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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00502-01

Fecha
2 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
19 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00502-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor JONATHAN GÓMEZ PARRA, quien había sido declarado concejal electo del municipio de Girardot (Cundinamarca), para el período constitucional 2024-2027, en representación del partido Colombia Renaciente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 69 Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00502 01 Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00502-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

2 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 250002315000202400502011
Recurso de apelación contra la sentencia de 18 de noviembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

TESIS: SE DECRETA LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONCEJAL MUNICIPAL
DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA), POR INCURRIR EN VIOLACIÓN DEL
RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES, AL PARTICIPAR Y VOTAR
EN LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DE ESA
CORPORACIÓN, CON QUIEN INTEGRÓ LA LISTA INSCRITA POR EL
MISMO PARTIDO POLÍTICO, PARA LAS ELECCIONES AL CONCEJO
MUNICIPAL, PERÍODO 2024-2027, SIN HABERSE DECLARADO
IMPEDIDO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante
contra la sentencia de 18 de noviembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la
cual denegó la solicitud de pérdida de investidura del señor
JONATHAN GÓMEZ PARRA, concejal del municipio de Girardot
(Cundinamarca), por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00502 01
Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS, a través de
apoderado, solicitó decretar la pérdida de la investidura del señor
JONATHAN GÓMEZ PARRA, concejal del municipio de Girardot
(Cundinamarca), por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2, en concordancia con el artículo
70 de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y en el artículo 48, numeral
1, de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, en consonancia con el
artículo 11, numerales 14 y 15, de la Ley 1437 de 18 de enero de
20114, esto es, por violación al régimen de conflicto de intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, que
los señores JONATHAN GÓMEZ PARRA y GERMÁN CARDOZO
GALEANO se inscribieron como candidatos al Concejo Municipal de
Girardot (Cundinamarca), para el período 2024-2027, por el partido
Colombia Renaciente, ocupando los números 1 y 13 de la lista,
respectivamente.

Señaló que en las elecciones de 2023 resultó elegido el señor
JONATHAN GÓMEZ PARRA como concejal del municipio de
Girardot (Cundinamarca), quien tomó posesión en dicho cargo de
concejal el 1o. de enero de 2024.

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00502 01
Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Indicó que el 8 de marzo de 2024 se llevó a cabo la sesión plenaria
ordinaria del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca) y en el
punto núm. 4 se incluyó la entrevista a los candidatos elegibles por
concurso de méritos para el cargo de secretario general de la
mencionada Corporación y el concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA
postuló al señor GERMÁN CARDOZO GALEANO e hizo
manifestaciones sobre sus calidades, como candidato a ocupar el
referido cargo, de conformidad con la lista de elegibles.

Expresó que en dicha sesión se designó para el cargo de secretario
general del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca) al señor
GERMÁN CARDOZO GALEANO con 14 votos a favor y 1 en blanco;
y que el accionado, en calidad de concejal del municipio de Girardot
(Cundinamarca) y amigo íntimo, contestó el llamado a lista,
conformó el quorum y tomó decisión sobre la elección del referido
cargo de secretario general, sin declararse impedido, con ocasión al
conflicto de intereses.

Agregó que mediante la Resolución núm. 028 de 9 de abril de 2024,
debido a una inconsistencia en el trámite de designación del cargo
de secretario general de ese Concejo, se ordenó modificar la
resolución por medio de la cual se había convocado al concurso y
retomar el proceso de elección desde la conformación de la comisión
accidental y nuevamente el señor GERMÁN CARDOZO GALEANO
resultó seleccionado para ocupar un puesto en la lista de elegibles;
sin embargo, el 21 de junio de 2024 presentó renuncia voluntaria
como secretario general del Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), la cual fue aceptada por esa Corporación.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00502 01
Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Sostuvo que el concejal accionado estaba obligado a declararse
impedido para participar y postular a su amigo y compañero de
partido político, de conformidad con el artículo 11, numerales 14 y
15 de la Ley 1437, en el proceso de elección del secretario general
del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca) para el período
2024-2027, toda vez que se configuró un interés, en cuanto estuvo
inscrito en la misma lista de candidatos al Concejo en mención que
el señor GERMÁN CARDOZO GALEANO y lo postuló para ese cargo,
a pesar de ser su amigo y candidato de lista. Y que, por lo tanto,
incurrió en un conflicto de intereses.

I.3.- El concejal, por intermedio de apoderada, contestó la solicitud
de pérdida de investidura, para lo cual adujo que no le son aplicables
las reglas de conflicto de interés, impedimentos y/o recusaciones
contenidas en el artículo 11 de la Ley 1437 por no ser una actuación
administrativa. Y que los únicos preceptos que podrían dar a una
declaratoria de pérdida de investidura, por violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de intereses son las
causales previstas en las leyes 136 y 617, al tratarse de ejercicios
democráticos, electorales y deliberativos de los concejos
municipales, pues no se trata de actuaciones administrativas que den
paso a la aplicación de preceptos legales establecidos en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5.

Expresó que no puede colegirse la existencia del conflicto de interés
aducido por el solicitante, habida cuenta que no se cumple con el
elemento de interés directo en la decisión de que trata el artículo 70
de la Ley 136, ya que la simple presentación ante los asistentes a la

5 En adelante CPACA.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00502 01
Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

sesión de entrevista de un único candidato no constituye una
postulación, en tanto que esta se realizó directamente por el
candidato interesado y tuvo en consideración las múltiples solicitudes
realizadas por la ciudadanía del municipio de Girardot
(Cundinamarca).

Señaló que la designación del cargo de secretario por concurso
público y abierto de méritos inicia con la inscripción de interesados y
superadas las etapas es elegido por los integrantes de la Corporación,
sin que haya lugar a la postulación de una persona en concreto para
ocupar el cargo, ya que estos son preestablecidos en la lista de
elegibles para el cargo.

Precisó que el hecho de que el señor GERMÁN CARDOZO GALEANO
perteneciera a su mismo partido político y compartiera lista para la
candidatura al Concejo Municipal Girardot (Cundinamarca) por el
partido Colombia Renaciente, no es una situación que, por sí sola,
comporte un conflicto de intereses, ni mucho menos que demuestre
una relación íntima, toda vez que no puede predicarse que siempre
que se comparta una lista se tenga cercanía, pues, a lo mucho,
comparten ideologías políticas.

Indicó que la presentación de candidatos en los procesos de selección
para la elección del cargo de secretario general del Concejo Municipal
de Girardot (Cundinamarca) se da como un mero formalismo dentro
de dicho trámite y del cual no se pueden desprender
responsabilidades de tan gravosa identidad, como lo es el juicio
político de la pérdida de investidura.

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Anotó que con ocasión de manifestaciones sobre un posible conflicto
de interés que lo sorprendió, realizó una consulta a un profesional en
derecho sobre la configuración de un eventual conflicto de interés,
impedimento y/o recusación, dentro del trámite de elección del
secretario general del Concejo municipal del Girardot
(Cundinamarca), así como para establecer la naturaleza jurídica de
dicho proceso de selección. Dicho concepto fue rendido,
comunicándole que no existía impedimento alguno del concejal para
participar en ese trámite de selección.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2024, denegó
la pérdida de investidura del concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA,
al considerar que no se encuentra incurso en la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617, esto es, por violación al
régimen de conflicto de intereses, comoquiera que si bien se
acreditaron las causales objetivas de pérdida de investidura, lo cierto
es que no se demostró el elemento subjetivo, toda vez que la
conducta del mencionado concejal no puede ser calificada como
dolosa ni gravemente culposa.

Mencionó que la conducta a examinar se centra en la posible violación
del régimen de conflicto de intereses, señalado en el artículo 11,
numerales 14 y 15, del CPACA. Esto se refiere a su participación,
deliberación y votación en un asunto relacionado con el trámite de
elección del secretario general del Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), en la cual resultó elegido su copartidario GERMÁN

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

CARDOZO GALEANO, de conformidad con lo consignado en la
plenaria de 8 de marzo de 2024, sin haberse declarado impedido.

Indicó que no le asiste razón al accionado, al aducir que para este
caso solo son aplicables las causales de conflicto de intereses
previstas en el artículo 70 de la Ley 136, al tratarse de un acto de
contenido electoral, y no administrativo, que daría lugar a la
aplicación de las causales establecidas en el artículo 11 del CPACA.

Precisó que procede el estudio de la pérdida alegada, de conformidad
con las causales señaladas en el artículo 11, numerales 14 y 15, del
CPACA, dado que el acto de elección del secretario general del
Concejo Municipal es considerado un acto administrativo, que implica
la aplicación de normas y procedimientos establecidos por la ley para
llevar a cabo un proceso de elección, además de que forma parte de
las funciones y competencias del Concejo como corporación pública.

Señaló que el concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA se encuentra
legitimado como sujeto pasivo de la presente acción, toda vez que
fue acreditada su calidad de concejal en el expediente, según
certificación emitida por el secretario general del Concejo Municipal
de Girardot (Cundinamarca), de la cual se extrae que tomó posesión
del cargo para el período constitucional 2024-2027, condición que no
fue discutida en el trámite del presente proceso.

Expresó que se encuentra probado un interés directo, particular y
actual en el caso concreto, segundo presupuesto del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura, por violación al
régimen de conflicto de intereses en cabeza del concejal JONATHAN

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

GÓMEZ PARRA, respecto de la causal señalada en artículo 11,
numeral 14, del CPACA, toda vez que para su configuración solo
basta con demostrar que el candidato al cargo y concejal accionado
hicieron parte de la misma lista para ocupar el cargo de elección
popular del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca).

Manifestó que, por el contrario, frente a la causal alegada y prevista
en el artículo 11, numeral 15, del CPACA, no se encuentra acreditado
el presupuesto, debido a que del acta de la sesión de 8 de marzo de
2024, en la cual se llevó a cabo la elección del secretario general, se
evidencia que la intervención realizada por el concejal en mención se
dio para efectuar la presentación de la hoja de vida del único
aspirante presente para la entrevista y no como lo quiere hacer ver
el solicitante, esto es, como una recomendación personal a sus
compañeros con el fin de influir en el voto.

Explicó que no se puede tomar como una recomendación, pues esta
se entiende típicamente en contextos en los que existe una pluralidad
de candidatos, permitiendo a los miembros del Concejo hacer una
valoración comparativa de los méritos y cualidades de los aspirantes.

Aseveró que las menciones que realizó el concejal sobre el partido
político al que GERMÁN CARDOZO GALEANO pertenece, o su rol
en la comunidad, parecen orientadas a resaltar su perfil público, sin
que ello implique que se haya incurrido en un acto de favorecimiento
o parcialidad que pudiera comprometer la objetividad del proceso,
más aún cuando se deriva de un concurso de méritos.

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Aclaró que el señor JONATHAN GÓMEZ PARRA, no fue recusado
en el desarrollo del proceso de elección, lo que implica que no se
cuestionó su participación en ese contexto específico. Y que, además,
aunque con posterioridad a la elección se realizaron
pronunciamientos públicos por parte de ciudadanos en los que se
discutió su intervención, estos comentarios ocurrieron después de
que se hubiera formalizado la elección, por lo que no pudieron influir
directamente en el proceso que ya se había llevado a cabo en esa
fecha.

Manifestó, respecto del elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura, que mediante oficio de 5 de marzo de 2024 dirigido
al concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA, el profesional en derecho
JUAN ANDRÉS URREA HERNÁNDEZ, abogado especialista de la
Universidad del Rosario y magíster en Derecho Administrativo de la
Universidad Libre, rindió concepto respecto de "Participación en el
proceso de elección para ocupar el cargo de secretario general del
Concejo Municipal de Girardot de acuerdo con las previsiones
contenidas en los numerales 14 y 15 del artículo 11 de la Ley 1437
de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA", en el cual concluyó que no advertía razón
alguna para declararse impedido por no estar inmerso en causal de
conflicto de intereses, en la participación y elección del secretario
general del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca) y, como
fundamento principal, señaló que al ser un acto de contenido
electoral no les son aplicables las reglas contenidas en el CPACA.

Advirtió que el profesional en derecho señaló que el concepto lo
emitía en virtud de una recusación, por estar el concejal accionado

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presuntamente incurso en una causal de conflictos de intereses; sin
embargo, dentro de las pruebas aportadas al proceso no se evidencia
que se haya presentado ni tramitado recusación alguna en su contra
para que se abstuviera de participar y votar en la elección del
secretario del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca).

Adujo que el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), -Acuerdo 005 de 2020-, en específico el artículo 95,
en el cual se señalan las reglas especiales en materia de elecciones,
solo refiere que debe tenerse en cuenta el régimen de
incompatibilidades y prohibiciones, pero no tiene efectos vinculantes
para determinar las causales de conflicto de intereses o los
impedimentos de los concejales, ya que estos se encuentran
específicamente regulados por el CPACA. Y que, por lo tanto, las
causales consignadas en dicho acuerdo municipal no son objeto de
análisis de fondo y corresponde es evaluar las causales de
impedimento y conflicto de intereses previstas en la Ley.

Sostuvo que el solicitante no demostró que el actuar del concejal
accionado fue doloso o gravemente culposo, pues se limitó a
establecer el vínculo existente entre él y el señor GERMÁN
CARDOZO GALEANO, llegando a señalar que existía una amistad
íntima, circunstancia desestimada con el testimonio rendido por este
último, en el cual manifestó que solo compartieron lista y que entre
ellos no existió algún vínculo más allá de ser copartidarios.

Señaló que aunque incurrió objetivamente en la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617, referente a la violación del
régimen de conflicto de intereses, la conducta del accionado no

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puede ser calificada como dolosa ni gravemente culposa. Y que, en
consecuencia, no se configura el elemento subjetivo necesario para
la pérdida de investidura, por cuanto el accionado confió en el
concepto emitido por un profesional en derecho, debido a su
reconocida trayectoria y formación académica en derecho
administrativo.

Indicó que, adicional, el hecho de que el concepto proviniera de un
especialista en derecho administrativo generó una legítima confianza
en el concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA, quien en función de su
falta de especialización en los detalles específicos de la legislación
relacionada con los conflictos de intereses, aceptó este análisis como
válido y más allá del contenido técnico del concepto actuó sobre la
base de un principio de confianza, que es propio de quienes, sin
contar con el conocimiento específico en un área determinada, se
apoyan en la asesoría de expertos, esto es, una confianza razonable
de que el concepto emitido por un profesional especialista le brindaría
la orientación adecuada para evitar cualquier conflicto de intereses
en su actuación.

Indicó que este análisis guarda concordancia con una reciente
decisión del Consejo de Estado, esto es, con la sentencia de 26 de
septiembre de 20246, en la cual se declaró la pérdida de investidura
de dos concejales de Medellín (Antioquia), en la que se concluyó,
contrario al caso concreto, que los conceptos emitidos por dos
subordinados de las concejales accionadas no eran jurídicamente
válidos, debido a que se evidencia una relación de intereses entre

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

septiembre de 2024, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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quienes emitieron los conceptos y las mencionadas concejales,
quienes solicitaron expresamente un concepto contrario a derecho
para que avalara situaciones que las favorecían, por lo que se probó
la configuración del elemento subjetivo, toda vez que las accionadas
sabían que los conceptos solicitados eran ilegales.

Por último, advirtió que el perjuicio al interés general derivado de la
falta de cumplimiento y la prevalencia del rol de servidor público del
concejal no generó afectaciones patrimoniales ni morales, debido a
que la elección en la que participó el concejal y en la cual resultó
elegido su copartidario, fue posteriormente revocada para llevar a
cabo una nueva elección. Y que, en este nuevo proceso, finalmente
fue elegida otra persona, lo que indica que no hubo un daño
irreparable al interés público ni consecuencias negativas para la
comunidad, circunstancia que refuerza la conclusión de que la
conducta del concejal, aunque en violación del régimen de conflicto
de intereses, no tuvo un impacto significativo en los resultados ni en
la confianza en las instituciones.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante, a través de apoderado, interpone recurso de apelación
en el cual pretende que se revoque la sentencia de 18 de noviembre
de 2024 y, en su lugar, se decrete la pérdida de investidura del señor
JONATHAN GÓMEZ PARRA, concejal del municipio de Girardot
(Cundinamarca), por cuanto incurrió en la causal prevista en el
artículo 48, numeral 1, de la Ley 617, en consonancia con el artículo
11, numerales 14 y 15, de la Ley 1437, esto es, por violación al
régimen de conflicto de intereses.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00502 01
Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Explica que se configuró la señalada causal, por cuanto en el trámite
de elección del secretario general del Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), el concejal accionado realizó la presentación del
señor GERMÁN CARDOZO GALEANO ante el mencionado Concejo
Municipal, para ocupar el referido cargo, además conformó el
quorum, escuchó la entrevista y tomó decisiones sobre la elección de
este como secretario general, sin declararse impedido.

Alega que el concejal no manifestó su impedimento en la actuación
surtida respecto del señor GERMÁN CARDOZO GALEANO, sino que
lo postuló y conformó la lista de candidatos para el Concejo Municipal
de Girardot (Cundinamarca) por el partido Colombia Renaciente, por
lo que objetivamente la causal se encuentra demostrada.

Aduce respecto al elemento subjetivo, que al analizar el actuar del
concejal accionado, para determinar si lo fue por dolo o culpa, se
encuentra probada su responsabilidad, comoquiera que pese a su
calidad de concejal debía conocer las causales de impedimento, pero
las omitió, participó y conformó la lista de candidatos para el Concejo
Municipal de Girardot (Cundinamarca) por el partido Colombia
Renaciente para el mismo período 2024- 2027.

Anota que el concejal conocía con claridad y suficiencia que la
elección del señor GERMÁN CARDOZO GALEANO como secretario
general le beneficiaría directamente y, pese a ello, lo postuló, no se
declaró impedido y fue elegido en dicho cargo el 8 de marzo de 2024.

Indica que no se puede catalogar como justificación el hecho de
solicitar un concepto de un profesional del derecho para determinar

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

si existía o no causales de impedimento, pues estas se encuentran
dadas por la ley y no se pueden modificar o suprimir del
ordenamiento jurídico por la sola actuación de un particular. Ello va
en contravía de lo previsto en el artículo 9º del Código Civil, el cual
dispone que “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”;
y que sí tenía conocimiento y actuó con dolo o culpa grave, pues
prueba de ello es el hecho de haber pedido una opinión a un
profesional del derecho y que su negligencia se acredita ante la
inexcusable claridad del mandato legal para alegar cualquier conflicto
entre el interés particular, partidario, ideológico o moral y el interés
general de la función pública, que iba a realizar con la elección de
quien también había integrado la lista en la que participó en la
contienda electoral, pero prefirió no hacerlo y, al contrario, lo postuló
para el cargo.

Afirma que la sentencia apelada desconoció los precedentes que el
Consejo de Estado ha fijado sobre esta particular causal de pérdida
de investidura, en los cuales ha indicado que sí se configura y que ha
declarado la desinvestidura de los concejales por haber incumplido el
deber de declararse impedidos.

Precisa que, concretamente, se refiere a la sentencia de 26 de
septiembre de 20247, en la cual se hace un recuento de la posición
que ha fijado el Consejo de Estado en los últimos ocho (8) años,
sobre esta causal de pérdida de investidura; y que, en este caso del
concejal accionado, adicionalmente, se le imputa el artículo 11,
numeral 15, de la Ley 1437, por postularlo para ocupar dicho cargo.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

septiembre de 2024, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00502 01
Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Afirma que en este caso se acreditó que el accionado pidió la palabra
y una vez concedida, recomendó, postuló y pidió que se votara por
su copartidario, compañero de lista y que no se puede exculpar con
fundamento en un concepto de un abogado consultado, ya que no
tiene ningún respaldo probatorio, ni normativo, ni jurisprudencial,
máxime cuando la restricción tiene claro origen constitucional.

Reitera que el concejal accionado actuó con dolo, por lo cual se
configuró el elemento subjetivo para efectos de declarar la pérdida
de investidura, dado que existe un desacato a su deber diligente y
cuidadoso de estudiar y conocer el ordenamiento que conforma el
régimen aplicable a los concejales, de cara al ejercicio de sus
funciones públicas, lo que deriva en una vulneración de los principios
de transparencia, imparcialidad y prevalencia del interés general.

Señala que el origen del conflicto de intereses, que surge del
impedimento previsto en los numerales 14 y 15 del artículo 11 de la
Ley 1374, es la situación en la que se encuentra el concejal
accionado, prevista por la ley como conflictiva, respecto de quien
puede ser elegido, más no si la elección es producto de un concurso
de méritos o de una convocatoria pública o si esa elección se debe
surtir respecto de un único aspirante o de una lista de elegibles.

Expresa que las calidades personales y profesionales del concejal dan
cuenta de que tenía la capacidad de discernir y entender la
circunstancia fáctica y jurídica en la que se encontraba respecto del
aspirante a ser elegido secretario general del Concejo Municipal de
Girardot (Cundinamarca); y que ello le impedía participar, postular y
recomendarlo para la elección del cargo de secretario.

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Advierte que los conceptos y asesoría brindada por los abogados no
cuentan con la idoneidad exigida para atribuir, por cuenta de ellos,
que la conducta del concejal accionado fue diligente, cuidadosa y
prudente.

Manifiesta que las consultas que hizo el concejal en mención se
basaron en un cuestionamiento genérico acerca de si tendría
problemas para participar en la elección del secretario general del
concejo municipal; y que, en igual medida, las respuestas que obtuvo
de los profesionales del derecho no correspondieron a un estudio
serio, completo e integral de las normas y de la jurisprudencia
aplicables; por el contrario, estuvieron desprovistas de un análisis
integral sobre el régimen del conflicto de intereses.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20188, fue descorrido
por el accionado a través de memorial de 17 de febrero de 2025, en
el cual solicita que se confirme la sentencia de primera instancia.

Señala que es improcedente que el solicitante en el recurso de
apelación ataque el concepto jurídico, emitido por un profesional del
derecho, toda vez que esta prueba fue allegada en la oportunidad
correspondiente, esto es, en la contestación de la demanda, sin que
fuera objetada ni tachada de falsa, razón por la cual en aras de
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, dicho

8 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

argumento en contra del concepto no debe tenerse en cuenta, ya que
el recurrente debe sujetarse a lo alegado en la demanda.

Indica que en el hipotético evento que se llegare a considerar dicho
argumento, no le asiste razón al apelante, por cuanto si bien es cierto
que conoce las causales de impedimento de su cargo y las aplica en
su actuar dentro del marco de la legalidad, también lo es que el
régimen de los concejales tiene su propio acápite de conflicto de
intereses, previsto en el artículo 70 de la Ley 136; y que a él, como
funcionario no experto en la materia, no se le puede exigir un
conocimiento especializado sobre la aplicación de una norma
(artículo 11 del CPACA) de la que no hay claridad, la cual se dirige a
situaciones de índole administrativo, a pesar de que la función que
él venía ejerciendo era de tipo electoral, en un asunto, en el cual
había un único candidato y único designable que aprobó las etapas
del concurso.

Expresa que también constituye un hecho nuevo que no fue alegado
en la demanda y no debe ser objeto de pronunciamiento, lo atinente
al Acta núm. 051 de 8 de marzo de 2024, sobre la cual el solicitante
señala que la misma da cuenta que en la sesión se encontraba
presente el concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA “y pidió que se
votara por su copartidario compañero de la lista” y que, por lo tanto,
debió manifestar su impedimento.

Indica que esa afirmación es falsa, dado que el concejal lo que hizo
fue presentar al señor GERMÁN CARDOZO GALEANO, ya que es
costumbre que se realice una presentación de todos los candidatos
de manera previa a la designación, como en efecto, lo realizó.

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Sostiene que el recurrente incurre en yerro, al señalar que el a quo
no tuvo en cuenta la tesis de la Sección Primera, sobre la causal de
pérdida de investidura, por violación al régimen del conflicto de
intereses, ya que el fallo de primera instancia citó la misma
sentencia, traída a colación por el apelante, esto es, la 26 de
septiembre de 20249, en la que si bien se estudió la misma causal
de pérdida de investidura ante el conflicto de intereses, de que trata
el artículo 11, numeral 14, del CPACA, no se hizo respecto del
numeral 15, que sí fue objeto de estudio en el caso particular.

Que, además, los conceptos de uno y otro caso difieren, pues en este
asunto el concepto fue emitido por un profesional experto, razonable
y juicioso, por lo que tuvo la convicción de no estar incurso en causal
de impedimento alguna, con base en un concepto formal, idóneo,
serio y razonado, el cual no fue objetado, ni tachado de falso, y, por
ende, no se probó su dolo o culpa grave.

Mientras que en el asunto sometido a estudio en la sentencia citada
por el apelante se analizaron unos conceptos y opiniones que fueron
calificados como no idóneos ni serios, para emitir las conclusiones
frente al presunto impedimento de los concejales ante la elección del
secretario general del Concejo de Itagüí y que no fueron rendidos
con las formalidades que ameritaba el tema. Asimismo, se demostró
la falta de diligencia y cuidado, toda vez que los concejales de Itagüí
(Antioquia) contaban con estudios probos y experiencia, que les
permitía discernir sobre el asunto, lo que no ocurrió en el caso bajo
estudio.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

septiembre de 2024, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), consejero
ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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Alega que, aunque, eventualmente, se considere que se cumple el
precepto de la norma, ello no es suficiente para la declaratoria de la
sanción en un proceso de pérdida de investidura, pues el elemento
de la culpabilidad debe acreditarse más allá de toda duda razonable
y, de lo contrario, debe desecharse en consideración del principio de
favorabilidad para aminorar los efectos dañinos de la pérdida de
investidura.

IV.2.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los precisos términos del
recurso de apelación y, en consonancia con la solicitud inicial, si el
concejal del municipio de Girardot (Cundinamarca), señor
JONATHAN GÓMEZ PARRA, incurrió en la causal prevista en los
artículos 55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley
617, en concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11,
numerales 14 y 15 de la Ley 1437, esto es, por violación del régimen
de conflicto de intereses, al participar y votar en la elección del
secretario general del Concejo municipal de Girardot
(Cundinamarca), -período 2024-2028-, con quien integró la lista
inscrita por el mismo partido político, para las elecciones al Concejo
Municipal de ese ente territorial, así como por haberlo postulado o
recomendado, sin haberse declarado impedido.

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V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales10

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:

“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al
concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la
ciudadanía en general […]” (Resaltado fuera del texto original).

En este sentido, el artículo 70 de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701.

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primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numerales 14 y 15, de la Ley 1437, en cuanto
a conflictos de interés, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:

[…]

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también
por el interesado en el período electoral coincidente con la
actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores.

15. Haber sido recomendado por el interesado en la
actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público
o haber sido señalado por éste como referencia con el mismo
fin. […]”. (Destacado fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la

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Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.

ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el

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trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena11, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala12, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre

de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de

2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200813, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates14, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo15.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.

13 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones respecto

del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado, porque la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación preliminar por
actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos normativos y los
hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que proceda a declarar
su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En
caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo,
¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su impedimento
ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del proyecto, además de
la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría dar lugar a que se le iniciara una
investigación disciplinaria y se configurara una causal para un eventual proceso de pérdida de
investidura […]”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 2003,

número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente Alejandro
Ordóñez Maldonado.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.

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vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”16.

A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones17:

[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de

2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicación 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18

de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)

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requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”18.

18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación

núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.

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A partir de estos precisos elementos de juicio la Sección19 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, -ya sean de orden moral y/o económico-,
y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de

mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de radicación
50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García González.

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proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:

a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;

b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,

c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento

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para actuar o sin haber sido recusado para los efectos20.

V.3.- El conflicto de intereses derivado de la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral
14, de la Ley 1437

El artículo 11 de la Ley 1437 prevé el régimen de conflicto de
intereses y las causales de impedimento y recusación de los
servidores públicos que deberá observarse cuando el interés general
propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular
y directo de aquellos que deban adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas.

El numeral 14 de dicha disposición establece que todo servidor
público que haya hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el
interesado, en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores, deberá
declararse impedido para intervenir, así:

“[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento por:
(…)

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de

2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente
doctora María Claudia Rojas Lasso.

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14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos
períodos anteriores […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En los términos de esta norma, se considera que el impedimento se
presenta cuando el servidor público pone de manifiesto una situación
que, a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita para
conocer de una actuación administrativa; y la recusación ocurre
cuando dicha situación se da a conocer por cualquier ciudadano en el
marco del procedimiento de que se trate y en los términos del artículo
70 de la Ley 136, que prevé que “[…] [c]ualquier ciudadano que
tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal,
que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella […]”21.

La Sala en sentencia de 19 de septiembre de 2019, reiteradas en
recientes sentencias de 3 de marzo y 11 de mayo de 202322,
consideró que la norma regula dos situaciones diferentes: i) haber
hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección
popular inscritas por el interesado en el período electoral coincidente
con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores; y ii) haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular integradas también por el interesado
en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 3 de

marzo de 2023, número único de radicación 250002315000202201015-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez y de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000231500020220101601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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en alguno de los dos períodos anteriores. Sobre el particular, esta
Sala explicó lo siguiente:

“[…] Nótese que dicha norma emplea la letra «o», como una
conjunción disyuntiva que denota «[…] diferencia, separación o
alternativa entre dos o más personas o ideas […]» – Diccionario de
la Lengua Española [23] –, lo que indica, entonces, que existen dos
alternativas que la configuran, a saber, i) el hecho de que la lista
sea inscrita por el interesado y ii) la situación de que la lista sea
integrada por el interesado.

La palabra «inscrita» – primera alternativa de la norma – es el
participio irregular del verbo inscribir – Diccionario de la Lengua
Española [24] – siendo inscribir «[…] 2. tr. Apuntar el nombre de una
persona entre los de otras para un objeto determinado […]» [25],
que en el contexto de la norma analizada – numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437 de 2011 – implica que el interesado en la
actuación administrativa apuntó – ante las autoridades electorales
– la lista de candidatos a cuerpos colegiados con el objeto de que
estos participaran en la contienda electoral respectiva.

La palabra «integrada» – segunda alternativa de la norma – es el
participio del verbo integrar [26] – Diccionario de la Lengua Española
– siendo integrar «[…] 1. tr. Dicho de diversas personas o cosas:
Constituir un todo […] 2. tr. Completar un todo con las partes que
faltaban […] 3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de
un todo […] 4. tr. Comprender (II contener). […]» [27], concepto
distinto a inscribir y que en el contexto de la norma analizada –
numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 – implica que el
interesado en la actuación administrativa hacía parte y constituía la
lista de candidatos a cuerpos colegiados que participarían en la
contienda electoral respectiva […]”28.

Asimismo, la Sección en sentencia de 20 de enero de 2023, consideró
“[…] repárese además que, abundante jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que el cumplimiento de este requisito no se

23 https://dle.rae.es/?id=QlqTEX0|Qlr66uc|Qltkqeu
24 https://dle.rae.es/?id=LjeeytK
25 https://dle.rae.es/?id=LjZ6dL7
26 https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
27 https://dle.rae.es/?id=LqKFoJI
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

septiembre de 2019, número único de radicación 13001233300020180073801, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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circunscribe a cuestiones eminentemente legislativas, sino que es
necesario que esa participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del servidor público de elección popular; eso
significa que el impedimento no solo puede darse en el ejercicio de
funciones normativas, sino también políticas, electorales y
administrativas […]”29.

Del caso concreto

V.3.1.- Análisis del elemento objetivo de la causal prevista en
el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437

La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses,
respecto de la causal establecida en el artículo 11, numeral 14, de la
Ley 1437, habida cuenta que el concejal accionado participó y votó
en la elección del secretario general del Concejo Municipal de
Girardot (Cundinamarca), sin declararse impedido, a pesar de que
había hecho parte de la misma lista de candidatos del mismo partido
para el cargo de elección del mencionado Concejo, así:

“[…] se encuentra probado el segundo presupuesto del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de conflicto de intereses en cabeza del concejal Jonathan
Gómez Parra, respecto de la causal señalada en numeral 14 del
artículo 11 del CPACA, como quiera que para su configuración solo
basta con demostrar que el candidato al cargo y Concejal acusado
hicieron parte de la misma lista para ocupar el cargo de elección
popular del Concejo Municipal de Girardot. [...]

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de

enero de 2023, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de
radicación 05001233300020220096801.

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[…] se encuentra probado dentro de expediente que el Concejal
demandado, en el trámite de elección de secretario general
adelantada en plenaria del 8 de marzo de 2024, debía observar
el conflicto de intereses conforme a lo establecido en el numeral
14 del artículo 11 del CPACA, como quiera que el objeto puesto
en su conocimiento definía la suerte de la elección de su
copartidario Germán Cardozo Galeano, como Concejal del
municipio de Girardot, Cundinamarca, por lo cual, frente a esta
causal se encuentra configurado el tercer presupuesto señalado
por la jurisprudencia, esto es, no haberse declarado impedido
para conocer del asunto que configura el conflicto de intereses.

En este orden, se encuentra probado el elemento objetivo de la
causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses de Jonathan Gómez Parra, con ocasión a su
participación y votación, sin declararse impedido, en la elección
de secretario general del Concejo, al cual aspiraba su compañero
de partido Germán Cardozo Galeano, esto es por la causal
señalada en el numeral 14 del artículo 11 de la multicitada norma.
[…]”.

Al respecto, la Sala precisa que se encuentra demostrado30 que el
señor JONATHAN GÓMEZ PARRA se inscribió en la misma lista y
para el mismo partido que el señor GERMÁN CARDOZO GALEANO,
conforme consta en los numerales 1 y 13 de la Lista Definitiva de
Candidatos Inscritos para el Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), del partido Colombia Renaciente, contenida en el
formulario E - 8 CO, de las elecciones de 29 de octubre de 2023.

Fue declarado concejal electo del municipio de Girardot
(Cundinamarca), en representación del referido partido, para el
período constitucional 2024-2028, según consta en el Formulario E-
26 de 29 de octubre de 2023, expedido por la Comisión Escrutadora
Municipal, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se
llevaron a cabo en dicha fecha.

30 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el proceso

reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI.

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Asimismo, se encuentra probado que el señor GERMÁN CARDOZO
GALEANO participó de la convocatoria pública para la elección del
secretario general del Concejo mencionado; y que, en la sesión
plenaria de 8 de marzo de 2024, se convocó a la entrevista a los
candidatos elegibles del concurso para designar al secretario general
2024, a la cual solo asistió él.

Igualmente, se observa que el mencionado concejal participó y votó
en la sesión plenaria ordinaria del Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), de 8 de marzo de 2024, en la cual resultó elegido
el señor GERMÁN CARDOZO GALEANO, secretario general del
Concejo municipal de ese ente territorial, -período 2024-2028-, sin
declararse impedido, conforme consta en el Acta 051 de esa fecha
“SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
GIRARDOT”.

Por lo tanto, se encuentra acreditado que el concejal JONATHAN
GÓMEZ PARRA, estaba incurso en el supuesto fáctico previsto del
artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437 y que debiendo haber
manifestado su impedimento, no lo hizo, por lo que la Sala considera
que violó el régimen del conflicto de interés y que se encuentra
probado el elemento objetivo de la causal de la pérdida de
investidura alegada, por cuanto participó y votó en la elección del
secretario general del Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), a pesar de que la imparcialidad de su voto se
encuentra censurada de antemano, por el legislador, por haber
integrado, en conjunto con el aspirante a secretario general del
Concejo, la lista de candidatos al Concejo Municipal del mismo
partido y para el mismo período electoral.

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V.3.2.- Examen del elemento subjetivo en la conducta del
accionado

En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal JONATHAN
GÓMEZ PARRA, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala en
sentencia de 25 de mayo de 201731, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se
recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública32, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo
de elección popular, sino también la imposibilidad futura
de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si
éste llega a incurrir en alguna de las causales de
procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura33: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades34; la indebida destinación
de dineros públicos35; el conflicto de intereses36 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado37.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de radicado
81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
32 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
33 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110

constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer
contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
34 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003); 180,

181 y 183 de la Constitución Política.
35 Art. 183 de la Constitución Política.
36 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
37 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las
causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas
por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley
(principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad,
esto es, atiende a las circunstancias particulares en las
que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y
si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que
ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la
causal lo admita, se esté ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la

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investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de
las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a
los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente
aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo
algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o
restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues
mientras en el primero la consecuencia puede medirse
únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la

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producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar
la ausencia de culpa en la configuración de la causal de
inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes
en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia
en torno a la interpretación de la causal en debate, sino
también actuaron con sujeción al precedente vigente y
vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo
de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón
por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que el proceso de pérdida de investidura se
desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva
[…]”38 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar

38 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente Gloria Stella

Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de 9 de marzo de 2017,
radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio (E).

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normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.39

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del
Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios,
muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación
vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser
elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a
su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado
de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco
es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo
de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados
por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que
la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual,
adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su
carácter estricto y restringido. Como explicó la sentencia C-237

39 Ídem.

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de 201240 “la pérdida de la investidura tiene a la Constitución
de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que
hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento
de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del
representante popular.41 En efecto, en el proceso de
pérdida de investidura no es posible calificar el grado de
culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, pues como ha
señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un
sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la
pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”42, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos políticos.
En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura,
se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter
político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y
única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de
texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere
el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la
intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la
segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.

40 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, magistrado ponente Humberto

Antonio Sierra Porto.
41 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado Hugo

Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que
señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario
la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló:
“[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios,
en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una
conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción.
Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-
15-000-2009-00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
42 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto).

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Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación
de total intención en la realización de la misma y, por ende, de
un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que
se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta,
pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo
de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era
constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió
dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento,
la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer
su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como
candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear

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en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale
al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de
la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante
una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las
calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.

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A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales
se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el
año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser
ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido concejal Municipal. Esa, es una diligencia
que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer
el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad
jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos
deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se
repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”43 […]44” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

43 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
44 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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Como se puede advertir de lo consignado en la precitada sentencia,
la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige
el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar45.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del
artículo 9°, del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que
regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201946, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de

mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01, consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón.
46 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.

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de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y
la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de
las causales de pérdida de investidura establecidas en la
Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores
que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por
los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa
grave-.

Asimismo, es del caso traer a colación la sentencia de 13 de marzo
de 202547, la cual se prohíja, en la que esta Sección al estudiar un
caso similar de un conflicto de intereses de un concejal del municipio
de Girardot (Cundinamarca), por haber participado y votado en la
elección del secretario general de ese Concejo municipal, -período
2024-2028-, a pesar de que éste había conformado la lista de
candidatos por el mismo partido al Concejo de dicho municipio, sin
declararse impedido, precisó sobre el elemento subjetivo de la causal
de pérdida de investidura bajo examen, lo siguiente:

“[…] La Sección Primera48 ha considerado que la ley entiende que
en las situaciones descritas en el artículo 11 de la Ley 1437 se
encuentra comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, precisamente, porque el legislador deduce que
de esa situación surge un conflicto de interés ante la existencia de
intereses personales, directos y actuales en relación con la decisión
que debe adoptarse, derivados concretamente del hecho de haber

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de

marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).
48 Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de

septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).

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integrado la misma lista con quien tiene interés en la actuación
administrativa, en periodos electorales coincidentes.

83.2. La jurisprudencia de la Sección Primera49 ha sido consistente
al considerar que una de las formas en que se transgrede el régimen
del conflicto de interés, consiste en que el Concejal, estando incurso
en alguna de las hipótesis previstas por la ley como causal de
impedimento, de aquellas aplicables al asunto del que conoce y
decide, pese a no haber sido recusado, omite manifestarse
impedido; esto, toda vez que, los impedimentos con su
correspondiente deber de manifestación, constituyen garantía
irrestricta de la prevalencia del interés general sobre el particular o
privado del Concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios.

83.3. En lo que tiene que ver con el conflicto de interés que
surge del impedimento previsto en el numeral 14 del artículo
11 de la Ley 1437, el deber de declarar el impedimento surge
para el concejal independientemente de que la elección del
servidor público sea producto de un concurso de méritos o
de una convocatoria pública, o de que esa elección se deba
surtir respecto de un único aspirante o de una lista de
elegibles.

83.4. Es indiferente para la configuración de la causal que la
participación tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión
o en la etapa de votación en la medida en que la sola participación
en cualquiera de esas etapas estructura el conflicto de intereses y,
en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.

84. Ahora, la Sala considera que, de conformidad con la
presunción prevista en los artículos 4 de la Constitución
Política; 9.° y 18 del Código Civil; y 57 de la Ley 4 de 191350,
el concejal conocía sus deberes constitucionales, legales y
reglamentarios y, consecuencialmente, tenía el deber de
conocer si su comportamiento configuraba el conflicto de
intereses previsto en el numeral 14.º del artículo 11 de la
Ley 1437, como causal de pérdida de investidura.

[…]

49 Ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 19 de

septiembre de 2019. MP. Roberto Augusto Serrato Valdés; expediente 13001-23-33-000-2018-
00738-01(PI); sentencia de 27 de abril de 2023. MP. Nubia Margoth Peña Garzón, expediente
25000231500020220092701(PI); sentencia de 11 de mayo de 2023. MP. Hernando Sánchez
Sánchez, expediente 250002315000202201016-01; sentencia de 10 de agosto de 2023. MP. Nubia
Margoth Peña Garzón, expediente 25000231500020220092601(PI).
50 “[…] Sobre régimen político y municipal […]”.

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95. Es importante tener en cuenta que no es suficiente que el
Concejal ponga de presente la convicción que tenía sobre la
rectitud o validez de su conducta, sino que es necesario que el
juez de la pérdida de investidura analice si la persona estaba, o
no, en condiciones de superar el error51 , en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad; en ese marco, no
basta con que se alegue por el miembro de la corporación pública
de elección popular que obró de buena fe o bajo una íntima
convicción, sino que debe acreditar la buena fe calificada,
motivada por un error invencible, ya porque actuó al amparo de
la jurisprudencia vigente para la época, o se asesoró
adecuadamente, y pese a ello incurrió en la conducta reprochable.

96. Ahora bien, no desconoce la Sala:
[…]

iii) que mediante Resolución de 1.° de abril de 2024 se revocó
“[…] el acto de entrevista y elección al cargo de Secretario General
de la vigencia 2024 que se llevó a cabo en sesión plenaria del
Concejo Municipal del pasado 08 de marzo de 2024, en donde se
entrevistó al participante CARDOZO GALEANO GERMAN, quien se
identifica con la C.C. […], el cual fue elegido por parte del H.
Concejo Municipal y se eligió como Secretario General de la
corporación para la vigencia 2024 […]” y se fijó un nuevo
cronograma a partir del 2 de abril de 2024; y iv) que Germán
Cardozo Galeano renunció al proceso de selección el 21 de junio
de 2024, lo cierto es que no logran justificar el incumplimiento de
la obligación que tenía de conocer el ordenamiento que regula el
acceso, ejercicio y permanencia en el cargo de elección popular
para el que aspiró y fue elegido; tampoco están dirigidas a
demostrar acciones del Concejal tendientes a superar un error, en
la medida que:

96.1. Mediante el medio de control de pérdida de investidura no
es procedente cuestionar la legalidad de decisiones adoptadas por
los concejales del municipio de Girardot, en razón a que este tiene
por objeto, en atención a su naturaleza sancionatoria, el
juzgamiento de la conducta de los miembros de las corporaciones
de elección popular52.

96.2. A pesar de que se revocó el acto de entrevista y
elección al cargo de secretario general de la vigencia 2024
del proceso de selección, y que conforme el nuevo
cronograma se reanudó a partir del 2 de abril de 2024, son

51 O, en otras palabras, si incurrió en la conducta por un error invencible, del cual no es posible sustraerse
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de junio

de 2024, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación 50001 23 33 000 2024
00029 01

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hechos posteriores a la configuración del elemento
objetivo de la causal […]

97. En esta misma línea, como ya lo consideró la Sala, el Concejal
no solicitó conceptos o asesorías o realizó indagaciones sobre el
régimen de conflictos de intereses que le era aplicable, con lo cual
no es posible concluir que obró con el cuidado mínimo
requerido, o que dirigió su conducta a informarse acerca
de que para los concejales municipales constituye el
conflicto de interés el previsto en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437; lo anterior constituye una conducta
inexcusable y, en consecuencia, gravemente culposa.

98. Tampoco se observa que el concejal hubiere actuado al
amparo de decisiones judiciales que, aplicadas al caso
particular, hubieren generado una duda razonable; mucho
menos se probó que hubiere revisado la jurisprudencia de
esta Corporación con el objeto de informarse sobre el
criterio jurisprudencial vigente en relación con la citada
causal, o respecto de los elementos que la configuran.

99. Por el contrario, se reitera que la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado ha sido consistente
y armónica en relación con cada uno de los supuestos
constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al
considerar que una de las formas en que se transgrede el
régimen del conflicto de interés, consiste en que el
Concejal, estando incurso en alguna de las hipótesis
previstas por la ley como causal de impedimento, de
aquellas aplicables al asunto del que conoce y decide, pese
a no haber sido recusado, omite manifestarse impedido;
esto, toda vez que, los impedimentos con su correspondiente
deber de manifestación, constituyen garantía irrestricta de la
prevalencia del interés general sobre el particular o privado del
Concejal, o de su círculo cercano, familiar o de negocios. […]”
(Destacado fuera de texto).

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que, contrario a lo
sostenido por el Tribunal, el comportamiento del accionado sí estuvo
precedido de la falta de cuidado que se exhibe al no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes
o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

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En efecto, el concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA estaba en
condiciones cognitivas de comprender el hecho o la circunstancia
configurativa de la referida causal de pérdida de investidura, toda
vez que, de lo expuesto anteriormente, se advierte que el
conocimiento del marco normativo del cargo al cual aspiraba el
accionado, -concejal municipal-, es una obligación general para
aquel.

Dentro de ese marco normativo que ha debido conocer el accionado,
se encuentra precisamente el conflicto de intereses, según el cual,
conforme al artículo 70 de la Ley 136, los concejales están en la
obligación de declararse impedidos de participar en los debates o
votaciones respectivas, cuando adviertan que existe “[…] interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho
[…]”, así como el previsto en el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437,
en tanto se encuentra contenido en una disposición legal, que hace parte
del marco normativo que regula su actividad como concejal.53

Ahora, como se puso de presente anteriormente, se tiene que para
exonerarse de la culpabilidad que da lugar a la pérdida de investidura
resulta preciso estudiar los actos que realizó el concejal para conocer
del respectivo marco normativo, con el propósito de establecer si por
virtud de ellos actuó de buena fe calificada, y, por ende, su conducta
puede exculparse.

53Ver sentencia de 19 de septiembre de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
13001-23-33-000-2018-00738-01(PI).

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Solicitante: LUIS GEOVANI ORTIZ ARIAS

Al respecto, la Sala advierte que en el caso sub examine, el concejal
accionado alegó que no se configura el elemento subjetivo porque él
tuvo la convicción de no estar incurso en causal de impedimento
alguna, con base en un concepto formal, idóneo, serio y razonado,
que fue emitido por un profesional experto, razonable y juicioso.

En efecto, al proceso, con la contestación de la demanda, fue
allegado el concepto de 5 de marzo de 2024, respecto de la
"Participación en el proceso de elección para ocupar el cargo de
secretario general del Concejo Municipal de Girardot de acuerdo con
las previsiones contenidas en los numerales 14 y 15 del artículo 11
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo - CPACA", dirigido al concejal
JONATHAN GÓMEZ PARRA, por el profesional en derecho JUAN
ANDRÉS URREA HERNÁNDEZ, abogado especialista de la
Universidad del Rosario y Magister en Derecho Administrativo de la
Universidad Libre, en el cual se concluyó que no se advertía razón
alguna para declararse impedido por no estar inmerso en causal de
conflicto de intereses, en la participación y elección del secretario del
Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), por cuanto no les son
aplicables las reglas contenidas en el CPACA, al tratarse de una
actuación netamente electoral.

Sobre este concepto debe ponerse de presente que si bien es cierto
que el mismo no fue objetado ni tachado de falso, como lo alega el
accionado, también lo es que procede su estudio, pese a haber sido
cuestionado solo hasta el recurso de apelación, por cuanto fue objeto
de análisis en la sentencia de primera instancia, para desvirtuar la

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configuración del elemento subjetivo de la causal de violación del
régimen de conflicto de intereses.

Asimismo, la Sala debe destacar que por el solo hecho de haber
elevado una consulta o formulado una inquietud a una entidad de
derecho público o a un particular, no puede tenerse por superada la
censura de su conducta, habida cuenta que el análisis de la
culpabilidad del accionado no se agota allí, sino que el juez tiene la
obligación de auscultar las singularidades de cada caso en aras de
calificar el comportamiento desplegado por aquel.

En los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades
públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender
por la formulación correcta y completa de las preguntas, con el
acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y
elementos que permitan su debida comprensión, inquietud que debe
coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos
motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida de
investidura.

Por su parte, para responder el asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos
y asesorías deben ser conclusivas y contener medianos criterios de
idoneidad, congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su
elaboración, de modo tal que de sus orientaciones se desprenda un
convencimiento justificado, defendible y razonable de haber

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escapado a la configuración de una conducta constitutiva de pérdida
de investidura.54

Al respecto, se observa que en el referido concepto, suscrito por el
profesional en derecho JUAN ANDRÉS URREA HERNÁNDEZ,
abogado especialista de la Universidad del Rosario y magíster en
Derecho Administrativo de la Universidad Libre, se concluyó lo
siguiente:

“[…] Una vez adelantado el estudio jurídico legal de la consulta,
se encuentra que, para el trámite de elección del señor
Secretario General del Concejo municipal de Girardot, de
acuerdo con la información conocida por el suscrito, no
serán aplicables las causales de Recusación, Conflicto de
Interés y/o Impedimento contenidas en el artículo 11 de
la Ley 1437 de 2011 al tratarse de una actuación
netamente electoral, en ejercicio propio y natural de los
Cabildantes y sus misiones deliberativas de control,
trabajo y debate político que no comporta de ninguna
manera una actuación administrativa.

La eventual configuración de un conflicto de interés particular y
directo de alguno de los Cabildantes resulta casi imposible, ya
que, al ser un ejercicio en esencia electoral como integrantes del
cuerpo político colegiado de coadministración del municipio de
Girardot, de ninguna manera le son aplicables las
restricciones de, “Conflicto de Interés y Causales de
Recusación y/o Impedimento” contenidas en el artículo
11 de la Ley 1437 de 2011 ya que no están frente a una
“Actuación Administrativa” donde sí prevalece la simple
expresión de la voluntad de la administración derivada del
simple ejercicio de funciones administrativas; con mayor
razón, al no asignarse un puntaje por parte de los Concejales a
los aspirantes al cargo de Secretario General.

La condición especial de Concejal que se ostenta, deberá tener en
cuenta las previsiones contenidas en el artículo 70 de la Ley 136
de 1994, que, al ser una norma de aplicación especial, regula la

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 24 de

junio de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 68001-23-33-000-2019-
00942-01(PI); de 28 de abril de 2022, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación
13001233300020210055201.

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actividad de los Cabildantes frente a la configuración de un posible
conflicto de interés directo en las decisiones porque le afectan de
alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido
de participar en los debates o votaciones respectivas, lo que debe
tener necesariamente una afectación o beneficio propio del
Concejal o de los parientes o cercanos referidos; sin embargo, de
lo relatado al momento de la consulta, no se advierte la
presencia de alguna de las situaciones de la norma, que
conlleve a la separación de los Concejales de los asuntos a
su cargo relacionados con la elección de Secretario, como
lo es la entrevista de los candidatos. […]” (Destacado fuera
de texto).

Luego de someter el referido concepto al análisis de idoneidad antes
expuesto por la Sala, se evidencia que el mismo no corresponde a un
estudio serio, completo e integral de las normas y de la
jurisprudencia aplicables, pues partió del yerro de considerar que no
eran aplicables las causales de impedimento y recusación, contenidas
en el artículo 11 de la Ley 1437, al tratarse de una actuación
netamente electoral, a pesar de que no existía duda en aplicación de
esa normatividad y que la jurisprudencia de esta Sección, vigente
para la época de los hechos, era clara en relación con ello y al punto
que se discute para la configuración de la causal de pérdida de
investidura alegada.

En efecto, dicho concepto no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la
Sección Primera del Consejo de Estado, juez natural, en segunda
instancia, de los procesos de pérdida de investidura de los concejales,
entre ellas, la sentencia de 19 de septiembre de 201955, en la que la
Sala al decretar la pérdida de investidura de unos concejales del

55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

septiembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 13001-23-33-
000-2018-00738-01(PI).

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municipio de Zambrano (Bolívar), para el período 2016-2019, por
encontrar demostrado el conflicto de intereses derivado de la causal
de impedimento prevista en el artículo 11, numeral 14, de la Ley
1437, precisó acerca de la aplicación de las causales de impedimento y
recusación, contenidas en la Ley 1437, de la siguiente manera:

“[…] En el caso en concreto, el solicitante considera que los
acusados debieron declararse impedidos para participar en el
trámite del concurso público de méritos para elegir a la persona
que ocuparía el cargo de personero del Municipio de Zambrano en
el período 2016-2020, que culminó con el nombramiento de la
ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara, en la medida en que
se encontraban en la situación de impedimento descrita en
el numeral 14 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, toda
vez que la mencionada ciudadana inscribió la lista del partido
Centro Democrático – que integraban los acusados – al Concejo
Municipal de Zambrano para el mencionado período.

[…]

En la medida en que se trata de un procedimiento especial, el
concurso público de méritos para la elección de personero
municipal o distrital, se regirá por sus normas especiales – como
lo indicó el artículo 6° de la Resolución 070 de 2015 – y, en lo no
previsto en ellas, se aplicarán las normas de la Ley 1437
de 2011, por así disponerlo su artículo 2° que al tenor
destaca que “[…] Las autoridades sujetarán sus
actuaciones a los procedimientos que se establecen en
este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados
en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se
aplicarán las disposiciones de este Código […]”.

Lo anterior impone concluir que a este procedimiento especial le
son aplicables las normas sobre impedimentos y
recusaciones allí previstas – artículos 11 y 12, Ley 1437 de
2011 –, puesto que: i) la reglamentación especial nada
señala al respectivo; ii) los concejales en dicho
procedimiento toman decisiones definitivas; y iii) el mismo
debe adelantarse bajo el criterio de imparcialidad56 – artículo

56 El artículo 5° de la Resolución 070 de 2015, acto administrativo por el cual se convocó el concurso

de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), para el período
constitucional 2016-2020, al referirse a los principios orientadores del proceso de selección indicó:
«[…] ARTÍCULO 5° PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCESO. Las diferentes etapas de la
convocatoria estarán sujetas a los principios de […] transparencia, imparcialidad […]».

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2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 y artículo 5°, Res. 070 de
2015 –57.

[…]

En vista de la aplicación de las normas sobre
impedimentos y recusaciones prevista en la Ley 1437 de
2011, debe mencionarse que el impedimento se presenta
cuando la autoridad pone de manifiesto una situación que,
a su juicio, afecta su imparcialidad y que lo imposibilita
para conocer de una actuación administrativa o de un
proceso judicial y la recusación ocurre, por el contrario,
cuando dicha situación es dada a conocer por parte de
alguno de los sujetos procesales. Al respecto, se ha señalado
que los impedimentos y las recusaciones:

«[…] son instituciones de naturaleza procedimental concebidas
con el propósito de asegurar varios de los principios sustantivos
que gobiernan el cumplimiento de la función pública, como la
moralidad, la imparcialidad y la transparencia, entre otros (art.
209 C.P.). Con ellos se pretende garantizar las condiciones de
imparcialidad y transparencia que debe reunir quien tiene a su
cargo el trámite y decisión de un asunto, bajo la convicción de
que solo de esta forma puede hacerse realidad el postulado de
igualdad de las personas ante la ley […]»58.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en su artículo 11, estableció, de manera general,
que cuando el interés general propio de la función pública entre
en conflicto con el interés público del servidor público, este debe
declararse impedido y, además, prevé una serie de situaciones en
las cuales consideró que los servidores públicos que deben
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas, tienen comprometido su interés particular y directo y,
en consecuencia, podrían ser recusados si no manifiestan su
impedimento. Entre dichas situaciones se encuentra la
consistente en:

57 El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, define el principio de imparcialidad, en la siguiente forma:

«[…] 3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta
que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las
personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en
general, cualquier clase de motivación subjetiva […]».
58 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: ÁLVARO

NAMÉN VARGAS. Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016). Radicación
número: 11001-03-06-000-2016-00065-00(C). Actor: CORPOAMAZONIA.

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«[…] 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos
colegiados de elección popular inscritas o integradas también por
el interesado en el período electoral coincidente con la actuación
administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores […]».

En relación con este numeral – numeral 14 – del artículo 11 de la
Ley 1437 de 2011, se considera que, contrario a lo afirmado por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, la norma regula dos
situaciones diferentes: i) la primera, haber hecho parte de listas
de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas
también por el interesado en el período electoral coincidente con
la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores y ii) la segunda, haber hecho parte de listas de
candidatos a cuerpos colegiados de elección popular integradas
también por el interesado en el período electoral coincidente con
la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores.
[…]

En particular la causal de impedimento que se le imputa a los
acusados es la consistente en haber hecho parte de la lista de
candidatos a cuerpos colegiados – al concejo municipal por el
partido Centro Democrático – que inscribió59 la interesada60 en la
actuación administrativa61 en el período electoral coincidente con
la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos
anteriores.

[…]

La Sala encuentra que los acusados debieron declararse
impedidos para participar en la elección y nombramiento de la
ciudadana Zaira Steffany Jabba Vergara en el cargo de personera
municipal de Zambrano para el período 2016 – 2020, al haberse
configurado la causal de impedimento prevista en el numeral 14
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, lo cual tiene una incidencia
central en la causal de desinvestidura que se analiza.

Es así que la ley entiende que en las situaciones descritas
en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 se encuentra
comprometida la imparcialidad y objetivad de los
servidores públicos, entendiendo que se presenta
conflicto de intereses ante la existencia de intereses
personales y directos en relación con la decisión que se
pretende adoptar.

59 Apuntar ante la autoridad electoral.
60 Zaira Steffany Jabba Vergara en su condición de aspirante al ocupar el cargo de personera.
61 Que corresponde al concurso público de méritos para elegir el personero de ese municipio para el

período 2016 – 2020.

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Esta conclusión puede colegirse, igualmente, del contenido del
artículo 70 de la Ley 136 de 1994, que al tenor señala:

«[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para
los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su
socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido
de participar en los debates o votaciones respectivas […]

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual
los concejales consignarán la información relacionada con su
actividad económica privada. Dicho registro será de público
conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún concejal, que no
se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá
recusarlo ante ella […]»

De lo expuesto con anterioridad, se llega al convencimiento que
se encuentra configurado el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura, lo que significa que se encuentra
acreditado que los acusados violaron el régimen de conflicto de
intereses.
[…]

Ahora bien, los hechos descritos anteriormente en modo alguno
permiten indicar que los acusados actuaron con la diligencia
debida pues está establecido en este proceso que no obstante su
deber de conocer el marco normativo que rige el cargo que
desempeñan, procedieron a participar en el concurso público de
méritos que culminó con la elección y nombramiento del
personero del Municipio de Zambrano, pese a que se encontraban
dentro de la situación descrita en el ordenamiento jurídico como
una causal de impedimento para adoptar decisiones en una
actuación administrativa, en particular, una de las causales de
impedimento previstas en el numeral 14 del artículo 11 de la Ley
1437 de 2011. […]” (Destacado fuera de texto).

Así las cosas, para la Sala la recomendación jurídica vertida en el
concepto emitido por el abogado JUAN ANDRÉS URREA
HERNÁNDEZ no contenía medianos criterios de idoneidad ni
sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que era ilógico

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que se desprendiera un convencimiento justificado, defendible y
razonable, por parte del concejal accionado, de no estar incurso en
una conducta constitutiva de una pérdida de investidura por conflicto
de intereses.

Asimismo, se observa que la conducta del accionado tampoco está
justificada en la buena fe calificada, por las razones que la
jurisprudencia de la Sala ha reiterado. Aunque, al tenor del artículo
9º del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve para excusar su
transgresión, hay por lo menos dos eventos en los cuales sí se
configura una razón que puede justificar la conducta prohibida,
porque implican que el accionado actúa con buena fe calificada y en
presencia de un error invencible, verbigracia: (i) cuando los jueces
han interpretado la disposición de una manera y luego modifican su
criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima; y (ii)
cuando, precisamente, para evitar esa ignorancia, la persona se
asesora de un profesional idóneo y éste le aconseja mal, ello siempre
y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute
para la configuración de la causal de pérdida de investidura, dado
que si ésta es clara no suple la falta de diligencia el hecho de solicitar
un concepto62.

En ese sentido, los argumentos expuestos por el accionado no logran
desvirtuar la configuración del elemento subjetivo, porque su
conducta no estuvo amparada en la jurisprudencia de esta
Corporación, -la cual no era contradictoria ni estuvo sometida a
rectificaciones en la materia-, ni demostró que hubiese solicitado

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

noviembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2020-
00302-01.

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conceptos que fuesen idóneos, ni probó que hubiere revisado la
jurisprudencia de esta Corporación con el objeto de informarse sobre
el criterio jurisprudencial vigente en relación con la citada causal o
respecto de los elementos que la configura63.

Máxime cuando había claridad en torno a la aplicación de las causales
de impedimento y recusación, contenidas en la Ley 1437, y al deber
de declararse impedido, lo que implica que su actuar no estuvo
amparado en la buena fe calificada proveniente de un error
invencible.

La Sala, precisamente, ha ahondado así:

“[...] Valga indicar que no basta para exonerarse argumentar la
buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de
elección popular está en la obligación de conocer y
asesorarse adecuadamente de los deberes que el cargo le
impone, cuáles son las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses, más cuando se
trata de verificar que no se incurra en conductas que tienen
como consecuencia la nulidad de la elección, o la pérdida de
investidura, de manera que los argumentos referidos a que el
Estado no capacita a los aspirantes a cargos de elección popular y
que la concejal acusada es una persona del común a la que se le
dificulta entender la jurisprudencia de las altas cortes no son de
recibo y, por el contrario, demuestran la falta de diligencia en
la búsqueda de asesorías idóneas, ante el desconocimiento que
alega [...]”64 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de

marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de

noviembre de 2021, núm. único de radicación 05001-23-33-000-2020-00302-01, C.P. Oswaldo
Giraldo López.

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Adicional a lo anterior, es del caso reiterar lo expuesto en la citada
sentencia de 26 de septiembre de 202465, en la que esta Sección
precisó que la causal de impedimento prevista en el numeral 14 del
artículo 11 de la Ley 1437, es clara y no requiere de mayores
razonamientos y juicios para entenderla; y que la jurisprudencia de
la Sección Primera ha sido clara, consistente y no ha tenido
modificaciones sobre el alcance y aplicación del régimen de
impedimentos como hipótesis que da lugar a la causal de pérdida de
la investidura por violación del régimen del conflicto de intereses de
los concejales, por lo que el concepto recibido, en ese caso, no
superaba la categoría de la buena fe, de la siguiente manera:

“[…] La Sala concluye, conforme a lo considerado anteriormente,
que los conceptos y asesorías solicitadas y recibidas por las
concejales, no superan superar la categoría de la buena fe simple,
en tanto:

160.1. La causal de impedimento prevista en el numeral 14
del artículo 11 de la Ley 1437, es clara y no requiere de
mayores razonamientos y juicios para entenderla; razón
por la cual, los conceptos y asesorías jurídicas solicitadas y
recibidas por las concejales, no justifican que hubieran participado
y votado la elección del secretario del Concejo.

160.2. Las concejales conocían que en ellas se concretaba el
supuesto fáctico previsto por dicha norma, referido a que
integraron, en conjunto con el aspirante a secretario, la lista de
candidatos al Concejo Municipal del mismo grupo significativo, y
para el mismo periodo electoral.

160.3. La jurisprudencia de la Sección Primera ha sido
clara, consistente y no ha tenido modificaciones sobre al
alcance y aplicación del régimen de impedimentos como
hipótesis que da lugar a la causal de pérdida de la
investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses de los concejales. […]” (Destacado fuera de texto).

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

septiembre de 2024, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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62

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Ahora, la Sala advierte, frente a este asunto, que el apelante alegó
que el fallo de primera instancia desconoció la jurisprudencia del
Consejo de Estado, entre ellas, la citada sentencia de 26 de
septiembre de 202466; sin embargo debe precisarse que si bien es
cierto que ambos casos tienen ciertas particularidades que los
diferencian, lo cierto es que siendo la misma causal de desinvestidura
e igual hipótesis de participación en la elección del secretario general
del Concejo Municipal, la referida sentencia no fue aplicada
válidamente por el Tribunal en la providencia apelada para trazar los
derroteros conceptuales y teóricos en el abordaje del elemento
subjetivo de la causal de conflicto de interés alegada.

Ello, en tanto que en el indicado precedente se precisó que no
cualquier concepto o asesoría, tiene la capacidad de evitar que la
conducta sea censurada y se reiteró que “[…] las apreciaciones o
recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías,
deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su elaboración,
de modo tal que de estos se desprenda un convencimiento
justificado, defendible y razonable de no estar incurso en una
conducta constitutiva de pérdida de investidura […]”, conforme se
puso de presente anteriormente.

En este orden de ideas, la Sala considera que la conducta del concejal
JONATHAN GÓMEZ fue negligente y gravemente culposa, pues ante
la claridad del supuesto fáctico en el que se encontraba y su perfecta
correspondencia con el supuesto normativo que le exigía manifestar

66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de

septiembre de 2024, núm. único de radicación 05001-23-31-000-2024-00237-01(PI), C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.

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su impedimento so pena de violar el régimen del conflicto de interés,
omitió dirigir su conducta en dicho sentido.

La manifestación de impedimento, desde la anterior perspectiva, era
la única manifestación esperable del accionado, independientemente
de que no era experto en la materia y que la elección del cargo de
secretario general sea producto de un concurso de méritos o de una
convocatoria pública, o de que esa elección se deba surtir respecto
de un único aspirante o de una lista de elegibles.

Asimismo, cabe mencionar que si bien es cierto que el señor
GERMÁN CARDOZO GALEANO renunció al proceso de selección del
cargo de secretario general el 21 de junio de 2024, lo cierto es que
ello no logra justificar el incumplimiento de la obligación que tenía el
concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA de conocer el ordenamiento
que regula el acceso, ejercicio y permanencia en el cargo de elección
popular para el que aspiró y fue elegido, además de que fue un hecho
posterior a la configuración del elemento objetivo de la causal, como
se puso de presente anteriormente67.

Por último, se reitera que la jurisprudencia de la Sección Primera ha
sido consistente y armónica en relación con cada uno de los
supuestos constitutivos del conflicto de intereses, en especial, al
considerar que una de las formas en que se transgrede el régimen
del conflicto de interés, consiste en que el Concejal, estando incurso
en alguna de las hipótesis previstas por la ley como causal de
impedimento, de aquellas aplicables al asunto del que conoce y

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de

marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicado 25000 23 15 000 2024
00769 01 (PI).

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decide, pese a no haber sido recusado, omite manifestarse impedido;
esto, toda vez que los impedimentos con su correspondiente deber
de manifestación, constituyen garantía irrestricta de la prevalencia
del interés general sobre el particular o privado del Concejal, o de su
círculo cercano, familiar o de negocios68.

A partir de las razones expuestas y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista en los artículos
55, numeral 2, de la Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en
concordancia con los artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 14, de
la Ley 1437, esto es, por violación del régimen de conflicto de
intereses, endilgada al accionado, la Sala procederá a revocar la
sentencia de 18 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, decretará la pérdida
de investidura del señor JONATHAN GÓMEZ PARRA, quien había
sido declarado concejal electo del municipio de Girardot
(Cundinamarca), para el período constitucional 2024-2027, en
representación del partido Colombia Renaciente.

V.4.- El conflicto de intereses derivado de la causal de
impedimento y recusación prevista en el artículo 11, numeral
15, de la Ley 1437

Se reitera que el artículo 11 de la Ley 1437 prevé el régimen de
conflicto de intereses y las causales de impedimento y recusación de
los servidores públicos que deberá observarse cuando el interés
general propio de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo de aquellos que deban adelantar o sustanciar

68 Ídem.

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actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar
pruebas o pronunciar decisiones definitivas.

El numeral 15 de dicha disposición establece que todo servidor
público que haya sido recomendado por el interesado en la actuación
para llegar al cargo que ocupa o que haya sido señalado por él como
referencia con el mismo fin, deberá declararse impedido para
intervenir, así:

“[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de
la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo
del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta
su impedimento por:
(…)
15. Haber sido recomendado por el interesado en la
actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor
público o haber sido señalado por este como referencia
con el mismo fin. […]” (Destacado fuera de texto).

Del caso concreto

V.4.1.- Análisis del elemento objetivo de la causal prevista en
el artículo 11, numeral 15, de la Ley 1437

Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que no se encuentra acreditado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de conflicto de intereses, respecto de la causal establecida
en el artículo 11, numeral 15, de la ley 1437, debido a que del acta
de la sesión de 8 de marzo de 2024, en la cual se llevó a cabo la

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elección del secretario general del Concejo Municipal de Girardot
(Cundinamarca), se evidencia que la intervención realizada por el
concejal JONATHAN GÓMEZ PARRA se dio a solicitud del
presidente de la corporación, con el objeto de presentar la hoja de
vida del único aspirante presente, esto es, del señor GERMÁN
CARDOZO GALEANO, para la entrevista en el referido proceso de
elección y no como una recomendación personal a sus compañeros
con el fin de influir en el voto.

Por su parte, el solicitante, en el recurso de apelación, adujo que en
este caso se acreditó que el accionado pidió la palabra y una vez
concedida, recomendó, postuló y solicitó que se votara por su
copartidario y compañero de lista, el señor GERMÁN CARDOZO
GALEANO ante el Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca), al
cargo de secretario general de esa Corporación, sin declararse
impedido.

Al analizar lo alegado por el apelante, así como lo sostenido por el a
quo, se colige que la situación planteada no se ajusta al supuesto
previsto en el artículo 11, numeral 15, del CPACA, pero por razones
diferentes a las indicadas por la primera instancia.

Para la Sala, no se cumple con lo descrito por la citada disposición,
toda vez que para su configuración se requiere que el servidor
público, esto es, el concejal accionado, haya sido recomendado por
el interesado en la actuación, (el secretario general en este caso),
para llegar al cargo que ocupa ese servidor público, (el concejal
accionado), o que el concejal haya señalado al secretario general
como referencia para el mismo fin.

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En efecto, no se podría configurar esa causal en un cargo de elección
popular, como el de concejal, por cuanto éste no ocupa el cargo por
una recomendación del interesado en la actuación o por haberlo
señalado como referencia para llegar al cargo, por tratarse de un
empleo, se reitera, de elección popular.

Cabe mencionar que el artículo 11 de la Ley 1437 establece las
causales de impedimento y recusación para los servidores públicos
que deben adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas.

De manera, que la causal prevista en el artículo 11, numeral 15, del
CPACA no se podría configurar cuando el candidato a secretario
general fue recomendado o postulado para ese cargo por el servidor
público de elección popular, pues las causales previstas en el citado
artículo 11 van dirigidas al servidor público que en ejercicio de su
función administrativa pueda estar incurso en un conflicto de interés
y tenga el deber de manifestar el impedimento.

Así las cosas, la Sala considera que no se configura el elemento
objetivo de la causal de impedimento prevista en el artículo 11,
numeral 15, de la Ley 1437, lo que impone no proseguir con el
examen del elemento subjetivo y, por tanto, se confirmará en este
sentido la decisión de primera instancia, pero por las razones antes
expuestas.

V.5.- CONCLUSIÓN

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Al encontrarse acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la
causal de pérdida de investidura, por violación del régimen del
conflicto de intereses prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, en concordancia con los
artículos 70 de la Ley 136 y 11, numeral 14, de la Ley 1437, la
Sala procederá a revocar la sentencia de 18 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su
lugar, decretará la pérdida de investidura del señor JONATHAN
GÓMEZ PARRA, quien había sido declarado concejal electo del
municipio de Girardot (Cundinamarca), para el período constitucional
2024-2027, en representación del partido Colombia Renaciente.

Asimismo, confirmará, en lo demás, la referida sentencia apelada,
pero por las razones antes expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su
lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor JONATHAN
GÓMEZ PARRA, quien había sido declarado concejal electo del
municipio de Girardot (Cundinamarca), para el período constitucional
2024-2027, en representación del partido Colombia Renaciente, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia apelada, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 2 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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