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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2023-00550-01

Fecha
15 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
14 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2023-00550-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca). SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-33-000-2023-00550-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

15 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 760012333000202300550011
Recursos de apelación contra la sentencia de 13 de septiembre de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Solicitante: SAMIR AGUALIMPIA RICHARD

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECRETA LA PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DEL CONCEJAL
DEMANDADO, AL CONCURRIR LA INHABILIDAD POR VÍNCULO DE
PARENTESCO EN SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD CON
FUNCIONARIO QUE DENTRO DE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES A
LA ELECCIÓN, EJERCIÓ AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, COMO CAUSAL
DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJALES. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL: FUNDAMENTOS, ELEMENTOS CONFIGURANTES E
IMPLICACIONES. DECISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL NO
EXONERA DE RESPONSABILIDAD A CONCEJAL DE CARTAGO (VALLE DEL
CAUCA), QUIEN FUE ELEGIDO SIENDO HERMANO DEL RECTOR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’, CARGO QUE
OSTENTÓ DENTRO DE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES A LA
ELECCIÓN. SE EVIDENCIÓ QUE LA CONDUCTA SE DESPLEGÓ CON CULPA
GRAVE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el agente
del Ministerio Público y el solicitante contra la sentencia de 13 de
septiembre de 2023, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual denegó la

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 76001 23 33 000 2023 00550 01
Solicitante: SAMIR AGUALIMPIA RICHARD

pérdida de investidura del concejal del municipio de Cartago (Valle
del Cauca), señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano SAMIR AGUALIMPIA RICHARD, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor
GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, concejal del municipio
de Cartago (Valle del Cauca), por hechos relacionados con el período
constitucional 2020-2023, al considerar que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección, su hermano, el señor JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO, en calidad de rector de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ del mismo
ente territorial, ostentó autoridad administrativa en los términos
censurados por el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136 de 2 de junio
de 19942, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20003, en concordancia con lo previsto en los artículos 48,
numeral 6, de la Ley 617 y 55, numeral 2, de la Ley 136.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Afirmó que el señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO fue
elegido concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca), para el
período constitucional 2020-2023, por el Movimiento Alternativo

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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Solicitante: SAMIR AGUALIMPIA RICHARD

Indígena Social, MAIS, según consta en la credencial de 30 de
octubre de 2019, -formulario E27-, cargo del cual tomó posesión el
1o. de enero de 2020.

Manifestó que el accionado fue registrado en la Notaría Primera de
Cartago (Valle del Cauca) el 29 de septiembre de 1964, como hijo de
los señores JORGE AGRADO y MARGARITA RESTREPO, como
consta en el registro civil de nacimiento del tomo 55, folio 400,
notaría en la que también reposa inscripción de 21 de marzo de 1960
en el tomo 46, folio 206, con el registro civil de nacimiento de JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO, como hijo de los mismos padres,
lo que quiere decir que este y el señor GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO son hermanos y comparten parentesco en
segundo grado de consanguinidad.

Indicó que para el 30 de octubre de 2019 y desde el año 2006,
JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO ocupó el cargo de rector de
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ del
municipio de Cartago (Valle del Cauca); y que en ejercicio de sus
funciones era ordenador del gasto y celebraba contratos estatales,
de manera que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
ejerció autoridad administrativa en el ente territorial para el cual su
hermano fue elegido y posesionado concejal.

Mencionó que existe una línea jurisprudencial forjada por parte del
Consejo de Estado desde el año 2004 y sigue reiterándose hasta la
actualidad, que reconoce que los rectores de los establecimientos
educativos públicos ejercen autoridad administrativa desde la
perspectiva del criterio funcional, al valorarse algunas atribuciones

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asignadas a dicho cargo; y que esta línea jurisprudencial ha sido
reiterada en las sentencias de 20 de agosto de 2004, 18 de marzo
de 2010 y más recientemente en la de 8 de junio de 2018, entre
otras4.

Sostuvo que las leyes 60 de 12 de agosto de 19935 y 715 de 21 de
diciembre de 20016, descentralizaron el sistema educativo en
Colombia, asignándoles a los departamentos, distritos y municipios
las competencias y los recursos para dirigir las instituciones
educativas, así como el Decreto 4791 de 19 de diciembre de 20087,
compilado en el Decreto 1075 de 26 de mayo de 20158, a través del
cual se fijaron las funciones de los rectores como ordenadores del
gasto del Fondo de Servicios Educativos.

4 Sentencia proferida por la sección primera, con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo

Mendoza Marte, expediente 50001233100020040008-01 (PI) Actor: Héctor Antonio Castro
Morales. Demandado: Pablo César Cohecha Hernández, proceso de pérdida de investidura
del concejal del municipio de San Martín, Meta, dado que 12 meses anteriores a su elección,
su padre se había desempeñado como rector del Colegio Oficial Integrado Collintegrado San
Martín. Sentencia proferida con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla Moreno,
expediente radicación 44001-23-31-000-2009-00130-01 (PI) Actor Jaime Alfonso Arregocés
Torres, demandado: Carlos Alberto Gómez Mogres y Oscar Javier Chales Redondo, proceso
de pérdida de investidura de concejal del municipio de Maicao, La Guajira, ya que cuando
se inscribió y resultó elegido, su hermana era rectora de la Institución Educativa Oficial No.
6 del mencionado municipio. Sentencia proferida por sección primera, con ponencia del
magistrado Oswaldo Giraldo López, radicación No 66001-23-33-000-2016-00080-01 (PI)
Actor: Daniel Silva Orrego y otro. Demandado: Fernando Antonio Pineda Tamayo,
Referencia: medio de control de pérdida de investidura; proceso de pérdida de concejal del
municipio de Pereira por cuanto su padre ejerció autoridad administrativa en dicho municipio
dentro de los 12 meses anteriores al haber sido designado como rector encargado en el
establecimiento educativo Mundo Nuevo.
5 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de

conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos
según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
6 “[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros […]”.
7 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715

de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos
estatales […]”.
8 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación

[…]”.

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Anotó que el hermano del accionado desempeñó todas estas
funciones durante el período inhabilitante en el municipio de Cartago
(Valle del Cauca), por lo que concretó el ejercicio de autoridad
administrativa siendo ordenador del gasto y celebrando contratos,
piezas que se encuentran publicadas en el módulo SECOP I de la
página web Colombia Compra Eficiente.

Señaló que el accionado sabía de la autoridad administrativa que
ejercía su hermano durante el año inhabilitante en el municipio,
conforme se lo advirtió el Consejo Nacional Electoral mediante la
Resolución núm. 5575 de 2 de octubre de 2019, con la que revocó
su inscripción como candidato a la Alcaldía Municipal de Cartago
(Valle del Cauca); y que si bien esta decisión fue revocada mediante
la Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de 2019, no es menos
cierto que en la revocatoria solo se evaluó lo concerniente a la función
disciplinaria del personal docente que recaía en la Secretaría de
Hacienda, pero echó de menos las funciones de ordenador del gasto
y de suscripción de contratos que aún ostentaba el rector, sumado a
que este último no es un acto jurisdiccional que haga tránsito a cosa
juzgada.

I.3.- El concejal, obrando mediante apoderado judicial, presentó
escrito de contestación de la solicitud con el que se opuso a la
pretensión de desinvestidura, para lo cual aseguró que el ordenador
del gasto y quien tiene la facultad para celebrar contratos en la
Institución Educativa donde laboró el señor JORGE ENRIQUE
AGRADO RESTREPO es la Secretaría de Educación del municipio de
Cartago (Valle del Cauca) desde el año 2016, en virtud del Acuerdo
01 de 29 de febrero de 2016 y el Decreto municipal núm. 140 de 29

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de diciembre de 2016, los cuales fueron expedidos por el Concejo y
la Alcaldía Municipal, respectivamente, a partir de lo cual este no
ejerció autoridad administrativa cuando se desempeñó como rector
de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’.

Señaló que la norma regulatoria de la estructura de la administración
del municipio de Cartago (Valle del Cauca) le atribuye a la Secretaría
de Educación las funciones de control de la prestación del servicio
educativo, la realización de los estudios previos dentro de los
procesos de contratación relacionados con proyectos de educación,
la administración de las instituciones educativas, el personal docente
y administrativo de los planteles educativos sujetándose a la planta
de cargos, el nombramiento y traslado del personal, la evaluación del
desempeño, el manejo del fondo pensional; y que según lo prevé el
literal f) del artículo 40 del Decreto municipal núm. 140 de 29 de
diciembre de 2016, la de realizar la gestión administrativa de los
recursos físicos, inventarios, plan de compras, la adquisición de
bienes y servicios.

Arguyó que no hay prueba que acredite que hubiese sido elegido
concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca) para el período
2020-2023; que no se probó el parentesco entre los señores JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO y el accionado GABRIEL
BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, pues no fueron allegados los
registros civiles de cada uno; y que de aportarse, lo cierto es que
debe demostrarse cómo se obtuvieron, teniendo en cuenta que
contienen información sensible relacionada con el estado civil y la
relación familiar de las personas, a la luz de lo previsto en los

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artículos 29 de la Constitución Política, 214 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20119 y 164 del Código General del Proceso.

En cuanto al régimen de inhabilidades para ser concejal, indicó que
éste no fue transgredido comoquiera que su intención fue la de ser
candidato para la Alcaldía Municipal de Cartago (Valle del Cauca),
periodo 2020-2023, y sólo estaba obligado a someterse a las
causales de inelegibilidad de este último cargo.

Sostuvo que si el Consejo Nacional Electoral permitió su participación
en el certamen electoral para el cargo de alcalde, era porque se
entendía que quien se desempeñaba como rector de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ no ejercía
autoridad administrativa, por lo que actuó con la convicción de que
los rectores de las instituciones educativas no ejercían autoridad
administrativa; y que, por lo tanto, el elemento de la culpabilidad no
se configura en el presente asunto, además de que no puede
entenderse que debía respetar el régimen de inhabilidades para ser
concejal, cuando su aspiración fue la de ser alcalde del citado
municipio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El a quo, a través de sentencia de 13 de septiembre de 2023, denegó
la pérdida de investidura del accionado, para lo cual sostuvo que
según los registros civiles de nacimiento expedidos por el Notario
Primero del Círculo de Cartago (Valle del Cauca), los señores
GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO y JORGE ENRIQUE

9 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo […]”.

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AGRADO RESTREPO son hijos de JORGE AGRADO y MARGARITA
RESTREPO; y que, el señor JORGE ENRIQUE AGRADO
RESTREPO en efecto laboró como rector de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ entre el 18 de septiembre de
2006 y el 30 de abril de 2022, en cuya calidad celebró diversos
contratos de prestación de servicios.

Mencionó que a través del Decreto municipal núm. 140 de 29 de
diciembre de 2016, expedido por el alcalde municipal de Cartago
(Valle del Cauca) se determinó, entre otros aspectos, la estructura
de la administración pública de ese ente territorial y se fijaron las
funciones de las dependencias que la integran, por lo que en cabeza
de la Secretaría de Educación se establecieron las funciones de
control de la prestación del servicio educativo en el municipio
mediante la coordinación de acciones con entidades del orden
departamental y nacional.

Indicó que, de igual manera, se dejó a cargo de esa dependencia,
entre otras, las funciones de administrar y distribuir entre los
establecimientos educativos de su jurisdicción los recursos
financieros provenientes del Sistema General de Participaciones,
coordinar las acciones de desarrollo del personal docente, la
evaluación de desempeño, la administración de la nómina y de las
hojas de vida, así como el manejo del fondo pensional y administrar,
ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115
de 8 de febrero de 199410, las Instituciones Educativas, el personal
docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a
la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715.

10 “[…] Por la cual se expide la ley general de educación […]”.

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Manifestó que el Consejo Nacional Electoral, luego de haber revocado
la inscripción del accionado GABRIEL BENJAMÍN AGRADO
RESTREPO a la Alcaldía Municipal de Cartago (Valle del Cauca) a
través de la Resolución núm. 5575 de 2 de octubre de 2019, para las
elecciones que se realizarían el 27 de octubre de 2019, precisamente,
por haber comprobado el citado vínculo de parentesco, expidió la
Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de 2019, en sede de
reposición, mediante la cual revocó el anterior acto administrativo y
decidió mantener vigente la candidatura al referido cargo
unipersonal.

Relató que el accionado no fue elegido alcalde municipal pero sí
concejal municipal de Cartago (Valle del Cauca), de conformidad con
el formulario E-27, para el período constitucional 2020-2023, por el
Movimiento Alternativo Indígena Social, MAIS.

Sostuvo que quedó configurado el elemento objetivo de la causal de
inhabilidad alegada, como quiera que se probó que dentro de los doce
(12) meses anteriores a la elección del señor GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO e, incluso, durante el período en el que ejerció
el cargo, su hermano fue rector de un plantel educativo en el
municipio de Cartago (Valle del Cauca).

Estableció que, no obstante lo anterior, en la decisión final del
accionado de participar en las elecciones de 2019, medió una
autoridad administrativa especializada como lo es el Consejo
Nacional Electoral, obteniendo de esta una decisión favorable que le
permitió participar como candidato a la Alcaldía Municipal de Cartago

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(Valle del Cauca), por lo que se generó una confianza y convicción
en el accionado para intervenir con ausencia de inhabilidad e
imposibilita estructurar el elemento subjetivo en el caso concreto.

Por último, agregó que tampoco se configura el elemento subjetivo
porque el accionado aceptó la curul como concejal municipal de
Cartago (Valle del Cauca), cuya causal de inhabilidad establecida en
el artículo 40, numeral 4, de la Ley 617, coincide con la prevista en
el artículo 37, numeral 4, de la Ley 617 para los alcaldes, siendo esta
la que se analizó por el Consejo Nacional Electoral al expedir la
Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de 2019, que lo habilitó para
participar en los comicios de 27 de octubre de 2019.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- A través de escrito remitido por correo electrónico de 18 de
septiembre de 2023, la Procuradora 165 Judicial II para la
Conciliación Administrativa presenta recurso de apelación con el que
solicita revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura del concejal porque sí está demostrado el
elemento subjetivo de la causal en ciernes, para lo cual sostiene que
de la jurisprudencia del Consejo de Estado se extrae que el ejercicio
del cargo de rector de Institución Educativa sí implica el ejercicio de
autoridad administrativa, sumado a la advertencia que hiciera el
Consejo Nacional Electoral sobre la inhabilidad que se predica
normativamente para los alcaldes y de la misma forma para los
concejales, a través de la Resolución núm. 5575 de 2 de octubre de
2019, cuya situación fáctica allí analizada se contrapone a la realidad

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con los contratos celebrados durante los años 2018 y 2019, ejecución
presupuestal 2018, 2019 y los manuales de funciones.

III.2.- Con escrito enviado por correo electrónico de 29 de
septiembre de 2023, el solicitante también interpone recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, mediante el cual
manifiesta que si bien comparte el análisis del componente objetivo
realizado por el Tribunal y que frente a ese aspecto de la providencia
no se referirá, lo cierto es que no está de acuerdo con las
conclusiones en torno al aspecto subjetivo, toda vez que este sí está
plenamente demostrado al haberse aportado una prueba
parcialmente cierta al trámite surtido ante el Consejo Nacional
Electoral por el propio accionado.

Indica que el juez ha debido ir más a fondo porque esa decisión
administrativa no puso fin a una actuación, sino que tan solo avaló
una candidatura, por lo que el Consejo de Estado le da la connotación
jurídica de actos administrativos de trámite, esto es, aquellos que
deciden a favor sobre la viabilidad de una inscripción a participar para
la elección de un cargo.

Sostiene que el accionado, señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO
RESTREPO sí sabía y conocía que su hermano era ordenador del
gasto y, aun así, siendo consciente del antecedente jurisprudencial
que lo inhabilitaba, decidió presentar una prueba sobre el relevo de
otras funciones, la cual le sirvió en su momento para continuar en
contienda pero hoy esa prueba no ha de ser la salvación de su actuar,
reprochable, dañino e incluso doloso.

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Anota que los magistrados del Consejo Nacional Electoral no son
autoridades judiciales, por lo que no han de ser tratados como
jueces; y que frente a la autoridad administrativa de los rectores de
las instituciones educativas no ha existido disparidad de concepto e
incluso en el caso particular tampoco los hubo, solo que en el primer
acto se analizó la autoridad administrativa desde la arista de la
ordenación del gasto y en el que resolvió la reposición desde la arista
de la función sancionadora, guardando silencio frente a lo primero,
por lo que no es de recibo argumentar que el accionado actúo
convencido de que su actuar se encontraba ajustado a la norma.

Agrega que no se cuenta con un concepto de un profesional experto
en la materia y, si lo existiera, no releva de responsabilidad al
concejal, toda vez que no existe disparidad de interpretaciones en la
configuración de la causal de inhabilidad.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 201811, fue descorrido
así:

IV.1. El accionado actuando mediante apoderado judicial, con correo
de 30 de octubre de 202312, solicitó denegar el recurso de apelación
y mantener el sentido de la sentencia apelada, toda vez que al
analizarse las consideraciones del Tribunal no cabe duda que aquel
actuó con la convicción de que no se encontraba en una situación

11 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
12 Índice 00008 de SAMAI.

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que le impidiera ser elegido alcalde municipal de Cartago (Valle del
Cauca) para el período constitucional 2020-2023, mucho menos
ocupar por mandato del Estatuto de la Oposición una curul en el
Concejo Municipal de ese ente territorial, pues la máxima autoridad
administrativa de lo electoral le manifestó que no incurría en la
prohibición que ahora da lugar al proceso de desinvestidura; y que
además obró con buena fe calificada originada en la decisión del
Consejo Nacional Electoral.

IV.2. El Agente del Ministerio Público, en esta instancia, guardo
silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

En los precisos términos de los recursos de apelación interpuestos,
le corresponde a la Sala establecer, únicamente, si el concejal del
municipio de Cartago (Valle del Cauca), señor GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO, durante el ejercicio de su período
constitucional 2020-2023, actuó con dolo o culpa grave en la
configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura prevista
en el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, en concordancia con lo establecido en los artículos
48, numeral 6, de la Ley 617 y 55, numeral 2, de la Ley 136, esto es
por ostentar vínculo de parentesco en segundo grado de
consanguinidad con el señor JORGE ENRIQUE AGRADO
RESTREPO, rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO
PENILLA’ del municipio de Cartago (Valle del Cauca), quien ostentó

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autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a
la elección del accionado.

V.2.- De la inhabilidad para ostentar vínculo de parentesco
con quien ejerció autoridad dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección, como causal de pérdida de
investidura de concejales, -artículo 43, numeral 4, de la Ley
136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617-.

La causal de pérdida de investidura que se le endilga al señor
GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, concejal del municipio
de Cartago (Valle del Cauca), para el período constitucional 2020-
2023, es la comisión de la inhabilidad prevista en la primera parte
del artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, que establece lo siguiente:

“[…] CAPÍTULO IV.

CONCEJALES
(…)
Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente,
o de parentesco en segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil, con funcionarios que
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en
el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo,
quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero
de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o
movimiento político para elección de cargos o de corporaciones

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públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la
misma fecha […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A partir de lo determinado por la norma, esta causal de inhabilidad,
para ser elegido concejal, se estructura siempre que concurran los
siguientes requisitos configurantes:

(i) Que el accionado tenga la condición de concejal.

(ii) Que el acusado, desde su época de candidato al concejo, haya
tenido vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único
civil, con algún funcionario.

(iii) Y, que ese funcionario, dentro de los doce (12) meses anteriores
a la elección del del concejal, haya ejercido autoridad civil, política,
administrativa o militar en el mismo ente territorial para el cual fue
elegido el cabildante.

V.3.- Del ejercicio de autoridad administrativa

Ahora bien, para determinar si en desarrollo de tales funciones se
ostentó autoridad administrativa, la Sala trae a colación lo que la
Corporación ha sostenido al respecto en reiteradas ocasiones. En
efecto, en sentencia de 15 de febrero de 2011, (expediente núm.
2010-01055, consejero ponente doctor Enrique Gil Botero), la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo recogió y ratificó los diversos
pronunciamientos al respecto, así13:

13Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de
noviembre de 2011, número único de radicación 11001031500020110051500(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González.

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“[…] Por su parte, el artículo 190 ibidem define la decisión
administrativa de la siguiente manera:

“[...] Artículo 190o. Dirección administrativa. Esta
facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la
alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes
de las unidades administrativas especiales como superiores
de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales
autorizados para celebrar contratos o convenios;
ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir
comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y
suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los
funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de
planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de
control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan
facultades para investigar las faltas disciplinarias [...]”.

En torno al tema, esta Corporación, en sentencia de 16 de
noviembre de 2011, hizo las siguientes precisiones que, por su
importancia y pertinencia, se reiteran en esta oportunidad:

“[...] Como se logrará advertir, cada una de las modalidades
de autoridad que tiene previstas la Ley 136 de 1994 viene
caracterizada por el poder de decisión que algunos
funcionarios, no todos, de la administración pública ostentan
para distintos fines; la regla general es que son pocos los
empleados públicos a quienes sus funciones les
permiten el ejercicio de autoridad, determinada en
algunos casos por un aspecto funcional, esto es por las
competencias que constitucional o legalmente les
hayan sido asignadas, y en otros por un criterio
orgánico, pues será su ubicación en la estructura
administrativa la que dirá si el servidor público está
investido de autoridad o no.
(…)
“Y, en lo atinente a la autoridad administrativa ella es
definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a
través de la conceptualización de la dirección
administrativa, de manera similar a la autoridad civil,
con la diferencia de que no solo la tienen quienes
ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza
de los gerentes o jefes de las entidades
descentralizadas y los jefes de las unidades

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administrativas especiales, en tanto superiores de los
correspondientes servicios municipales, así como en
cabeza de los empleados oficiales que tengan
competencia para ejecutar cualquiera de las funciones
administrativas allí mencionadas (contratación,
ordenar el gasto, decidir situaciones administrativas
laborales e investigar faltas disciplinarias). Con todo, si
se detallan los alcances de la autoridad administrativa frente
a los de la autoridad civil, se podrá inferir que las
competencias de la primera están inmersas en las
competencias de la última, la que además puede
proyectarse externamente, hacia los particulares, de
modo que pueda recurrirse a la compulsión o a la
coacción con el concurso de la fuerza pública […]14”
(Negrillas por fuera de texto).

En ese mismo sentido, la Sala ha insistido en que:

“[…] No obstante, por autoridad administrativa podría
entenderse como el poder del cual está investido un
funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco
funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes
o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas
necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y
la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses
de sus administrados, función que también puede ejercer
quien tiene autoridad civil, pero éste además tiene el poder
de las decisiones generales.

En relación a la autoridad administrativa, el artículo 190 de
la Ley 136 de 1994, describe de la siguiente manera las
funciones que corresponden a la Dirección Administrativa:
(...)

4.7. En dicho enunciado se observa que como elementos
básicos de la autoridad administrativa hay un elemento
orgánico, como quiera que por definición legal la ostentan:

• El alcalde,

• Los secretarios de la alcaldía,

• Los jefes de departamento administrativo;

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo

de 2007, expediente núm. 00016, consejera ponente María Nohemí Hernández Pinzón.

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• Los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas;

• Los jefes de las unidades administrativas especiales, como
superiores de los correspondientes servicios municipales;

• Quien teniendo la condición o status de “empleado oficial”, se
encuentre autorizado para: i) celebrar contratos o convenios; ii)
ordenar gastos con cargo a fondos municipales, iii) conferir
comisiones, licencias no remuneradas, iv) decretar vacaciones y
suspenderlas, v) trasladar horizontal o verticalmente los
funcionarios subordinados; vi) reconocer horas extras, vii) vincular
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta;

• Los funcionarios que hagan parte de las unidades de control
interno y,

• Quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para
investigar las faltas disciplinarias […]”15 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).

La Sala, en sentencia proferida el 25 de mayo de 2017, reiteró que
“[…] cada una de las modalidades de autoridad que tiene previstas
la Ley 136 de 1994 viene caracterizada por el poder de decisión que
algunos funcionarios, no todos, de la administración pública ostentan
para distintos fines; la regla general es que son pocos los
empleados públicos a quienes sus funciones les permiten el
ejercicio de autoridad, determinada en algunos casos por un
aspecto funcional, esto es por las competencias que
constitucional o legalmente les hayan sido asignadas, y en
otros por un criterio orgánico, pues será su ubicación en la
estructura administrativa la que dirá si el servidor público
está investido de autoridad o no […]”16 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

9 de diciembre de 2010, número único de radicación 44001-23-31-000-2010-00092-01(PI),
consejero ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

25 de mayo de 2017, número único de radicación 25000234200020160369301, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Ver Sección Primera, sentencia de 17 de

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La Sección Quinta de la Corporación, por su parte, realizó las
siguientes precisiones en cuanto a dicho concepto, de la siguiente
forma:

“[...] 8.4.5. El ejercicio de autoridad administrativa
(...)
Son numerosos los pronunciamientos en donde se ha desarrollado
esos conceptos. Específicamente, la Sala Plena indicó, por
ejemplo, que la autoridad administrativa se ejerce para
‘hacer que la administración funcione, también ejerciendo
mando y dirección sobre los órganos del aparato
administrativo, nombrando y removiendo sus agentes,
celebrando contratos, supervigilando la prestación de
servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Todo
eso y más, es la autoridad administrativa’17.

Adicionalmente, esta Sección ha indicado que el concepto de
autoridad administrativa radica en la capacidad de un
servidor de ejercer poder de conformidad con sus
competencias y con la estructura misma de la entidad. En
sentencia de octubre de 2008 se determinó lo siguiente:
“[…] el poder del cual está investido un funcionario para que
dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el
objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su
cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el
cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y
preservación de la necesidades e intereses de sus
administrados [...]"18.

Bajo esas condiciones esta Sala Electoral ha señalado que para
poder determinar si un funcionario ejerce autoridad civil o política,
o si cuenta con dirección administrativa, “es necesario acudir a dos
criterios fundamentales. Uno de ellos corresponde al criterio

noviembre de 2016, número único de radicación 44001233300220160011401(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, providencia que se pronunció en el
mismo sentido sobre los elementos configurativos de la inhabilidad.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 9 de junio

de 1998, expediente AC-5779.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

23 de octubre de 2008, consejero ponente Mauricio Torres Cuervo. Asimismo, en Sección
Quinta, sentencia de 20 de febrero de 2009, consejera ponente Susana Buitrago Valencia
se manifestó que: “[...] la autoridad administrativa es aquella que ejercen quienes
desempeñan cargos de la administración nacional, general y municipal o de los
órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o
imposición sobre los subordinados o la sociedad [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

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orgánico, por virtud del cual el legislador entiende que
determinados funcionarios de la administración, pertenecientes a
niveles superiores de la misma, se hallan revestidos de esas
prerrogativas, las que a nivel local están dadas a los alcaldes, los
secretarios de despacho, jefes de departamento administrativo,
gerentes de entidades descentralizadas y jefes de unidades
administrativas especiales; llevando lo anterior al nivel seccional es
claro que bajo ese criterio orgánico lo mismo se puede predicar de
los gobernadores, sus secretarios de despacho y demás jefes o
gerentes de las entidades precitadas, a quienes no les resulta
extraño el ejercicio de la autoridad que se examinan”19. El criterio
orgánico, entonces, si bien permite señalar que el ejercicio
de autoridad indefectiblemente coincide con el ejercicio de
las funciones de cargos del nivel directivo que son aquellos
que “comprenden los empleos a los cuales corresponden
funciones de dirección general, de formulación de políticas
institucionales y de adopción de planes, programas y
proyectos...”20 (Decretos 770 y 785 de 2005, artículo 4, numeral
4.1.).

No obstante, existen otros empleos que no siendo de
dirección en la correspondiente estructura de la entidad
comportan el ejercicio de autoridad -criterio funcional o
material- por tener señaladas atribuciones que implican el
ejercicio un poder de mando o la capacidad de influir en las
decisiones de la entidad. Desde esta perspectiva su existencia
está atada al “[...] conjunto de funciones, tareas y responsabilidades
que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de
los planes de desarrollo y los fines del Estado [...]” (Ley 909 de
2004, artículo 19).

Por tanto, cuando se pretenda indagar si una persona ejerció
o no autoridad, no basta con determinar la categoría que su
cargo tiene en la estructura de la administración, pues si
bien aquel puede no hacer parte del nivel directivo, es
posible que por las competencias asignadas a este se pueda
determinar su presencia de aquella, por tenerlas
expresamente atribuidas a ese cargo, en la Ley, el

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

5 de junio de 2003, expediente núm. 2003-03090.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

27 de marzo de 2014, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez.

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reglamento o el correspondiente manual de funciones21 […]22
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en lo anterior, resulta evidente que existe una
definición legal orientadora que establece el alcance y contenido del
concepto de autoridad administrativa y desde el cual la propia
jurisprudencia ha elaborado su casuística para cada evento en
particular. Aquel atiende al pluricitado artículo 190 de la Ley 136,
que establece claramente dos criterios: el orgánico según el cual, al
margen de las labores que efectivamente lleguen a desarrollar, son
considerados, per sé, servidores públicos con autoridad
administrativa, los alcaldes, secretarios de la alcaldía, jefes de
departamento administrativo y gerentes o jefes de las entidades
descentralizadas, jefes de las unidades administrativas especiales
como superiores de los correspondientes servicios municipales y
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno23.

Y el funcional según el cual, también ejercen autoridad
administrativa, sin ser necesariamente los antes mencionados,

21 Sobre el particular, esta Sección ha indicado que: “[...] Corresponde al juez determinar

en cada caso concreto si un servidor público ejerce o no autoridad administrativa, en
consideración con el análisis de dos elementos fácticos. De una parte, debe estudiarse el
carácter funcional del cargo, o, dicho de otro modo, debe averiguar qué tipo de funciones
tiene asignadas y, de otro lado, debe analizar el grado de autonomía en la toma de
decisiones, esto es, la estructura orgánica del empleo. De tal manera que, si las funciones
y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando, de dirección y
autonomía decisoria, se podría concluir que el servidor público ejerce autoridad
administrativa' (Sección Quinta, sentencia de 28 de febrero de 2002, expediente 2804).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

7 de diciembre de 2016, número único de radicación
52001233300020160001601/52001233300020150084001 (acumulados), consejera
ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Posición reiterada por la Sección Primera,
entre otras, en sentencia de 20 de octubre de 2017, número único de radiación
44001233100120160005501(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 13 de julio de 2017, número único de radicación 13001233300020160008901(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González y de 25 de marzo de 2022, número único
de radicación 25000231500020200258501, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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aquellos empleados autorizados para celebrar contratos o convenios,
ordenar gastos con cargo a fondos municipales, conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para
trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados,
reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle
nueva sede al personal de planta; de igual forma la tienen los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y
quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para
investigar las faltas disciplinarias24.

V.4.- Del ejercicio de autoridad administrativa por parte de
rectores de instituciones educativas de naturaleza pública
La Sala encuentra que el ejercicio de autoridad administrativa en
cabeza de los rectores de instituciones educativas de naturaleza
pública ha sido un aspecto resuelto pacíficamente por la
jurisprudencia de la corporación, en cuanto que, por regla general
estos funcionarios, en efecto, sí ostentan ese tipo de mando.

Es así como se precisó que a partir del criterio funcional y, en
consecuencia, atendiendo a las labores que a dichos empleados les
otorga el artículo 10º de la Ley 715, aquellos ejercen autoridad
administrativa. Desde esa oportunidad, la regla adoptada se expuso
en los siguientes términos:

“[…] El objeto de la decisión se contrae a determinar si el
cargo de Rector de una institución educativa municipal
conlleva ejercicio de autoridad administrativa o civil. El
numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, cuyo tenor literal
preceptúa: (...). Para determinar si un empleo público comporta
ejercicio de jurisdicción o autoridad, y la clase de ésta, debe
necesariamente examinarse el contenido funcional del cargo. Este

24 Ídem.

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aspecto, precisamente, es el motivo de la presente controversia. La
Ley 715 de 2001, entre otras disposiciones, organizó la prestación
de los servicios de educación. Su artículo 6º prevé: (....).

Por su parte, el artículo 10º, ibídem, establece:
«FUNCIONES DE RECTORES O DIRECTORES. El rector o
director de las instituciones educativas públicas, que serán
designados por concurso, además de las funciones
señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: (...). La
Sala tuvo oportunidad de dilucidar la cuestión que en el caso
presente vuelve a plantearse, con motivo de una solicitud de
pérdida de investidura sustentada en supuestos fácticos
similares: En sentencia de 20 de agosto de 2004 a vuelta de
analizar las funciones que según el artículo 10 de la Ley 715
de 2001 desempeña el rector de una institución educativa
pública, la Sala concluyó que este empleo apareja autoridad
administrativa, traducida principalmente en las facultades
para controlar el cumplimiento de las funciones del personal
docente y administrativo; administrar el personal; ejercer el
poder disciplinario y administrar el Fondo de Servicios
Educativos.

En consecuencia, la causal de inhabilidad para ser concejal
prevista en el numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 de
2000 afecta a quien haya ejercido el cargo de Rector dentro
de los 12 meses anteriores a la elección. El análisis consignado
en dicho pronunciamiento es en un todo aplicable al caso presente.

Es, entonces, pertinente transcribirlo: ... Colige la Sala que
existen funciones en las que a los Rectores de
establecimientos de educación les corresponde ejecutar las
políticas y programas que en materia educativa adopte el
Gobierno Nacional o los Gobiernos Departamentales,
Distritales o municipales, es decir, enmarcadas dentro de
los parámetros y directrices que les señalen al efecto, como
también otro tipo de funciones en las que tienen autonomía
plena para adoptar decisiones, las que, por ende, implican el
ejercicio de autoridad administrativa.

Tal es el caso, por ejemplo, de las funciones atinentes al
control sobre el cumplimiento de las funciones
correspondientes al personal docente y administrativo y al
reporte de novedades e irregularidades del personal a la
Secretaría de Educación distrital, municipal, departamental
o quien haga sus veces; o la administración del personal
asignado a la institución en lo relacionado con las novedades
y los permisos; o la participación en la definición de perfiles
para la selección del personal docente, y en su selección

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definitiva; o la distribución de las asignaciones académicas,
y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo; o la realización de la evaluación
anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo, así como la imposición de las
sanciones disciplinarias propias del sistema de control
interno disciplinario.

La injerencia en los aspectos reseñados le da a los Rectores
de establecimientos educativos influencia sobre los
docentes, padres de familia, directivos, personal
administrativo del respectivo plantel, los que, a la postre,
son potenciales electores. Cabe enfatizar, además, que como lo
sostuvo la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado en sentencia de 21 de mayo de 2002 (Expediente núm.
PI-039, consejero ponente doctor Juan Ángel Palacio Hincapié), el
ejercicio del poder correccional es una de las expresiones del
poder de mando o facultad de imponer decisiones, que son
propias de la autoridad administrativa o civil […]”25 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

Así también lo concluyó la Sala:

“[…] Al respecto, cabe precisar que la Sala en sentencia de 20 de
agosto de 2004 (Expediente 2004-00008, Consejero ponente doctor
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), consideró, y ahora lo reitera,
que las funciones de los rectores de establecimientos
educativos públicos, implican el ejercicio de autoridad
administrativa y, por lo mismo, si la situación del
demandado encuadra en los supuestos fácticos del artículo
43, numeral 6, de la Ley 136 de 1994 (vínculo de parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad con funcionarios
que ejerzan autoridad administrativa, política o militar), se
hace acreedor a la pérdida de investidura, en la medida en
que ello constituye una inhabilidad.

Sobre el particular, dijo la Sala en la precitada sentencia:

“….La Ley 715 de 2001, entre otros temas, organizó la prestación
de los servicios de educación.

En su artículo 6º, prevé:

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

5 de mayo de 2005, número único de radicación 76001233100020040045601, consejero
ponente Camilo Arciniegas Andrade.

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“COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS. Sin
perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a
los departamentos en el sector de educación las siguientes
competencias:

6.1. Competencias Generales.

6.1.1. Prestar asistencia técnica educativa, financiera y
administrativa a los municipios, cuando a ello haya lugar.

6.1.2. Administrar y responder por el funcionamiento,
oportunidad y calidad de la información educativa
departamental y suministrar la información a la Nación en las
condiciones que se requiera.

6.1.3. Apoyar técnica y administrativamente a los municipios
para que se certifiquen en los términos previstos en la
presente ley.

6.1.4. Certificar a los municipios que cumplen los requisitos
para asumir la administración autónoma de los recursos del
Sistema General de Participaciones. Si el municipio cumple
los requisitos para ser certificado y el departamento no lo
certifica, podrá solicitarla a la Nación.

6.2. Competencias frente a los municipios no certificados.

6.2.1. Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los
niveles de preescolar, básica, media en sus distintas
modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad,
en los términos definidos en la presente ley.

6.2.2. Administrar y distribuir entre los municipios de su
jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema
General de Participaciones, destinados a la prestación de los
servicios educativos a cargo del Estado, atendiendo los
criterios establecidos en la presente ley.

6.2.3. Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el
artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones
educativas y el personal docente y administrativo de los
planteles educativos, sujetándose a la planta de cargos
adoptada de conformidad con la presente ley. Para ello,
realizará concursos, efectuará los nombramientos del
personal requerido, administrará los ascensos, sin superar en
ningún caso el monto de los recursos disponibles en el
Sistema General de Participaciones y trasladará docentes

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entre los municipios, preferiblemente entre los limítrofes, sin
más requisito legal que la expedición de los respectivos actos
administrativos debidamente motivados.

6.2.4. Participar con recursos propios en la financiación de los
servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación
de programas y proyectos educativos y en las inversiones de
infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados
con estos recursos no podrán generar gastos permanentes a
cargo al Sistema General de Participaciones.

6.2.5. Mantener la cobertura actual y propender a su
ampliación.

6.2.6. Evaluar el desempeño de rectores y directores, y de
los docentes directivos, de conformidad con las normas
vigentes.

6.2.7. Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la
educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación que
para tal fin realice el Presidente de la República.

6.2.8. Prestar asistencia técnica y administrativa a las
instituciones educativas, cuando a ello haya lugar.

6.2.9. Promover la aplicación y ejecución de planes de
mejoramiento de la calidad.

6.2.10. Distribuir entre los municipios los docentes, directivos
y empleados administrativos, de acuerdo con las necesidades
del servicio, de conformidad con el reglamento.

6.2.11. Distribuir las plantas departamentales de personal
docente, directivos y empleados administrativos, atendiendo
los criterios de población atendida y por atender en
condiciones de eficiencia, siguiendo la regulación nacional
sobre la materia.

6.2.12. Organizar la prestación y administración del servicio
educativo en su jurisdicción.

6.2.13. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre
las tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y
otros cobros en los establecimientos educativos.

6.2.14. Cofinanciar la evaluación de logros de acuerdo con lo
establecido en el numeral 5.22.

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6.2.15. Para efectos de la inscripción y los ascensos en el
escalafón, la entidad territorial determinará la repartición
organizacional encargada de esta función de conformidad
con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

Algunas de estas competencias, salvo la de nominación y
traslado de personal entre municipios, se podrán delegar en
los municipios no certificados que cumplan con los
parámetros establecidos por la Nación.”

Por su parte, el artículo 10º, ibídem, establece:

“FUNCIONES DE RECTORES O DIRECTORES. El rector o
director de las instituciones educativas públicas, que serán
designados por concurso, además de las funciones señaladas
en otras normas, tendrá las siguientes:

10.1. Dirigir la preparación del Proyecto Educativo
Institucional con la participación de los distintos actores de la
comunidad educativa.

10.2. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de
la institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno
Escolar.

10.3. Representar el establecimiento ante las autoridades
educativas y la comunidad escolar.

10.4. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento
de calidad, y dirigir su ejecución.

10.5. Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer
contactos interinstitucionales para el logro de las metas
educativas.

10.6. Realizar el control sobre el cumplimiento de las
funciones correspondientes al personal docente y
administrativo y reportar las novedades e irregularidades del
personal a la secretaría de educación distrital, municipal,
departamental o quien haga sus veces.

10.7. Administrar el personal asignado a la institución en lo
relacionado con las novedades y los permisos.

10.8. Participar en la definición de perfiles para la selección
del personal docente, y en su selección definitiva.

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10.9. Distribuir las asignaciones académicas, y demás
funciones de docentes, directivos docentes y administrativos
a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.

10.10. Realizar la evaluación anual del desempeño de los
docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo.

10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del
sistema de control interno disciplinario de conformidad con
las normas vigentes.

10.12. Proponer a los docentes que serán apoyados para
recibir capacitación.

10.13. Suministrar información oportuna al departamento,
distrito o municipio, de acuerdo con sus requerimientos.

10.14. Responder por la calidad de la prestación del servicio
en su institución.

10.15. Rendir un informe al Consejo Directivo de la
Institución Educativa al menos cada seis meses.

10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los
recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de
la presente ley.

10.17. Publicar una vez al semestre en lugares públicos y
comunicar por escrito a los padres de familia, los docentes a
cargo de cada asignatura, los horarios y la carga docente de
cada uno de ellos.

10.18. Las demás que le asigne el gobernador o alcalde para
la correcta prestación del servicio educativo.

PARÁGRAFO 1o. El desempeño de los rectores y directores
será evaluado anualmente por el departamento, distrito o
municipio, atendiendo el reglamento que para tal fin expida
el Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en
dos años consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso
al ejercicio de la docencia en el grado y con la asignación
salarial que le corresponda en el escalafón.”

Del texto de las normas transcritas colige la Sala que existen
funciones en las que a los rectores de establecimientos de
educación les corresponde ejecutar las políticas y
programas que en materia educativa adopte el Gobierno
Nacional o los Gobiernos Departamentales, Distritales o

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municipales, es decir, enmarcadas dentro de los parámetros
y directrices que les señalen al efecto, como también otro
tipo de funciones en las que tienen autonomía plena para
adoptar decisiones, las que, por ende, implican el ejercicio
de autoridad administrativa.

Tal es el caso, por ejemplo, de las funciones atinentes al
control sobre el cumplimiento de las funciones
correspondientes al personal docente y administrativo y al
reporte de novedades e irregularidades del personal a la
secretaría de educación distrital, municipal, departamental
o quien haga sus veces; o la administración del personal
asignado a la institución en lo relacionado con las novedades
y los permiso; o la participación en la definición de perfiles
para la selección del personal docente, y en su selección
definitiva; o la distribución de las asignaciones académicas,
y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo; o la realización de la evaluación
anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo, así como la imposición de las
sanciones disciplinarias propias del sistema de control
interno disciplinario.

La injerencia en los aspectos reseñados le dan a los rectores
de establecimientos educativos influencia sobre los
docentes, padres de familia, directivos, personal
administrativo del respectivo plantel, los que, a la postre,
son potenciales electores.

Cabe enfatizar, además, que como lo sostuvo la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
sentencia de 21 de mayo de 2002 (Expediente núm. PI-039,
consejero ponente doctor Juan Angel Palacio Hincapié), el
ejercicio del poder correccional es una de las expresiones del
poder de mando o facultad de imponer decisiones, que son
propias de la autoridad administrativa o civil.

En efecto, en la mencionada sentencia, que ahora se reitera, se dijo:

“...Por autoridad administrativa podría entenderse
como el poder del cual está investido un funcionario
para que dentro de su ámbito territorial y marco
funcional y con el objeto del manejo de las personas,
bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las
medidas necesarias para el cumplimiento inmediato
de las normas y la satisfacción y preservación de la
necesidades e intereses de sus administrados, función
que también puede ejercer quien tiene autoridad civil,

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pero éste además tiene el poder de las decisiones
generales.

En relación a la autoridad administrativa, el artículo 190 de
la Ley 136 de 1994, describe de la siguiente manera las
funciones que corresponden a la Dirección Administrativa:

“Artículo 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Esta facultad
además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía,
los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las
unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados
para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con
cargo a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no
remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para
trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios
subordinados; reconocer horas extras, vincular personal
supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a
los funcionarios que hagan parte de las unidades de control
interno y quienes legal o reglamentariamente tengan
facultades para investigar las faltas disciplinarias.”

Por su parte, autoridad civil, es aquella en la cual el funcionario tiene
poder de mando, facultad de imponer sus decisiones sobre las
demás personas, ejercer poder correccional y facultad de disponer
para beneficio de los integrantes de la comunidad las normas
necesarias que permitan la convivencia de los ciudadanos dentro de
la misma […]”26 (Negrilla y subrayas fuera de texto).

“[…] Por autoridad administrativa podría entenderse como el poder
del cual está investido un funcionario para que dentro de su ámbito
territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las
personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las
medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas
y la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses de sus
administrados, función que también puede ejercer quien tiene
autoridad civil, pero éste además tiene el poder de las decisiones
generales.

4.8.- De las condiciones oficiales atrás señaladas, los rectores tienen
las siguientes:

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

18 de marzo de 2010, número único de radicación 44001233100020090013001, consejero
ponente Marco Antonio Velilla Moreno.

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4.8.1. Son empleados públicos en tanto hacen parte del personal
directivo docente de que tratan los artículos 126 y 129 de la Ley 115
de 1994, y como tales son empleados de carrera nombrados por
autoridad del nivel central, en el caso de los municipios por el Alcalde
respectivo, según el artículo 127 ibídem.

4.8.2.- Como tales, pueden ejercer la facultad disciplinaria
tanto sobre el personal docente como administrativo que
está bajo su dirección en el plantel educativo que está a su
cargo, en razón a que el artículo 130 de la Ley 115 establece que
“Los rectores o directores de las instituciones educativas del Estado
tienen la facultad de sancionar disciplinariamente a los docentes de
su institución de conformidad con el Estatuto Docente y la presente
Ley y a los funcionarios administrativos de acuerdo con lo
establecido en la carrera administrativa.”, y el artículo 10, numeral
11, de la Ley 715 de 2001, señala que a los rectores de las
instituciones educativas, además de las funciones señaladas en
otras normas, les corresponde: “10.11. Imponer las sanciones
disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de
conformidad con las normas vigentes.”

4.8.3.- Igualmente, tienen facultades para encargar en caso
de vacancias temporales en cargos de directivos o docentes
dentro del establecimiento bajo su dirección, así como
sancionar y otorgar distinciones a los educandos en virtud
del artículo 132 ibídem, en tanto establece que “El rector o
director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o
imponer sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual
de convivencia de éste, en concordancia con lo que al respecto
disponga el Ministerio de Educación Nacional.”

4.8.4.- De igual forma, según la Ley 715 precitada, tienen entre
sus funciones, “10.16. Administrar el Fondo de Servicios
Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen,
en los términos de la presente ley,” y en virtud de ello el
artículo 13 ibídem prevé que “El rector o director celebrará
los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos
vinculados a los Fondos [Fondos de servicios educativos], en
las condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos.”

4.9.- Lo anterior significa que además de sus actividades docentes
o pedagógicas, los rectores de las instituciones educativas de que
trata la Ley 715 de 2001, ejercen autoridad administrativa por
virtud de las facultades disciplinarias o sancionatorias sobre
el personal oficial al servicio de esa institución y para
celebrar contratos, y así lo pudo constatar la Sala en sentencia de
20 de agosto de 2004, expediente 2004 – 0008, consejero ponente
doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y lo corroboró en

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sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente número 2009-
00130, consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno
[…]”27 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Incluso, aun en ocasiones en las que ha mediado la figura
administrativa del encargo, la Sección ha mantenido inalterable su
postura:

“[…] Ahora bien, tal circunstancia para nada varía por el
hecho de que el rector haya sido designado en encargo como
lo asegura el demandado, puesto que las funciones que le
corresponde ejercer en tal situación administrativa no
dependen de que ocupe el cargo en propiedad o de manera
provisional.

Consecuente con lo señalado, para la Sala no queda duda que
los rectores cuentan con la atribución de decidir sobre
determinadas situaciones administrativas de los docentes
vinculados con el plantel educativo que ellos dirigen, de
manera que es claro el ejercicio de la autoridad
administrativa […]”28 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección ha sido enfática en determinar entonces que la autoridad
administrativa que se ejerce de forma implícita en desarrollo del
empleo de rector de una institución educativa pública, permanece
delineada por los siguientes elementos:

(I) Los rectores de instituciones educativas son empleados públicos
en tanto hacen parte del personal directivo docente de que tratan los

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

9 de diciembre de 2010, número único de radicación 44001-23-31-000-2010-00092-01(PI),
consejero ponente Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta. Ver, en similar sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de
diciembre de 2010, número único de radicación 20001-23-31-000-2010-00165-01(PI),
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

8 de junio de 2018, número único de radicación 66001-23-33-000-2016-00080-01,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.

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artículos 12629 y 12930 de la Ley 115 de 1994 y, como tales, son
empleados de carrera nombrados por autoridad del nivel central, y
en el caso de los municipios por el alcalde respectivo, según el
artículo 12731 ibidem.

(II) Pueden ejercer la facultad disciplinaria tanto sobre el personal
docente como administrativo que está bajo su dirección en el plantel
educativo a su cargo, toda vez que el artículo 130 de la Ley 115, en
cuanto a sus facultades sancionatorias, establece que los rectores o
directores de las instituciones educativas del Estado tienen la
facultad de sancionar disciplinariamente a los docentes de su
institución de conformidad con el Estatuto Docente y la Ley 115, así
como a los funcionarios administrativos de acuerdo con lo establecido
en la carrera administrativa.

A su vez, el artículo 10º, numeral 10.11, de la Ley 715, prevé que a
los rectores de las instituciones educativas, sin perjuicio de las
funciones señaladas en otras normas, les corresponde imponer las

29 “[…] Artículo 126. Carácter de directivo docente. Los educadores que ejerzan
funciones de dirección, de coordinación, de supervisión e inspección, de programación y de
asesoría, son directivos docentes […]”
30 “[…] Artículo 129. Cargos directivos docentes. Las entidades territoriales que asuman

la prestación directa de los servicios educativos estatales podrán crear cargos directivos
docentes, siempre y cuando las instituciones educativas lo requieran, con las siguientes
denominaciones:
1. Rector o director de establecimiento educativo.
2. Vicerrector.
3. Coordinador.
4. Director de Núcleo de Desarrollo Educativo.
5. Supervisor de Educación.
Parágrafo. En las instituciones educativas del Estado, los cargos directivos docentes deben
ser provistos con docentes escalafonados y de reconocida trayectoria en materia educativa.
Mientras ejerzan el cargo tendrán derecho a una remuneración adicional y cumplirán
funciones, según la reglamentación que expida el Gobierno Nacional […]”.
31 “[…] Artículo 127. Autoridad nominadora de los directivos docentes. Los rectores

o directores, vicerrectores, coordinadores, supervisores, directores de núcleo y demás
directivos docentes de las instituciones educativas estatales a que se refiere el Estatuto
Docente, serán nombrados por los gobernadores, los alcaldes de distritos o municipios que
hayan asumido dicha competencia, previo concurso convocado por el departamento distrito.

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sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno
disciplinario de conformidad con las normas vigentes.

(III) Tienen facultades para encargar en caso de vacancias
temporales los empleos directivos o docentes dentro del
establecimiento bajo su dirección, así como sancionar y otorgar
distinciones a los educandos en virtud del artículo 132 ibidem, según
el respectivo reglamento o manual de convivencia, en concordancia
con lo que al respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional.

(IV) De igual forma, según la Ley 715, adquieren entre sus funciones,
el deber de administrar el Fondo de Servicios Educativos y los
recursos que por incentivos se le asignen; en virtud de ello el artículo
13 del mismo compendio prevé que celebrarán los contratos que
hayan de pagarse con cargo a los recursos vinculados a dichos
Fondos en las condiciones y dentro de los límites que fijen los
reglamentos.

Con estricta sujeción a los principios y propósitos enunciados en el
primer inciso de esa disposición, y a los reglamentos de la Ley 715,
el Consejo Directivo de cada establecimiento podrá señalar, con base
en la experiencia y en el análisis concreto de las necesidades del
establecimiento, los trámites, garantías y constancias que deben
cumplirse para que el rector o director celebre cualquier acto o
contrato que cree, extinga o modifique obligaciones que deban
registrarse en el Fondo y cuya cuantía sea inferior a veinte (20)
salarios mínimos mensuales. El Consejo puede exigir, además, que
ciertos actos o contratos requieran una autorización suya específica.

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(V) Lo anterior significa que, además de sus actividades docentes o
pedagógicas, los rectores de las instituciones educativas de que trata
la Ley 715, ejercen autoridad administrativa traducida
principalmente en las facultades para controlar el cumplimiento de
las funciones del personal docente y administrativo; administrar el
personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades
y los permisos o la participación en la definición de perfiles para la
selección del personal docente y en su selección definitiva; reporte
de novedades e irregularidades del personal a la Secretaría de
Educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus
veces; ejercer el poder disciplinario y administrar el Fondo de
Servicios Educativos; la distribución de las asignaciones académicas
y demás funciones de docentes, directivos docentes y
administrativos a su cargo; la realización de la evaluación anual del
desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a
su cargo, así como la imposición de las sanciones disciplinarias
propias del sistema de control interno disciplinario.

(VI) Es la injerencia en los aspectos reseñados lo que inviste a los
rectores de establecimientos educativos de influencia sobre los
docentes, padres de familia, directivos y personal administrativo del
respectivo plantel, quienes que a la postre son potenciales electores;
en efecto, el ejercicio del poder correccional es una de las
expresiones del poder de mando o facultad de imponer decisiones
que son propias de la autoridad administrativa y que el legislador,
con su previsión inhabilitante, quiso impedir que afectaran el proceso
de elección de los concejales.

V.5.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal

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De conformidad con lo considerado desde el planteamiento del
problema jurídico, una vez adentrados en el análisis de la culpabilidad
del concejal GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, deben
prohijarse los criterios elaborados por la Sala en sentencia de 25 de
mayo de 201732, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública33, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura34: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades35; la indebida destinación de

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
33 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
34 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el

artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
35 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003);

180, 181 y 183 de la Constitución Política.

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dineros públicos36; el conflicto de intereses37 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado38.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una

36 Art. 183 de la Constitución Política.
37 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
38Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.

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declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras

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el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”39 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la

39Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).

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ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.40

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201241 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones

40 Ídem.
41 Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.

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disciplinarias sobre la conducta del representante popular.42 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”43, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total

42 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro
del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el
voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un
proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de inocencia.
El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el reproche
jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por el mero
resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
43 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto).

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intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.

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Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar

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para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”44
[…]45” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el

44 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
45 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar46.

Lo anterior, sin dejar de lado que la ignorancia de las leyes no sirve
para excusar su transgresión, al tenor de los artículos 4º de la
Constitución Política y 9° del Código Civil, habida cuenta que las
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende
ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y
diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular,
con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la
Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201947, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201848, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
47 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.
48 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los

Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.

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V.5.1.- De conformidad con el acervo probatorio que guarda
estrecha relación con el asunto bajo examen49, la Sala evidencia que
tal como fue establecido por el Tribunal y admitido por las partes está
suficientemente probado que el accionado, señor GABRIEL
BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, incurrió en la comisión objetiva
de la inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, había cuenta que:

(I) Luego de inscribir su nombre y participado en las elecciones de
27 de octubre de 2019 por el cargo uninominal de alcalde municipal
de Cartago (Valle del Cauca), período constitucional 2020-2023, el
accionado obtuvo la segunda mayor votación con 15.672 votos50,
razón por la cual adquirió y aceptó el derecho personal de ocupar una
curul en el Concejo Municipal del mismo ente territorial51, de
conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley Estatutaria
1909 de 9 de julio de 201852, en representación del Movimiento

49 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el

proceso reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el
índice 00002, con descripción del documento: “PROCESO DESCARGADO APLICATIVO
SAMAI(.rar) NroActua 2”.
50 Formulario E-26 ACL de 30 de octubre de 2019, documento al que se accede en el módulo

público ‘ELECCIONES 2019’ de la Registraduría Nacional del Estado Civil, disponible [en
línea]: [https://elecciones2019.registraduria.gov.co/]. Nivel de origen: Municipal;
Departamento: 31- Valle del Cauca; Municipio: Cartago; Comisión: Todas; opción final:
Alcalde.
51 Formulario E-26 CON de 30 de octubre de 2019, documento al que se accede en el módulo

público ‘ELECCIONES 2019’ de la Registraduría Nacional del Estado Civil, disponible [en
línea]: [https://elecciones2019.registraduria.gov.co/]. Nivel de origen: Municipal;
Departamento: 31- Valle del Cauca; Municipio: Cartago; Comisión: Todas; opción final:
Concejo.
52 “[…] Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de elección popular de

las entidades territoriales. Los candidatos que sigan en votos a quienes la
autoridad electoral declare elegidos en los cargos de Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a
ocupar, en su orden, una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos
Distritales y Concejos Municipales respectivos, durante el periodo de estas
corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan, podrán intervenir en las
opciones previstas en el artículo 7o de esta ley y harán parte de la misma organización
política.
Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador, Alcalde Distrital y
Municipal y previo a la de las Asambleas Departamentales y Concejos Distritales y
Municipales respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo puesto en

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Alternativo Indígena Social, MAIS, lo que condujo a la expedición de
su credencial E27 de 30 de octubre de 2019 por los miembros de la
Comisión Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del
Estado Civil y a su posesión según Acta núm. 001 de 1o. de enero de
2020.

(II) El accionado sí es hermano del señor JORGE ENRIQUE
AGRADO RESTREPO porque ambos son hijos de los señores JORGE
AGRADO y MARGARITA RESTREPO, como consta en los registros
civiles de nacimiento ubicados en el tomo 46, folio 206 y tomo 55,
folio 400 de la Notaría Primera del Círculo de Cartago (Valle del
Cauca), esto es que comparten parentesco en segundo grado de
consanguinidad.

(III) Y dentro de los doce meses anteriores a la elección, -27 de
octubre de 2018 a 27 de octubre de 2019-, el señor JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO ejerció autoridad administrativa en
el municipio de Cartago (Valle del Cauca), en calidad de rector de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’, código 9034,
grado escalafón 14, nombrado en período de prueba mediante la
Resolución núm. 577 de 15 de septiembre de 2006 y posesionado el
18 de septiembre de 2006, luego de haber ganado el concurso de
méritos; posteriormente, a través de la Resolución núm. 000682 de

votación, deberán manifestar por escrito ante la comisión escrutadora
competente, su decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales.
Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales y municipales, la
autoridad electoral les expedirá, previa aceptación, las credenciales como diputados y
concejales distritales y municipales a los que ocuparon los segundos puestos en la votación
para los mismos cargos y aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la
Constitución para la distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales y
Concejos Distritales y Municipales.
Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general prevista en el artículo 263 de la
Constitución Política para la distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales
y Concejos Distritales y Municipales por población […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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6 de junio de 2008, fue nombrado en propiedad y posesionado el 10
de diciembre de 2008, para finalmente renunciar a ese cargo con
efectos desde el 30 de abril de 2022, según la Resolución núm. 0476
de 20 de abril de 2022, expedida por la Secretaría de Educación
Municipal de Cartago (Valle del Cauca).

V.5.2.- Es así como la controversia en sede de apelación gira en
torno, exclusivamente, al análisis del comportamiento del señor
GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO para determinar si este
obró con dolo o culpa grave en la configuración de la referida
inhabilidad al resultar elegido concejal del municipio de Cartago
(Valle del Cauca), en cuyo caso la Sala observa, además de las
pruebas citadas con anterioridad, que el 5 de agosto de 2019, bajo
el radicado núm. 201900015552-00, el ciudadano JUAN CARLOS
SÁNCHEZ radicó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de
revocatoria de la inscripción del accionado como candidato a la
Alcaldía Municipal de Cartago (Valle del Cauca), argumentando para
ello la configuración de la inhabilidad prevista para los alcaldes en el
artículo 95, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 37
de la Ley 617, en los siguientes términos:

“[…] Hechos

1- De conformidad con el listado publicado en la página de internet
http:://www.cne.qov.co/la-entidad/maqistrados/2-institucional, en
la casilla 7383 se observa que el ciudadano GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO identificado con la cc 16218525, se inscribió
como candidato a la Alcaldía de Cartago, Valle del Cauca, por
el partido MOVIMIENTO ALTERNA TIVO INDÍGENA Y SOCIAL
MAIS.

2- El candidato Gabriel Benjamín Agrado Restrepo, fue registrado
en la Notaría Primera de Cartago, Valle del Cauca, el 29 de
septiembre de 1964, como hijo de Jorge Agrado y Margarita

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Restrepo, tal como consta en el registro civil de nacimiento, del
tomo 55, folio 400.

3- En dicha Notaria Primera de Cartago, Valle del Cauca, también
reposa en el tomo 46, folio 206, el registro civil de nacimiento de
Jorge Enrique Agrado Restrepo, como hijo de Jorge Agrado y
Margarita Restrepo, inscrito el 21 de marzo de 1960.

4- De conformidad con los registros de nacimiento antes
señalados, Jorge Enrique Agrado Restrepo y Gabriel
Benjamín Agrado Restrepo son hermanos, es decir, tienen
un parentesco en segundo Grado de Consanguinidad. Jorge
Enrique Agrado Restrepo, identificado con la CC 16211600,
es el Rector de la Institución Educativa, Indalecio Penilla de
la Ciudad de Cartago, Valle del Cauca, cargo del cual tomó
posesión en provisionalidad el 18 de septiembre de 2006,
mediante acta de posesión 292, y de forma definitiva el 10
de diciembre de 2008 mediante acta de posesión 625 y en
cumplimiento del Decreto municipal 123, y la Resolución
682 de 06 de junio de 2008.

De conformidad con las disposiciones legales existentes, se
ha establecido como inhabilidad para ser inscrito, elegido o
designado como alcalde municipal, aquella persona que
dentro de los doce (12) meses antes de la elección, tengo
vínculos de parentesco con personas que hayan ejercido
autoridad administrativa en el respectivo municipio […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El 6 de agosto de 2019 fue radicada una segunda solicitud de
revocatoria de la inscripción del accionado para la Alcaldía Municipal
de Cartago (Valle del Cauca), esta vez por el ciudadano CARLOS
EDUARDO GARCÍA MURCIA bajo el radicado núm. 201900021824-
00, por los mismos motivos de la inicial.

Con radicado núm. 15552-19 de 12 de septiembre de 2019, el
Consejo Nacional Electoral inició formalmente el trámite para
resolver las respectivas solicitudes de revocatoria de la mencionada
inscripción, quien al consultar la página web de la Registraduría
Nacional del Estado Civil pudo verificar que, en efecto, el acto de

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inscripción (Formulario E6- y E8) del ciudadano GABRIEL
BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, identificado con cédula de
ciudadanía núm. 16.218.525, lo fue como candidato a la Alcaldía del
Municipio de Cartago (Valle del Cauca), avalado por el MOVIMIENTO
ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL, MAIS, para las elecciones de
autoridades locales que se realizarían el 27 de octubre de 2019.

En este procedimiento administrativo, el Consejo Nacional Electoral
dejó constancia de haber recaudado el siguiente acervo probatorio:

“[…] 3. ACERVO PROBATORIO

Obra en el expediente el material probatorio relacionado a
continuación:

3.1 Registro Civil de nacimiento del señor GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO y Registro Civil de nacimiento del señor JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO suscritos en la Notaría Primera de
Cartago, por los señores JORGE AGRADO Y MARGARITA RESTREPO,
en calidad de padres.

3.2 Certificación expedida el primero (1) de septiembre de 2019,
por la Secretaría de Educación Municipal de Cartago Valle del Cauca,
donde se manifiesta que el señor JORGE ENRIQUE AGRADO
RESTREPO es actualmente el rector de la Institución Educativa
lndalecio Penilla del mismo Municipio.

3.3 Resolución 2748 de 3 de diciembre de 2002 del Ministerio de
Educación Nacional, “Por la cual se otorga certificación al Municipio
de Cartago, Departamento del Valle del Cauca, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 20 de la Ley 715 de 2001”

3.4 Acta de posesión 625 de 2008, en la cual el señor JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO toma posesión del cargo de rector en
el Municipio de Cartago - Valle del Cauca.

3.5 Acta de posesión de JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO
No.292 de 2006, como rector en periodo de prueba

3.6 Respuesta a peticiones CAR2019ER006300 y
CAR2019ER006375 por parte de la Secretaría de Educación,
Cartago, Valle del Cauca, sobre las funciones de los Rectores

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3.7 Decreto 000123 de 2008, por el cual se confirma el
nombramiento en propiedad del señor JORGE ENRIQUE AGRADO
RESTREPO, como rector del Colegio lndalecio Penilla del Municipio
de Cartago - Valle del Cauca […]”.

Con fundamento en estos documentos, el Consejo Nacional Electoral
expidió la Resolución núm. 5575 de 2 de octubre de 2019, mediante
la cual revocó el acto de inscripción del señor GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO como candidato a la Alcaldía Municipal de
Cartago (Valle del Cauca), para lo cual sostuvo, después del
respectivo examen probatorio, que:

“[…] no es de recibo por parte de la Sala, el argumento del
investigado y el partido, que trata de reducir el cargo de Rector
a directivo docente para afirmar que por ende no ejerce
autoridad administrativa dado el carácter "docente". En
efecto, el rector o director de establecimiento educativo es
una de las especies de los cargos directivos docentes en los
cuales se enmarcan aquellos que ejercen funciones de
dirección, coordinación, supervisión, inspección, de
programación y de asesoría, tal como disponen los articulas 126
y 129 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) Y el artículo
6 del Decreto 1278 de 2002 "Por el cual se expide el Estatuto de
Profesionalízación Docente".
(…)

Al analizar las funciones enlistadas, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha observado que los rectores disponen de la atribución legal
para decidir sobre determinadas situaciones administrativas de los
docentes vinculados con el plantel educativo que ellos dirigen, en
especial, las funciones de los numerales 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10
Y 10.11, tal como lo ha abordado el alto tribunal de lo contencioso
administrativo en su Sección Quinta (SIC), sentencia de 18 de
marzo de 2010 proferida por el Concejero Ponente Marco Antonio
Velilla Moreno.
(…)

Sin embargo, frente a las funciones expuestas, la defensa del
candidato se fundamentó en la taxatividad de las
inhabilidades, de tal manera que el ejercicio de la autoridad
administrativa solo se desprende de aquellos servidores
públicos que desempeñen las funciones expresamente

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señaladas en el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 136
de 1994 y en este sentido para el investigado el señor JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO en su calidad de Rector, no
ejerce ninguna de esas funciones.

Es así como se configura el último elemento de causal de
inhabilidad, atinente al ejercicio de autoridad administrativa. Tal
como lo expuso esta Corporación, de acuerdo a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, los rectores de
instituciones educativas públicas son empleados públicos
que ejercen autoridad administrativa siguiendo el criterio
funcional, dado que tienen señaladas en la ley funciones de
ejercicio de poder y mando, especialmente las de ordenador
del gasto de Fondos de Servicios Educativos y celebración de
contratos, autoridad que ejerce JORGE ENRIQUE AGRADO
RESTREPO como Rector en propiedad, en un municipio
certificado para la administración del Sector Educación.
(…)

En virtud de lo anterior, en el presente caso existe mérito para
proceder a la revocatoria de inscripción del ciudadano GABRIEL
BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.218.525, como candidato a la Alcaldía del
Municipio de Cartago, Departamento de Valle del Cauca, avalado
por el Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS, para las
elecciones de autoridades locales que se realizarán el veintisiete
(27) de octubre de dos mil diecinueve (2019), y, por tanto, se
procederá al archivo del expediente correspondiente […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).

El mismo 2 de octubre de 2019, durante la audiencia pública llevada
a cabo por la autoridad electoral, el apoderado del entonces
candidato interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm.
5575 de 2 de octubre de 2019, sustentado mediante escritos de 3 y
7 de octubre de 2019 en los que indicó que no hubo un estudio
pormenorizado del elemento que circunscribe el ejercicio de la
autoridad administrativa por parte del rector y la falta de
competencia del Consejo Nacional Electoral para la expedición del
acto recurrido con fundamento en el principio de preclusividad de las
etapas del proceso electoral, prevalencia del principio constitucional

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del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales y
políticos del movimiento MAIS.

Fue así como el Consejo Nacional Electoral decidió revocar la
Resolución núm. 5575 de 2 de octubre de 2019, a través de la
expedición de la Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de 2019,
con la que restableció la inscripción del señor GABRIEL BENJAMÍN
AGRADO RESTREPO como candidato a la Alcaldía Municipal de
Cartago (Valle del Cauca) para las elecciones de 27 de octubre de
2019, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] Así las cosas, el Decreto 140 de 29 de diciembre de 2016
"POR EL CUAL SE DETERMINA LA ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CARTAGO
(VALLE), SE FIJAN LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS
QUE LA INTEGRAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES",
dispuso que el alcalde del Municipio de Cartago, Departamento de
Valle del Cauca, en ejercicio de las atribuciones Constitucionales y
legales, en especial las consignadas en el artículo 315 de la
Constitución Política, en las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012; y
en desarrollo de las autorizaciones extraordinarias otorgadas por el
Concejo Municipal mediante el Acuerdo 001 de febrero 29 de 2016,
en aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley 489 de 1998
y para cumplimiento de las competencias consignadas en las Leyes
715 de 2001, 1176 de 2007, delegó en cabeza de la Secretaria
de Educación Municipal de Cartago-Valle del Cauca, aspectos
como:

i) manejo del personal vinculado con las Instituciones
Educativas del Municipio el literal b del numeral ii en su
artículo 40, el cual dispone: “Administrar, ejerciendo las facultades
señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones
educativas, el personal docente y administrativo de los planteles
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de
conformidad con la Ley 715 de 2001 o las normas que la modifiquen
o sustituyan, para ello, coordinará la realización de concursos,
efectuará los nombramientos del personal requerido, administrara
las ascensos”,

ii) administración y distribución entre los establecimientos
educativos de su jurisdicción los recursos financieros

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provenientes del Sistema General de Participaciones,
consagrado en el literal a del numeral ii en su artículo 40,
así: “Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos
de su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema
General de Participaciones, destinados a la prestación de los
servicios educativos a cargo del Municipio, atendiendo los criterios
establecidos en la Ley 715 de 2001 o las normas que la modifiquen
o sustituyan, y en sus normas reglamentarias.”,

y iii) la facultad para la investigación de faltas disciplinarias
“funciones propias de la Oficina de Control Disciplinarios de
la Secretaría De Educación”, funciones que mediante varias
resoluciones aportadas en el recurso de reposición, son suscritas por
Martha Cecilia Díaz Loaiza, en su calidad de Secretaria de Educación
Municipal de Cartago-Valle del Cauca,

con lo que queda plenamente establecido que las funciones
que revisten al señor Jorge Enrique Agrado Restrepo con
autoridad administrativa dentro del municipio fueron
reasignadas a la Secretaria de Educación Municipal por parte
del Decreto mencionado en los apartes citados y como la
inhabilidad contenida el artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
exige para su configuración la concurrencia de cuatro
elementos a saber; un vínculo, un factor territorial, un factor
temporal y un ejercicio de autoridad, último que quedo
desvirtuado con la pruebas allegadas, no es posible predicar
la configuración de la citada inhabilidad.
(…)

Así las cosas, con respecto al ejercicio de autoridad del Rector del
Colegio Indalecio Penilla se concluye que las motivaciones
presentadas por el impugnante, aunadas a las nuevas
pruebas aportadas, evidencian que, para el caso concreto en
el Municipio de Cartago, Departamento de Valle del Cauca,
el Rector no ostenta ninguna clase de autoridad en virtud
que dichas competencias fueron reasignadas a la Secretaria
de Educación Municipal mediante el Decreto 140 de 29 de
diciembre de 2016 "POR EL CUAL SE DETERMINA LA
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DE CARTAGO (VALLE), SE FIJAN LAS
FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS QUE LA INTEGRAN Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" situación particular y
aplicable exclusivamente a este caso por la expedición del
citado Decreto.

Por lo tanto se repondrá la Resolución Nº 5575 del 01 de octubre de
2019, en el sentido de NO REVOCAR la inscripción del
ciudadano GABRIEL BENJAMIN AGRADO RESTREPO,

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identificado con cédula de ciudadanía No. 16.218.525, como
candidato a la Alcaldía del Municipio de Cartago,
Departamento de Valle del Cauca, avalado por el Movimientq
Alternativo Indígena y Social - MAIS, para las elecciones de
autoridades locales que se realizarán el veintisiete (27) de
octubre de dos mil diecinueve (2019) y se NIEGA el recurso
interpuesto por el Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS
a través de su Representante, toda vez que el mismo fue sustentado
de manera extemporánea esto es el 7 de octubre de 2019 […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Es a partir de esta actuación surtida ante el Consejo Nacional
Electoral, específicamente desde la expedición de la Resolución núm.
5724 de 15 de octubre de 2019, que el Tribunal consideró que en la
decisión final del accionado de participar en las elecciones de 27 de
octubre de 2019 medió una autoridad administrativa especializada
en materia electoral, resultando favorecido con una decisión53 que
así se lo permitió y provocando en él confianza y convicción para
intervenir como candidato a la Alcaldía Municipal de Cartago (Valle
del Cauca), sin inhabilidad originada en el desempeño de su hermano
como rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO
PENILLA’, lo que, en términos del a quo, imposibilitó la
estructuración del elemento subjetivo en el caso sub lite.

Agregó que la calidad de concejal del accionado se dio en virtud de
lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909, situación
fáctica que impide aplicar la misma interpretación vertida por esta

53 Al tenor del artículo 265-12 de la Constitución Política: “[…] Artículo 265. <Artículo
modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>
El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos,
de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los
principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y
administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:
(…) 12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o
cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en
causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la
elección de dichos candidatos […]”.

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Sección en la sentencia de 8 de junio de 201854, amén de que, en
este caso, no se acreditó una conducta dolosa o culposa por parte
del señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO que haga
viable la pérdida de investidura pretendida, pues su actuar estuvo
amparado en la decisión del Consejo Nacional Electoral.

Indicó también, como argumento exonerativo de responsabilidad del
accionado, que si bien el Consejo Nacional Electoral analizó la
inhabilidad enrostrada a partir de la establecida para alcaldes en el
artículo 95, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 37
de la Ley 617, lo cierto es que su redacción coincide con la prevista
para concejales en el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, esto es que pese a la
divergencia de disposiciones no resultaron alterados los efectos
favorables de la citada Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de
2019.

V.5.2.1.- Del Acto Legislativo 2 de 1o. de julio de 201555, que
modificó el artículo 112 Constitucional, la Ley Estatutaria
1909 de 2018 y la Resolución núm. 2276 de 2019 del Consejo
Nacional Electoral56

54 Cit. Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2018, número único de radicación 66001-

23-33-000-2016-00080-01, consejero ponente Oswaldo Giraldo López. Solicitantes: Daniel
Silva Orrego y William Restrepo Cortés. Accionado: Fernando Antonio Pineda Tamayo. En
ese caso se decretó la pérdida de investidura de un concejal del municipio de Pereira
(Risaralda) toda vez que su padre ejerció autoridad administrativa como rector (E) de la
Institución Educativa “Mundo Nuevo” de ese ente territorial, dentro de los doce meses
anteriores a la elección.
55 “[...] Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste

institucional y se dictan otras disposiciones [...]”.
56 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Primera, sentencias de 28 de abril de 2022, número único de radicación
13001233300020210055201, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón y de 11 de
marzo de 2021, número único de radicación 15001-23-33-000-2020-01680-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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En cuanto a la normatividad que le permitió al accionado acceder al
cargo corporativo de concejal municipal de Cartago (Valle del Cauca),
luego de haberse postulado al cargo uninominal de alcalde municipal
de ese ente territorial y obtenido la segunda mejor votación, la Sala
recuerda que el artículo 1° del Acto Legislativo 2 de 2015 incorporó
una modificación al artículo 112 de la Constitución Política al
reconocer el ‘derecho personal’ a ocupar una curul en la corporación
pública respectiva, al candidato que le siga en votos a quien se
declare elegido por la autoridad electoral en el cargo de presidente y
vicepresidente de la República, gobernador de departamento y
alcalde distrital y municipal. Indica la precitada norma:

“[...] Artículo 1°. Adiciónense los incisos cuarto, quinto y sexto del
artículo 112 de la Constitución Política, los cuales quedarán así:
(…)

El candidato que le siga en votos a quien la autoridad
electoral declare elegido en el cargo de Presidente y
Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento,
Alcalde Distrital y Alcalde municipal, tendrá el derecho
personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de
Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y
Concejo Municipal, respectivamente, durante el período de la
correspondiente corporación.

Las curules así asignadas en el Senado de la Republica y en la
Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los
artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número
de miembros de dichas corporaciones.

En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas
de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con
la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.

Parágrafo transitorio. La asignación de las curules mencionadas
en este artículo no será aplicable para las elecciones celebradas en
el año 2015 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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Dicha norma fue incorporada en los artículos 24 y 25 de la Ley
Estatutaria 1909, en cuyo artículo 3° elevó la oposición a la categoría
de derecho fundamental autónomo, de conformidad con los artículos
40 y 112 Superiores. A la luz de dicho compendio normativo, ésta
goza de una especial protección del Estado y de las autoridades y le
permite proponer alternativas políticas, disentir, criticar, fiscalizar y
ejercer libremente el control político a la gestión de gobierno
mediante los instrumentos señalados en ese Estatuto de la Oposición
Política, sin perjuicio de los derechos previstos en otras leyes57.

En las deliberaciones que se dieron al interior del Congreso58,
quedaron consignadas las siguientes consideraciones:

“[…] El Acto Legislativo número 02 de 2015 incluyó dentro de esta
norma y con el claro propósito de estimular el ejercicio de la
oposición que de forma natural correspondería a quien ha perdido
la elección, que los candidatos que le sigan en votos a quien
la autoridad electoral declare elegido en el cargo de
Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de
Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendrá
el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara
de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo
Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el
período de la correspondiente corporación. Las curules así
asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171
y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros
de dichas corporaciones. En caso de no aceptación de la curul en las
corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se
asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules
prevista en el artículo 263 […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

57 Artículos 3° y 4°, de la Ley Estatutaria 1909 de 2018.
58 Gaceta 32 de 2017 de 1° de febrero de 2017: exposición de motivos al proyecto de ley

estatutaria número 03 de 2017, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición,
página 7.

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El artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909 reguló lo concerniente a las
curules en las corporaciones públicas de elección popular de las
entidades territoriales. A la luz de la citada norma, los candidatos
que sigan en votos a quien la autoridad electoral declare elegidos en
los cargos uninominales, esto es, gobernación, alcaldía distrital o
municipal, deben manifestar por escrito su decisión de aceptar o no
la curul en la corporación pública respectiva ante la comisión
escrutadora competente. Dicha norma señala:

“[…] Artículo 25. Curules en las corporaciones públicas de
elección popular de las entidades territoriales. Los candidatos
que sigan en votos a quienes la autoridad electoral declare elegidos
en los cargos de Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y
Alcalde Municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden,
una curul en las Asambleas Departamentales, Concejos Distritales
y Concejos Municipales respectivos, durante el período de estas
corporaciones. Con la organización política a que pertenezcan,
podrán intervenir en las opciones previstas en el artículo 7 de esta
ley y harán parte de la misma organización política.

Posterior a la declaratoria de elección de los cargos de Gobernador,
Alcalde Distrital y Municipal y previo a la de las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo
puesto en votación deberán manifestar por escrito ante la
comisión escrutadora competente, su decisión de aceptar o
no una curul en las Asambleas Departamentales y Concejos
Distritales y Municipales.

Otorgadas las credenciales a los gobernadores y alcaldes distritales
y municipales, la autoridad electoral les expedirá, previa
aceptación, las credenciales como diputados y concejales
distritales y municipales a los que ocuparon los segundos
puestos en la votación para los mismos cargos y aplicará la
regla general prevista en el artículo 263 de la Constitución para la
distribución de las curules restantes de Asambleas Departamentales
y Concejos Distritales y Municipales.

Si no hay aceptación de la curul se aplicará la regla general
prevista en el artículo 263 de la Constitución política para la
distribución de todas las curules de Asambleas

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Departamentales y Concejos Distritales y Municipales por
población [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-018 de 201859, al
ejercer el control de constitucionalidad previo, oficioso, automático e
integral del proyecto de ley que pasaría a convertirse en el Estatuto
de la Oposición Política, consideró que tal disposición era un
desarrollo directo del artículo 112 Constitucional, y en ella sostuvo:

“[…] Por lo demás, el artículo 25 del PLEEO es un desarrollo directo
de los incisos 4º y 6º del artículo 112 Superior, adicionado por el
Acto Legislativo 02 de 2015. En primer lugar, el legislador
estatutario estableció que “los candidatos que sigan en votos a
quienes la autoridad electoral declare elegidos en los cargos de
Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal,
tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las
Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Concejos
Municipales respectivos, durante el período de estas corporaciones”,
ello reproduce el inciso 4º del artículo 112 por lo que no genera
problema de constitucionalidad alguno. A su vez, señala que en
dichas corporaciones colegiadas harán parte de la organización
política a la cual pertenecen, es decir, tal como sucede con el
candidato a presidente y vicepresidente el legislador estatutario
busca fortalecer el ejercicio de la oposición política canalizada a
través de partidos y movimientos políticos y no recurriendo al
ejercicio personalista de la política.

Los siguientes tres incisos del artículo 25 bajo revisión incorporan
las reglas procedimentales para la distribución de las curules, habida
cuenta de que a diferencia de lo que sucede en el inciso 2º del
artículo 112 tratándose de las curules otorgadas al candidato que le
siga en votos al presidente y vicepresidente de la República electos,
el constituyente no previó una regla determinada para la
distribución de dichas curules en los Concejos y Asambleas. En
primer lugar, se establece que el candidato que siga en votación al
gobernador de departamento o alcalde municipal o distrital electo,
deberá manifestar su voluntad de acceder a la curul en la asamblea
o el concejo municipal o distrital respectivamente. El inciso 6º del
artículo 112 superior, señala la consecuencia derivada de la “no
aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades

59 Corte Constitucional, sentencia C-018 de 4 de abril de 2018, magistrado ponente
Alejandro Linares Cantillo.

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territoriales […]”, de donde razonablemente se infiere que entre la
certificaciones de los resultados electorales por parte de la autoridad
electoral y el otorgamiento de la curul en la asamblea o el concejo
debe mediar una aceptación, de donde se sigue que el requisito de
manifestar por escrito ante la comisión escrutadora competente, su
decisión de aceptar o no una curul en las Asambleas
Departamentales y Concejos Distritales y Municipales, incorporado
en el PLEEO bajo análisis se encuentra dentro de las competencias
del legislador estatutario.

Por su parte, el inciso tercero del artículo 25 señala que una vez
otorgadas las curules en la asamblea, concejo municipal o distrital,
según corresponda, se procederá al cálculo de las demás curules en
los términos del artículo 263 de la Constitución. Así, este inciso
tampoco se opone a lo dispuesto en la Constitución Política, en la
medida, en que a diferencia de lo que sucede con las curules en
senado y cámara, el constituyente no previó un aumento en el
número de miembros de dichas corporaciones colegiadas, como
tampoco previó la modificación expresa del sistema de reparto de
curules en dichas corporaciones, por lo cual, de una lectura
sistemática de la Constitución debe entenderse que el reparto se
hace de conformidad con el artículo 263 superior, tal y como lo hace
en este caso el legislador estatutario.

Finalmente, el último inciso del artículo 25 señala como
consecuencia de la no aceptación de la curul la aplicación de “la regla
general prevista en el artículo 263 de la Constitución política para la
distribución de todas las curules de Asambleas Departamentales y
Concejos Distritales y Municipales por población”, este inciso
tampoco plantea problema constitucional alguno, en la medida en
que reproduce el inciso sexto del artículo 6º del artículo 112,
otorgándole a la no aceptación de la curul por parte del candidato
derrotado la misma consecuencia que ya había sido prevista por el
constituyente […]”.

Resulta claro, entonces, que el legislador estatutario, en desarrollo
directo del artículo 112 de la Constitución Política, le brinda la
oportunidad al candidato con segunda mayor votación en las
elecciones uninominales de ocupar una curul en la respectiva
corporación pública, lo cual permite que dichos candidatos tengan
representación visible en el cuerpo colegiado con el fin de que se
puedan convertir en una fuerza alternativa de oposición, presenten

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iniciativas de interés regional y ejercer el control político, con lo cual
se garantiza la representación popular de la fuerza política vencida.

En este sentido, resulta importante traer a colación las
consideraciones esgrimidas en el proyecto de Acto Legislativo 7 de
2014 “[...] Por medio del cual se reforman los artículos 112, 171,
176, 299 y 312 de la Constitución Política de Colombia. [Candidatos
a cargos uninominales como congresistas] [...]” 60, en el cual se
invocaron las siguientes motivaciones:

“[…] Con el artículo 1º se ordena introducir en el artículo 112 de la
Constitución Política vigente un inciso final. De aprobarse este
proyecto, tal como lo esperamos, los candidatos a los cargos de
Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de
Departamento, Alcaldes de Distrito y Municipio que sigan en votos
a quienes la Organización Electoral declare elegidos en estos cargos,
tendrán asiento en el Senado, en la Cámara de Representantes, en
la Asamblea Departamental, en los Concejos Distritales y Concejos
Municipales respectivos, durante el período para el cual se hizo la
correspondiente elección.

De esa manera se aumenta con una curul el número de
Senadores, Representantes, Diputados, Concejales
Municipales y Concejales Distritales, con el ánimo de
profundizar y extender la representación popular en tanto
un conjunto de ciudadanos, aquellos que votaron por el
candidato no elegido, la adquieren en las corporaciones de
origen popular así: a nivel nacional en el Senado, a nivel
regional en la Cámara, a nivel departamental en las
Asambleas, a nivel distrital y municipal en los Concejos
Distritales y Concejos Municipales.

Con la normatividad vigente, quienes votan por el candidato
que pierde la elección prácticamente depositan un voto
ineficaz, porque este candidato desaparece de la vida

60 “[...] Por medio del cual se reforman los artículos 112 171, 176, 299 y 312 de la
Constitución Política de Colombia [...]”. Gacetas 369 de 2014 (publicación del proyecto de
acto legislativo) y 438 del 2014 (publicación de la ponencia de primer debate). El autor del
citado proyecto fue el senador Eduardo Enríquez Maya. Cabe destacar que de forma paralela
se tramitó la reforma de equilibrio de poderes del acto legislativo 2 de 2015, en el cual se
incorporó la reforma al artículo 112 de la Constitución, con ocasión de la proposición
presentada por el senador Eduardo Enríquez Maya. (página 34 de la Gaceta 765 del 2014).

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política y esta circunstancia desanima al elector y es causa,
entre otras, de la abstención electoral. Se pretende, en
cambio del régimen actual, darle pleno valor al voto
ciudadano, pues no solo el ciudadano que vota por un
candidato que resulta ganador tendrá representación
visible, sino que la tendrán también los ciudadanos cuyos
candidatos siguen en votos. Es obvio que los elegidos
representan al pueblo sin distinción de ninguna clase entre
quienes votaron a su favor o a favor de otros que no
resultaron elegidos, pero se aspira con estas modificaciones
a que las ideas y planteamientos que se hacen en las
campañas electorales no se diluyan y puedan tener eco y
posibilidad de realización.

En ese orden de ideas, estamos hablando de una representación
tangible, visible y eficaz de un universo compuesto de ciudadanos
que depositan su voto, pero que sus ideas no se materializan, sino
que las ven perderse, desperdiciarse y no ser utilizadas. Y, por
supuesto, nos estamos refiriendo a la participación que pueden y
deben tener aquellos ciudadanos que exponen criterios y métodos
distintos en la conducción del Gobierno, en la concepción de la
representación democrática y en el manejo de los bienes del Estado.

De ese modo, buscamos que también tenga representación
visible y eficaz quien sufraga, pero no logra que sus
candidatos sean elegidos. A través de la fórmula que
proponemos al Congreso y a la opinión pública, podrán analizarse
las ideas y proyectos que un líder expuso en la respectiva
campaña electoral, y el programa no escogido por el
electorado puede contar y ser estimado como una
alternativa legítima y, al mismo tiempo, se abre a los candidatos
la oportunidad de contribuir desde las corporaciones públicas al
ejercicio del poder político, como conductores políticos y jefes de la
oposición, si es del caso.

Obsérvese que la Constitución Política garantiza el derecho de los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica a declararse
en oposición al Gobierno y, posteriormente a esta declaración,
pueden ejercer la función crítica, y planear y desarrollar alternativas
políticas. Si bien el derecho a la oposición se consagró
explícitamente, los instrumentos para hacerla efectiva son apenas
el acceso a la información y a la documentación oficial, el uso de los
medios de comunicación del Estado, del espectro electromagnético
y la réplica en los mismos medios de comunicación.

Dejó de mencionarse un derecho que surge por generación
espontánea de las elecciones y de las posiciones políticas distintas a
la oficial o a la mayoritaria. Se trata del derecho de los candidatos

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perdedores en las elecciones a tener representación visible y eficaz
en las corporaciones y a plantear inquietudes y proyectos sobre la
manera como debe conducirse el Gobierno y cómo deben
solucionarse los problemas que ordinariamente atraviesa la
comunidad. No hacer efectivo este derecho constituye un deterioro
de la representatividad que en los países desarrollados cada día se
aumenta y profundiza.

Las últimas experiencias son reflejo de varias inconsistencias y
contradicciones. Los candidatos perdedores en elecciones
uninominales no llegan a las corporaciones públicas y carecen de
espacios oficiales en los cuales puedan expresar libre y
permanentemente sus opiniones. Este sistema priva a la comunidad
de una contribución eficiente y de conocimientos respecto del papel
que deben desempeñar los partidos políticos y sus directores en el
desenvolvimiento de la administración pública y el desarrollo de la
vida política.

Los candidatos a la Presidencia, a la Vicepresidencia, a las
gobernaciones y las alcaldías que no fueron elegidos a pesar de
contar con guarismos importantes de votación se esfuman, y con
ellos los planteamientos y programas que en razón de las jornadas
electorales expusieron públicamente a la comunidad.

El derecho a integrar las corporaciones públicas es intuitu
personae, es decir, se concede por los atributos personales
y por los votos que la ciudadanía deposita a favor del
candidato. Por este motivo, no es susceptible de transferirse
a ninguna persona como consecuencia de la función
electoral que lo genera. El titular de este derecho no puede
ser reemplazado y la renuncia, en el evento de presentarse,
le haría perder la respectiva curul con la consiguiente
responsabilidad política de quien así actúa [...]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

Ahora bien, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución núm.
2276 de 11 de junio de 2019 “[...] Por medio de la cual se establecen
medidas para la aplicación del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018
[...]”, la cual dispuso:

[…] ARTÍCULO SEGUNDO: OPORTUNIDAD PARA ACEPTAR LA
CURUL EN LA CORPORACIÓN PÚBLICA.- Dentro de las 24 horas
siguientes a la declaratoria de elección de los cargos de gobernador,
alcalde distrital y/o municipal y previo a la de las asambleas

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departamentales y concejos distritales y/o municipales,
respectivamente, los candidatos que ocuparon el segundo (2)
puesto en votación, deberán manifestar por escrito, por una
sola vez, y sin posibilidad de retracto, su decisión de aceptar
o no una curul en las asambleas departamentales y concejos
distritales y/o municipales [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Esa expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”, fue demandada
ante esta jurisdicción. En dicha oportunidad, la demandante señaló
que ese precepto normativo fue expedido con violación del
preámbulo y los artículos 13, 150, numerales 1 y 2, de la Constitución
Política; 25 de la Ley Estatutaria 1909; y 137 de la Ley 1437 de 18
de enero de 201161, por lo que el Consejo Nacional Electoral se había
excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria, al usurpar una
competencia del legislador estatutario.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, que conoció del asunto,
mediante sentencia de 16 de diciembre de 202062, denegó las
pretensiones de nulidad y declaró ajustada a derecho la expresión
“[…] y sin posibilidad de retracto [...]”63, para lo cual hizo un análisis
de la naturaleza de la facultad constitucional en cabeza del Consejo
Nacional Electoral, de lo que concluyó que: (i) esa institución, por
mandato constitucional, tiene a su cargo la suprema inspección y
vigilancia de la organización electoral, por lo que en ejercicio de
dichas atribuciones puede expedir las normas de carácter operativo
y administrativo en asuntos de su competencia; (ii) la Ley Estatutaria

61 “[...] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo [...]”.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

16 de diciembre de 2010, número único de radicación 11001-03-28-000-2019-00060-00
(acumulados), consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
63 En dicha sentencia también se analizó si el Consejo Nacional Electoral, al expedir el

parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019 se excedió en el ejercicio de la
potestad reglamentaria, en relación con la prohibición de tener en cuenta los votos en blanco
para efectos del artículo 25, de la Ley Estatutaria 1909 de 2018.

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1909, si bien no hizo referencia a la posibilidad de retracto, lo
concerniente a la aceptación o no de la curul incide en el reparto de
las curules de la respectiva corporación; y (iii) el precepto de análisis
es una norma de carácter operativo o técnico que permite garantizar
el cumplimiento de los derechos y garantías de los diferentes
partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que participan en la
contienda electoral.

Así las cosas, del examen de los elementos normativos y
jurisprudenciales anunciados, es posible extraer las siguientes
reglas:

(i) Por mandato constitucional, le surge el derecho personal al
candidato que le siga en votos al primero, de decidir si acepta o no
el llamado a ocupar una curul en la respectiva corporación territorial,
según lo dispone el artículo 112 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1909. En este
sentido, el ordenamiento superior le otorga al candidato que obtuvo
la segunda mayor votación en las elecciones al cargo uninominal, -
entiéndase presidente, vicepresidente, gobernador departamental o
alcalde distrital o municipal-, la oportunidad de manifestar su
decisión de aceptar o no un escaño en la corporación pública que
corresponda, de tal manera que depende de su voluntad la
consolidación de su derecho.

(ii) El candidato debe manifestar, oportunamente, su aceptación para
ocupar el respectivo escaño corporativo, dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes a la declaratoria de elección del cargo
uninominal, por escrito y sin posibilidad de retracto, ante la comisión
escrutadora competente, según lo dispone el artículo 2° de la

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Resolución 2276 de 2019, acto administrativo cuya presunción de
legalidad nunca ha sido desvirtuada, al punto que esta jurisdicción
declaró ajustada a derecho dicha expresión como atrás quedó
analizado.

(iii) La sentencia de 16 de diciembre de 2020, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró la legalidad
de la expresión “[…] y sin posibilidad de retracto [...]”, contenida en
el artículo 2° de la Resolución 2276 de 2019, es de obligatorio
cumplimiento64 y tiene efectos erga omnes con relación a la causa
petendi analizada, como lo dispone el artículo 189 del CPACA, cuyo
tenor literal es el siguiente:

[….] Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que
declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá
fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la
causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas
que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad
producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una
ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios
[…].

V.5.2.2.- De los efectos de la Resolución núm. 5724 de 15 de
octubre de 2019, expedida por el Consejo Nacional Electoral,
en el análisis de la conducta del accionado

64 Cabe destacar que dicha providencia fue notificada el 18 de diciembre de 2020 y la última

constancia secretaria señala que se ordenó el archivo de dicho proceso.

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Recorrido el citado contexto normativo y verificado el acervo
probatorio recaudado en este proceso, la Sala observa, contrario a lo
concluido por el Tribunal, que lo resuelto en la Resolución núm. 5724
de 15 de octubre de 2019, por el Consejo Nacional Electoral, bajo
ninguna circunstancia logra eximir de responsabilidad subjetiva al
señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, menos aún le
podía haber generado algún tipo de confianza o convicción para
esquivar los efectos de la inhabilidad prevista en el artículo 43,
numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
esto es para inscribirse a las elecciones de 27 de octubre de 2019 y
aceptar la curul de concejal municipal que le otorgó el Estatuto de
Oposición Política, a pesar de que su hermano había ejercido
autoridad administrativa, en calidad de rector de la Institución
Educativa ‘INOCENCIO PENILLA’, durante los doce meses
anteriores a la elección.

Esto, por cuanto el Consejo Nacional Electoral fundó su decisión en
una interpretación errática del alcance y contenido del Decreto
municipal núm. 140 de 29 de diciembre de 2016, expedido por la
Alcaldía Municipal de Cartago (Valle del Cauca), para inferir que todas
aquellas funciones que implicaban autoridad administrativa del rector
JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO habían sido asumidas en
forma directa por la Secretaría de Educación Municipal, y porque la
realidad probatoria acumulada en este proceso de pérdida de
investidura permite evidenciar un escenario completamente distinto
en el que el hermano del accionado sí fungió, de forma pública y
continuada, como ordenador del gasto de la Institución Educativa
‘INOCENCIO PENILLA’.

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V.5.2.2.1.- Las funciones de los rectores de las instituciones
educativas públicas son de origen legal y reglamentario

Por una parte, no es viable concluir que las funciones de autoridad
administrativa que revestían al señor JORGE ENRIQUE AGRADO
RESTREPO fueron reasignadas a la Secretaría de Educación
Municipal de Cartago (Valle del Cauca) con el Decreto municipal núm.
140 de 29 de diciembre de 201665, toda vez que tal afirmación
desconoce abiertamente que los deberes y obligaciones funcionales
de los rectores de las instituciones educativas públicas, como en el
caso concreto, están determinadas en los artículos 130, 131, 132,
143, 145 de la Ley 115; y 10º, 12, 13, 14 y 76.17 de la Ley 715,
entre otros, así como en las disposiciones del Decreto 4791 de 19 de
diciembre de 200866, compilado en el Decreto 1075 de 26 de mayo
de 201567, expedidos por el Gobierno Nacional, régimen legal que
permanece inalterado con la expedición de un acto administrativo de
orden municipal.

Tal como lo recoge insistentemente la jurisprudencia relacionada en
esta providencia y que antecede en mucho la ocurrencia de los
hechos bajo análisis, esas labores implican la configuración de
autoridad administrativa, circunstancia que el Consejo Nacional
Electoral no podía obviar con la lectura ligera y apresurada de un

65 Este decreto fue expedido en desarrollo de las facultades pro tempore otorgadas por el

Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), a través del Acuerdo núm. 001 de 29 de
febrero de 2018, al alcalde de ese municipio para que adelante, dentro del marco de la
Constitución y la Ley, el proceso de modificación a la estructura administrativa del ente
territorial, creando, modificando, fusionando y/o suprimiendo para ello, dependencias de
acuerdo a la capacidad financiera y a la población atendida por la Administración Municipal.
66 “[…] Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 715

de 2001 en relación con el Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos
estatales […]”.
67 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación

[…]”.

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decreto municipal cuyo único objetivo fue introducir reformas locales
en la estructura de la administración para crear, modificar, fusionar
o suprimir ciertas dependencias en aras de optimizar los recursos del
erario destinados a fines de funcionamiento.

Opuesto a despojar de sus deberes funcionales a los rectores del
municipio, este decreto lo que hizo en su artículo 40 fue establecer
que dicha dependencia tiene a su cargo “[…] las funciones de control
de la prestación del servicio educativo en el municipio, mediante la
coordinación de acciones con entidades del orden departamental y
nacional. Adicionalmente desarrollará las funciones y atribuciones
correspondientes a las competencias señaladas en la Constitución y
la Ley para los sectores de Cultura, Deporte, Recreación, Educación
Física y aprovechamiento del tiempo libre […]”, sin que hubiese
siquiera intentado la supresión o traslado de las labores en cabeza
de los rectores municipales o, menos aún, sin que ello entre en
conflicto o cercene el cumplimiento de las labores legalmente
reservadas para estos.

En medio de muchas de las funciones que allí aparecen organizadas
a disposición de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago
(Valle del Cauca), las transcritas por la Resolución núm. 5724 de 15
de octubre de 2019 son las del artículo 40, numeral II, literales a) y
b) del pluricitado Decreto municipal núm. 140 de 29 de diciembre de
2016 que prevén:

“[…] 40. Secretaria de Educación
(…)

De igual manera cumplirá los siguientes procesos y funciones
programáticas, de manera coordinada entre las competencias a su
cargo:

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(…)

II. Con Relación a la Administración Educativa

a) Administrar y distribuir entre los establecimientos educativos de
su jurisdicción los recursos financieros provenientes del Sistema
General de Participaciones, destinados a la prestación de los
servicios educativos a cargo del Municipio, atendiendo los criterios
establecidos en la Ley 715 de 2001 o las normas que la modifiquen
o sustituyan, y en sus normas reglamentarias.

b) Administrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo
153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas, el personal
docente y administrativo de los planteles educativos, sujetándose a
la planta de cargos adoptada de conformidad con la Ley 715 de 2001
o las normas que la modifiquen o sustituyan, para ello, coordinará
la realización de concursos, efectuará los nombramientos del
personal requerido, administrará las ascensos, sin superar en
ningún caso el monto de los Recursos de Participación para
Educación del Sistema General de Participaciones asignado a la
respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre
instituciones educativas, sin más requisito legal que la expedición
de los respectivos actos administrativos debidamente motivados
[…]”.

Y agregó que como la facultad para la investigación de faltas
disciplinarias ‘son funciones propias de la Oficina de Control
Disciplinario de la Secretaría de Educación Municipal’, tampoco la
tenían los rectores de ese municipio.

Perdió de vista el Consejo Nacional Electoral que estos deberes de la
Secretaría de Educación Municipal de Cartago (Valle del Cauca) se
entienden integrados y complementarios, a diferencia de lo sostenido
en la citada resolución electoral, a las funciones de los rectores de
las instituciones educativas públicas que, además de sus actividades
docentes o pedagógicas, ostentan facultades legales y
reglamentarias para controlar el cumplimiento de las funciones del
personal docente y administrativo; administrar el personal asignado
a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos o

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la participación en la definición de perfiles para la selección del
personal docente y en su selección definitiva; reportar novedades e
irregularidades del personal a la Secretaría de Educación distrital,
municipal, departamental o quien haga sus veces; ejercer el poder
disciplinario y administrar el Fondo de Servicios Educativos; celebrar
los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos
vinculados a dichos Fondos en las condiciones y dentro de los límites
que fijen los reglamentos; distribuir las asignaciones académicas y
demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos
a su cargo; la realización de la evaluación anual del desempeño de
los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, así
como la imposición de las sanciones disciplinarias propias del
sistema de control interno disciplinario.

Al respecto, por ser aplicables al presente asunto, la Sala prohíja las
consideraciones que reiteradamente ha expuesto en torno a los
conceptos jurídicos y opiniones solicitadas por los concejales a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las
asesorías jurídicas requeridas a profesionales del derecho, toda vez
que también son criterios exigibles a las decisiones proferidas por las
autoridades administrativas, en este caso de naturaleza electoral, y
frente a las cuales el accionado invoca razones para exonerarse de
responsabilidad:

“[…] La Sala reitera que no es cualquier gestión la que
permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien
es acusado de haber incurrido en una causal de pérdida de
investidura; no por el solo hecho de haber elevado una
consulta o formulado una inquietud a una entidad de
derecho público o a un particular, se debe tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente, como se ha
hecho referencia en líneas atrás, el análisis de la culpabilidad del
accionado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación de

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auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por aquel.

En los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a entidades
públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender
por la formulación correcta y completa de las preguntas, con el
acompañamiento, de ser necesario, de la documentación y demás
elementos para su debida comprensión, inquietud que debe
coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos que son verdaderos
motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de pérdida
de investidura. Por su parte, para responder el asunto que se
ha encomendado, las apreciaciones o recomendaciones
jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías, deben ser
conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad,
congruencia, pertinencia y sustentación razonada en su
elaboración, de modo tal que de éstos se desprenda un
convencimiento justificado, defendible y razonable de no
estar incurso en una conducta constitutiva de pérdida de
investidura68 […]”69 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Luego de someter la Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de 2019
al filtro de idoneidad expuesto por la Sala, se evidencia que en ese
acto se desconoció flagrantemente la jurisprudencia que, de forma
pacífica sobre la autoridad administrativa de los rectores, ha sido
vertida por la jurisprudencia de la Sección desde mucho antes de la
ocurrencia de los hechos del caso concreto; su decisión estuvo
precedida de un análisis apresurado y carente de una mínima
rigurosidad jurídica, sin congruencia, pertinencia y sustentación
razonada en su elaboración, y le otorgó unos alcances al Decreto
municipal núm. 140 de 29 de diciembre de 2016 que claramente no
tiene, sin dejar de mencionar que lo malinterpretó.

68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 11 de marzo de 2021, número único de radicación 15001233300020200006501,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 21 de mayo de 2021, número único de
radicación 68001233300020200017201 (PI), consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón; y de 24 de junio de 2021, número único de radicación 68001233300020190094201,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

28 de abril de 2022, número único de radicación 13001233300020210055201, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón.

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El accionado, en este sentido, tuvo la oportunidad de interrumpir su
candidatura no solo desde antes de inscribirse a las contiendas
electorales de 27 de octubre de 2019, momento para el cual ya
estaba configurada su inhabilidad, sino también después de advertir
el craso error del Consejo Nacional Electoral en el trámite de
revocatoria de su inscripción e incluso después cuando, habiendo
obtenido la segunda votación, decidió aceptar voluntaria y libremente
la curul en el Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca),
instante último en el que pudo haber evitado la consumación de la
referida prohibición del artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, y aun
así no lo hizo.

No es de recibo la excusa según la cual la Resolución núm. 5724 de
15 de octubre de 2019 generó confianza y convicción en el accionado
para mantener su inscripción y aceptar el cargo de concejal municipal
de Cartago (Valle del Cauca); por el contrario, se observa la intención
del señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO de sacar
provecho de una decisión administrativa a todas luces errática y así
evadir los efectos nocivos de una conducta que estuvo en capacidad
de conocer desde el principio.

V.5.2.2.2.- De la contratación ejecutada por el señor JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO, entre el 27 de octubre de 2018
y 27 de octubre de 2019, en calidad de rector de la Institución
Educativa ‘INOCENCIO PENILLA’

Reposan sólidas e incontrovertibles razones que también impiden
que la decisión contenida en la Resolución núm. 5724 de 15 de
octubre de 2019 logre exculpar al accionado, consistentes en la

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sucesiva contratación que ejecutó el rector de la Institución
Educativa ‘INOCENCIO PENILLA’ como ordenador del gasto,
elaborador del proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos
del Fondo de Servicios Educativos, liquidador de dicho presupuesto,
y responsable de la formulación, adopción, ejecución y coordinación
de la ejecución del plan de compras, elementos que contra
evidencian lo sostenido en aquel acto administrativo, según el cual
ese tipo de actividades le había sido ‘removida’ de sus funciones al
rector y asignadas a la Secretaría de Educación Municipal.

En efecto, en respuesta al Oficio núm. 0953/2023-00550-00 ROCB
de 6 de septiembre de 2023, el rector (E) de la Institución Educativa
‘INOCENCIO PENILLA’ allegó a este expediente, a través de
comunicado de 8 de septiembre de 2023, todos los contratos
celebrados por el hermano del accionado durante los años 2018 y
2019, pruebas que desvirtúan la veracidad de las apreciaciones
señaladas por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución núm.
5724 de 15 de octubre de 2019.

Los siguientes veintisiete contratos fueron celebrados directamente
por el rector de la Institución Educativa ‘INOCENCIO PENILLA’,
señor JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO, en el lapso
comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y 27 de octubre de
2019, así:

# CONTRATO FECHA OBJETO VALOR IMPUTACIÓN
CELEBRACIÓN PRESUPUESTAL

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Adquisición de dos
portátiles para el manejo Compromiso
ORDEN DE de procesos académicos presupuestal núm.
SUMINISTRO del programa SEVE, 0000000020 de 26
DE BIENES Y 29 de octubre de impresora para Secretaría de octubre de
1 $6.050.000
SERVICIOS 2018 (SIMAT) y escáner para 2018. Rubro:
NÚM. SRE- digitalización de 2.2.1.03.01
014-2018 documentos de la “Equipos de
Institución Educativa oficina”.
INDALECIO PENILLA.
Compra de taladro Compromiso
ORDEN DE rotomartillo como material presupuestal núm.
SUMINISTRO de enseñanza para el taller 0000000023 de 13
DE BIENES Y 15 de noviembre de construcciones civiles de noviembre de
2 $900.000
SERVICIOS de 2018 de la Institución Educativa 2018. Rubro:
NÚM. SRE- INDALECIO PENILLA, sede 2.1.2.1.05
015-2018 principal Instituto Técnico “Materiales y
Industrial. suministros”.
Suministro de materiales Compromiso
electrónicos como material presupuestal núm.
ORDEN DE didáctico del aula de 0000000024 de 16
SUMINISTRO 21 de noviembre tecnología de la Institución de noviembre de
3 $909.333
NÚM. SRE- de 2018 Educativa INDALECIO 2018. Rubro:
017-2018 PENILLA, sede principal 2.1.2.1.05
Instituto Técnico “Materiales y
Industrial. suministros”.

Elaboración e impresión de Compromiso
formatos necesarios para presupuestal núm.
ORDEN DE 0000000027 de 16
el control y seguimiento de
SUMINISTRO 16 de noviembre de noviembre de
4 procesos de los $1.680.000
NÚM. SRE- de 2018 2018. Rubro:
estudiantes de la 2.1.2.1.08
019-2018
Institución Educativa “Impresos y
INDALECIO PENILLA. publicaciones”.
Diplomas de bachilleres
2018, actas de grado,
menciones de honor y
certificaciones de grado 0 y Compromiso
9, exaltaciones y presupuestal núm.
ORDEN DE reconocimientos de los 0000000026 de 16
SUMINISTRO 16 de noviembre estudiantes, docentes y de noviembre de
5 $5.076.500
NÚM. SRE- de 2018 benefactores, empastado 2018. Rubro:
020-2018 y encuadernación de libros 2.1.2.1.08
reglamentarios de la sede “Impresos y
principal y las que publicaciones”.
conforman la Institución
Educativa INDALECIO
PENILLA.

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Compromiso
Materiales para realizar presupuestal núm.
ORDEN DE reparación malla de 0000000029 de 16
de noviembre de
SUMINISTRO 3 de diciembre encerramiento de la
6 $2.350.000 2018. Rubro:
NÚM. SRE- de 2018 Institución Educativa 2.2.2.01
021-2018 INDALECIO PENILLA, sede “Mantenimiento de
principal Instituto Técnico. infraestructura
educativa”.
Compromiso
Servicio de recargas y presupuestal núm.
CONTRATO 0000000028 de 16
suministro de tóner y
ESTATAL 16 de noviembre de noviembre de
7 cartuchos para impresoras $1.499.995
NÚM. 022 DE de 2018 2018. Rubro:
de la Institución Educativa 2.1.2.1.05
2018
INDALECIO PENILLA. “Materiales y
suministros”.
Suministro de Compromiso
implementos de aseo presupuestal núm.
ORDEN DE 0000000030 de 2
necesarios para el
SUMINISTRO 3 de diciembre de diciembre de
8 mantenimiento básico de $2.999.250
NÚM. SRE- de 2018 2018. Rubro:
todas las sedes de la 2.1.2.1.05
023-2018
Institución Educativa “Materiales y
INDALECIO PENILLA. suministros”.
Suministro de materiales
de construcción para Compromiso
mejoramiento y reforma presupuestal núm.
ORDEN DE de baterías sanitarias de 0000000031 de 12
SUMINISTRO 17 de diciembre los estudiantes de sexo de diciembre de
9 $2.724.100
NÚM. SRE- de 2018 femenino de la Institución 2018. Rubro:
024-2018 Educativa INDALECIO 2.1.2.1.05
PENILLA, sede principal “Materiales y
Instituto Técnico suministros”.
Industrial.
Compromiso
ORDEN DE presupuestal núm.
Suministro de papelería e
SUMINISTRO 0000000033 de 26
implementos de oficina
DE BIENES Y 26 de diciembre de diciembre de
10 para la Institución $3.800.502
SERVICIOS de 2018 2018. Rubro:
Educativa INDALECIO 2.1.2.1.05
NÚM. SRE-
PENILLA. “Materiales y
025-2018
suministros”.
CONTRATO Compromiso
Servicios profesionales de
DE presupuestal núm.
un contador público para
PRESTACIÓN 00000003 de 27
asesorar los procesos
DE 27 de febrero de de febrero de
11 financieros, contables y $5.040.000
SERVICIOS 2019 2019. Rubro:
rendir informes ante los 2.5.1.1.005
PROFESIONAL
diferentes organismos de “Remuneración de
ES NÚM. SRE-
control de la Institución servicios técnicos”.
001-2019

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Educativa INDALECIO
PENILLA.
Contratar en calidad de
licencia de funcionamiento
con acceso libre a la base
de datos, de manera
perpetua e intransferible,
prestación del servicio de
mantenimiento,
actualización y soporte,
asesoría y dar capacitación
a los usuarios del sistema,
dentro del plazo
estipulado, del software Compromiso
“SARie” Sistema presupuestal núm.
ORDEN DE Financiero, y mantener 00000004 de 27
SERVICIOS 27 de febrero de debidamente instalados y de febrero de
12 $1.150.000
NÚM. 002- 2019 licenciados el/los equipo 2019. Rubro:
2019 (s) que la INSTITUCIÓN 2.1.1.01
EDUCATIVA INDALECIO “Remuneración de
PENILLA designe para tal servicios técnicos”.
efecto hasta el 31 de
diciembre de 2019, de
acuerdo a las
especificaciones técnicas
del suministro y demás
documentos técnicos
asociados al proceso, los
cuales, junto con la
propuesta hacen parte
integral de la presente
orden.
Prestación del servicio de
fotocopiado de Compromiso
ORDEN DE presupuestal núm.
documentos para los
SUMINISTRO 00000006 de 27
diferentes procesos
DE BIENES Y 28 de febrero de de febrero de
13 académicos y $2.000.000
SERVICIOS 2019 2019. Rubro:
administrativos de la 2.1.2.1.05
NÚM. SRE-
Institución Educativa “Materiales y
003-2019
INDALECIO PENILLA y sus suministros”.
sedes adscritas.
Licencia de uso, Compromiso
ORDEN DE
actualización, soporte y presupuestal núm.
SUMINISTRO
mantenimiento del 00000007 de 7 de
DE BIENES Y 7 de marzo de
14 sistema escolar de $3.000.000 marzo de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.1.1.01
valoración estudiantil SEVE
NÚM. SRE- “Remuneración de
año 2019, lector de huella
004-2019 servicios técnicos”.
para módulo control de

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asistencia y módulo para
mensajería (SMS) objetivo
información institucional a
padres de familia.
Servicio de mantenimiento Compromiso
ORDEN DE presupuestal núm.
de zonas verdes de las
SUMINISTRO 00000008 de 21
sedes: principal Instituto
DE BIENES Y 21 de marzo de de marzo de 2019.
15 Técnico Industrial, $3.000.000
SERVICIOS 2019 Rubro: 2.2.2.01
Manuela Beltrán, Roberto “Mantenimiento de
NÚM. SRE-
Delgado y Manuela infraestructura
005-2019
Beltrán. educativa”.
Prestación de servicio de
transporte de estudiantes, Compromiso
ORDEN DE
docentes y acompañantes presupuestal núm.
SUMINISTRO
que asistan a las diferentes 00000009 de 21
DE BIENES Y 21 de marzo de
16 actividades programadas $3.000.000 de marzo de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.2.2.03
en los proyectos de
NÚM. SRE- “Transporte
formación de la Institución
006-2019 escolar”.
Educativa INDALECIO
PENILLA.
ORDEN DE Compromiso
Suministro de recargas de presupuestal núm.
SUMINISTRO
tóner y cartuchos para 000000011 de 22
DE BIENES Y 28 de marzo de
17 impresoras de la $1.500.000 de marzo de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.1.2.1.05
Institución Educativa
NÚM. SRE- “Materiales y
INDALECIO PENILLA.
007-2019 suministros”.
Suministro de materiales
electrónicos como material Compromiso
ORDEN DE didáctico del aula de presupuestal núm.
000000010 de 21
SUMINISTRO 1o. de abril de tecnología de la Institución
18 $703.701 de marzo de 2019.
NÚM. SRE- 2019 Educativa INDALECIO Rubro: 2.1.2.1.05
008-2019 PENILLA, sede principal “Materiales y
Instituto Técnico suministros”.
Industrial.
Suministro de
ORDEN DE herramientas como Compromiso
SUMINISTRO material didáctico del aula presupuestal núm.
000000012 de 22
DE BIENES Y 1o. de abril de de tecnología de la
19 $979.000 de marzo de 2019.
SERVICIOS 2019 Institución Educativa Rubro: 2.1.2.1.05
NÚM. SRE- INDALECIO PENILLA, sede “Materiales y
009-2019 principal Instituto Técnico suministros”.
Industrial.
ORDEN DE Suministro de materiales Compromiso
presupuestal núm.
SUMINISTRO 11 de abril de didácticos de mesa para el
20 $1.151.044 000000014 de 28
DE BIENES Y 2019 taller de construcciones de marzo de 2019.
SERVICIOS civiles de la Institución Rubro: 2.1.2.1.05

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NÚM. SRE- Educativa INDALECIO “Materiales y
010-2019 PENILLA-sede principal. suministros”.
Suministro de material de Compromiso
ORDEN DE
enseñanza para el taller de presupuestal núm.
SUMINISTRO
mecánica de la Institución 000000015 de 5
DE BIENES Y 11 de abril de
21 Educativa INDALECIO $4.189.702 de abril de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.1.2.1.05
PENILLA, sede principal
NÚM. SRE- “Materiales y
Instituto Técnico
011-2019 suministros”.
Industrial.
Suministro de material de Compromiso
ORDEN DE
enseñanza para el taller de presupuestal núm.
SUMINISTRO
metalistería de la 000000016 de 5
DE BIENES Y 11 de abril de
22 Institución Educativa $3.499.000 de abril de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.1.2.1.05
INDALECIO PENILLA, sede
NÚM. SRE- “Materiales y
principal Instituto Técnico
012-2019 suministros”.
Industrial.
Suministro de material de Compromiso
ORDEN DE
enseñanza para el taller de presupuestal núm.
SUMINISTRO
ebanistería de la 000000017 de 5
DE BIENES Y 11 de abril de
23 Institución Educativa $3.489.360 de abril de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.1.2.1.05
INDALECIO PENILLA, sede
NÚM. SRE- “Materiales y
principal Instituto Técnico
013-2019 suministros”.
Industrial.
Material de enseñanza Compromiso
ORDEN DE
para el taller de presupuestal núm.
SUMINISTRO
construcciones civiles de la 000000018 de 11
DE BIENES Y 22 de abril de
24 Institución Educativa $2.255.500 de abril de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.1.2.1.05
INDALECIO PENILLA, sede
NÚM. SRE- “Materiales y
principal Instituto Técnico
014-2019 suministros”.
Industrial.
Suministro de Compromiso
ORDEN DE implementos para la clase presupuestal núm.
000000020 de 23
SUMINISTRO 2 de mayo de de educación física con
25 $2.000.000 de abril de 2019.
NÚM. SRE- 2019 destino a la sede principal Rubro: 2.1.2.1.05
015-2019 de la Institución Educativa “Materiales y
INDALECIO PENILLA. suministros”.
Suministro de sillas
ergonómicas para el área Compromiso
ORDEN DE administrativa (Rectoría, presupuestal núm.
SUMINISTRO Tesorería, Secretaría, 000000021 de 6
DE BIENES Y 6 de junio de Archivo y Aux de junio de 2019.
26 $2.429.400
SERVICIOS 2019 Administrativa SIMAT) y Rubro:
NÚM. SRE- archivador para 2.2.1.03.02
016-2019 conservación, organización “Muebles y
y seguridad de los enseres”.
documentos de la

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Institución Educativa
INDALECIO PENILLA.
Suministro de material de Compromiso
ORDEN DE
enseñanza para el taller de presupuestal núm.
SUMINISTRO
electricidad de la 000000022 de 23
DE BIENES Y 26 de junio de
27 Institución Educativa $6.814.487 de abril de 2019.
SERVICIOS 2019
Rubro: 2.1.2.1.05
INDALECIO PENILLA, sede
NÚM. SRE- “Materiales y
principal Instituto Técnico
017-2019 suministros”.
Industrial.

Mediante comunicado de 7 de septiembre de 2023, en respuesta al
Oficio núm. 0954/2023-00550-00 ROCB de 6 de septiembre de 2023,
la propia Secretaría de Educación Municipal de Cartago (Valle del
Cauca) remitió con destino a este proceso el Acuerdo núm. 08 de 30
de octubre de 2017, expedido por el Consejo Directivo de la
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’, por el que
aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de la vigencia 1o. de
enero a 31 de diciembre de 2018 del Fondo de Servicios Educativos
de esa institución educativa, luego de haberse presentado el proyecto
de presupuesto desagregado por su rector, el señor JORGE
ENRIQUE AGRADO RESTREPO, según consta en el acta núm. 008
de Octubre 27 de 2017, en cumplimiento del deber que le impone el
artículo 2.3.1.6.3.6, numeral 170, del Decreto 1075 de 2015.

En el artículo tercero de ese Acuerdo núm. 08 de 30 de octubre de
2017, el Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
‘INDALECIO PENILLA’ dejó constancia de que: “[…] La ejecución
del siguiente presupuesto se llevará a cabo siguiendo las
disposiciones de Ley que reglamenta el manejo de los Fondos

70 “[…] Artículo 2.3.1.6.3.6. Responsabilidades de los rectores o directores rurales.

En relación con el Fondo de Servicios Educativos, los rectores o directores rurales son
responsables de:
1. Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y presentarlo
para aprobación al consejo directivo […]”.

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de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas
Oficiales. Este Consejo Directivo autoriza al Rector como
ordenador del gasto para realizar las contrataciones
reglamentadas por la Ley […]”.

Fue así como, a través de la Resolución núm. 011 de 30 de octubre
de 2017, el rector, señor JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO,
con fundamento en lo previsto en los artículos 2.3.1.6.3.1 a
2.3.1.6.3.20 del Decreto 1075 de 2015, procedió a liquidar el
presupuesto de ingresos y egresos de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1o. de enero y 31 de diciembre de 2018, en la
suma de $128.749.000 M/Cte.

A su vez, con la Resolución núm. 012 de 30 de octubre de 2017, el
citado rector estableció el Plan de Compras de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ para la vigencia fiscal 2018,
después de resaltar que aquel “[…] se constituye en elemento
fundamental para la programación del flujo de caja, soporte básico
en la adopción de una óptima administración financiera […]”.
En el artículo 2º de dicho acto, estableció que el objeto general del
Plan de Compras era el de satisfacer oportunamente las necesidades
logísticas de las áreas misionales y de apoyo, teniendo en cuenta la
misión y visión de esa Institución Educativa.

Por política de compra, en el mismo artículo, determinó “[…]
Adelantar todos y cada uno de los procesos contractuales,
teniendo en cuenta los principios de igualdad, moralidad,
eficiencia oportunidad y economía, establecidos dentro del

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marco de la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y la
ley 115 de 1994, 715 de 2000 y el decreto reglamentario 4751
de 2008 y el Decreto 1075 del 26 de mayo del 2015. Así como
efectuar los procesos de evaluación precontractuales
establecidos en el Reglamento de Contratación del Fondo
Educativo, que tiene por objeto establecer procedimientos
internos para la realización de procesos de selección,
celebración de contratos que no superen los 20 SMLMV, así
como fijar lineamientos y pautas de seguimiento, evaluación
y control de la actividad contractual […]”.

Y, finalmente, como responsables de la ejecución de este Plan de
Compras, vigencia 2018, señaló al “[…] Comité de Compras o Comité
Evaluador: Aprueba y garantiza la adecuada ejecución del plan de
compras […]” y al “[…] Rector: Elabora y justifica los proyectos
administrativos; formula, adopta, ejecuta y coordina la
ejecución del plan de compras […]”.

Consecuente con ello, el señor JORGE ENRIQUE AGRADO
RESTREPO presentó los informes de rendición de cuentas de las
vigencias 2018 y 2019, en los que se constata el desempeño de las
funciones descritas anteriormente, propias de la autoridad
administrativa de los rectores, entre las que se destacan las de
ordenador del gasto, administrador del Fondo de Servicios
Educativos y recursos asignados, talento humano, y trabajo y gestión
con las comunidades, así:

“[…] INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2018

PRESENTA:

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ESP. JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO
RECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDALECIO PENILLA
MUNICIPIO DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

MARZO 12 DE 2019
(…)

2. GESTIÓN DIRECTIVA

El Rector ha realizado para el buen funcionamiento de su
Institución Educativa Ejemplo: Convenios, mejoras de la
planta física, Trámites efectuados ante las diferentes
entidades para conseguir implementos tales como
Computadores, libros, implementos para laboratorios de
Química y física, etc.)
(…)

5. GESTIÓN ACADÉMICA

Gestiones que como Rector ha realizado para mejorar la
parte académica de su I.E. Eje: Total Matrícula 1.355
estudiantes, 0% de aumento de la Matrícula, 1,2% de deserción
escolar, cantidad de docentes (50), relación técnica (1,4 en
Educación Básica y 1,7 en Media Técnica), jornadas de estudios tres
(3), computador por estudiantes (15), 0% de estudiantes con
acceso a internet, sistema institucional de evaluación, resultados
pruebas SABER Medio.
(…)

5.2 Estudiantes atendidos con Recursos de Gratuidad,
Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Transporte
Escolar 2018:

• 1302 estudiantes atendidos por gratuidad:

• 100% estudiantes beneficiarios del programa de permanencia
escolar.

• 100% de estudiantes pertenecientes a poblaciones vulnerables,
beneficiados con programas de alimentación PAE. Inicia en el
mes de abril 2018 con 355 raciones, en el mes de mayo 357, en
agosto 1034 raciones y en noviembre 1114 raciones
industrializadas. De abril a julio el 26%, agosto y septiembre
76% y noviembre 84%. Durante el 70% del año escolar.

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• Estudiantes beneficiados con transporte escolar recorrido Vereda
Guanábano y Guayabito Cauca: 16 estudiantes beneficiados
desde el 29 de enero 2018, hasta el 19 de noviembre de 2018 y
85 estudiantes de la sede Central, Manuela Beltrán y Roberto
Delgado. Recorrido Alcázares y Nueva Colombia.
(…)

Después del proceso de auto evaluación se consolidó el plan
de mejoramiento Institucional en espera de hacer realidad
los objetivos propuestos de la gestión que traza las pautas
reales en lo que se quiere mejorar en tiempos futuros.
(…)

11. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Gestiones que como Rector se han realizado para mejorar
los ambientes escolares, las relaciones entre la comunidad y
el bienestar de todos los miembros del establecimiento
educativo en pro de una mejor y más sana convivencia.

COMPONENTE LOGRO
• El programa de mantenimiento
físico ha sido gestionado con la SEM,
pero el rubro asignado a la
Institución ha sido insuficiente.
• Se realizó la construcción y
mejoramiento de las baterías sanitarias
del Aula Máxima -Autogestión del taller
de Construcciones civiles y apoyo de
Electricidad–, y la remodelación de los
baños del alumnado femenino en la Sede
Principal.
• Se efectuó el mantenimiento de techos,
de toda la Sede Principal.
Administración
• Además se desarrolla el mejoramiento
de la
de techos del bloque de matemáticas,
planta física y
por parte de la Administración Municipal
de los
en la Sede Principal.
recursos
• Para la Sede Antonio Nariño, los docentes
del taller de Construcciones civiles se
comprometieron en el mejoramiento de los
pisos de la sede.
• En las Sedes Educativas, Roberto Delgado y
Manuela Beltrán falta el mejoramiento de los
techos, los cuales están averiados y
presentan riesgo para la comunidad educativa
en general.
• En la Sede Antonio Nariño se recaudó con la
participación voluntaria de los padres de
familia un rubro para compra de materiales,
para pintar la escuela.

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Solicitante: SAMIR AGUALIMPIA RICHARD

• En la Sede y Manuela Beltrán –Grado 1-2–
se recaudó un rubro para el arreglo del techo
con la participación de la comunidad.
• Los docentes en cada una de sus aulas, con
recursos propios embellecen las sedes
educativas, en algunos casos, participan los
estudiantes.
• Se elaboraron y se presentaron a la
Secretaría de Educación Municipal dos
proyectos para el mejoramiento del capital
tecnológico de la Institución Educativa;
teniendo en cuenta herramientas y equipos
para algunos talleres. Allí se pidieron: TV,
proyectores, computadores–Portátiles y de
escritorio–, aires acondicionados, entre otros.
(…)

14. ¿QUÉ SE GASTÓ?

• GASTOS: REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
$7.650.000
• GASTOS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $14.083.246
• GASTOS: MATERIALES Y SUMINISTROS $35.142.165
• GASTOS: IMPRESOS Y PUBLICACIONES $6.750.500
• GASTOS: PRIMAS Y SEGUROS $12.506.470
• GASTOS: COMISIÓN BANCARIA $40.753
• GASTOS: EQUIPOS DE OFICINA $6.050.000
• GASTOS: PROYECTOS TRANSVERSALES $741.000
• GASTOS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA $27.876.300
• GASTOS: TRANSPORTE ESCOLAR $2.180.000
(…)

CONCLUSIONES: AL CIERRE DE OPERACIONES LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA QUEDÓ CON UNOS RECURSOS DE BALANCE DE
$10.706.740 QUE CORRESPONDE A UN 8.4% DEL PRESUPUESTO
QUE NO FUE EJECUTADO.

15. ¿CÓMO SE GASTÓ?

Por medio del Manual de Contratación Estatal Interno,
seleccionando la oferta de menor valor y mejor calidad, pues es el
indicador de favorabilidad que se tiene como primer ítem para
seleccionar una propuesta en el Comité de Compras Institucional.
Se publica posteriormente en el SECOP por el link: www.contratos.gov.co,
régimen especial.

16. ¿BALANCE DE LA INSTITUCIÓN?

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• Presupuestado Año 2018 $127.074.685
• Presupuesto Ejecutado $116.367.944
• Presupuesto por Ejecutar $10.706.740 […]”
(…)

Atentamente,

__________________________________
ESP. JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO
Rector
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

“[…] INFORME AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2019

PRESENTA:
JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO
RECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDALECIO PENILLA
MUNICIPIO DE CARTAGO
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FEBRERO 28 DE 2020
(…)

2. GESTIÓN DIRECTIVA

El Rector ha realizado para el buen funcionamiento de su
Institución Educativa Ejemplo: Convenios, mejoras de la
planta física, Trámites efectuados ante las diferentes
entidades para conseguir implementos tales como
Computadores, libros, implementos para laboratorios de
Química y física, etc.)
(…)

4. GESTIÓN ACADÉMICA

Gestiones que como Rector ha realizado para mejorar la
parte académica de su I.E. Eje: Total Matrícula 1.355
estudiantes, 0% de aumento de la Matrícula, 1,2% de deserción
escolar, cantidad de docentes (50), relación técnica (1,4 en
Educación Básica y 1,7 en Media Técnica), jornadas de estudios tres
(3), computador por estudiantes (15), 0% de estudiantes con
acceso a internet, sistema institucional de evaluación, resultados
pruebas SABER Medio.

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(…)

5.2 Estudiantes atendidos con Recursos de Gratuidad,
Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Transporte
Escolar 2019:

• 91% de estudiantes atendidos por gratuidad:

• 100% estudiantes beneficiarios del programa de permanencia
escolar.

• 100% de estudiantes pertenecientes a poblaciones vulnerables,
beneficiados con programas de alimentación PAE. Cobertura
total para preescolar, educación básica primaria, educación
básica secundaria 6º, 7º, y 28 estudiantes de los grados 8º, 9º,
10º y 11º. Estudiantes pertenecientes a poblaciones
vulnerables, beneficiados con programas de alimentación PAE.
Cobertura total, pero solo desde el mes de julio (17).

• 8% de estudiantes beneficiados con transporte escolar recorrido
Vereda Guanábano y Guayabito Cauca: 21 estudiantes
beneficiados desde el 16 de marzo 2017, hasta el 18 de
noviembre de 2017 y 94 estudiantes de la sede Central, Manuela
Beltrán y Roberto Delgado, recorrido Alcázares y Nueva
Colombia.
(…)

Después del proceso de auto evaluación se consolidó el plan
de mejoramiento Institucional en espera de hacer realidad
los objetivos propuestos de la gestión que traza las pautas
reales en lo que se quiere mejorar en tiempos futuros.
(…)

5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Gestiones que como Rector se han realizado para mejorar
los ambientes escolares, las relaciones entre la comunidad y
el bienestar de todos los miembros del establecimiento
educativo en pro de una mejor y más sana convivencia.

COMPONENTE LOGRO
• Se recomienda continuar con la gestión de
encerramiento de la Sede Principal.
Administración - El programa de mantenimiento físico ha sido
de recursos gestionado con la SEM.
físicos - Se realizó la construcción y
mejoramiento de las baterías sanitarias
de la Sede Principal.

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• Ampliar recursos para el programa de
adecuación y embellecimiento físico.
Crear un plan de mejoramiento y
sensibilización de la cultura, respeto y
mantenimiento por parte de la
comunidad en la planta física y su
embellecimiento.
• Planeación y ejecución del programa de
embellecimiento y mejora física del
parque central de la Sede Principal.
• Hay mejoramiento continuo, ante la voluntad
y motivación del personal, para el proceso de
cambio de modelo y métodos.
• Los directivos realizan de forma
continua el proceso de evaluación de
Talento desempeño docente y administrativos.
Humano - Existe un buen clima de convivencia entre
todos los integrantes de la comunidad
educativa, los comités funcionan
adecuadamente.
• Siempre se ha respetado el perfil
profesional del docente.

(…)

6. GESTIÓN COMUNIDAD

COMPONENTE LOGRO
• La política de atención a poblaciones
con capacidades disímiles o diversidad
cultural se encuentra en construcción
para ser condensada en el PEI.
• Se promueve la participación cultural y
étnica en el grupo de Danzas, y desde el
proyecto de Paz Democracia y Valores,
en el subproyecto de Afrocolombianidad.
• La modalidad Técnico Industrial apoya este
elemento, desde la presentación del trabajo
de Grado 11 de los estudiantes, al ser
evaluados finalizando el año lectivo.
Accesibilidad
• Trabajo de embellecimiento realizado por
algunos de los talleres en la Sede Principal, así
como el proyecto de Medio Ambiente
(Incluyendo Sedes de Primaria) a través del
Servicio Social Estudiantil.
• Presencia de funcionarios Idóneos para cada
uno de los talleres en el Proceso de
Articulación con el SENA.
• Participación de los estudiantes en el Grupo
de Danzas.
• La modalidad Técnico Industrial apoya este
elemento, desde la presentación del trabajo

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de Grado 11 de los estudiantes, al ser
evaluados finalizando el año lectivo.
• Planeación y ejecución de la Feria de las
Posibilidades para que los estudiantes de la
Educación Media visualicen las opciones de
vida universitaria.
• La escuela de padres está en coherencia
con el PEI, los docentes y directivos
docentes apoyan y realizan la difusión.
Existe dificultad con la participación de los
Padres de Familia, puesto que al convocarlos,
muy pocos contribuyen; pese a la
organización de horarios durante el transcurso
del día.
• La participación de la comunidad en la oferta
de servicios ha sido eventual, puesto que
dependiendo de las actividades es la asistencia
de los padres (Ejemplo: Día E, izadas de
bandera, autoevaluación institucional).
• Promoción del grado de Preescolar ante los
Centro de Desarrollo Infantil “CDI” del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
“ICBF”.
• En las Sedes de Primaria, algunos de los
Proyección a la
padres de familia colaboran de manera
Comunidad
voluntaria con la institución en los gastos de
aseo de áreas comunes. Sin embargo la
participación de ellos en Bachillerato, es casi
nula.
• En la Sede Antonio Nariño se prestó un
salón para capacitación Psicológica de
Participación en la Familia con Asocaña.
Por tal razón esta organización dio un
aporte para el mejoramiento del salón.
• En el taller de electricidad, estudiantes de
Técnico del SENA, están realizando sus
prácticas, en retribución están mejorando la
infraestructura del taller.
• Cada uno de los proyectos propuestos para
el Servicio Social estudiantil de los estudiantes
de los Grados 11 y CLEI VI, se cumplieron en
óptimas condiciones, apoyando algunos de los
procesos de la Institución Educativa.
• Los mecanismos y escenarios de
participación fueron utilizados en mayor
medida por los estudiantes, contando con la
promoción de los docentes.
Participación y
• La institución educativa sí posee
Convivencia
canales de comunicación claros y
abiertos para los padres de familia,
partiendo de la entrega a cada familia del
Manual de Convivencia impreso. El

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inconveniente radica en la respuesta de ellos
a dicha participación.
• El Consejo Común de Padres se conformó,
pero la participación de ellos fue muy poca.
• La participación de los padres de
familia, en el Consejo Directivo fue
óptima.
• A pesar de que ha mejorado la asistencia de
las familias a la Institución aún existen padres
que no asumen el compromiso y no asisten a
los llamados.
(…)

8. ¿QUÉ SE GASTÓ?

• GASTOS: REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
$10.947.000
• GASTOS: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $20.229.220
• GASTOS: MATERIALES Y SUMINISTROS $34.180.035
• GASTOS: MUEBLES Y ENSERES $2.429.400
• GASTOS: EJECUCIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES Y DE
INVESTIGACIÓN $684.000
• GASTOS: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA $3.000.000
• GASTOS: TRANSPORTE ESCOLAR $1.080.000
(…)

9. ¿CÓMO SE GASTÓ?

Por medio del Sistema Electrónico de Contratación Pública
(SECOP), seleccionando la oferta de menor valor, pues es el
indicador de favorabilidad que se tiene como primer ítem para seleccionar
una propuesta en el Comité de Compras Institucional.

10. ¿BALANCE DE LA INSTITUCIÓN?

• Presupuestado Año 2019 $108.344.580
• Presupuesto Ejecutado $91.081.617
• Presupuesto por Ejecutar $17.262.963

Atentamente,

__________________________________
ESP. JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO
Rector

[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto)

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Solicitante: SAMIR AGUALIMPIA RICHARD

Todas estas pruebas le permiten a la Sala constatar que, en efecto,
era completamente evidente que el hermano del accionado, siendo
rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’,
durante el lapso comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y 27
de octubre de 2019, sí ostentó funciones con una marcada e
innegable autoridad administrativa en jurisdicción del municipio de
Cartago (Valle del Cauca), las cuales, siendo de origen legal y
reglamentario, no resultaron despojadas en ningún momento por el
Decreto municipal núm. 140 de 29 de diciembre de 2016, ‘para que
fuesen asumidas directamente por la Secretaría de Educación
Municipal’, menos aun cuando permanece extensamente demostrado
que el señor JORGE ENRIQUE AGRADO RESTREPO fungió como
ordenador del gasto de ese colegio de bachillerato técnico industrial,
celebró los citados contratos con los que ejecutó el presupuesto
vigencias 2018 y 2019, elaboró el proyecto de presupuesto anual de
ingresos y egresos del Fondo de Servicios Educativos vigencias 2018
y 2019 y lo administró, liquidó dichos presupuestos, fue el
responsable directo de la formulación, adopción, ejecución y
coordinación de la ejecución del plan de compras, administró y
evaluó el talento humano, y trabajó y gestionó con las comunidades
que giran en torno a la institución educativa.

El estudio efectuado por el Consejo Nacional Electoral en la
Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de 2019 para dejar sin
efectos la decisión inicial de revocar la inscripción de la candidatura
del señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, sin lugar a
duda carece de medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, ante la

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equívoca conclusión con la que pretendió suplantar la realidad
funcional que gobernaba la labor del rector de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ y así obviar, de forma
incorrecta, la constitución de la plena prueba relacionada en el
primero de los actos, la Resolución núm. 5575 de 2 de octubre de
2019.

Ello, sin dejar de lado que en ese procedimiento administrativo
electoral ni se allegaron ni se tuvieron en cuenta todos los
documentos examinados en el presente proceso que ya existían para
ese momento por serles anteriores, -veintisiete contratos, actos
administrativos de: (i) aprobación de presupuesto de ingresos y
egresos de la vigencia 1o. de enero a 31 de diciembre de 2018 del
Fondo de Servicios Educativos, (ii) liquidación de presupuesto, (iii)
aprobación del Plan de Compras, e informes de rendición de cuentas
vigencias 2018 y 2019-, que contra evidencian lo sostenido en
aquella resolución cuyas consideraciones reflejaron una realidad
parcial y que de haberse puesto a consideración del Órgano electoral,
otra hubiese sido la decisión a partir de una realidad integral.

V.5.2.2.3.- La Sala observa que la actuación del accionado, señor
GABRIEL BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, durante el trámite del
recurso de reposición en el procedimiento de revocatoria de la
inscripción, se concentró en presentar un argumento inane y carente
del sustento jurídico-probatorio capaz de superar de fondo la
evidente inhabilidad que recaía sobre su candidatura, esto es que
alegó que el Decreto municipal núm. 140 de 29 de diciembre de 2016
había despojado a su hermano rector de sus funciones de autoridad
administrativa durante el lapso prohibitivo, disculpa con la que si bien

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logró captar la atención del Consejo Nacional Electoral para revertir
una decisión administrativa que le había impedido participar en las
elecciones de 27 de octubre de 2019, lo cierto es que ello no
correspondió a la realidad de los acontecimientos que él estuvo en
capacidad de conocer de forma fácil y oportuna, pero que
voluntariamente decidió soslayar cuando se inscribió, recurrió el acto
que lo había marginado de la contienda electoral y aceptó la curul en
el Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca) por Ley Estatutaria
1909.

La conducta propia de una persona diligente, prudente y cuidadosa,
lejos de escudarse en una decisión administrativa mal sustentada y
desprovista de los pluricitados elementos probatorios, debió conducir
al accionado a indagar con su hermano los respectivos detalles de su
desempeño como rector, ordenador del gasto, administrador del
presupuesto y gerente del talento humano de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’ durante el 27 de octubre de
2018 y el 27 de octubre de 2019, así como a revisar con la Secretaría
de Educación de ese municipio las actividades de ejecución
presupuestal que adelantó con su pariente de forma engranada y
mancomunada.

En este asunto en particular, por tales razones, no es de recibo
invocar la supuesta confianza derivada de la Resolución núm. 5724
de 15 de octubre de 2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral,
menos aún amparado en una falsa sensación de seguridad. Tampoco
está probado que el accionado hubiese acudido, a manera de
ejemplo, a otro tipo de consultas especializadas que, con el
suministro de la información completa y certera, seguramente le

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hubiesen precavido de iniciar o continuar su aspiración a la Alcaldía
Municipal de Cartago (Valle del Cauca), que lo condujo a la
aceptación de la curul en el cabildo municipal de ese ente territorial
materia de la presente acción de desinvestidura.

Los hechos descritos en el caso bajo examen, en modo alguno
permiten establecer la debida diligencia del concejal en la comisión
de la conducta típica, pues prosiguió hasta el final no obstante su
deber de conocer los requisitos, calidades e inhabilidades para ser
elegido concejal municipal, dentro de la que claramente se
encontraba la prohibición de ostentar vínculo de parentesco en
segundo grado de consanguinidad con el rector de la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ‘INDALECIO PENILLA’, dentro de los doce (12)
meses anteriores a las elecciones territoriales.

Este comportamiento corresponde a no manejar los negocios ajenos
con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios, en la medida en
que, se reitera, la Ley 136 establece, en su artículo 43, las
inhabilidades o ‘requisitos negativos’ de los que debe carecer un
candidato al concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las
que encuadra, en su numeral 4, la evidenciada en el presente asunto
y que coincide en su marco jurídico y fáctico con la enrostrada para
alcaldes en el trámite de revocatoria ante el Consejo Nacional
Electoral.

En síntesis, para la Sala es palmario que la conducta censurada fue
desplegada por el señor GABRIEL BENJAMÍN AGRADO
RESTREPO, debiendo saber que estaba inhabilitado para inscribirse
y ser elegido concejal municipal de Cartago (Valle del Cauca) y, aun

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así, optó por participar y hacerse elegir en los comicios, de forma
gravemente culposa, muy a pesar de que tuvo la capacidad cognitiva
de reconocer que esa actuación le impedía su aspiración electoral y,
además, pretendiendo sacar provecho, como en efecto lo logró de
forma temporal, de la Resolución núm. 5724 de 15 de octubre de
2019 expedida por el Consejo Nacional Electoral, la cual, como quedó
demostrado, carece de medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, ante la
equívoca conclusión con la que obvió la realidad funcional de su
hermano, el rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘INDALECIO
PENILLA’, sumado a que no se allegaron ni se tuvieron en cuenta
los veintisiete contratos, los actos administrativos de aprobación de
presupuesto de ingresos y egresos de la vigencia 1o. de enero a 31
de diciembre de 2018 del Fondo de Servicios Educativos, liquidación
de presupuesto, aprobación del Plan de Compras e informes de
rendición de cuentas vigencias 2018 y 2019, que contra evidencian
lo sostenido en aquel acto administrativo.

V.5.3.- Por las razones expuestas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de inhabilidad prevista en
el artículo 43, numeral 4, de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, la Sala revocará la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, decretará la pérdida
de investidura del concejal GABRIEL BENJAMÍN AGRADO
RESTREPO, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de septiembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su
lugar, DECRETAR la pérdida de investidura del señor GABRIEL
BENJAMÍN AGRADO RESTREPO, concejal del municipio de Cartago
(Valle del Cauca).

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de diciembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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