Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05566-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-05566-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-05566-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
14 de noviembre de 2024
Demandante: Saith Martínez Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05566-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05566-00
Demandante: SAITH MARTÍNEZ GÓMEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no
superar el requisito general de la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve el instrumento constitucional de la referencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Saith Martínez Gómez, por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera y el
Tribunal Administrativo de Sucre. Con la solicitud de amparo pretende que le
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación
política y de acceso a cargos públicos.
2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas el 20 de marzo y
el 1 de agosto de 2024, dentro del proceso de pérdida de investidura identificado
con el radicado 70001-23-33-000-2024-00025-00/1.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
Con base en lo que acabo de narrar en este líbelo, comedidamente pido que se
tutelen los derechos constitucionales fundamentales que se me han vulnerado, los
cuales aquí acabo de señalar como violados en líneas precedentes, ordenando al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ES SUCRE y CONSEJO DE ESTADO - SECCION
1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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PRIMERA Accionados (2.), que revoquen al decisiones tomadas en Primera y
Segunda Instancia decisiones emitidas le veinte 2(0) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024) y Primero (1")| de Agosto de dos mil veinticuatro (2024),
Respectivamente, y en su lugar tutelar los Derechos Fundamentales Invocados
como violados, en consecuencia DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferidas
por la cuales se declaró al Pérdida de Investidura, atendiendo a los fundamentos
legales y jurisprudenciales desarrollados en al presente acción. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Saith Martínez Gómez fue elegido concejal del municipio de
Sampués (Sucre) para el periodo 2024-2027, el 29 de octubre de 2023, y su
elección se declaró el 3 de noviembre siguiente.
6. La señora María Bernarda Sierra Puentes ejerció la acción pública de
pérdida de investidura contra el cargo de concejal que ostentaba el señor
Martínez Gómez, con fundamento en que incurrió en la causal del numeral 2 del
artículo 55 de la Ley 136 de 1994 -violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades- en concordancia con el numeral 4 del artículo 43 del mismo
cuerpo normativo2.
7. Aludió que el señor Ángel Gilberto Martínez Lázaro, quien tiene parentesco
en primer grado de consanguinidad con el señor Martínez Gómez al ser su
progenitor, ejerció el cargo de rector -autoridad administrativa- en la Institución
Educativa San José de Huertas Chicas del municipio de Sampués, dentro de los
12 meses anteriores a la elección del entonces concejal.
8. El Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia de primera instancia,
el 20 de marzo de 2024, en la que decretó la pérdida de investidura del señor
Martínez Gómez como concejal electo del municipio de Sampués. Consideró que
se configuró la causal objetiva invocada con fundamento en que:
• El señor Martínez Gómez fue elegido concejal el 29 de octubre de 2023.
• Tiene vínculo de parentesco en el primer grado de consanguinidad con el
señor Ángel Gilberto Martínez Lázaro, de acuerdo con el registro civil
digital incorporado al expediente de la acción pública, quien fue nombrado
y posesionado en el cargo de rector, grado 14, de la Institución Educativa
San José de Huertas Chica del municipio de Sampués, desde el 16 de
2
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal
o distrital:
(…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12)
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en
el respectivo municipio o distrito (…).
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septiembre de 2008 y hasta dentro de los 12 meses anteriores a la
elección de su hijo como concejal (entre el 29 de octubre de 2022 y el 29
de octubre de 2023).
• El señor Martínez Lázaro ejerció autoridad administrativa en virtud de las
funciones que tiene el cargo de rector, de conformidad con las Leyes 115
de 1994 y 715 de 2001, junto con las previstas en la Resolución 003842
del 18 de marzo de 2022, estas últimas relacionadas en la certificación
laboral del 4 de marzo de 2024 expedida por la Secretaría de Educación
de la Gobernación de Sucre.
• La autoridad administrativa ejercida por el padre del entonces concejal se
surtió en el mismo territorio para el cual fue electo.
9. Respecto al elemento subjetivo explicó que, los requisitos dispuestos en
las normas en las que se fundó la demanda son de obligatoria observancia,
revisión y análisis por parte de quienes se postulen como concejales al momento
de inscribirse y ser elegidos en la mencionada dignidad. Agregó que no encontró
elementos que permitieran inferir que el señor Martínez Gómez fue diligente,
prudente o cuidadoso, pues de haberlo sido hubiese indagado sobre las
consecuencias del desempeño de su padre como rector de una institución
educativa dentro de Sampués.
10. La decisión fue apelada por el señor Martínez Gómez, quien cuestionó: la
validez del registro civil digital, la calidad de rector de su padre y la existencia de
la institución educativa referida. Aludió que se le privó de la posibilidad de
controvertir el Oficio 700.11.0700.11.03 del 4 de marzo de 20243, aunado a que
no actuó con culpa grave sino con la convicción «de que el Estado no iba a
resquebrajar su esperanza de aspirar a un cargo de elección popular».
11. El Consejo de Estado, Sección Primera confirmó la decisión de primer
grado con base en lo siguiente:
• El registro civil digital tiene pleno valor probatorio y surte los mismos
efectos legales que el documento físico, de acuerdo con el artículo 21 de
la Ley 962 de 2005.
• El entonces concejal es pariente en primer grado de consanguinidad del
señor Ángel Gilberto Martínez Lázaro.
• Se encontró probada la posesión y ejercicio del padre del concejal en el
cargo de rector de la Institución Educativa San José de Huertas Chicas en
Sampués de conformidad con las pruebas legalmente incorporadas.
3
Expedido por la Líder Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación Departamental
de Sucre, y por medio del cual se anexan: i) Certificado laboral del señor Ángel Gilberto Martínez
Lázaro; ii) Copia del Acta de Posesión del señor del señor Ángel Gilberto Martínez Lázaro; y iii)
Certificado de Existencia legal y funcionamiento de la Institución Educativa San José de Huertas
Chicas del municipio de Sampués, Sucre.
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• Recordó que no hay tarifa legal para probar circunstancias como las
expuestas en la demanda, aunado a que se corrió traslado del Oficio del
4 de marzo de 2024, por el término de tres días, mediante el auto del 6 de
marzo de 2024.
• La jurisprudencia de la Sección Primera es pacífica respecto de la
autoridad administrativa que ostentan quienes se desempeñan como
rectores o directores de una institución educativa pública, dado su poder
decisorio y de mando.
• La conducta del señor Martínez Gómez fue gravemente culposa, pues
debía conocer de la inhabilidad para ejercer el cargo de concejal, toda vez
que «para tal efecto es obligación general y mínima consultar el marco
normativo correspondiente», especialmente en consideración al cargo que
ejercía su progenitor dentro del periodo inhabilitante.
• El entonces concejal se abstuvo de desarrollar cualquier acto dirigido a
conocer las normas del régimen de inhabilidades e incompatibilidades del
cargo al que se postuló, ni adelantó consultas al respecto o solicitó
conceptos o asesorías de profesionales del derecho.
1.4. Sustento de la vulneración
12. Precisó que las decisiones objetadas se encontraban viciadas de los
defectos fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente.
13. Sobre el primero manifestó que no se configuró el elemento objetivo, dado
que no se demostró de qué forma el señor Martínez Lázaro ejerció la autoridad
administrativa o influyó en las elecciones que eligieron concejal a Saith Martínez
Gómez. Agregó que las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de la
asignación de funciones en virtud de un cargo público, pero no constatan que
detentó autoridad administrativa.
14. Respecto del yerro sustantivo indicó que se omitió el análisis de la
responsabilidad subjetiva, pues la decisión no se adoptó bajo los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
15. Finalmente, aseveró que se desconoció la sentencia SU-207 de 2022 de
la Corte Constitucional. Puntualmente, la regla que dispone que cuando se alega
la inhabilidad por parentesco que exige que los parientes del candidato de
elección popular hayan ejercido autoridad administrativa, es necesario «un
examen específico de la probabilidad real del ejercicio de la autoridad, de modo
que (iv) no es posible la valoración genérica o abstracta fundada solo en
consideraciones formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones
asignadas, sino que se debe analizar si tienen la probabilidad real de ejercerlas».
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1.5. Trámite de primera instancia
16. Por auto del 17 de octubre de 2024, el ponente de esta decisión admitió
la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de
accionados al Tribunal Administrativo de Sucre y al Consejo de Estado, Sección
Primera. Asimismo, vinculó en calidad de tercero con interés a la señora María
Bernarda Sierra Puentes y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
17. Asimismo, se ordenó a la Sección Primera del Consejo de Estado que
fijara una anotación dentro del expediente de pérdida de investidura en cuestión
en el que informara sobre la existencia de esta acción de tutela, con el fin de
informar a los interesados y que pudieran intervenir.
1.6. Informe de la Sección Primera del Consejo de Estado
18. A través del ponente de la decisión censurada manifestó que el asunto
carece de relevancia constitucional. Lo anterior, pues los cargos que se alegan
como violatorios de derechos fundamentales coinciden con los planteados y
resueltos en el proceso de pérdida de investidura, lo cual implica que se esté
utilizando el mecanismo como una instancia adicional.
19. Solicitó que, en caso de que se superaran los requisitos de procedibilidad,
se negara el amparo de los derechos fundamentales invocados, bajo los
siguientes supuestos:
• La Institución Educativa San José de Huertas Chicas existe y presta el
servicio público de educación y el señor Martínez Lázaro se desempeña
como rector desde el 21 de diciembre de 2021 y durante el periodo
inhabilitante, que transcurrió entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de
octubre de 2023.
• El cargo ocupado por el señor Martínez Lázaro es de autoridad
administrativa, teniendo en cuenta las funciones que la ley y los
reglamentos le asignan, dentro de las que están: la disciplinaria del
personal docente y administrativo bajo su dirección, el nombramiento de
encargos temporales en empleos directos, la sancionatoria y de distinción
de los educandos, la de administración del fondo de servicios educativos
y de los recursos que por incentivos se dispongan para la institución, la
celebración de contratos con cargo a los recursos del referido fondo, entre
otras.
• Se aplicaron los principios de la lógica y la sana crítica al momento de
valorar las pruebas incorporadas al proceso.
• No se configuró el defecto sustantivo, pues la sentencia del 1 de agosto
de 2024 explicó las razones normativas y jurisprudenciales, pacíficamente
reiteradas, conforme a las cuales la función como rector de las
instituciones educativas públicas implica el ejercicio de autoridad
administrativa.
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20. Por último, frente al cargo por desconocimiento del precedente judicial
señaló que los supuestos que resolvió la Corte Constitucional en la sentencia SU-
207 de 2022 no guardan similitud con los expuestos en la sentencia cuya
revocatoria se pide por esta vía y que declaró la pérdida de investidura del
tutelante.
1.6.1. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Tribunal
Administrativo de Sucre y la accionante de la acción pública de pérdida de
investidura fueron notificados en debida forma, pero guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de Sucre y
el Consejo de Estado, Sección Primera. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
23. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Saith
Martínez Gómez se encuentra legitimado en la causa por activa para solicitar la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
cargos públicos y a la participación política. Lo anterior, pues en la sentencia que
cuestiona se declaró la pérdida de investidura del cargo de concejal para el cual
resultó electo en los comicios del 29 de octubre de 2023.
24. Por otro lado, la Sala evidencia que las autoridades judiciales accionadas
se encuentran legitimadas en la causa por pasiva. Lo anterior, por haber proferido
las providencias del 20 de marzo y 1 de agosto de 2024.
2.3. Problemas jurídicos
25. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y el informe presentado; los problemas jurídicos a
resolver en el caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales?
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26. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará
lo siguiente, solo respecto del fallador de segundo grado, dado que la providencia
de dicha instancia fue la que puso fin a la controversia en cuestión:
● ¿El Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la participación política y de acceso a cargos
públicos del señor Saith Martínez Gómez al declarar su pérdida de investidura
mediante la sentencia del 1 de agosto de 2024 por incurrir en los defectos fáctico,
sustantivo y de desconocimiento del precedente?
27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los
anteriores supuestos, (iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales6.
29. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia8 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
9
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
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30. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
31. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
32. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
33. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional
34. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
8
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modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional10.
35. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.
36. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que,
dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
37. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
38. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
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hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».
39. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la Sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los fines
acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.
2.5.1. Relevancia constitucional en el caso concreto
40. La parte actora cuestiona por esta vía la sentencia del 1 de agosto de
2024, bajo el argumento de que se encuentra viciada de los defectos fáctico,
sustantivo y de desconocimiento del precedente.
41. Sobre el primer cargo, aludió que no se configuró el elemento objetivo al
no haberse demostrado que su progenitor ejerció autoridad administrativa en el
cargo de rector de una institución educativa pública o que dicha labor hubiese
incidido en el resultado electoral. Frente al sustantivo, discutió la presunta
omisión de haberse analizado la responsabilidad subjetiva de su conducta y con
relación al desconocimiento del precedente planteó que se pasó por alto lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-207 de 2022, con base
en que al analizar la causal estudiada en su caso debe estudiarse si el pariente,
en este caso el padre del entonces concejal, tenía «la probabilidad real» de
ejercer como autoridad administrativa.
42. En este punto se resalta que a partir de las funciones dispuestas en las
Leyes 15 de 1994 y 715 de 2001, así como lo previsto en la Resolución 003842
del 18 de marzo de 2022 y la certificación expedida por la Secretaría de
Educación de la Gobernación de Sucre el 4 de marzo de 2024, se determinó que
el señor Martínez Lázaro -padre del entonces concejal- ejercía autoridad
administrativa en su cargo de rector de la Institución Educativa San José de
Huertas Chicas del municipio de Sampués.
43. Así las cosas, se tiene que, fue a partir de la valoración de las pruebas
incorporadas en el expediente, junto con las normas y jurisprudencia pacífica que
la Sección Primera del Consejo de Estado arribó a la decisión con la que está
inconforme el tutelante. Fue a partir de ello, que se determinó que el padre del
entonces concejal, como rector de una institución educativa pública, ejercía
autoridad administrativa dentro del periodo inhabilitante -entre el 29 de octubre
de 2022 y el 29 de octubre de 2023- y por ello, acompasado con el lugar de
desempeño de su labor, se concretó el elemento objetivo.
44. De lo expuesto se extrae que los defectos fáctico y de desconocimiento
del precedente planteados por el tutelante, con fundamento en que no se probó
que el señor Martínez Gómez ejerciera autoridad administrativa carecen de
relevancia constitucional. Lo anterior, toda vez que, contrario a lo afirmado por el
actor fue a partir de pruebas legal y oportunamente recaudadas, la jurisprudencia
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Demandante: Saith Martínez Gómez
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05566-00
reiterada de la Sección Primera del Consejo de Estado y las normas del caso en
cuestión que se concluyó la tesis de la que discrepa el actor.
45. Vale aclarar que, en todo caso, el accionante no acreditó o mencionó de
qué forma, o a partir de cuáles pruebas o normas se demostraban sus
argumentos. En ese sentido, lo que persigue con la proposición de la acción de
tutela en relación con los cargos fáctico y de desconocimiento del precedente es
reabrir etapas concluidas con el fin de que se establezca, sin medios de prueba,
normas o tesis judiciales que soporten sus supuestos, que su padre no ejerció
autoridad administrativa en el periodo inhabilitante antes mencionado.
46. En otras palabras, sin base jurídica ni enfoque constitucional, persigue que
el juez de tutela establezca que no debió declararse la pérdida de investidura de
su cargo como concejal, pero a partir de su descontento con lo zanjado por el
juez natural de la causa.
47. A lo anterior se suma que en reiterada jurisprudencia de esta Sala del
Consejo de Estado se «fijó como criterio que el cargo de rector de una institución
pública goza de autoridad administrativa por las funciones de origen legal y
reglamentario que les son propias, entre otras, la ordenación del gasto»11, la cual
se probó que desempeñó el progenitor del señor Martínez Gómez.
48. Finalmente, frente al yerro sustantivo que se propuso con fundamento en
que no se analizó el elemento subjetivo, se tiene que contrario a lo sostenido por
el tutelante las autoridades judiciales de ambas instancias estudiaron este
aspecto. Al respecto, en la sentencia del 1 de agosto de 2024, se sostuvo que el
actuar del entonces concejal fue gravemente culposo, particularmente por no
informarse, pedir asesorías o conceptos sobre las conductas inhabilitantes para
el cargo por el cual se postulaba.
49. En ese sentido, el cargo sustantivo tampoco ostenta relevancia
constitucional, pues los argumentos con base en los cuales el actor aduce que
se configuró recaen en inconformidades con la finalidad de que se reabran etapas
zanjadas y la sentencia resulte favorable a sus intereses de ser reintegrado al
cargo de concejal.
50. Así las cosas, los reproches formulados en la tutela carecen de relevancia
constitucional. Lo anterior, pues sin un enfoque constitucional, la parte actora
plantea reproches que fueron analizados y ampliamente desarrollados, conforme
a las pruebas, norma y jurisprudencia aplicables al caso en el proceso de pérdida
de investidura.
51. En este orden, de la anterior exposición se extrae que lo que persigue la
parte tutelante con este instrumento judicial es reabrir etapas judiciales ya
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de nulidad electoral del 18 de julio de 2024, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil (exp. 52001-23-33-000-2023-00375-01), con base, a su vez, en la
sentencia del 15 de diciembre de 2023 del proceso de pérdida de investidura de la Sección
Primera de la misma Corporación (exp. 76001-23-33-000-2023-00550-01).
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concluidas, con el fin de que se establezca que no debió declararse la pérdida de
su investidura como concejal.
52. De conformidad con lo anterior, para la Sala lo que pretende el accionante
es reabrir el debate normativo y probatorio zanjado al interior del proceso de
pérdida de investidura por no estar de acuerdo con lo que definió el juez natural.
Desde otra perspectiva, pretende utilizar este mecanismo constitucional como
una instancia procesal adicional.
53. En vista de lo esbozado, corresponde declarar que este mecanismo
judicial es improcedente porque no reviste relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por Saith Martínez
Gómez contra el Consejo de Estado, Sección Primera y otro por no superar el
requisito de la relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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