Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00131-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00131-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2024-00131-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 150012333000202400131021
Recurso de apelación contra la sentencia de 29 de mayo de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
Solicitante: ANDREA PATRICIA NOVOA ROA
TESIS: CONCEJAL MUNICIPAL ELECTA DE CHIVOR (BOYACÁ), QUE HABÍA
ACEPTADO LA DESIGNACIÓN PARA OCUPAR CURUL POR ESTATUTO DE LA
OPOSICIÓN POLÍTICA, ACTUÓ CON CULPA GRAVE EN LA COMISIÓN
OBJETIVA DE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA, PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 48, NUMERAL 3, DE LA LEY 617 DE 2000, ESTO ES POR NO TOMAR
POSESIÓN DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE
INSTALACIÓN DE DICHA CORPORACIÓN PÚBLICA, PERÍODO
CONSTITUCIONAL 2020-2023
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la accionada
contra la sentencia de 29 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual decretó la
pérdida de investidura de la concejal electa del municipio de Chivor
(Boyacá), señora VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO, por
hechos relacionados con el período constitucional 2020-2023.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 15001 23 33 000 2024 00131 02
Solicitante: ANDREA PATRICIA NOVOA ROA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana ANDREA PATRICIA NOVOA ROA, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura de la
señora VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO, concejal electa del
municipio de Chivor (Boyacá), por hechos relacionados con el
período constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la
causal prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617 de 6 de
octubre de 20002, esto es, por no tomar posesión del cargo dentro
de los tres días siguientes a la fecha de instalación de ese Concejo,
sin que mediara causal alguna de fuerza mayor.
I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
Indicó que la señora VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO fue
candidata a la Alcaldía Municipal de Chivor (Boyacá) para el período
constitucional 2020-2023, contienda en la que obtuvo el segundo
lugar en las votaciones y, en consecuencia, aceptó por escrito el 27
de octubre de 2019 la curul que en ese Concejo Municipal le fue
otorgada por virtud del artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909 de 9
de julio de 20183, según consta en el Formulario E-26CON de 28 de
octubre de 2019.
2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional […]”.
3 “[...] Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes [...]”.
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Solicitante: ANDREA PATRICIA NOVOA ROA
Mencionó que el 1o. de noviembre de 2019 la accionada radicó
escrito de “Renuncia a la curul Concejo Municipal” ante la
Registraduría Municipal de Chivor (Boyacá), entidad que, el 14 de
ese mes y año, la remitió al Concejo Municipal para su información
y fines pertinentes.
Señaló que el 2 de enero de 2020 se instaló el Concejo Municipal de
Chivor (Boyacá) y tomaron posesión sus integrantes para el período
constitucional 2020-2023, a excepción de la accionada, conducta
con la cual, a su juicio, se afectó el principio de representación
democrática y los derechos de la oposición, si se tiene en cuenta
que el artículo 2° de la Resolución núm. 2276 de 11 de junio de
20194 prohíbe el retracto de la aceptación.
Manifestó que la ignorancia de la ley no sirve de excusa por ser
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que aceptó; y que lo
anterior acreditaba el grado de culpabilidad que exige el artículo 1°
de la Ley 1881 de 15 de enero de 20185, modificado por el artículo
4º de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 20196.
I.3.- La accionada, a través de apoderado judicial, se opuso a la
prosperidad de la pretensión de desinvestidura para lo cual arguyó
no haber incurrido en la causal prevista en el artículo 48, numeral
3, de la Ley 617, habida cuenta que si bien se abstuvo de tomar
posesión del cargo de concejal eso no significó el desconocimiento
de la normatividad, “[…] atendiendo la fuerza mayor y la buena fe
4 “[...] Por medio de la cual se establecen medidas para la aplicación del artículo 25, de la Ley 1909
de 2018 [...]”.
5 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”.
6 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
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Solicitante: ANDREA PATRICIA NOVOA ROA
calificada producto de la asesoría que tuvo para actuar de esa
forma […]”.
Sostuvo que no se configuró el elemento subjetivo de la causal,
toda vez que para presentar su renuncia como concejal, días
después de haber aceptado la curul, se asesoró de un profesional
altamente calificado en materia de derecho que conceptuó la
posibilidad de presentar la renuncia frente a sus condiciones
particulares; y que ello ocurrió a través de llamada telefónica con el
asesor Jurídico y de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral,
doctor URIEL LÓPEZ VACA.
Mencionó que en ese momento la jurisprudencia era escasa
respecto del escenario en el que ella se encontraba, pues apenas
entraban en vigor la Ley 1881 y la Resolución núm. 2276 de 11 de
junio de 2019, y citó dos conceptos cuyas referencias son CNE-AJ-
4014-2019 y CNE-AJ-4015-2019, en los que, aparentemente, se
estableció que a la fecha de ocurrencia de los hechos no existía
norma que reglamentara la renuncia a la curul antes de tomar
posesión, por lo que existía un vacío legal sobre qué procedía al
respecto.
Agregó que tampoco podía posesionarse porque tenía unas deudas
producto de la campaña que adelantó para ser alcaldesa municipal
de Chivor (Boyacá), para el período constitucional 2020-2023, las
cuales no podían ser cubiertas con los ingresos de concejal, sino
que requeriría ingresos superiores; y que era tan compleja su
situación económica que no pudo efectuar aportes a seguridad
social durante los meses de noviembre y diciembre de 2019,
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sumado a que su cónyuge percibía unos ingresos que no eran
suficientes para sufragar los gastos del hogar.
Manifestó que, adicionalmente, para el momento de los hechos
estaba padeciendo dificultades en su estado de salud y había
adelantado todas las etapas del concurso de méritos para ocupar el
cargo de personero del municipio de Soacha (Cundinamarca), en el
que obtuvo el primer lugar con un resultado de 66.38, lo que
demuestra que tenía una aspiración importante frente al cargo de
personera que la llevaron a tomar la decisión de renunciar a la
curul, aunado a su compleja situación económica y su estado de
salud.
Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la sentencia de
primera instancia del proceso de pérdida de investidura con
radicación 2020-01680 (magistrada ponente Clara Elisa Cifuentes
Ortiz), inaplicó por inconstitucionalidad el aparte “[…] y sin
posibilidad de retracto […]” del artículo 2º de la Resolución núm.
2276 de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por
excederse en su facultad reglamentaria.
Luego de resumir el contenido de esa decisión, señaló que en este
caso también debía inaplicarse esa disposición, por exceso en su
facultad reglamentaria, teniendo en cuenta que la curul no fue
producto de la voluntad popular, sino de su candidatura a la
Alcaldía Municipal de Chivor (Boyacá), por lo que no hubo una
defraudación a la confianza del electorado.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 29 de mayo de 2024, decretó la
pérdida de investidura de la señora VIVIANA PAOLA MARTÍN
ARÉVALO, concejal electa del municipio de Chivor (Boyacá),
período constitucional 2020-2023, para lo cual señaló que esta (i)
adquirió el derecho a ocupar una curul en el Concejo Municipal de
Chivor (Boyacá) por haber obtenido la segunda mejor votación en
las elecciones a la Alcaldía Municipal de ese ente territorial; (ii) no
se posesionó durante la sesión de instalación del período
constitucional de la corporación ni dentro de los tres días
siguientes; (iii) no acreditó que lo anterior se debiera a una fuerza
mayor; y (iv) su conducta debe calificarse como gravemente
culposa debido a la manifiesta desatención a la normatividad a la
que debía ceñirse.
Adujo que las alegadas dificultades económicas, de salud y
laborales que invocó la accionada como situaciones de fuerza mayor
no tienen tal connotación; y que, además, los conceptos jurídicos
en los que sustentó su decisión de retractarse de ocupar la curul
eran impertinentes y carentes de idoneidad en su caso, debido a
que los supuestos fácticos y jurídicos no eran semejantes al
contexto en el que ella se encontraba.
Mencionó que no procedía la inaplicación por inconstitucionalidad de
la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto […]” que aparece en
el artículo 2º de la Resolución núm. 2276 de 2019, toda vez que el
Consejo de Estado declaró la legalidad abstracta de la disposición
tras descartar ese cargo específico. Y que tampoco podía afirmarse
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que la conducta no defraudó a sus electores porque la postulación
de la accionada fue al cargo de alcaldesa y no de concejal, pues,
según el precedente jurisprudencial, la aceptación de la curul en la
corporación de elección popular generó un compromiso con ellos,
de manera que no tomar posesión del cargo significó la ruptura de
ese pacto político.
Señaló que ningún elemento de convicción refiere que la accionada
hubiera decidido no posesionarse como concejal con el
conocimiento pleno de que ello configuraría una causal de pérdida
de investidura y con la voluntad de desatender las obligaciones que
asumió cuando aceptó el cargo, -dolo-. Que, no obstante, su
conducta puede catalogarse como gravemente culposa porque no
tuvo la diligencia necesaria al momento de retractarse de la curul,
pese a que tenía la obligación de conocer los compromisos que
adquiría con la aceptación del cargo.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
III.1.- La accionada, a través de apoderado, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de 29 de mayo de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el que aduce que sí se está
frente a una conducta de buena fe calificada y por tanto de un error
invencible porque hay por lo menos dos eventos en los cuales sí se
configura una razón que puede justificar la conducta prohibida, esto
es (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una
manera y luego modifican su criterio, lo que puede afectar el
principio de confianza legítima, y (ii) cuando, precisamente, para
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evitar esa ignorancia, la persona se asesora de un profesional
idóneo y este le aconseja mal.
Reitera que se asesoró de un profesional altamente calificado en
materia de derecho, que conceptuó frente a la posibilidad de
presentar la renuncia debido a sus condiciones particulares, a
través de llamada telefónica sostenida con el asesor Jurídico y de
Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, doctor URIEL
LÓPEZ VACA.
Menciona que la Ley 1881 apenas entraba en vigor para la época de
los hechos, motivo por el cual la jurisprudencia era escasa puesto
que habían muy pocas decisiones judiciales sobre el tema, amén de
que la Resolución núm. 2276 de 11 de junio de 2019, expedida por
el Consejo Nacional Electoral, que reglamenta lo relacionado con la
aceptación de curul, apenas entraba en vigor, siendo difícil
conceptuar en esta materia.
Agrega, frente al concepto vía telefónica que recibió, que la persona
que lo brindo, es decir el doctor URIEL LÓPEZ VACA, fue quien
posteriormente elaboró los conceptos CNE-AJ-4014-2019 y CNE-AJ-
4015-2019, y en ellos plasmó justamente los conceptos que brindó
telefónicamente. Y que, teniendo en cuenta la postura que
manejaba el Consejo Nacional Electoral para el mes de noviembre
de 2019, respecto de la renuncia antes de la posesión, se le
asesoró de la posibilidad de presentar renuncia a la curul y por ello
así procedió, teniendo la seguridad de no estar transgrediendo
ninguna norma.
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Sostiene que revisados los artículos 29 y 40, numeral 1, de la
Constitución Política, en paralelo con el artículo 25 del Estatuto de
la Oposición Política, lo que restaba era determinar si se aceptaba
la renuncia a la curul, que para el caso concreto se hizo de manera
tácita, de tal suerte que para el tiempo en que debían tomar
posesión los concejales del municipio de Chivor (Boyacá), no estaba
ante el deber de posesionarse y, por ende, no hay lugar a decretar
la pérdida de investidura.
IV.- TRÁMITES EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- A través de auto de 17 de mayo de 20247, el Despacho
sustanciador al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
accionada contra el auto de 11 de abril de 2024, proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, decidió confirmar la denegación
de la prueba documental relacionada con oficiar al Consejo Nacional
Electoral para que remitierá al presente proceso el acta de la sesión
en la que se discutió el alcance de la expresión “[…] y sin
posibilidad de retracto […]”, contenida en el artículo 2º de la
Resolución núm. 2276 de 2019, por considerarla inconducente e
innecesaria habida cuenta que dicho documento no prueba ninguno
de los hechos en que se fundamenta la contestación de la solicitud
de desinvestidura, sino que representaría un criterio jurídico de
carácter auxiliar.
Adicionalmente, confirmó la denegación del testimonio del señor
URIEL LÓPEZ VACA por estimarlo inconducente e innecesario
debido a que la opinión del referido profesional sobre la viabilidad
7 El número único de radicación asignado para este asunto correspondió al
15001233300020240013101.
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de la decisión adoptada por la accionada, de no posesionarse en el
cargo de concejal, carece de valor frente a la verificación de los
requisitos que configuran la causal de pérdida de investidura
invocada.
IV.2.- Por su parte, el traslado del recurso de apelación interpuesto
por la accionada contra la sentencia de 29 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, -previsto en el
artículo 14, numeral 3, de la Ley 1881-, fue descorrido por la
solicitante con escrito de 12 de julio de 2024 en el que ratifica,
mediante apoderado, todos los argumentos esgrimidos en la
solicitud de desinvestidura, así como los expuestos en la
providencia recurrida que le sirvieron de fundamento.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
De conformidad con los precisos términos en que fue presentado el
recurso de apelación por la accionada, le corresponde a la Sala
establecer, únicamente, si la concejal electa del municipio de Chivor
(Boyacá), señora VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO, logra
exculparse de la comisión objetiva de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, por
cuanto (i) incurrió en un error invencible luego de recibir una
asesoría jurídica por parte de un abogado altamente calificado y (ii)
la Ley 1881 y la Resolución núm. 2276 de 11 de junio de 2019,
expedida por el Consejo Nacional Electoral, apenas entraban en
vigor para la época de los hechos, motivo por el cual la
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jurisprudencia era escasa puesto que había muy pocas decisiones
judiciales sobre el tema.
V.2.- Del caso concreto
V.2.1.- Está demostrado, en el presente asunto, que la señora
VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO obtuvo la segunda mejor
votación a la Alcaldía Municipal de Chivor (Boyacá), período
constitucional 2020-2023, en las elecciones territoriales llevadas a
cabo el 27 de octubre de 2019, en representación del Partido
Alianza Social Independiente, ASÍ, razón por la que ese mismo día
aceptó la curul en el Concejo Municipal del ente territorial, que le
fuera asignada en virtud de lo establecido en el Acto Legislativo 2
de 1o. de julio de 20158, la Ley Estatutaria 1909 y la Resolución
2276 de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral, como
consta en el Formulario E-26CON de 28 de octubre de 2019.
De igual forma, está probado que la accionada radicó escrito que
denominó “Renuncia a la curul Concejo Municipal” el 1o. de
noviembre de 2019 ante la Comisión Escrutadora de Chivor
(Boyacá) y, en virtud de lo anterior, el 14 de noviembre de 2019, la
Registraduría Nacional del Estado Civil la remitió por competencia al
Concejo Municipal de Chivor (Boyacá). En dicho escrito, la señora
VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO manifestó que: “[…] me
permito presentar RENUNCIA formal a la CURUL que me fue
asignada en las elecciones del 27 de octubre de 2019 y que obtuve
por tener la segunda votación para la alcaldía Municipal de acuerdo
con lo establecido (sic) 1909 de 2018 […]”.
8 “[...] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y
se dictan otras disposiciones [...]”.
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Según se desprende del Acta número 001 de 2 de enero de 2020,
contentiva de la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Chivor
(Boyacá), en efecto la señora VIVIANA PAOLA MARTÍN
ARÉVALO no contestó el llamado a lista ni tomó posesión en el
empleo público de concejal municipal de Chivor (Boyacá), así como
tampoco hay prueba de que lo hubiera hecho dentro de los tres días
siguientes, todo lo cual permite evidenciar, ante la ausencia de un
motivo de fuerza mayor, la configuración objetiva de la causal de
pérdida de investidura, prevista en el artículo 48, numeral 3, de la
Ley 617.
V.2.2.- En este sentido, para resolver los dos asuntos
comprendidos en el problema jurídico, la Sala pone de presente, en
cuanto a lo primero, que en el expediente no se aportaron
conceptos jurídicos ni memoriales provenientes de quien la
accionada afirma haber recibido una supuesta recomendación
jurídica por vía telefónica, señor URIEL LÓPEZ VACA, ni
constancia o grabación de esa comunicación, o actas de reuniones
mediante las cuales se lograra demostrar el tipo de apoyo jurídico
que, en dado caso, se le hubiese suministrado a aquella de forma
concurrente al momento de renunciar a su curul, -como se
manifestó en la contestación e impugnación-, para así poder
verificarse el sentido de sus conclusiones9.
Además, los dos conceptos escritos aportados por la accionada,
identificados institucionalmente en el Consejo Nacional Electoral con
los núms. CNE-AJ-4015-2019 de 17 de diciembre de 2019 y CNE-
9 Ver, en un caso similar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2022, número único de radicación
13001233300020210055201, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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AJ-4014-2019 de 20 de diciembre de 2019, si bien fueron suscritos
por el señor URIEL LÓPEZ VACA, en calidad de asesor Jurídico y
de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral, -que no como
profesional del derecho al servicio particular de la accionada-, se
produjeron: (i) con posterioridad a la renuncia presentada por la
señora VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO, -1o. de noviembre
de 2019-, lo que descarta que haya sido el fundamento jurídico de
su renuncia; y (ii) por peticiones elevadas, ante ese órgano
electoral, por personas distintas con inquietudes disímiles a la de la
accionada, esto es los señores MUNIR ARTETA RAMÍREZ y
HÉCTOR MARTILIANO TOBÍAS, respectivamente.
Ahora bien, ambos conceptos estudiaron la forma de provisión de la
vacante cuando el elegido o llamado-designado renuncia al cargo
antes o después de la posesión, por lo que el objeto de las
consultas, aunque guardaba una relación cercana con la situación
de la accionada, no se refería a las consecuencias legales de no
posesionarse en el cargo de concejal después de aceptado, menos
aún sus implicaciones en materia sancionatoria de pérdida de
investidura, -artículo 48, numeral 3, de la Ley 617-.
Por el contrario, ambas respuestas trajeron a colación normas
relacionadas con las faltas absolutas de los concejales, la renuncia a
la curul, la pérdida de investidura por la aceptación o desempeño
de otro cargo público, las funciones de los alcaldes respecto a los
concejos, -para aceptar renuncias-, y las consecuencias de la no
posesión de los alcaldes.
En efecto, las preguntas formuladas fueron:
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“[…] A quién le corresponde la curul en el evento que el candidato
con la segunda votación a cargos uninominales de gobernadores y
alcaldes tal como lo establece el art. 25 de la ley 1909 de 2018,
decida renunciar a su curul después de ser aceptada, y ante quién
debería presentar la respectiva denuncia si decide hacerlo antes de
la instalación de la nueva legislación […]” (CNE-AJ-4015-2019 de
17 de diciembre de 2019).
“[…] 1. Si la persona que aspiró a la Alcaldía Municipal y resultó en
segunda votación, es declarado por la comisión escrutadora como
concejal (Estatuto de la Oposición), pero este antes de su posesión
como concejal decide renunciar a este cargo, cuál es el trámite a
seguir para la asignación de la misma.
2. Si la persona que aspiró a la Alcaldía Municipal y resultó en
segunda votación, es declarado por la comisión escrutadora como
concejal (Estatuto de la Oposición), y luego de haberse
posesionado como miembro del concejo municipal decide renunciar
a su cargo, a quién le corresponde dicha curul y cuál es el trámite a
seguir para la asignación de la misma […]” (CNE-AJ-4014-2019
de 20 de diciembre de 2019).
A partir de sus argumentos, estos conceptos no solo no
convalidaron la conducta desplegada por la accionada al momento
de renunciar, sino que carecen de la entidad necesaria para haber
generado en su fuero interno la convicción íntima de que tampoco
debía posesionarse el 2 de enero de 2020 junto con los demás
concejales del municipio de Chivor (Boyacá), ni en los tres días
siguientes a ese evento.
Para la Sala es demostrativo, distinto a lo manifestado en este
punto por la apelante, que las verdaderas motivaciones de su
omisión de posesión, -como lo sostuvo en su contestación-, hayan
girado en torno a la necesidad de mayores ingresos económicos a
los que iba a percibir como concejal municipal, así como a los
resultados del proceso de selección de personero municipal de
Soacha (Cundinamarca) en el que estaba participando, todo lo cual
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resulta reprochable e inaceptable como excusa justificadora de su
comportamiento.
En cuanto a que la Ley 1881 y la Resolución núm. 2276 de 11 de
junio de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral, apenas
entraban en vigor para la época de los hechos, motivo por el cual la
jurisprudencia era escasa puesto que habían muy pocas decisiones
judiciales sobre el tema, debe reiterarse que la imposición de un
plazo temporal y, con ello, la prohibición de retracto, cumple las
siguientes finalidades razonables: (a) en primer lugar, garantiza el
buen funcionamiento de la organización electoral y con ello el
cumplimiento de la Constitución Política que reconoce un derecho a
favor del candidato que resultó derrotado en las elecciones
uninominales; (b) permite que en los tiempos y en la oportunidad
prevista en la norma se puede efectuar la aplicación de la cifra
repartidora y con ello tener certeza de quién va a resultar
beneficiario de dicha prerrogativa constitucional. En esa medida, no
resulta admisible que el concejal designado, de forma caprichosa,
acepte la curul, se declare electo, y luego desista, más aún si está
en juego la representación de los derechos de la oposición. Valga
resaltar que la reforma constitucional introducida con el Acto
Legislativo 02 de 2015, fue concebida para garantizar los derechos
de la oposición la cual es vista no solo como “[…] (i) una garantía
institucional para las organizaciones políticas que participan en el
sistema democrático que se declaren en oposición al Gobierno, por
lo que se erige en un límite a las competencias legislativas [...]” ,
sino también “[...] (ii) un derecho fundamental de todos los
ciudadanos a participar en el control del poder político [...]” y, (c)
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finalmente, redunda en la seguridad jurídica electoral que debe
brindar el Consejo Nacional Electoral.
Presentada dicha aceptación, al candidato le asiste el deber de
tomar posesión de su cargo en la respectiva Corporación, o lo que
es lo mismo, prestar el juramento de cumplir y defender la
Constitución, por cuanto dicho acto solemne lo vincula directamente
con sus deberes, derechos y responsabilidades institucionales; y no
hacerlo dentro de la oportunidad prevista por la ley, -que para el
caso de los concejales debe realizarse en la instalación del concejo
o dentro de los tres (3) días siguientes-, podría acarrear la pérdida
de investidura, salvo que medie fuerza mayor, en los términos del
artículo 48, numeral 3, de la Ley 617.
Es censurable, entonces, que una vez efectuada la manifestación de
aceptación el llamado-designado, declarado electo, no se posesione
en el cargo, toda vez que con ello se afecta el principio de
representación democrática y los derechos de la oposición los
cuales no pueden quedar a su arbitrio. Para la Sala, la prerrogativa
prevista en el artículo 112 Constitucional no puede ser interpretada
como una excepción al deber de tomar posesión del cargo en los
términos y oportunidades previstos en la ley, pues la citada norma
no estableció ninguna limitante en dicho sentido.
La Sala observa, en el mismo sentido del Tribunal, que el
comportamiento de la accionada sí estuvo precedido de la falta de
cuidado que se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel
cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia
suelen emplear en sus negocios propios, en la medida en que optó,
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conscientemente, por no posesionarse en el empleo público de
concejal municipal de Chivor (Boyacá), período constitucional 2020-
2023, a pesar de haber aceptado la curul que las normas
constitucionales del sistema de oposición política le habían
asignado, -artículos 112 Constitucional, 1º del Acto Legislativo 2 de
2015, 25 de la Ley Estatutaria 1909 y segundo de la Resolución
núm. 2276 de 2019-, y aun así confió en evitar las consecuencias
jurídicas de su acto omisivo con razones que no la exculpan ni
justifican.
Definitivamente la señora VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO
estaba en condiciones cognitivas de comprender el hecho o la
circunstancia configurativa de la referida causal de pérdida de
investidura, toda vez que se pudo constatar que el incumplimiento
de la obligación de tomar posesión del cargo fue el resultado de sus
actos libres y conscientes de buscar unos mejores ingresos y
preservar su participación en el proceso de selección del personero
municipal de Soacha (Cundinamarca), todo ello, además, soportado
en conceptos jurídicos del Consejo Nacional Electoral que no
aplicaban a su caso, ni fueron concomitantes con su renuncia, ni se
elaboraron para resolver inquietudes suyas, tal como se examinó
en la providencia apelada.
Estos hechos, lejos de exonerarla, evidencian un desinterés
intencional por la curul del Concejo Municipal de Chivor (Boyacá),
en detrimento del pacto político que ella había asumido, así como
del principio de representación democrática.
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V.2.3.- A partir de las razones expuestas y encontrándose
demostrados los aspectos objetivo y subjetivo de la causal prevista
en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, endilgada a la
accionada, la Sala procederá a confirmar la sentencia de 29 de
mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante la cual decretó la pérdida de investidura de la señora
VIVIANA PAOLA MARTÍN ARÉVALO, quien habiendo sido
declarada concejal electa del municipio de Chivor (Boyacá), para el
período constitucional 2020-2023, en representación del Partido
Alianza Social Independiente, ASI, omitió posesionarse en el cargo
dentro de los tres días siguientes a la instalación de esa
corporación.
V.2.4.- Por último, se reconocerá personería a la doctora SONIA
MIREYA PACHECO GAMA como apoderada judicial de la
solicitante, en los términos del poder especial y sus anexos que
reposan en el índice 00004 de SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: RECONOCER personería a la doctora SONIA MIREYA
PACHECO GAMA como apoderada judicial de la solicitante, en los
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términos del poder especial y sus anexos que reposan en el índice
00004 de SAMAI.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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