que,

más allá de su dicho testimonial posterior a la ocurrencia de los

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hechos, no se aportaron conceptos jurídicos ni escritos provenientes

de la profesional en ningún sentido, ni actas de reuniones mediante

las cuales se lograra demostrar el tipo de apoyo jurídico que, en dado

caso, se le hubiese suministrado a aquel al momento de renunciar a

su curul, y así verificarse el sentido de sus conclusiones, de haberse

vertido.

En este caso no hay evidencia de concepto jurídico alguno y el

testimonio, por sí mismo, en el marco del análisis subjetivo del

proceso de pérdida de investidura, no solo no suple dicha ausencia

sino que no es la prueba idónea ni conducente para demostrar

diligencia y cuidado del accionado, habida cuenta que una

declaración de la abogada traída al proceso por la propia defensa, no

le brinda al Juez la ecuanimidad y objetividad necesarias para tener

por demostrada la presunta argumentación jurídica que ésta le

habría brindado al concejal electo, de forma verbal, para que

renunciara y no se posesionara sin sufrir efectos adversos.

Aun si, en gracia de discusión, se analizará el testimonio de la

abogada KETTY ARIAS RUIZDIAZ, que fue trasliterado por el

Tribunal, y permanece en el expediente digital, así:

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“[...] Generales de Ley (...) estudios: abogada, egresada de la
Universidad San Buenaventura de Cartagena. P: ¿En qué se
desempeña laboralmente? R. Soy asesora jurídica, contratista,
trabajadora independiente del Estado. P. ¿Relación con el
demandante o demandado? R. Al demandado, José Martínez Nieto,
de tipo profesional, actualmente soy asesora jurídica del
demandado en calidad de alcalde del municipio de Margarita. P:
Díganos lo que le consta de los hechos de la demanda. R. Yo vengo
en un acompañamiento con el señor José Martínez Nieto desde el
proceso electoral en el cual el ostentó como candidato en el 2019
en el municipio de margarita. En ese momento hice parte del apoyo
político y jurídico de su grupo. Después que se dieron los comicios,
y se dio el resultado como ganador al señor Juan Camargo y que el
señor quedó en segundo lugar una de las cosas en las cuales el ase
apoyó con el equipo fue en saber si era posible o no la renuncia de
él, posterior a que nosotros dentro del equipo nos dimos cuenta de
que el señor Juan Manuel Camargo en ese momento, alcalde electo
del municipio de Margarita, se diera la noticia de que estaba
inhabilitado por haber ostentado de personero municipal para la
vigencia 2016-2019. Bajo esa situación se inició un proceso de
nulidad electoral, en la cual el señor José Martínez Nieto, fue el
demandante en esa época, debido a esa situación y que nosotros
teníamos la certeza de que iba a existir un (…) Cuando se inicia ese
proceso y el magistrado en ese momento aceptó la suspensión
provisional del señor Juan Camargo y se tenía las expectativas de la
sentencia favorable y que posiblemente podía ser una sentencia en
la cual se le otorgara (…) o, en su defecto, que hubiesen existido en
ese momento elecciones atípicas. Entonces como en ese
momento existía esa posibilidad, por eso se dio a la situación
de que el desistiera de la curul que él había aceptado de
acuerdo a la ley 1909. En síntesis, esa fue la motivación que
nosotros como equipo en ese momento coyuntural en el que
se había presentado esa situación sobre la inhabilidad que
se había dado con el señor Juan Camargo, le dimos al señor
José Martínez Nieto para esa renuencia, en síntesis, esa fue
la motivación.

Preguntas de la parte demandada.

P. Indíqueme ¿cuál es su formación profesional? R. (…) Soy
abogada egresada de la universidad San Buenaventura (…) Soy
especialista en contratación estatal y en derecho administrativo. P.
¿Podrías indicarme cuál es tu experiencia profesional? R. Tengo
doce años de experiencia profesional en el sector público (…)
Siempre he trabajo de la mano con los alcaldes, apoyándolos en los
procesos contractuales. P. ¿Usted conoce al señor José Martínez
Nieto?, ¿por qué lo conoce? R. Yo conozco al señor José
Martínez Nieto desde que inclusive él fue concejal en el

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período anterior, porque también hice parte del proceso
político cuando él fue candidato a la alcaldía en el período
2019. P. ¿Puede sindicar si usted sabe si el señor José Martínez
Nieto aspiró a la alcaldía de Margarita para las elecciones de mes de
octubre de 2019? R. Él fue candidato para los comicios de octubre
2019 por el aval del Partido de la U. P. ¿Quién ganó las elecciones
para el cargo de alcalde para el período constitucional 2020-2023,
que se llevaron a cabo en el mes de octubre? R. El señor Juan
Camargo, quien fue avalado por el partido Cambio Radical. P.
¿Quién obtuvo la segunda votación más alta en esos comicios
electorales para el cargo de alcalde municipal? R. Quien quedó en
segundo lugar en ese momento fue el señor José Martínez Nieto. P.
¿Tienes conocimiento si el señor José Martínez Nieto manifestó a las
autoridades electorales aceptar ejercer el derecho de aceptar una
curul como concejal de conformidad con lo ordenado por el artículo
25 de la Ley 1909 de 2018? R. (…) Le dijeron a él
inmediatamente si aceptaba o no la curul al concejo tenido
en cuenta que había quedado en segundo lugar en las
votaciones para las elecciones como alcalde del municipio de
Margarita. P. ¿Tienes conocimiento si después de esa
manifestación, el señor José Martínez Nieto desistió o en su defecto,
manifestó no aceptar a la que tenía derecho de conformidad con la
Ley 1909 de 2018? R. Sí, posterior a ello, el señor José
Martínez Nieto decide desistir a la curul en la cual el notifica
a la registraduría y al concejo municipal (…) puedo dar fe
que el señor José Martínez Nieto manifestó a la registraduría
municipal de Margarita y al concejo municipal de Margarita
que desistía de la curul otorgada por haber quedado en
segundo puesto de la alcaldía municipal de Margarita. P.
¿Dentro de ese documento el señor José Martínez Nieto manifestó
tener razones personales para hacer esa manifestación, usted sabe
cuáles fueron esas razones? R. Las razones que tuvo y que
dieron origen a la renuncia del señor José Martínez Nieto a
esa curul, fue que, de acuerdo a un concepto emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública el cual
nosotros tuvimos a la mano, nos dimos cuenta de que el
señor Juan Manuel Camargo quien en ese momento había
sido nombrado como alcalde electo del Municipio de
Margarita-Bolívar, había incurrido en una inhabilidad por
haber ejercido como personero en el período 2016-2019, se
encontraba dentro del mismo período en el cual él se postula
como candidato a la alcaldía municipal. Posteriormente el
señor José Martínez Nieto inicia en calidad de demandante
una acción de nulidad electoral en contra del señor Juan
Manuel Camargo, situación en la cual en ese momento el
Tribunal Administrativo admite dicha acción y aprueba una
suspensión provisional al señor Juan Manuel Camargo,
debido a esa situación y a la posible sentencia que se podía

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dar ya sea que como él había quedado en segundo lugar
podía llegar a ser el alcalde por la nulidad o en su defecto
nuevamente convocar a elecciones atípicas, el señor José
Martínez Nieto, debido a esa motivación decide renunciar a
la curul que había aceptado anteriormente. P. ¿Conoce usted
quién fue la persona que presentó la demanda de nulidad
electoral contra el señor Juan Camargo, alcalde electo para
el período constitucional 2020-2023?. R. Fue el señor José
Martínez Nieto, en calidad de demandante de dicha acción
de nulidad electoral. P. ¿En algún momento el señor José
Martínez Nieto le manifestó a usted falta de certeza o cuál era el
resultado que esperaba dentro de ese proceso? R. Dentro de las
expectativas que se tenían en ese proceso, era que el
Tribunal Administrativo hubiese dado una sentencia
favorable decretando la nulidad de la elección del señor Juan
Manuel Camargo como alcalde electo debido a que en ese
mismo período en el cual él se postula como candidato a la
alcaldía, en ese mismo período él ostentaba el cargo de
personero municipal en la misma jurisdicción y porque el
señor no había renunciado dentro de los términos de la Ley,
porque en estos momentos para los personeros hay una ley
especial, él no había renunciado (…) teniendo en cuenta lo
anterior, se tenía certeza de que iba ser favorable para el
señor José Martínez Nieto, para que él nuevamente se
pudiera postular como candidato a la alcaldía en unas
elecciones atípicas en caso en que se diera la sentencia. P.
Cuando se presenta ese documento de renuncia con fecha 30 de
diciembre de 2019, quiero preguntarle si ¿el señor José Martínez
Nieto, discutió con usted sobre la posibilidad o no de presentar esa
manifestación? R. La verdad es que, dentro del equipo de
trabajo, que entre otras cosas no era solo yo sino un grupo
de asesores, habíamos dirimido que de conformidad con el
artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, no contemplaba la
posibilidad de no renuncia, entonces para nosotros fue claro
al decirle al señor José Martínez Nieto que podían renunciar
a esa curul. P. ¿Ese fue el conocimiento que se le transmitió al
señor José Martínez Nieto? R. Sí, ese fue el conocimiento que
en ese momento nosotros teníamos de la norma, y que para
nosotros fue claro decirle, sí renuncie, y darle un concepto
favorable. Debido a la seguridad jurídica que en esos
momento teníamos de la ley estatutaria, la 1909 de 2018 y
el artículo 25, tanto mi persona como otro jurídico que
hacíamos parte del equipo le dimos un parte de tranquilidad
al señor José Martínez Nieto al expresarle que sí podía
renunciar porque en la norma como tal (…) no se estipuló en
algún momento que (...) nosotros fue prácticamente decirle
al señor José Martínez Nieto que podía renunciar porque la
norma lo permitía, entonces para nosotros fue muy claro

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decirle, y para él también fue (…) dada la seguridad que
nosotros teníamos (…) él decide renunciar porque teníamos
la certeza de que iba haber una sentencia favorable (…). P.
¿Sabe usted cuál fue el resultado de nulidad electoral en contra del
alcalde electo del municipio de Margarita? R. (...) El Tribunal
Administrativo emitió una sentencia donde expresaba que el
señor Juan Camargo no estaba inhabilitado para poder
haberse postulado como candidato a la alcaldía de
Margarita. P. ¿Qué pasó con el señor Camargo después que es
reintegrado al cargo, concretamente, pudo terminar su período? R.
Lamentablemente el señor Juan Camargo (…) siete meses después
de haber ingresado como alcalde a ocupar su cargo, el señor
enferma de gravedad (…) fue hospitalizado, internado en UCI por
COVID-19, y tiempo después se dio el deceso del señor Juan Manuel
Camargo, aproximadamente eso fue para el (...) de julio de 2021.
P. ¿Qué ocurrió después de la muerte del señor Camargo? R. Como
se dio la vacancia absoluta (...) el gobernador del departamento de
Bolívar nombra un funcionario de la planta de personal de la
gobernación, para que este asuma (…) mientras la Registraduría
como la gobernación se da un (…) de los nuevos (…) atípicos de las
elecciones a alcalde del municipio de Margarita (…) P. ¿Sabe Usted
quienes aspiraron a cargo de alcalde municipal de Margarita en el
marco de estas elecciones? R. Fueron varios, no puedo decirte
nombres, pero (...) entre esos estaban el señor José
Martínez Nieto, estaba el señor Juan Carlos. P. Infórmele al
Despacho si ¿el señor José Martínez Nieto resultó ganador de las
elecciones atípicas en el municipio de Margarita a causa de la muerte
del alcalde Camargo? R. Sí claro, el señor José Martínez Nieto
fue el ganador de los comicios con una basta diferencia de
más de dos mil votos, la voluntad popular de los habitantes
de Margarita de ese momento fue esa, dio como resultado,
como ganador al señor José Martínez Nieto.

Preguntas de la parte demandante.

P. Usted, previo al período que narra que está desempeñándose
como funcionaria del Despacho, ¿había asesorado o tenido algún
cargo anterior durante la vigencia 2016 a 2019 en el municipio de
Margarita? R. Sí claro, yo me he venido desempeñando como
previamente yo lo dije, dentro de mi experiencia laboral ha sido en
el sector público, asesorando a los alcaldes de momento en todo lo
que tiene que ver con los temas de contratación estatal, yo estuve
vinculada a la administración en ese período. P. ¿Qué cargo
desempeñaba directamente? R. Asesora jurídica en temas
contractuales. P. ¿Manifiesta usted al Despacho que la renuncia fue
enviada o radicada ante a la Registraduría Municipal de Margarita y
ante el Concejo Municipal del Municipio de Margarita, cosa que está
probado debidamente con el aporte del documento que este fue

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elevado Directamente ante el Concejo Nacional Electoral, está
consciente de esta situación doctora? R. Sí señor, estoy
consciente que se fue el procedimiento que se le dio al
trámite de a renuencia del señor José Martínez Nieto. P.
¿Acepta entonces en su declaración que fue ante el Concejo
Municipal de Margarita y no ante el Consejo Nacional Electoral? R.
Ante la registraduría y ante el Concejo. P. Usted manifestó que fue
ante el Concejo Municipal de Margarita, no siendo así, ¿usted tiene
conocimiento en qué fecha se emitió la medida cautelar de
suspensión provisional al cargo del señor Juan Camargo? R. Antes
de contestar esa pregunta, quiero hacer una aclaración, yo no era
la única persona que asesoraba en ese momento al señor José
Martínez Nieto, había también otro abogado, en ese momento pues
yo a él el oficio que el remití fue para esos dos entes, no sé si el otro
abogado, habría que preguntar, desconozco, que haya hecho el
trámite ante el Consejo Nacional Electoral (…) P. (...) ¿Usted tiene
conocimiento en qué fecha se emitió la medida cautelar de
suspensión provisional al cargo del señor Juan Camargo? R. Si no
estoy mal fue para la fecha enero de 2020. P. (…) Dentro de su
declaración usted manifestó que esos fueron los motivos, la
expedición de la medida fue el motivo para la renuencia del señor
José Martínez Nieto, siendo que dicha renuencia, reitero, ante
Registraduría Nacional de Margarita y ante el Consejo Nacional
Electoral o ante el Concejo Municipal, data de 30 de diciembre de
2019, y la presunta aceptación de la misma se da el mismo día
sorpresivamente, 30 de diciembre, bajo la Resolución No. 063, ok,
dejo constancia de eso al Despacho. ¿Se reitera a usted en que la
causal de renuncia fue el auto de suspensión provisional del señor
Juan Camargo? R. Cuando yo dije sobre (…) No solamente (…) el
tema ese (…) no fue la causal porque la acción de nulidad fue
presentada antes de que entrara en vacancia judicial. P. Pero usted
misma manifestó que fue la causal de la renuencia, la suspensión
provisional del cargo el señor Juan Camargo, tomé atenta nota
donde usted lo manifestó. R. yo también dije, porque él era el
demandante dentro de la acción de nulidad electoral, y que
teníamos unas expectativas, porque había un concepto del
Departamento Administrativo de la Función Pública, en
donde la cual, daba las razones de que el señor Juan Manuel
Camargo había incurrido en una inhabilidad para poder
postularse como candidato a la alcaldía. P. Doctora manifiesta
usted de igual manera que brinda apoyo jurídico del grupo político
en su momento y en especial del señor José Nieto, desde previo a
la fecha de las elecciones de octubre de 2019, y manifiesta usted
sus pergaminos, su basto conocimiento, en materia administrativa,
el grupo jurídico, entre esas usted, dice que le profirió la asesoría y
el concepto al señor José Nieto, ¿sabe usted como conocedora del
derecho que este tipo de renuencia o no aceptación del cargo, se
presentan cuando se está en receso del concejo municipal,

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directamente ante el alcalde? (...) segundo, que no es el Concejo
Municipal (…) señora Ketty ¿contempló el grupo jurídico de decirle
al señor José Nieto que el procedimiento no era ese y no era el
facultado o el competente el concejo municipal electo hasta el
período 2019? R. Claro que sí lo contemplamos. En esta
oportunidad, el abogado tachó el testimonio de conformidad con el
artículo 212 del C.G.P. y el magistrado ponente manifestó que se
pronunciaría de ello en la sentencia. El magistrado le pregunta a
la testigo: Usted había manifestado que asesoraba al doctor José
Martínez Nieto durante su campaña al Concejo y posteriormente, de
manera que tiene un trato ya bastante prolongado y un
conocimiento de sus condiciones personales. ¿Puede decirnos por
favor cuál es la formación académica y experiencia profesional del
señor José Martínez Nieto? R. El señor José Martínez Nieto
solamente llegó hasta nivel de básica primaria, su experiencia
política, él fue concejal del municipio de Margarita, en el
corregimiento de Guataquita, y bueno, en lo otro que se ha
desempeñado es como ganadero en la zona. P. ¿Las asesorías
o concepto que usted le suministró al señor José Martínez Nieto
fueron verbalmente o en alguna oportunidad se le presentó algún
documento escrito que diera cuenta de la opinión del equipo jurídico
del que usted hacia parte? R. Todo fue verbal, nosotros
hacíamos las reuniones y todo fue de manera verbal. El
demandante le preguntó a la testigo, ¿si el señor José Martínez Nieto
se había desempeñado anteriormente, no obstante, en el cargo de
concejal, como presidente del Concejo Municipal en algún año en el
Concejo de Margarita? R. Dentro del período cuando él fue
concejal, él se desempeñó como presidente del concejo. P.
Lo que nos conlleva a decir que conoce de los trámites de la
institución, ¿cierto? (...) pregunté si el desempeño del cargo
conlleva al conocimiento del mismo para poder conocer las
cualidades (...) mi insistencia es determinar si el desarrollo del cargo
le conllevaba a un conocimiento de la ley como tal (...). El
Magistrado le reitera que haga preguntas y no alegaciones [...]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sala reitera que no es cualquier gestión la que permite demostrar

diligencia y cuidado por parte de quien es acusado de haber incurrido

en una causal de pérdida de investidura; no por el solo hecho de

haber elevado una consulta o formulado una inquietud a una entidad

de derecho público o a un particular, se debe tener por superada la

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censura de su conducta. Precisamente, como se ha hecho referencia

en líneas atrás, el análisis de la culpabilidad del accionado no se agota

allí, sino que el Juez tiene la obligación de auscultar las

singularidades de cada caso en aras de calificar el comportamiento

desplegado por aquel.

En los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades

públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías

jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender

por la formulación correcta y completa de las preguntas, con el

acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y demás

elementos para su debida comprensión, inquietud que debe coincidir

con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos motivos de

duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de investidura.

Por su parte, para responder el asunto que se ha encomendado, las

apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos

y asesorías, deben ser conclusivas y contener medianos criterios de

idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su

elaboración, de modo tal que de éstos se desprenda un

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convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar

incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura61.

Luego de someter el dicho de la abogada por el filtro de idoneidad

expuesto por la Sala, se evidencia que (i) partió del yerro de

considerar que había una ambigüedad o duda en la interpretación de

la normatividad vigente, la cual nunca existió porque tanto el artículo

25 de la Ley Estatutaria 1909, como el segundo de la Resolución

núm. 2276 de 2019, estuvieron, como en efecto permanecen,

vigentes para la época de la renuncia y omisión de posesión, como

ya se explicó, y la última de aquellas gozaba de presunción de

legalidad por lo que resultaba de obligatorio acatamiento; y (ii) no

está acompañado de los fundamentos jurídicos que lo hagan

razonable, por cuanto no había discernimiento alguno que llevara a

concluir que el accionado podía renunciar y dejar de posesionarse en

la curul del Concejo Municipal de Margarita (Bolívar), asignada por

motivos de oposición política, menos aún bajo el entendido de que el

acto de elección del alcalde elegido para el período 2020-2023,

podría llegar a declararse nulo en un proceso judicial. Ello, no excusa

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 11 de marzo de 2021, número único de radicado 15001233300020200006501, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 21 de mayo de 2021, número único de radicado
68001233300020200017201 (PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; y de 24
de junio de 2021, número único de radicación 68001233300020190094201, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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ni justifica la conducta omisiva y gravemente culposa del accionado.

Por el contrario, da cuenta de su intención de evadir el pacto político

que lo forzaba a posesionarse en la curul de oposición política

después de haberla aceptado, por aspirar, nuevamente, al cargo

uninominal de elección popular en contienda atípica, cuyos períodos,

por demás, se superponían62.

De la declaración de la abogada KETTY ARIAS RUIZDIAZ no se

desprende la consolidación de una opinión jurídica conclusiva ni

contentiva de medianos criterios de idoneidad, congruencia,

pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal

que era ilógico que se desprendiera un convencimiento justificado,

defendible y razonable de no estar incurso en una conducta

constitutiva de desinvestidura, por no tomar posesión del cargo

dentro de los tres (3) días siguientes a la instalación del Concejo

Municipal de Margarita (Bolívar).

En este mismo sentido, tampoco se observa que la conducta del

accionado esté justificada en la buena fe calificada, por las razones

62 Ley 136, artículo 44: “[...]
Artículo 44. Inelegibilidad simultánea. Nadie podrá ser
elegido para más de una corporación o cargo público ni para una corporación y un cargo,
si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

Los concejales en ejercicio que aspiren a ser congresistas deben renunciar a su investidura
antes de la fecha de la inscripción de su candidatura [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

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que la jurisprudencia de la Sala ha reiterado. Aunque, al tenor del

artículo 9º del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve para

excusar su transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales

sí se configura una razón que puede justificar la conducta prohibida,

porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada y en

presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces

han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su

criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii)

cuando, precisamente para evitar esa ignorancia, la persona se

asesora de un profesional idóneo y éste le aconseja mal, ello siempre

y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute

para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado

que si ésta es clara no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar

un concepto63.

En ese sentido, los argumentos expuestos por el accionante no logran

desvirtuar la configuración del elemento subjetivo, porque su

conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia de esta

Corporación, -la cual no era contradictoria ni estuvo sometida a

rectificaciones en la materia-, ni demostró que hubiese solicitado

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

25 de noviembre de 2021, número único de radicación 05001-23-33-000-2020-00302-01,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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conceptos o asesorías y que éstos fuesen idóneos, máxime cuando

había claridad en torno al deber de posesión oportuna, lo que implica

que su actuar no estuvo amparado en la buena fe calificada

proveniente de un error invencible.

La Sala, precisamente, ha ahondado así:

“[...] Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar
la buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido a un
cargo de elección popular está en la obligación de
conocer y asesorarse adecuadamente de los deberes que
el cargo le impone, cuáles son las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y de conflicto de intereses,
más cuando se trata de verificar que no se incurra en
conductas que tienen como consecuencia la nulidad de
la elección, o la pérdida de investidura, de manera que los
argumentos referidos a que el Estado no capacita a los
aspirantes a cargos de elección popular y que la concejal
acusada es una persona del común a la que se le dificulta
entender la jurisprudencia de las altas cortes no son de recibo
y, por el contrario, demuestran la falta de diligencia en la
búsqueda de asesorías idóneas, ante el desconocimiento que
alega [...]”64 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada, - no

posesión dentro de los tres (3) días siguientes a la instalación del

Concejo Municipal de Margarita (Bolívar), período constitucional

2020-2023-, fue desplegada por el concejal JOSÉ MARTÍNEZ

NIETO, debiendo saber que le era prohibido hacerlo y, aun así, optó

64 Ídem.

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por omitir su deber luego de haber aceptado una curul asignada por

motivos de oposición política.

Por ello, el accionado actuó de forma gravemente culposa, por

negligente e imprudente, muy a pesar de que tuvo la capacidad

cognitiva de reconocer que esa actuación le estaba restringida tan

pronto fue declarado concejal electo del municipio de Margarita

(Bolívar), período constitucional 2020-2023, sumado a la experiencia

cualificada que tenía al haber sido elegido concejal del mismo ente

territorial, para el período constitucional que justo se terminaba -

2016-2019-, y más atrás -2012-2015-, tal como lo declaró la propia

abogada KETTY ARIAS RUIZDIAZ y lo corroboran los Formularios

E26 CON de 27 de octubre de 201565 y E26 CO de 4 de noviembre

de 201166, expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de 2015,

25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución núm. 2276

de 2019, le imponían al concejal electo la obligación de posesionarse,

lo cual no ocurrió en el caso concreto.

65 Disponible [en línea]:

[https://elecciones.registraduria.gov.co//esc_elec_2015/docs_divulgacion/05/037/CON1/E
26/E26_CON_2_05_037_XXX_XX_XX_XXX_X_XXX.pdf]
66 Disponible [en línea]:

[https://w3.registraduria.gov.co/docs_divulgacion/05/037/CON1/E26/E26_CON_2_05_03
7_XX_XX.pdf].

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Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO

A partir de las razones expuestas y encontrándose demostrados los

aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista en el artículo 48,

numeral 3, de la Ley 617, endilgada al accionado, la Sala procederá

a revocar la sentencia de 17 de noviembre de 2021, proferida por el

Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, decretará la pérdida

de investidura del señor JOSÉ MARTÍNEZ NIETO, quien había sido

declarado concejal electo del municipio de Margarita (Bolívar), para

el período constitucional 2020-2023, en representación del Partido

de la U.

Finalmente, la Sala se abstendrá de compulsar copias contra los

magistrados del Tribunal, por petición que elevara el solicitante en

su escrito de apelación, como quiera que no se observa la eventual

comisión de irregularidad alguna, originada en la sentencia recurrida,

con el mérito necesario para remitir las piezas procesales a las

autoridades competentes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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Solicitante: GABRIEL IGNACIO LÓPEZ PALOMINO

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de noviembre de 2021,

proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar,

DECRETAR la pérdida de investidura del señor JOSÉ MARTÍNEZ

NIETO, quien había sido declarado concejal electo del municipio de

Margarita (Bolívar), para el período constitucional 2020-2023, en

representación del Partido de la U.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de abril de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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